Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00432-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00432-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2014-00432-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
8 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00432-00
Referencia. Medio de control de nulidad
Actor: CARLOS EDUARDO PAZ GÓMEZ
TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DE LA CIRCULAR DEAJC 14-45 DE
2014 ACUSADA, POR CUANTO SE VIOLÓ LA COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL Y SE INCURRIÓ EN FALSA MOTIVACIÓN POR
ERROR DE DERECHO, TODA VEZ QUE DICHO ACTO AL ORDENAR LA
DEVOLUCIÓN DEL ARANCEL JUDICIAL “EN LOS TÉRMINOS QUE LA
LEY PREVEÍA” REVIVIÓ U ORDENÓ DAR APLICACIÓN A LO
PREVISTO EN LA LEY 1653 DE 2013, QUE FUE DECLARADA
INEXEQUIBLE MEDIANTE LA SENTENCIA C-169 DE 2014 Y QUE
DESAPARECIÓ DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, LO QUE IMPLICA
QUE DESCONOCIÓ LA DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
El ciudadano CARLOS EDUARDO PAZ GÓMEZ, obrando en su propio
nombre y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad
previsto en el artículo 137 del CPACA, presentó demanda ante esta
Corporación tendiente a obtener la nulidad de la Circular núm.
DEAJC14-45 de 8 de abril de 2014, mediante la cual la directora
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00432-00
Actor: CARLOS EDUARDO PAZ GÓMEZ
Ejecutiva de Administración Judicial reglamentó el
“PROCEDIMIENTO PARA DEVOLUCIONES Y CONTROL DEL
ARANCEL JUDICIAL DE LA LEY 1653 DE 2013 EN
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA C-169 DE 2014”.
I.- FUNDAMENTOS DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo la violación de los
artículos 1º, 2º, 4º, 13, 29, 95, numeral 9, 229, 339 y 363 de la
Constitución Política.
Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis,
lo siguiente:
Señaló que el acto demandado violó la cosa juzgada constitucional e
incurrió en falsa motivación, al no respetar el mandato de la
sentencia proferida C-169 de 19 de marzo de 20141, que declaró
inexequible la Ley 1653 de 15 de julio de 20132, y fundamentarse en
esa norma, que fue retirada del ordenamiento jurídico vigente, para
ordenar la devolución del arancel judicial “en los términos que la ley
preveía”.
1
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-169 de 19 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle
Correa, Expedientes núms. D-9806, 9811, 9814, 9815, 9820, 9832, 9833 y 9835 (acumulados).
2
“Por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones”.
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Actor: CARLOS EDUARDO PAZ GÓMEZ
Que la devolución del arancel judicial no puede realizarse conforme lo
indicaba la Ley 1653, ya que esta norma es inconstitucional, toda vez
que no existe reglamentación para la emisión y entrega de los títulos,
como lo señalaba el artículo 8º, en su parágrafo 1°, de la citada Ley.
Alegó que la entidad demandada, mediante el acto acusado, acogió
arbitrariamente el efecto derogatorio de la citada sentencia, al indicar
que solo se devolverán los “pagos recibidos con posterioridad a la
expedición de la sentencia C-169 de 2014, esto es después del
diecinueve (19) de marzo de 2014”, y no todos los aranceles
judiciales pagados desde la expedición de la Ley 1653.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, mediante
apoderado, se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte
actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.
Expresó que el artículo 257 de la Constitución Política, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996 3 y en la
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“Estatutaria de la Administración de Justicia”.
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Actor: CARLOS EDUARDO PAZ GÓMEZ
Ley 1285 de 2009, facultan a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura para crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la
administración de justicia.
Asimismo, para dictar los reglamentos necesarios para el eficaz
otorgamiento de la administración de justicia, los relacionados con la
organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y
regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten
en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el
legislador.
Que, por ello, en momento alguno la Sala Administrativa está invadiendo
competencias del Congreso de la República.
Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo
PSAA13-9961 de 2013, autorizó a la Dirección Ejecutiva a recaudar,
provisionalmente, dicho arancel, a través del Banco Agrario a nivel
central y de cada una de las Direcciones Seccionales.
Afirmó que se expidió la Circular acusada, toda vez que era obligación
crear un mecanismo que regule el trámite para la devolución de lo
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recaudado por dicho concepto, debido a que no se pueden apropiar
dichos recursos.
Alegó que el acto demandado al ordenar devolver el arancel judicial
después del fallo de constitucionalidad, no vulnera derecho alguno; que
todo arancel judicial ordenado a consignar a través de un fallo judicial,
con anterioridad a la sentencia C-169 de 2014, se encuentra legalmente
consignado y goza de presunción de constitucionalidad, pues los efectos
de la sentencia de inexequibilidad comienzan a regir a partir del
momento de su expedición; y que en este caso la sentencia de
inconstitucionalidad no tiene efectos retroactivos, característica que es
excepcional, como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia C-
473 de 24 de julio de 20134.
Advirtió que la Sala Administrativa mediante la Circular acusada no
acogió arbitrariamente el efecto derogatorio, ya que de la simple
comparación de las fechas de expedición de la sentencia de
inexequibilidad de 19 de marzo de 2014 y del acto demandado se puede
determinar que dicha Circular es posterior y no retoma aspectos de la
norma declarada inexequible, por cuanto su expedición está encaminada
a establecer un mecanismo concertado con el Banco Agrario de Colombia
a nivel nacional y el Ministerio de Hacienda, para la devolución de lo
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Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-473 de 24 de julio de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Expediente núm. D-9445.
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recibido por concepto de arancel, una vez fue declarada su
inexequibilidad.
Sostuvo que la Corte Constitucional, en la sentencia C-473 de 2013,
consideró que por regla general una sentencia no tiene efectos
retroactivos; y que la declaratoria de inexequibilidad tiene efectos hacia
el futuro.
Adujo que del análisis de la demanda no se evidencia que se configuren
los criterios para que, de manera excepcional, la sentencia C-169 de
2014 pueda tener efectos retroactivos, además de que guardó silencio al
respecto.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario,
en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en
lista, probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en
esta instancia, la parte actora, a través de escrito visible a folios 52 a
54, adujo que la Circular demandada se fundamenta en una norma
jurídica que no existe y que cuando existió era inconstitucional. Que
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ese vicio de legalidad (falsa motivación) genera la anulación del acto
acusado.
Agregó que una devolución a partir de la sentencia C-169 de 2014,
como lo pretende la entidad demandada, no se encuentra conforme a
los principios y valores constitucionales.
IV.2.- Por su parte, la entidad demandada reiteró los mismos
argumentos expuestos en la contestación de la demanda5.
IV.3.- La Procuraduría Quinta Delegada para la Conciliación
Administrativa6, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se
denieguen las pretensiones de la demanda, para lo cual reiteró los
argumentos expuestos por la entidad demandada, en su contestación
de la demanda, arguyendo, en esencia, que la Ley 1653 fue
declarada inexequible para efectos de proceder a la devolución del
arancel judicial a quienes lo habían consignado a favor del Consejo
Superior de la Judicatura, con base en el procedimiento establecido
en el Acuerdo PSAA 13-9961 de 2013, a través del cual autorizó a la
Dirección Ejecutiva a recaudar, provisionalmente, dicho arancel a
través del Banco Agrario a nivel central y de cada una de las
Direcciones Seccionales.
5
Folios 81 a 85.
6
Folios 55 a 80.
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Sostuvo que ante la eliminación del mundo jurídico de la citada ley
era obligación de la demandada crear un mecanismo que regulara el
trámite para la devolución de lo recaudado por dicho concepto,
además de que no se pueden apropiar dichos recursos, en
cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de inexequibilidad.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la Circular
núm. DEAJC14-45 de 8 de abril de 2014, mediante la cual la
directora ejecutiva de Administración Judicial reglamentó el
“PROCEDIMIENTO PARA DEVOLUCIONES Y CONTROL DEL
ARANCEL JUDICIAL DE LA LEY 1653 DE 2013 EN
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA C-169 DE 2014”.
La circular acusada es del siguiente tenor:
“[…] C I R C U L A R DEAJC 14-45
Fecha: martes, 08 de abril de 2014
Para: SALAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS
SECCIONALES DE LA JUDICATURA, SEÑORES(AS)
MAGISTRADOS(AS), JUECES(ZAS) DE LOS DESPACHOS
JUDICIALES, DIRECTORES SECCIONALES DE
ADMINISRACIÓN JUDICIAL Y BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA.
De: DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
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Asunto: “REGLAMENTACIÓN PROCEDIMIENTO PARA
DEVOLUCIONES Y CONTROL DEL ARANCEL JUDICIAL DE
LA LEY 1653 DE 2013 EN CUMPLIMIENTO DE LA
SENTENCIA C-169 DE 2014”
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
mediante Acuerdo PSAA13 -9961 de 2013, autorizó a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a recaudar
provisionalmente el Arancel Judicial de la Ley 1653 de 2013 a
través del Banco Agrario de Colombia, abriendo cuentas en
cada una de las Direcciones Seccionales de Administración
Judicial, incluido el nivel Central.
Con el objeto de dar cumplimiento al pronunciamiento
emanado de la Corte Constitucional en Sentencia C-169 de
2014, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa, el
cual declaró inexequible la precitada norma, deberá́ la
Dirección Ejecutiva y las Direcciones Seccionales de
Administración Judicial recibir, tramitar y ordenar las
devoluciones en los casos contemplados en la norma y
que sean solicitadas en sus correspondientes ámbitos
territoriales con ajuste al siguiente procedimiento:
Marco General
El interesado o su apoderado, allega a la respectiva Dirección
Seccional, solicitud con los siguientes requisitos:
• Declaración juramentada donde manifieste que no ha
realizado otra solicitud sobre dicha devolución, ni ha recibido
pago alguno por este mismo concepto.
• Tratándose de personas jurídicas, presentar certificado de
existencia y representación legal expedido por la autoridad
competente con un tiempo no mayor de un (1) mes, al
momento de su presentación ante la entidad.
• Presentar original de la consignación realizada en la entidad
financiera y/o documento soporte de pagos masivos.
• Fotocopia del documento de identidad del depositante según
el comprobante y de su apoderado, si lo tiene.
• Para los casos que así lo ameriten allegar copia de la
providencia judicial o acto administrativo que así lo ordene
con su constancia de ejecutoria.
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• En los casos que no fue presentada la demanda, no se
requiere de auto del Despacho Judicial. Para este caso la
solicitud también debe contener manifestación expresa sobre
este hecho.
Procedimiento interno en las Direcciones Seccionales:
• Verificar en la base de datos de cada cuenta de la Dirección
Ejecutiva o Dirección Seccional según corresponda, la
consignación.
• Consolidar y remitir la relación en archivo Excel, en el cual
se relacione número de depósito, nombre del titular, fecha de
constitución y valor del mismo, de las solicitudes recibidas y
viabilizadas para pago a la División de Fondos Especiales y
Cobro Coactivo, así como también a la Sala Administrativa
que corresponda, a más tardar el segundo día hábil de cada
mes.
• Elaborar resolución ordenando la devolución del recaudo
para la firma de los responsables del manejo de la cuenta.
• La devolución del ingreso se hará a través del formato
DJ04, expedido por cada una de las Direcciones Seccionales
donde se expidió́.
• El Banco Agrario hará las verificaciones respectivas y
realizará el pago.
Nota: Si alguna de las Direcciones Seccionales no tiene
solicitudes de devolución, también deberá́ informar a la
División Administrativa de Fondos Especiales y Cobro
Coactivo, cada mes, en el tiempo establecido.
Procedimiento de la División Administrativa de Fondos
Especiales y Cobro Coactivo:
• Recibir y consolidar la información en Excel de las
Direcciones Seccionales y dar traslado al Banco Agrario de
Colombia para la correspondiente disposición.
• De igual forma, hará́ la solicitud al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para que las sumas relacionadas sean
transferidas a la cuenta del Banco Agrario de Colombia, la
cual se abrirá́ para tal fin, denominada Arancel Judicial Ley
1653 de 2013.
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• Una vez el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
transfiera a la cuenta de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Banco Agrario de Colombia hará́ la
dispersión de los recursos, constituyendo los Depósitos
Judiciales en las diferentes cuentas existentes para recaudar
en cada Dirección Seccional.
Es necesario precisar que las devoluciones solo
procederán en los términos que la Ley preveía,
adicional a ello cuando se trate de error en la
constitución del depósito o en los casos de pagos
recibidos con posterioridad a la expedición de la
Sentencia C-169 de 2014, esto es después del
diecinueve (19) de marzo de 2014.
De nuestra parte estamos prestos para atenderlos y colaborar
en lo que se requiera.
[…]
Directora Ejecutiva de Administración Judicial […]” (Destacado
fuera de texto).
Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver los cargos formulados
de la siguiente manera:
En primer lugar, se analizará el cargo relativo a que la entidad
demandada, mediante la Circular núm. DEAJC14-45 de 8 de abril
de 2014 acusada, acogió arbitrariamente el efecto derogatorio de la
citada sentencia C-169 de 2014, al indicar que solo se devolverán los
“pagos recibidos con posterioridad a la expedición de la sentencia C-
169 de 2014, esto es después del diecinueve (19) de marzo de
2014”, y no todos los aranceles judiciales pagados desde la
expedición de la Ley 1653.
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Al respecto, se advierte que mediante sentencia C-169 de 2014 la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la totalidad de
la Ley 1653 de 2013, “Por la cual se regula un arancel judicial y se
dictan otras disposiciones”, al considerar que la modificación que
introdujo a los elementos estructurales del arancel judicial desconoció
los principios de justicia, equidad y progresividad tributaria y violó los
derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, de la siguiente
manera:
“[…] 47. En lo que se refiere a los cargos contra los artículos
los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1653 de 2013, por
desconocer los principios de justicia, equidad y progresividad
tributaria, la Corte estima que las acusaciones son acertadas,
y por lo mismo que dichos preceptos son inconstitucionales,
por las razones que se presentan a continuación.
[…]
48.2. En esta ocasión, el arancel judicial introduce un
sacrificio en el principio de equidad por tres razones,
que la Sala primero enunciará y después desarrollará
brevemente. Uno, porque el valor o monto a pagar por
concepto de arancel no se determina con arreglo a
criterios que consulten la capacidad de pago, y por lo
mismo la cuantía de la detracción podría incluso ser
superior a la capacidad de pago del contribuyente. Dos,
debido a que, eso mismo, puede considerarse como una
falta de previsión de garantías tributarias contra la
confiscación. Tres, porque puede convertirse en una
exacción desigual para sujetos con la misma capacidad
de pago. Obsérvese a continuación:
i. Lo primero:
[…]
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Esta regulación, si bien tiene en cuenta entonces, como puede
verse, algunos criterios que revelan la capacidad de pago, lo
hace sólo para determinar cuáles sujetos están obligados a
cancelar el arancel y cuáles no. Una vez llega a ese punto, y
está entonces configurado el grupo de quienes sí deben pagar
el arancel cuando se dé el hecho generador, la Ley acusada
no usa ningún criterio revelador de la capacidad de
pago para establecer el monto del arancel que debe
pagar cada sujeto. No aplica la tarifa a magnitudes
conformadas por la renta, la riqueza, la propiedad o el
consumo (o la propensión al consumo) del
contribuyente, que son las realidades económicas y
jurídicas reveladoras de la capacidad de pago.7 En vez
de eso, define el monto tributario a pagar por parte del
contribuyente con arreglo a una estimación de las
pretensiones formuladas, o de hecho sobre el monto efectivo
de condenas adversas. No obstante, la formulación de
pretensiones dinerarias, o las condenas adversas en un
proceso, no son en concepto de la Corte prima facie
realidades demostrativas de la capacidad de pago de un
contribuyente, y en este proceso no se ha mostrado, con
argumentos suficientes, que efectivamente lo sean.
En efecto, en el supuesto que el contribuyente no sea una
persona beneficiada con amparo de pobreza, que haya estado
obligado a declarar renta en el año anterior a la presentación
de la demanda, y que esté claramente en una hipótesis en la
cual se genere el arancel, no hay ningún dispositivo
tributario en la Ley demandada, que se oriente a
controlar que el monto debido por concepto de arancel
sea efectivamente soportable. La realidad a partir de la
cual se calcula el gravamen está notoriamente desligada, y es
por completo independiente, de los indicadores de capacidad
de pago. La Ley ordena calcular el arancel sobre una
estimación de las pretensiones, o de la condena
patrimonial contenida en una sentencia, pero no hay
evidencias en los debates que antecedieron a su
aprobación, o en este proceso, de que estas realidades
indiquen o revelen capacidad de pago por parte del
contribuyente. Podría decirse que la formulación de
pretensiones es una expectativa probable de ingresos, y que
en virtud de esas expectativas se puede fijar el monto del
gravamen. La Sala no comparte esta posición. En cualquier
evento, incluso ante una expectativa muy probable de
éxito en un proceso con pretensiones patrimoniales, al
presentarse la pretensión el ingreso está previsto para
7
Low Murtra, Enrique y Jorge Gómez Ricardo. Teoría fiscal. Bogotá. Universidad Externado. 1993, pp.
125 y ss. Musgrave, Richard A y Peggy B. Musgrave. Hacienda pública teórica y aplicada. Madrid.
McGrawHill. 1992, pp. 265-282.
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el futuro, lo cual significa que ese hecho no es indicador
de que haya capacidad contributiva actual al hacerse
exigible la obligación tributaria.
[…]
Ante esta situación, si el legislador pretendía transformar
radicalmente la forma de determinar la cuantía de la
obligación tributaria - desligándola por completo de las
rentas, la riqueza, la propiedad o el consumo del
contribuyente- lo menos que debía hacer era explicar, con
razones suficientes, por qué la nueva manera de definir la
magnitud del gravamen consultaba la capacidad de pago del
obligado. No obstante, no lo hizo. Por ese motivo, y en vista
de que prima facie los criterios usados por la Ley no
consultan la capacidad de pago del contribuyente, la
Corte considera que el esquema tributario del arancel
judicial es contrario al principio de equidad.
[…]
No todas las personas incluidas en el grupo de potenciales
contribuyentes del arancel tienen capacidad para hacer
erogaciones millonarias con el fin de acceder a la justicia. El
hecho de no estar amparados por pobreza, o de haber estado
obligados a declarar renta en el año inmediatamente anterior
a la presentación de la demanda, si bien puede en general
indicar capacidad de hacer una contribución parafiscal, no es
por sí mismo suficiente para concluir que puedan pagar
cualquier monto, por concepto de la misma. En la ley no
hay, en últimas, garantías para evitar que el arancel se
convierta en una contribución con implicaciones
confiscatorias (CP arts 58, 95-9, 333 y 363),8 y por ese
motivo el diseño tributario de la figura es contrario al
principio de equidad.
[…]
48.3. Como se infiere de lo anterior, los elementos del
arancel judicial suponen una franca restricción al
principio de equidad (CP arts 95-9 y 363), en la medida
en que gravan una realidad que no consulta la
capacidad de pago del contribuyente, no establecen
dispositivos para evitar escenarios confiscatorios, e
introducen un trato desigual e injustificado entre
sujetos con la misma capacidad contributiva, y en
iguales circunstancias fácticas.
[…]
8
La prohibición de impuestos confiscatorios no se deriva de la proscripción de penas de confiscación,
sino de la protección a la propiedad y la iniciativa privadas, y de los principios de justicia y equidad
tributarias.
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49.2. Con base en estas consideraciones, la Sala estima que
el arancel introduce una dosis de manifiesta
regresividad al sistema tributario: primero, no lo regula
de modo que garantice un sacrificio igual de parte de
contribuyentes con capacidades de pago desiguales;
segundo, y en contraste, sí crea una medida para que
quienes tienen más capacidad contributiva, así
presenten pretensiones sumamente elevadas de dinero
o se vean condenadas a satisfacer una obligación
patrimonial cuantiosa, nunca se vean obligados a
cancelar por el arancel más de doscientos salarios
mínimos legales mensuales; tercero, esta regulación no
impide la extensión en los hechos de una barrera
económica, que puede ser franqueable por parte de
quienes tienen mayor capacidad de pago, pero que en
cambio resulta tanto más insuperable mientras se
tenga menor renta, riqueza, propiedad o niveles de
consumo. La Corte pasa a desarrollar estos motivos:
i. Uno. Como quedó evidenciado, el monto del gravamen no
se determina en función de la renta, la riqueza, la propiedad,
o los niveles de consumo del contribuyente, que son las
realidades económicas típicamente usadas para revelar la
capacidad de pago en la tributación fiscal o parafiscal. Esta
vez son las pretensiones dinerarias, y en otros casos los
montos de las condenas, los hechos a partir de los cuales se
determina la cuantía de la detracción. Esto indica que dos
personas con capacidades económicas diferentes en todos
estos aspectos (pero, aun así, no excluidas del arancel); es
decir, con rentas, riqueza, propiedades y nivel de consumo
notoriamente incomparables y radicalmente desiguales,
podrían llegar a tener que pagar magnitudes idénticas de
dinero por concepto del arancel judicial, mientras presenten
demandas con pretensiones dinerarias iguales o, en otros
eventos, sean condenadas a pagar judicialmente sumas
dinerarias idénticas. No hay, por tanto, un dispositivo en
la regulación que garantice un sacrifico igual para
todos los contribuyentes, fin buscado por el principio de
progresividad. Esta, que es por sí misma entonces una
manera de definir el arancel, en la cual no se persigue
la progresividad tributaria, introduce al sistema una
dosis de regresividad.
ii. Dos. Ahora bien, a eso debe sumarse que la Ley 1653 de
2013 no introduce garantías orientadas a evitar
escenarios confiscatorios, y en cambio sí fija un límite
(techo) a la cuantía pagable por el arancel, que
asciende a doscientos salarios mínimos legales
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mensuales vigentes, sin importar esta vez que dicha
suma pueda ser notoriamente inferior al 1.5% de las
pretensiones dinerarias o de las condenas adversas. Se
ve entonces que mientras la Ley no crea condiciones para
impedir que una persona se vea sujeta a sufragar un monto
tributario que sobrepase drásticamente su capacidad de pago,
sí establece un dispositivo en virtud del cual las personas con
más alta capacidad de pago (por su renta, riqueza, propiedad
y propensión al consumo), podrían cancelar denotadamente
menos de lo que están capacitadas para cancelar a título de
arancel, en procesos en los cuales presenten pretensiones por
cuantías elevadas, o sean condenadas por sentencia a
cancelar montos superlativos de dineros. En otras palabras,
para la Ley es indiferente que mientras unas personas se
vean obligadas a destinar la casi o absoluta totalidad de los
frutos de su actividad económica, para pagar el arancel, otras
-las que tienen mayor capacidad de pago- nunca se vean ante
la necesidad de pagar más de doscientos salarios mínimos
legales mensuales vigentes. La regulación no sólo no es
entonces progresiva, sino que de hecho tiene
implicaciones regresivas.9
[…]
El arancel, como se mencionó anteriormente, no sólo no
grava entonces de igual modo a los iguales, y puede implicar
de hecho un desigual sacrifico para sujetos con capacidades
de pago notoriamente diferentes, sino que además establece
un obstáculo con la virtualidad de perpetuar las desigualdades
reales, preexistentes al tributo, al fijar obstáculos para que
quienes tengan derechos patrimoniales insolutos por sumas
cuantiosas de dinero, sin estar en condiciones de pobreza, se
vean obligados a pagar un arancel posiblemente superior a su
renta, su riqueza, su propiedad y su nivel de consumo, en
aras de hacer efectivas las acreencias que tienen a su favor.
Lo cual, en suma, amplía significativa y manifiestamente la
dosis de regresividad.
49.3. En definitiva, los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la
Ley 1653 de 2013 rediseñan radicalmente el modo de
establecer la cuantía pagable del tributo, y al hacerlo
9
Cabe decir que los tributos pueden ser (i) progresivos, (ii) regresivos, y (iii) proporcionales. Hablando
de impuestos en la doctrina nacional, ver por ejemplo, Low Murtra, Enrique y Jorge Gómez Ricardo.
Teoría fiscal. 3ª edición. Bogotá. Externado. 1996, p. 230. Dicen, en algo que sería aplicable a las
contribuciones: “[…] Los impuestos progresivos son aquellos en los cuales cuando aumenta la capacidad
de pago aumenta el impuesto, tanto en términos absolutos como en términos relativos, esto es en
relación con la razón entre el impuesto pagado y la base. […] En el caso de los impuestos
proporcionales, cuando aumenta la capacidad de pago, se incrementa el gravamen en términos
absolutos, pero se mantiene constante en términos relativos. La tarifa del impuesto permanece
constante para todas las bases (a cualquier capacidad de pago la misma tarifa impositiva) […]. Los
impuestos regresivos son aquellos en los cuales la tasa disminuye con el aumento del índice de
capacidad de pago. A menor capacidad de pago mayor tarifa impositiva (relación inversa)”.
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introducen una franca y ostensible restricción al
principio de progresividad. Para empezar, el gravamen no
sólo no es igual para sujetos con igual capacidad de pago, o
en circunstancias fácticas similares, sino que además de
hecho deja de gravar con más a quienes tienen mayor
capacidad contributiva, y con menos a quienes la tienen
en menor medida, y aparte de eso crea una barrera
económica que, al tener un límite (techo) de doscientos
salarios mínimos legales mensuales vigentes, la
convierte en un limitante susceptible de franquearse
más fácilmente por quienes cuentan con las mayores
capacidades de pago, y en cambio en un ingente
obstáculo que puede resultar cada vez menos superable
conforme se desciende en la escala de realidades
indicadoras de capacidad contributiva. Esto ya es de suyo
suficiente para calificar de regresivo el arancel. Pero cuando
se convierte, además, en un significativo obstáculo de acceso
económico a un servicio o actividad esencial o fundamental
dentro del Estado Constitucional, como es la administración
de justicia, y precisamente en un ámbito de litigio donde se
ventilan pretensiones económicas, encaminadas a satisfacer
derechos patrimoniales, la notoria regresividad aumenta
exponencialmente el trascendental problema de
inconstitucionalidad, pues interpone un ostensible
obstáculo, con la potencialidad de ser infranqueable, a
la superación de las desigualdades preexistentes al
tributo. Estas consecuencias, en un esquema de
tributación parafiscal, son manifiestamente regresivas.
d. El desproporcionado sacrificio que introduce el
arancel judicial, en los principios de justicia, equidad y
progresividad tributarias, acarrea la violación de los
derechos de acceso a la justicia y al debido proceso
50. A lo anterior cabe agregar que la configuración tributaria
del arancel, contenida en los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la
Ley demandada, no introduce cualquier grado de limitación a
los principios de justicia, equidad y progresividad tributaria,
sino de hecho sacrificios manifiestamente desproporcionados
en dichos mandatos.
[…]
La Corte observa que el arancel de la Ley 1653 de 2013
restringe el acceso a la justicia y el ejercicio de ciertas
facultades de defensa en el proceso. En efecto, el arancel
tiene ahora -como se dijo- una particularidad que lo hace
distinto de sus versiones anteriores.
[…]
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La nueva versión, en cambio, que está contenida en la ley
1653 de 2013, adelanta como regla general el momento en el
cual se hace exigible el arancel. El deber de pagar este tributo
se activa incluso antes de presentar la demanda, o de hacer
efectiva una posición de defensa, y el pago real del mismo se
convierte ahora en condición previa de acceso a la justicia o
de ejercicio de una facultad de defensa (para presentar una
demanda de reconvención, un llamamiento en garantía, una
denuncia del pleito, una intervención ad excludendum). Con lo
cual, la limitación a los derechos señalados es entonces
superior a la que presentaba, por ejemplo, la versión del
arancel de la Ley 1394 de 2010.
Esto hecho es suficiente para concluir que la Ley crea
una barrera prima facie de acceso a la administración
de justicia y de ejercicio de las señaladas posiciones de
defensa. Sin embargo, no basta para que el arancel judicial
sea automáticamente declarado contrario a la Carta.
[...]
La nueva versión del arancel judicial tiene implicaciones
disuasivas no sólo para quien instaura pretensiones dinerarias
abusiva o infundadas, sino también para otros sujetos,
aunque presentan pretensiones dinerarias legítimas, lícitas y
no abusivas ni perjudiciales. Esto ocurre respecto de
quienes, sin estar por debajo de la línea de pobreza, y
obligados a pagar el arancel, no cuentan
necesariamente con facilidades económicas para pagar
el monto de una contribución tributaria que, en tanto
no se define en función de la capacidad de pago del
obligado, puede llegar a exigirle a este último el
cumplimiento de un imperativo incluso imposible o muy
difícil de cumplir, lo cual está prohibido por la
Constitución, según la jurisprudencia de esta Corte
Constitucional.10
50.4. Los medios son innecesarios y desproporcionados. A
todo lo anterior, que ya de suyo es suficiente para declarar
inexequible el esquema tributario demandado, debe sumarse
que la escogencia del arancel -en el diseño que tiene
actualmente- como instrumento para obtener recursos
y disuadir la instauración de pretensiones infundadas o
10
Sentencia C-318 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz. SV Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo
Mesa). En esa ocasión, la Corte declaró inexequible una reforma al sistema tributario, que exigía -en los
procesos tributarios contra la administración, la constitución de una garantía bancaria o de compañía de
seguros, por un valor de los valores liquidados como debidos por la administración tributaria. Dijo la
Corporación, al respecto: “[…] la exigencia de una condición imposible o muy difícil de cumplir, afecta el
núcleo esencial del derecho al acceso a los jueces y tribunales y, por contera, del derecho a una tutela
judicial efectiva, del derecho de defensa y, por supuesto, del derecho a la igualdad”.
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temerarias, es innecesaria y desproporcionada. Es
innecesaria, por una parte, porque existen otros medios
disponibles para impedir la interposición de pretensiones
dinerarias infundadas o temerarias, dentro de los cuales se
encuentran el juramento estimatorio, o las sanciones por
temeridad. Asimismo, puede haber otras formas de obtener
recaudos para financiar las inversiones en la administración
de justicia, dentro de las cuales se encuentra por supuesto el
amplio universo de posibilidades que deja la política fiscal y,
en menor medida, parafiscal. Por ejemplo, es posible diseñar
la contribución del arancel de un modo distinto, y adoptar la
configuración del mismo, tal como se encontraba prevista en
versiones anteriores de la Ley 1394 de 2010.
La nueva versión del arancel, contenida en la Ley 1653 de
2013, tal vez resulte más eficaz que las medidas alternativas
reseñadas, para alcanzar los propósitos antes referidos. La
Corte no insinúa lo contrario. Pero observa que lo que la Ley
1653 de 2013 alcanza en mayor eficacia, no compensa
el manifiesto y enorme sacrificio que introduce en los
principios de equidad y progresividad tributaria y, en
especial, en los derechos a acceder a la justicia y al
debido proceso. El acceso a la justicia y el debido proceso
son instrumentos al servicio de todos los derechos
fundamentales, y su desconocimiento acarrea por tanto el de
todos los demás. En esa medida, cada vez que por
razones económicas un reclamo no se tramita ante la
justicia, o un reclamo ante la justicia es desoído por el
juez, o bien es una controversia menos que se decide, o
que se resuelve por otras vías, y en cualquier opción
hay un sacrificio enorme para derechos fundamentales,
incompensable por las eventuales virtudes en términos
dinerarios y disuasivos del nuevo arancel.
51. Por todo lo anterior, la Corte Constitucional
considera inexequibles los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de
la Ley 1653 de 2013, en tanto erigen una barrera
económica para acceder a la administración de justicia,
que impide ejercicios lícitos, legítimos y no
perjudiciales de la misma, o de los derechos procesales.
[…]
Otras razones de inconstitucionalidad del artículo 5,
Ley 1653 de 2013
52. Aparte de lo señalado, hay algunos fragmentos específicos
del artículo 5 de la Ley 1653 de 2013, que presentan por sí
mismos problemas de inconstitucionalidad, planteados por los
actores en sus demandadas. La Corte encuentra que el
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artículo 5 inciso 5, viola el principio de excepcionalidad
de las contribuciones parafiscales (CP art 150 num 12);
y que el artículo 5 parágrafo 1° desconoce el derecho a
la estricta legalidad de las sanciones (CP art 29), por lo
siguiente:
• El artículo 5 inciso 5, establece que “[c]uando se
demandante ante una autoridad administrativa en ejercicio de
función jurisdiccional en aquellos asuntos en los que esta y el
juez tengan competencia a prevención para conocer de la
actuación, el arancel judicial se causará a favor de la
autoridad administrativa respectiva”. Esta norma desconoce lo
previsto en el artículo 6 inciso 3 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, conforme al cual “[e]l arancel
judicial constituirá un ingreso público a favor de la rama
judicial”. En efecto, destinar los recursos del arancel a
autoridades de la administración pública que cumplan
funciones jurisdiccionales, no es propio de los ingresos
públicos a favor de la “Rama Judicial”, como lo prevé la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que en
este caso forma parte del bloque de constitucionalidad
en sentido lato. Los organismos administrativos no
hacen parte de la rama judicial, aunque
excepcionalmente estén facultados por la Ley para
administrar justicia (CP art 116). La infracción de lo
contemplado en la Ley estatutaria se traduce, además,
en este caso, en una violación de la excepcionalidad de
las contribuciones parafiscales, pues el artículo 150
numeral 12 de la Carta dice que el legislador puede
“excepcionalmente” imponer este tipo de tributos, “en
los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”,
lo cual no ocurre en la citada disposición.
• El artículo 5 parágrafo 1° dice que “[q]uien utilice
información o documentación falsa o adulterada, o que a
través de cualquier otro medio fraudulento se acoja a
cualquiera de las excepciones previstas en el presente
artículo, deberá cancelar, a título de sanción, un arancel
judicial correspondiente al triple de la tarifa inicialmente
debida, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere
lugar”. Al revisar esta disposición, la Sala advierte que no
respeta el principio de estricta legalidad. No establece
si sólo se responde a título de dolo o culpa
(responsabilidad subjetiva), o si también con
responsabilidad objetiva. Podría decirse que, al ser un
ilícito penal, en este caso se debe obrar con dolo o culpa (o
preterintención). Pero, en el supuesto que no se trata de una
sanción penal, podría abrirse la posibilidad de sancionar a
personas por utilizar información falsa, independientemente
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de su responsabilidad subjetiva. La descripción de los
comportamientos típicos es indeterminada. Cuando se
dice que también se aplica la sanción a quien pretenda
exonerarse del arancel ‘a través de cualquier otro medio
fraudulento’, no se precisa qué debe tener el medio para ser
considerado fraudulento. El medio fraudulento es cualquiera,
no se enuncia, y la acción o las acciones que realizan el
comportamiento típico no se determinan. No precisa ni remite
específicamente a un procedimiento para aplicar la sanción, ni
define con claridad la cuantía de la misma, pues si bien dice
que se debe pagar el “triple de la tarifa inicialmente debida”,
no se precisa si al cancelar esa suma se cumplen al mismo
tiempo la sanción y la obligación tributaria, o si sólo se
satisface la sanción. En definitiva, hay una franca y
abierta indeterminación en la norma, que vulnera el
artículo 29 de la Constitución.
Decisión a adoptar
53. La inconstitucionalidad de los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9,
antes referidos, tiene profundas implicaciones para la validez
de toda la Ley 1653 de 2013. En efecto, los artículos 4, 5, 6,
7, 8 y 9 de la Ley 1653 de 2013 definen los elementos
estructurales del arancel judicial; es decir, respectivamente,
el hecho generador, las excepciones a este, el sujeto pasivo,
la base gravable, la tarifa, y lo atinente al pago del arancel.
Ahora bien, precisamente fue la necesidad de modificar justo
estos elementos, y en especial el hecho generador, el motivo
central de la reforma integral al arancel judicial.11 Los demás
preceptos de la Ley 1653 de 2013 se adoptaron entonces a
propósito de esos aspectos estructurales, y tienen sentido y
razón de ser sólo en función suya. Por lo cual, la
declaratoria de inexequibilidad de las normas que
prevén los elementos definitorios del nuevo arancel,
deja a los aspectos accesorios de la reforma
desprovistos de la causa por la cual fueron instaurados.
Al declarar inexequibles los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de
la Ley 1653 de 2013, la Corporación debe por tanto
decretar la inexequibilidad de la totalidad de la Ley.12 Lo
cual coincide, por lo demás, con la jurisprudencia
constitucional adoptada en casos semejantes, en los cuales
tras encontrar que son inexequibles los ejes estructurales de
11
Como se advierte a lo largo del debate en el Congreso. En la exposición de motivos hay un acápite (el
numero 7) destinado a justificar por qué resultaba “necesario” introducir modificaciones en el arancel, en
los siguientes puntos: “Sujeto pasivo del tributo”, “Hecho generador”, “Base gravable” y “Tarifa”. Gaceta
del Congreso No. 532 del jueves 28 de julio de 2011, pp. 15 y 16. Esta orientación fue seguida a lo largo
de los debates en Comisión y Plenaria de ambas Cámaras, si bien haciendo mayor énfasis en la reforma
del “hecho generador”, como se puede apreciar en las Gacetas 856 del 15 de noviembre de 2011, 805
del 28 de octubre de 2011, y 198 del 3 de mayo de 2012.
12
Lo piden también en su intervención el Procurador General de la Nación y algunos de los
intervinientes.
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un cuerpo o sistema normativo, la Corte ha procedido a
declarar la inexequibilidad de toda la reforma.13
54. Con fundamento en lo anterior, dado que no es
posible que el sistema del nuevo arancel subsista sin
los elementos definitorios previstos en los 4, 5, 6, 7, 8 y
9 de la Ley demandada, la Corte Constitucional estima
que la declaratoria de inexequibilidad de estos últimos
acarrea necesariamente la inexequibilidad de la
totalidad de la Ley 1653 de 2013.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar INEXEQUIBLE la Ley 1653 de 2013 ‘Por la cual se
regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones’. […]”
(Destacado fuera de texto).
Cabe mencionar que en los eventos en que la Corte Constitucional
declara la inconstitucionalidad de una determinada norma o de todo
un ordenamiento legal, el efecto que ello produce es su retiro o
expulsión o desaparición inmediata del ordenamiento positivo y, por
tanto, sobre tal precepto no es posible volver, esto es, emitir un
13
Por ejemplo, en la sentencia C-087 de 1998 (MP Carlos Gaviria Díaz. AV Eduardo Cifuentes Muñoz), al
declarar inexequible la exigencia de la tarjeta de periodista, contemplada en algunas de las disposiciones
de la Ley (mas no en todas), la Corte sostuvo que las demás debían también declararse inexequibles, en
la medida en que la exigencia de la tarjeta de periodista era la que les proporcionaba el fundamento. En
la sentencia C-557 de 2000 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz), al considerar
que varias disposiciones (pero no todas) de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo eran inconstitucionales
por vicios de procedimiento, esta Corte declaró inexequible toda la ley, por juzgar que se trataba de un
sistema presupuestal inescindible. En la sentencia C-251 de 2002 (MMPP Eduardo Montealegre Lynett y
Clara Inés Vargas Hernández. SV Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte sostuvo
que uno de los elementos de la Ley 684 de 2001, Ley de Seguridad y Defensa Nacional, era contrario a
la Constitución, y que al ser la columna vertebral de la referida Ley, su inexequibilidad acarreaba la
misma suerte para el resto de la misma. Finalmente, en la sentencia C-879 de 2008 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa. Unánime), la Corporación encontró que eran inconstitucionales las normas de la Ley
de pequeñas causas, que definían el órgano competente para realizar la investigación e indagación de
los ilícitos en ese contexto. Al ser ese, también, elemento esencial de la Ley, la Corte declaró inexequible
toda la Ley.
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nuevo pronunciamiento o reproducir la norma declarada
inconstitucional y tampoco se puede reconocer su validez.
Al respecto, se observa que la Sección Primera, en la sentencia de 23
de agosto de 201214 sostuvo que cuando la Corte declara la
inconstitucionalidad simple de normas legales, cualquiera que haya
sido el vicio constitucional encontrado, se produce el retiro inmediato
de las mismas del ordenamiento positivo y, por tanto, sobre tales
preceptos no es posible volver, esto es, emitir un nuevo
pronunciamiento, pues la inconstitucionalidad es inmediata, así se
difiera el efecto de la inexequibilidad.
Así discurrió la Sala:
“[…] 6.2.3. El concepto de cosa juzgada frente a los
fallos de inconstitucionalidad diferida.
El hecho de que la sentencia comentada haya establecido
efectos diferidos para el fallo de inexequibilidad de las normas
que le dieron continuidad a los corregimientos
departamentales como divisiones administrativas de los
departamentos creados por la Constitución de 1991, podría
llevar a pensar que dicho fallo no hacía tránsito a cosa
juzgada inmediatamente sino cuando transcurriera el término
que la Corte le concedió al Congreso de la República para
dictar las normas que regularan la incorporación del territorio
de esos corregimientos a los municipios ya creados, a
instituirlos en municipios o a convertirlos en entidades
territoriales indígenas.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de agosto
de 2012, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación11001-03-24-000-2007-00030-00.
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Si así fuera, el acto acusado (de 6 de agosto de 2002) se
habría proferido antes de que la sentencia C-141 de 7 de
febrero de 2001 estuviera produciendo efectos, pues en
aquélla fecha no habían transcurrido las dos legislaturas a
cuyo vencimiento se difirió la producción de los efectos del
fallo.15
En efecto, la primera legislatura transcurrió entre el 16 de
marzo de 2001 cuando comenzó el primer periodo de
sesiones siguiente, y el 16 de diciembre del mismo año
cuando venció el segundo periodo de sesiones. La segunda
legislatura transcurrió entre el 16 de marzo de 2002 cuando
comenzó un primer periodo de sesiones y el 16 de diciembre
de 2002 cuando venció el segundo periodo de sesiones.
No obstante, aunque la Corte postergue o difiera los
efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, la
norma así declarada, lo es desde ese mismo momento.
Una cosa es la inconstitucionalidad de la norma y otra
es la inexequibilidad, que es una consecuencia
necesaria de aquella.
La Corte Constitucional, entre otras providencias, en
auto No. 311 de 29 de noviembre de 2001, 16 que esta
Sala prohíja, ha expresado respecto de la cosa juzgada
constitucional:
“…El artículo 243 del Estatuto Superior, consagra la cosa
juzgada constitucional en estos términos:
“Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional.
Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido
material del acto jurídico declarado inexequible por
razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las
disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación
entre la norma ordinaria y la Constitución.”
15
El artículo 138 de la Constitución Política establece que “el Congreso, por derecho propio, se reunirá
en sesiones ordinarias, durante dos períodos por año, que constituirán una sola legislatura. El primer
período de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo el 16 de marzo
y concluirá el 20 de junio”.
16
El auto referido decidió el recurso de súplica interpuesto contra providencia de Magistrado Ponente
que rechazó una demanda de inconstitucionalidad contra una norma legal que había sido declarada
inexequible mediante sentencia con efectos diferidos hasta una fecha que se señaló al Legislador para
que dentro de su libertad de configuración expidiera el régimen aplicable a la materia de que trataba la
disposición excluida del ordenamiento. La nueva demanda se presentó dentro del periodo concedido por
la Corte, no obstante lo cual la Magistrada Ponente declaró la existencia de cosa juzgada.
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Concordante con ello la ley 270/96 -estatutaria de la
administración de justicia- establece en el artículo 46 lo
siguiente:
“Control integral y cosa juzgada constitucional. En desarrollo
del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte
Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a
su control con la totalidad de los preceptos de la
Constitución.”
Disposición que fue declarada exequible por esta corporación
en la sentencia C-037/96, “bajo el entendido de que
mientras la Corte Constitucional no señale que los
efectos de una determinada providencia son de cosa
juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que
profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta.”
Así las cosas, “la cosa juzgada constitucional es una
institución jurídico procesal que tiene su fundamento
en el artículo 243 de la Constitución Política y mediante
la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una
sentencia de constitucionalidad, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. De ella surge una
restricción negativa consistente en la imposibilidad de
que el juez constitucional vuelva a conocer y decidir
sobre lo resuelto.”
Esta corporación en reiterada jurisprudencia se ha referido a
la cosa juzgada en materia constitucional, definiendo la cosa
juzgada absoluta, la relativa, la aparente, la implícita, la
formal y la material. En el presente caso solamente se va a
hacer referencia a las dos primeras.
En términos generales se ha dicho que existe cosa juzgada
absoluta cuando la Corte, en ejercicio del control
constitucional, confronta los preceptos demandados frente a
todo el ordenamiento constitucional, lo que implica que dichas
disposiciones no pueden ser posteriormente objeto de nuevo
pronunciamiento por parte de la corporación. La cosa juzgada
relativa se presenta cuando la Corte limita su
pronunciamiento al análisis de las normas acusadas frente a
alguno o algunos artículos del Estatuto Superior (cargos por
vicios formales, facultades extraordinarias, etc) o cuando se
pronuncia únicamente sobre los cargos formulados o sobre un
determinado aspecto constitucional permitiendo de esta
manera que se presenten posteriormente nuevas demandas
contra las mismas normas por cargos o violación de cánones
constitucionales distintos a los analizados en las sentencias
anteriores.
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En los eventos en que la Corte declara la
inconstitucionalidad de una determinada norma o de
todo un ordenamiento legal, el efecto que ello produce
es su expulsión o desaparición del ordenamiento
positivo (…)
(…) Cuando la Corte declara la inconstitucionalidad
simple de normas legales, cualquiera que haya sido el
vicio constitucional encontrado, se produce el retiro
inmediato de las mismas del ordenamiento positivo y,
por tanto, sobre tales preceptos no es posible volver,
esto es, emitir un nuevo pronunciamiento. Cuando la
inconstitucionalidad es diferida tal expulsión sólo se produce a
partir de la fecha en que la Corte lo determine, aunque ya se
sabe y así lo ha declarado la Corte que es inconstitucional. En
ambos casos los fallos correspondientes hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional de carácter absoluto (…) La
inconstitucionalidad diferida, presupone precisamente eso,
que la norma es inconstitucional y, que ya ha sido declarada
como tal por el tribunal constitucional.
Cuando el fallo es de constitucionalidad la Corte no agrega
nada a la norma ya existente; en cambio cuando el fallo es
de inconstitucionalidad no solo se agrega, sino que se
le quita algo a la norma, pues se le quita lo más
importante que tiene: su validez (ya que el juicio de
constitucionalidad es un juicio sobre la validez de la
norma jurídica); aunque se mantenga su vigencia.
Por esa razón es que sólo se pueden diferir en el tiempo los
fallos de inconstitucionalidad, pues no existe la
constitucionalidad diferida en el tiempo.
El diferimiento de la inconstitucionalidad declarada por la
Corte…no tiene la virtud de afectar ni de modificar la cosa
juzgada constitucional que tal pronunciamiento ha producido
(art. 243 C.P.).
Siguiendo los criterios expuestos, se tiene que los
efectos de la sentencia C- 141 de 2001 fueron los de
cosa juzgada absoluta a partir del 7 de febrero de 2001,
cuando se profirió; fecha desde la cual la norma
enjuiciada por la Corte carece de validez, aunque
conserve temporalmente su vigencia. La
inconstitucionalidad es inmediata, así se difiera el efecto
de la inexequibilidad.
6.2.4. Conclusiones.
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Como consecuencia de las consideraciones anteriores, a
partir del 7 de febrero de 2001, fecha de expedición de
la sentencia C- 141 de 2001, no se podía reproducir la
norma declarada inconstitucional y tampoco se podía
reconocer su validez. […]” (Destacado fuera de texto).
Ahora, en cuanto a los efectos de las sentencias de la Corte
Constitucional, por las cuales se decide la declaratoria de
inexequibilidad de una norma, es del caso también traer a colación la
providencia de 19 de mayo de 201117, en la que la Sección Segunda
señaló que dichas sentencias tienen efectos hacia futuro, por
regla general y que deben avalarse las situaciones que adquirieron
firmeza durante la vigencia de aquellas normas que posteriormente
son declaradas inconstitucionales, de la siguiente manera:
“[…] Sobre este último aspecto, cabe precisar que los
efectos de las sentencias de la Corte Constitucional por
las cuales se decide la declaratoria de inexequibilidad
de una norma, por regla general, tienen efectos hacia
futuro o ex nunc; salvo, que la misma Corte expresamente
manifieste, los alcances que le da a la misma.
Lo anterior implicaría que deberían avalarse las
situaciones que adquirieron firmeza durante la vigencia
de aquellas normas que posteriormente son declaradas
inconstitucionales.
Sin embargo, en algunas oportunidades es viable, dadas las
condiciones de la norma que se retira del ordenamiento
jurídico, aplicar durante la vigencia de la misma, la excepción
de inconstitucionalidad en aras de no permitir la existencia de
situaciones que a todas luces son inconstitucionales por
afectar derechos de naturaleza fundamental; sin embargo, en
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 19 de mayo de 2011, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, núm. Único de radicación 25000-23-25-000-
2001-06734-01(1147-08).
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el presente asunto, por tratarse de asuntos que atañen al
servicio público y específicamente, a la provisión de empleos
mediante concurso, debe privilegiarse la aplicación ex nuc de
los efectos de la sentencia.
Sobre este aspecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en
concepto del 3 de septiembre de 1999, Radicado No. 1213 –
1999, consejero Ponente, Dr. Cesar Hoyos Salazar, precisó:
“1.3 Pérdida de fuerza ejecutoria de actos
administrativos sustentados en disposiciones legales
declaradas inexequibles.
Para absolver algunos interrogantes de la consulta sobre
actos administrativos fundamentados en disposiciones legales
declaradas inexequibles, es conveniente resumir los criterios
jurisprudenciales en relación con la pérdida de fuerza
ejecutoria o decaimiento de un acto administrativo, que se
produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias
que le sirven de sustento desaparecen del escenario jurídico.
Al respecto la Sección Primera de la corporación, sostuvo en
sentencia del 1o de agosto de 1991 lo siguiente:
La doctrina foránea, y la nacional que ha seguido esas
concepciones sin mayor profundidad, bueno es reconocerlo, al
tratar las formas de extinción de los actos administrativos,
generales o de efectos particulares, ha reconocido y
consagrado la figura jurídica del decaimiento del acto
administrativo o sea, la extinción de ese acto jurídico
producida por circunstancias supervinientes que hacen
desaparecer un presupuesto de hecho o de derecho
indispensable para la existencia del acto: a) derogación o
modificación de la norma legal en que se fundó el acto
administrativo; b) declaratoria de inexequibilidad de la norma
constitucional o legal hecha por el juez que ejerce el control
de constitucionalidad, en los países donde ello existe; c)
declaratoria de nulidad del acto administrativo de carácter
general en que se fundamenta la decisión de contenido
individual o particular; y d) desaparición de las circunstancias
fácticas o de hecho que determinaron el reconocimiento de un
derecho o situación jurídica particular y concreta."
Y la Corte Constitucional en sentencia C-069 de 1995,
por medio de la cual declaró exequible el artículo 66 del
Código Contencioso Administrativo, en el cual está
instituida la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos
administrativos, expresó:
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De esta manera, cuando se declara la inexequibilidad de una
norma legal en que se funda un acto administrativo se
produce la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si
bien es cierto que todos los actos administrativos son
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos
por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, también lo
es que la misma norma demandada establece que "salvo
norma expresa en contrario", en forma tal que bien puede
prescribirse la pérdida de fuerza ejecutoria frente a la
desaparición de un presupuesto de hecho o de derecho
indispensable para la vigencia del acto jurídico, que da lugar a
que en virtud de la declaratoria de nulidad del acto o de
inexequibilidad del precepto en que este se funda, decretado
por providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos
hacia el futuro, en razón precisamente de haber desaparecido
el fundamento legal o el objeto del mismo.
Así mismo, esta corporación en otras ocasiones precisó
aspectos del llamado decaimiento del acto administrativo, en
los siguientes términos:
El decaimiento del acto sólo tiene como virtualidad la
extinción del mismo, pero con efectos jurídicos hacia el
futuro, razón por la cual no legitima ni enerva los vicios de
inconstitucionalidad o ilegalidad en que hubiera incurrido el
acto.
El decaimiento del acto administrativo no se produce cuando,
a pesar de haber sido declarada inexequible la disposición
legal en que se sustentaba, dicho acto tiene también su
basamento en otra norma constitucional.
La obvia e inmediata consecuencia del fallo de inexequibilidad
de una ley o decreto con fuerza de ley, cualesquiera sean los
criterios sobre sus efectos, es que dicha ley o decreto perdió
toda vigencia y no puede cumplirse o ejecutarse desde la
fecha de ejecutoria del fallo. Sin embargo, subsisten los
actos, generales y particulares, expedidos con fundamento en
la mencionada ley, o decreto con fuerza de ley, siempre que
no hayan sido anulados o revocados. En este mismo orden de
ideas, los derechos constituidos durante la vigencia de la ley o
decreto ley, mediante actos creadores de situaciones jurídicas
particulares, subsisten y pueden hacerse efectivos, no
obstante la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley o
decreto ley. Los mencionados actos también pueden ser
demandados y juzgados conforme a las disposiciones
pertinentes del Código Contencioso Administrativo. Sin
embargo, los procesos en curso, los recursos pendientes o las
meras expectativas no pueden resolverse o consolidarse con
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fundamento en el decreto ley porque desde la fecha de
ejecutoria de la sentencia no puede ser aplicado.
Indudablemente, la decisión judicial, que tiene efectos erga
omnes - se refiere a una sentencia de inexequibilidad - dejó
también sin efectos la resolución 676 de 1985 pues ésta
simplemente adoptó las medidas para la aplicación del
precepto declarado inconstitucional, de tal suerte que a partir
de la declaratoria de inexequibilidad, se tornó́ inaplicable el
acto acusado, por carecer de objeto y por adolecer de
inconstitucionalidad al igual que la norma para cuya aplicación
fue dictado.
Por consiguiente, los actos administrativos dictados y los que
se profieran con fundamento en la ley 443 de 1998 respecto
del proceso de selección de personal, quedan afectados por la
sentencia de inexequibilidad de las disposiciones de la misma
atrás reseñadas. Al quedar sin fundamento de derecho los
correspondientes actos administrativos pierden, hacia el
futuro, su fuerza ejecutoria y, hacia el pasado, se mantienen
incólumes los actos creadores de situaciones jurídicas
particulares, concretas.
En materia de procesos de selección, es preciso determinar en
qué estado se encuentran para dilucidar los efectos. Al
respecto pueden considerarse varias hipótesis:
A partir del 12 de julio de 1999 no pueden iniciarse nuevos
procesos de selección de personal, por cuanto sólo la
Comisión Nacional del Servicio Civil tiene competencia para
hacerlo. Por tanto, será́ necesario esperar a que una ley
nueva cree y organice dicha Comisión.
Procesos en los cuales se cumplió́ la etapa de conformación
de lista de elegibles, y el acto administrativo respectivo quedo
en firme antes del 12 de julio de 1999.
En este caso, las entidades deberán utilizar las listas de
elegibles para hacer la provisión de los empleos objeto de
convocatoria, en la forma dispuesta por el artículo 22 de la ley
443 de 1998.
Procesos que al 12 de julio de 1999 se encontraban en
cualquier etapa anterior a la de conformación de la lista de
elegibles o que hallándose en ésta tenían recursos o
reclamaciones pendientes que afectaran el orden de dichas
listas.
En este evento, el acto de convocatoria pierde su fuerza
ejecutoria y no puede proseguirse el proceso de selección en
curso.” […]”. (Destacado fuera de texto)
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En sentencia de 26 de marzo de 201418, la Sección Tercera al tratar
el tema de la responsabilidad del Estado como consecuencia de la
declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, también indicó
que la regla general es que las decisiones sobre el control de
constitucionalidad tienen efectos ex nunc, esto es, que tienen
aplicación inmediata, hacia el futuro y vinculantes para todas
las situaciones jurídicas originadas en el pasado, a menos que
la misma Corte de manera expresa resuelva lo contrario, así:
“[…] Así pues, de conformidad con los precedentes
jurisprudenciales antes mencionados, el término por el cual la
ley tuvo vigencia conlleva necesariamente a que los efectos
jurídicos surtidos en los eventos consolidados por la misma,
tienen plena obligatoriedad y no se discute la legalidad en el
término de su vigencia.
Conforme a lo anterior, no puede deducirse una
responsabilidad del Estado cuando el alto Tribunal
Constitucional haya declarado la inexequibilidad de una
norma sin retroactividad, por cuanto los efectos
generados hasta la declaratoria de la misma son
válidos, y por lo tanto, el juez administrativo no puede
desconocer que los efectos de la sentencia son hacia el
futuro cuando no se exprese por parte de la Corte
Constitucional lo contrario, siendo esta una facultad
exclusiva otorgada por disposición del artículo 45 de la ley
270 de 1996, el cual señala que “Las sentencias que profiera
la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en
los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen
efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo
contrario”19. (Subrayado fuera de texto).
Así lo ha sostenido la Corte Constitucional, al afirmar que la
regulación de los efectos temporales de los fallos de
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo
de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, núm. único de radicación 44001-23-31-000-2001-
00282-01(28864).
19
La Corte Constitucional ha desarrollado pues, la tesis según la cual, por regla general los efectos de
sus sentencias de constitucionalidad son ex nunc, salvo que la misma Corte asigne otros efectos
temporales, en los términos del artículo 45 de la Ley 270 de 1996. Sentencia T- 389 de 2009.
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constitucionalidad se ha diseñado a partir de varias fuentes
normativas; la Constitución (arts. 243), la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia (Ley 270/96, art. 45), la aplicación
de los principios generales del derecho sobre la vigencia de
las normas jurídicas y la jurisprudencia constitucional.
La regla general es que las decisiones sobre el control
de constitucionalidad tienen efectos ex nunc, esto es,
que tienen aplicación inmediata, hacia el futuro y
vinculantes para todas las situaciones jurídicas
originadas en el pasado y en curso, a menos que la
misma Corte “de manera expresa”20 resuelva lo
contrario, es decir, considere dar efectos retroactivos a
las sentencias de constitucionalidad. […]” (Destacado
fuera de texto).
Y en providencia de 31 de mayo de 201621, la Sección Segunda
precisó con respecto a la sentencia C-169 de 19 de marzo de
2014, que declaró la inexequibilidad de la Ley 1653 de 2013 y a la
cual se da cumplimiento a través de la Circular acusada, que dicha
sentencia surtió efectos a partir del 20 de marzo de 2014, conforme
lo dispone el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, al no retrotraerse los
efectos hasta el momento de la expedición de la norma.
Al efecto, la Sala discurrió:
“[…] 3.2.2. De la declaratoria de inexequibilidad del
arancel judicial
20
Sentencia T- 389 de 2009. Cr, entre otras la sentencia C-426 de 2007. En esta sentencia se declaró́
inexequible una norma derogatoria de otra que consagraba la autoridad competente para organizar y
disponer el concurso para notarios públicos. Como quiera que la norma derogatoria no incluyó lo relativo
a la autoridad en mención, fue excluida del ordenamiento (declarada inexequible) desde el momento de
su entrada en vigencia, es decir la sentencia tuvo efectos retroactivos, y se ordenó́ la reincorporación de
la norma derogada. Otras sentencias con efectos retroactivos son C-870 de 1999, C-002 de 1999, C-080
de 1999, C-037 de 1994.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 31 de mayo de 2016, C.P. William Hernández Gómez, núm. único de radicación número: 73001-23-
33-000-2013-00646-00(4460-14).
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El artículo 2 de la Ley 1653 de 2013 disponía que “el arancel
judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar
gastos de inversión de la Administración de Justicia”
destinados a la modernización, fortalecimiento y bienestar de
la administración de justicia, que se causaba en favor del
Consejo Superior de la Judicatura o de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial.
De igual manera, de conformidad con el artículo 6 ib. el
arancel estaba a cargo del demandante en procesos con
pretensiones dinerarias y debía ser cancelado antes de la
presentación de la demanda acompañando el correspondiente
comprobante de pago, so pena de ser inadmitida.
Empero, la Corte Constitucional mediante sentencia C-
169 de 19 de marzo 201422, declaró la inexequibilidad
de la Ley 1653 de 2013 por considerar que vulneraba
los principios de equidad, progresividad, justicia y
excepcionalidad de las contribuciones parafiscales, así
como derechos de acceso a la administración de justicia
y debido proceso, por lo cual al no retrotraerse los
efectos hasta el momento de la expedición de la norma,
se entiende que la misma surtió efectos a partir del 20
de marzo de 2014, conforme lo dispone el artículo 45
de la Ley 270 de 1996. […]” (Destacado fuera de texto).
Adicionalmente, se tiene que la Corte Constitucional, en sentencia C-473
de 24 de julio de 201323, puntualizó que por regla general la declaratoria
de inexequibilidad tiene efectos hacia el futuro, de la siguiente manera:
“[…] . Los efectos de la declaratoria de inexequibilidad
En la medida en que los demandantes solicitan que la
declaratoria de inexequibilidad tenga efectos retroactivos,
corresponde a la Corte determinar los efectos temporales del
fallo, teniendo en cuenta las pautas generales que se han
estructurado en esta materia, y que sistematizan a
continuación:
22
Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa
23
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C -473 de 24 d julio de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, expediente D-9445.
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• En primer lugar, esta Corporación tiene plena facultad
para determinar los efectos temporales de sus decisiones en
sede de constitucionalidad abstracta, como quiera que su
misión fundamental es garantizar jurisdiccionalmente la
supremacía e integridad de la Carta Política, y esto exige no
solo definir si una disposición vulnera el ordenamiento
superior, sino también el momento desde el cual se deben
entender retiradas del sistema jurídico aquellos preceptos que
son incompatibles con la Carta Política.
• Por regla general, la declaratoria de inexequibilidad
tiene efectos hacia el futuro. Esta regla se encuentra
establecida en función, tanto del principio democrático, que
implica la presunción de constitucionalidad del sistema
jurídico, como de los principios de buena fe y seguridad
jurídica. Es por esta razón que el Artículo 45 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia dispone que “las
sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos
sujetos a su control en los términos del artículo 241 de al
Constitución Política, tienen efectos hacia el futura a menos
que la Corte resuelva lo contrario”.
• Sin perjuicio de lo anterior, de manera excepcional
la declaratoria de inexequibilidad puede tener efectos
retroactivos, cuando sea indispensable para asegurar la
supremacía e integridad del ordenamiento superior.
Dentro de los criterios que ha utilizado esta Corporación para
hacer esta evaluación, se encuentran los siguientes:
1. En primer lugar, se ha utilizado el criterio de
la notoriedad de la vulneración del ordenamiento superior por
parte del acto normativo sujeto a control .En la medida en
que la regla general sobre los efectos hacia el futuro se
soporta en la presunción de constitucionalidad del sistema
jurídico, y en la medida en que en las hipótesis de vulneración
abierta, manifiesta y palmaria decae el fundamento de esta
presunción, en estos casos se justificarían los efectos
retroactivos de los fallos de inexequibilidad.
sí se expresó en la Sentencia C-333 de 2010, cuando se
encontró que la infracción de los principios de unidad de
materia y de identidad flexible había sido tan evidente y
flagrante, que la declaratoria de inexequibilidad del respectivo
“mico” debía tener efectos retroactivos. En este sentido, la
Corte sostuvo lo siguiente:
“La Corte resalta que los vicios de constitucionalidad
encontrados en este caso, tales como la violación a los
principios de unidad de materia identidad flexible (…) son de
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aquellos que de ordinario resultan de difícil apreciación,
justifican que el juez constitucional sea aún más prudente y
cauteloso (…) En contraste, en el presente caso la Corte ha
considerado que la configuración de todos estos defectos es
palmaria (…) Estima al Corte que en este caso de trató de lo
que, tanto en el argot popular como dentro del ámbito del
trabajo legislativo, se conoce en Colombia como “mico”, esto
es, una propuesta manifiestamente ajena y diferente al
contenido predominante de la ley aprobada, que se inserta de
manera oculta y silenciosa durante el trámite legislativo (…)
en desarrollo de la facultad que la Corte Constitucional tiene
para determinar el efecto temporal de sus propias decisiones,
y como única alternativa para evitar que resulte nugatorio el
control constitucional cumplido a través de la presente
sentencia, la Corte dispondrá que ella tenga efectos
retroactivos, a partir de la fecha de promulgación (…)”.
2. En segundo lugar, la Corte ha exceptuado la regla general
cuando la aplicación de la norma contraria a la Carta Política
ha implicado de manera clara e inequívoca la violación de los
derechos fundamentales de personas determinadas o
determinables, y se requiere, desde una perspectiva
constitucional, su restablecimiento.
Así ocurrió con los denominados “bonos de guerra”, cuya
consagración se consideró incompatible con la Carta Política,
por ser en realidad una forma encubierta de impuestos y de
inversiones forzosas; en esta oportunidad, este tribunal dio
efectos retroactivos a su decisión, ordenando la devolución de
las sumas pagadas por los contribuyentes, así como la
cesación inmediata de los procedimientos investigativos y
sancionatorios en contra de los contribuyentes que no
cancelaron oportunamente su valor. De modo semejante,
cuando se declaró la inexequibilidad de la disposición
ordenaba la extinción de la pensión de sobrevivientes de
oficiales o suboficiales de la Policía Nacional en razón del
matrimonio, este tribunal dio efectos retroactivos a la
decisión, aclarando que los pensionados que perdieron el
derecho a la respectiva prestación por haber contraído
nupcias, podían solicitar el pago de las mesadas dejadas de
percibir y reclamarlas hacia el futuro. Análogamente, cuando
la Corte concluyó que la reducción de términos de
prescripción y caducidad de las acciones en materia penal
desconocían los derechos de las víctimas de los delitos, se dio
efectos retroactivos al fallo. Una línea semejante se encuentra
en las sentencias C-444 de 2011, C-421 de 2006, C-754 de
2004, C-744 de 1999, C-080 de 1999, C-002 de 1999 y C-
037 de 1994.
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3. En tercer lugar, cuando la aplicación de la disposición
inconstitucional implica la suspensión total o parcial de un
elemento fundante o estructural del ordenamiento superior,
como ocurre frecuentemente con los actos legislativos,
también se ha exceptuado la regla general. Esto justamente
fue lo que sucedió cuando se declaró la inexequibilidad de la
reforma constitucional que ordenó la suspensión de concursos
públicos, y con fundamento en la cual se materializaron
diversas inscripciones extraordinarias e ingresos automáticos
en la carrera administrativa; en esta oportunidad la Corte
ordenó la reanudación de los mencionados concursos, y
concluyó que tales actos de inscripción y de ingreso
automático a la carrera administrativa, carecían de validez.
4. Finalmente, el que los vicios de inconstitucionalidad sean
predicables de una ley de facultades o de un decreto dictado
con fundamento en esta, no constituye un criterio autónomo
para variar la regla general sobre los efectos hacia el futuro
de los fallos de constitucionalidad. Únicamente cuando el
fundamento normativo invocado para la expedición del
decreto-ley es del todo inexistente, es decir, cuando el vicio
no consiste en la extralimitación en las facultades
extraordinarias sino en su inexistencia absoluta, o cuando el
referente normativo para la delimitación material de las
competencias y facultades del Ejecutivo es inexistente, se ha
declarado, con efectos retroactivos, la inexequibilidad. Por
este motivo, la mayor parte de sentencias que han
declarado la inconstitucionalidad de decretos-leyes por
exceso en el ejercicio de las facultades conferidas por
el Congreso, han seguido la regla general sobre los
efectos hacia el futuro. […]” (Destacado fuera de texto).
Al aplicar lo antes transcrito al presente caso, la Sala considera que le
asistió razón a la entidad demandada al establecer, en la Circular
núm. DEAJC14-45 de 2014 acusada, que solo se devolverán los
“pagos recibidos con posterioridad a la expedición de la sentencia C-
169 de 2014, esto es después del diecinueve (19) de marzo de
2014”.
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Lo anterior, habida cuenta que la sentencia C-169 de 19 de marzo
de 2014 tiene efectos efectos ex nunc, esto es, es de aplicación
inmediata, hacia el futuro, pues por regla general las decisiones sobre
control de constitucionalidad tienen efectos ex nunc, a menos que la
misma Corte Constitucional de manera expresa resuelva lo contrario,
lo cual no ocurrió en el caso sub judice.
Al tener esos efectos, dicha decisión (la sentencia C-169 de 19 de
marzo de 2014) es vinculante para todas las situaciones originadas
en el pasado, es decir, para todas las situaciones anteriores a la
sentencia de control de constitucionalidad.
En otras palabras, la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1653
de 2014, que se decidió a través de la sentencia C-169 de 19 de
marzo de 2014, implica que deben avalarse las situaciones que
adquirieron firmeza durante la vigencia de aquella norma que,
posteriormente, fue declarada inconstitucional.
Además, no puede perderse de vista que ya esta Corporación
(Sección Segunda), mediante providencia de 31 de mayo de 201624,
precisó que la sentencia C-169 de 19 de marzo de 2014 surtió
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 31 de mayo de 2016, C.P. William Hernández Gómez, núm. único de radicación número: 73001-23-
33-000-2013-00646-00(4460-14).
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efectos a partir del 20 de marzo de 2014, conforme lo dispone el
artículo 45 de la Ley 270 de 1996, y que no se retrotraen los efectos
hasta el momento de la expedición de la Ley 1653 de 2013.
En este orden de ideas, la Sala estima que la entidad demandada
actuó ajustada a derecho al establecer, a través de la Circular núm.
DEAJC14-45 de 2014 demandada, que solo se devolverán los
“pagos recibidos con posterioridad a la expedición de la sentencia C-
169 de 2014, esto es después del diecinueve (19) de marzo de
2014”, y no disponer la devolución respecto a los pagos efectuados
con anterioridad al 20 de marzo de 2014 con ocasión del arancel
judicial de la Ley 1653 de 2013, dado que, se reitera, deben avalarse
todas las situaciones originadas en el pasado, es decir, las situaciones
anteriores a que se hubiere proferido la sentencia C-169 de 19 de
marzo de 2014 de control de constitucionalidad, que declaró la
inexequibilidad de la Ley 1653 de 2014, en tanto que dicha sentencia
tiene efectos ex nunc, hacia el futuro.
En consecuencia, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
En segundo lugar, la Sala debe analizar el cargo que consiste en que
la Circular núm. DEAJC14-45 de 2014 demandada violó la cosa
juzgada e incurrió en falsa motivación, al no respetar el mandato de
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la sentencia proferida C-169 de 19 de marzo de 201425, que declaró
inexequible la Ley 1653 de 15 de julio de 201326, y fundamentarse en
dicha norma, que fue retirada del ordenamiento jurídico vigente, para
ordenar la devolución del arancel judicial “en los términos que la ley
preveía”.
Frente a la cosa juzgada constitucional, en sentencia T-049 de 29 de
enero de 200427, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
“[…] Efecto de las decisiones judiciales que declaran la
inexequibilidad de normas. Imposibilidad de aplicación
por parte del juez de tutela de disposiciones
inconstitucionales. Reiteración de jurisprudencia
Los jueces de instancia en cada uno de los expedientes
acumulados en el presente trámite fundaron sus decisiones,
entre otros preceptos, en las disposiciones legales contenidas
en el artículo 19 de la Ley 716 de 2001, que concedían el
beneficio de la caducidad inmediata de la información
financiera negativa a los deudores que se pusieran al día en el
pago de sus créditos dentro del año siguiente a la expedición
de dicha norma. Sin embargo, el citado artículo fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional a través de la
Sentencia C-687 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett,
como consecuencia de la violación de la reserva de ley
estatutaria en los términos del artículo 152 literal a. de la
Carta Política, puesto que la norma regulaba aspectos propios
del núcleo esencial del derecho fundamental al hábeas data,
y, por ello debía tramitarse según las reglas establecidas en el
artículo 153 C.P. y no a través del procedimiento legislativo
ordinario.
Los efectos jurídicos de las decisiones proferidas por la
Corte Constitucional que declaran la inexequibilidad de
25
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-169 de 19 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle
Correa, Expedientes núms. D-9806, 9811, 9814, 9815, 9820, 9832, 9833 y 9835 (acumulados).
26
“Por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones”.
27
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-049 de 29 de enero de 2004, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, expedientes acumulados T-779731 y T-789683.
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leyes están definidos en el artículo 243 Superior, el cual
estipula que dichos fallos hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional. Este instituto es definido por la
jurisprudencia de esta Corporación como el
fenómeno “mediante la cual se otorga a las decisiones
plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. [Por lo
tanto], De ella surge una restricción negativa consistente en
la imposibilidad de que el juez constitucional vuelva a conocer
y decidir sobre lo resuelto”. Tal restricción, por supuesto,
también contrae la obligación que tiene las distintas
autoridades, entre ellas los jueces, de no aplicar, al
momento de resolver los casos sometidos a su estudio,
las disposiciones retiradas del ordenamiento por el
tribunal constitucional. En un caso en que un Tribunal
Administrativo utilizó normas declaradas inexequibles para
decidir un asunto relativo a la admisión de una acción de
cumplimiento destinada a la realización de una consulta
popular, la Corte señaló:
“El inciso primero del artículo 243 de la Carta establece en
forma expresa que los fallos dictados en ejercicio del control
constitucional atribuido a la Corte hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional. Esta característica comporta la
producción de efectos jurídicos, en cuanto su
obligatoriedad, generalidad, y oponibilidad a todas las
personas y a las autoridades públicas, sin excepción
alguna.
El valor de la cosa juzgada implica que ninguna norma
que haya sido retirada del ordenamiento jurídico por
decisión de la Corte, podrá ser revivida mediante su
reproducción, mientras subsistan las causas que dieron
origen a la declaratoria de su inexequibilidad, ni mucho
menos aplicada por los distintos operadores jurídicos
en los asuntos sometidos a su conocimiento y decisión.
Considera la Sala que las razones que se aducen en las
providencias cuestionadas contradicen de manera ostensible
tanto la cosa juzgada, como la doctrina constitucional
contenida en la sentencia C-157/98, pues la Corte al declarar
inexequible el inciso segundo del art. 2 de la ley 393/97,
según el cual la interpretación por el juez del no cumplimiento
de la norma por la autoridad debía ser restrictiva y aparecer
evidente el incumplimiento consideró, por el contrario, que
éste debía ser deducido razonablemente por el juez con base
en el análisis de la norma y de las pruebas incorporadas al
proceso.”
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En conclusión, las providencias judiciales que aplican normas
declaradas inexequibles son contrarias al Estatuto Superior,
pues desconocen el valor de la cosa juzgada constitucional
dispuesta en el artículo 243 C.P., al igual que la naturaleza
vinculante del precedente jurisprudencial proferido por la
Corte en ejercicio del control constitucional de las leyes. Por
lo tanto, es claro que los jueces de instancia transgredieron
esta prohibición en el uso de la norma declarada inexequible,
situación que será tenida en cuenta al momento de decidir
sobre cada asunto en particular. […]” (Destacado fuera de
texto).
Posteriormente, en sentencia C-554 de 23 de julio de 201428, la Corte
expresó lo siguiente:
“[…] El problema jurídico planteado
2. Corresponde a la Corte Constitucional establecer si existe
cosa juzgada constitucional, como lo anuncia el Ministerio
Público, sobre los artículos 1° a 8° de la Ley1653 de 2013,
que regulan la naturaleza jurídica, los sujetos activo y pasivo,
el hecho generador, las excepciones de cobro, la base
gravable y la tarifa del arancel judicial como contribución
parafiscal.
3. Efectivamente, advierte esta Corporación que acerca
de los asuntos expuestos por los accionantes en sus
demandas, sobrevino cosa juzgada constitucional
absoluta, situación que impide un nuevo
pronunciamiento.
De la existencia de cosa juzgada constitucional
4. En la reciente sentencia C-169 del 19 de marzo de 2014,
con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa, la
Corte Constitucional examinó las disposiciones que contienen
los apartes demandados, y declaró inexequibles los artículos
4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9°, en tanto erigen una barrera
económica para acceder a la administración de justicia que
impide ejercicios lícitos, legítimos y no perjudiciales de la
misma, o de los derechos procesales.
28
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia de 23 de julio de 2014, M.P. Gloría Stella Ortiz Delgado,
Expediente núm. D-10036 (acumulado con D-10053).
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Esta Corporación integró la unidad normativa con toda la Ley
1653 de 2013, porque los apartes acusados afectaban
definitivamente la estructura del arancel judicial, de forma tal
que tornaba imposible la subsistencia del nuevo sistema al no
contar con los elementos definitorios del tributo objeto de
nueva regulación.
5. Es válido reiterar que las características y efectos de la
cosa juzgada constitucional, según estatuye el inciso primero
del artículo 243 superior, conduce a que los fallos que esta
Corporación profiera en ejercicio del control jurisdiccional
hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. La principal
consecuencia de tal precepto es que una vez que la
Corte Constitucional declara inexequible una
determinada norma, no puede volver sobre el asunto, a
menos que medie reforma de las normas
constitucionales que sirvieron de fundamento a la
decisión atinente, lo cual no ha ocurrido en esta
oportunidad.
Así pues, el efecto de cosa juzgada constitucional es
especialmente claro cuando la norma en cuestión ha
sido declarada inexequible, puesto que desaparece del
ordenamiento jurídico y, ante la eventualidad de
subsiguientes demandas, es evidente que no queda
objeto sobre el cual pronunciarse.
En esa medida, como existe cosa juzgada constitucional
absoluta, toda vez que las expresiones demandadas ya
fueron retiradas del ordenamiento jurídico, junto con
toda la Ley de la que hacían parte, debe la Corte
estarse a lo resuelto en dicha oportunidad. […]”
(Destacado fuera de texto).
Por su parte, esta Corporación también se ha pronunciado sobre el
particular. Es así como la Sección Tercera, en sentencia de 23 de
septiembre de 201529, indicó lo siguiente:
“[…] Así las cosas, se tiene que la Ley 1653 de 2013 se
encontraba vigente para el momento en que el Tribunal a quo
profirió la decisión apelada; sin embargo, durante el trámite
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
de 23 de septiembre de 2015, C.P. Hernán Andrade Rincón, núm. único de radicación 13001-23-33-000-
2013-00467-01(50243).
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del recurso de apelación ante esta Corporación, sobrevino la
inconstitucionalidad de la disposición que consagraba el
arancel judicial.
En cuanto al efecto de la declaratoria de inexequibilidad
de una norma, es preciso señalar que los fallos de
control jurisdiccional que profiera la Corte
Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada, lo cual
implica que la norma desaparece del ordenamiento
jurídico, por lo que el operador judicial no puede
aplicarla en los asuntos que conozca y decida30.
De conformidad con lo anterior, es preciso advertir que al
haber sido apelado el auto de 22 de octubre de 2013, éste no
se encontraba en firme al momento de declararse la
inexequibilidad de la norma que creó el arancel judicial, lo que
implica que para el presente asunto el pago de dicho arancel
dejo de ser requisito de procedibilidad31. […]” (Destacado
fuera de texto).
Y la Sección Primera, en sentencia de 23 de agosto de 201232,
declaró la nulidad de un acto acusado por existir cosa juzgada
constitucional, en cuanto dicho acto demandado reprodujo el
contenido material de un decreto declarado inconstitucional y sin
validez, a través de la sentencia C-141 de 7 de febrero de 2001 de la
Corte Constitucional.
Así discurrió la Sala:
“[…] 6.2.3. El concepto de cosa juzgada frente a los
fallos de inconstitucionalidad diferida.
30
Al respecto consultar: Corte Constitucional, Sentencia T-049-04. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
31
Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, Sala Plena. Auto de 10 de julio de 2014
M.P. María Claudia Rojas Lasso. Exp. 25000234100020130212601. Posición reiterada en auto de 21 de
agosto de 2014, Consejo de Estado, Sección Primera, Sala Plena. M.P. Guillermo Vargas Ayala Exp.
25000234100020130227101.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de agosto
de 2012, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación11001-03-24-000-2007-00030-00.
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El hecho de que la sentencia comentada haya establecido
efectos diferidos para el fallo de inexequibilidad de las normas
que le dieron continuidad a los corregimientos
departamentales como divisiones administrativas de los
departamentos creados por la Constitución de 1991, podría
llevar a pensar que dicho fallo no hacía tránsito a cosa
juzgada inmediatamente sino cuando transcurriera el término
que la Corte le concedió al Congreso de la República para
dictar las normas que regularan la incorporación del territorio
de esos corregimientos a los municipios ya creados, a
instituirlos en municipios o a convertirlos en entidades
territoriales indígenas.
Si así fuera, el acto acusado (de 6 de agosto de 2002) se
habría proferido antes de que la sentencia C-141 de 7 de
febrero de 2001 estuviera produciendo efectos, pues en
aquella fecha no habían transcurrido las dos legislaturas a
cuyo vencimiento se difirió la producción de los efectos del
fallo.33
En efecto, la primera legislatura transcurrió entre el 16 de
marzo de 2001 cuando comenzó el primer periodo de
sesiones siguiente, y el 16 de diciembre del mismo año
cuando venció el segundo periodo de sesiones. La segunda
legislatura transcurrió entre el 16 de marzo de 2002 cuando
comenzó un primer periodo de sesiones y el 16 de diciembre
de 2002 cuando venció el segundo periodo de sesiones.
No obstante, aunque la Corte postergue o difiera los
efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, la
norma así declarada, lo es desde ese mismo momento.
Una cosa es la inconstitucionalidad de la norma y otra
es la inexequibilidad, que es una consecuencia
necesaria de aquella.
La Corte Constitucional, entre otras providencias, en
auto No. 311 de 29 de noviembre de 2001, 34 que esta
Sala prohíja, ha expresado respecto de la cosa juzgada
constitucional:
33
El artículo 138 de la Constitución Política establece que “el Congreso, por derecho propio, se reunirá
en sesiones ordinarias, durante dos períodos por año, que constituirán una sola legislatura. El primer
período de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo el 16 de marzo
y concluirá el 20 de junio”.
34
El auto referido decidió el recurso de súplica interpuesto contra providencia de Magistrado Ponente
que rechazó una demanda de inconstitucionalidad contra una norma legal que había sido declarada
inexequible mediante sentencia con efectos diferidos hasta una fecha que se señaló al Legislador para
que dentro de su libertad de configuración expidiera el régimen aplicable a la materia de que trataba la
disposición excluida del ordenamiento. La nueva demanda se presentó dentro del periodo concedido por
la Corte, no obstante lo cual la Magistrada Ponente declaró la existencia de cosa juzgada.
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“…El artículo 243 del Estatuto Superior, consagra la cosa
juzgada constitucional en estos términos:
“Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional.
Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido
material del acto jurídico declarado inexequible por
razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las
disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación
entre la norma ordinaria y la Constitución.”
Concordante con ello la ley 270/96 -estatutaria de la
administración de justicia- establece en el artículo 46 lo
siguiente:
“Control integral y cosa juzgada constitucional. En desarrollo
del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte
Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a
su control con la totalidad de los preceptos de la
Constitución.”
Disposición que fue declarada exequible por esta corporación
en la sentencia C-037/96, “bajo el entendido de que
mientras la Corte Constitucional no señale que los
efectos de una determinada providencia son de cosa
juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que
profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta.”
Así las cosas, “la cosa juzgada constitucional es una
institución jurídico procesal que tiene su fundamento
en el artículo 243 de la Constitución Política y mediante
la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una
sentencia de constitucionalidad, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. De ella surge una
restricción negativa consistente en la imposibilidad de
que el juez constitucional vuelva a conocer y decidir
sobre lo resuelto.”
Esta corporación en reiterada jurisprudencia se ha referido a
la cosa juzgada en materia constitucional, definiendo la cosa
juzgada absoluta, la relativa, la aparente, la implícita, la
formal y la material. En el presente caso solamente se va a
hacer referencia a las dos primeras.
En términos generales se ha dicho que existe cosa juzgada
absoluta cuando la Corte, en ejercicio del control
constitucional, confronta los preceptos demandados frente a
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todo el ordenamiento constitucional, lo que implica que dichas
disposiciones no pueden ser posteriormente objeto de nuevo
pronunciamiento por parte de la corporación. La cosa juzgada
relativa se presenta cuando la Corte limita su
pronunciamiento al análisis de las normas acusadas frente a
alguno o algunos artículos del Estatuto Superior (cargos por
vicios formales, facultades extraordinarias, etc) o cuando se
pronuncia únicamente sobre los cargos formulados o sobre un
determinado aspecto constitucional permitiendo de esta
manera que se presenten posteriormente nuevas demandas
contra las mismas normas por cargos o violación de cánones
constitucionales distintos a los analizados en las sentencias
anteriores.
En los eventos en que la Corte declara la
inconstitucionalidad de una determinada norma o de
todo un ordenamiento legal, el efecto que ello produce
es su expulsión o desaparición del ordenamiento
positivo (…)
(…) Cuando la Corte declara la inconstitucionalidad
simple de normas legales, cualquiera que haya sido el
vicio constitucional encontrado, se produce el retiro
inmediato de las mismas del ordenamiento positivo y,
por tanto, sobre tales preceptos no es posible volver,
esto es, emitir un nuevo pronunciamiento. Cuando la
inconstitucionalidad es diferida tal expulsión sólo se produce a
partir de la fecha en que la Corte lo determine, aunque ya se
sabe y así lo ha declarado la Corte que es inconstitucional. En
ambos casos los fallos correspondientes hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional de carácter absoluto (…) La
inconstitucionalidad diferida, presupone precisamente eso,
que la norma es inconstitucional y, que ya ha sido declarada
como tal por el tribunal constitucional.
Cuando el fallo es de constitucionalidad la Corte no agrega
nada a la norma ya existente; en cambio cuando el fallo es
de inconstitucionalidad no solo se agrega, sino que se
le quita algo a la norma, pues se le quita lo más
importante que tiene: su validez (ya que el juicio de
constitucionalidad es un juicio sobre la validez de la
norma jurídica); aunque se mantenga su vigencia.
Por esa razón es que sólo se pueden diferir en el tiempo los
fallos de inconstitucionalidad, pues no existe la
constitucionalidad diferida en el tiempo.
El diferimiento de la inconstitucionalidad declarada por la
Corte…no tiene la virtud de afectar ni de modificar la cosa
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juzgada constitucional que tal pronunciamiento ha producido
(art. 243 C.P.).
Siguiendo los criterios expuestos, se tiene que los
efectos de la sentencia C- 141 de 2001 fueron los de
cosa juzgada absoluta a partir del 7 de febrero de 2001,
cuando se profirió; fecha desde la cual la norma
enjuiciada por la Corte carece de validez, aunque
conserve temporalmente su vigencia. La
inconstitucionalidad es inmediata, así se difiera el efecto
de la inexequibilidad.
6.2.4. Conclusiones.
Como consecuencia de las consideraciones anteriores, a
partir del 7 de febrero de 2001, fecha de expedición de
la sentencia C- 141 de 2001, no se podía reproducir la
norma declarada inconstitucional y tampoco se podía
reconocer su validez.
[…]
• No obstante lo anterior, la norma demandada reconoció la
existencia de las divisiones administrativas departamentales
contempladas en el decreto 2274 de 1991, como si éste
conservara validez, pese a que la había perdido por efectos de
la sentencia C-141 de 2001.
En efecto, dispuso la norma demandada que los recursos del
sistema general de participaciones a que hace referencia el
inciso segundo del artículo 83 de la Ley 715 de 2001,
asignados a los resguardos indígenas que no estén ubicados
en jurisdicción municipal sino de una de las divisiones
administrativas departamentales contempladas en el decreto
2274 de 1991, serán administrados por el gobernador del
respectivo departamento.
Como la norma demandada desconoció la declaratoria
de inexequibilidad del aparte del decreto demandado
que reconocía la existencia de los corregimientos como
divisiones administrativas departamentales, habrá de
declararse la nulidad del acto acusado en la parte que
se refiere a dichas entidades y al decreto que las
reguló.
[…]
FALLA
Primero: DECLÁRASE la nulidad del aparte que se subraya del
artículo 1o del Decreto 1745 de 6 de agosto de 2002,
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proferido por el Gobierno Nacional, “Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 715 de 2001”, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 1o. Los recursos a que hace referencia el inciso segundo
del artículo 83 de la Ley 715 de 2001, asignados a los resguardos
indígenas que no estén ubicados en jurisdicción municipal, sino en
una de las divisiones administrativas departamentales contempladas
en el Decreto 2274 de 1991, serán administrados por el gobernador
del respectivo departamento, de acuerdo con lo establecido en el
citado artículo”.
[…]” (Destacado fuera de texto).
De conformidad con los antecedentes jurisprudenciales transcritos,
los fallos que la Corte Constitucional dicte en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional; tienen el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivos y, por ende, ninguna
autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico
declarado inexequible por razones de fondo, o aplicar, al momento
de resolver los casos sometidos a su estudio, las disposiciones
retiradas del ordenamiento por el Tribunal Constitucional.
El valor de la cosa juzgada implica que ninguna norma que haya sido
retirada del ordenamiento jurídico por decisión de la Corte
Constitucional, podrá ser revivida mediante su reproducción, mientras
subsistan las causas que dieron origen a la declaratoria de su
inexequibilidad, ni mucho menos aplicada por los distintos operadores
jurídicos en los asuntos sometidos a su conocimiento y decisión.
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Que mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una
determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá
que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada
absoluta, situación que impide un nuevo pronunciamiento.
Que en los eventos en que la Corte declara la inconstitucionalidad de
una determinada norma o de todo un ordenamiento legal, el efecto
que ello produce es su retiro o expulsión o desaparición del
ordenamiento positivo, con aplicación inmediata y, por tanto, sobre
tal precepto no es posible volver, esto es, emitir un nuevo
pronunciamiento o reproducir la norma declarada inconstitucional y
tampoco se puede reconocer su validez.
En el caso bajo examen, la Circular DEAJC14-45 de 2014
demandada estableció lo siguiente:
“[…] La Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura mediante Acuerdo PSAA13 -9961 de 2013, autorizó
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a recaudar
provisionalmente el Arancel Judicial de la Ley 1653 de 2013
a través del Banco Agrario de Colombia, abriendo cuentas en
cada una de las Direcciones Seccionales de Administración
Judicial, incluido el nivel Central.
Con el objeto de dar cumplimiento al pronunciamiento
emanado de la Corte Constitucional en Sentencia C-169 de
2014, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa, el
cual declaró inexequible la precitada norma, deberá́ la
Dirección Ejecutiva y las Direcciones Seccionales de
Administración Judicial recibir, tramitar y ordenar las
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devoluciones en los casos contemplados en la norma y
que sean solicitadas en sus correspondientes ámbitos
territoriales con ajuste al siguiente procedimiento […]
Es necesario precisar que las devoluciones solo
procederán en los términos que la Ley preveía,
adicional a ello cuando se trate de error en la
constitución del depósito o en los casos de pagos
recibidos con posterioridad a la expedición de la
Sentencia C-169 de 2014, esto es después del
diecinueve (19) de marzo de 2014. […]” (Destacado fuera
de texto).
De acuerdo con lo antes transcrito de la Circular acusada, las
devoluciones solo procederán en los términos que la Ley preveía, esto
es, conforme a la Ley 1653 de 2013 (declarada inexequible), la cual
señalaba, sobre dicho asunto, lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 8o. TARIFA. La tarifa del arancel judicial es
del uno punto cinco por ciento (1.5%) de la base gravable, y
no podrá superar en ningún caso en total los doscientos
salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smlmv).
PARÁGRAFO 1o. Las sumas pagadas por concepto de
arancel judicial serán objeto de devolución al
demandante, en el evento en que el juez de única, primera o
segunda instancia no cumpla con los términos procesales
fijados en la ley en relación con la duración máxima de los
procesos de conformidad con lo establecido en las normas
procesales.
El trámite de devolución del arancel judicial podrá realizarse,
a solicitud del sujeto pasivo que realizó el pago, mediante el
reembolso directo o mediante la entrega de certificados de
devolución de arancel judicial que serán títulos valores a la
orden, transferibles, destinados a pagar los tributos
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), en los términos que establezca el
Gobierno Nacional.
No habrá lugar al reembolso al demandante de lo pagado por
concepto de arancel judicial cuando el demandado no hubiere
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estado obligado a declarar renta en el año inmediatamente
anterior al momento de la presentación de la demanda. De
igual forma, no estará obligado al pago del arancel judicial el
demandado vencido en el proceso, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5o de la presente ley cuando el
demandado no hubiere estado obligado a declarar renta en el
año inmediatamente anterior al momento de presentación de
la demanda.
La emisión y entrega de los certificados de devolución de
arancel judicial la efectuará la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura o
quien haga sus veces, de acuerdo con el reglamento que para
el efecto expida el Gobierno Nacional.
El director general de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), adoptará los procedimientos que considere
necesarios, a fin de autorizar y controlar el pago de los
Impuestos Nacionales con los Certificados de Devolución de
Arancel Judicial. […]” (Destacado fuera de texto).
Como puede observarse, en el caso bajo examen, la entidad
demandada al expedir la Circular DEAJC 14-45 de 2014 acusada
y ordenar que “las devoluciones solo procederán en los
términos que la Ley preveía” revivió (u ordenó dar aplicación a) lo
previsto en la Ley 1653, que fue declarada inexequible mediante la
sentencia C-169 de 2014 y que desapareció del ordenamiento
jurídico, lo que implica que desconoció la declaratoria de
inexequibilidad y violó la cosa juzgada constitucional.
Y, por consiguiente, también incurrió en falsa motivación por error de
derecho, dado que la entidad demandada al ordenar dar aplicación a
lo previsto en la Ley 1653, que fue declarada inexequible mediante la
sentencia C-169 de 2014 y que desapareció del ordenamiento
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Actor: CARLOS EDUARDO PAZ GÓMEZ
jurídico, la motivó en una norma inexistente, con la cual no podía ser
expedida la decisión tomada a través de la Circular demandada.
En cuanto al concepto de falsa motivación, como causal de nulidad de
los actos administrativos, es del caso traer a colación la sentencia de
3 de diciembre de 201835, en la cual esta Sección precisó lo
siguiente:
“[…] 7.3.1. Resulta pertinente referirnos al concepto de
falsa motivación como causal de nulidad de los actos
administrativos.
La validez del acto administrativo depende de que los motivos
por los cuales se expide sean ciertos, pertinentes y tengan el
mérito suficiente para justificar la decisión que mediante el
mismo se haya tomado. Es decir, que correspondan a los
supuestos de hecho y de derecho jurídicamente necesarios
para la expedición del acto administrativo de que se trate, y
que se den en condiciones tales que hagan que deba
preferirse la decisión tomada y no otra.
Se trata de un requisito material, en cuanto depende de la
correspondencia de lo que se aduzca en el acto administrativo
como motivo o causa del mismo, con la realidad jurídica y/o
fáctica del caso.
El vicio de falsa motivación se presenta cuando la
sustentación fáctica del acto carece de veracidad o de
coherencia entre el hecho y el supuesto de derecho; es
decir, o no es cierto lo que se afirma en las razones de
hecho, o no hay correspondencia entre tales razones y
los supuestos de derecho que se aducen para proferir el
acto.
Ahora bien, debe precisarse que una cosa es la falsa
motivación y otra la falta de motivación: la primera, es un
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de
diciembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-
00328-00.
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00432-00
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evento sustancial, que atañe a la realidad fáctica y
jurídica del acto administrativo, y la segunda, es un
aspecto procedimental, formal, ya que corresponde a la
omisión en hacer expresos o manifiestos en el acto
administrativo los motivos del mismo. La falsa motivación
plantea para el juzgador un problema probatorio, de
confrontación de dos extremos, como son lo dicho en el
acto y la realidad fáctica atinente al mismo, con miras a
comprobar la veracidad; también plantea un juicio
lógico de correspondencia entre la realidad constatada
y la consecuencia jurídica que se pretende desprender
de ella, cuando la primera resulta demostrada. De otro
lado, la falta de motivación le significa un problema de
valoración directa del cuerpo o contenido del acto sobre si se
expresan o indican razones para su expedición, y si lo dicho
es suficiente como para tenerse como motivación. […]”
(Destacado fuera de texto)
Posteriormente, en sentencia de 5 de agosto de 202136, la Sección
Primera sostuvo, en relación con los supuestos para la configuración
de la causal de nulidad por falsa motivación, lo siguiente:
“[…] En relación con los supuestos para la configuración de la
causal de nulidad por falsa motivación, esta tiene ocurrencia
cuando: i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho
o de derecho en la manifestación de voluntad de la
administración pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos
en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por
razones engañosas o simuladas; iii) el autor del acto le ha
dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no
tienen; y iv) los motivos que sirven de fundamento al acto no
justifiquen la decisión.
103. En consecuencia, los motivos que fundamentan el
acto administrativo deben ser ciertos y corresponder a
las circunstancias de hecho y de derecho necesarias
para proferir la decisión; es decir, debe existir
correspondencia entre la motivación del acto
administrativo y la realidad fáctica y jurídica del caso.
[…]” (Destacado fuera de texto).
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-41-000-2013-00609-01.
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Actor: CARLOS EDUARDO PAZ GÓMEZ
Por su parte, en sentencia de 7 de octubre de 202137, la Sección
Cuarta, con respecto a la falsa motivación, por error de derecho,
indicó lo siguiente:
“[…] La falsa motivación
Conforme al artículo 137 del CPACA, norma vigente para
cuando se expidieron los actos demandados en este proceso,
la falsa motivación es una de las causales de nulidad de los
actos administrativos.
Para que se configure dicha causal de nulidad es necesario
verificar: (i) la existencia de un acto administrativo que esté
motivado, pues de lo contrario, se estaría frente a una causal
de anulación distinta, la de falta de motivación38 y (ii) la
evidencia de divergencia entre la realidad fáctica o jurídica
que induce a la expedición del acto y los motivos de hecho o
de derecho que la Administración tuvo en cuenta para adoptar
la decisión objeto de cuestionamiento por parte del
administrado.
De este modo, quien alegue la nulidad de un acto
administrativo por falsa motivación, debe probar: (a)
error de hecho: (i) porque los hechos que la Administración
tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no
estuvieron debidamente probados dentro de la actuación
administrativa o (ii) porque esta omitió tener en cuenta
hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido
considerados habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente o (b) error de derecho ante el
39
desconocimiento de los supuestos jurídicos que debían
fundamentar la decisión, ya sea, (i) por inexistencia de
la norma invocada por la autoridad administrativa, (ii)
por ausencia de relación entre la norma invocada por la
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de octubre
de 2021, Stella Jeannette Carvajal Basto, núm. único de radicación 20001-23-33-000-2014-00337-
01(23797).
38
Esta Sala ha precisado que la falta de motivación supone absoluta inexistencia de fundamentos para la
decisión administrativa, en tanto que, la falsa motivación contradice la certeza de la motivación
existente, de manera que tales causales de nulidad son excluyentes y, por tanto, no pueden operar
simultáneamente respecto de una misma decisión administrativa. Lo anterior, sin perjuicio de que un
mismo acto pueda contener varias decisiones afectadas por uno u otro vicio, caso en el cual, las causales
de nulidad concurrirían de manera independiente. En este sentido, cfr. las sentencias del 11 de marzo de
2021, Exp. 23501 y del 5 de agosto de 2021, Exp. 24503, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
39
Sentencia del 23 de junio de 2011, Exp. 16090, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en
la sentencia del 4 de noviembre de 2015, Exp. 21151, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
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Actor: CARLOS EDUARDO PAZ GÓMEZ
entidad y los hechos objeto de su decisión o (iii) por errónea
interpretación40. […]” (Destacado fuera de texto).
En consecuencia, habida cuenta que la entidad demandada al expedir
la Circular DEAJC 14-45 de 2014 acusada violó la cosa juzgada
constitucional e incurrió en falsa motivación por error de derecho, se
concluye que se presentó́ un vicio que afecta la validez del acto
acusado en su totalidad y, por ende, se desvirtuó́ la presunción de
legalidad del mismo41, razón por la cual habrá de declararse su
nulidad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que
de conformidad con el artículo 188 del CPACA, no hay lugar a ello,
habida cuenta que ventila un interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
40
Sentencia del 29 de julio de 2021, Exp. 25346, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello que reiteró la
sentencia del 12 de abril de 2018, de la Sección Quinta en descongestión de la Sección Primera, Exp.
0500123-31-000-2007-03305-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
41
Ver sentencia de 24 de agosto de 2018 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008- 00388-
00 (Acumulado 11001-03-24-000-2008-00173-00), en la que se precisó:
“[...] En el anterior contexto, al estar probados los cargos de falta de competencia y falsa motivación,
la Sala concluye que se desvirtúa por los demandantes la presunción de legalidad de los actos
acusados, razón por la cual declarará su nulidad. [...]” (Destacado fuera de texto).
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Actor: CARLOS EDUARDO PAZ GÓMEZ
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Circular DEAJC 14-45 de 8
de abril de 2014, expedida por la directora ejecutiva de
Administración Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala, en la sesión del día 8 de mayo de 2024.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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