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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2014-00562-00

Fecha
14 de agosto de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2014-00562-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. En firme esta providencia, por la Secretaría de la sección, archívese el expediente dejando las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-24-000-2014-00562-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Catorce (14) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado : 11001032400020140056200 (0177-2022)
Demandante : Ángel María Navia Quintero
Demandadas : Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)
Medio de control: Nulidad – Ley 1437 de 2011
Tema : Demanda de nulidad contra el último párrafo del literal a),
que se encuentra dentro del literal ii) del numeral 2.1.1 del
Título II de la Circular No. 005 del 23 de julio de 2012,
proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio del medio de
control de nulidad, previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), presentó el señor
Ángel María Navia Quintero en contra del último párrafo del literal a), que se
encuentra dentro del literal ii) del numeral 2.1.1 del Título II de la Circular núm.
005 del 23 de julio de 2012, proferida por la Comisión Nacional del Servicio
Civil, que establece “Los servidores que gozan de encargo serán tenidos en cuenta,
atendiendo para ello, la posición jerárquica que ocupan como titulares de derechos de carrera
y no el empleo que ejercen en encargo.”

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda1.

El ciudadano Ángel María Navia Quintero presentó demanda de nulidad en
contra del último párrafo2 del literal a), que se encuentra dentro del literal ii) del
numeral 2.1.1 del Título II de la Circular núm. 005 del 23 de julio de 2012,
expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC.

1
Expediente físico, fl. 1-3
2
Se aclara que el actor hizo mención al parágrafo; sin embargo, la norma no contiene aquél, evidenciándose que el texto
indicado en la demanda corresponde al párrafo final, que es la norma que se entiende por demandada.

2

Número interno: 0177-2022
Demandante: Ángel María Navia Quintero
Demandada: CNSC

Dicha circular está dirigida a los representantes legales y jefes de unidades de
personal de entidades del Sistema General de Carrera, de los sistemas
específicos y de los sistemas a los que por orden de la ley se les aplica
transitoriamente la Ley 909 de 2004; como asunto se indicó “instrucción en materia
de provisión de empleos de carrera y trámite para la provisión transitoria como medida
subsidiaria”.

El aparte demandado establece:
Título II

FORMA DE PROVISIÓN TRANSITORIA
Especificidades en su autorización y aplicación

2.1 El encargo como derecho preferencial.
(...)
2.1.1. Procedimiento para la concesión de encargos
(...)
i) Estudio de verificación de cumplimiento de requisitos
(...)
ii) Requisitos a tener en cuenta.
(...)
a) Que el encargo recaiga en el servidor de carrera que se encuentre
desempeñando el empleo inmediatamente inferior al que se pretende proveer
transitoriamente.
(...)
Los servidores que gozan de encargo serán tenidos en cuenta,
atendiendo para ello, la posición jerárquica que ocupan como titulares de
derechos de carrera y no el empleo que ejercen en encargo; (...)”.

1.1.1 Normas violadas y concepto de violación.

Se indicó como violado el artículo 24 de la Ley 909 de 2004.

El concepto de violación expuesto en la demanda se resume así:

El artículo 24 de la Ley 909 de 2004 establece que el encargo debe recaer
inicialmente en el funcionario de carrera administrativa que esté desempeñando
el cargo inmediatamente inferior; no obstante, la norma cuya nulidad se implora
desbordó dicho marco legal y dispuso que, el criterio a tener en cuenta en estos
eventos no es el empleo inferior que esté desempeñando el empleado de
carrera, sino la posición que aquel ocupe como titular de derecho de carrera.

Alega que la normativa demandada desbordó el marco legal que la regula, le
dio un sentido contrario al querer del legislador, disponiendo que, la posición
jerárquica del funcionario de carrera es la primera opción para optar por un

3

Número interno: 0177-2022
Demandante: Ángel María Navia Quintero
Demandada: CNSC

encargo; cuando lo que determinó el Congreso es que, el funcionario de carrera
que se encuentre ocupando el puesto inmediatamente inferior, siempre que
reúna los requisitos, sin importar su posición en la estructura de la entidad,
podrá optar por aquel.

1.2 Trámite procesal.

La demanda fue instaurada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A”, quien mediante auto del veinte (20) de junio
de dos mil catorce (2014)3, dispuso que no tenía competencia para conocer de
él y ordenó su remisión al Consejo de Estado.

Por reparto la demanda le fue asignada a la Sección Primera, consejero
ponente Dr. Guillermo Vargas Ayala, quien, luego de inadmitirla, por auto del
diecisiete (17) de marzo de dos mil quince (2015) 4 procedió con su admisión,
ordenándose la notificación a la Comisión Nacional del Servicio Civil, al
representante del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado; así como, se les corrió traslado de la demanda.

La entidad llamada a juicio contestó la demanda de forma oportuna 5,
proponiendo excepciones de fondo, de las cuales se corrió el traslado
respectivo, sin que se emitiera pronunciamiento alguno por la parte actora6.

Por auto del diecinueve (19) de enero de dos mil dieciséis (2016) se citó a las
partes para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 180 del CPACA7;
sin embargo, aquella no se llevó a cabo comoquiera que por auto del dos (2)
de junio de dos mil dieciséis (2016) el consejero para esa época ponente
dispuso que, en virtud del objeto de la demanda – nulidad simple contra un acto
administrativo que versa sobre asunto laboral-, la competencia estaba en cabeza de la

Sección Segunda del Consejo de Estado, donde se debatía otro asunto en
contra de la misma circular; ante ello, ordenó la remisión del expediente al
competente8.

3
Expediente físico, fl. 9-11
4
Expediente físico, fl. 9-11
5
Expediente físico, fl. 35-38
6
Expediente físico, fl. 50-51
7
Expediente físico, fl. 53-54
8
Expediente físico, fl. 62-63

4

Número interno: 0177-2022
Demandante: Ángel María Navia Quintero
Demandada: CNSC

Ya en conocimiento de la Sección Segunda, el consejero ponente Dr. Cesar
Palomino Cortés, por medio del auto del veintiuno (21) de mayo de dos mil
veinte (2020) declaró extemporánea la solicitud de acumulación de este asunto
con el proceso tramitado bajo el radicado núm. 11001032500020120079500
(2566-2012), ordenando devolver el expediente a la Sección Primera 9.

El consejero de la Sección Primera que conoció desde el inicio el presente
asunto por auto del veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021)10
dispuso nuevamente remitir el expediente a la Sección Segunda, al ser la
competente para conocer de él, dada la naturaleza del acto administrativo
acusado. Es así como por reparto efectuado el veinte (20) de enero de dos mil
veintidós (2022)11 se asignó el proceso al actual consejero ponente.

Posteriormente, a través de auto del veinticuatro (24) de junio de dos mil
veinticuatro (2024)12 se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 182A del
CPACA, resolviéndose tener por contestada la demanda, se decretaron las
pruebas, se fijó el litigio, se dispuso proferir sentencia anticipada, corriendo el
traslado respectivo para que los sujetos procesales alegaran de conclusión y el
Ministerio Público rindiera el concepto respectivo. Dentro del plazo legal no se
emitió pronunciamiento alguno por los interesados.

1.3 Contestación de la demanda

1.3.1. Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)13

Se opuso a las pretensiones incoadas al considerar que carecen de
fundamento legal y respaldo probatorio.

Informó que, la Circular No. 005 del 23 de julio de 2012 expedida por la CNSC
fue suspendida provisionalmente por decisión proferida por el Consejo de
Estado, dentro del proceso radicado bajo el núm. 110001-03-25-000-2012-
00795-00, el día cinco (5) de mayo de dos mil catorce (2014).

9
Expediente físico, fl. 73-81
10
Expediente físico, fl. 92-96
11
Expediente físico, fl. 101
12
Expediente digital, Samai- índice 65
13
Expediente físico, fl. 35-38

5

Número interno: 0177-2022
Demandante: Ángel María Navia Quintero
Demandada: CNSC

Con ocasión de la citada orden judicial, manifestó que instruyó a los
representantes legales y jefes de unidades de personal de las entidades del
Sistema General de Carrera, de los Sistemas Específicos y de los Sistemas
Especiales que por orden les aplican las disposiciones de la Ley 909 de 2004,
con el fin de que se abstuvieran de proveer transitoriamente los empleos de
carrera a través de encargos o nombramientos provisionales mientras durara
la suspensión de la circular.

Propuso como excepciones las que denominó “Excepción de legalidad del
aparte demandada de la Circular 005 de 2012 e Innominada”.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, en
armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201914, expedido por la Sala Plena
del Consejo de Estado, la Sección Segunda es competente para conocer en
única instancia de los actos administrativos expedidos por autoridades del
orden nacional y de naturaleza laboral. La disposición acusada, fue expedida
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad del orden nacional,
conforme al artículo 130 de la Constitución Política, Ley 909 de 2004 artículo 7
y Acuerdo 001 de 2004 (artículo 2). En cuanto a la naturaleza del asunto,
corresponde a un asunto laboral pues la Circular No. 005 del 23 de julio de
2012, proferida por la CNSC, contiene instrucciones en materia de provisión
definitiva de empleos de carrera y trámite para la provisión transitoria como
medida subsidiaria; dentro de las cuales está el último párrafo del literal a), que
se encuentra dentro del literal ii) del numeral 2.1.1 del Título II de la citada
circular y que es la norma aquí demandada.

2.2 Problema jurídico.

Por auto del veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticuatro (2024), se dispuso
dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada, y el litigio se fijó así:

14
«Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que
conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1. Los procesos de simple nulidad de actos
administrativos que versen sobre asuntos laborales».

6

Número interno: 0177-2022
Demandante: Ángel María Navia Quintero
Demandada: CNSC

“Se precisa que la controversia atañe a un asunto de puro derecho, concerniente
a la legalidad o no del literal ii del numeral 2.1.1 del Título II de la Circular 005 del
23 de julio de 2012 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en cuanto establece
que “Los que gozan de encargo serán tenidos en cuenta atendiendo para ello la
posición jerárquica que ocupan como titulares de derechos de carrera y no el
empleo que ejercen en encargo.” Específicamente, establecer si el aparte acusado
de la Circular contraría lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, el
cual, según el demandante, establece imperativamente que el encargo debe
recaer inicialmente en el funcionario de carrera administrativa que esté
desempeñando el cargo inmediatamente inferior, y por su parte la Circular
acusada, en extralimitación y desborde de funciones de reglamentación, establece
que el criterio a tener en cuenta, no es el empleo inferior que esté desempeñando
el empleado de carrera, sino la posición jerárquica que ocupen los funcionarios
como titulares de derechos de carrera.
Por tanto, el despacho considera que el litigio comporta únicamente carácter
jurídico, relacionado con la violación de normas superiores invocadas por el
demandante por la disposición acusada.
Pero, de manera previa, se debe establecer si el fallo proferido en el proceso
radicado número 11001032500020120079500 (2566-2012), el 20 de mayo de
2021, corregido por auto del 14 de octubre de 2021, constituye cosa juzgada para
el presente litigio, teniendo en cuenta que en dicho proceso también se solicitó la
nulidad de la Circular 005 del 23 de julio de 2012 expedida por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, incluida la del numeral 2.1.1 del Título II del acto
acusado, dentro del cual se encuentra el último párrafo del literal a), que se
encuentra dentro del literal ii), aquí acusado”.

El problema jurídico que plantea el litigio, exige resolver el siguiente
interrogante: ¿El último párrafo del literal a), que se encuentra dentro del literal
ii) del numeral 2.1.1 del Título II de la Circular No. 005 del 2012, proferida por
la CNSC, vulnera el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, por cuanto desbordó lo
establecido por el legislador, quien determinó que el encargo debe recaer
inicialmente en el funcionario de carrera administrativa que esté desempeñando
el cargo inmediatamente inferior; mientras que la citada circular dispuso que el
criterio a tener en cuenta no era el empleo inferior que esté desempeñando el
empleado de carrera, sino la posición jerárquica que ocupen los funcionarios
como titulares de derechos de carrera?

No obstante, previo a resolver el anterior problema jurídico deberá analizar la
Sala la naturaleza de la circular demandada; así como, si se configura el
fenómeno jurídico de la cosa juzgada entre este asunto y el ya decidido por el
Consejo de Estado dentro del proceso con radicación num.
11001032500020120079500 (2566-2012); solo de demostrarse que no se
presentó aquel se analizará el fondo del asunto.

2.3. Hechos probados

Del material probatorio allegado tenemos acreditado que:

7

Número interno: 0177-2022
Demandante: Ángel María Navia Quintero
Demandada: CNSC

La CNSC expidió el 23 de julio de 2012 la Circular No. 005, dirigido a los
representantes legales y jefes de unidades de personal de entidades del
Sistema General de Carrera, de los sistemas específicos y de los sistemas
especiales a los que por orden de la ley se les aplica transitoriamente la Ley
909 de 2004; mediante la cual impartió instrucciones en materia de provisión
definitiva de empleos de carrera y trámite para la provisión transitoria como
medida subsidiaria15.

Así mismo, obra en el plenario el expediente del proceso radicado núm.
11001032500020120079500 (2566-2012), en el cual también se analizó, entre
otros, la legalidad de la Circular No. 005 del 23 de julio de 2012, en el cual se
dictó por parte de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
sentencia el veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), corregida por
medio del auto del catorce (14) de octubre dos mil veintiuno (2021)16.

2.4 La circular demandada

La demanda se incoó en contra del último párrafo del literal a), que se encuentra
dentro del literal ii) del numeral 2.1.1 del Título II de la Circular No. 005 del 23
de julio de 2012, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en
adelante CNSC.

El aparte demandado establece:
Título II

FORMA DE PROVISIÓN TRANSITORIA
Especificidades en su autorización y aplicación

2.1 El encargo como derecho preferencial.
(...)
2.1.1. Procedimiento para la concesión de encargos
(...)
iii) Estudio de verificación de cumplimiento de requisitos
(...)
iv) Requisitos a tener en cuenta.
(...)

15
Expediente físico, fl. 44-50
16
Expediente digital, Samai, índice 69

8

Número interno: 0177-2022
Demandante: Ángel María Navia Quintero
Demandada: CNSC

b) Que el encargo recaiga en el servidor de carrera que se encuentre
desempeñando el empleo inmediatamente inferior al que se pretende proveer
transitoriamente.
(...)
Los servidores que gozan de encargo serán tenidos en cuenta,
atendiendo para ello, la posición jerárquica que ocupan como titulares de
derechos de carrera y no el empleo que ejercen en encargo; (...)”.

La citada Circular No. 005 del 23 de julio de 2012 está dirigida a los
representantes legales y jefes de unidades de personal de entidades del
Sistema General de Carrera, de los sistemas específicos y de los sistemas a
los que por orden de la ley se les aplica transitoriamente la Ley 909 de 2004;
como asunto se indicó “instrucción en materia de provisión de empleos de carrera y trámite
para la provisión transitoria como medida subsidiaria”.

De su análisis se logra advertir que a través de ella se imparten instrucciones a
los nominadores de las entidades que son regidas por la Ley 909 de 2004, a
tener en cuenta cuando se tramiten nombramientos en las modalidades de
encargo, nombramiento en provisionalidad o sus prórrogas; imponiendo de ese
modo deberes que aquellos deben cumplir, con el fin que estas formas de
provisión del empleo sean excepcionales.

En este punto debe recordarse que, las circulares son actos administrativos
cuando contienen una decisión de la administración capaz de producir efectos
jurídicos frente a los administrados17; en ese orden de ideas, dado que la
circular aquí acusada impone cargas, deberes y obligaciones a los
representantes legales y jefes de unidades de personal de entidades del
Sistema General de Carrera, de los sistemas específicos y de los sistemas a
los que por orden de la ley se les aplica transitoriamente la Ley 909 de 2004
para poder proveer los cargos en la modalidad de encargo o provisional; no se
limita a reproducir la Ley 909 de 2004 sino que la desarrolla; se considera que
es un acto administrativo susceptible de control judicial.

2.5 Cosa Juzgada

17 Frente al tema de cuando una circular constituye un acto administrativo se puede consultar, entre otras, la sentencia
del C.E. Sala Veintidós Especial de Decisión, del 28 de agosto de 2020, radicación 11001-03-15-000-2020-01099-00,
C.P. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

9

Número interno: 0177-2022
Demandante: Ángel María Navia Quintero
Demandada: CNSC

Tal como lo ha precisado la Corte Constitucional, “La cosa juzgada es una institución
jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en
algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados
efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la
terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica (…) 18”.

La figura está reglamentada en el artículo 303 del Código General del Proceso
(CGP), aplicable por remisión del 306 del CPACA, norma según la cual para
que se configure aquella deben cumplirse con tres (3) presupuestos, a saber:
(i) el nuevo proceso debe versar sobre el mismo objeto, es decir, que la
pretensión sea idéntica a la debatida en el anterior trámite en el que se dictó el
fallo ejecutoriado, (ii) se debe fundar en la misma causa, esto es, que entre la
demanda y la sentencia proferida en el anterior asunto haya semejanza en los
fundamentos de hecho y de derecho, y (iii) debe existir identidad jurídica de
partes.

No obstante, debe aclararse que, cuando se trate de cosa juzgada en procesos
de nulidad simple, el Consejo de Estado ha señalado que la identidad de partes
no resulta relevante, dado el carácter público de la acción de nulidad simple,
que busca proteger el interés general y en donde se entiende que el
demandante no actúa en beneficio propio sino en interés del orden jurídico; así
se desprende de lo señalado por la Sala Plena de la Corporación en sentencia
del veintiséis (26) de julio de dos mil cinco (2005)19

“Así mismo la jurisprudencia ha dicho que este tercer requisito, denominado límite
subjetivo de la institución de la cosa juzgada, no tiene aplicación alguna en los procesos
contencioso administrativos de nulidad, pues las sentencias que sobre ellos recaiga
tienen un valor erga omnes, como lo establece el artículo 175 del Código Contencioso
Administrativo, lo cual implica que son oponibles a cualquier demandante que pretende,
por los mismos motivos, iniciar nuevamente el debate judicial. Además en estos procesos
la parte actora no promueve la acción en interés particular, sino en interés del orden
jurídico (...)”.

Bien, por su parte el artículo 189 del CPACA, en relación a la cosa juzgada
respecto de sentencias de nulidad dictadas por esta jurisdicción, preceptúa que
«La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de
cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes
pero solo en relación con la causa petendi juzgada (…)».

18
C.C. Sentencia C-100 de 2019
19
C.E. Sala Plena, C.P.: ANA MARGARITA OLAYA FORERO, Radicación número: 11001-03-15-000-1999-00217-01(REV)

10

Número interno: 0177-2022
Demandante: Ángel María Navia Quintero
Demandada: CNSC

Sobre este fenómeno de la cosa juzgada, el Consejo de Estado20 precisó:

“Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la cosa Juzgada se estructura a
partir de dos premisas, una objetiva relacionada con el objeto y la causa de la
controversia, y otra subjetiva relativa a los sujetos que intervienen en un proceso.
(…)
En cuanto al límite subjetivo, los efectos de la cosa juzgada son por regla general
interpartes, con excepción de las decisiones que producen efectos erga omnes, caso en
el cual los mismos son oponibles de manera general.
(…)
De conformidad con la norma transcrita, la sentencia que decrete la nulidad de un acto
administrativo tiene efectos erga omnes de manera plena, por lo que respecto de dicho
acto no resulta posible adelantar un nuevo proceso en el que se solicite su anulación.
Sin embargo, cuando se trate de sentencias en las que se denieguen la nulidad, los
efectos de cosa juzgada solo recaen sobre la causa petendi, razón por la cual es posible
que respecto de los actos que son objeto de la decisión se puedan tramitar nuevos
procesos, los cuales deben tener por fundamento una causa distinta a la resuelta en la
sentencia que negó la pretensión nugatoria.
(…)
Atendiendo a los anteriores conceptos, se concluye que, tratándose de sentencias que
sean emitidas dentro de un proceso en el que se pretenda la nulidad de un acto
administrativo, el objeto corresponde al acto mismo, entretanto la causa se circunscribe
a los cargos en que se estructure la pretensión de nulidad (…).”

En conclusión, la figura de la cosa juzgada tiene como fundamento el principio
constitucional de la seguridad jurídica, por cuanto, una vez en firme las
decisiones judiciales, no es dable que se reabra el debate jurídico zanjado a
través de estas con otro proceso judicial, en atención a la intangibilidad e
inmutabilidad que adquieren ante su ejecutoria.

Aclarado lo anterior, se pasa al análisis de este asunto y el proceso radicado
bajo el núm. 11001032500020120079500 (2566-2012), en el cual se dictó por
parte de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado sentencia
el veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), corregida por medio del auto
del catorce (14) de octubre dos mil veintiuno (2021)21, con miras a determinar
si se presentó o no la figura jurídica en cita, así:

Requisito Radicado Radicado
11001032400020140056200 11001032500020120079500
(0177-2022) (2566-2012)
Identidad de Demandante: Demandante:
partes Ángel María Navia Quintero Iván Alexander Chinchilla Alarcón
(Aclarando que
no resulta Demandado: Demandado:
relevante dado Comisión Nacional del Servicio Nación – Departamento Administrativo
que se trata de Civil - CNSC de la Función Pública y Comisión
nulidad simple) Nacional del Servicio Civil - CNSC
Identidad de Último párrafo del literal a), que - algunos apartes del artículo 1° del
objeto se encuentra dentro del literal ii) Decreto 4968 de 27 de diciembre de
del numeral 2.1.1 del Título II de 2007.

20
C.E., Sección Primera, C.P.: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, sentencia del 7 de diciembre de 2017,
Radicación número: 05001-23-33-000-2015-02253-01.
21
Expediente digital, Samai, índice 69

11

Número interno: 0177-2022
Demandante: Ángel María Navia Quintero
Demandada: CNSC

la Circular No. 005 del 23 de - algunos apartes de la Circular No.
julio de 2012, proferida por la 005 de 23 de julio de 2012 expedida
Comisión Nacional del Servicio por la Comisión Nacional del Servicio
Civil. Civil, mediante la cual se da una
“Instrucción en materia de provisión
definitiva de empleos de carrera y
trámite para la provisión transitoria
como medida subsidiaria”; entre
ellos, el numeral 2.1.1. en su
integridad.
• numeral 4° del Concepto de 28 de
mayo de 2013, proferido por la
CNSC.
• parágrafo 5° del artículo 2° y el
parágrafo 1° del artículo 3° de la
Resolución N° 4122.0.21.971 de 24
de octubre de 2014, expedida por el
director de Desarrollo Administrativo
de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Identidad de Se alega que la norma Fueron varios los cargos de violación
Causa demandada viola el artículo 24 que se presentaron en contra de los
de la Ley 909 de 2004 el cual actos acusados, los cuales se resumen
establece que el encargo debe así:
recaer inicialmente en el
funcionario de carrera i) Violación directa de los artículos 125,
administrativa que esté 130, numeral 13 del artículo 189, 305
desempeñando el cargo y 315 de la Constitución Política,
inmediatamente inferior; no artículo 13 de la Ley 489 de 1998
obstante, la disposición cuya modificado por el artículo 45 del
nulidad se implora desbordó Decreto Ley 19 de 2012, y artículos
dicho marco legal y dispuso 11, 12, 24 y 25 de la Ley 909 de
que, el criterio a tener en cuenta 2004, por establecer que se debe
en estos eventos no es el tramitar autorización ante la
empleo inferior que esté Comisión Nacional del Servicio Civil
desempeñando el empleado de para poder efectuar encargos y
carrera, sino la posición que nombramientos provisionales.
aquel ocupe como titular de ii) Violación directa de los artículos 84,
derecho de carrera. 125 y 130 de la Constitución
Política,11, 12, 24 y 25 de la Ley 909
de 2004, y 39 y 40 del Decreto Ley
19 de 2012, entre otras
disposiciones, por establecer
trámites y procedimientos no
autorizados por la Ley.
iii) Vulneración del artículo 4 de la Ley
909 de 2004, y de los Decretos 765,
775, 780 y 790 de 2005, expedidos
por el Presidente de la República en
ejercicio de facultades
extraordinarias conferidas por el
artículo 53 de la Ley 909 de 2004,
mediante los cuales se establecen
los sistemas específicos de carrera
administrativa para la Unidad
Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN, para las Superintendencias de
la Administración Pública Nacional,
para los empleados del
Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y para la
Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, respectivamente,
por hacer extensivas a los Sistemas
Específicos de Carrera

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Número interno: 0177-2022
Demandante: Ángel María Navia Quintero
Demandada: CNSC

Administrativa las regulaciones
propias del Sistema General de
Carrera, desconociendo las de
dichos Sistemas Específicos,
contenidos en Leyes Especiales.

Sumado a lo anterior, debe indicarse que, tal como se dijo en precedencia
dentro del proceso radicado bajo el num. 11001032500020120079500 (2566-
2012), se dictó por parte de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado sentencia el veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), corregida
por medio del auto del catorce (14) de octubre dos mil veintiuno (2021); en dicha
providencia, respecto a la circular que dio origen a este asunto se accedió
parcialmente a las pretensiones, así:

"SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de la Circular N° 05 de 23 de julio de 2012
en lo que atañe los literales g) de/numeral 2.1.4 y vii) circular que hacen relación al trámite
de autorización de prórrogas de encargos y nombramientos en provisionalidad. (...)"

Las demás pretensiones en contra de la circular fueron negadas; en la parte
considerativa de la citada providencia se dijo:

“De acuerdo con lo anterior, se advierte que los apartes contenidos en los títulos primero
y segundo de la circular demanda se dirigen a i) definir las formas de provisión transitoria
de los empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva, ii) establecer el alcance
y procedimiento para la provisión de dichos cargos y, ii) orientar a las entidades sobre
los elementos o requisitos que debe contener la solicitud de autorización que deben
presentar los nominadores ante la CNS C, para designar a un servidor bajo las
modalidades de encargo y provisionalidad.

Debe tenerse en cuenta que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en ejercicio de sus
funciones de administración y vigilancia de la carrera administrativa, otorgadas por la
Constitución y la Ley, tiene el deber de actuar conforme los principios de economía,
celeridad, y eficiencia, propios de la función administrativa, para garantizar que los
cometidos constitucionales relacionados con la carrera administrativa se cumplan a
cabalidad y, en este sentido no puede permitir que los mecanismos excepcionales para
la provisión de empleos de carrera, tales como los encargos y los nombramientos
provisionales, se conviertan en reglas de aplicación general que contraríen el orden de
prioridad establecidos en el artículo 7 del Decreto 1227 de 2005.

De esta manera, se observa que los apartes contenidos en los títulos cuestionados,
desarrollan los parámetros legales que regulan las figuras del encargo y la
provisionalidad establecidos en la Ley 909 de 2004, así como el procedimiento fijado en
el Decreto Ley 760 de 2005 y los Decretos 1227 de 2008 y 4968 de 2007. Por
consiguiente, la Sala considera que tales títulos no desconocen el ordenamiento jurídico,
ni desbordan la competencia administrativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
pues resulta evidente que el texto demandado se expidió con sujeción a las potestades
otorgadas por el literal h) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004. Por ende, no prosperan
los cargos contra dichos apartes (…)”.

En ese orden de ideas, debe la Sala precisar que en este asunto no se configura
el fenómeno de la cosa juzgada respecto al proceso radicado bajo el núm.
11001032500020120079500 (2566-2012); lo anterior con fundamento en:

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• No se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 303 del CGP.

Lo primero es recordar que en estos casos, dado que el demandante no actúa
con interés propio sino general, no resulta relevante la identidad de partes,
debiéndose tan solo indicar que en ambos asuntos analizados dentro del
extremo pasivo está la CNSC.

Ahora, en cuanto a la identidad de objeto tenemos que en este asunto se debate
la legalidad de apartes de la Circular No. 005 de 23 de julio de 2012,
específicamente el último párrafo del literal a), que se encuentra dentro del
literal ii) del numeral 2.1.1 del Título II; en el proceso con radicado interno 2566-
2012 se demandó la nulidad, entre otros, de algunos apartes de la citada
circular, dentro de los cuales estaba el numeral 2.1.1. en su integridad;
entendiéndose entonces que dentro de aquella estaba incluido el último párrafo
del literal a), aquí acusado; ante ello, se considera que este requisito está
cumplido.

Diferente ocurre con la identidad de causa, la cual no se configura en este
asunto, comoquiera que los motivos que se expusieron en ambas demandas
para solicitar la nulidad de la norma son diferentes, tal como se aprecia en el
cuadro que antecede.

Lo anterior por cuanto, si bien dentro del proceso que se tramitó bajo la
radicación 1001032500020120079500 (2566-2012) se hizo mención al artículo
24 de la Ley 909 de 2004, los argumentos expuestos en ese momento distan
de lo aquí debatido, en ella se expuso que la citada norma resultaba violada
por cuanto la circular condicionó la designación de los servidores públicos a
través del encargo y los nombramientos en provisionalidad en empleos de
carrera administrativa a la autorización previa que debía otorgar la CNSC,
cuando aquél permiso no era exigido por la ley.

Mientras que en este proceso se alega que el citado artículo 24 de la Ley 909
de 200 resulta infringido bajo el argumento que la normativa acusada desbordó
el marco legal que la regula, le dio un sentido contrario al querer del legislador,
disponiendo que, la posición jerárquica del funcionario de carrera es la primera
opción para optar por un encargo; cuando lo que determinó el Congreso es que,
el funcionario de carrera que se encuentre ocupando el puesto inmediatamente

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inferior, siempre que reúna los requisitos, sin importar su posición en la
estructura de la entidad, podrá optar por aquel. En el proceso ya decidido por
esta Corporación no se presentó inconformidad por este motivo.

Entonces, no existe identidad de causa y ante ello, no se configuró la cosa
juzgada.

• La sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso
radicado bajo el núm. 11001032500020120079500 (2566-2012) negó
las pretensiones respecto al numeral 2.1.1 que contiene el aparte
normativo aquí acusado.

Debe recordarse que la jurisprudencia del Consejo de Estado citada en líneas
anteriores22 dispuso que, cuando el proceso que se adelante sea en ejercicio
del medio de control de nulidad simple y en él se nieguen las pretensiones,
como aquí ocurrió respecto a la nulidad solicitada en aquel sobre la totalidad
del numeral 2.1.1, incluido el aparte aquí acusado, la cosa juzgada recae
solamente sobre la causa petendi juzgada, permitiendo que se puedan iniciar
nuevos procesos con fundamentos o causas distintas para solicitar la nulidad
del mismo acto administrativo.

En ese orden de ideas, dado que los motivos que dan origen a este asunto no
fueron objeto de análisis en el proceso ya decidido y donde se negó la
pretensión respecto a la nulidad del pluricitado numeral 2.1.1 de la Circular No.
005 del 23 de julio de 2012 proferida por la CNSC, se concluye que no se
configura la cosa juzgada.

Así las cosas, se debe pasar a analizar el fondo del asunto.

2.5 Marco normativo y jurisprudencial

2.6.1. Régimen general de carrera administrativa

El artículo 125 de la Constitución Política dispone que los empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera, excepto los de elección popular,

22
C.E., Sección Primera, C.P.: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, sentencia del 7 de diciembre de 2017,
Radicación número: 05001-23-33-000-2015-02253-01.

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libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley. El sistema de nombramiento será por concurso público, el
ingreso y el ascenso en los mismos se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades
de los aspirantes.

El artículo 130 de la Constitución contempló la existencia de una Comisión
Nacional del Servicio Civil como la autoridad encargada de la administración y
vigilancia de las carreras de los servidores públicos, “responsable de la
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción
hecha de las que tengan carácter especial”.

La presencia de un órgano nacional del más alto nivel, autónomo e
independiente de las ramas del poder público se explica ante la necesidad de
que la puesta en marcha de la carrera administrativa y su permanente veeduría
se encuentre revestida de las máximas garantías de imparcialidad y
transparencia, al margen del influjo de otras instancias del poder público 23.

En providencia del 13 de diciembre de 2019, la Corporación24 recordó que en
el sistema jurídico existen tres categorías de carrera: (i) general de carrera de
que trata el artículo 125 antedicho y contenido en la Ley 909 de 2004; (ii) los
sistemas especiales de origen constitucional sujetos a una regulación diferente
por parte del legislador y, (iii) los sistemas especiales de carrera de origen legal.

Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación25 señaló, en
resumen, que en vigencia de la Constitución de 1991 se expidió la Ley 443 de
199826 para regular la carrera administrativa. Dicha ley fue derogada por la Ley
909 de 200427, actualmente vigente, con algunas modificaciones. Entre los
asuntos regulados por la Ley 909 están el empleo público y la carrera
administrativa.

En su artículo 1º, la Ley 909, con base en las normas constitucionales,
establece que hacen parte de la función pública los empleos públicos de carrera

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Providencia del 29 de mayo de 2020, Radicado No. 11001-
03-25-000-2018-00605-00.
24
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicado No. 11001-03-06-000-2019-00202-00(2437).
25
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicado No. 11001-03-06-000-2020-00205-00 (2455).
26
“Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”.
27
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones”.

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y de libre nombramiento y remoción, los empleos de periodo fijo y los empleos
temporales.

En el artículo 5º reitera que los empleos públicos son de carrera, a la vez que
señala cuáles son los empleos de libre nombramiento y remoción en los
distintos órganos, organismos y entidades del Estado.

En el Título IV, la Ley 909 regula el ingreso y el ascenso al empleo público; en
su artículo 23 clasifica los nombramientos en: i) ordinarios, para los cargos de
libre nombramiento y remoción; y ii) en periodo de prueba y iii) en ascenso, para
los empleos de carrera, salvo lo que se prevea en las carreras especiales. En
el artículo 24, trata del encargo como un derecho de los empleados de carrera
para ocupar empleos inmediatamente superiores a los que desempeñan en
propiedad, si reúnen los requisitos señalados en la norma.

En el artículo 27 se definió la carrera administrativa como un sistema técnico
de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para
el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso
y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará
exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los
que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna.

El artículo 28 enlistó y definió los principios que deberán orientar la ejecución
de dichos procesos, entre los que se encuentran: el mérito, la libre concurrencia
e igualdad en el ingreso, la publicidad, la transparencia, la eficacia y la
eficiencia.

2.6.2. La figura del encargo

Esta figura es una modalidad de provisión temporal de empleos públicos que
consiste en designar a un empleado para asumir total o parcialmente las
funciones de otro empleado cuyo cargo está vacante, sea por ausencia
temporal o definitiva del titular. La cual está regulada, entre otras normas, por
el artículo 18 del Decreto 2400 de 1968, artículo 18 de la Ley 344 de 1996 y la
Ley 909 de 2004, y se distingue claramente del nombramiento en propiedad en
cuanto a duración, estabilidad y efectos jurídicos.

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El encargo tiene un doble carácter jurídico:

• Es una situación administrativa reconocida en la ley, donde el empleado
asume funciones diferentes de forma temporal sin que esto afecta su
carrera administrativa ni su antigüedad.
• Es una forma transitoria de provisión de empleos, que no confiere la
estabilidad propia del nombramiento en propiedad, y busca garantizar la
continuidad en la prestación del servicio público hasta que la vacante
sea provista de manera definitiva en un proceso de selección.

La citada Ley 909 de 2004 en su artículo 24, modificado por el artículo 1 de la
Ley 1960 de 2019, sobre la figura del encargo consagra:

ARTÍCULO 24. ENCARGO. Mientras se surte el proceso de selección para proveer
empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser
encargados en estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y
habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último
año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente.

En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente, el
encargo deberá recaer en quienes tengan las más altas calificaciones descendiendo del
nivel sobresaliente al satisfactorio, de conformidad con el sistema de evaluación que
estén aplicando las entidades. Adicionalmente el empleado a cumplir el encargo deberá
reunir las condiciones y requisitos previstos en la ley.

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo
inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad.
Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva,
podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre
nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.

En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses,
prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto
en forma definitiva.

PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en este artículo se aplicará para los encargos que sean
otorgados con posterioridad a la vigencia de esta ley.

PARÁGRAFO 2o. Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o
nombramiento provisional, el nominador o en quien este haya delegado, informará la
existencia de la vacante a la Comisión Nacional del Servicio Civil a través del medio que
esta indique.

2.6.3 Análisis del cargo de nulidad.

La Sala debe establecer, si el último párrafo del literal a), que se encuentra
dentro del literal ii) del numeral 2.1.1 del Título II de la Circular No. 005 del 23
de julio de 2012, proferida por la CNSC se encuentra viciado de nulidad, al
contrariar las disposiciones del artículo 24 de la Ley 909 de 2004.

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La normativa acusada particularmente establece lo siguiente “Los servidores que
gozan de encargo serán tenidos en cuenta, atendiendo para ello, la posición jerárquica que
ocupan como titulares de derechos de carrera y no el empleo que ejercen en encargo ”.

Por su parte, el ya citado artículo 24 de la Ley 909 de 2004, en lo que resulta
relevante consagra “El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre
desempeñando el cargo inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad” .

Frente al acto, el reparo del demandante consiste en que, en su entender, la
normativa demandada desbordó el marco legal que la regula, le dio un sentido
contrario al querer del legislador, disponiendo que, la posición jerárquica del
funcionario de carrera es la primera opción para optar por un encargo; cuando
lo que determinó el Congreso es que, el funcionario de carrera que se encuentre
ocupando el puesto inmediatamente inferior, siempre que reúna los requisitos,
sin importar su posición en la estructura de la entidad, podrá optar por aquel.

Inicialmente, hay que recordar que, como lo ha sostenido la Corporación, el
medio de control de nulidad procede contra los actos de carácter general, que
hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse,
o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió.

De otra parte tenemos que, conforme lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
909 de 2004, es competencia de la CNSC:

“(…)
a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos
generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión
de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica
la presente ley;
b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para
contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de
la presente ley;
c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos
públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que
establezcan la presente ley y el reglamento;
d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas
sobre evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;
e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el
Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan
sido suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de
Datos de empleados de carrera desplazados por razones de violencia;
f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores,
las listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera

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administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad
con la información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere el literal
anterior;
g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos
en carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes;
h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las
normas que regulan la carrera administrativa;
i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través
de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior,
que contrate para tal fin;
j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la
gestión del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las
carreras y la evaluación del desempeño;
k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera
administrativa.

Entonces, lo primero es precisar que la Circular No. 005 del 23 de julio de 2012
fue expedida por la CNSC en uso de la facultad otorgada por el literal h) del
artículo 11 de la Ley 909 de 2004, en virtud de la cual la entidad llamada a juicio
puede expedir circulares instructivas acerca de la carrera administrativa.

Así mismo, debe indicarse que, el aparte demandado no puede ser analizado
de forma aislado del resto de la normativa, de allí que se haga necesario
contextualizar el contenido íntegro de aquella.

El título II, donde está contenido el aparte acusado establece las formas de
provisión transitoria; en concreto el numeral 2.1. consagra el encargo como
derecho preferencial; a su vez el numeral 2.1.1 señala el procedimiento para la
concesión de dichos encargos y, el literal ii) los requisitos a tener en cuenta
para acceder a la figura del encargo, dentro de ellos, en el numeral a) se precisa
que el encargo debe recaer en el servidor de carrera que se encuentre
desempeñando el empleo inmediatamente inferior al que se pretende proveer
transitoriamente, tal como lo dispuso el legislador en el artículo 24 de la Ley
909 de 2004.

Justamente el citado artículo 24 – Ley 909 de 2004 – establece que quienes tienen
derecho a ocupar un empleo en la modalidad de encargo, son los empleados
de carrera, siendo entonces un requisito sine qua non -indispensable- contar con
tales derechos –de carrera administrativa- además de ello, se debe acreditar los
requisitos legales para ejercer el cargo, poseer las aptitudes y habilidades para
su desempeño, no haber sido sancionados disciplinariamente en el último año
y contar con una evaluación de desempeño sobresaliente; en caso de no haber
candidatos con evaluación sobresaliente, se tomaran en cuenta quienes tengan

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las más altas calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente al
satisfactorio.

Adicionalmente, la norma en mención señala que “El encargo deberá recaer en un
empleado que se encuentre desempeñando el cargo inmediatamente inferior de la planta de
personal de la entidad” (Se destaca).

Siendo así las cosas, para efectos de definir quien puede ocupar un empleo en
la modalidad de encargo, es necesario analizar la estructura de la entidad,
identificar el o los servidores de carrera administrativa que desempeña el
empleo inmediatamente inferior a aquél que se encuentra vacante, sin
distinción por dependencia ni ubicación geográfica y; así mismo, examinar que
el destinatario cumpla con los requisitos del artículo 24 de la Ley 909 de 2004;
lo anterior, con miras a garantizar el reconocimiento del derecho preferencial.

Sin embargo, contrario a lo que pretende el demandante, para garantizar ese
derecho preferencial al encargo solo es posible tener en cuenta el empleo que
se desempeñe en propiedad, mas no otras alternativas; de allí que cuando el
aparte de la circular acusada establece que “Los servidores que gozan de encargo
serán tenidos en cuenta, atendiendo para ello, la posición jerárquica que ocupan como titulares
de derechos de carrera y no el empleo que ejercen en encargo”; no desconoce lo

dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, justamente, lo que hace es
darle aplicación a dicha disposición, según la cual “el encargo deberá recaer en un
empleado que se encuentre desempeñando el cargo inmediatamente inferior de la planta
de personal de la entidad”.

La posición jerárquica del funcionario de carrera, si resulta indispensable al
momento de proveer un empleo bajo la modalidad del encargo, comoquiera que
la primera opción para ocuparlo es quien tenga derechos de carrera sobre el
cargo inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad, mas no
quien lo ejerza en cualquier otra modalidad, incluso, si aquella es a través de
otro encargo ocupado por alguien que tenga derecho de carrera, pero en una
posición inferior.

En ese orden de ideas, para la Sala la previsión que hizo la CNSC en el aparte
acusado, no desconoce el ordenamiento jurídico, ni desborda la competencia
administrativa de la entidad llamada a juicio, pues resulta evidente que el texto
demandado se expidió con sujeción a las potestades otorgadas por el literal h)

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del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 y, acoge justamente lo dispuesto en el
artículo 24 de la ley en mención. Por ende, las pretensiones de la demanda no
están llamadas a prosperar.

Finalmente, precisa la Sala que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, no se dispondrá sobre la condena en costas por la
naturaleza del asunto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. En firme esta providencia, por la Secretaría de la sección,
archívese el expediente dejando las constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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