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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00574-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00574-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. 18 “[…] ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [...]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42 Número único de radicación 11001 03 24 000 2014 00574 00 Actor: HERNÁN AUGUSTO ARISTIZÁBAL GARCÍA

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2014-00574-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Número único de radicación 110010324000201400574001
Referencia: Acción de nulidad
Actor: HERNÁN AUGUSTO ARISTIZÁBAL GARCÍA

TESIS: EL DECRETO NÚM. 3016 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013 “[…] POR EL
CUAL SE REGLAMENTA EL PERMISO DE ESTUDIO PARA LA RECOLECCIÓN DE
ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON
FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES […]”, FUE EXPEDIDO
POR EL GOBIERNO NACIONAL SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 13, 25, 27
Y 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 189 SUPERIOR,
NUMERAL 11, Y LAS LEYES 99 Y 489, EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO
LEY 3570 DE 2011, QUE SIRVIERON DE SOPORTE PARA LA EXPEDICIÓN DEL
CITADO ACTO

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la demanda de nulidad presentada por el ciudadano

HERNÁN AUGUSTO ARISTIZÁBAL GARCÍA, contra el Decreto

núm. 3016 de 27 de diciembre de 2013, “[…] Por el cual se

reglamenta el Permiso de Estudio para la recolección de

especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica

con fines de Elaboración de Estudios Ambientales […]”,

1
Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

2

Número único de radicación 11001 03 24 000 2014 00574 00
Actor: HERNÁN AUGUSTO ARISTIZÁBAL GARCÍA

expedido por la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano HERNÁN AUGUSTO ARISTIZÁBAL GARCÍA,

actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de

nulidad por inconstitucionalidad, establecido en el artículo 135 del

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo -CPACA2, que se interpretó como de nulidad, en auto

de 5 de marzo de 2025, presentó demanda ante esta Corporación,

tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del Decreto núm. 3016

de 27 de diciembre de 2013, “[…] Por el cual se reglamenta el

Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de

especies silvestres de la diversidad biológica con fines de

Elaboración de Estudios Ambientales […]”, expedido por la

Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

I.2.- Normas violadas y concepto de violación:

El actor solicitó la nulidad del Decreto núm. 3016 de 27 de

diciembre de 2013, por considerarlo violatorio de los artículos 13,

25, 27, 84 y 189, numeral 11, de la Constitución Política; las leyes

2
En adelante CPACA.

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99 de 22 de diciembre de 19933 y 489 de 29 de diciembre de 19984,

en concordancia con el Decreto Ley 3570 de 27 de septiembre de

2011 5, que sirvieron de soporte para la expedición del acto acusado.

Manifestó que se transgredió el artículo 13 Superior, toda vez que al

establecer la igualdad entre todos los colombianos limita el libre

ejercicio de la profesión de los biólogos e ingenieros forestales; y

que resulta claro que para el ejercicio de las profesiones formales se

requiere un título universitario expedido por cualquiera de las

instituciones universitarias reconocidas por el Estado, y una

matrícula profesional en el caso de las profesiones que se encuentren

reglamentadas.

Indicó que el Congreso de la República expidió la Ley 22 de 17 de

septiembre de 1984, “[…] por la cual se reconoce la biología como

una profesión, se reglamenta su ejercicio en el país y se dictan otras

disposiciones […]”, que en su artículo 3º establece que “[…] Para

ejercer dentro del territorio nacional la profesión de Biólogo se

3
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de
la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones […]”.
4
“[…] "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones […]”.
5
“[…] Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”.

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requiere la correspondiente matrícula expedida por el Consejo

Profesional de Biología que se crea con la presente ley […]”.

Sostuvo que para acceder a los recursos de la diversidad biológica

para actividades, como los estudios de impacto ambiental, el

Decreto núm. 3016 de 27 de diciembre de 2013, en sus artículos

1º y 2º, reguló el permiso de estudios con fines de elaboración de

estudios ambientales y determinó que la autoridad ambiental debe

exigir la elaboración de estudios de la diversidad biológica para la

realización de aquellos.

Agregó que en los términos de referencia de la AUTORIDAD

NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ANLA, publicados en

su página web, se ordena al solicitante la caracterización del medio

biótico por medio de información primaria para estudios de impacto

ambiental para proyectos como: centrales hidroeléctricas,

termoeléctricas, terminales aéreos, líneas de conducción eléctrica,

carreteras, túneles, vías férreas, puertos, aeropuertos, tratamiento

de aguas residuales, minería, provectos de hidrocarburos

(exploración, producción, transporte y refinación).

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Destacó que dichos términos de referencia señalan, tanto para el

apartado de flora como de fauna y componente hidrobiológico, lo

siguiente:

“[…] Para el área de influencia directa, con base en el levantamiento
de información primaria se debe:
• Localizar las diferentes unidades de cobertura vegetal y uso actual
del suelo.
• Caracterizar y cuantificar las diferentes unidades florísticas;
realizar un análisis estructural desde los puntos de vista horizontal
y vertical y diagnóstico de la regeneración natural. Además se debe
identificar las especies endémicas, amenazadas o en peligro crítico,
o de importancia ecológica, económica v cultural, entre otros.
• Identificar los principales usos dados por las comunidades a las
especies de mayor importancia.
• Estimar la biomasa vegetal que será afectada por el proyecto.
• El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser
entregado a las entidades competentes como el Instituto de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Instituto Alexander
Von Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
SINCHI, entre otras, para lo cual se debe solicitar previamente
el permiso de científica […]”.

Agregó que en el numeral 2.1.1 Caracterización de línea base, medio

biótico, páginas 16 a 19, de los citados términos, se establecen las

metodologías de muestreo para fauna y recursos hidrobiológicos.

Respecto del artículo 5º del Decreto núm. 3016 de 27 de

diciembre de 2013, relativo al trámite para obtener el permiso de

estudios con fines de elaboración de estudios ambientales, señaló

que los tiempos no se cumplen en la actualidad ni se han cumplido

con la reglamentación anterior, por lo que se pueden convertir

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potencialmente en un instrumento para la dilatación de trámites de

los estudios ambientales; y que, en casos extremos, cuando se

niegue dicho permiso, se puede negar una licencia ambiental sin

siquiera avocar la evaluación del estudio de impacto ambiental que

se pretenda ejecutar amparado en este mismo permiso, lo que sería

una limitante para estimular la investigación científica en el país.

En cuanto al artículo 6º, numeral 4, contentivo de las obligaciones a

cargo del titular del permiso de que trata el decreto demandado,

manifestó que la autoridad ambiental ya realiza un cobro por

concepto de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para la

emisión de las licencias ambientales, en cuyos costos incluyen las

visitas de campo y la participación de los profesionales evaluadores

en las áreas física (geología, hidrología, dima, suelos, etc.), biótica

(flora, fauna, etc.), social y económica, por lo que esa evaluación

implica un doble pago de costos de seguimiento por parte de la

autoridad ambiental, los que en algunas ocasiones son exorbitantes

y hacen que el trabajo del biólogo no sea rentable.

Mencionó que ese trámite obliga a los biólogos a obtener un permiso

adicional para poder realizar el libre ejercicio de su profesión, lo que

vulnera el artículo 13 Constitucional, pues atenta contra el derecho

de igualdad de los biólogos frente a otras profesiones como médicos,

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médicos veterinarios y agrónomos que estudian enfermedades

producidas por virus, bacterias, hongos, protozoarios y demás

organismos patógenos o parasíticos que por definición hacen parte

de la biodiversidad.

Indicó que también se vulnera el artículo 25 de la Constitución

Política, debido a que el trabajo al que tienen derecho los biólogos no

presenta condiciones justas, en tanto que pese a que la autoridad

ambiental le ordena realizar estudios de flora, fauna y recursos

hidrobiológicos somete al profesional a tramitar un permiso ante

dicha autoridad para cumplir una orden previa que esta establece y

así tramitar licencias ambientales. Asimismo, se vulneran los

artículos 27 Superior, específicamente en lo referente al derecho de

investigación, pues lo limita; y el 84 idem, toda vez que el Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA y demás autoridades

ambientales regionales como las CAR exigen permisos, licencias o

requisitos adicionales que afectan el ejercicio de la profesión.

II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1. Admisión. El Despacho sustanciador, como ya se indicó,

mediante auto de 5 de marzo de 2015 interpretó la demanda como

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de nulidad, la admitió y tuvo como parte demandada a la NACIÓN

– MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

II.2. Contestación.

II.2.1.- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 6 se

opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que carecen

de fundamento legal y probatorio y porque el acto administrativo

demandado no incurre en ninguna de las causales de nulidad por

incumplimiento o violación de las normas de rango constitucional y

legal, ni debido proceso.

Indicó que el actor confunde un requisito adicional para ejercer

legalmente una profesión con un procedimiento para obtener un

permiso para ejercer una actividad, pues el Decreto núm. 3016 de

27 de diciembre de 2013 no exige que todos los biólogos deban

obtener permiso, cuestión que solo se refiere al universo de todas

aquellas personas que pretendan adelantar estudios ambientales.

Sostuvo que las políticas de Estado para ejercer un control y

vigilancia sobre las especies silvestres y la diversidad biológica, se

6
En adelante el Ministerio.

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requiere para tener el control de los recursos existentes para

proyectarlos para el futuro ambiental de la Nación, como herramienta

necesaria para las políticas ambientales.

Indicó que en el ejercicio de la competencia propia de la soberanía

administrativa del Estado dirigida a arbitrar, gerenciar y manejar

tanto el interés general de los asociados como el interés particular,

en cumplimiento de la Constitución y de la Ley, destinada a modificar,

extinguir, negar o concretar situaciones jurídicas, se cumplieron a

cabalidad con todos los elementos esenciales que revisten los actos

de la Administración, esto es, (i) el de competencia que precisa más

exactamente el órgano o entidad que lo profiere; (ii) la forma o

formalidades dentro de las cuales se profirió el acto, esto es, el

procedimiento y garantías procesales; (iii) el motivo o motivación

que indica el por qué se profiere el acto; (iv) la causa o finalidad que

especifican el propósito o fin específico; (v) y, finalmente, el

contenido: el objeto o contenido que refiere a la ley de sujeción al

cual se somete el acto proferido, por lo que no se demuestra con

ninguno de los medios aceptados en el ordenamiento legal causal

alguna de nulidad que afecte la normativa demandada.

Manifestó que, contrario a lo afirmado por el actor, el Decreto núm.

3016 de 2013 no viola el artículo 84 de la Constitución, pues la

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reglamentación de un derecho o una actividad de manera general no

puede implicar que el Gobierno Nacional pierda su potestad

reglamentaria para la correcta ejecución de una Ley.

Finalmente, propuso la excepción de inepta demanda, por cuanto, en

su criterio, el actor no desarrolló el concepto de la violación del

artículo 13 Superior, además de que en la redacción existe confusión

respecto de las razones por las cuales el aparte del decreto

controvertido va en contravía del ordenamiento jurídico.

II.3. Audiencia inicial. El Despacho sustanciador, en diligencia

celebrada el 30 de enero de 2017, denegó la excepción de inepta

demanda formulada por la autoridad demandada, fijó el litigio7,

resolvió sobre las pruebas aportadas y corrió traslado a las partes y al

señor Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, para que

presentaran sus alegatos de conclusión.

II.4. Alegatos de conclusión.

7
“[…] determinar si el Decreto 3016 de 27 de diciembre de 2013, "Por el cual se reglamenta el Permiso
de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines
de Elaboración de Estudios Ambientales", expedido por el Gobierno Nacional, vulneran lo dispuesto en
los artículos 13, 25, 27 y 84 de la Constitución Política, conforme a lo expuesto por el actor a folios 2 a
4 vuelto del expedienté; y a lo respondido por la entidad demandada a folios 29 a 37 del expediente,
en especial, entre otros, el alcance de los artículos 189, numeral 11, de la Constitución Política, la Ley
99 de 1993, Ley 489 de 1998 y el Decreto Ley 3570 de 2011, disposiciones estas que sirvieron de
fundamento para la expedición del acto administrativo acusado […]”.

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II.4.1.- El actor insistió en que el Decreto demandado vulnera los

derechos a la igualdad y al trabajo de los biólogos, por exigir un

permiso adicional para el ejercicio de su profesión.

II.4.2.- El Ministerio reiteró los argumentos expuestos en su

contestación.

II.4.3.- El señor Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, en

su vista de fondo, solicitó denegar las pretensiones de la demanda

por considerar que a través del Decreto censurado el Gobierno

Nacional estatuye un trámite previo dentro del proceso de

licenciamiento ambiental, consistente en la exigencia de adelantar un

permiso de estudio para la recolección de especímenes silvestres de

la diversidad biológica con fines de elaboración de Estudios

Ambientales, los cuales resultan necesarios para solicitar y/o

modificar licencias ambientales, permisos o autorizaciones, lo que se

ajusta al ordenamiento constitucional y legal.

Adujo que el permiso establecido en el acto demandado se justifica

en la Constitución Ecológica de protección del medio ambiente y del

interés general, al tener como finalidad la de controlar los procesos

de captura, remoción o extracción temporal o definitiva del medio

natural de organismos de la diversidad biológica que se encuentren

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vivos, muertos, y así mitigar los efectos que entraña el desarrollo de

dichas actividades en los ecosistemas, reivindicando el notable rol

que asumió el medio ambiente y la protección de la biodiversidad con

la Constitución Política de 1991 como bienes jurídicos de especial

protección que imponen el deber del Estado de proteger la diversidad

e integridad de ese bien público.

Agregó que el Código de Recursos Naturales, previó la posibilidad de

otorgarse permisos para el estudio de recursos naturales cuando su

propósito sea la proyección de otras o trabajos para su futuro

aprovechamiento, conforme lo dispuesto en el artículo 56 de dicho

cuerpo normativo.

Indicó que el Ministerio, en ejercicio de sus funciones legales y

constitucionales, debe velar por el uso y aprovechamiento de la fauna

y así garantizar el desarrollo sostenible y le corresponde dictar las

regulaciones necesarias para el saneamiento del uso, manejo,

aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los

recursos naturales, con el fin de impedir, mitigar o eliminar los

efectos de las actividades contaminantes o destructivas del entorno

ambiental.

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Concluyó que el acto acusado incorpora una exigencia o requisito

adicional para quienes realicen actividades de recolección de

especímenes de especies silvestres con fines de elaboración de

estudios ambientales, mas no un tratamiento diferenciado para los

profesionales de la biología.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en los artículos 149 del

CPACA y 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el artículo 1°

del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la Sección

Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del

asunto de la referencia.

III.2.- Acto demandado

En el caso en concreto, el señor HERNÁN AUGUSTO ARISTIZÁBAL

GARCÍA solicitó la nulidad del siguiente acto administrativo:

“[…] DECRETO 3016 DE 2013

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(DICIEMBRE 27)

“Por el cual se reglamenta el Permiso de Estudio para la
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad
biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales”

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial
de la que trata el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, así como los artículos 51 y 56 del Decreto-Ley 2811 de 1974
y

CONSIDERANDO

Que el artículo 8 de Constitución Política señala que "Es obligación
del Estado y de las personas protegerlas riquezas culturales y
naturales de la ·Nación".

Que por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política establece
que "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y, fomentar la educación para el
logro de estos fines."

'Que el artículo 80 de la Constitución Política· dispone que el "Estado
planificará el manejo y aprovechamiento de los' recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución".

Que el Decreto-ley 2811 de 1974 en su artículo 42 establece que:
"Pertenecen a la nación los. recursos naturales renovables y demás
elementos ambientales regulados por este Código que se
encuentren dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los
derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas
especiales sobre baldíos".

Que así mismo, el precitado decreto señala en su artículo 51 que:
"El derecho a usar los recursos naturales renovables puede ser
adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación".

Que el artículo 56 ibídem, establece la posibilidad de otorgarse
permiso para el estudio de recursos naturales, cuyo propósito sea
proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento.

Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley 99 de 1993 en
concordancia con los numerales 11 y 12 del Decreto-ley 3570 de

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2011, corresponde al hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible establecer el Sistema de Información Ambiental y
organizar el inventario de la biodiversidad y de los recursos
genéticos nacionales, lo mismo que, regular, conforme a la Ley, la
obtención, uso, manejo, investigación, importación, así como la
distribución y el comercio de especies y estirpes genéticas de fauna
y flora silvestres.

Que la precitada ley, en su artículo 31 asigna a las Corporaciones
Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible la función de
administrar los recursos naturales en su jurisdicción y otorgar los
permisos, concesiones o autorizaciones para su uso,
aprovechamiento y movilización.

Que el Decreto-Ley 3570 de 2011, consagró como objetivos del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la definición de las
regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación,
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, renovables y el medio ambiente de la Nación, a
fin de asegurar el desarrollo sostenible.

Que por su parte el Decreto-Ley 3573 de 2011, que crea la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, señala dentro
de sus funciones la de otorgar o negar las licencias, permisos y
trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, de conformidad con la ley y los reglamentos,
así como dirimir los conflictos de competencia cuando el' proyecto,
obra o actividad sujeta a licencia o, permiso ambiental se desarrolle
en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales.

Que el Decreto-Ley 3572 de 2011, que crea la Unidad
Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales
de Colombia, le asigna la función a esta entidad de otorgar
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en las
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Que a través del Decreto 1376 de 2013 se reglamentó la recolección
de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica
confines de investigación científica no comercial; y propuso, que
para efectos de los procesos' de licenciamiento, se hacía necesario
una reglamentación específica.

Que acorde a los anteriores lineamientos, y como quiera que para
dar inicio a determinados trámites administrativos ambientales
resulta imprescindible la previa elaboración de cierto tipo de
estudios ambientales, que en ocasiones requieren el uso de la
diversidad biológica mediante la recolección de especies silvestres;

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situación ésta última que exige igualmente contar con los
correspondientes permisos que les faculte para hacer dicho uso.

Que con base en lo anterior es necesario reglamentar el permiso de
estudios con fines de elaboración de estudios ambientales que
requieran llevar a cabo actividades de recolección de especies
silvestres de la diversidad biológica en el territorio nacional.

Que en mérito de lo anterior,

DECRETA

ARTÍCULO 1°. Permiso de Estudios con fines de elaboración
de Estudios Ambientales. Toda persona que pretenda adelantar
estudios, en los que sea necesario realizar actividades de recolección
de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica en
el territorio nacional; con la finalidad de elaborar estudios
ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias
ambientales o su equivalente, permisos, concesiones o
autorizaciones deberá previamente solicitar a la autoridad ambiental
competente la expedición el permiso que reglamenta el presente
Decreto.

El permiso de que trata el presente decreto amparará la recolecta
de especímenes que se realicen durante su vigencia en el marco dé
la elaboración de uno o varios estudios ambientales.

Parágrafo 1°. Las disposiciones contenidas en el presente decreto
se aplicarán sin perjuicio de las normas legales vigentes sobre
bioseguridad, salud pública y sanidad animal y vegetal.

Parágrafo 2°. La obtención del permiso de que trata el presente
decreto constituye un trámite previo dentro del proceso de
licenciamiento ambiental y no implica la autorización de acceso y
aprovechamiento a recursos genéticos.

ARTÍCULO 2°. Definiciones. Para efectos de la aplicación de este
decreto se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Captura: Entiéndase como la acción de apresar un espécimen
silvestre de forma temporal o definitiva, ya sea directamente o por
medio de trampas diseñadas para tal fin.

Estudios Ambientales: Son aquellos estudios que son exigidos por
la normatividad ambiental, para la obtención o modificación de una
licencia ambiental o su equivalente, permiso, concesión o
autorización y cuya elaboración implica realizar cualquier actividad
de recolecta de especímenes silvestres de la diversidad biológica.

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Espécimen de especie silvestre de la diversidad biológica: Todo
organismo de la diversidad biológica vivo o muerto o cualquiera de
sus productos, partes o derivados en adelante referido únicamente
como espécimen.

Grupo biológico: Conjunto de organismos emparentados; que han
sido agrupados de acuerdo con características comunes tales como:
morfología, taxonomía, genotipo, etc.

Información asociada a los especímenes recolectados: Es aquella
información básica inherente a los especímenes, tal como la especie
o el nivel taxonómico más bajo posible; localidad de recolecta
(incluyendo altitud y coordenadas geográficas); fecha de recolecta
y colector, entre otras.

Metodologías Establecidas: Hace referencia a los métodos o
procedimientos que el usuario debe utilizar' para llevar a cabo la
adecuada recolección y preservación. Dichas metodologías deberán
atender a estándares de calidad, con técnicas válidas para la
obtención de la información en las áreas objeto de estudio; estas
deben ser referenciadas y aprobadas a nivel nacional y/o
internacional.

Perfil de los profesionales: Conjunto de rasgos profesionales que
caracterizan a las personas que llevaran a cabo las actividades
reguladas en el presente decreto, que cuenten con un conocimiento,
de los diferentes grupos biológicos a caracterizar y de sus
correspondientes metodologías.

Permiso de Estudios con fines de elaboración de Estudios
Ambientales: Es la autorización previa que otorga la autoridad
ambiental competente para la recolección de especímenes de
especies silvestres de la diversidad biológica con fines de
elaboración de estudios ambientales necesarios para solicitar y/o
modificar licencias ambientales o su equivalente, permisos,
concesiones o autorizaciones.

Recolección de especímenes: Consiste en los procesos. de captura
y/o remoción o extracción' temporal o definitiva del medio natural
de especímenes de la diversidad biológica, para la realización de
inventarios y caracterizaciones que permitan el levantamiento de
línea base' de los estudios ambientales.

ARTÍCULO 3°. Competencia. Las autoridades ambientales
competentes para otorgar el permiso de que trata este Decreto,
son:

1. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA- cuando de
acuerdo con la solicitud del permiso las actividades de recolección

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se pretendan desarrollar en jurisdicción de dos o más autoridades
ambientales.

2. Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible,
Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos y las
autoridades ambientales creadas en virtud de la Ley 768 de 2002,
cuando las actividades de recolección pretendan desarrollar
exclusivamente en sus respectivas jurisdicciones, de acuerdo con la
solicitud del interesado.

3. Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuando las
actividades de recolección se pretendan desarrollar exclusivamente
al interior de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

ARTÍCULO 4°. Requisitos de la Solicitud. Los documentos que
deben aportarse para la solicitud son:

1. Formato de Solicitud de Permiso de Estudios con fines de
elaboración de Estudios Ambientales debidamente diligenciado, en
el que se indique la ubicación departamento(s) y/o municipio(s),
donde se va a llevar a cabo la recolecta" de especímenes de
conformidad con lo señalado en el artículo 3 del presente decreto.

2. Documento que describa las Metodologías Establecidas para
cada" uno. de los grupos biológicos objeto de estudio.

3. Documento que describa el perfil que deberán tener los
profesionales que intervendrán en los estudios.

4. Copia del documento de identificación del solicitante del permiso.
Si se trata de persona jurídica la entidad verificará en línea el
certificado de existencia y representación legal.

5. Copia del recibo de consignación del valor de los servicios fijados
para la evaluación de la solicitud.

ARTÍCULO 5°. Trámite. Para obtener el Permiso de Estudios con
fines de elaboración de Estudios Ambientales de que trata el
presente decreto, se surtirán los siguientes trámites:

1. Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos, la autoridad
competente, procederá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
a su recepción, a expedir el auto que da inicio al trámite -conforme
al artículo 70 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con la Ley 1437
de 2011-, y publicará un extracto de la solicitud en su portal de
Internet· para garantizar el derecho de participación de posibles
interesados.

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2. Ejecutoriado el auto de inicio y evaluada la información
presentada, la autoridad competente podrá requerir mediante auto
en un término de diez (10) días hábiles, por una sola vez,
información adicional que considere necesaria.

3. A partir de la ejecutoria del auto de inicio o de la recepción de la
información adicional solicitada, según el caso, la autoridad
ambiental contará con diez (10) días hábiles para otorgar anegar el
permiso mediante resolución motivada, contra la cual procederán
los recursos a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en
la Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Dicha decisión se notificará en los mismos términos del citado
Código.

ARTÍCULO 6°. Obligaciones. El titular del permiso de que trata el
presente decreto deberá cumplir: con las siguientes obligaciones:

1. Informar por escrito a la autoridad competente con quince (15)
días de antelación a su desplazamiento, el área geográfica con
coordenadas donde se realizará el o los estudios y la fecha prevista
para realizar las actividades autorizadas. Dicho oficio deberá incluir
el listado de los profesionales asignados al estudio con base en los
perfiles relacionados en la solicitud de acuerdo con el Formato de
Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto. Así mismo,
deberá informar el estimado .de especímenes que se pretendan
movilizar de conformidad con' lo establecido en el artículo 10 del
presente decreto.

2. Al mes de finalizadas las actividades para cada estudio, el titular
del permiso deberá presentar a la autoridad ambiental un informe
final de las actividades realizadas, en el Formato para la Relación del
Material Recolectado para Estudios Ambientales.

3. Para cada uno de los estudios el interesado deberá presentar
junto con el informe final· un archivo en formato compatible con el
Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) de
conformidad con lo señalado en la Resolución 0188 de 2013, donde
se ubique el· polígono del área de estudio y los puntos efectivos de
muestreo discriminados por cada uno de los grupos biológicos.

4. Realizar el pago por concepto de seguimiento de que trata el
artículo 12 del presente decreto y atender las visitas que en el marco
del mismo se originen.

5. Una vez finalizadas las actividades de 'recolección el titular del
permiso deberá depositar los especímenes recolectados en. una
colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de

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Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt", de conformidad con
lo dispuesto por la normatividad que regula la materia y presentar
las constancias de depósito a la Autoridad Competente. En caso de
que las colecciones no estén interesadas en el espécimen el titular
deberá presentar constancia de esta situación.

6. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al
Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia -SIS la
información asociada a los especímenes recolectados, y entregar a
la autoridad ambiental la constancia emitida por dicho sistema.

7. Realizar los muestreos de forma adecuada en. términos del
número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de
muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las
especies o los ecosistemas, en razón de la sobre colecta, impactos
en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos
biológicos, dieta, entre otras, de acuerdo con las Metodologías
aprobadas.

8. Abstenerse de comercializar el material recolectado en el marco
del permiso de que trata el presente decreto.

ARTÍCULO 7°. Vigencia de los permisos. El Permiso de que trata
el presente decreto podrá tener una duración hasta de dos (2) años
según la índole de los estudios. El término de estos permisos podrá
ser prorrogado cuando la inejecución de los estudios, dentro del
lapso de su vigencia, obedezca a fuerza mayor.

ARTÍCULO 8°. Modificación del Permiso. Cuando se pretenda
cambiar o adicionar las Metodologías Establecidas, los· grupos
biológicos y/o los perfiles de los profesionales, el titular del permiso
deberá tramitar previamente la modificación del permiso, para lo
cual deberá entregar debidamente diligenciado 'el Formato para
Modificación de Permiso de Estudios con Fines de Elaboración de
Estudios Ambientales, para lo cual se surtirá el siguiente trámite:

1. Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos, la autoridad
competente, procederá a expedir el auto que da inicio al trámite
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

2. Ejecutoriado el auto de inicio y evaluada la información
presentada; la autoridad competente podrá requerir mediante auto
en un término de cinco (5) días hábiles, por una sola vez,
información adicional que considere necesaria.

3. El usuario contará con el término de un mes calendario para
allegar la información adicional. En caso de no presentarla
oportunamente se entenderá desistido el trámite y procederá al
archivo definitivo de la solicitud en los términos del artículo 17 del

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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

4. A partir de la ejecutoria del auto de inicio o de la recepción de la
información adicional solicitada, según el caso, la autoridad
ambiental contará con cinco (5) días hábiles para· otorgar o negar
el permiso, mediante resolución motivada, contra la cual procederá
el recurso de reposición.

ARTÍCULO 9°. Cesión. El titular del permiso de que trata el
presente decreto podrá ceder el sus derechos y obligaciones, previa
autorización de la autoridad ambiental competente que expidió el
permiso, cuyo efecto será la cesión de los derechos y obligaciones
que de ella se derivan.

ARTÍCULO 10°. Movilización de especímenes. El acto
administrativo que otorgue el permiso de que trata este Decreto,
incluirá la autorización de movilización de especímenes a recolectar
dentro. del territorio nacional especificando su descripción general y
unidad muestral por proyecto que se pretenda desarrollar y la
información específica será tenida en cuenta para seguimiento de
acuerdo con el artículo 6° de este Decreto.

ARTÍCULO 11°. Trámite en Línea. La Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA- en un plazo no mayor aun (1) año,
contado a partir de la expedición del presente decreto, pondrá a
disposición de las autoridades. ambientales la Ventanilla Integral de
Trámites Ambientales en Línea -VITAL para adelantar los trámites y
actuaciones en línea del Permiso de que trata el presente decreto.

Parágrafo. A partir de la vigencia del presente decreto y hasta que
se implemente el trámite en línea de que trata el. presente artículo,
los formatos que se listan. en este parágrafo estarán a disposición
de los interesados en la página web del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales:

1. Formato de Solicitud del Permiso de Estudios con fines de
elaboración de Estudios Ambientales.

2. Formato para la Relación de Material Recolectado para Estudios
Ambientales.

3. Formato para Modificación de Permiso de Estudios con fines de
elaboración de Estudios Ambientales.

4. Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto

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ARTÍCULO 12°. Cobro del Seguimiento. Con el objeto de
realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de
las obligaciones derivadas del permiso, la autoridad competente
efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. La autoridad
ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo
establecido internamente para tal fin.

ARTÍCULO 13°. Medidas preventivas y sancionatorias. En
caso de incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones
previstas en el permiso, darán lugar a las medidas preventivas y
sancionatorias de que trata la Ley 1333 de .2009.

ARTÍCULO 14°. Aplicación preferente. Los usuarios que con
anterioridad a la expedición de este decreto iniciaron los trámites
tendientes a obtener los permisos de investigación científica sobre
la diversidad biológica con el fin de amparar las actividades de que
trata el presente decreto, continuarán su trámite de acuerdo con,
las normas en ese momento vigentes. No obstante, podrán solicitar
la aplicación preferente del procedimiento establecido en el presente
decreto.

ARTÍCULO 15°. Vigencia, modificaciones, y derogatorias. El
presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Luz Helena Sarmiento Villamizar

NOTA: Publicado en el Diario oficial 49016 de diciembre 27 de 2013
[…]”.

III.3.- Problema jurídico

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De conformidad con la fijación del litigio efectuada durante la

audiencia inicial de 30 de enero de 20178, el asunto a dilucidar se

centra en establecer si el Decreto núm. 3016 de 27 de diciembre

de 2013, “[…] Por el cual se reglamenta el Permiso de Estudio para

la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad

biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales […]”, fue

expedido por el Gobierno Nacional transgrediendo los artículos 13,

25, 27, 84 y 189, numeral 11, de la Constitución Política; las leyes

99 y 489, en concordancia con el Decreto Ley 3570 de 2011, que

sirvieron de soporte para la expedición del acto acusado.

A juicio del actor, el Decreto núm. 3016 de 27 de diciembre de

2013, vulnera los artículos 13, 25, 27, 84 y 189, numeral 11, de la

Constitución Política; y las leyes 99 y 489, en concordancia con el

Decreto Ley 3570 de 2011, por cuanto, a su juicio, introduce un

tratamiento diferencial a los profesionales de la biología quienes

deben obtener un permiso adicional para acceder a los recursos de

8
“[…] 5.- FIJACIÓN DEL LITIGIO: El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestación, consiste en determinar si el Decreto 3016 de 27 de diciembre de 2013, “Por el cual se
reglamenta el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la
diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales”, expedido por el Gobierno
Nacional, vulneran lo dispuesto en los artículos 13, 25, 27 y 84 de la Constitución Política, conforme a
lo expuesto por el actor a folios 2 a 4 vuelto del expedienté; y a lo respondido por la entidad demandada
a folios 29 a 37 del expediente, en especial, entre otros, el alcance de los artículos 189, numeral 11,
de la Constitución Política, la Ley 99 de 1993, Ley 489 de 1998 y el Decreto Ley 3570 de 2011,
disposiciones estas que sirvieron de fundamento para la expedición del acto administrativo acusado.
Pregunto a las partes y al Agente del Ministerio Público si tienen alguna objeción a la fijación del litigio
en los términos aquí expuestos. POR LA PARTE ACTORA: No. POR LA PARTE DEMANDADA: No.
MINISTERIO PÚBLICO: No. DRA. GARCÍA: En consecuencia, queda delimitado el litigio en los términos
señalados […]”.

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la diversidad biológica con la finalidad de elaborar estudios

ambientales necesarios para solicitar y modificar licencias

ambientales.

Por su parte, el Ministerio afirma que el decreto demandado se

ajusta al ordenamiento jurídico pues no tiene como fin imponer un

requisito adicional para el ejercicio de la profesión de biólogo, sino

que se dirige a todas las personas que pretendan adelanta estudios

relacionados con especies silvestres y diversidad biológica.

III.4.- Análisis del caso concreto.

En el presente asunto la parte actora aduce que el acto acusado

transgrede el libre ejercicio de la profesión, principalmente a los

biólogos e ingenieros forestales, así como el derecho al trabajo que

tienen los biólogos porque no presentan condiciones justas, debido a

que aunque la autoridad ambiental le ordena realizar estudios de

flora, fauna y recursos hidrobiológicos, los somete a tramitar un

permiso ante dicha autoridad ambiental para poder cumplir la orden

previa que la misma autoridad establece y lo exigido para tramitar

licencias ambientales.

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En cuanto a la libertad de investigación, señala que el decreto

demandado limita el derecho a esa actividad protegida por la

Constitución; y respecto de la reglamentación general, sostiene que

habiendo sido reglamentada la actividad o ejercicio de la profesión

de biólogo mediante la Ley 22 de 1984, el MINAMBIENTE, la ANLA

y demás autoridades ambientales regionales como las CAR, exigen

permisos, licencias o requisitos adicionales que afectan dicho

ejercicio.

Al respecto, la Sala advierte que la diversidad biológica debe ser

conservada y aprovechada de forma sostenible, por lo que la Carta

Política de 1991 ha sido considerada una Constitución ecológica que

impone al Estado la necesidad de asegurar las condiciones que

permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano

y correlativamente impone la obligación a los particulares de

proteger las riquezas naturales de la Nación.

La jurisprudencia constitucional ha reconocido que “[…] La

Constitución Ecológica lleva implícita el reconocimiento al medio

ambiente de una triple dimensión: ‘de un lado, es un principio que

irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado

proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece

como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano,

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derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y,

finalmente, de la Constitución Ecológica se derivan un conjunto de

obligaciones impuestas a las autoridades y a tos particulares. Es más,

en varias oportunidades, este Tribunal ha insistido en que la

importancia del medio ambiente en la Constitución es de tal magnitud

que implica para el Estado ‘unos deberes calificados de protección’

[…]”9.

Es así como en sus artículos 8º, 79 y 80 establece:

“[…] Artículo 8o. Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto)

“[…] Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

“[…] Artículo 80. El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.

9
Corte Constitucional, sentencia C-595 de 27 de julio de 2010, magistrado ponente Jorge Iván Palacio
Palacio: “[…] bien jurídico constitucional del medio ambiente y los deberes correlativos. La Constitución
ecológica lleva implícita el reconocimiento al medio ambiente de una triple dimensi ón: "de un lado, es
un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas
naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano. Derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la
Constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los
particulares. Es más, en varias oportunidades, este Tribunal ha insistido en que la importancia del medio
ambiente en la Constitución es de tal magnitud que implica para el Estado "unos deberes calificados de
protección […]”.

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Además, deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

En este sentido, el Convenio de Diversidad Biológica, aprobado por

Ley 165 de 9 de noviembre de 199410, prevé:

“[…] ARTÍCULO 1o. OBJETIVOS.

Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de
conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la
conservación de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización
de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un
acceso adecuado a esos recursos y una transferencia
apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en
cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas
tecnologías, así como mediante una financiación apropiada
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

“[…] ARTÍCULO 3o. PRINCIPIO.

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los
principios del derecho internacional, los Estados tienen el
derecho soberano de explotar sus propios recursos en
aplicación de su propia política ambiental y la obligación de
asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de
su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de
otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción
nacional […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

“[…] ARTÍCULO 10. UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS
COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según
proceda:

10
“[…] Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, hecho en Río de
Janeiro el 5 de junio de 1992 […]”.

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a) Integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible
de los recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de
decisiones;
b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos
biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos
adversos para la diversidad biológica;
c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos
biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales
que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la
utilización sostenible;
d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar
medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad
biológica se ha reducido; y
e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades
gubernamentales y su sector privado en la elaboración de métodos
para la utilización sostenible de los recursos biológicos […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Los gobiernos de los países firmantes, como el de la República de

Colombia, son los responsables de lograr las metas del Convenio

sobre la Diversidad Biológica, asumiendo una función de dirección y,

especialmente, estableciendo normas que orienten la conservación y

utilización sostenible de la diversidad biológica, pues sin la adecuada

implementación del Convenio en el nivel nacional, sería imposible

cumplir los compromisos derivados del mismo.

La alta riqueza en biodiversidad y los acelerados procesos de pérdida

de esta, hacen que conservar y usar sosteniblemente la biodiversidad

se convierta en uno de los retos más importantes que se tienen a

nivel mundial. La meta en conservación de la biodiversidad es lograr

el equilibrio óptimo entre la conservación de la diversidad natural y

el avance sustentable de la vida humana; por lo que lograr dicha

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meta implica la toma de decisiones en materia de política ambiental,

institucional y en el ámbito social, entre otros.

No obstante, con anterioridad a la Constitución Política de 1991, ya

existía un consenso nacional sobre la importancia de crear

instrumentos para la conservación y protección de los recursos

naturales. Dentro de este contexto, se expidió la Ley 23 de 19 de

diciembre de 1973 11, la cual revistió al presidente de la República de

facultades extraordinarias para reformar y adicionar la legislación

vigente sobre recursos naturales y preservación ambiental.

Es así que en ejercicio de dichas facultades extraordinarias se expidió

el Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre de 1974,12 contentivo del

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección

al Medio Ambiente, el cual partió del reconocimiento del ambiente

como patrimonio común necesario para la supervivencia y desarrollo

económico de los pueblos y como principales objetivos se señalaron

los siguientes:

“[…] Artículo 2.- Fundado en el principio de que el ambiente es
patrimonio común de la humanidad y necesario para la
supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este
Código tiene por objeto:

11
“[…] Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el
Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
12
“[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente […]”.

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1.- Lograr la preservación y restauración del ambiente y la
conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos
naturales renovables, según criterios de equidad que aseguran el
desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la
disponibilidad permanente de éstos, y la máxima participación social
para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros
habitantes del territorio Nacional; Ver Decreto Nacional 1541 de
1978

2.- Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los
recursos naturales no renovables sobre los demás recursos; Ver
Decreto Nacional 1541 de 1978

3.- Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad
de la Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos
naturales renovables y las relaciones que surgen del
aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente
[…]”.

En su artículo 56 se estableció la posibilidad de otorgarse permisos

para el estudio de recursos naturales, con el propósito de proyectar

obras o trabajos para su futuro aprovechamiento. En dicha norma se

estableció lo siguiente:

“[…] Artículo 56.- <Reglamentado parcialmente por el Decreto
Nacional 2858 de 1981>. Podrá otorgarse permiso para el
estudio de recursos naturales cuyo propósito sea proyectar
obras o trabajos para su futuro aprovechamiento. El permiso
podrá versar, incluso, sobre bienes de uso ya concedido, en
cuanto se trate de otro distinto del que pretenda hacer quien
lo solicita y siempre que los estudios no perturben el uso ya
concedido.

Estos permisos podrán tener duración hasta de dos años, según la
índole de los estudios.

Los titulares tendrán prioridad sobre otros solicitantes de concesión,
mientras esté vigente el permiso de estudio y, así mismo, tendrán
exclusividad para hacer los estudios mientras dure el permiso.

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El término de estos permisos podrá ser prorrogado cuando la
inejecución de los estudios, dentro del lapso de vigencia del permiso,
obedezca a fuerza mayor […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto)

Uno de los principios que rigen la política ambiental colombiana,

señalado en el artículo 1º de la Ley 99, es que la biodiversidad del

país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, debe

ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.

Precisamente, en su artículo 2º se dispuso la creación del Ministerio

del Medio Ambiente, hoy MINISTERIO DE AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE, como organismo rector de la gestión

del ambiente y los recursos naturales renovables, encargado de

definir las regulaciones a las que se sujetarán la conservación,

protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales

renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el

desarrollo sostenible.

Y en el artículo 5º, numeral 23, del mismo compendio, dispone que

corresponde al Ministerio adoptar las medidas necesarias para

asegurar la protección de las especies de fauna y flora silvestres,

tomar las previsiones que sean del caso para defender las especies

en extinción o en peligro de serlo.

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Dicho estatuto, además, dedica un título exclusivo (Título VIII) para

regular lo concerniente a las licencias ambientales. En este orden de

ideas, el artículo 49 señala que las licencias devienen en obligatorias

para “[…] La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el

desarrollo de cualquier actividad que de acuerdo con la ley y los

reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales

renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones

considerables o notorias al paisaje […]”.

De conformidad con la definición que proporciona el artículo 50 de la

Ley 99, en concordancia con el Decreto 2820 de 5 de agosto de

2010 13, -vigente al momento de la expedición del acto censurado-,

la licencia ambiental es el acto administrativo expedido por la

autoridad ambiental competente mediante el cual se confiere una

autorización para ejecutar una obra o proyecto de infraestructura que

pueda producir un grave deterioro al medio ambiente o a los recursos

naturales o introducir modificaciones notorias al medio ambiente y,

por eso, debe darse cumplimiento a los requisitos, términos y

condiciones y obligaciones previstas en ella para la prevención,

mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos

negativos ambientales de la obra autorizada.

13
“[…] Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales […]”

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El Decreto 3570 de 27 de septiembre de 201114, en su artículo 1º

determinó que el Ministerio es el rector de la gestión del ambiente

y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y

regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las

políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación,

conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y

del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible,

sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.

Y en su artículo 2º establece que además de las funciones

determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley

489 y en las demás leyes, el Ministerio cumplirá las siguientes

funciones: “[…] 2. Diseñar y regular las políticas públicas y las

condiciones generales para el saneamiento del ambiente, y el uso,

manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y

recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir,

eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes,

deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural, en

todos los sectores económicos y productivos […]”.

14
“[…] Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”.

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En este marco, el Decreto núm. 3016 de 27 de diciembre de

2013 constituye una norma de carácter general que tiene como

finalidad reglamentar el permiso para recolectar especímenes

silvestres de la diversidad biológica en el territorio colombiano, con

el propósito de elaborar estudios ambientales necesarios para

solicitar y/o modificar licencias ambientales o su equivalente,

permisos, concesiones o autorizaciones, teniendo presente que para

dar inicio a determinados trámites administrativos ambientales

resulta imprescindible la previa elaboración de cierto tipo de estudios

ambientales, que en ocasiones requieren el uso de la diversidad

biológica mediante la recolección de especies silvestres, situación

que exige, igualmente, contar con el correspondiente permiso que le

faculte para poder hacer uso de los recursos naturales renovables,

en cumplimiento a lo señalado por el Código Nacional de Recursos

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, -Decreto

2811 de 1974-:

“[…] Artículo 50.- Sin perjuicio de lo dispuesto especialmente
para cada recurso, las normas del presente título regulan
de manera general los distintos modos y condiciones en
que puede adquirirse por los particulares el derecho de
usar los recursos naturales renovables de dominio
público […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

“[…] Artículo 51.- El derecho a usar los recursos
naturales renovables puede ser adquirido por ministerio
de la ley, permiso, concesión y asociación […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

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Como se observa, el Decreto núm. 3016 de 27 de diciembre de

2013 es una norma que reglamenta un permiso que constituye un

instrumento de manejo y control, que permite reconocer y hacer

seguimiento a las actividades que pueden tener incidencia sobre los

recursos naturales y el medio ambiente.

Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado:

“[…] Por último, aunque esta relación de normas no ha sido
exhaustiva, está el caso del Decreto 309 “por el cual se reglamenta
la investigación científica sobre diversidad biológica”, expedido por
el Ministerio del Medio Ambiente el 25 de febrero de 2000. La
norma está encaminada a establecer los requisitos que
deben cumplir las personas (no necesariamente biólogos)
que pretendan adelantar proyectos de investigación
científica en diversidad biológica, cuando tales proyectos
involucren “colecta, recolecta, captura, caza, pesca,
manipulación del recurso biológico y su movilización” (arts.
2° y 6°). Los interesados deberán solicitar un permiso de estudios
al Ministerio del Medio Ambiente o a las Corporaciones Autónomas
Regionales, según el caso, permiso que no será requerido si las
investigaciones no involucran alguna de las actividades antes
mencionadas (art. 2º, parágrafo 2º). Esta medida, gradual y
proporcional a dos modalidades diferentes de investigación,
constituye una muestra ejemplar de cómo las autoridades
pueden armonizar las restricciones desde la perspectiva de
la gravedad del riesgo ecológico, sin necesidad de prohibir
de manera general el ejercicio del derecho a investigar […]”15
(Negrillas y subrayas fuera de texto)

Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra que el Decreto

núm. 3016 de 27 de diciembre de 2013 es una norma de carácter

15
Corte Constitucional, sentencia C-505 de 16 de mayo de 2001, magistrado ponente Marco Gerardo
Monroy Cabra.

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general, pues se dirige indistintamente a las personas que pretendan

recolectar especímenes silvestres de la diversidad biológica con fines

de elaboración de estudios ambientales en el territorio nacional, toda

vez que, en efecto, es obligación del Estado proteger las riquezas

naturales de la Nación, al tener como finalidad la de controlar los

procesos de captura, remoción o extracción temporal o definitiva del

medio natural de organismos de la diversidad biológica que se

encuentren vivos, muertos, y así mitigar los efectos que entraña el

desarrollo de dichas actividades en los ecosistemas.

Por ello, resulta de especial incidencia la aplicación del principio de

precaución y prevención conforme a lo sustentado, para permitir así

una herramienta técnica de ejecución de la administración, es decir

que el Estado y los particulares, en el evento de que directa o

indirectamente tengan incidencia con el potencial de un impacto

ambiental, deban proceder bajo criterios de precaución y con enfoque

preventivo, para evitar, mitigar o reducir el riesgo o el daño

ambiental con fines de conservación y desarrollo sostenible de los

recursos naturales.

De ahí que se prohíje lo señalado por la Corte Constitucional respecto

a que:

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“[…] la protección medio ambiental, como valor constitucional, no
tiene un efecto desvanecedor sobre los demás derechos y garantías
previstos en la Carta. No obstante, la importancia de tal derecho, de
acuerdo con cada caso se hará necesario equilibrarlo con las demás
atribuciones individuales, sociales, económicas y colectivas. Para el
efecto, el propio texto constitucional proporciona conceptos
relevantes que concretan el equilibrio que debe existir entre el
“desarrollo” económico, el bienestar individual y la conservación del
ecosistema. El desarrollo sostenible, por ejemplo, constituye
un referente a partir del cual la jurisprudencia de la Corte ha
fijado cuáles son los parámetros que rigen la armonización
de tales valores, destacando que: “es evidente que el
desarrollo social y la protección del medio ambiente
imponen un tratamiento unívoco e indisoluble que permita
progresivamente mejorar las condiciones de vida de las
personas y el bienestar social, pero sin afectar ni disminuir
irracional o desproporcionadamente la diversidad natural y
biológica de nuestro ecosistema […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto)16.

Bajo este contexto, en el acto acusado el Ministerio no está

exigiendo requisitos adicionales para el ejercicio de la profesión de

biólogo como lo manifiesta el actor, pues el procedimiento para la

obtención del permiso previsto en el decreto no es condición

agregada para el ejercicio de su profesión como biólogo, sino una

exigencia para todas las personas que realicen actividades de

recolección de especímenes de especies silvestres con fines de

elaboración de estudios ambientales.

En efecto, la Ley 22 de 1984 reconoce la biología como una profesión

y reglamenta su ejercicio, pero no la excluye del cumplimiento de

16
Corte Constitucional, sentencia T-760 de 25 de septiembre de 2007, magistrada ponente Clara Inés
Vargas Hernández.

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normas ambientales aplicables a todas las personas en el territorio

nacional, por cuanto prevalece el interés general sobre el interés

particular y, en este caso, está de por medio la protección a la

biodiversidad y medio ambiente. Es así, como ya se indicó, que el

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección

al Medio Ambiente previó la posibilidad de otorgarse permisos para

el estudio de recursos naturales, precisamente cuando su propósito

sea la proyección de trabajos para su futuro aprovechamiento, tal

como se desprende de su artículo 56.

En este orden de ideas y comoquiera que el Decreto núm. 3016 de

27 de diciembre de 2013 aplica, en igualdad de condiciones, para

quienes realicen actividades de recolección de especímenes de

especies silvestres con fines de elaboración de Estudios Ambientales,

los principios de igualdad, libertad de investigación y del trabajo

quedan salvaguardados.

Ahora, respecto al cobro por concepto de evaluación del Estudio de

Impacto Ambiental, la Sala pone de presente que la Ley 633 de 29

de diciembre de 2000 17 en su artículo 96, que modificó el artículo 28

de la Ley 344 de 1996, prevé que: “[…] Las autoridades

17
“[…] Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento
a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las
finanzas de la Rama Judicial […]”.

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ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los

servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,

concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control

y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos.

Los costos por concepto de cobro de los citados servicios que

sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán

a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para

sufragar los costos de evaluación y seguimiento en que deba

incurrir el Ministerio para la prestación de estos servicios”

[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto), lo cual desvirtúa el cargo

que formuló el actor, toda vez que el MINAMBIENTE sí está

habilitado para exigir el cobro de una tarifa por concepto de

evaluación del referido estudio.

De igual forma, cabe resaltar que en los términos del artículo 189,

numeral 11, de la Constitución Política, el cual prevé que: “[…]

Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe

del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…) 11. Ejercer la

potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos,

resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las

leyes […]”, al Ministerio, bajo su innegable condición de órgano rector

a quien se le confía la gestión del medio ambiente y de los recursos

renovables, sí le compete dictar las regulaciones necesarias para el

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saneamiento del uso, manejo, aprovechamiento, conservación,

restauración y recuperación de los recursos naturales, con el fin de

impedir, mitigar o eliminar los efectos de las actividades

contaminantes o destructivas del entorno ambiental, por lo que, en

este sentido, resulta posible afirmar que dicha cartera cuenta con la

habilitación legal para expedir el Decreto núm. 3016 de 27 de

diciembre de 2013, frente a la amenaza que representa el uso y

aprovechamiento de la flora y fauna y así garantizar el desarrollo

sostenible.

A partir de lo expuesto, la Sala encuentra que el Decreto núm. 3016

de 27 de diciembre de 2013 “[…] Por el cual se reglamenta el

Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies

silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de

Estudios Ambientales […]”, fue expedido por el Gobierno Nacional sin

transgredir los artículos 13, 25, 27, 84 y 189, numeral 11, de la

Constitución Política; y las leyes 99 y 489, en concordancia con el

Decreto Ley 3570 de 2011, que sirvieron de soporte para la

expedición del citado acto.

Por lo tanto, se procederá a denegar la pretensión anulatoria de la

demanda y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

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Condena en costas

Finalmente, y en atención a la clase de acción que se promovió, la

Sala considera, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 18

del CPACA, que no hay lugar a condenar en costas, por cuanto la

naturaleza de la acción exime de esta fijación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente,

previas las anotaciones de rigor.

18
“[…] ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
las normas del Código de Procedimiento Civil [...]”.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión de 5 de febrero de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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