Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00614-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2014-00614-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00614-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2014-00614-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Referencia. Medio de control de nulidad
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. LA
EXCLUSIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 35 DEL
DECRETO 3011 DE 2013, ACUSADO, NO TIENE UN EFECTO
DEFINITIVO, SINO PROVISIONAL, LO QUE IMPLICA QUE EL
POSTULADO SERÁ EXCLUIDO DEL PROCESO ESPECIAL
TRANSICIONAL DE JUSTICIA Y PAZ DE MANERA TEMPORAL CON
UNA SENTENCIA CONDENATORIA DE PRIMERA INSTANCIA,
PROFERIDA POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES ORDINARIAS POR
HECHOS DOLOSOS COMETIDOS CON POSTERIORIDAD A LA
DESMOVILIZACIÓN, Y SOLO SERÁ EXCLUIDO DEFINITIVAMENTE
CUANDO QUEDE EN FIRME DICHA SENTENCIA CONDENATORIA. EL
MAGISTRADO CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS PUEDE
ABSTENERSE DE CONCEDER LA SUSTITUCIÓN DE LIBERTAD, CON EL
SOLO HECHO DE QUE “EL POSTULADO HA SIDO OBJETO DE
FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN POR DELITOS DOLOSOS
COMETIDOS CON POSTERIORIDAD A LA DESMOVILIZACIÓN”,
CONFORME LO PREVÉ EL INCISO 4° DEL ARTÍCULO 37 DEL
REFERIDO DECRETO DEMANDADO, AUNADO A QUE SE HAYA
DECRETADO LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
El ciudadano RAÚL AGUDELO MEDINA, obrando en su propio
nombre y en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el
2
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
artículo 137 del CPCA, presentó demanda ante esta Corporación,
tendiente a obtener la nulidad de los artículos 35, numeral 2, y 37,
inciso 4, del Decreto 3011 de 26 de diciembre de 2013, “Por el cual
se reglamentan las leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592
de 2012”, expedido por el Gobierno Nacional.
I.- FUNDAMENTOS DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo la violación de los
artículos 29 y 31 de la Constitución Política; 8º, numeral 2, de la Ley
16 de 30 de diciembre de 19721; 7º de la Ley 906 de 31 de agosto de
20042 y 62 de la Ley 975 de 25 de julio de 20053.
Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis,
lo siguiente:
Señaló que el artículo 35, numeral 2, del Decreto 3011 acusado
desconoció el debido proceso, la presunción de inocencia, la doble
instancia, particularmente, el derecho del desmovilizado a recurrir o
apelar, previsto en el artículo 31 de la Constitución Política, al
establecer que bastará con una sentencia condenatoria de primera
1
“Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San
José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969”.
2
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
3
“Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional
y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
instancia por delitos dolosos cometidos después de la desmovilización
para que opere la exclusión de la lista de postulados al proceso
especial de justicia y paz y la terminación de dicho proceso.
Indicó que una condena de primera instancia no puede entenderse
como forma de terminación del proceso de justicia transicional, por lo
que no se le puede negar al postulado a utilizar los recursos
constitucionales y legales.
Que solo una sentencia ejecutoriada en la justicia ordinaria puede
definir la responsabilidad penal y, por ende, desvirtuar dicha
presunción.
Alegó que el Gobierno Nacional al expedir el artículo 37, inciso 4,
del Decreto 3011 demandado violó el derecho de la presunción de
inocencia, de doble instancia, el debido proceso y el artículo 8º,
numeral 2, de la Ley 16 de 1972, y se extralimitó en el ejercicio de
funciones, al fijar e imponer al magistrado de Justicia y Paz con
funciones de control de garantías que se abstenga de conceder la
sustitución de la medida de aseguramiento, -libertad-, al postulado,
por el simple hecho de que el desmovilizado ha sido objeto de
formulación de imputación por delitos dolosos cometidos con
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
posterioridad a la desmovilización, a pesar de que dicha formulación
de imputación es un acto meramente comunicativo, como lo dispone
el artículo 286 de la Ley 906.
Que es a partir de la imputación de cargos en la jurisdicción ordinaria,
donde se inicia un debido proceso, unas garantías procesales y la
presunción de inocencia, se tienen plenos derechos a interponer los
recursos de ley, a acudir a la doble instancia, e incluso a casación o
revisión por los hechos que han sido imputados. Dicho proceso
termina o culmina con una sentencia condenatoria.
Expresó que no se puede vulnerar la presunción de inocencia de los
postulados y llevarles un proceso paralelo en la jurisdicción ordinaria
al que se le lleva en la justicia transicional; y que no se pueden
generar consecuencias jurídicas en los procesos de justicia
transicional con base en una imputación en la justicia ordinaria, ya
que son dos procesos diferentes y en ambos casos se debe garantizar
el debido proceso.
Manifestó que de acuerdo con la sentencia C-087 de 1997, solamente
tienen carácter de antecedentes judiciales las condenas penales
proferidas mediante sentencias en firme, es decir ejecutoriadas, y por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
ello, a su juicio, si un proceso ordinario no ha culminado con una
sentencia ejecutoriada, no puede afectar los derechos del procesado
dentro del sistema de justicia y paz, como lo hace la norma acusada,
la cual permite que la sola imputación afecte el proceso especial de
Justicia y Paz.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante
apoderado, solicitó denegar las súplicas de la demanda y para
oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo
siguiente:
Que no hubo extralimitación de funciones del Gobierno Nacional al
expedir el Decreto demandado. Por el contrario, le dio cabal
cumplimiento a lo establecido en el artículo 189, numeral 11, de la
Constitución Política.
Que de los apartes demandados se logra evidenciar que los mismos
se encuentran dirigidos a reglamentar las leyes 975, 1448 de 10 de
junio de 20114 y 1592 de 3 de diciembre de 20125, para que de esta
4
“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones”.
5
“Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
manera puedan ser plenamente ejecutadas por parte de la rama
judicial.
Indicó que el Gobierno Nacional a través del artículo 35, numeral
2, del Decreto 3011 de 2013 acusado reglamentó el artículo 11A
de la Ley 975 para permitir su ejecución, fijando como parámetro
para la exclusión, que el desmovilizado debe encontrarse condenado
en primera instancia, sin que esto pueda entenderse como una
extralimitación de funciones del Ejecutivo, máxime si se tiene en
cuenta que el artículo 35 del citado acto demandado, en su parágrafo
primero señaló que la exclusión definitiva: “[…] solo procederá
cuando las providencias por hechos dolosos cometidos con
posterioridad a la desmovilización, se encuentran en firme […]”.
Afirmó que es evidente que dentro del texto demandado en ningún
momento se están vulnerando los derechos alegados por el actor,
toda vez que se garantiza que su exclusión definitiva solo se de en el
evento que esté penalmente demostrada su participación dentro de la
comisión de un delito doloso.
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones
para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Alegó que, respecto al artículo 37, inciso 4, del Decreto 3011
acusado, tampoco se presenta extralimitación de funciones, debido a
que este aparte normativo no crea un nuevo requisito, sino que
desarrolla el previsto en el numeral 5 del artículo 18A de la Ley 975.
Señaló que la interpretación realizada por el demandante no se
encuentra ajustada a derecho, pues, a su juicio, no es cierto que se le
vulneró el derecho a la presunción de inocencia, toda vez que dentro
del aparte acusado en ningún momento se endilga la responsabilidad
de un delito doloso.
Precisó que en el evento de encontrarse plenamente probada la
conducta delictiva, es decir, con sentencia condenatoria en firme, la
consecuencia jurídica dentro de la jurisdicción de justicia y paz no es
la de no otorgarse el subrogado penal de sustitución de medida de
aseguramiento, sino la de terminación del proceso penal de justicia y
paz.
Expresó que la medida de aseguramiento se torna como un
mecanismo necesario para adelantar las investigaciones de carácter
penal, más en situaciones especiales como las que trata la Ley 975.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Anotó que el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal indica
que la medida de aseguramiento será decretada cuando de los
elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y
asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda
inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe
de la conducta delictiva que se investiga.
Que el artículo 287 ibidem establece que se realizará imputación
cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de
información legalmente obtenida se pueda inferir razonadamente que
el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga, por lo que
la afirmación realizada por el actor en cuanto a que la imputación es
un hecho meramente comunicativo se ve desdibujada.
Ello, por cuanto de las normas antes citadas del Código de
Procedimiento Penal se logra concluir que para que se pueda imputar
o imponer medida de aseguramiento no basta con la sola solicitud,
sino que deben existir elementos probatorios que le permitan inferir
razonablemente la autoría o participación del sindicado dentro del
proceso que se adelanta en su contra.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Agregó que no se le puede dar a una situación jurídica dos
tratamientos diferentes, pues si el desmovilizado es condenado y la
sentencia se encuentra en firme, la consecuencia jurídica es la
terminación del proceso de justicia y paz; mientras que si existe una
imputación en contra del mismo, la consecuencia jurídica es la de no
poder acceder al beneficio de la sustitución de la medida de
aseguramiento.
Concluyó que no se logra evidenciar que el Decreto demandado viole
la Constitución Política, ni las leyes 16 de 1972, 906 de 2004 y 975
de 2015, razón por la cual deben ser despachadas de forma
desfavorable las pretensiones elevadas por el actor.
II.2. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de
apoderada, se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte
actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.
Adujo que el Decreto acusado lo que está haciendo es aclarar y hacer
mucho más explícita la norma de carácter legal para facilitar su
adecuada interpretación, ejecución y cumplimiento.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Señaló que si bien es cierto que la norma demandada indica el
proceder de los magistrados frente a los casos en que los postulados
de la Ley de Justicia y Paz fueren imputados por delitos posteriores a
su postulación, también es claro que en ningún momento la
disposición vulnera el principio de la presunción de inocencia, pues no
se inmiscuye en un proceso, específicamente, sino que limita a
quienes pudieren ser beneficiarios de la Ley 975, para que se
abstengan de incurrir en posteriores delitos.
Observó que es tan solo con la sentencia condenatoria en firme en
contra del postulado que se excluye al mismo de los beneficios de la
Ley 975. Y por ello, la citada norma de ninguna manera transgrede
los derechos del actor, sino que reglamenta la Ley de Justicia y Paz
con el objeto de que la misma no sea burlada de nuestro
ordenamiento jurídico.
Advirtió que, entonces, podría sustentarse como una medida
preventiva que busca garantizar que las personas desmovilizadas de
los grupos al margen de la ley no se escuden en los beneficios de la
Ley de Justicia y Paz para continuar delinquiendo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Expresó que el actor no puede pretender acudir a la analogía de otros
regímenes para lograr la nulidad de los artículos 35 y 37 del
Decreto 3011 de 2013 demandado, toda vez que las leyes 975 y
1595 son normas de carácter especial y la justicia transicional está
debidamente reglamentada sin perjuicio de las normas “magnas”
(sic), por lo tanto debe regirse directamente de acuerdo con las
normas que lo conforman y teniendo presente las características
propias.
Anotó que frente al cargo de violación de la doble instancia, el actor
erró al manifestar la transgresión, dado que lo previsto en el artículo
35 del Decreto 3011 de 2013, en su numeral 2, no significa que
el postulado en el proceso penal ante la jurisdicción ordinaria no
pueda acudir a la segunda instancia, máxime cuando el mismo
artículo 35 del Decreto citado establece que “[…] en el evento en que
se profiera sentencia de segunda instancia absolutoria del postulado,
el fiscal delegado solicitará ante la Sala de Conocimiento la
reactivación del proceso penal especial de justicia y paz en la fase en
la que se encontrare al momento de la terminación del proceso […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Que con ello es claro que si se demuestra la inocencia de quien
estaba postulado a la Ley de Justicia y Paz, aquel podrá continuar con
los beneficios de la justicia transicional otorgada.
Alegó que lo que se busca con el Decreto 3011 de 2013
demandado es reglamentar las leyes 975, 1448 y 1592, lo cual se
encuentra expresado en su prólogo: “conseguir una debida ejecución
de las mismas dentro de nuestro ordenamiento y lograr la verdadera
justicia en nuestro país”.
Concluyó en que en ningún momento los artículos 35 y 37 del
Decreto demandado transgreden el derecho del actor. Por el
contrario, las referidas normas permiten una debida y justa aplicación
de las leyes indicadas, las cuales hacen parte de la justicia
transicional.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo el argumento de
que si bien es cierto que fue llamado a integrar el extremo pasivo de
la litis, también lo es que lo que el actor pretende es la nulidad de los
artículos 35 y 37 del Decreto 3011 de 2013 demandado,
expedido por el Presidente de la República, y que rigen en materia de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
justicia, específicamente en materia penal, por lo que podría indicarse
que es la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, que podría
intervenir en el presente asunto por ser de su competencia el
conocimiento de estos tópicos6.
II.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante
apoderado, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
Señaló que el efecto final de lo dispuesto en el artículo 35, numeral
2, del Decreto 3011 de 2013 acusado, a la luz del parágrafo 1° de
la misma disposición, no es la exclusión definitiva de la lista de
postulados a la ley de justicia y paz del desmovilizado cuando sea
condenado en primera instancia por la comisión de delitos con
posterioridad a la desmovilización, sino la exclusión temporal de dicha
lista y la suspensión del respectivo proceso especial, hasta que quede
en firme la citada sentencia condenatoria.
Expresó que en virtud de esa temporalidad de la exclusión de la lista
de postulados, el proceso especial se reanudará en el estado en que
se encontrare al momento de la suspensión del mismo, en caso de
6
Al respecto, mediante audiencia inicial de 28 de noviembre de 2016, el Despacho señaló que no tenía
vocación de prosperidad dicha excepción, toda vez que la Nación, en el caso sub lite, estaría
representada por los Ministros de Justicia y del Derecho, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Director del Departamento para la Prosperidad Social, entidades estas que
participaron en la expedición del acto administrativo acusado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
producirse una sentencia absolutoria en la justicia ordinaria, tal como
lo ordena el citado parágrafo.
Que, en estas condiciones, la norma se encuentra en armonía con lo
dispuesto en el artículo 11A de la Ley 975, adicionado por el artículo
5º de la Ley 1592, el cual establece igualmente la exclusión de la lista
de postulados para el desmovilizado que haya sido condenado por
delitos cometidos con posterioridad a su desmovilización.
Precisó que, en ambos casos, tanto en la norma reglamentaria como
en la norma legal, el desmovilizado solo será retirado de la lista de
postulados en forma definitiva cuando recaiga una condena en firme
por delitos dolosos cometidos después de la desmovilización.
Indicó que la suspensión de la calidad de postulado al sistema
especial de Justicia y Paz es apenas una medida prudencial para
garantizar la seriedad y efectividad de dicho sistema, evitando que,
dada la prolongación del proceso ordinario contra quien haya
delinquido después de la desmovilización, la respectiva condena
definitiva resulte inocua dentro del proceso especial de justicia
transicional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Anotó que, en este mismo sentido, se pronunció la Dirección de
Justicia Transicional del Ministerio en mención, en concepto contenido
en el oficio núm. MEM15-0005395-DJT-3100, de 11 de junio de 2015.
Alegó que no se desconoció el principio de presunción de inocencia ni
el derecho de apelar las sentencias, porque el entendido integral de la
norma demandada, en conjunto con el parágrafo del mismo artículo
35 acusado, es que la sentencia de primera instancia en la justicia
ordinaria por delitos cometidos después de la desmovilización no
genera la terminación definitiva del proceso especial de Justicia y Paz
para el respectivo desmovilizado, sino de manera preventiva la
suspensión del mismo mientras queda en firme dicha sentencia.
Sostuvo, en cuanto al artículo 37, inciso 4º, del Decreto
demandado, que la misma resulta una medida razonable y
proporcional dentro del contexto del sistema de Justicia y Paz, para
atender el fin primordial de garantizar la no repetición, garantía
fundamental que debe asegurar el Estado para respaldar la
legitimidad de los beneficios propios del sistema de justicia
transicional.
Afirmó que tampoco se desconoció el principio de presunción de
inocencia con la referida norma, bajo el entendido de que la facultad
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
del magistrado con funciones de control de garantías de abstenerse
de conceder la sustitución de la libertad solo procede en el marco de
la justicia penal ordinaria.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario,
en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en
lista, probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1.- La Procuraduría Delegada para la Conciliación
Administrativa7, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que
se declare la nulidad del artículo 37 del Decreto 3011 acusado y
se debe, en consecuencia, acceder a las súplicas de la demanda.
Adujo que la expedición del citado artículo 37 señala una condición
adicional que no estaba establecida dentro del proceso de Justicia y
Paz, bajo el entendido de que la Ley 975, modificada por la Ley 1592,
dispuso como requisito para obtener la suspensión de la medida de
aseguramiento privativa de la libertad, que el postulado no hubiese
cometido un delito doloso con posterioridad a la desmovilización, sin
7
Folios 216 a 222.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
que para ello se hiciera alusión a una exigencia que enmarcara la
formulación de imputación por dichos delitos, pues se evidencia que
esta adición normativa desborda la competencia por parte del
Gobierno Nacional, al crear un procedimiento que hace más gravosa
la situación de los postulados que solicitan la suspensión de la medida
de aseguramiento en el proceso de Justicia y Paz.
Resaltó que la Ley 975 no hizo mención alguna que determine que la
solicitud de la medida de aseguramiento será concedida no sólo
cuando el postulado no haya cometido delitos dolosos con
posterioridad a la desmovilización, sino que, además, haya sido
objeto de formulación de imputación por estos delitos, caso en el cual
el magistrado con función de control de garantías se abstendrá de
conceder la sustitución de la medida solicitada por el postulado en el
proceso de Justicia y Paz.
Reiteró que el sustento que utiliza el Gobierno Nacional no desarrolla
la correcta aplicación de la Ley 975. Por el contrario, al introducir
unos requisitos adicionales, excede el contenido material del acto
acusado, al reglar sin competencia el procedimiento de la suspensión
de la medida de aseguramiento, cuando la potestad del legislador lo
ha establecido en otro sentido.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Alegó que el Gobierno Nacional desatendió la potestad reglamentaria
del legislador, dado que además de que desconoció el espíritu inicial
del numeral 11 A de la Ley 975 creó una nueva condición, al indicar
en el numeral 2, del artículo 35, del Decreto 3011 demandado,
que con la comisión de delitos dolosos por parte del postulado,
“bastará con una sentencia de primera instancia”, denominación
normativa que no solo coarta las instancias judiciales, sino que
vulnera el principio de presunción de inocencia y del debido proceso
de manera directa.
Sostuvo que la actividad reglamentaria se encuentra limitada y
encausada por la norma legal y, por ello, debe respetar tanto el
contenido del texto, como su espíritu normativo.
Que, en otras palabras, so pretexto de hacer eficaz y plenamente
operante la norma superior de derecho, el Gobierno Nacional no
puede condicionar o extender la interpretación normativa en un acto
administrativo lo que la Ley dispone; y porque al expedir el Decreto
acusado con requisitos adicionales en su contenido, vulnera el
principio de presunción de inocencia y del debido proceso en relación
con los postulados al proceso de justicia y paz.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Expresó que al confrontar el acto demandado con la norma superior,
el mismo no cuenta con la potestad reglamentaria requerida,
teniendo en cuenta que el legislador no le otorgó al Gobierno Nacional
atribución alguna, que le permita restringir el derecho que tienen los
postulados a la suspensión de la medida de aseguramiento cuando se
encuentren recluidos en centros carcelarios y logren acceder a los
beneficios judiciales que permitan la libertad, de conformidad con los
lineamientos previstos en la Ley, en este caso, en el procedimiento
establecido legalmente en Justicia y Paz, -Ley 975-.
Concluyó en que la expedición de los numerales e inciso del acto
acusado carecen de competencia y vulneran los principios de
presunción de inocencia y debido proceso, de tal manera que los
cargos aducidos por el actor tienen vocación de prosperidad.
IV.2.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en
esta instancia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de
escrito visible a folios 223 a 224, reiteró los argumentos expuestos en
la contestación de la demanda, haciendo especial énfasis en que el
actor no logró demostrar vulneración alguna de las normas, alegadas
como violadas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
IV.3.- Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho8
también reiteró los argumentos de la contestación de la demanda, en
el sentido de que las disposiciones acusadas del Decreto 3011 de
2013 se encuentran acordes con el ordenamiento superior.
IV.4.- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural9 insistió en
que se despachen desfavorablemente las súplicas de la demanda,
para lo cual sostuvo que la expedición del Decreto acusado desarrolló
la voluntad del legislador en el marco de lo dispuesto por la norma
para su debido cumplimiento, de conformidad con el artículo 189 de
la Constitución Política.
Que el propósito del acto demandado consiste en desarrollar la Ley,
no de manera explícita, reproduciendo el texto, sino desplegando el
espíritu y la naturaleza de la norma.
IV.5.- En esta etapa procesal, el actor guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de los
artículos 35, numeral 2, y 37, inciso 4°, del Decreto 3011 de
8
Folios 225 a 227.
9
Folios 228 a 232.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
26 de diciembre de 2013, “Por el cual se reglamentan las leyes
975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012”, expedido por el
Gobierno Nacional.
Las disposiciones acusadas son del siguiente tenor:
“[…] DECRETO 3011 DE 2013
(Diciembre 26)
Por el cual se reglamentan las Leyes 975 de 2005, 1448 de
2011 y 1592 de 2012.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en
especial las conferidas en el artículo 189 numeral 11 de la
Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República aprobó la Ley 1592 de
2012, “por medio de la cual se introducen modificaciones a la
Ley 975 de 2005 'por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones
para acuerdos humanitarios' y se dictan otras
disposiciones”, la cual fue sancionada por el Presidente de la
República el tres (3) de diciembre de 2012;
Que la Ley 1592 de 2012 fue diseñada con dos objetivos
principales: (i) transformar de manera definitiva el enfoque de
investigación, procesamiento y judicialización que se venía
aplicando en los procesos de Justicia y Paz para asegurar la
concentración de esfuerzos en la investigación de los
máximos responsables y en la develación de los patrones de
macrocriminalidad; y (ii) articular estos procesos con los
demás instrumentos de justicia transicional para velar por la
satisfacción efectiva de los derechos de las víctimas;
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Que luego de la aplicación de la Ley 975 de 2005 durante más
de ocho (8) años, es necesario generar mecanismos que den
celeridad al procedimiento y permitan garantizar la pronta
administración de justicia, asegurando su legitimidad nacional
e internacional y el cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Gobierno Nacional;
Que la Ley 1592 de 2012 busca articular la Ley 975 de 2005
con las políticas de restitución de tierras y de reparación a
víctimas, por lo cual estableció normas sobre la destinación de
los bienes ofrecidos, entregados, detectados oficiosamente o
denunciados por los postulados en el marco del proceso penal
establecido en la Ley 975 de 2005. En esta medida, la ley
contiene un conjunto de normas jurídicas destinadas a
organizar el sistema de alistamiento, recepción, transferencia
y administración de bienes entre las autoridades encargadas
de la ejecución de la Ley 1448 de 2011 y la Ley 975 de 2005,
modificada por la Ley 1592 de 2012;
Que la Ley 1592 de 2012, busca generar coherencia entre los
modelos de reparación de víctimas creados en el país,
modificando el incidente de reparación de víctimas para
convertirlo en un incidente de identificación de las
afectaciones causadas a las víctimas, que permita contribuir a
la satisfacción de las víctimas, al esclarecimiento de la
verdad, y vincular a las víctimas acreditadas en los procesos
de Justicia y Paz al programa de reparación integral por vía
administrativa creado por la Ley 1448 de 2011;
Que en desarrollo de la aplicación de la Ley 975 de 2005 y la
Ley 1448 de 2011, el Gobierno Nacional ha proferido una
serie de decretos que deben ser articulados para asegurar la
aplicación coherente del marco normativo de Justicia y Paz;
En consideración a lo expuesto,
DECRETA:
[…]
CAPÍTULO III.
FORMAS DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
ARTÍCULO 35. APLICACIÓN DE LAS CAUSALES DE
TERMINACIÓN DEL PROCESO PENAL ESPECIAL DE
JUSTICIA Y PAZ. Para efectos de la aplicación de las
causales de terminación del proceso especial de justicia y paz
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
contempladas en el artículo 11A de la Ley 975 de 2005
introducido por el artículo 5o de la Ley 1592 de 2012, se
tendrán en cuenta las siguientes disposiciones;
1. La verificación de las causales estará en cabeza del fiscal
delegado, quien solo deberá acreditar prueba sumaria de
su configuración ante la Sala de Conocimiento.
2. Para la exclusión por una condena por delitos
dolosos cometidos con posterioridad a la
desmovilización, bastará con una sentencia
condenatoria de primera instancia.10
3. Para la exclusión por delinquir desde el centro de
reclusión habiendo sido postulado estando privado de la
libertad, bastará con una sentencia condenatoria de
primera instancia.
PARÁGRAFO 1o. La exclusión definitiva de la lista de
postulados a la ley de justicia y paz que lleve a cabo el
Gobierno Nacional como consecuencia de la terminación del
proceso penal especial de justicia y paz, solo procederá
cuando las providencias condenatorias, proferidas por las
autoridades judiciales ordinarias por hechos dolosos
cometidos con posterioridad a la desmovilización, se
encuentren en firme. En el evento en que se profiera
sentencia de segunda instancia absolutoria del postulado, el
fiscal delegado solicitará ante la Sala de Conocimiento la
reactivación del proceso penal especial de justicia y paz en la
fase en la que se encontrare al momento de la terminación
del proceso.
[…]
CAPÍTULO IV.
SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO.
ARTÍCULO 37. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO. Para la solicitud de la sustitución de la
medida de aseguramiento, el postulado deberá presentar los
documentos o pruebas que respalden el cumplimiento de los
requisitos contemplados en el artículo 18A de la Ley 975 de
2005.
En relación con el requisito consagrado en el numeral 3, la
participación y contribución del postulado al esclarecimiento
de la verdad será evaluado a partir de la certificación que
10
Esta es la disposición demandada.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
para tal efecto expida la Fiscalía General de la Nación o la
Sala de Conocimiento, según la etapa procesal en la cual se
encuentre el procedimiento.
En relación con el requisito consagrado en el numeral 4, este
será evaluado a partir de la certificación que para tal efecto
expida la Fiscalía General de la Nación sobre la entrega,
ofrecimiento o denuncia de bienes por parte del postulado.
Frente al requisito contenido en el numeral 5, si al
momento de la solicitud de sustitución de la medida de
aseguramiento el postulado ha sido objeto de
formulación de imputación por delitos dolosos
cometidos con posterioridad a la desmovilización, el
magistrado con funciones de control de garantías se
abstendrá de conceder la sustitución de la libertad.11
PARÁGRAFO. La sustitución de la medida de aseguramiento
procederá con la sola verificación de los requisitos
establecidos en el artículo 18A de la Ley 975 de 2005. […]”
(Destacado fuera de texto).
De manera preliminar, la Sala debe referirse a la normativa legal que
regula el beneficio de la pena alternativa en el proceso de justicia y
paz, en cuyo marco fue expedido el Decreto 3011 de 2013
acusado, para lo cual se prohíja la sentencia de 10 de mayo de
201812, en la cual esta Sección sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.1. El beneficio de la pena alternativa en el
proceso de justicia y paz
La Ley 975 del 25 de julio de 2005, “Por la cual se dictan
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se
dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”,
reguló lo concerniente a la investigación, procesamiento,
11
Este es el inciso demandado.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de mayo
de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2014-00642-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a
grupos armados organizados al margen de la ley, como
autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y
con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren
decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la
reconciliación nacional.13
Lo anterior como un instrumento para la búsqueda de la paz y
la superación del conflicto armado interno del país, con el fin
de facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual
o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al
margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a
la verdad, la justicia, la reparación y a la garantía de no
repetición.
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-370 de 2006 -en la
que se pronunció sobre la exequibilidad de algunas
disposiciones de la Ley 975-, destacó que la paz tiene
distintas manifestaciones en la Constitución de 1991, entre
ellas, la de ser además de un derecho un deber14, e indicó:
“para lograr realizar el valor constitucional de la paz, el
Congreso plasmó en la Ley diversas fórmulas que, en
términos generales, implican una reforma al procedimiento
penal con incidencias en el ámbito de la justicia -entendida
como valor objetivo y también como uno de los derechos de
las víctimas de violaciones de derechos humanos-”,
estableciendo para el efecto “ciertos beneficios de tipo penal y
un procedimiento especial ante ciertas autoridades específicas
para quienes opten, individual o colectivamente, por
desmovilizarse de los grupos armados al margen de la ley y
reingresar a la vida civil”. En sentir de esa Corporación “[e]llo
refleja una decisión de carácter político adoptada por el
Legislador y plasmada en la Ley que se examina: en aras de
lograr la paz se estableció un régimen específico y distinto de
procedimiento penal, como forma de materializar la justicia.”
En el ámbito de la Ley 975 se estableció como beneficio
judicial la alternatividad, que de acuerdo con el artículo
3º, consiste en suspender la ejecución de la pena
determinada en la respectiva sentencia,
reemplazándola por una pena alternativa que se
concede por la contribución del beneficiario a la
consecución de la paz nacional, la colaboración con la
justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada
resocialización.
13
Artículos 1º y 2º. Dicha ley fue modificada por la Ley 1592 del 3 de 2012.
14
Artículo 22 de la Constitución Política.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
En armonía con esta disposición legal, el artículo 24 ibídem,
modificado por el artículo 25 de la Ley 1592, previó que en la
sentencia condenatoria se fijarían la pena principal y las
accesorias, y adicionalmente se incluirían, entre otros
aspectos, la pena alternativa y los compromisos que
debía asumir el condenado por el tiempo que dispusiera
la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de
Distrito Judicial. Agregando la norma que, “[e]n el evento
en que el condenado incumpla alguno de los compromisos
u obligaciones determinados en la sentencia se le revocará
el beneficio de la pena alternativa y, en consecuencia,
deberá cumplir la sanción principal y las accesorias que le
fueron impuestas”.
(Negrillas de la Sala)
El artículo 29 de la Ley 975 dispuso también, que al
condenado que haya cumplido las condiciones previstas
en dicha ley, se le impondrá una pena alternativa
consistente en privación de la libertad por un período
mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8)
años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos
y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los
mismos. Para tener derecho a la pena alternativa se
requiere que el beneficiario se comprometa a contribuir
con su resocialización a través del trabajo, estudio o
enseñanza durante el tiempo que permanezca privado
de la libertad, y a promover actividades orientadas a la
desmovilización del grupo armado al margen de la ley
al cual perteneció.
Así mismo, determinó la ley que atendida la pena
alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia,
se le concedería al beneficiado la libertad a prueba por
un término igual a la mitad de la pena alternativa
impuesta, período durante el cual éste se comprometía
a no reincidir en delitos, a presentarse periódicamente
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
correspondiente y a informar cualquier cambio de
residencia. Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el
periodo de prueba, se declarará extinguida la pena principal;
en caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se
deberá acatar la pena inicialmente determinada.
Frente a la figura de la alternatividad, la Corte Constitucional,
en la mencionada Sentencia C-370 de 2006, explicó que el
instituto que la ley denomina alternatividad es un beneficio
que incorpora una rebaja punitiva significativa, a la cual
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
pueden acceder los miembros de un grupo armado organizado
al margen de la ley que se sometan a un proceso de
reincorporación a la vida civil, y que hayan sido autores o
partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con
ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuya concesión está
condicionada al cumplimiento de unos requisitos establecidos
en la ley, orientados a satisfacer a cabalidad los derechos de
las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición. A partir del examen de las disposiciones legales
antes citadas en esta providencia, la Corte Constitucional
destacó los siguientes elementos esenciales de la pena
alternativa:
“[…] (i) Es un beneficio punitivo que conlleva suspensión
condicional de la ejecución de la pena determinada en la
respectiva sentencia, el cual responde a características y
propósitos específicos.
(ii) Es judicial y sustitutiva de la pena ordinaria: la autoridad
judicial competente impondrá en la sentencia la pena principal
y las accesorias que correspondan de ordinario al delito
conforme a los criterios establecidos en la ley penal. Esta
comprensión se deriva explícita y sistemáticamente de los
artículos 3º, 19, 20, 24 y 29.
(iii) Es alternativa: la pena que de ordinario le correspondería
cumplir al condenado es reemplazada por una pena inferior de
tal forma que el condenado debe pagar la pena alternativa, no
la pena ordinaria inicialmente impuesta.
(iv) Es condicionada: su imposición está condicionada a que
concurran los presupuestos específicos previstos en la
presente ley. Verificado su cumplimiento, el Tribunal
impondrá lo que la ley denomina pena alternativa.
(v) Constituye pena privativa de la libertad de 5 a 8 años, que
deberá cumplirse efectivamente sin que pueda ser afectada
por otros subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas
complementarias, adicionales a la pena alternativa misma.
(Par. Art. 29).
(vi) Su mantenimiento depende de la libertad a prueba: una
vez cumplida efectivamente la pena alternativa, así como las
condiciones impuestas en la sentencia según la ley (artículo
24), se concederá la libertad a prueba por un término igual a
la mitad de la pena alternativa impuesta, período en el cual el
sentenciado debe cumplir determinados compromisos: no
reincidir en ciertas actividades delictivas, presentaciones
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
periódicas e información de cambio de residencia (artículo
29).
(vii) Extinción de la pena ordinaria inicialmente determinada:
Cumplidas las obligaciones impuestas en la sentencia o
establecidas en la ley, y transcurrido el período de prueba, se
declarará extinguida la pena ordinaria inicialmente
determinada.
(viii) Revocatoria de la pena alternativa y ejecución de
la pena inicialmente determinada: si durante la
ejecución de la pena alternativa o del período de
libertad a prueba, se establece que el beneficiario ha
incumplido alguna de las obligaciones impuestas en la
sentencia o previstas en la ley, para el goce del
beneficio, se revocará la pena alternativa y se harán
efectivas las penas principales y accesorias
inicialmente impuestas en la sentencia. […]”
(Negrillas ajenas al texto original)
Concluyó la citada Corporación que la configuración de la
pena alternativa, como medida encaminada al logro de la paz,
resulta acorde con la Constitución “[…] en cuanto, tal como se
deriva de los artículos 3° y 24, no entraña una
desproporcionada afectación del valor justicia, el cual aparece
preservado por la imposición de una pena originaria (principal
y accesoria), dentro de los límites establecidos en el Código
Penal, proporcional al delito por el que se ha condenado, y
que debe ser cumplida si el desmovilizado sentenciado,
incumple los compromisos bajo los cuales se le otorgó el
beneficio de la suspensión de la condena”. Sin embargo, la
Corte estimó pertinente declarar la exequibilidad condicionada
del artículo 3º de la Ley 975, en el entendido que la
“colaboración con la justicia”, como presupuesto de la
suspensión de la ejecución de la pena determinada en la
respectiva sentencia, debe estar encaminada al logro efectivo
de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición.
En relación con la competencia, el artículo 32 de la Ley 975
(modificado por el artículo 28 de la Ley 1592) fijó la
competencia funcional de los magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial así como de los jueces de
supervisión de ejecución de sentencias, en los siguientes
términos:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
“[…] Además de las competencias establecidas en otras leyes,
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial designados por el
Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para
adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que
trata la presente ley.
El juzgamiento en los procesos a los que se refiere la presente
ley, en cada una de las fases del procedimiento, se llevará a
cabo por las siguientes autoridades judiciales:
1. Los Magistrados con funciones de control de garantías.
2. Los Magistrados con funciones de conocimiento de las salas
de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial.
3. Los jueces con funciones de ejecución de sentencias
de las salas de Justicia y Paz de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, quienes estarán a cargo
de vigilar el cumplimiento de las penas y de las
obligaciones impuestas a los condenados, de acuerdo
con la distribución de trabajo que disponga el Consejo
Superior de la Judicatura en cada una de las salas de Justicia
y Paz. […]”
(Negrillas ajenas al texto original)
Con la expedición del Decreto 1069 de 2015, por medio del
cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho, el Gobierno Nacional compiló algunas
normas reglamentadas con anterioridad incluyendo las
disposiciones relativas a la justicia transicional, dentro de las
cuales está la revocatoria de la pena alternativa prevista en el
artículo 2.2.5.1.2.2.23.15 […]”. (Destacado por fuera de
texto).
Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver los cargos expuestos
de la siguiente manera:
El primer cargo consiste en que el artículo 35, numeral 2, del
15
Título 5, Capítulo 1. Sección 2 Procedimiento especial de justicia y paz. Subsección 2 Etapa Judicial.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Decreto 3011 acusado desconoció el debido proceso, la presunción
de inocencia, la doble instancia, particularmente, el derecho del
desmovilizado a recurrir o apelar, previsto en el artículo 31 de la
Constitución Política, al establecer que bastará con una sentencia
condenatoria de primera instancia por delitos dolosos cometidos
después de la desmovilización para que opere la exclusión de la lista
de postulados al proceso especial de justicia y paz y la terminación de
dicho proceso.
Al respecto, es del caso traer nuevamente a colación el citado
numeral 2 del artículo 35 del Decreto 3011 acusado, que prevé
lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 35. APLICACIÓN DE LAS CAUSALES DE
TERMINACIÓN DEL PROCESO PENAL ESPECIAL DE
JUSTICIA Y PAZ. Para efectos de la aplicación de las
causales de terminación del proceso especial de justicia y paz
contempladas en el artículo 11A de la Ley 975 de 2005
introducido por el artículo 5o de la Ley 1592 de 2012, se
tendrán en cuenta las siguientes disposiciones;
[…]
2. Para la exclusión por una condena por delitos
dolosos cometidos con posterioridad a la
desmovilización, bastará con una sentencia
condenatoria de primera instancia. […]” (Destacado fuera
de texto).
La Ley 1592, a que hace referencia la disposición demandada,
introdujo en su artículo 5º las causales de terminación del proceso
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
especial de justicia y paz señaladas en el artículo 11ª de la Ley 975,
así:
“[…] Artículo 5°. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo
artículo 11A del siguiente tenor:
Artículo 11A. Causales de terminación del Proceso de
Justicia y Paz y exclusión de la lista de postulados. Los
desmovilizados de grupos armados organizados al margen de
la ley que hayan sido postulados por el Gobierno nacional
para acceder a los beneficios previstos en la presente ley
serán excluidos de la lista de postulados previa decisión
motivada, proferida en audiencia pública por la
correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del
Tribunal Superior de Distrito Judicial, en cualquiera de los
siguientes casos, sin perjuicio de las demás que determine la
autoridad judicial competente:
1. Cuando el postulado sea renuente a comparecer al proceso
o incumpla los compromisos propios de la presente ley.
2. Cuando se verifique que el postulado ha incumplido alguno
de los requisitos de elegibilidad establecidos en la presente
ley.
3. Cuando se verifique que el postulado no haya entregado,
ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo
armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión
de su pertenencia al mismo, de forma directa o por
interpuesta persona.
4. Cuando ninguno de los hechos confesados por el postulado
haya sido cometido durante y con ocasión de su pertenencia a
un grupo armado organizado al margen de la ley.
5. Cuando el postulado haya sido condenado por delitos
dolosos cometidos con posterioridad a su
desmovilización, o cuando habiendo sido postulado
estando privado de la libertad, se compruebe que ha
delinquido desde el centro de reclusión. […]” (Destacado
fuera de texto).
En cuanto a la figura de la exclusión del postulado del proceso de
justicia transicional y las causales que permiten tal posibilidad, en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
sentencia C-752 de 30 de octubre de 201316, la Corte Constitucional
sostuvo que mediante el artículo 5° de la Ley 1592 de 2012 se
introdujo a la Ley 975 de 2005 el artículo 11A, en el cual se regulan
las causales de terminación del Proceso de Justicia y Paz y la
exclusión de la lista de postulados, como consecuencia del
incumplimiento de los requisitos de elegibilidad o alguna obligación
legal o judicial, y se describe el procedimiento a seguir en tales casos.
Asimismo, puntualizó que la referida exclusión está sometida a las
siguientes reglas: (i) procede cuando se cumpla alguna de las
causales de exclusión definidas en la ley y las demás que determine
la autoridad judicial competente (Ley 975, artículo 11A); (ii) la
decisión debe ser adoptada en audiencia pública por la
correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del respectivo
Tribunal Superior de Distrito Judicial, mediante auto, a solicitud del
fiscal del caso, y debe estar motivada fáctica, probatoria y
jurídicamente e indicar los motivos de estimación o desestimación de
las pretensiones de las partes (Ley 975, artículo 11A y 13); (iii)
durante la audiencia la defensa del postulado estará a cargo de su
defensor de confianza o, en su defecto, del asignado por el Sistema
Nacional de Defensoría Pública (Ley 975, artículo 14); (iv) la
16
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia de 30 de octubre de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Expediente núm. D-9568.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
audiencia puede solicitarse en cualquier momento de la actuación,
esto es, tanto en el curso del proceso como en la etapa de ejecución
de la sentencia, una vez se ponga en evidencia la situación de
incumplimiento (Ley 975, artículo 11A); (v) si la decisión se toma
antes de proferirse sentencia, se dispone la exclusión del postulado
del proceso de justicia y paz y se remite la actuación al funcionario
competente para llevar el proceso conforme con la ley vigente al
momento de la comisión de las conductas investigadas, en el que no
tendrá valor la confesión del justiciable realizada en el expediente
transicional (Ley 975 de 2005, artículo 11A), si, por el contrario, la
decisión se toma luego de proferido el respectivo fallo, la Sala de
Conocimiento, de oficio o por solicitud del fiscal, procede a revocar la
pena alternativa o el período de libertad a prueba y hará efectivas las
penas principales y accesorias ordinarias ordenadas en la sentencia
(Ley 975 de 2005, artículos 24, 25 y 26); (vi) finalmente, contra la
decisión de exclusión procede el recurso de apelación ante la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia (Ley 975 de 2005, artículo 26),
y una vez en firme la decisión, el desmovilizado no podrá ser
nuevamente postulado para acceder a un futuro trámite y a los
beneficios establecidos en la ley de justicia y paz (Ley 975, artículos
11A).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Así discurrió la Corte:
“[…] 5.11. Atendiendo a la filosofía que inspiró la reforma a la
llamada ley de justicia y paz -Ley 975 de 2005-, la figura de
la exclusión quedó finalmente contenida, de manera
particular y concreta, en los artículos 5º y 8° de la Ley
1592 de 2012. En esta última norma, prevista
exclusivamente para el caso en que el postulado no cumple el
compromiso de entregar, ofrecer o denunciar los bienes
adquiridos ilícitamente.
5.12. En efecto, mediante el artículo 5° de la Ley 1592
de 2012, se introdujo a la Ley 975 de 2005 un nuevo
artículo 11A, en el cual se regulan las causales de
terminación del Proceso de Justicia y Paz y la exclusión
de la lista de postulados, describiendo también el
procedimiento a seguir en tales casos. Al respecto, la
norma establece que los desmovilizados de grupos armados
organizados al margen de la ley que hayan sido postulados
por el Gobierno nacional para acceder a los beneficios
previstos en la Ley 975 de 2005, serán excluidos de la lista de
postulados previa decisión motivada, proferida en audiencia
pública por la correspondiente Sala de Conocimiento de
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, en
cualquiera de los siguientes casos, sin perjuicio de las demás
que determine la autoridad judicial competente:
“1. Cuando el postulado sea renuente a comparecer al
proceso o incumpla los compromisos propios de la presente
ley.
2. Cuando se verifique que el postulado ha incumplido alguno
de los requisitos de elegibilidad establecidos en la presente
ley.
3. Cuando se verifique que el postulado no haya entregado,
ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo
armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión
de su pertenencia al mismo, de forma directa o por
interpuesta persona.
4. Cuando ninguno de los hechos confesados por el postulado
haya sido cometido durante y con ocasión de su pertenencia a
un grupo armado organizado al margen de la ley.
5. Cuando el postulado haya sido condenado por delitos
dolosos cometidos con posterioridad a su
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
desmovilización, o cuando habiendo sido postulado
estando privado de la libertad, se compruebe que ha
delinquido desde el centro de reclusión.
6. Cuando el postulado incumpla las condiciones impuestas en
la audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de
que trata el artículo 18A de la presente ley.”
[…]
6.16. En lo que hace a la figura de la exclusión, ésta ha sido
definida por la jurisprudencia como el mecanismo por medio
del cual la autoridad judicial de conocimiento del proceso de
justicia y paz expulsa al postulado de dicho trámite, previa
solicitud que presenta la fiscalía. La Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia ha precisado al respecto, que “[l]a
exclusión del postulado de los beneficios de la Ley de
Justicia y Paz, opera cuando éste no cumple con los
requisitos generales y objetivos establecidos en la Ley
975 de 2005 para su vinculación al trámite especial, o
cuando en curso del proceso o dentro de la ejecución de
la pena alternativa dispuesta por la justicia, incumple
con las obligaciones propias de su condición”.17
6.17. El proceso de exclusión de quienes aspiran a ser
beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz, fue
estructurado en el artículo 5° de la Ley 1592 de 2012,
que a su vez adicionó un artículo 11A de la Ley 975 de
2005. La formalización legal de la exclusión dentro del
proceso de justicia y paz, propuesta en la Ley 1592 de 2012,
se explicó en el apartado anterior, tenía como propósito
específico no solo buscar una mayor efectividad de dicho
proceso, sobre la base de unificar criterios y brindar confianza
a los operadores jurídicos en sus decisiones, sino también,
lograr que el proceso se enfocara en las personas que en
realidad estuvieren dispuestas a cumplir con los requisitos de
elegibilidad y a contribuir con la reconstrucción de la paz, que
es la finalidad que persigue la Ley 975 de 2005.
6.18. Y es que, conforme ya fue señalado, la Ley 975 de
2005 no consagró formalmente la figura de la
exclusión, esto es, no elevó a la categoría de norma
especial la posibilidad de excluir a los postulados del
proceso de justicia y paz, cuando éstos no cumplen los
requisitos de elegibilidad o cualquier otra obligación
legal o judicial tanto en el curso del proceso como en la
ejecución de la Sentencia. No obstante, ante la necesidad
inaplazable de definir el futuro de quienes no honraran sus
compromisos, dicho vacío legal fue entonces cubierto por vía
17
Proceso: 31539; Fecha: 31 de julio de 2009; M.P: Augusto J Ibáñez Guzmán.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
de interpretación por la jurisprudencia de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia,18 con base en el parágrafo 1° del
artículo 1919 y el artículo 2120 de la citada Ley 975 de 2005,
que regulan las figuras de la aceptación de cargos y la ruptura
de la unidad procesal.
La aplicación de la exclusión por vía jurisprudencial, se
extendió hasta la expedición de la citada Ley 1592 de
2012, que, se reitera, la reguló expresamente en el
artículo 5°, al incluir un nuevo artículo 11A a la Ley 975
de 2005, titulado “Causales de terminación del Proceso
de Justicia y Paz y exclusión de la lista de postulados”.
En dicha norma se consagran las causales de exclusión y se
establece el procedimiento que se debe seguir para su
aplicación, el cual se ve complementado con otras
disposiciones de la ley que le resultan a su vez plenamente
aplicables.
6.19. En relación con las causales de exclusión, para lo que es
de interés a este juicio, debe señalarse una vez más que el
citado artículo 5° de la Ley 1592 de 2012, que incluyó un
nuevo artículo 11A a la Ley 975 de 2005, prevé que hay lugar
a la exclusión, entre otras causas, “Cuando se verifique que el
postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes
adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen
de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo,
18
Se recuerda que una de las motivaciones de la reforma a la Ley 975 de 2005, que concluyó con la
expedición de Ley 1592 de 2012, fue la de legislar las figuras que venían siendo aplicadas por la
jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, buscando unificar criterios de aplicación
de la ley. De este modo, se ha de ver que la figura de la exclusión, que aún no estaba formalmente
regulada, venía siendo aplicada con base en el parágrafo 1 del artículo 19 y el artículo 21de la Ley 975
de 2005, tal como se advierte, entre otras, en las providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia con radicado 30998 del 12 de febrero de 2009 M.P. Sigifredo Espinosa Pérez,; en providencia
con radicado: 31539 del 31 de julio de 2009 del M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán; y en providencia con
radicado: 34423 del 23 de agosto de 2011 del M.P. José Leonidas Bustos Martínez.
19
ARTÍCULO 19. ACEPTACIÓN DE CARGOS. En la audiencia de formulación de cargos el imputado podrá
aceptar los presentados por la Fiscalía, como consecuencia de la versión libre o de las investigaciones en
curso al momento de la desmovilización. // Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre,
voluntaria, espontánea y asistido por su defensor. En este evento el Magistrado que ejerza la función de
control de garantías enviará inmediatamente lo actuado a la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior
de Distrito judicial a la que corresponda su conocimiento. // Aparte subrayado CONDICIONALMENTE
exequible> Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará a audiencia pública dentro de los
diez (10) días siguientes para examinar si la aceptación de cargos ha sido libre, voluntaria, espontánea y
asistida por su defensor. De hallarla conforme a derecho, dentro de los diez (10) días siguientes citará a
audiencia de sentencia e individualización de pena. // PARÁGRAFO 1o. Si en esta audiencia el imputado
no acepta los cargos, o se retracta de los admitidos en la versión libre, la Unidad Nacional de Fiscalía
para la Justicia y la Paz remitirá la actuación al funcionario competente conforme con la ley vigente al
momento de la comisión de las conductas investigadas. // PARÁGRAFO 2o. Cuando exista solicitud de
reparación integral, previamente se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente
ley.
20
ARTÍCULO 21. RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL. Si el imputado o acusado acepta parcialmente los
cargos se romperá la unidad procesal respecto de los no admitidos. En este caso la investigación y el
juzgamiento de los cargos no aceptados se tramitarán por las autoridades competentes y las leyes
procedimentales vigentes al momento de su comisión. Respecto de los cargos aceptados se otorgarán
los beneficios de que trata la presente ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
de forma directa o por interpuesta persona”. En punto a dicha
causal de exclusión, de destaca que la misma fue recogida por
la norma acusada, el artículo 8° de la Ley 1592 de 2012 (que
introdujo a la Ley 975 de 2005 un nuevo artículo 11D), el
cual, al regular lo relacionado con el deber de los postulados
de contribuir a la reparación integral, dispone que “[e]l
postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los
bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al
margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al
mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será
excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de
la pena alternativa, según corresponda.”
6.20. Con respecto al procedimiento a seguir, habrá de
destacarse inicialmente, que la decisión de excluir a un
postulado del proceso de justicia y paz debe ser adoptada en
audiencia pública por la correspondiente Sala de
Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Distrito Judicial, a solicitud del fiscal del caso, y debe estar
motivada fáctica, probatoria y jurídicamente (Ley 975, art.
11A y 13). Ciertamente, si el postulado incumple los
requisitos de elegibilidad o alguna obligación legal o
judicial, no obstante que el Gobierno lo haya incluido
en lista, es obligación del fiscal delegado acudir ante la
Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, a fin de obtener
la desvinculación de la persona en audiencia a través
del mecanismo de la exclusión.
6.21. La decisión de exclusión del proceso de justicia y
paz, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad,
puede tener lugar en cualquier momento de la
actuación, esto es, tanto en el curso del proceso
(investigación y juzgamiento) como en la etapa de
ejecución de la sentencia, una vez se ponga en
evidencia la situación de incumplimiento (Ley 975, art.
11A). Como se mencionó, tal decisión le corresponde
adoptarla a la Sala de Justicia y Paz con Funciones de
Conocimiento de los Tribunales Superiores, lo cual se explica
en el hecho de que dicha determinación privaría al postulado
de gozar del derecho a la pena alterativa, esto es, de ser
parte de los beneficios de la Ley 975 de 2005.
6.22. En caso que el incumplimiento de los requisitos de
elegibilidad se verifique antes de proferirse sentencia,
se dispondrá la exclusión del postulado del proceso de
justicia y paz y se remitirá la actuación al funcionario
competente para llevar el proceso conforme con la ley
vigente al momento de la comisión de las conductas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
investigadas, en donde no tendrá valor la confesión del
justiciable realizada en el expediente transicional (Ley
975 de 2005, art. 11A). Si el incumplimiento se verifica
luego de proferido el respectivo fallo, la Sala de
Conocimiento, de oficio o por solicitud del fiscal, deberá
proceder a revocar la pena alternativa o el periodo de libertad
a prueba y se harán efectivas las penas principales y
accesorias ordinarias determinadas en la sentencia (Ley 975
de 2005, arts. 24, 25 y 26).
6.23. Finalmente, contra la decisión de exclusión,
adoptada en audiencia pública mediante auto, procede
el recurso de apelación ante la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia (Ley 975 de 2005, art. 26). Una vez en
firme la decisión, el desmovilizado no podrá ser nuevamente
postulado para acceder a un futuro trámite y a los beneficios
establecidos en la ley de justicia y paz (Ley 975, art. 11A).
Ello es así, pues el desconocimiento de los presupuestos
establecidos desconoce los derechos a la verdad, a la justicia
y a la reparación y una decisión diferente conduciría a un
trato desigual respecto de los postulados y generaría
incertidumbre, desconfianza e inseguridad jurídica en el
marco de la justicia transicional21.
[…]
8.6. Así entendido, lo primero que cabe resaltar, en punto a la
acusación que formula el actor, es que la decisión de excluir a
un postulado del proceso de justicia y paz se adopta siguiendo
el procedimiento previamente establecido en distintas
disposiciones de la precitada Ley 975 de 2005, modificada y
adicionada por la Ley 1592 de 2012. Bajo esa óptica, la
referida exclusión está sometida a las siguientes reglas: (i)
procede cuando se cumpla alguna de las causales de
exclusión definidas en la ley y las demás que determine la
autoridad judicial competente (Ley 975, art. 11A)22; (ii) la
decisión debe ser adoptada en audiencia pública por la
correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del
respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, mediante
auto, a solicitud del fiscal del caso, y debe estar motivada
21
Radicado: 31539, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán, providencia del 31 de julio de 2009.
22
Las causales de exclusión del proceso de justicia y paz se encuentran previstas en el artículo 11A de la
Ley 975 de 2005 y son las siguientes: 1) cuando el postulado sea renuente a comparecer al proceso o
incumpla los compromisos adquiridos; 2) se verifique que el postulado ha incumplido alguno de los
requisitos de elegibilidad; 3) se verifique que el postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado
bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de
su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona; 4) ninguno de los hechos
confesados por el postulado haya sido cometido durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo
armado organizado al margen de la ley; 5) el postulado haya sido condenado por delitos dolosos
cometidos con posterioridad a su desmovilización, o cuando habiendo sido postulado estando privado de
la libertad, se compruebe que ha delinquido desde el centro de reclusión; y 6) cuando el postulado
incumpla las condiciones impuestas en la audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
fáctica, probatoria y jurídicamente e indicar los motivos de
estimación o desestimación de las pretensiones de las partes
(Ley 975, art. 11A y 13); (iii) durante la audiencia la defensa
del postulado estará a cargo de su defensor de confianza o,
en su defecto, del asignado por el Sistema Nacional de
Defensoría Pública (Ley 975, art. 14); (iv) la audiencia puede
solicitarse en cualquier momento de la actuación, esto es,
tanto en el curso del proceso como en la etapa de ejecución
de la sentencia, una vez se ponga en evidencia la situación de
incumplimiento (Ley 975, art. 11A); (v) si la decisión se toma
antes de proferirse sentencia, se dispone la exclusión del
postulado del proceso de justicia y paz y se remite la
actuación al funcionario competente para llevar el proceso
conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las
conductas investigadas, en donde no tendrá valor la confesión
del justiciable realizada en el expediente transicional (Ley 975
de 2005, art. 11A), si, por el contrario, la decisión se toma
luego de proferido el respectivo fallo, la Sala de
Conocimiento, de oficio o por solicitud del fiscal, procede a
revocar la pena alternativa o el periodo de libertad a prueba y
hará efectivas las penas principales y accesorias ordinarias
ordenadas en la sentencia (Ley 975 de 2005, arts. 24, 25 y
26); (vi) finalmente, contra la decisión de exclusión procede
el recurso de apelación ante la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia (Ley 975 de 2005, art. 26), y una vez en
firme la decisión, el desmovilizado no podrá ser nuevamente
postulado para acceder a un futuro trámite y a los beneficios
establecidos en la ley de justicia y paz (Ley 975, art. 11A).
De este modo, contrario a lo sostenido en la demanda, sí
existe un procedimiento previo para la adopción de la medida
de exclusión, el cual, a su vez, le ofrece al afectado
oportunidades procesales para hacer valer su versión de los
hechos y para controvertir la decisión que le sea adversa.
[…]
8.8.10. Sin embargo, se reitera, para que haya lugar a la
exclusión del desmovilizado del proceso de justicia y paz, la
autoridad judicial competente tiene la obligación de
determinar, en cada caso en particular, que tanta voluntad de
indemnizar a las víctimas tiene éste, y si actúa con la
intención real de hacer entrega de todos los bienes y de
reparar a sus víctimas, o si lo hace como una manera de
dilatar el proceso penal y evadir su verdadera
responsabilidad, pues el ofrecimiento de los bienes
(materializado en la diligencia de versión libre y confesión)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
permite determinar que tan cierto es el propósito de
reconciliación23.
[…]
8.8.15. Así las cosas, en la medida que una interpretación
sistemática de la Ley 975 de 2005, tal y como la misma fue
modificada por la Ley 1592 de 2012, permite advertir que
la decisión de excluir a los postulados del proceso de
justicia y paz se lleva a cabo con plena observancia de
las garantías judiciales y procesales reconocidas por la
Constitución Política y los tratados internacionales, el
cargo formulado por el actor contra el artículo 8° de la Ley
1592 de 2012 no está llamado a prosperar. […]” (Destacado
fuera de texto).
Sobre dicho asunto, esta Sección, en sentencia de 10 de mayo de
201824, al estudiar la legalidad del inciso primero del artículo 34 del
ya referido Decreto número 3011, demandado, precisó que la
exclusión, prevista en el artículo 11A de la Ley 975 de 2005, puede
configurarse en cualquier etapa del proceso hasta antes de dictar
sentencia en la que se debata y decida la ocurrencia de las causales
previstas de manera taxativa en el citado artículo 11A, así como las
demás que señale la autoridad judicial competente; que para el
efecto, la decisión se adoptará mediante providencia motivada por
parte de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del
correspondiente Tribunal, previa celebración de audiencia que solicite
el fiscal del caso o el apoderado de las víctimas, de la siguiente
manera:
23
Proceso: 34571; Fecha: 13 de diciembre de 2010; M.P: Alfredo Gómez Quintero.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de mayo
de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2014-00642-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
“[…] En relación con la exclusión del postulado del proceso de
justicia transicional se planteó adicionar a la Ley 975 el
artículo 11A que señalaba las causales que permitían tal
posibilidad. Durante el trámite legislativo, se introdujeron
“nuevos artículos y algunas modificaciones” dentro de las
cuales estaba la de revocar la pena alternativa.25
Con la introducción de las referidas figuras al proceso de
justicia transicional, vale la pena distinguir tres
circunstancias que pueden derivar en la pérdida del
beneficio punitivo para el postulado en el marco del
proceso de justicia y paz, o que el mismo no sea
reconocido ante la falta de cumplimiento de los
requisitos legales que determinan su otorgamiento,
como son: la expulsión, la exclusión y la revocatoria,
así:26
• La expulsión:
Se presenta cuando la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz,
en la fase de juzgamiento, efectúa el control material y formal
de la aceptación de cargos27 y no encuentra acreditados los
requisitos para que el postulado por el Gobierno Nacional se
haga acreedor al beneficio de la alternatividad penal, incluidos
los requisitos de elegibilidad, 28 pese a que la Fiscalía General
de la Nación por su parte haya determinado lo contrario, en
cuyo caso el Tribunal de oficio procederá a “abstenerse de
dictar sentencia y ordenar el retiro del postulado del trámite
25
Gacetas del Congreso de la República número 958 del 26 de octubre de 2011 Cámara de
Representantes; número 221 del 11 de mayo de 2012 y 681 del 10 de octubre de 2012, Senado de la
República.
26
Págs. 2 y 3 ídem.
27
ARTÍCULO 19. AUDIENCIA DE FORMULACIÓN Y ACEPTACIÓN DE CARGOS. <Artículo modificado por el
artículo 21 de la Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> En la audiencia concentrada de
formulación y aceptación de cargos, el postulado podrá aceptar los cargos que le fueron imputados por
la Fiscalía General de la Nación.
Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y asistido por su defensor.
En este evento, la sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz continuará con la audiencia y
realizará el respectivo control material y formal de la aceptación total o parcial de cargos por parte del
postulado y continuará con el trámite dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.
PARÁGRAFO. Si en esta audiencia el postulado no acepta los cargos o se retracta de los admitidos en la
versión libre, la Sala de Conocimiento ordenará compulsar copias de lo actuado al funcionario
competente conforme a la ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas. Para el
efecto, la Sala tendrá en cuenta lo dispuesto en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 11A de la
presente ley.
28
El artículo 10 de la Ley 975 de 2005 establece los Requisitos de elegibilidad para la desmovilización
colectiva. Por su parte el artículo 11 ibídem los relativos a la desmovilización individual, según sea el
caso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
transicional”,29 remitiendo el asunto a la autoridad
competente, conforme a la ley vigente al momento de la
comisión de las conductas investigadas,30 mediante auto
interlocutorio en donde explicará las razones de su decisión.31
• La exclusión
Esta puede configurarse en cualquier etapa del proceso
hasta antes de dictar sentencia por la ocurrencia de las
causales previstas de manera taxativa en el artículo
11A de la Ley 975 de 2005, así como las demás que
señale la autoridad judicial competente; para el efecto,
la decisión se adoptará mediante providencia motivada
por parte de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz
del correspondiente Tribunal, 32 previa celebración de
audiencia que solicite el fiscal del caso o el apoderado
de las víctimas.33
Las distinciones que caracterizan estas dos figuras han sido
objeto de pronunciamiento por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 5 de
septiembre de 2016, expediente radicación número 47209,
MP. Luis Antonio Hernández Barbosa, así:
[…] Lo anterior por cuanto la competencia de la justicia
transicional se circunscribe a procesar y juzgar a los
postulados por el Gobierno Nacional que mantengan hasta el
final su compromiso de dejar de delinquir y de contribuir a la
29
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 5 de septiembre de 2016,
expediente radicación número 47209, MP. Luis Antonio Hernández Barbosa.
30
“ARTÍCULO 19. AUDIENCIA DE FORMULACIÓN Y ACEPTACIÓN DE CARGOS. <Artículo modificado por
el artículo 21 de la Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> En la audiencia concentrada de
formulación y aceptación de cargos, el postulado podrá aceptar los cargos que le fueron imputados por
la Fiscalía General de la Nación.
Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y asistido por su defensor.
En este evento, la sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz continuará con la audiencia y
realizará el respectivo control material y formal de la aceptación total o parcial de cargos por parte del
postulado y continuará con el trámite dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.
PARÁGRAFO. Si en esta audiencia el postulado no acepta los cargos o se retracta de los admitidos en la
versión libre, la Sala de Conocimiento ordenará compulsar copias de lo actuado al funcionario
competente conforme a la ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas. Para el
efecto, la Sala tendrá en cuenta lo dispuesto en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 11A de la
presente ley.”
31
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 5 de septiembre de 2016,
expediente radicación número 47209, ídem.
32
Adicionado por el artículo 5 de la Ley 1592 de 2012.
33
La Corte Constitucional mediante la sentencia C-694 del 11 de noviembre de 2015, MP. Alberto Rojas
Ríos, determinó la exequibilidad condicionada del artículo 5 de la Ley 1592 de 2012 “en el entendido que
las víctimas también podrán solicitar la audiencia de terminación del proceso de justicia y paz”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
reconciliación nacional garantizando la verdad, la justicia y la
reparación a las víctimas.
Además, porque la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz
tiene la obligación de verificar el cumplimiento de los
presupuestos de orden legal antes de otorgar el beneficio
punitivo, labor que no puede limitarse a ratificar sin crítica la
solicitud de la Fiscalía, como si se tratara de un simple
avalista.
Si de manera razonada y fundada el Tribunal colige que
un postulado deshonró su palabra, puede y debe
ordenar su expulsión porque quien por acción u omisión
exterioriza su voluntad de sustraerse a las obligaciones
propias de la justicia transicional, evidencia
menosprecio y deslealtad hacia sus fines y hacia los
derechos de las víctimas y, por tanto, no puede acceder
a los beneficios establecidos en ella.
Entonces, de manera excepcional, cuando la Fiscalía
solicita conceder al postulado el beneficio punitivo,
pero el Tribunal encuentra que no están dados los
requisitos para reconocerlo, debe abstenerse de dictar
sentencia y ordenar el retiro del postulado del trámite
transicional.
Esta expulsión difiere de la establecida en el artículo
11A de la Ley 975 de 2005 porque se produce, i) de
oficio, ii) culminada la audiencia concentrada, al
evaluar los cargos, el material probatorio y las
peticiones de las partes e intervinientes, iii) como
consecuencia del incumplimiento comprobado de algún
requisito legal para acceder a la pena alternativa,
incluidos, obviamente, los de elegibilidad.
En cambio a la exclusión del artículo 11A puede
llegarse i) por petición de la Fiscalía o del apoderado de
las víctimas ii) presentada en cualquier etapa del
proceso, iii) por las causales enlistadas en la norma y
por las «demás que determine la autoridad judicial
competente», iv) previa celebración de una audiencia
en la que se debata y decida ese aspecto. […]”
Es claro entonces, que en los anteriores eventos le
corresponde a los Tribunales de Justicia y Paz determinar la
permanencia de los procesados que se acogen
voluntariamente a la justicia transicional, dado que se predica
su ocurrencia en la fase de juzgamiento en donde las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
decisiones acerca de expulsión o la exclusión, así como el
otorgamiento o no el beneficio de la pena alternativa son de
su resorte, según lo prevé el artículo 16 de la Ley 975 de
2005 que establece la regla de competencia en las fases del
proceso de investigación y juzgamiento, de la siguiente
manera:
“[…] ARTÍCULO 16. COMPETENCIA. <Artículo modificado
por el artículo 12 de la Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> Recibido por la Fiscalía General de la Nación, el
nombre o los nombres de los miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir de
manera efectiva a lo dispuesto en la presente ley, el fiscal
delegado que corresponda, de acuerdo con los criterios de
priorización que establezca el Fiscal General de la Nación de
conformidad con el artículo 16A de la presente ley, asumirá
de manera inmediata la competencia para:
1. Conocer de las investigaciones de los hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo
armado organizado al margen de la ley.
2. Conocer de las investigaciones que cursen en contra de sus
miembros.
3. Conocer de las investigaciones que deban iniciarse y de las
que se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad
a la desmovilización.
El Tribunal Superior de Distrito Judicial que determine el
Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo que
expida antes de que se inicie cualquier trámite, será
competente para conocer del juzgamiento de las conductas
punibles a que se refiere la presente ley. […]”
• La revocatoria
Ocurre cuando ejecutoriada la sentencia de justicia y paz
durante el periodo de la ejecución de la pena o de la libertad
a prueba, el condenado incumple las obligaciones impuestas
en dicha providencia e incurre en las circunstancias previstas
en el artículo 25 de la Ley 975 de 200534 concordante con el
artículo 34 del Decreto 3011 de 2013 aquí demandado.
De la lectura del artículo 25 de la Ley 975 de 2005,
modificado por el artículo 1592 de 2012, transcrito
anteriormente, se desprende que el legislador no señaló de
34
Modificado por el artículo 26 de la Ley 1592 de 2012.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
manera expresa la autoridad judicial competente para decidir
respecto de la revocatoria de la pena alternativa; no obstante,
la Corte Constitucional en interpretación de los artículos 24,
25 y 26 de la norma ejusdem consideró que era propia de la
Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, al señalar que:35
“[…] 6.22. En caso que el incumplimiento de los
requisitos de elegibilidad se verifique antes de
proferirse sentencia, se dispondrá la exclusión del
postulado del proceso de justicia y paz y se remitirá la
actuación al funcionario competente para llevar el
proceso conforme con la ley vigente al momento de la
comisión de las conductas investigadas, en donde no
tendrá valor la confesión del justiciable realizada en el
expediente transicional (Ley 975 de 2005, art. 11A). Si
el incumplimiento se verifica luego de proferido el respectivo
fallo, la Sala de Conocimiento, de oficio o por solicitud del
fiscal, deberá proceder a revocar la pena alternativa o el
periodo de libertad a prueba y se harán efectivas las penas
principales y accesorias ordinarias determinadas en la
sentencia (Ley 975 de 2005, arts. 24, 25 y 26). […]”
(Destacado fuera de texto).
Ahora, en el concepto contenido en el oficio núm. MEM15-0005395-
DJT-3100 de 11 de junio de 2015, la directora de Justicia Transicional
del Ministerio de Justicia y Derecho36 indicó con respecto al numeral
2 del artículo 35 acusado, lo siguiente:
“[…] Es preciso indicar que la Ley 1592 de 2012 establece las
causales de exclusión del proceso penal especial de Justicia y
Paz como consecuencia del incumplimiento de los requisitos
mínimos para acceder y permanecer en el proceso, así como
aquellos necesarios para ser beneficiario de la pena
alternativa. Esto tiene como finalidad garantizar que quienes
obtengan el beneficio de la pena alternativa sean personas
que se han comprometido con el proceso judicial, con la
reparación a las víctimas, la reconstrucción de la verdad y la
resocialización, objetivos centrales del proceso transicional.
35
Corte Constitucional. Sentencia C – 752 del 30 de octubre de 2013. MP. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
36
Fue allegado con la contestación de la demanda de ese Ministerio. Folios 157 a 163.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
En otras palabras, la exclusión es una figura que evita
que personas que no cumplan con las finalidades del
proceso penal especial obtengan los beneficios que este
consagra sin garantizar los derechos a la verdad,
justicia, reparación y a las garantías de no repetición
en cabeza de las víctimas. Es así como el Decreto 3311
de 2013, determina unos lineamientos para que tenga
lugar la exclusión. Así, con el fin de evitar la
inseguridad jurídica respecto de cómo adelantar este
procedimiento, el decreto reafirma las causales
definidas en la Ley para que proceda la exclusión, y
reglamenta las acciones a realizar en caso de que se
presente una de estas.
En relación con el artículo demandado, el Ministerio de
Justicia y del Derecho solicita la unidad temática de la
norma, con el fin de garantizar la interpretación de la
misma de una manera integral y sistemática. En este
sentido, el numeral 2 del artículo 35 sólo puede
interpretarse de conformidad con el parágrafo 1 del
mismo artículo que establece que sólo una vez se
encuentre en firme una condena ejecutoriada en la
justicia ordinaria en contra del postulado éste podrá ser
excluido del proceso penal especial.
Así, al observar la proposición legal completa, se
encuentra que la exclusión provisional establecida en el
artículo 35 numeral 2, es ciertamente una suspensión
condicionada del proceso de Justicia y Paz pues la
exclusión definitiva sólo procede cuando la sentencia
quede en firme.
La existencia de una sentencia de primera instancia en el
marco de un proceso penal ordinario solo deja en suspenso el
proceso de Justicia y Paz y no implica una exclusión definitiva
del postulado. Por tanto no puede inferirse una trasgresión de
la presunción de inocencia (29 de la Constitución y 8.2 del
Pacto de San José de Costa Rica).
Así las cosas, el artículo demandado no es contrario a ningún
precepto constitucional o legal pues la situación jurídica del
postulado se ve afectada de una manera definitiva-
únicamente- cuando la presunción de su inocencia ha sido
desvirtuada por medio de una condena en firme.
El efecto suspensivo del numeral 2 del artículo
demandado, no desvirtúa la presunción de inocencia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
del postulado en la medida en que no tiene un efecto
definitivo sino provisional y se hace de una manera
cautelar.
[…]
En este sentido, inadmitir como causal de suspensión
provisional del proceso penal especial de Justicia y Paz una
condena de primera instancia en contra del postulado por
delitos cometidos con posterioridad a la desmovilización, sería
desconocer el derecho a la justicia y a la no repetición de los
hechos victimizantes que poseen las víctimas y la sociedad y
la correlativa obligación del Estado de tomar las medidas a su
alcance para evitar la repetición de las conductas violentas. Si
bien se entiende que una de las expectativas legítimas de los
postulados para pertenecer al proceso de Justicia y Paz, es el
beneficio de la pena alternativa, es importante aclarar que
ésta es una mera expectativa y no es un derecho adquirido
per se por participar en el procedimiento penal especial. Dado
que ésta es una mera expectativa, la suspensión y exclusión
provisional del procedimiento de acceso a la misma no violan
ninguna clase de derecho fundamental.
Adicionalmente, debe recordarse que el postulado está
facultado para recurrir las decisiones que tome la jurisdicción
permanente en su contra y en caso de obtener un resultado
favorable, el proceso penal especial deberá reactivarse y el
postulado no podrá ser excluido de manera definitiva del
proceso. El período intermedio entre la primera y la segunda
instancia sólo genera la suspensión del proceso penal
especial, más no una exclusión permanente.
En conclusión, se solicita la exequibilidad del
mencionado artículo pues no se vulnera el derecho al
debido proceso, ni a la segunda instancia o a la
presunción de inocencia, ya que la exclusión provisional
del postulado en el proceso de Justicia y Paz por
expedición de una sentencia condenatoria de primera
instancia por delitos dolosos cometidos con
posterioridad a la desmovilización, no tiene efecto
definitivo y su suspensión provisional se realiza como
mecanismo para garantizar la no repetición de los
hechos violentos.
Así las cosas, el texto del decreto posee unidad normativa con
el artículo 5 de la Ley 1592 /12 (11A de la Ley 975/05) al
exigir que solo se excluya a un postulado una vez dicha
presunción se encuentre debidamente desvirtuada por una
sentencia ejecutoriada. […]” (Destacado fuera de texto)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
De conformidad con lo antes expuesto, la Sala estima que el referido
numeral 2 demandado del artículo 35 del Decreto 3011 debe
leerse en armonía con lo señalado por el parágrafo 1 ibídem, -
norma no demandada-.
En efecto, el numeral 2 acusado del artículo 35 del Decreto 3011
dispone que “[…] Para la exclusión por una condena por delitos
dolosos cometidos con posterioridad a la desmovilización,
bastará con una sentencia condenatoria de primera instancia.
[….]”.
Y el parágrafo 1° ibidem, -norma no demandada-, establece que
solo procederá la exclusión definitiva de postulados a la ley de
justicia y paz cuando las sentencias condenatorias, proferidas por las
autoridades judiciales ordinarias, por hechos dolosos cometidos con
posterioridad a la desmovilización, se encuentren en firme, de la
siguiente manera:
“[…] ARTÍCULO 35. APLICACIÓN DE LAS CAUSALES DE
TERMINACIÓN DEL PROCESO PENAL ESPECIAL DE
JUSTICIA Y PAZ.
[…]
PARÁGRAFO 1o. La exclusión definitiva de la lista de
postulados a la ley de justicia y paz que lleve a cabo el
Gobierno Nacional como consecuencia de la
terminación del proceso penal especial de justicia y
paz, solo procederá cuando las providencias
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
condenatorias, proferidas por las autoridades judiciales
ordinarias por hechos dolosos cometidos con
posterioridad a la desmovilización, se encuentren en
firme. En el evento en que se profiera sentencia de segunda
instancia absolutoria del postulado, el fiscal delegado
solicitará ante la Sala de Conocimiento la reactivación del
proceso penal especial de justicia y paz en la fase en la que
se encontrare al momento de la terminación del proceso.
[…]”. (Destacado fuera de texto).
La Sala considera que si bien es cierto que el numeral 2
demandado del artículo 35 del Decreto 3011 no especificó qué
tipo de exclusión procede por una condena por delitos dolosos
cometidos con posterioridad a la desmovilización, cuando hay una
sentencia condenatoria de primera instancia, también lo es que de
una lectura integral y completa del artículo 35 se colige que el
referido numeral 2 trata de una exclusión provisional, que no
genera la terminación definitiva del proceso especial de justicia y paz,
en tanto dicha disposición hace alusión a una sentencia condenatoria
de primera instancia (la cual no se encuentra en firme), aunado a
que el parágrafo 1° del mismo artículo sí especifica que procederá
una exclusión definitiva de la lista de postulados de la ley de
justicia y paz, cuando las providencias condenatorias, proferidas por
las autoridades judiciales ordinarias por hechos dolosos cometidos
con posterioridad a la desmovilización, se encuentren en firme.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Conforme lo indicó la directora de Justicia Transicional del Ministerio
de Justicia y del Derecho, en el citado concepto de 11 de junio de
2015, allegado con la contestación de la demanda de ese Ministerio,
la exclusión provisional establecida en el numeral 2 del artículo 35
acusado es una suspensión condicionada del proceso transicional de
justicia y paz, pues el artículo 35, en su parágrafo 1°, es muy claro al
establecer que la exclusión definitiva solo procede cuando la
sentencia condenatoria quede en firme.
En otras palabras, la exclusión establecida en el numeral 2 del
artículo 35 no tiene un efecto definitivo, sino provisional, lo que
implica que el postulado será excluido del proceso especial
transicional de justicia y paz de manera temporal con una sentencia
condenatoria de primera instancia, proferida por las autoridades
judiciales ordinarias por hechos dolosos cometidos con posterioridad
a la desmovilización, y solo será excluido definitivamente cuando
quede en firme dicha sentencia condenatoria.
Por lo tanto, la Sala considera que no se desconoció la presunción de
inocencia prevista en los artículos 2937 de la Constitución Política y
37
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
[…]
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
51
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
8.238 de la Ley 16 de 197239, normas que señaló como violadas el
actor, habida cuenta que, se reitera, el numeral 2 del artículo 35
acusado tiene un efecto provisional, lo cual implica que el postulado
será excluido del proceso especial transicional de justicia y paz de
manera temporal; y que se presume su inocencia hasta tanto se
profiera la sentencia condenatoria, la cual debe quedar en firme para
que el postulado sea excluido definitivamente.
Lo anterior pone de presente, también, que el postulado tiene
derecho a recurrir o apelar la decisión de exclusión, establecida en el
numeral 2 del artículo 35 acusado, dado que este numeral hace
referencia a una sentencia condenatoria de primera instancia; y el
parágrafo 1° del mismo artículo dispone que procederá una
exclusión definitiva de la lista de postulados de la ley de justicia y
paz, cuando la providencia condenatoria se encuentre en firme (por
haberse decidido los recursos que se interpusieron contra esa
providencia).
38
“[…] ARTÍCULO 8. Garantías Judiciales.
[…]
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad [...]”.
39
“Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San
José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Tan cierto es ello que en la antes citada sentencia C-752 de 30 de
octubre de 201340 la Corte Constitucional puntualizó que, contra la
decisión de exclusión adoptada en audiencia pública mediante auto,
procede el recurso de apelación ante la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, de la siguiente manera:
“[…] contra la decisión de exclusión, adoptada en
audiencia pública mediante auto, procede el recurso de
apelación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia (Ley 975 de 2005, art. 26). Una vez en firme la
decisión, el desmovilizado no podrá ser nuevamente
postulado para acceder a un futuro trámite y a los beneficios
establecidos en la ley de justicia y paz (Ley 975, art. 11A).
Ello es así, pues el desconocimiento de los presupuestos
establecidos desconoce los derechos a la verdad, a la justicia
y a la reparación y una decisión diferente conduciría a un
trato desigual respecto de los postulados y generaría
incertidumbre, desconfianza e inseguridad jurídica en el
marco de la justicia transicional41.
[…]”
8.6. Así entendido, lo primero que cabe resaltar, en punto a la
acusación que formula el actor, es que la decisión de excluir a
un postulado del proceso de justicia y paz se adopta siguiendo
el procedimiento previamente establecido en distintas
disposiciones de la precitada Ley 975 de 2005, modificada y
adicionada por la Ley 1592 de 2012. Bajo esa óptica, la
referida exclusión está sometida a las siguientes reglas: 26);
[…]
(vi) finalmente, contra la decisión de exclusión procede el
recurso de apelación ante la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia (Ley 975 de 2005, art. 26), y una vez en firme la
decisión, el desmovilizado no podrá ser nuevamente
postulado para acceder a un futuro trámite y a los beneficios
establecidos en la ley de justicia y paz (Ley 975, art. 11A).
40
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia de 30 de octubre de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Expediente núm. D-9568.
41
Radicado: 31539, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán, providencia del 31 de julio de 2009.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
53
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
De este modo, contrario a lo sostenido en la demanda, sí
existe un procedimiento previo para la adopción de la
medida de exclusión, el cual, a su vez, le ofrece al
afectado oportunidades procesales para hacer valer su
versión de los hechos y para controvertir la decisión
que le sea adversa. […]” (Destacado fuera de texto).
En efecto, el artículo 26 de la Ley 975 dispone la procedencia del
recurso de apelación contra los autos que resuelvan asuntos de
fondo, como lo es la decisión de exclusión, durante el desarrollo de
las audiencias, dentro del proceso de justicia y paz.
Dicha disposición es del siguiente tenor:
“[…] ARTÍCULO 26. RECURSOS. <Artículo modificado por el
artículo 27 de la Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> La apelación solo procede contra la sentencia y
contra los autos que resuelvan asuntos de fondo durante el
desarrollo de las audiencias, sin necesidad de interposición
previa del recurso de reposición. En estos casos, se procederá
de conformidad con lo previsto en los artículos 178 y
siguientes de la Ley 906 de 2004 y las normas que los
modifiquen, sustituyan y adicionen.
Para las demás decisiones en el curso del procedimiento
especial de la presente ley, solo habrá lugar a interponer el
recurso de reposición que se sustentará y resolverá de
manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> La apelación se concederá
en el efecto suspensivo cuando se interponga contra la
sentencia, contra el auto que resuelva sobre nulidad absoluta,
contra el que decreta y rechaza la solicitud de preclusión del
procedimiento, contra el que niega la práctica de una prueba
en el juicio, contra el que decide sobre la exclusión de una
prueba, contra el que decide sobre la terminación del proceso
de Justicia y Paz y contra el fallo del incidente de
identificación de las afectaciones causadas. En los demás
casos se otorgará en el efecto devolutivo. […]” (Destacado
fuera de texto).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
54
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
En tal sentido, no es cierto, como lo adujo el actor, que la condena de
primera instancia, de que trata la disposición acusada, pueda
entenderse como una forma de terminación del proceso de justicia
transicional; que con la misma se le niegue al postulado utilizar los
recursos constitucionales y legales y, por ende, que la norma acusada
haya desconocido la doble instancia, particularmente, el derecho del
desmovilizado a recurrir o apelar, previsto en el artículo 31 de la
Constitución Política, toda vez que, como se señaló anteriormente,
existe un procedimiento previo para la adopción de la medida de
exclusión, el cual le ofrece al afectado oportunidades procesales para
hacer valer su versión de los hechos y para controvertir la decisión
que le sea adversa, específicamente, para recurrir o apelar la decisión
de exclusión.
Así las cosas, la Sala estima que el artículo 35, numeral 2, del
Decreto 3011 demandado no desconoció el debido proceso, la
presunción de inocencia, la doble instancia, al establecer que bastará
con una sentencia condenatoria de primera instancia por delitos
dolosos cometidos después de la desmovilización para que opere la
exclusión de la lista de postulados al proceso especial de justicia y
paz y la terminación de dicho proceso, dado que de una lectura
integral y completa del artículo 35 se colige que el referido numeral
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
55
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
2 trata de una exclusión provisional, con efectos temporales, en
tanto dicha disposición hace alusión a una sentencia condenatoria de
primera instancia (la cual no se encuentra en firme), aunado a que
el parágrafo 1° del mismo artículo especifica que procederá una
exclusión definitiva de la lista de postulados de la ley de justicia y
paz cuando la providencia condenatoria, proferida por las autoridades
judiciales ordinarias, se encuentre en firme (con efectos definitivos),
por estar penalmente demostrada la participación del postulado
dentro de la comisión de un delito doloso cometido con posterioridad
a la desmovilización.
En consecuencia, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
El segundo cargo es el relativo a que el Gobierno Nacional al
expedir el artículo 37, inciso 4, del Decreto 3011 demandado
violó el derecho de la presunción de inocencia, de doble instancia, el
debido proceso y el artículo 8º, numeral 2, de la Ley 16 de 1972 y se
extralimitó en el ejercicio de funciones, al fijar e imponer al
magistrado de Justicia y Paz con funciones de control de garantías
que se abstenga de conceder la sustitución de la medida de
aseguramiento, -libertad-, al postulado, por el simple hecho de que el
desmovilizado ha sido objeto de formulación de imputación por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
56
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
delitos dolosos cometidos con posterioridad a la desmovilización, a
pesar de que dicha formulación de imputación es un acto meramente
comunicativo, como lo dispone el artículo 286 de la Ley 906 (C.P.P).
Que no se pueden generar consecuencias jurídicas en el proceso de
justicia transicional con base en una imputación en la justicia
ordinaria, ya que son dos procesos diferentes y en ambos casos se
debe garantizar el debido proceso.
Sobre el particular, cabe mencionar que en la referida sentencia C-
752 de 30 de octubre de 201342, la Corte señaló que quienes
decidan acogerse al proceso de justicia y paz tienen el beneficio de
la pena alternativa, para lo cual deben reunir los requisitos de
elegibilidad establecidos en la Ley 975, esto es, que suspendan su
accionar armado y, en general, que cambien su actitud en el futuro
inmediato, a partir de su desmovilización.
Que dicho beneficio consiste en suspender la ejecución de la pena
ordinaria aplicable en virtud de las reglas generales del Código Penal,
para que en lugar de cumplir esta pena ordinaria el condenado
cumpla una “pena alternativa” menor, de un mínimo de 5 años y de
42
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-752 de 30 de octubre de 2013, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, Expediente núm. 9568.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
57
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
un máximo de 8 años. En la sentencia condenatoria, primero, se fija
la pena ordinaria (la principal y las accesorias); y segundo, se
reemplaza dicha pena, cuya ejecución es suspendida por ministerio
de la ley, por la pena alternativa de 5 a 8 años, entre otras
determinaciones que han de tomarse en la sentencia. En el concepto
de alternatividad penal adoptado en la Ley 975, la pena ordinaria
no desaparece, sino que es fijada en la sentencia.
Que si el postulado satisface los requisitos de elegibilidad y da
estricto cumplimiento a las demás obligaciones contenidas en la ley e
impuestas en la sentencia, relacionadas con la satisfacción de la
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, se mantendrá en la
transición y será beneficiario de la alternatividad.
Que el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad da lugar a la
exclusión del postulado del proceso de justicia y paz o, en su defecto,
a la pérdida del beneficio de la pena alternativa, según el momento
procesal en el que se declare tal incumplimiento. Ello implica que el
desmovilizado no podrá ser nuevamente postulado; y que sus delitos
serán juzgados por los despachos judiciales ordinarios que lo
requieran.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
58
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Así lo precisó, el alto Tribunal Constitucional:
“[…] 6.7. Al respecto, cabe destacar que el beneficio
previsto en la ley para quienes decidan acogerse al
proceso de justicia y paz es la pena alternativa. Sobre el
instituto de la alternatividad, en la Sentencia C-370 de 2006,
esta Corporación precisó que se trata de un beneficio que
“incorpora una rebaja punitiva significativa, al cual pueden
acceder los miembros de un grupo armado organizado al
margen de la ley que se sometan a un proceso de
reincorporación a la vida civil, y que hayan sido autores o
partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con
ocasión de la pertenencia a esos grupos. La concesión del
beneficio está condicionada al cumplimiento de unos
requisitos establecidos en la ley, orientados a satisfacer a
cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia,
la reparación y la no repetición”.
6.8. En el mismo fallo, la Corte explicó que tal beneficio
consiste “en suspender la ejecución de la pena
ordinaria aplicable en virtud de las reglas generales del
Código Penal, para que en lugar de cumplir esta pena
ordinaria, el condenado cumpla una pena alternativa
menor, de un mínimo de 5 años y de un máximo de 8
años. En la sentencia condenatoria, primero, se fija la
pena ordinaria (la principal y las accesorias), y,
segundo, se reemplaza dicha pena, cuya ejecución es
suspendida por ministerio de la ley, por la pena
alternativa de 5 a 8 años, entre otras determinaciones
que han de tomarse en la sentencia. En el concepto de
alternatividad penal adoptado en la ley 975 de 2005 la
pena ordinaria no desaparece, sino que es fijada en la
sentencia. Lo que sucede es que el condenado que
reúna los requisitos establecidos en dicha ley se
beneficia con una pena alternativa inferior que también
ha de ser fijada en la sentencia. Es esta pena
alternativa la que efectivamente debe cumplir el
condenado”.
6.9. De acuerdo con la normatividad transicional, la
jurisprudencia ha entendido que los beneficiarios del proceso
de justicia y paz son tanto el Estado como las víctimas, pero
también los propios ofensores. El “Estado por cuanto se
consolida como Estado de Derecho y asume el monopolio de
la fuerza y se aproxima a la concreción de una paz sostenible;
las víctimas por conocer la verdad de la causa de su dolor y
por ser reparadas integralmente; y los victimarios ya que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
59
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
en su favor, el Estado renuncia a una parte de la pena
ordinaria, a cambio de que los postulados se
comprometan con aquello que es exigido como
requisito de elegibilidad, esto es, que suspendan su
accionar armado, y en general que cambien su actitud
en el futuro inmediato, a partir de su desmovilización”.
6.10. Debe señalarse, además, que al proceso de justicia y
paz el desmovilizado accede libre y voluntariamente, lo cual
significa que es él quien por iniciativa propia hace manifiesta
su aspiración, mostrando plena disposición en el cumplimiento
de los compromisos adquiridos a cambio de recibir la
indulgencia de una disminución punitiva. Su ingreso, por ser
libre y voluntario, exige, precisamente, un compromiso serio,
inquebrantable y real para culminarlo, por lo que del
cumplimiento de las exigencias impuestas en la ley depende
la aplicación de la alternatividad. Sobre este particular, en la
Sentencia C-370 de 2006, esta Corporación precisó que “[l]a
alternatividad penal parecería una afectación
desproporcionada de los derechos de las víctimas si la ‘la
colaboración con la justicia’ no comprendiera la integralidad
de los derechos de tales víctimas, y si no exigiera de parte de
quienes aspiran a acceder a tal beneficio acciones concretas
encaminadas a asegurar el goce efectivo de estos derechos,
que parecen enunciados en la propia Ley 975 de 2005”.
También la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
reciente pronunciamiento, se refirió al tema destacando que:
“la materia prima con la cual se construyó la esperanza de un
mejor país que subyace en la filigrana de la Ley de Justicia y
Paz, es la voluntad de sus intervinientes, de tal forma que
decidan escoger el camino de la paz en vez del sendero de la
guerra; la voluntad, esa facultad intelectual en la que se
concentra tanto la fuerza del querer como una motivación,
esa tan importante para el devenir social que se identifica con
la realización de la paz y la convivencia, presupuestos del
orden, la seguridad, el progreso y la justicia”. En la misma
decisión, aclaró la Corte que, no obstante, “esa voluntad debe
tener elementos concretos de evaluación ya que no se puede
quedar en vacías declaraciones de meras intenciones, sino
que requiere manifestaciones externas, expresiones
concretas, tangibles y por tanto evaluables de su sinceridad”.
Y agregó que “los requisitos de elegibilidad son las
exigencias iniciales, inmediatas, la expresión concreta
de la voluntad, a cuyo cumplimiento se condiciona el
acceso a la posibilidad de beneficiarse de los
significativos descuentos punitivos contenidos en la
ley”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
60
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
6.11. En efecto, dentro del propósito de concretar la
expresión de voluntad del postulado, la ley establece unos
requisitos de elegibilidad, a cuyo cumplimiento se
condiciona el otorgamiento del beneficio de la pena
alternativa. Los requisitos de elegibilidad, para el caso de la
desmovilización colectiva, se concretan en: (i) que el grupo
armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y
desmantelado en cumplimiento del acuerdo con el Gobierno
Nacional; (ii) que se entreguen los bienes producto de la
actividad ilegal; (iii) que el grupo ponga a disposición del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de
menores de edad reclutados; (iv) que el grupo cese toda
interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y
libertades públicas y cualquier otra actividad ilícita; (v) que el
grupo no se haya organizado para el tráfico de
estupefacientes o el enriquecimiento ilícito; y (vi) que se
liberen a las personas secuestradas, que se hallen en su
poder (art. 10°).
6.12. De igual manera, la desmovilización individual exige
como requisitos de elegibilidad, (i) que el desmovilizado
entregue información o colabore con el desmantelamiento del
grupo al que pertenecía; (ii) que haya suscrito un acta de
compromiso con el Gobierno Nacional; (iii) que se haya
desmovilizado y dejado las armas en los términos
establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto; (iv) que
cese toda actividad ilícita; y (v) que entregue los bienes
producto de la actividad ilegal, para que se repare a las
víctimas (art. 11).
6.13. Si el postulado satisface los requisitos de
elegibilidad, y da estricto cumplimiento a las demás
obligaciones contenidas en la ley e impuestas en la
sentencia, relacionadas con la satisfacción de la verdad,
la justicia y la reparación de las víctimas, se mantendrá
en la transición y será beneficiario de la alternatividad.
De manera general, en virtud de la ley transicional, el
postulado tiene la obligación, (i) en el contexto de
satisfacer la verdad, de dar a conocer las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de los hechos delictivos en los cuales
participó; (ii) en el marco de la obligación de justicia, de
permanecer privado de la libertad hasta que la autoridad
competente así lo disponga, asistir a las audiencias, cumplir
la sanción impuesta y los compromisos de
comportamiento incluidos en el fallo; y (iii) en lo
relacionado con el derecho a la reparación, entre otras
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
61
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
obligaciones, de entregar al Estado los bienes para la
reparación de las víctimas.
6.14. Ahora bien, el incumplimiento de los requisitos de
elegibilidad, en particular el relacionado con la entrega de
los bienes producto de la actividad ilegal, da lugar a la
exclusión del postulado del proceso de justicia y paz o,
en su defecto, a la pérdida del beneficio de la pena
alternativa, según el momento procesal en el que se
declare tal incumplimiento. Ello implica que el
desmovilizado no podrá ser nuevamente postulado y
que sus delitos serán juzgados por los despachos
judiciales ordinarios que lo requieran.
6.15. Ya se había señalado que el proceso de justicia y paz se
funda en la voluntad de los intervinientes, “en una confianza
recíproca, en el principio de lealtad, en el compromiso del
desmovilizado de contribuir a la reconciliación nacional, todo
ello sometido a verificación en el proceso penal de Justicia y
Paz”. Por eso, “[c]uando no hay lealtad en el marco del
acuerdo humanitario, lo propio es tramitar la exclusión
del desmovilizado del programa de justicia transicional
y la entrega del caso a la justicia ordinaria, porque se
revela que la intención defensiva del desmovilizado es
alcanzar impunidad (relativa) y nada más”. […]”
(Destacado fuera de texto).
Ahora, se tiene que de conformidad con el artículo 37 del Decreto
3011, que contiene el inciso 4° demandado, para la solicitud de la
sustitución de la medida de aseguramiento el postulado deberá
presentar los documentos o pruebas que respalden el cumplimiento
de los requisitos señalados en el artículo 18A de la Ley 975 de
2005; y dicha medida procederá con la sola verificación de esos
requisitos.
El citado artículo 37 prevé lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
62
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
“[…]
CAPÍTULO IV.
SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO.
ARTÍCULO 37. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO. Para la solicitud de la sustitución de la
medida de aseguramiento, el postulado deberá presentar los
documentos o pruebas que respalden el cumplimiento de los
requisitos contemplados en el artículo 18A de la Ley 975 de
2005.
En relación con el requisito consagrado en el numeral 3, la
participación y contribución del postulado al esclarecimiento
de la verdad será evaluado a partir de la certificación que
para tal efecto expida la Fiscalía General de la Nación o la
Sala de Conocimiento, según la etapa procesal en la cual se
encuentre el procedimiento.
En relación con el requisito consagrado en el numeral 4, este
será evaluado a partir de la certificación que para tal efecto
expida la Fiscalía General de la Nación sobre la entrega,
ofrecimiento o denuncia de bienes por parte del postulado.
Frente al requisito contenido en el numeral 5, si al
momento de la solicitud de sustitución de la medida de
aseguramiento el postulado ha sido objeto de
formulación de imputación por delitos dolosos
cometidos con posterioridad a la desmovilización, el
magistrado con funciones de control de garantías se
abstendrá de conceder la sustitución de la libertad.43
PARÁGRAFO. La sustitución de la medida de aseguramiento
procederá con la sola verificación de los requisitos
establecidos en el artículo 18A de la Ley 975 de 2005. […]”
(Destacado fuera de texto).
Como puede observarse, la anterior disposición hace referencia al
artículo 18 A de la Ley 975, el cual establece que el magistrado
con funciones de control de garantías podrá conceder la sustitución
43
Este es el inciso demandado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
63
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
de la medida de aseguramiento, en un término no mayor a veinte
días contados a partir de la respectiva solicitud, cuando el postulado
haya cumplido con los siguientes requisitos, entre ellos, “No haber
cometido delitos dolosos, con posterioridad a la
desmovilización”.
El artículo 18A es del siguiente tenor:
“[…] ARTÍCULO 18A. SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO Y DEBER DE LOS POSTULADOS DE
CONTINUAR EN EL PROCESO. <Artículo adicionado por el
artículo 19 de la Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> El postulado que se haya desmovilizado estando
en libertad podrá solicitar ante el magistrado con funciones de
control de garantías una audiencia de sustitución de la medida
de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de
la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el
presente artículo y a las demás condiciones que establezca la
autoridad judicial competente para garantizar su
comparecencia al proceso del que trata la presente ley. El
magistrado con funciones de control de garantías podrá
conceder la sustitución de la medida de aseguramiento
en un término no mayor a veinte (20) días contados a
partir de la respectiva solicitud, cuando el postulado
haya cumplido con los siguientes requisitos:
1. Haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un
establecimiento de reclusión con posterioridad a su
desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión
de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de
la ley. Este término será contado a partir de la reclusión en un
establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas
sobre control penitenciario;
2. Haber participado en las actividades de resocialización
disponibles, si estas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) y haber obtenido certificado
de buena conducta;
3. Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la
verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y
Paz;
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
64
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
4. Haber entregado los bienes para contribuir a la reparación
integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad
con lo dispuesto en la presente ley;
5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad
a la desmovilización.
Para verificar los anteriores requisitos el magistrado tendrá en
cuenta la información aportada por el postulado y provista por
las autoridades competentes.
Una vez concedida, la sustitución de la medida de
aseguramiento podrá ser revocada por el magistrado con
funciones de control de garantías a solicitud de la Fiscalía
General de la Nación o de las víctimas o de sus
representantes, cuando se presente alguna de las siguientes
circunstancias:
1. Que el postulado deje de participar en las diligencias
judiciales de su proceso de justicia y paz, o se compruebe que
no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad;
2. Que el postulado incumpla las condiciones fijadas por la
autoridad judicial competente;
3. Que el postulado no participe del proceso de reintegración
diseñado por el Gobierno nacional para los postulados a la Ley
de Justicia y Paz en desarrollo del artículo 66 de la presente
ley. […]”.
PARÁGRAFO. En los casos en los que el postulado haya
estado privado de la libertad al momento de la
desmovilización del grupo al que perteneció, el término
previsto como requisito en el numeral 1 del inciso primero del
presente artículo será contado a partir de su postulación a los
beneficios que establece la presente ley […]”.
Para la Sala, el referido artículo 18 A de la Ley 975 al establecer
que el magistrado con funciones de control de garantías podrá
conceder la sustitución de la medida de aseguramiento, cuando
el postulado haya cumplido con los siguientes requisitos, entre ellos,
“No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la
desmovilización”, conlleva que el incumplimiento de ese requisito
de lugar a que el postulado no pueda obtener ese beneficio de la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
65
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
sustitución de la medida de aseguramiento y a que el magistrado en
mención pueda negarlo o abstenerse de concederlo cuando ese
requisito no se verifique.
En otras palabras, el otorgamiento del beneficio de la sustitución de
la medida de aseguramiento se encuentra condicionado al
cumplimiento del requisito de “No haber cometido delitos
dolosos, con posterioridad a la desmovilización”, así como a los
demás señalados en el artículo 18A de la Ley 975.
Si aquellos requisitos no se cumplen, es evidente que el magistrado
con funciones de control de garantías no puede conceder tal
beneficio, pues su competencia está limitada por lo dispuesto en la
ley.
En sentencia C- 694 de 11 de noviembre de 201544, la Corte
Constitucional sostuvo que la consagración de la sustitución de la
medida de aseguramiento es un desarrollo de la libertad de
configuración del legislador, que atendiendo a consideraciones político
criminales establece un instrumento especial que motive a los
desmovilizados a contribuir con el restablecimiento de los derechos
44
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-694 de 11 de noviembre de 2015, M.P. Alberto Rojas
Ríos, expediente D – 9818.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
66
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
de las víctimas y, a su vez, asegure que no continuarán delinquiendo
mediante fuertes restricciones que de no cumplirse darán lugar a la
revocatoria del beneficio.
Asimismo, precisó que el otorgamiento del beneficio de la
sustitución de la medida de aseguramiento no sólo se encuentra
condicionado a “No haber cometido delitos dolosos, con
posterioridad a la desmovilización” (artículo 19.5 de la Ley 1592
de 2012), sino que la perpetración de tales conductas lleva a la
exclusión inmediata del postulado de los beneficios de la Ley de
Justicia y Paz.
Así discurrió la Corte Constitucional:
“[…] La medida de aseguramiento tiene un carácter
preventivo y no sancionatorio, por lo cual responde a
finalidades preventivas de naturaleza político criminal
que deben ser ponderadas por el legislador, quien así
como puede determinar cuándo una medida es
necesaria, puede señalar también cuando es posible
prescindir de ella.
En este sentido, el legislador ha considerado que bajo
estrictas circunstancias no es necesaria la medida de
aseguramiento de detención privativa y que la misma puede
reemplazarse por una medida no privativa de la libertad:
“1. Haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un
establecimiento de reclusión con posterioridad a su
desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión
de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de
la ley. Este término será contado a partir de la reclusión en un
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
67
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas
sobre control penitenciario;
2. Haber participado en las actividades de resocialización
disponibles, si estas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) y haber obtenido certificado
de buena conducta;
3. Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la
verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y
Paz;
4. Haber entregado los bienes para contribuir a la reparación
integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad
con lo dispuesto en la presente ley;
5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad
a la desmovilización”45.
Estos mecanismos garantizan que esta medida se pueda
convertir en un instrumento para motivar la colaboración
eficaz de los desmovilizados en el cumplimiento de las
finalidades de la justicia transicional y en especial en el
restablecimiento de los derechos de las víctimas a la verdad,
a la justicia, a la no repetición y a la reparación, lo cual
resulta esencial para la eficacia del sistema de justicia y paz.
A su vez, la exigencia de la privación de la libertad por ocho
(8) años es consecuente con el máximo de la pena alternativa
aplicado en justicia y paz, pues si la medida de aseguramiento
pretende simplemente asegurar el cumplimiento de la pena y
su duración deberá ser tenida en cuenta como descuento de
una eventual pena, no tendría sentido que se prolongara por
un término superior al del máximo que pudiera imponerse en
una posible sentencia en el marco de la Ley 975 de 2005.
Por su parte, una vez otorgado el beneficio, la misma norma
señala un conjunto de obligaciones que permiten cumplir con
las finalidades que se garantizan a través de una medida de
aseguramiento como son: (i) asegurar la comparecencia de
los imputados al proceso penal; (ii) la conservación de la
prueba; y (iii) la protección de la comunidad, en especial de
las víctimas46:
“Una vez concedida, la sustitución de la medida de
aseguramiento podrá ser revocada por el magistrado
con funciones de control de garantías a solicitud de la
45
Artículo 18ª de la Ley 975 de 2005.
46
Sentencia de la Corte Constitucional C-318 de 2008.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
68
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Fiscalía General de la Nación o de las víctimas o de sus
representantes, cuando se presente alguna de las
siguientes circunstancias:
1. Que el postulado deje de participar en las diligencias
judiciales de su proceso de justicia y paz, o se compruebe que
no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad;
2. Que el postulado incumpla las condiciones fijadas por
la autoridad judicial competente;
3. Que el postulado no participe del proceso de reintegración
diseñado por el Gobierno nacional para los postulados a la Ley
de Justicia y Paz en desarrollo del artículo 66 de la presente
ley”.
Por lo anterior, la consagración de la sustitución de la
medida de aseguramiento es un desarrollo de la
libertad de configuración del legislador, que atendiendo
a consideraciones político criminales consagra un
instrumento especial que motive a los desmovilizados a
contribuir con el restablecimiento de los derechos de
las víctimas y a su vez asegure que no continuarán
delinquiendo mediante fuertes restricciones que de no
cumplirse darán lugar a la revocatoria del beneficio.
En el mismo sentido, considera la Corte que el
otorgamiento del beneficio de la sustitución de la
medida de aseguramiento, no sólo se encuentra
condicionado a “No haber cometido delitos dolosos, con
posterioridad a la desmovilización” (artículo 19.5 de la
Ley 1592 de 2012), sino que la perpetración de tales
conductas lleva a la exclusión inmediata del postulado
de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
[…]
A. La figura de la suspensión condicional de la
ejecución de la pena
Los subrogados penales son medidas sustitutivas de la
pena de prisión y arresto, que se conceden a los
individuos que han sido condenados a estas penas,
siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos
por el legislador47. La jurisprudencia ha señalado que estos
mecanismos tienen esencialmente tres finalidades:
47 Sentencias de la Corte Constitucional C-679 de 1998; C-806 de 2002.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
69
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
(i) En primer lugar, la finalidad preventiva especial de la pena
para permitir la resocialización del condenado y en este
sentido su reintegración a la sociedad48. En este sentido, ha
señalado que el fundamento que inspira estos subrogados
penales es el derecho que tiene todo condenado a su
resocialización, pues como ya lo ha expresado esta
Corporación "lo que compromete la existencia de la
posibilidad de resocialización no es la drástica incriminación
de la conducta delictiva, sino más bien la existencia de
sistemas que, como los subrogados penales y los sistemas de
redención de la pena, garanticen al individuo que rectifica y
enruta su conducta, la efectiva reinserción en la sociedad"49.
En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, incorporado a nuestro ordenamiento interno
mediante la Ley 74 de 1968, en su artículo 10.3 establece: “El
régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya
finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los
penados"50.
(ii) En segundo lugar, los principios de necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad51. En el marco del Estado
Social de Derecho, la pena como instrumento adecuado para
servir a los fines de prevención, retribución y resocialización,
debe ser necesaria, útil y proporcionada52; esto significa que
si los mismos fines pueden lograrse por otros medios
sancionatorios, debe preferirse el menos severo (pues el más
restrictivo dejaría de ser necesario y útil), en aras de
garantizar la dignidad del condenado53. En este sentido, la
necesidad de la pena exige de ella que sirva para la
preservación de la convivencia armónica y pacífica de los
asociados no sólo en cuanto ella por su poder disuasivo e
intimidatorio, sino que también permita “la reincorporación
del autor de la conducta punible a la sociedad de tal manera
que pueda, de nuevo, ser parte activa de ella, en las mismas
condiciones que los demás ciudadanos en el desarrollo
económico, político, social y cultural”54.
(iii) En tercer lugar, la institución de los subrogados
penales obedece a una política criminal orientada a la
mitigación y la humanización de la sanción punitiva. En este
sentido, los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de
la pena y los beneficios con los cuales se sustituye una pena
48 Sentencias de la Corte Constitucional C-565 de 1993 y C-806 de 2002.
49 Sentencia de la Corte Constitucional C-565 de 1993 y C-806 de 2002.
50 Ibíd.
51
Ibíd.
52
Sentencia de la Corte Constitucional T-596 de 1992.
53
Sentencia de la Corte Constitucional C-679 de 1998.
54
Sentencia de la Corte Constitucional C-647 de 2001 y C-806 de 2002.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
70
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
restrictiva por otra favorable, han sido regulados en los
diferentes estatutos procesales en provecho de las personas
que han sido condenadas en los casos expresamente definidos
por la ley y también tienen como fundamento la humanización
del derecho penal55.
Para que el juez pueda conceder la suspensión
condicional de la ejecución de la pena o la libertad
condicional, debe verificar tanto factores objetivos que
se refieren, en ambos casos, al quantum de la pena y al
cumplimiento parcial de aquélla en el evento de la
libertad condicional, como factores subjetivos
relacionados básicamente con antecedentes
personales, sociales y familiares del sentenciado, así
como la modalidad y gravedad de la conducta, en un
caso, y la buena conducta en el establecimiento
carcelario en el otro56. Estos beneficios en todo caso son
objeto de un estricto seguimiento otorgándose un período de
prueba, por fuera del establecimiento carcelario, para que, en
caso de ser superado satisfactoriamente, se entendiera
conseguida su rehabilitación disponiendo como consecuencia
la extinción de la condena57.
Esta Corporación ha reconocido que por razones de
política criminal, el legislador tiene facultades para
establecer las causales, condiciones y regulación de los
subrogados penales58, porque constituyen elementos
fundamentales del debido proceso penal y responden a
las evaluaciones propias de la política criminal del
Estado59.
Esta libertad se puede ejercer siempre y cuando no lesione
mandato superior alguno y observe los criterios aludidos de
racionalidad y proporcionalidad60. En virtud de lo anterior, la
necesidad de asegurar el respeto de las garantías procesales
ha llevado a la Corte a precisar que la potestad de
configuración del Legislador con respecto a las causales para
la concesión de la libertad provisional, no es absoluta sino
relativa, en tanto tiene como limitante las normas
55
Sentencias de la Corte Constitucional C-565 de 1993 y C-806 de 2002.
56
Sentencias de la Corte Constitucional C-679 de 1998; C-806 de 2002.
57
Sentencia de la Corte Constitucional C-806 de 2002.
58
Sentencias de la Corte Constitucional C-716 de 1998; C-622 de 2003; C-425 de 2008; C-073 de 2010
y C-762 de 2002.
59
Sentencias de la Corte Constitucional C-425 de 2008; C-073 de 2010: “Ahora bien, al igual que
sucede con la imposición de medidas de aseguramiento, los requisitos para decretar la suspensión
condicional de la ejecución de la pena, la libertad condicional y los beneficios a favor del condenado
hacen parte de la libertad de configuración normativa del legislador porque constituyen elementos
fundamentales del debido proceso penal y responden a las evaluaciones propias de la política criminal
del Estado”.
60
Sentencias de la Corte Constitucional C-716 de 1998 y C-622 de 2003.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
71
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
constitucionales que reconocen el derecho al debido proceso y
en particular la presunción de inocencia61. […]” (Destacado
fuera de texto).
Una vez precisado que el incumplimiento del requisito de “No haber
cometido delitos dolosos, con posterioridad a la
desmovilización”, previsto en el artículo 18A de la Ley 975, da lugar
a que el magistrado con funciones de control de garantía no pueda
proceder a otorgar el beneficio de la sustitución de la medida de
aseguramiento, la Sala debe evaluar si con el solo hecho de que “el
postulado ha sido objeto de formulación de imputación por delitos
dolosos cometidos con posterioridad a la desmovilización”, el
magistrado en mención se puede abstener de conceder la sustitución
de libertad.
Al respecto, la Sala estima que lo previsto en esta disposición debe
leerse en armonía con lo señalado en las normas del Código de
Procedimiento Penal, en virtud de la remisión normativa del artículo
6º del Decreto 3011 de 2013 (acusado).
En efecto, el artículo 6º62 del Decreto núm. 3011, así como el
61
Sentencia de la Corte Constitucional C-622 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
62
“[…] En lo no previsto de manera específica por la Ley 975 de 2005 y por la Ley 1592 de 2012, se
aplicarán las normas de procedimiento penal contenidas en la Ley 906 de 2006 […]”,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
72
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
artículo 6263 de la Ley 975 establecen que es procedente la
aplicabilidad de las normas previstas en el Código de Procedimiento
Penal.
Además, en la citada sentencia de 10 de mayo de 201864, la Sección
Primera puntualizó acerca de la aplicación de esa normativa, de la
siguiente manera:
“[…] el Decreto 3011 dispone que en lo no previsto por
las leyes 975 y 1592 se remitirá “[a] las normas del
procedimiento penal contenidas en la Ley 906 de 2004
y, en lo compatible con la estructura del proceso regulado por
aquella, lo dispuesto por la Ley 600 de 2000, así como la
Ley 793 de 2002, las normas del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las
normas del Código Civil en lo que corresponda […].”
(Destacado fuera de texto)
Por lo tanto, es del caso traer a colación las normas de dicho Código,
relativas a la formulación de la imputación de delitos y del decreto de
la medida de aseguramiento.
Al efecto, se tiene que el Código de Procedimiento Penal, en su
artículo 287, dispone que habrá formulación de imputación cuando
de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la
63
“[…] para todo lo dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de
Procedimiento Penal […]”.
64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de mayo
de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2014-00642-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
73
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente
que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga, de la
siguiente manera:
“[…] Artículo 287. Situaciones que determinan la
formulación de la imputación.
El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos
materiales probatorios, evidencia física o de la información
legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el
imputado es autor o partícipe del delito que se
investiga. De ser procedente, en los términos de este código,
el fiscal podrá solicitar ante el juez de control de garantías la
imposición de la medida de aseguramiento que corresponda.
[…]” (Destacado fuera de texto).
Y en su artículo 308 señala que cuando de los elementos materiales
probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida,
se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe
del delito que se investiga, el juez de control de garantías decretará
la medida de aseguramiento, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 308. Requisitos. El juez de control de
garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su
delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando
de los elementos materiales probatorios y evidencia
física recogidos y asegurados o de la información
obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente
que el imputado puede ser autor o partícipe de la
conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando
se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como
necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido
ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de
la sociedad o de la víctima.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
74
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al
proceso o que no cumplirá la sentencia.
PARÁGRAFO 1o. La calificación jurídica provisional contra el
procesado no será, en sí misma, determinante para inferir el
riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la
seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de
que el imputado no comparezca al proceso o de que no
cumplirá la sentencia. El Juez de Control de Garantías deberá
valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán
los requisitos para decretar la medida de aseguramiento, sin
tener en consideración exclusivamente la conducta punible
que se investiga. […]” (Destacado fuera de texto).
De tal manera que el fiscal hará la formulación de la imputación y,
adicionalmente, el juez de control de garantías decretará la medida
de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios,
evidencia física o información legalmente obtenida, es decir, con base
en un análisis del material probatorio, se pueda inferir
razonablemente la autoría o participación del imputado respecto del
delito que se investiga.
Sobre este asunto, en el concepto contenido en el oficio núm.
MEM15-0005395-DJT-3100 de 11 de junio de 2015, la directora de
Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y Derecho 65 sostuvo
frente al inciso 4° del artículo 37 acusado del Decreto 3011, lo
siguiente:
65
Este concepto fue allegado por ese Ministerio con la contestación de la demanda. Folios 157 a 163.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
75
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
“[…] En relación con el aparte demandado, debe
entenderse que solo procede la abstención en relación
con la sustitución de la medida de aseguramiento
cuando la imputación por delitos dolosos cometidos con
posterioridad a la desmovilización incluya la imposición
de una medida de aseguramiento en la justicia
ordinaria. En cuyo caso, el juez que la ha decretado ya
ha comprobado la confluencia de los requisitos
establecidos para ello (Artículo 308 del CPP).
La abstención frente a la concesión de la sustitución de
la medida de aseguramiento en el proceso de Justicia y
Paz cuando exista la imposición de la misma medida en
un proceso ordinario es coherente y constitucional pues
se busca la articulación de los distintos procesos
judiciales a efectos de generar seguridad jurídica tanto
para el postulado como para las víctimas y la sociedad.
De tal suerte que si un postulado se encuentra
requerido por una autoridad que hace parte de la
justicia penal permanente, mal haría el Estado en
generar una falsa expectativa de libertad sabiendo que
su situación jurídica no ha sido completamente
definida, y que al momento de recobrar su libertad
puede volver a ser aprehendido.
Ahora bien, es preciso mencionar que la imposición de la
medida de aseguramiento en sí misma no implica
desvirtuar ni contravenir la presunción de inocencia, tal
como lo ha indicado en diferentes oportunidades la
Corte Constitucional, esto teniendo en cuenta que dicha
medida obedece a fines constitucionales como la
necesidad de que el postulado comparezca al proceso.
Por otra parte, es importante mencionar que tanto el presente
decreto como los otros instrumentos legales creados en el
marco de la política pública de justicia transicional responde,
entre otras, a la obligación del Estado de investigar, juzgar y
sancionar a los responsables de graves violaciones a los
derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Asimismo, el derecho a la justicia conlleva correlativamente
otras obligaciones que se pueden extraer de la jurisprudencia
y de los principios internacionales, como por ejemplo las
directrices contenidas en los principios contra la impunidad y
su correspondiente actualización, las cuales señalan que
dentro de las obligaciones que tienen los estados se
encuentran aquellas de “investigar violaciones, adoptar
medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
76
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
en la esfera de la justicia, para que personas sospechosas de
responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y
condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas
recursos eficaces”.
[…] Así las cosas, la abstención frente a la concesión de
la sustitución de la medida de aseguramiento cuando
exista imputación por delitos dolosos cometidos con
posterioridad a la desmovilización en donde se imponga
una medida de aseguramiento, contribuye a que las
investigaciones contra responsables de vulneraciones a
los derechos humanos sean efectivas, garantizado a su
vez el derecho de las víctimas a la justicia, a la verdad y
a las garantías de no repetición.
Finalmente, tal como se ha mencionado anteriormente, dicha
abstención solo es procedente en aquellos casos donde,
adicional a la imputación, se hubiere proferido una
medida de aseguramiento en el marco de la justicia
penal, caso en el cual no se vulnera el derecho a la
presunción de inocencia. Esto, por cuanto, de un lado la
medida de aseguramiento no es incompatible con la
presunción de inocencia y de otra parte, la norma
atacada tiene como fin generar seguridad jurídica sobre
las posibles expectativas legítimas que se tejen sobre
la expectativa de recobrar la libertad. […]” (Destacado
fuera de texto).
De conformidad con lo anterior, con el solo hecho de que “el
postulado ha sido objeto de formulación de imputación por delitos
dolosos cometidos con posterioridad a la desmovilización”, aunado a
que se haya decretado la medida de aseguramiento (sin que se haya
proferido sentencia condenatoria), el magistrado con funciones de
control de garantías puede abstenerse de conceder la sustitución de
libertad, habida cuenta que tal formulación de imputación y medida
de aseguramiento, en la justicia ordinaria, estuvieron precedidas de
una valoración, que le imponen los citados artículos 287 y 308 del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
77
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Código de Procedimiento Penal, de elementos materiales probatorios,
evidencia física o información legalmente obtenida, que le permitió
inferir razonablemente la autoría o participación del imputado
(postulado) respecto del delito que es objeto de investigación.
En otras palabras, la facultad que se otorga al magistrado con
funciones de control de garantías en la disposición acusada, para
abstenerse de conceder la sustitución de la medida de
aseguramiento, sólo puede ejercerse cuando el juez ordinario,
después de un análisis serio sobre el material probatorio, concluye
que los requisitos para acceder a ese beneficio no se han verificado o
que se han incumplido, específicamente, haber sido objeto de
formulación de imputación por delitos dolosos cometidos con
posterioridad a la desmovilización.
Además, se advierte que si la sustitución de la medida de
aseguramiento (beneficio del proceso de Justicia y Paz) tiene por
objeto motivar a los desmovilizados a contribuir con el
restablecimiento de los derechos de las víctimas y, a su vez, asegurar
que no continuarán delinquiendo, mediante fuertes restricciones, que
de no cumplirse darán lugar a la revocatoria del beneficio o a su
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
78
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
abstención66, en manera alguna se podría considerar que una
imputación de un delito doloso ante la jurisdicción penal ordinaria con
posterioridad a la desmovilización y con base en una material
probatorio, constituye una demostración de ese objeto.
Por tal razón, para la Sala, la abstención frente a la concesión de la
sustitución de la medida de aseguramiento en el proceso de Justicia y
Paz cuando existe la formulación de imputación a un postulado en un
proceso ordinario, por un delito doloso cometido con posterioridad a
la desmovilización, prevista en el inciso 4° del artículo 37
demandado, se encuentra ajustada a derecho.
Cabe señalar, conforme lo indicó la directora de Justicia Transicional,
que si a un postulado le fue imputado un delito doloso, en un proceso
ante la justicia ordinaria penal, cometido con posterioridad a la
desmovilización, después de que se realizó un análisis sobre el
material probatorio que le permitió inferir razonablemente su autoría
o participación, mal haría un juez o magistrado de la justicia
transicional en conceder una sustitución de la medida de
aseguramiento en el procedimiento especial de Justicia y Paz, cuando
el postulado incumplió con el requisito o compromiso, en tanto le fue
66
Así lo sostuvo la Corte Constitucional en la referida sentencia C- 694 de 11 de noviembre de 2015.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
79
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
imputado un delito doloso, como es el caso señalado en el inciso
demandado, habida cuenta que, como se puso de presente
anteriormente, ese beneficio (sustitución de la medida de
aseguramiento), previsto en ese proceso especial, está condicionado
al cumplimiento de unos requisitos o compromisos en la Ley,
orientados a satisfacer a cabalidad los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que de no ser
cumplidos, traen como consecuencia que el postulado no pueda
acceder a ese beneficio, que no se mantenga en el proceso especial
de transición de Justicia y Paz, y que deba ser juzgado por la justicia
ordinaria.
Es decir, que si la consecuencia jurídica de la imputación de un delito,
en un proceso penal ordinario, es la privación de la libertad (medida
de aseguramiento), mal podría entenderse que el imputado
(postulado) de un delito doloso cometido con posterioridad a la
desmovilización, puede gozar del mismo margen de libertad ante la
justicia transicional (sustitución de la medida de aseguramiento) que
aquél postulado que sí ha dado cumplimiento a los requisitos para
ello, pues, se reitera, que el incumplimiento de los requisitos
establecidos en la Ley, como el indicado en la norma acusada, tiene
como consecuencia jurídica que el postulado no se pueda mantener
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
80
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
en transición, que no se le puedan conceder los beneficios del
proceso especial de Justicia y Paz, y que deba cumplir la medida
impuesta en la justicia ordinaria, haciendo la aclaración de que en el
evento en que la jurisdicción penal ordinaria profiera una sentencia
de segunda instancia absolutoria, por encontrarse demostrado que el
imputado (postulado) no cometió el delito doloso con posterioridad a
la desmovilización, se reactivará el proceso penal especial de justicia
y paz en la fase en la que se encontrare al momento de la
terminación del proceso (parágrafo 1° del artículo 35 del Decreto
3011).
Aunado a lo anterior, se advierte que si bien es cierto que la
sustitución de la medida de aseguramiento y/o la pena alternativa
previstas el proceso de Justicia y Paz (Ley 975 y sus modificaciones)
son instituciones jurídicas distintas a las señaladas en la normativa o
proceso penal, como los subrogados penales, en cuanto a su
aplicación y requisitos de procedibilidad, también lo es que esos
mecanismos previstos en cada proceso (en el especial de justicia y
paz, como en penal), configuran esencialmente elementos más
favorables para el cumplimiento de la pena; y que los procesos a los
cuales pertenecen (justicia y paz, así como penal) deben ser
articulados, a efectos de generar seguridad jurídica tanto para el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
81
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
postulado como para las víctimas y la sociedad, así como de
satisfacer a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición, sin perder de vista que los
beneficios que concede el procedimiento especial de Justicia y Paz no
dan lugar a que la pena ordinaria desaparezca, sino a que su
ejecución se suspenda o sea reemplazada.
Cabe precisar también, al respecto, que si bien es cierto que el
artículo 28667 de la Ley 906 establece que la formulación de la
imputación es un acto a través del cual la Fiscalía General de la
Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia
que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías, también lo es
que el hecho de que dicho acto sea puesto en conocimiento al
imputado mediante una comunicación, ello no implica que ese acto no
tenga consecuencias jurídicas ante el proceso penal y el proceso de
Justicia y Paz, pues sí las tiene; además de que para expedir ese acto
el juez ordinario se fundamentó en un análisis, que le imponen los
citados artículos 287 y 308 del C.P.P., sobre el material probatorio,
indicativo de la autoría o participación del imputado (postulado),
respecto del delito que es objeto de investigación.
67
“[…] ARTÍCULO 286. CONCEPTO. La formulación de la imputación es el acto a través del cual la
Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva
a cabo ante el juez de control de garantías. […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
82
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Ahora, en cuanto al argumento de que con la expedición del artículo
37, inciso 4°, del Decreto 3011 demandado se violó el derecho
de la presunción de inocencia, el artículo 8º, numeral 2, de la Ley 16
de 197268, la doble instancia y el debido proceso, la Sala considera
que no se dio tal vulneración, toda vez que la abstención de la
sustitución de la libertad por existir la indicada formulación de
imputación (prevista en la citada norma acusada) y medida de
aseguramiento no tiene como consecuencia que le sea desconocida
su inocencia, pues solo hasta que la sentencia condenatoria, proferida
por la justicia ordinaria, por hechos dolosos cometidos con
posterioridad a la desmovilización, se encuentre en firme, por estar
plenamente probada la conducta, se deja de presumir la inocencia del
imputado, conforme lo establece el parágrafo 169 del artículo 35 del
Decreto 3011 acusado, ya que tal medida no comporta definición
alguna acerca de la responsabilidad penal del imputado.
Tanto así, que dicho parágrafo prevé que en el evento en que la
jurisdicción penal ordinaria profiera una sentencia de segunda
68
Este artículo establece que “[…] toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma
inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley […]”.
69
“[…] PARÁGRAFO 1o. La exclusión definitiva de la lista de postulados a la ley de justicia y paz que
lleve a cabo el Gobierno Nacional como consecuencia de la terminación del proceso penal especial de
justicia y paz, solo procederá cuando las providencias condenatorias, proferidas por las
autoridades judiciales ordinarias por hechos dolosos cometidos con posterioridad a la
desmovilización, se encuentren en firme. En el evento en que se profiera sentencia de segunda
instancia absolutoria del postulado, el fiscal delegado solicitará ante la Sala de Conocimiento la
reactivación del proceso penal especial de justicia y paz en la fase en la que se encontrare al momento
de la terminación del proceso. […]”. (Destacado fuera de texto).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
83
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
instancia absolutoria, por encontrarse demostrado que el imputado
(postulado) no cometió el delito doloso con posterioridad a la
desmovilización, se reactivará el proceso penal especial de justicia y
paz en la fase en la que se encontrare al momento de la terminación
del proceso.70
Lo anterior pone en evidencia que al postulado se le garantiza una
doble instancia, que tiene la oportunidad de interponer los recursos
ante la justicia penal ordinaria, establecidos en el Capítulo VIII de la
Ley 906, y que goza de todas las garantías de un debido proceso.
Adicionalmente, en torno a este asunto de la presunción de inocencia,
la cual es reconocida en los artículos 29 de la Constitución Política y
8º, numeral 2, de la Ley 16 de 1972, debe recordarse que la medida
de aseguramiento de detención preventiva no implica desvirtuar ni
quebrantar dicha presunción.
En efecto, en sentencia C-774 de 200171, la Corte Constitucional
70
El parágrafo 1º del artículo 35 del Decreto 3011 acusado es del siguiente tenor:
“[…] PARÁGRAFO 1o. […] En el evento en que se profiera sentencia de segunda instancia absolutoria
del postulado, el fiscal delegado solicitará ante la Sala de Conocimiento la reactivación del proceso penal
especial de justicia y paz en la fase en la que se encontrare al momento de la terminación del proceso.
[…]”.
71
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-774 de 25 de julio de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil,
Expediente núm. D-3271.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
84
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
sostuvo lo siguiente:
“[…] Igualmente la Corte ha sostenido la compatibilidad de la
detención preventiva con la presunción de inocencia en los
siguientes términos:
“..La presunción de inocencia, en la cual descansa buena
parte de las garantías mínimas que un Estado democrático
puede ofrecer a sus gobernados, no riñe, sin embargo, con la
previsión de normas constitucionales y legales que hagan
posible la aplicación de medidas preventivas, destinadas a la
protección de la sociedad frente al delito y a asegurar la
comparecencia ante los jueces de aquellas personas en
relación con las cuales, según las normas legales
preexistentes, existan motivos válidos y fundados para dar
curso a un proceso penal, según elementos probatorios
iniciales que hacen imperativa la actuación de las autoridades
competentes…
…La detención preventiva, que implica la privación de la
libertad de una persona en forma temporal con los
indicados fines, previo el cumplimiento de los
requisitos contemplados en el artículo 28, inciso 1, de
la Constitución Política, no quebranta en sí misma la
presunción de inocencia, dado su carácter precario que
no permite confundirla con la pena, pues la adopción de
tal medida no comporta definición alguna acerca de la
responsabilidad penal del sindicado y menos todavía
sobre su condena o absolución…
…La persona detenida sigue gozando de la presunción
de inocencia pero permanece a disposición de la
administración de justicia en cuanto existen razones,
previamente contempladas por la ley, para mantenerla
privada de su libertad mientras se adelante el proceso,
siendo claro que precisamente la circunstancia de
hallarse éste en curso acredita que el juez competente
todavía no ha llegado a concluir si existe
responsabilidad penal…” […]” (Destacado fuera de texto).
Y en lo concerniente al argumento de que con la expedición del
inciso demandado el Gobierno Nacional se extralimitó en el ejercicio
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
85
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
de funciones, la Sala observa que del texto del Decreto 3011
acusado, específicamente de su encabezado, se desprende que éste
fue expedido por el Gobierno Nacional para reglamentar las leyes 975
de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012, en ejercicio de las
atribuciones que le ha conferido el artículo 189, numeral 11, de la
Constitución Política.
El citado artículo 189, numeral 11, establece:
“[…] Corresponde al Presidente de la República como Jefe de
Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la
expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios
para la cumplida ejecución de las leyes […]”. (Destacado fuera
de texto.)
Frente al alcance de la potestad reglamentaria, esta Sección, en
sentencia de 6 de junio de 201372, precisó lo siguiente:
“[…] Constitucionalmente la potestad reglamentaria pertenece
al Presidente de la República (Artículo 189 (11) Superior),
quien como Jefe de Gobierno la ejerce mediante la expedición
de decretos, resoluciones y órdenes; actos que de acuerdo
con lo previsto en el artículo 115 Superior, revisten una forma
especial, en la medida en que deben contar con la firma del
Ministro o Director de Departamento Administrativo
respectivo, quienes por ese hecho se hacen responsables.
72
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de junio de
2013, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00284-00.
Criterio reiterado en sentencia de 21 de junio de 2018 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-
03-24-000-2012-00074-00).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
86
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
El ejercicio de la potestad reglamentaria tiene por objeto
dictar las normas complementarias necesarias para la
cumplida ejecución de una regulación. Por ello, el acto
reglamentario es un acto complementario de la regulación y
no una creación originaria como ésta.
Así, en sentencia de febrero 8 de 200073, la Sala Plena del
Consejo de Estado, sobre esta temática, puntualizó:
“El poder reglamentario lo otorga directamente la Constitución
al Presidente de la República como suprema autoridad
administrativa, con la finalidad de que expida normas de
carácter general para la correcta ejecución de la ley. Por ser
una atribución propia que le confiere la Carta Política, no
requiere de una norma legal que expresamente la conceda y se
caracteriza además por ser atribución inalienable, intransferible
e inagotable, no tiene un plazo para su ejercicio y es
irrenunciable, aunque no es un poder absoluto pues se
halla limitado por la Constitución y la ley, ya que al
ejercerla el Presidente de la República no puede alterar o
modificar la ley que reglamenta.
Los límites de la potestad reglamentaria están señalados en
cada caso por la necesidad de que sea cumplida debidamente
la ley de que se trate, de manera que si la ley suministra
todos los elementos indispensables para su cumplimiento,
nada habrá de agregársele y, por consiguiente, no habrá
oportunidad para el ejercicio de la potestad reglamentaria;
pero si faltan en ella detalles necesarios para su
correcta aplicación habrá lugar a proveer a la
regulación de esos detalles, en ejercicio de la potestad
reglamentaria. En otros términos, tanta será la materia
reglamentable cuanta determine la necesidad de dar
cumplimiento a la ley...” Las negrillas y subrayas fuera de
texto.)
Y, en Sentencia de octubre 26 de 199974, la Sala Plena del H.
Consejo de Estado, acerca del alcance de la potestad
reglamentaria, dijo:
“(…) Los límites de la potestad reglamentaria están señalados
en cada caso por la necesidad de que sea ejecutada
cumplidamente la ley de que se trate, de manera que si la ley
suministra todos los elementos indispensables para su
ejecución nada habrá de agregársele y, por consiguiente, no
habrá oportunidad para el ejercicio de la potestad
73
M.P. Dr. Javier Díaz Bueno, Radicación C-761.
74
M.P. Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá. Radicación IJ-007
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
87
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
reglamentaria; pero si faltan en ella detalles necesarios
para su correcta aplicación hay lugar a proveer a la
regulación de esos detalles, en ejercicio de la potestad
reglamentaria. En otros términos, tanta será la materia
reglamentable cuanta determine la necesidad de dar
cumplimiento a la ley. El reglamento desarrolla y
complementa la ley reglamentada, con el objeto de
asegurar su ejecución. La potestad reglamentaria de las
leyes está referida a cualesquiera leyes, sin distinciones, que
no las establece la norma constitucional". Ahora bien, la
potestad de reglamentar la ley no puede confundirse con la
facultad de expedir actos administrativos de carácter general.
Es así que, según lo expuesto, en ejercicio de la potestad
reglamentaria se expiden decretos, resoluciones y órdenes
necesarios para que la ley pueda ser ejecutada, en tanto que
mediante los actos que se expidan en ejercicio de la facultad
de dictar actos de carácter general se ejecuta la ley.
Además, la potestad de reglamentar la ley es atribución
del Presidente de la República, según lo establecido en
el artículo 189, numeral 11, de la Constitución, en tanto
que de la facultad de expedir actos administrativos de
carácter general están investidas muchas autoridades [...]”
(Destacado fuera de texto).
De tal manera que al hacerse uso de dichas potestades, el Ejecutivo
debe inspirarse en el propósito de desarrollar, aclarar, complementar
y hacer mucho más explícita la norma de carácter legislativo que le
sirve de sustento, en orden a facilitar y asegurar su ejecución y
correcto cumplimiento.
En el caso bajo examen, en desarrollo de dichas funciones, el
Presidente de la República expidió el Decreto 3011 de 26 de
diciembre de 2013, contentivo del artículo 37, inciso 4°,
acusado, con el objeto de desarrollar reglamentariamente lo previsto
en las leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
88
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
En efecto, resulta evidente que se requería la expedición de una
norma reglamentaria, como es la citada disposición acusada del
Decreto 3011, que desarrollara y complementara lo relacionado con
los requisitos para la concesión de la sustitución de la medida de
aseguramiento, en orden a garantizar la cumplida ejecución de la Ley
975, en su artículo 18A de la Ley 975, que le sirvió de sustento.
Al respecto, se precisa que el Gobierno Nacional, a través del inciso
4° del artículo 37 acusado del Decreto 3011, en ejercicio de su
potestad reglamentaria (artículo 189 numeral 11 de la Constitución
Política), se limitó a reglamentar lo relativo a los requisitos para la
concesión de la sustitución de la medida de aseguramiento, en
especial, lo referente al requisito contenido en el numeral 5 del
artículo 18A de la Ley 975, cuando, al efecto, dispuso:
“[…] ARTÍCULO 37. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA
DE ASEGURAMIENTO. Para la solicitud de la sustitución de
la medida de aseguramiento, el postulado deberá presentar
los documentos o pruebas que respalden el
cumplimiento de los requisitos contemplados en el
artículo 18A de la Ley 975 de 2005.
[…]
Frente al requisito contenido en el numeral 5, si al
momento de la solicitud de sustitución de la medida de
aseguramiento el postulado ha sido objeto de
formulación de imputación por delitos dolosos
cometidos con posterioridad a la desmovilización, el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
89
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
magistrado con funciones de control de garantías se
abstendrá de conceder la sustitución de la libertad.75
PARÁGRAFO. La sustitución de la medida de aseguramiento
procederá con la sola verificación de los requisitos
establecidos en el artículo 18A de la Ley 975 de 2005. […]”
(Destacado fuera de texto).
El citado artículo 18A, numeral 5, prevé:
“[…] ARTÍCULO 18A. SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO Y DEBER DE LOS POSTULADOS DE
CONTINUAR EN EL PROCESO. <Artículo adicionado por el
artículo 19 de la Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> El postulado que se haya desmovilizado estando
en libertad podrá solicitar ante el magistrado con funciones de
control de garantías una audiencia de sustitución de la medida
de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de
la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el
presente artículo y a las demás condiciones que establezca la
autoridad judicial competente para garantizar su
comparecencia al proceso del que trata la presente ley. El
magistrado con funciones de control de garantías podrá
conceder la sustitución de la medida de aseguramiento
en un término no mayor a veinte (20) días contados a
partir de la respectiva solicitud, cuando el postulado
haya cumplido con los siguientes requisitos:
[…]
5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad
a la desmovilización. […]”. (Destacado fuera de texto).
Así pues, el inciso 4° del artículo 37 demandado del Decreto
3011 no desbordó las facultades del Gobierno Nacional ni sobrepasó
los lineamientos dispuestos en la norma que le sirve de fundamento,
75
Este es el inciso demandado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
90
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
toda vez que lo que hizo fue proveerla de aquellos detalles necesarios
para asegurar la aplicación coherente del marco de Justicia y Paz 76,
en lo concerniente a uno de los requisitos necesarios para la
concesión o abstención para la sustitución de la medida de
aseguramiento, esto es, el numeral 5 del artículo 18A de la Ley 975.
Al efecto, vale la pena señalar, como lo precisó esta Sección, en la
referida sentencia de 6 de junio de 201377, que si faltan en la ley
detalles necesarios para su correcta aplicación hay lugar a proveer
a la regulación de esos detalles, en ejercicio de la potestad
reglamentaria.
Así las cosas, la Sala observa que el Gobierno Nacional no se
extralimitó al expedir el inciso 4° del artículo 37 del Decreto
3011 acusado; y que, por el contrario, sí estaba facultado para
expedirlo, por virtud de la potestad reglamentaria que le confiere el
artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política y,
76
En el Considerando del Decreto 3011 acusado se señala:
“[…] Que luego de la aplicación de la Ley 975 de 2005 durante más de ocho (8) años, es necesario
generar mecanismos que den celeridad al procedimiento y permitan garantizar la pronta administración
de justicia, asegurando su legitimidad nacional e internacional y el cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Gobierno Nacional.
[…]
Que en desarrollo de la aplicación de la Ley 975 de 2005 y la Ley 1448 de 2011, el Gobierno
Nacional ha proferido una serie de decretos que deben ser articulados para asegurar la aplicación
coherente del marco normativo de Justicia y Paz. […]” (Destacado fuera de texto).
77
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de junio de
2013, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00284-00.
Criterio reiterado en sentencia de 21 de junio de 2018 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-
03-24-000-2012-00074-00).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
91
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
específicamente, de lo dispuesto en la Ley 975, en su artículo 18A,
numeral 5.
Son estos preceptos, por consiguiente, el verdadero fundamento de la
disposición demandada, pues así lo pone de presente en su
encabezamiento, cuando además de invocar la atribución del
precitado artículo 189 constitucional, alude a la Ley 97578.
En consecuencia, este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.
En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas
invocadas por el actor, razón suficiente para que se mantenga la
presunción de legalidad que ampara a los artículos 35, numeral 2,
y 37, inciso 4°, del Decreto 3011 de 26 de diciembre de 2013,
“Por el cual se reglamentan las leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y
1592 de 2012”, expedido por el Gobierno Nacional, y no se acceda a
las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
78
“[…] Por el cual se reglamentan las Leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012 […]”
(Destacado fuera de texto).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
92
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
Ahora, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de
conformidad con el artículo 188 del CPACA, no hay lugar a ello,
habida cuenta que ventila un interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de marzo de 2025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
93
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00
Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.