Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00644-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2014-00644-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00644-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2014-00644-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia. MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA -SINDESENA-
TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, POR CUANTO EL
ACUERDO NÚM. 007 DE 2009, AL EXCLUIR DEL DERECHO AL SERVICIO MÉDICO
ASISTENCIAL A LOS PARIENTES DE LOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON AL
SENA CON POSTERIORIDAD A SU EXPEDICIÓN, NO CONTRAVINO LO PREVISTO
EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 119 DE 1994 NI EN EL ARTÍCULO 1º DEL
ACUERDO 30 DE 1998, NI VULNERÓ EL DERECHO A LA IGUALDAD, TODA VEZ
QUE DICHO ACUERDO CONSTITUYE UNA CONSECUENCIA Y DESARROLLO DE
LOS PRECEPTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 100 DE 1993 Y EN SUS DECRETOS
REGLAMENTARIOS.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
El Sindicato de Empleados Públicos del SENA - SINDESENA,
actuando a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA, presentó demanda ante
esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del
Acuerdo núm. 007 de 28 de mayo de 2009, “Por el cual se dictan
2
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
disposiciones relacionadas con el Servicio Médico Asistencial del
SENA”, expedido por el Consejo Directivo Nacional de Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA1.
I.- FUNDAMENTOS DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo que el acto administrativo
controvertido violó los artículos 45 de la Ley 119 de 9 de febrero de 19942
y 1º del Acuerdo 30 de 20 de septiembre de 19983.
Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis, lo
siguiente:
PRIMER CARGO: VULNERACIÓN DE NORMA DE CARÁCTER
SUPERIOR.
Señaló que el Acuerdo acusado, al excluir del derecho al servicio médico
asistencial a la familia de los funcionarios que han ingresado al SENA a
1
En adelante el SENA.
2
"Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y
se dictan otras disposiciones".
3
“Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 24 de 1978 y se derogan los Acuerdos 10 de 1980 y 29 de
1987.”
3
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
partir de la expedición de ese acuerdo, contravino el artículo 45 de la Ley
119 de 1994, la cual, a su juicio, es una norma de carácter superior que
claramente establece la continuidad de todos los derechos de los
empleados públicos, que se derivan de las relaciones laborales existentes
en el SENA, al momento de la entrada en vigencia de la ley, pero que,
además, enfatiza que estos derechos no podrán ser desconocidos ni
afectados.
Indicó que en el inciso 2 del referido artículo 45 se recalcan dos derechos
o beneficios derivados de las relaciones laborales existentes en el SENA
al momento de la entrada en vigencia de la Ley 119 de 1994 que no
podrán ser desconocidos ni afectados, esto es, el Fondo Nacional de
Vivienda y el servicio médico asistencial.
Anotó que si bien es cierto que dicho artículo 45 deja a disposición de los
órganos competentes del SENA la revisión de los mencionados derechos
y beneficios también lo es que esa norma les ordena que, para ello,
deberán sujetarse a las disposiciones que los rigen.
Alegó que el Acuerdo demandado, además de incurrir en el
4
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
desconocimiento de un derecho y afectar su existencia, se aparta de la
norma que lo rige, -el Acuerdo 30 de 1998-, que en su artículo 1º hace
alusión a los beneficiarios del servicio médico asistencial del SENA.
Manifestó que el Consejo Directivo Nacional del SENA no es el órgano
competente para modificar las condiciones laborales de los funcionarios
del SENA y que el Acuerdo acusado no tiene la fuerza normativa suficiente
para modificar una disposición legal.
SEGUNDO CARGO: VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA
IGUALDAD.
Sostuvo que la decisión adoptada por el Consejo Directivo Nacional del
SENA, materializada en la expedición del Acuerdo demandado, al excluir
del derecho al servicio médico asistencial a determinados empleados
públicos y al establecer un régimen diferenciado de vinculación laboral
dentro de la entidad —uno aplicable a quienes ingresaron con anterioridad
a la expedición del acto acusado y otro para quienes se vincularon con
posterioridad— se vulneró el derecho fundamental a la igualdad.
Expresó que entre unos y otros funcionarios no existe disposición alguna
5
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
de carácter legal que los diferencie y que la fecha de ingreso a la entidad
no puede constituirse en un parámetro de medición para el otorgamiento
de los derechos propios de quienes prestan sus servicios al SENA.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El SENA, mediante apoderado, solicitó que se denieguen las súplicas de
la demanda, para lo cual adujo, en esencia, lo siguiente:
Que el Acuerdo acusado fue expedido conforme a las competencias del
Consejo Directivo establecidas en la Ley 119 de 1994 y en las facultades
especiales otorgadas por el artículo 28 del Decreto 907 de 16 de mayo de
19754, en concordancia con los artículos 35 del Decreto 1014 de 15 de
junio de 19785 y 16 del Decreto 415 de 26 de febrero de 19796.
Que el acto demandado se limita a dar aplicación al literal a) de la Ley
100 de 23 de diciembre de 1993, norma que, si bien consagra excepciones
4
“Por el cual se fija el sistema de clasificación, remuneración y nomenclatura para las distintas clases de
empleos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”.
5
“Por el cual se fija el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos para los empleados
públicos que desempeñan las funciones correspondientes a las distintas categorías de empleos del Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA, se fijan reglas para el reconocimiento de sus prestaciones sociales y se dictan
otras disposiciones”.
6
“Por el cual se modifica la escala de remuneración de los empleos del Sena y se dictan otras disposiciones”.
6
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
a la obligatoriedad de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social
en Salud para toda la población colombiana, no cobija al SENA; razón por
la cual dicha entidad debía adecuar la prestación del servicio médico
asistencial a lo previsto en esa normativa.
Señaló que, contrario a lo que afirma el demandante, los beneficios del
servicio médico asistencial del SENA no fueron creados mediante ley, sino
a través del artículo 24 del Decreto Ley Extraordinario 907 de 1975.
Expresó que en la sentencia de 19 de noviembre de 2001, la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral, (núm. único de radicación 15926), al
pronunciarse sobre el Fondo de Asistencia Social para la prestación de los
servicios médicos y asistenciales para los trabajadores y familiares de la
Federación Nacional de Cafeteros, indicó que la Ley 100 de 1993, con el
fin de preservar los derechos adquiridos con anterioridad a su vigencia y
que guardan relación con la seguridad social integral, mantuvo la vigencia
de esos derechos, en tanto no se sustraigan a los principios básicos del
sistema, a los objetivos generales y específicos de cada uno de sus
regímenes y a las modalidades previstas en su normativa.
7
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
Pero que ello no obsta para que, en su forma de prestación, deban
adaptarse al sistema general de seguridad social en salud.
Que, en ese orden de ideas, adquiere pleno alcance lo previsto en el
artículo 45 de la Ley 119 de 1994, al referirse a los beneficios vigentes —
entre ellos, el servicio médico asistencial—, al señalar que estos “[…]
podrán ser revisados por los órganos competentes del SENA, sujetándose
a las normas que los rigen […]”. En consecuencia, el servicio médico
asistencial, en lo atinente a la forma de su prestación —aspecto que no
constituye un derecho adquirido—, es susceptible de revisión conforme a
la normativa aplicable, en especial la Ley 100 de 1993, habida cuenta de
que dicho beneficio en salud integra el sistema de seguridad social de los
servidores públicos del SENA, quienes deben obligatoriamente
incorporarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Anotó que el adoptarse dicho beneficio al sistema general de seguridad
social en salud le evitaría al SENA asumir riesgos económicos de difícil
ponderación anticipada, dado que al estar amparados los beneficiarios de
sus servidores públicos y pensionados por una institución de seguridad
8
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
social dentro del POS aleja definitivamente estas contingencias y evita
riesgos fiscales y de detrimento patrimonial.
Precisó que, en 1975, cuando el SENA optó por prestar de manera directa
el servicio médico a los familiares de sus servidores públicos y
pensionados, dicha práctica era jurídicamente viable, en tanto no existía
restricción normativa que la impidiera. No obstante, con la expedición de
la Ley 100 de 1993 se introdujo una modificación sustancial en el régimen
de prestación de los servicios de salud por parte de las entidades públicas
y privadas.
Señaló que, en ese contexto, el Decreto 1890 del 31 de octubre de 1995,
mediante el cual se reglamentó el artículo 236 de la Ley 100 de 1993,
dispuso que aquellas dependencias encargadas de la prestación de
servicios de salud que hicieran parte de la estructura de entidades del
sector público y cuyo objeto principal no fuera dicha prestación, debían,
para continuar ofreciendo tales servicios, adecuarse a lo allí previsto. En
particular, se estableció que estas dependencias debían transformarse en
Empresas Sociales del Estado (ESE), siempre que su naturaleza jurídica
lo permitiera, y celebrar los contratos correspondientes con las Entidades
9
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
Promotoras de Salud (EPS); de no ser ello posible, debían proceder a su
supresión.
Que, de conformidad con lo anterior, el SENA contaba con tres opciones:
la primera, transformarse en una EPS, ajustando sus estatutos, estructura
y funcionamiento, para lo cual tenían un plazo hasta el 23 de diciembre
de 1995; la segunda, suprimir la dependencia correspondiente; y, por
último, convertirse en prestador directo y celebrar convenios con las EPS
para continuar prestando los servicios a los trabajadores y familiares.
Afirmó que el SENA no acogió ninguna de esas opciones, razón por la
cual de acuerdo con el artículo 236 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto
1890 de 1995 no podía seguir prestando los servicios de salud
directamente a los familiares de los empleados.
Sostuvo que la situación jurídica del servicio médico del SENA a 23 de
diciembre de 1993 (cuando se expidió la Ley 100) corresponde a la
descrita en el inciso segundo del artículo 236 de la Ley 100 de 1993,
reglamentado por el artículo 19 del Decreto 1890 de 1995, que se refiere
a aquellas dependencias que prestaban servicios de salud y que
10
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
pertenecían a entidades del sector público, cuyo objeto principal no era la
prestación de salud, las cuales debían transformarse en Empresas
Sociales del Estado (ESE), siempre y cuando su naturaleza lo permitiera,
para lo cual debían celebrar los contratos correspondientes con Entidades
Promotoras de Salud y, en caso de no transformarse, debían proceder a
su supresión.
Que el SENA, de acuerdo con el artículo 236 de la Ley 100 de 1993 y su
decreto reglamentario, no podía continuar prestando servicios de salud
directamente a los familiares de sus servidores públicos (empleados
públicos y trabajadores oficiales), por cuanto no se adoptó o transformó
de conformidad con lo dispuesto por estas normas y el plazo previsto en
ellas.
Puntualizó que dicha normativa lo que estableció es que la prestación
directa se termina y que las entidades públicas que prestaban estos
servicios tenían tres opciones para especializar sus funciones según el
Sistema de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con sus características.
11
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
Afirmó que la función que el SENA asumió hasta antes de expedirse el
Acuerdo acusado se asemejó más a la de especializarse en administrar y
agenciar los servicios como EPS, adaptada para los trabajadores y
familiares, es decir, como EPS adaptada, pero sin haber obtenido la
autorización legal correspondiente que solo la podía conseguir hasta el 23
de diciembre de 1995, siempre y cuando su naturaleza jurídica lo
permitiera.
Precisó que en ningún caso la Ley 119 de 1994, dentro de los objetivos y
funciones del SENA, le asigna la administración directa de servicios de
salud, pues la circunstancia de autorizarle el reconocimiento del beneficio
del servicio médico asistencial no la habilita para prestarlo directamente,
ni menos aun para desconocer la Ley 100 de 1993.
Aclaró que la circunstancia de que la Ley 119 de 1994 sea posterior a la
Ley 100 de 1993 en ningún caso permite afirmar que esta última no sea
aplicable al SENA, puesto que se trata de disposiciones legales que
regulan materias que no tienen la misma especialidad u objeto.
12
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
Que, en efecto, la Ley 100 de 1993 regula en su integridad el servicio
público de la seguridad social en salud, entre otras materias afines. Y la
Ley 119 de 1994, por su parte, reestructura el SENA y adopta otras
disposiciones, desde luego complementarias a este fin, puesto que de
acuerdo con el artículo 158 de la Constitución Política, todo proyecto de
ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las
disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella.
Manifestó que los motivos del proyecto de la Ley 119 de 1994 en parte
alguna mencionan el propósito de regular temas relativos a la seguridad
social en salud. Por lo tanto, por razones de unidad de materia y
constitucionales no podía modificar o derogar el servicio público de la
seguridad social en salud, razón por lo cual no tiene ningún fundamento
afirmar que esta ley es derogatoria o de aplicación preferente, en lo
relativo al dicho servicio asistencial a los familiares de los servidores
públicos y pensionados del SENA, como tampoco puede considerársela
como un régimen exceptivo de la Seguridad Social en Salud.
Advirtió que el inciso segundo del artículo 45 de la Ley 119 de 1994
establece de manera expresa que los beneficios vigentes, -entre ellos, el
13
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
servicio médico asistencial-, pueden ser revisados por los órganos
competentes del SENA, siempre que ello se haga con sujeción a las
normas que los regulan y dentro de dicho marco normativo se incluyen
no solo las disposiciones legales que dieron origen a tales beneficios,
como los Decretos 907 y 415, así como las normas internas que regulan
su organización y prestación, sino también la Ley 100 de 1993, en la
medida en que se trata de la prestación de un servicio médico. En
consecuencia, dicho servicio debe ajustarse a las normas legales que
regulan el servicio público de salud, como parte integrante del sistema de
seguridad social en salud.
Anotó que antes de la expedición del Acuerdo demandado existía un
panorama financiero de importante magnitud para el SENA, al prestar de
manera directa el servicio y contravenir lo dispuesto en la Ley 100, para
lo cual citó cifras que corroboran dicha afirmación.
Propuso las siguientes excepciones de fondo:
14
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
• “El Consejo Directivo del SENA expidió el Acuerdo 007 de 2009
conforme a sus facultades normativas y delegación contemplada en
los decretos que regulaban el servicio médico institucional”.
Explicó que el Consejo Directivo del SENA expidió el Acuerdo acusado, de
conformidad con las facultades establecidas en el artículo 10, numerales
3 y 16, de la Ley 119 de 1994; y la delegación prevista en los decretos
que regulaban el servicio médico institucional, esto es, el Decreto Ley 907
de 1975 (inciso final del artículo 24) y los decretos ley expedidos
posteriormente por el SENA para dar aplicación literal e incondicional a
lo establecido en la Ley 100 de 1993.
• “El SENA no tiene entre sus atribuciones legales la prestación del
servicio médico de manera directa”.
Sostuvo que conforme con lo previsto en los artículos 1º, 2º y 3º de la
Ley 119 de 1994, no es posible imponerle la carga funcional y legal de
prestar servicios médicos de manera directa, además de que ello
representa un inmenso impacto fiscal para la entidad, dado que significa
un doble pago por parafiscalidad en lo correspondiente a los valores de la
15
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
prestación del servicio de salud, ya que varios de los beneficiarios con el
servicio médico también se encontraban y/o se encuentran afiliados a una
EPS dispuesta y regulada al amparo de la Ley 100 y sus decretos
reglamentarios.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en
desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, traslados para
contestación, audiencia inicial y alegaciones.
En la respectiva audiencia inicial celebrada el 21 de noviembre de 2016,
el despacho hizo un recuento de las actuaciones surtidas, saneó el proceso
de posibles vicios que pudieran acarrear su nulidad, decidió sobre las
excepciones previas y mixtas, fijó el litigio7 y se pronunció sobre las
pruebas aportadas y solicitadas por las partes.
7
“El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si al
expedir el Acuerdo núm. 00007 de 28 de mayo de 2009, “Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con
el Servicio Médico Asistencial del SENA”, expedido por el Consejo Directivo Nacional del Servicio Nacional de
Aprendizaje “SENA”, se vulnero los dispuesto en los artículos 45 de la Ley 119 de 9 de febrero de 1994, “Por
la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se
dictan otras disposiciones”, 1° del Acuerdo 30 de 1988 y el derecho a la igualdad, conforme a lo expuesto por
la parte actora a folios 116 a 119 del expediente.
Igualmente, para efectos de precisar el objeto del litigio se tendrá en cuenta lo respondido por la parte
demandada a folios 151 a 186 del expediente, particularmente, el alcance de la normativa legal y
reglamentaria del SENA y la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema integral de seguridad social y su
reglamentación.”
16
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1.- La Procuraduría delegada para la Conciliación
Administrativa8, en el concepto rendido, se muestra partidaria de que
se denieguen las pretensiones de la demanda.
Señaló que la Ley 119 de 1994, en su artículo 45, aclaró de manera
expresa que debían ser respetados los derechos y beneficios derivados de
las relaciones labores vigentes antes de la entrada en vigencia de la ley,
lo cual significa que quienes hasta esa fecha hubiesen adquirido algún
derecho o beneficio por virtud de la relación laboral, los conservarían
plenamente y no podrían ser desconocidos ni afectados.
Adujo que el acto demandado no resulta contrario al artículo 45 de la Ley
119 de 1994, ni al artículo 1º del Acuerdo 30 de 1998, ni desconoce el
derecho a la igualdad, por las siguientes razones:
a) Porque el artículo 45 citado estableció un régimen especial con el
propósito de proteger los derechos adquiridos de aquellos empleados
8
Folios 386 a 399 del C.1.
17
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
públicos que, para la entrada en vigencia de la ley, hubiesen conseguido
algún derecho o beneficio por virtud de su vinculación legal y
reglamentaria y para dicho efecto la ley dispuso que “no podrán ser
desconocidos ni afectados”.
Que, en este orden de ideas, el acto acusado no resulta contrario a lo
previsto en esta norma, ya que en dicho acto se dispuso que a partir del
1º de junio de 2009 no podía haber nuevas afiliaciones al servicio médico
asistencial del SENA de “beneficiarios de personas que se vinculen a la
entidad como empleados públicos desde esa fecha”, es decir, que los
efectos del acto son hacia el futuro.
b) Porque a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de
1991 se produce un nuevo régimen en la prestación del servicio de
seguridad social, el cual es considerado como un servicio público que debe
ser prestado por el Estado con sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad.
Indicó que con la expedición de la Ley 100 de 1993 desaparecieron los
regímenes especiales o exceptuados, con exclusión de aquellos previstos
18
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
en el artículo 279 ibidem, dentro de los cuales, por mandato del legislador,
no se incorporó el régimen del SENA.
Expresó que a partir de la entrada de la Ley 100 de 1993 y dando
cumplimiento al artículo 153 ibidem era obligatorio para el empleador la
afiliación de sus trabajadores al sistema de seguridad social, como en
efecto lo dispone el acto demandado que establece de manera expresa
que: “[…] los beneficiarios de las persona que se vinculen al SENA como
empleados públicos a partir de la fecha indicada en el inciso anterior,
deberán afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la
forma y las condiciones establecidas por la Ley 100 de 1993 y las demás
normas que la modifiquen, complementen y reglamenten y los servicios
médicos serán prestados por las entidades que integran ese sistema […]”.
c) Por cuanto la misma Ley 119 de 1994 señaló que los beneficios
vigentes, entre ellos, el servicio médico asistencial creado desde el año
1975, podrían ser revisados por los órganos competentes del SENA
sujetándose a las normas que los rigen, razón por la cual la entidad podía
adecuar dicho beneficio a la nueva normativa vigente, esto es, la Ley 100
de 1993 que estableció el sistema integral de seguridad social.
19
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
d) Debido a que el acto acusado no viola el derecho de la igualdad, dado
que el mismo permite garantizar que los trabajadores del SENA gocen de
la seguridad social en salud, en su condición de derecho fundamental que
debe ser prestado por el Estado bajo su dirección y calidad, el cual es
irrenunciable y que pretende satisfacer la cobertura en salud de la
población en general.
IV.2.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en esta
instancia, el actor, a través de escrito visible a folios 381 a 385 del C.1.,
reiteró los argumentos de la demanda, en el sentido de que el Acuerdo
acusado es nulo, al excluir de la prestación del servicio médico asistencial
a los familiares de los empleados públicos del SENA, que se vinculen a
partir de su expedición, toda vez que contraviene lo establecido en el
artículo 45 de la Ley 119 de 1994.
IV.3.- Por su parte, el SENA9 reiteró los argumentos de la contestación
de la demanda, para lo cual adujo que no tiene dentro de sus atribuciones
legales la prestación del servicio médico y que con la expedición de la Ley
9
Folios 378 a 380 del C.1.
20
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
100 de 1993 le asistía a la mencionada entidad el deber legal de adecuar
las prestaciones a los lineamientos dispuestos en la misma, ya que de no
hacerlo, siendo el órgano competente, podía ser considerado como
inobservancia legal con serias y profundas implicaciones patrimoniales y
fiscales.
Indicó que acceder a las pretensiones, además de representar un grave
impacto fiscal para la entidad, significa un doble pago por parafiscalidad
en lo correspondiente a los valores, que debe legalmente asumir la
entidad para la prestación del servicio de salud.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
El doctor CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO, en escrito visible
en el índice 82 del expediente digital, manifiesta que se declara impedido
para actuar dentro del proceso de la referencia, por cuanto intervino como
Agente del Ministerio Público en la audiencia inicial realizada el 21 de
21
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
noviembre de 2016, por lo que considera que se encuentra incurso en la
causal de impedimento prevista en el numeral 12 del artículo 141 del CGP.
Comoquiera que en el asunto bajo examen la demanda se radicó bajo la
vigencia del CPACA, le corresponde a esta Sala resolver el impedimento
manifestado por el señor magistrado CARLOS FERNANDO MANTILLA
NAVARRO10.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que la causal de impedimento que se
invoca es la prevista en el numeral 12 del artículo 141 del C.G.P., la cual
prevé:
“[…] Causales de recusación. Son causales de recusación las
siguientes:
… 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación
judicial sobre cuestiones materia del proceso, o haber
intervenido en éste como apoderado, agente del
ministerio público, perito o testigo […]”.
10
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de dicho Estatuto, el cual prevé: “[…] Para
el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas: … 3. Cuando en un magistrado concurra
alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al
ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es éste, expresando los hechos en que se fundamenta tan
pronto como advierta su existencia, para que la Sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la
legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará y sólo cuando se afecte el quórum decisorio
se ordenará sorteo de conjuez […]” (Negrilla fuera del texto original).
22
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
Revisado el expediente, se observa que el doctor CARLOS FERNANDO
MANTILLA NAVARRO fungió como Procurador Delegado para la
Conciliación Administrativa y en tal calidad intervino en la audiencia inicial
realizada el 21 de noviembre de 2016, conforme consta en el índice 74 del
expediente digital.
Por lo tanto, a juicio de la Sala, los hechos que soportan el impedimento
manifestado por el magistrado CARLOS FERNANDO MANTILLA
NAVARRO, configuran la causal alegada, comoquiera que, como quedó
visto, el citado magistrado intervino en el presente medio de control como
Agente del Ministerio Público.
Por esta razón, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por
el citado magistrado y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Aclarado lo anterior, se tiene que antes de asumir el estudio de fondo del
asunto, la Sala debe señalar que las excepciones consistentes en que: “El
Consejo Directivo del SENA expidió el Acuerdo 007 de 2009 conforme a
sus facultades normativas y delegación contemplada en los decretos que
23
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
regulaban el servicio médico institucional” y “El SENA no tiene entre sus
atribuciones legales la prestación del servicio médico de manera directa”,
propuestas por el SENA, serán desestimadas, dado que sus fundamentos
envuelven la defensa de los actos demandados, lo cual significa que ellas
no constituyen excepciones propiamente dichas, porque la finalidad de
estas es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o
impeditivo de las pretensiones, que impida al fallador entrar a conocer del
fondo del asunto, circunstancia que no se presenta en el caso examinado,
razón por la que dichos argumentos se estudiarán junto con los cargos de
la demanda11.
Expuesto lo anterior, la Sala observa que el presente asunto se contrae a
establecer la legalidad del Acuerdo núm. 007 de 28 de mayo de 2009,
“Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el Servicio Médico
Asistencial del SENA”, expedido por el Consejo Directivo Nacional del
SENA.
El Acuerdo núm. 007 de 28 de mayo de 2009 es del siguiente tenor:
“[…] ACUERDO 007 DE 2009
(mayo 28)
Diario Oficial No. 47.364 de 29 de mayo de 2009
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
11
Ver sentencia de 10 de julio de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005-00119-01).
24
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el Servicio
Médico Asistencial del SENA.
EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, en ejercicio de las
facultades que le otorga el artículo 35 del Decreto 1014 de 1978,
modificado por el artículo 16 del Decreto 415 de 1979, y el artículo
45 de la Ley 119 de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que por disposición del artículo 30 del Decreto 907 de 1975: “El
SENA asumirá directamente o contratará con una o varias entidades
públicas o privadas, especializadas en seguridad social, un seguro
médico asistencial, para los parientes de los empleados que se
detallan en el Parágrafo segundo del presente artículo …”.
Que posteriormente el artículo 35 del Decreto 1014 de 1978,
modificado por el artículo 16 del Decreto 415 de 1979, dispuso: “…
// El SENA asumirá directamente o contratará con una o varias
entidades públicas o privadas especializadas en seguridad social,
un seguro médico asistencial, para los parientes de los empleados
de la entidad. // Las modalidades y cuantías de este servicio se
establecerán por Acuerdo del Consejo Directivo Nacional, así como
los aportes del SENA para cada uno de sus empleados. // Con la
prestación de este servicio de salud para la familia de los
empleados, estos y la entidad quedarán exentos de cotizaciones al
ISS para cubrir riesgos similares. // … // El Consejo Directivo
Nacional de la entidad, reglamentará las normas internas sobre este
aspecto”.
Que el inciso segundo del artículo 45 de la Ley 119 de 1994
establece que “… los beneficios vigentes tales como …, el Servicio
Médico Asistencial …, entre otros, podrán ser revisados por los
órganos competentes del SENA sujetándose a las normas que los
rigen”.
Que, en virtud de las normas anteriores, corresponde a este
Consejo Directivo Nacional revisar los beneficios del servicio médico
asistencial del SENA para garantizar su adecuada y eficiente
25
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
prestación a los familiares de los actuales servidores públicos de la
entidad.
Que la Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias y
reglamentarias, establecieron el Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
Que por disposición del artículo 4º de la ley 100 de 1993: “La
Seguridad Social es un servicio público obligatorio, cuya dirección,
coordinación y control está a cargo del Estado y que será prestado
por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones
establecidos en la presente ley”.
Que el artículo 157 de la ley 100 de 1993 establece que “A partir
de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el
servicio esencial de salud que permite el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de
afiliados al régimen contributivo …. // …”; conforme a esta misma
norma, los servidores públicos son afiliados obligatorios a este
régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud, que
les da derecho a acceder al plan de salud para él y sus beneficiarios.
Señala este artículo que “A partir del año 2000, todo colombiano
deberá estar vinculado al Sistema …”.
Que en virtud del artículo 160 de la ley 100 de 1993: “Son deberes
de los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad
Social en Salud los siguientes: // … // 2. Afiliarse con su familia al
Sistema General de Seguridad Social en Salud. // …”.
Que las personas que no se han vinculado laboralmente al SENA,
no tienen derechos adquiridos frente a esta entidad.
En virtud de lo anterior,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. A partir del 1º de junio de 2009 no habrá nuevas
afiliaciones al Servicio Médico Asistencial del SENA, de beneficiarios
de personas que se vinculen a la entidad como empleados públicos
desde esa fecha.
Los beneficiarios de las personas que se vinculen al SENA como
empleados públicos a partir de la fecha indicada en el inciso
anterior, deberán afiliarse al Sistema General de Seguridad Social
26
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
en Salud, en la forma y las condiciones establecidas por la ley
100 de 1993 y las demás normas que la modifiquen, complemente
y reglamenten, y los servicios médicos serán prestados por las
Ir al inicio
entidades que integran ese sistema.
ARTÍCULO 2o. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente
acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. […]”.
El primer cargo se fundamenta en que el Consejo Directivo del SENA,
mediante la expedición del Acuerdo acusado, al excluir del derecho al
servicio médico asistencial a los familiares de los funcionarios que se
vincularon a la entidad con posterioridad a su expedición, vulneró lo
previsto en el artículo 45 de la Ley 119 de 1994, pues dicha norma, de
jerarquía superior, garantiza la continuidad de los derechos de los
empleados públicos derivados de las relaciones laborales existentes en la
referida entidad al momento de entrar en vigencia la ley y, además,
establece de manera expresa que tales derechos o beneficios no pueden
ser desconocidos ni afectados.
Que, asimismo, el Acuerdo demandado desconoció el Acuerdo 3º de 1998,
que en su artículo 1º hace alusión a los beneficiarios del servicio médico
asistencial del SENA.
Ahora, para resolver dicho cargo, es pertinente advertir que del texto del
27
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
Acuerdo núm. 007 acusado, específicamente de su encabezado, se
desprende que fue expedido por el Consejo Directivo, en ejercicio de las
facultades que otorgadas por los artículos 35 del Decreto 1014 de 1978,
modificado por el 16 del Decreto 415 de 1979, y 45 de la Ley 119 de
1994, que establecen:
• Decreto 1014 de 1978
“[…] ARTICULO 35. El SENA garantizará a sus empleados el
cubrimiento de servicios médicos y prestaciones sociales,
afiliándolos a una entidad asistencial o de previsión.
Dichos empleados tendrán derecho únicamente a recibir los
servicios y prestaciones sociales establecidos por la entidad
asistencial o de previsión, con excepción de lo señalado en el
parágrafo siguiente.
[…]
El SENA asumirá directamente o contratará con una o varias
entidades públicas o privadas especializadas en seguridad
social, un seguro médico asistencial, para los parientes de
los empleados de la entidad.
Las modalidades y cuantías de este servicio se establecerán
por Acuerdo del Consejo Directivo Nacional, así como los
aportes del SENA para cada uno de sus empleados.
Con la prestación de este servicio de salud para la familia de los
empleados, éstos y la entidad quedarán exentos de cotizaciones al
ISS para cubrir riesgos similares.
[…]
El Consejo Directivo Nacional de la entidad, reglamentará las
normas internas sobre este aspecto. [..]” (Destacado fuera de
texto).
28
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
• Ley 119 de 1994
“[…] ARTÍCULO 45. Derechos y beneficios. Continuarán
vigentes todos los derechos de los empleados públicos derivados
de las relaciones laborales actualmente existentes en el SENA, los
que no podrán ser desconocidos ni afectados.
Los beneficios vigentes tales como el Fondo Nacional de Vivienda,
el Servicio Médico Asistencial y el Auxilio Educativo, entre
otros, podrán ser revisados por los órganos competentes del
SENA sujetándose a las normas que los rigen.
Los derechos y beneficios de los trabajadores oficiales vinculados
al SENA continuarán rigiéndose por las convenciones colectivas o
laudos arbitrales y las disposiciones laborales vigentes. [...]”
(Destacado fuera de texto).
Igualmente, en los considerandos del acto demandado se indicó:
“[…] CONSIDERANDO:
Que por disposición del artículo 30 del Decreto 907 de 1975: “El
SENA asumirá directamente o contratará con una o varias
entidades públicas o privadas, especializadas en seguridad
social, un seguro médico asistencial, para los parientes de los
empleados que se detallan en el Parágrafo segundo del presente
artículo …”.
Que posteriormente el artículo 35 del Decreto 1014 de 1978,
modificado por el artículo 16 del Decreto 415 de 1979, dispuso: “…
// El SENA asumirá directamente o contratará con una o varias
entidades públicas o privadas especializadas en seguridad social,
un seguro médico asistencial, para los parientes de los empleados
de la entidad. // Las modalidades y cuantías de este servicio se
establecerán por Acuerdo del Consejo Directivo Nacional, así como
los aportes del SENA para cada uno de sus empleados. // Con la
prestación de este servicio de salud para la familia de los
29
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
empleados, estos y la entidad quedarán exentos de cotizaciones al
ISS para cubrir riesgos similares. // … // El Consejo Directivo
Nacional de la entidad, reglamentará las normas internas sobre este
aspecto”.
Que el inciso segundo del artículo 45 de la Ley 119 de 1994
establece que “… los beneficios vigentes tales como …, el
Servicio Médico Asistencial …, entre otros, podrán ser
revisados por los órganos competentes del SENA
sujetándose a las normas que los rigen”.
Que, en virtud de las normas anteriores, corresponde a este
Consejo Directivo Nacional revisar los beneficios del servicio médico
asistencial del SENA para garantizar su adecuada y eficiente
prestación a los familiares de los actuales servidores públicos de la
entidad.
Que la Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias y
reglamentarias, establecieron el Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
Que por disposición del artículo 4º de la ley 100 de 1993: “La
Seguridad Social es un servicio público obligatorio, cuya dirección,
coordinación y control está a cargo del Estado y que será prestado
por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones
establecidos en la presente ley”.
Que el artículo 157 de la ley 100 de 1993 establece que “A partir
de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará
en el servicio esencial de salud que permite el Sistema
General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su
condición de afiliados al régimen contributivo …. // …”; conforme a
esta misma norma, los servidores públicos son afiliados obligatorios
a este régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en
Salud, que les da derecho a acceder al plan de salud para él y sus
beneficiarios. Señala este artículo que “A partir del año 2000, todo
colombiano deberá estar vinculado al Sistema …”.
Que en virtud del artículo 160 de la ley 100 de 1993: “Son deberes
de los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad
Social en Salud los siguientes: // … // 2. Afiliarse con su familia al
Sistema General de Seguridad Social en Salud. // …”.
30
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
Que las personas que no se han vinculado laboralmente al SENA,
no tienen derechos adquiridos frente a esta entidad. […]”
(Destacado fuera de texto).
Asimismo, se observa que el Acuerdo acusado, fue expedido por el
Consejo Directivo, con fundamento en las facultades establecidas en el
inciso final del artículo 24 del Decreto Ley 907 de 1975, que prevé:
“[…] ARTÍCULO 24. Seguro Social. <Artículo modificado por el
artículo 16 del Decreto 415 de 1979. El nuevo texto es el
siguiente:> El SENA garantizará a sus empleados el
cubrimiento de servicios médicos y prestaciones sociales,
afiliándolos a una entidad asistencial o de previsión.
Dichos empleados tendrán derecho únicamente a recibir los
servicios y prestaciones sociales establecidos por la entidad
asistencial o de previsión, con excepción de lo señalado en el
parágrafo siguiente.
Aquellos funcionarios que se encuentren incapacitados por
enfermedad devengarán durante la incapacidad y
proporcionalmente a ésta, una suma equivalente al sueldo asignado
al cargo. Entiéndese en este caso que el empleado cede su derecho
al SENA para que efectúe el cobro de la incapacidad ante la entidad
asistencial o de previsión.
El SENA asumirá directamente o contratará con una o varias
entidades públicas o privadas especializadas en seguridad
social, un seguro médico asistencial, para los parientes de
los empleados de la entidad.
Las modalidades y cuantías de este servicio se establecerán por
Acuerdo del Consejo Directivo Nacional, así como los aportes del
SENA para cada uno de sus empleados.
Con la prestación de este servicio de salud para la familia de los
31
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
empleados, éstos y la entidad quedarán exentos de cotizaciones al
ISS para cubrir riesgos similares.
El SENA incluirá en su presupuesto las partidas requeridas para el
desarrollo de programas de seguridad industrial y salud
ocupacional, que garanticen el mantenimiento de un buen estado
de salud física y mental del empleado.
El Consejo Directivo Nacional de la entidad, reglamentará las
normas internas sobre este aspecto. […]”. (Destacado fuera de
texto)
De conformidad con lo anterior, el Acuerdo controvertido fue expedido
por el Consejo Directivo Nacional del SENA, con fundamento en las
facultades otorgadas por las normas citadas anteriormente, que permitían
reglamentar las disposiciones internas sobre los servicios médicos
asistenciales y revisar los beneficios de dichos servicios, sujetándose a las
normas que los rigen, y teniendo en cuenta que la Ley 100 de 1993 y sus
normas complementarias y reglamentarias establecieron el Sistema
General de Seguridad Social en Salud como un servicio público
obligatorio, del cual debe participar todo colombiano.
En efecto, la Ley 100 de 1993 instauró el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y, por medio de su artículo 236, concedió a las cajas, fondos
y entidades de seguridad social del sector público, así como a las empresas
y entidades públicas de cualquier orden que, con anterioridad al 23 de
32
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
diciembre de 199312 prestaban servicios de salud, un plazo de dos (2)
años, contados a partir de su expedición, para transformarse en Entidades
Promotoras de Salud y adecuarse al nuevo sistema, o, en su defecto,
proceder a su liquidación, todo ello conforme a la reglamentación que
expidiera el Gobierno Nacional.
Asimismo, dicha norma indicó que las dependencias que presten servicios
de salud de las cajas, fondos, entidades previsionales o entidades públicas
con otro objeto social podrán suprimirse o convertirse en Empresas
Sociales del Estado, que se regirán por lo previsto en la Ley 100 de 1993,
de la siguiente manera:
“[…] ARTÍCULO 236. DE LAS CAJAS, FONDOS Y ENTIDADES
DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO, EMPRESAS
Y ENTIDADES PÚBLICAS. Las cajas, fondos y entidades de
seguridad social del sector público, empresas y entidades
del sector público de cualquier orden, que con anterioridad
a la fecha de vigencia de la presente Ley presten servicios
de salud o amparen a sus afiliados riesgos de enfermedad
general y maternidad, tendrán dos años para
transformarse en empresas promotoras de salud,
adaptarse al nuevo sistema o para efectuar su liquidación,
de acuerdo con la reglamentación que al respecto expida el
Gobierno Nacional.
La transformación en Entidad Promotora de Salud será un proceso
donde todos los trabajadores recibirán el Plan de Salud Obligatorio
de que trata el artículo 162 y, en un plazo de cuatro años a partir
12
Fecha de expedición de dicha ley.
33
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
de la vigencia de esta Ley, éstos pagarán las cotizaciones
dispuestas en el artículo 204 -ajustándose como mínimo en un
punto porcentual por año- y la Entidad Promotora de Salud
contribuirá al sistema plenamente con la compensación prevista
en el artículo 220. Cuando el plan de beneficios de la entidad sea
más amplio que el Plan de Salud Obligatorio, los trabajadores
vinculados a la vigencia de la presente Ley y hasta el término
de la vinculación laboral correspondiente o el período de
jubilación, continuarán recibiendo dichos beneficios con el
carácter de plan complementario, en los términos del artículo 169.
Las dependencias que presten servicios de salud de las cajas,
fondos, entidades previsionales o entidades públicas con otro
objeto social podrán suprimirse o convertirse en Empresas
Sociales del Estado, que se regirán por lo estipulado en la presente
Ley.
Las entidades públicas antes referidas, que a juicio del Gobierno
Nacional no requieran transformarse en empresas promotoras de
salud, ni liquidarse podrán continuar prestando los servicios de
salud a los servidores que se encuentren vinculados a la respectiva
entidad en la fecha de iniciación de vigencia de la presente Ley y
hasta el término de la relación laboral o durante el período de
jubilación, en la forma como lo vienen haciendo. Estas entidades
deberán, no obstante, ajustar gradualmente su régimen de
beneficios y financiamiento, al previsto en los artículos 162, 204
y 220 de esta Ley, en un plazo no mayor a cuatro (4) años, de tal
manera que participen en la subcuenta de compensación del
Fondo de Solidaridad y Garantía. De conformidad con lo anterior,
las entidades recaudarán mediante retención a los servidores
públicos, en forma creciente y explícita, las cotizaciones
establecidas en el artículo 204 de la presente Ley, la cual
aumentará como mínimo en un punto porcentual por año.
[…]
PARÁGRAFO 1o. En todo caso, los servidores públicos que
se vinculen a partir de la vigencia de la presente Ley se
afiliarán al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier
Entidad Promotora de Salud, según lo dispuesto en esta Ley.
PARÁGRAFO 2o. Las enajenaciones derivadas de los procesos de
reorganización aquí mencionados estarán exentos de los
impuestos correspondientes.
34
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
PARÁGRAFO 3o. Las instituciones de seguridad social del orden
nacional podrán ser liquidadas cuando así lo solicite la mitad más
uno de los afiliados que se expresarán de conformidad con el
mecanismo que para el efecto defina el decreto reglamentario. Lo
anterior sin perjuicio de que todas las instituciones se sometan a
las disposiciones consagradas en la presente Ley. […]” (Destacado
fuera de texto).
Al respecto, debe resaltarse que la continuidad en la prestación del servicio
de salud o en la recepción de los beneficios bajo la modalidad de plan
complementario fue autorizada por la Ley 100 de 1993, en su artículo 236,
únicamente para los trabajadores vinculados con anterioridad a la vigencia
de dicha norma, permitiéndoles mantener tales beneficios en la forma como
venían siendo prestados, hasta la terminación de la correspondiente
relación laboral o durante el período de jubilación.
En contraste, la misma disposición estableció que los servidores públicos
que se vincularan con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley
debían afiliarse al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier Entidad
Promotora de Salud. Lo anterior evidencia que fue la propia ley la que
prohibió la incorporación de nuevos afiliados a dichos regímenes y
no el Acuerdo acusado, como erróneamente lo sostiene la parte
actora.
35
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
Ahora, en desarrollo del citado artículo 236 de la Ley 100 de 1993, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 1890 de 1995, por medio del cual
reguló el régimen de adaptación al Sistema de Seguridad Social en Salud
de las cajas, fondos y entidades de seguridad social del sector público,
empresas y entidades del sector público de cualquier orden, y estableció,
en su artículo 13, los requisitos para que pudieran continuar prestando
los servicios de salud, así:
“[…] Artículo 13. Autorización para que la entidad continúe
prestando servicios como entidad adaptada. La solicitud para
continuar prestando servicios de salud en los términos del tercer
inciso del artículo 236 de la Ley 100 de 1993, acompañada de los
documentos necesarios para acreditar los requisitos a que se refiere
el artículo 10 del presente Decreto, deberá ser presentada ante la
Superintendencia Nacional de Salud a más tardar el 7 de diciembre
de 1995.
[…]
Si la Superintendencia encuentra que la entidad satisface los
requisitos previstos al efecto en este Decreto, informará al
Ministerio de Salud, para que el Gobierno Nacional determine las
entidades que por cumplir los requisitos previstos pueden continuar
prestando servicios de salud en los términos del artículo 236 de la
Ley 100 de 1993, y por ello no requieren transformarse o liquidarse.
[…]”.
Dicho Decreto 1890, en su artículo 19, en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 236 de la Ley 100 de 1993, señaló que las dependencias de
las entidades del sector público que presten servicios de salud y cuyo
36
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
objeto principal no sea la prestación del servicio público, que no se
adapten de acuerdo con lo dispuesto en ese decreto para prestar los
servicios de salud previstos dentro del plan obligatorio de salud o los
planes complementarios, deben transformarse en Empresas Sociales del
Estado (ESE), siempre y cuando su naturaleza lo permita, para lo cual
deberán celebrar los contratos correspondientes con Entidades
Promotoras de Salud.
También precisó que dichas empresas no podrán cumplir las funciones
propias de las Entidades Promotoras de Salud y que en el evento en que
no se transformen en Empresas Sociales del Estado se deberá proceder a
su supresión, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 19. De las dependencias. Las dependencias que
presten servicios de salud y que pertenezcan a entidades
del sector público cuyo objeto principal no sea la prestación
del servicio de salud, que no se adapten de acuerdo con el
presente Decreto, podrán prestar los servicios de salud
previstos dentro del Plan Obligatorio de Salud, POS, o los
planes complementarios, mediante su transformación por
parte de la autoridad competente en Empresas Sociales del
Estado, ESE, siempre y cuando su naturaleza lo permita,
para lo cual deberán celebrar los contratos
correspondientes con Entidades Promotoras de Salud.
Dichas empresas no podrán cumplir las funciones propias de las
Entidades Promotoras de Salud. En el evento en que no se
transformen en Empresas Sociales del Estado se deberá proceder
a su supresión.
37
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
Las entidades estatales a que se refiere el inciso anterior que
supriman sus dependencias que prestaban servicios de salud,
podrán arrendar o celebrar otros contratos con empresas
promotoras de salud o instituciones prestadoras de salud, con el
fin de que las mismas puedan utilizar la infraestructura y demás
bienes que aquellas emplearon para la prestación directa del
servicio de salud a sus servidores. […]” (Destacado fuera de
texto).
Lo anterior pone de presente que el citado Decreto Reglamentario 1890,
(anterior al acuerdo acusado), estableció la prohibición de prestar
directamente los servicios de salud a las dependencias de las entidades
del sector público que presten servicios de salud y cuyo objeto principal
no sea la prestación de dicho servicio público, en el evento en que no se
adapten o transformen en Empresas Sociales del Estado.
En virtud de lo anterior, cabe mencionar que si bien es cierto que el
Decreto 907 de 1975, en su artículo 2413, autorizó que el SENA asumiera
13
“[…] ARTÍCULO 24. Seguro Social. <Artículo modificado por el artículo 16 del Decreto 415 de 1979. El
nuevo texto es el siguiente:> El SENA garantizará a sus empleados el cubrimiento de servicios médicos
y prestaciones sociales, afiliándolos a una entidad asistencial o de previsión.
[…]
El SENA asumirá directamente o contratará con una o varias entidades públicas o privadas
especializadas en seguridad social, un seguro médico asistencial, para los parientes de los
empleados de la entidad.
[…]
Con la prestación de este servicio de salud para la familia de los empleados, éstos y la entidad quedarán
exentos de cotizaciones al ISS para cubrir riesgos similares.
[…]
El Consejo Directivo Nacional de la entidad, reglamentará las normas internas sobre este
aspecto. […]”. (Destacado fuera de texto)
38
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
directamente o contratara con una o varias entidades públicas o
privadas especializadas en seguridad social, un seguro médico
asistencial para los empleados de la entidad y sus parientes, también lo
es que desde ese año otorgó al Consejo Directivo Nacional de esa entidad,
la facultad de reglamentar las normas internas sobre servicios
médicos de sus empleados y sus parientes.
Posteriormente, se expidió la Ley 100 de 1993 y sus normas
complementarias y reglamentarias, -entre ellas, los Decretos 907, 415 y
1014, antes citados-, a través de las cuales se estableció, en primer lugar,
que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es
obligatoria para todos los colombianos (artículo 153, numeral 2, de la Ley
100 de 1993). Asimismo, se dispuso que las dependencias de las
entidades del sector público que presten servicios de salud y cuyo objeto
principal no sea la prestación de dicho servicio público no pueden
continuar prestándolos de manera directa, salvo que se adapten o se
transformen en Empresas Sociales del Estado, toda vez que únicamente
las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud están habilitadas para prestar directamente servicios
de salud.
39
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
De igual forma, la normativa señaló que solo los trabajadores vinculados
con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 podrán continuar
recibiendo los beneficios en salud en calidad de plan complementario, en
la forma como venían haciéndolo, ya sea hasta la terminación de la
respectiva relación laboral o durante el período de jubilación. En
contraste, se estableció que los servidores públicos que se vinculen con
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley deberán afiliarse al
Instituto de Seguros Sociales o a cualquier Entidad Promotora de Salud.
Por lo anterior, al expedirse la Ley 100 de 1993 y sus normas
complementarias y reglamentarias (decretos 907, 415, 1014 antes
citados), que establecieron los indicados preceptos con respecto al
servicio médico en salud, el SENA debía dar cumplimiento a las mismas
y adoptar la decisión administrativa correspondiente al servicio médico
asistencial.
Ahora bien, la Sala observa que la Ley 119 de 1994, mediante la cual se
reestructuró el SENA y que fue expedida con posterioridad a la Ley 100
de 1993, dispuso en su artículo 45 que continuarían vigentes todos los
40
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
derechos de los empleados públicos derivados de las relaciones laborales
existentes en la entidad al momento de la entrada en vigencia de dicha
ley, los cuales no podrían ser desconocidos ni afectados. Esta previsión
resulta concordante con lo establecido en el artículo 236 de la Ley 100 de
1993, según el cual únicamente los trabajadores vinculados con
anterioridad a su vigencia continuarían recibiendo los beneficios en salud
con el carácter de plan complementario, en la forma como venían siendo
otorgados, ya sea hasta la terminación de la respectiva relación
laboral o durante el período de jubilación.
Asimismo, se tiene que la referida Ley 119 de 1994 también señaló que
los beneficios vigentes, como el servicio médico asistencial, entre otros,
podían ser revisados por los órganos competentes del SENA, haciendo la
precisión que dicha revisión debía realizarse sujetándose a las normas
que los rigen, como lo es la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.
Frente a este asunto, es del caso traer a colación la sentencia 27 de junio
de 200314, en la que esta Sección, al estudiar una demanda en la que se
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de junio de
2003, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2002-00009-01(7634).
41
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
solicitó la nulidad parcial del Decreto 897 de 21 de mayo de 1996,
expedido por el presidente de la República, “por el cual se autoriza al
Servicio Médico y Odontológico de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá-ESP, para continuar prestando servicios de salud
en los términos del Capítulo II del Decreto 1890 de 1995”, en la que se
controvirtió la legalidad de la frase “sin que pueda realizar nuevas
afiliaciones”, por ser considerada violatoria, entre otros, del derecho a
la igualdad, sostuvo lo siguiente:
“[…] El artículo 236 de la Ley 100 de 1993, que sirvió de
fundamento jurídico al Decreto parcialmente acusado, establece:
Ley 100 de 1993.
” Artículo 236. De las Cajas. Los Fondos y Entidades de
Seguridad Social del Sector Publico, Empresas y Entidades
Públicas.
Las cajas, fondos y entidades de seguridad social del sector
público, empresas y entidades del sector público de
cualquier orden, que con anterioridad a la fecha de vigencia
de la presente Ley presten servicios de salud o amparen a
sus afiliados riesgos de enfermedad general y maternidad,
tendrán dos años para transformarse en empresas
promotoras de salud, adaptarse al nuevo sistema o para
efectuar su liquidación, de acuerdo con la reglamentación
que al respecto expida el Gobierno Nacional.
La transformación en Entidad Promotora de Salud será un
proceso donde todos los trabajadores recibirán el Plan de
Salud Obligatorio de que trata el artículo 162 y, en un plazo
de cuatro años a partir de la vigencia de esta Ley, éstos
42
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
pagarán las cotizaciones dispuestas en el artículo 204 –
ajustándose como mínimo en un punto porcentual por año-
y la Entidad Promotora de Salud contribuirá al sistema
plenamente con la compensación prevista en el artículo 220.
Cuando el plan de beneficios de la entidad sea más amplio
que el Plan de Salud Obligatorio, los trabajadores vinculados
a la vigencia de la presente Ley y hasta el término de la
vinculación laboral correspondiente o el período de
jubilación, continuarán recibiendo dichos beneficios con el
carácter de plan complementario, en los términos del
artículo 169. Las dependencias que presten servicios de
salud de las cajas, fondos, entidades previsionales o
entidades públicas con otro objeto social podrán suprimirse
o convertirse en Empresas Sociales del Estado, que se
regirán por lo estipulado en la presente Ley.
Las entidades públicas antes referidas, que a juicio del
Gobierno Nacional no requieran transformarse en empresas
promotoras de salud, ni liquidarse podrán continuar prestando
los servicios de salud a los servidores que se encuentren vinculados
a la respectiva entidad en la fecha de iniciación de vigencia de la
presente Ley y hasta el término de la relación laboral o durante el
período de jubilación en la forma como lo vienen haciendo. Estas
entidades deberán, no obstante, ajustar gradualmente su
régimen de beneficios y financiamiento, a lo previsto en los
artículos 162, 204 y 220 de esta ley, en un plazo no mayor a
cuatro (4) años, de tal manera que participen en la
subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y
Garantía. De conformidad con lo anterior, las entidades
recaudarán mediante retención a los servidores públicos, en
forma creciente y explícita, las cotizaciones establecidas en
el artículo 204 de la presente Ley, la cual aumentará como
mínimo en un punto porcentual por año.
En caso de liquidación, de las cajas, fondos, entidades
previsionales y empresas del sector público, los
empleadores garantizarán la afiliación de sus trabajadores a
otra Entidad Promotora de Salud y, mientras éstos logren
dicha afiliación, tendrán que garantizar la respectiva
protección a sus beneficiarios.
43
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
Para las instituciones del orden nacional se aplicarán por
analogía las disposiciones laborales de que trata el capítulo
2 del Decreto 2147 de 1992, en especial para preservar los
derechos de los trabajadores y pagar las indemnizaciones
que resulten de la supresión de los empleos. Igualmente, se
harán extensivas las disposiciones consagradas en el
Decreto 2151 de 1992 para garantizar la adaptación laboral
de los empleados que, por obra de lo aquí dispuesto, se les
supriman sus cargos.
Para las instituciones de otro orden distinto del nacional, la
respectiva entidad territorial o la junta directiva de los entes
autónomos, expedirá la norma correspondiente, observando
los principios establecidos en el presente artículo.
Parágrafo 1. En todo caso, los servidores públicos que se vinculen
a partir de la vigencia de la presente Ley se afiliarán al Instituto de
Seguros Sociales o a cualquier Entidad Promotora de Salud, según
lo dispuesto en esta Ley.
Parágrafo 2. Las enajenaciones derivadas de los procesos de
reorganización aquí mencionados estarán exentos de los
impuestos correspondientes.
Parágrafo 3. Las instituciones de seguridad social del orden
nacional podrán ser liquidadas cuando así lo solicite la mitad
más uno de los afiliados que se expresarán de conformidad
con el mecanismo que para el efecto defina el decreto
reglamentario. Lo anterior sin perjuicio de que todas las
instituciones se sometan a las disposiciones consagradas en
la presente Ley”. (Subrayado fuera de texto).
Por su parte el artículo 13 del Decreto 1890 de 1995, por el cual se
reglamentan los artículos 130 y 236 de la Ley 100 de 1993,
prescribe:
Decreto 1890 de 1995.
“Artículo 13. Autorización para que la entidad continúe prestando el
servicio como entidad adaptada. La solicitud para continuar
prestando servicios de salud en los términos del tercer inciso el
artículo 236 de la Ley 100 de 1993, acompañada de los documentos
44
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
necesarios para acreditar los requisitos a que se refiere el artículo
10 del presente Decreto, deberá ser presentada ante la
Superintendencia Nacional de Salud a más tardar el 7 de diciembre
de 1995.
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de
la solicitud, la Superintendencia Nacional de Salud hará a la entidad
interesada las observaciones que estime pertinentes, para que la
respectiva entidad pueda aportar los documentos necesarios o
efectuar las aclaraciones correspondientes dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a esa comunicación.
Si la Superintendencia encuentra que la entidad satisface los
requisitos previstos al efecto en este Decreto, informará al
Ministerio de Salud, para que el Gobierno Nacional determine las
entidades que por cumplir los requisitos previstos pueden continuar
prestando servicios de salud en los términos del artículo 236 de la
Ley 100 de 1993, y por ello no requieren transformarse o liquidarse.
Una vez adoptada la decisión correspondiente por el Gobierno
Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud comunicará dicha
decisión a las respectivas entidades”.
Como puede observarse, la expresión que se demanda “sin que
puedan realizarse nuevas afiliaciones” es similar a la
contenida en el artículo 236 de la Ley 100 de 1993 cuando
dice que las entidades pueden continuar prestando los
servicios de salud “a los servidores que se encuentren
vinculados a la respectiva entidad en la fecha de iniciación
de vigencia de la presente Ley”, pues ello precisamente no
significa otra cosa, sino que, no pueden realizarse nuevas
afiliaciones.
Sin embargo, la norma demandada tiene una protección
adicional pues dispone que no podrán realizarse nuevas
afiliaciones “con excepción de aquellas necesarias para dar
cumplimiento a la cobertura familiar de sus afiliados”.
La expresión demandada no vulnera ninguna de las
disposiciones señaladas en la demanda sino que es un
desarrollo de los preceptos consagrados en la Ley 100 de
1993, uno de los cuales es precisamente el contenido en su
45
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
preámbulo según el cual “ La Seguridad Social Integral es el
conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que
disponen las personas y la comunidad para gozar de una calidad de
vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y
programas que el Estado y la sociedad desarrollen para
proporcionar la cobertura integral de las contingencias,
especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad
económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de
lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”.
También el artículo 157 de la citada Ley consagra que todos
los colombianos deben estar vinculados al Sistema a través
de los regímenes contributivo o subsidiado, en donde
progresivamente se unificarán los planes de salud para que
todos los habitantes del territorio nacional reciban el Plan
Obligatorio de Salud de que habla el artículo 162.
Tanto la Ley 100 de 1993 como el Decreto 897 de 1996
respetan los derechos adquiridos al disponer que “cuando el
plan de beneficios de la entidad sea más amplio que el Plan de
Salud Obligatorio los trabajadores vinculados a la vigencia de
la presente Ley y hasta el término de la vinculación laboral
correspondiente o el período de jubilación, continuarán
recibiendo dichos beneficios con el carácter de plan
complementario, en los términos del artículo 169”.
La expresión demandada es una consecuente respuesta a las
finalidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud
planteado por la Ley 100 de 1993 que tiene como uno de sus
principios fundamentales el de la universalidad. Por ello, el parágrafo
1 del artículo 236 de la Ley 100 de 1993, antes trascrito, consagra
que los servidores públicos que se vinculen a partir de la vigencia de
la presente ley, “se afiliarán al Instituto de Seguros Sociales o a
cualquier Entidad Promotora de Salud, según lo dispuesto en esta
ley”.
La expresión demandada “sin que puedan realizarse nuevas
afiliaciones” respecto de los Servicios de Salud de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, no es sino una
lógica consecuencia de lo dispuesto en la ley que busca
precisamente asegurar la cobertura de la seguridad social en
salud a todos los habitantes, pues como lo señaló el Ministerio en
46
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
la contestación de la demanda, “... la Empresa de Acueducto de
Bogotá, no tiene la capacidad legal de asumir la prestación del
servicio público de salud a sus funcionarios a través de un sistema
diferente al ordenado por la Ley 100 de 1993....”.
Al no configurarse la violación de norma alguna, la Sala denegará, en
consecuencia, las pretensiones de la demanda. […]” (Destacado
fuera de texto).
Teniendo en cuenta lo precedente, en el presente caso, comoquiera que
la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios establecieron los
referidos preceptos con respecto al servicio médico en salud15, el SENA,
a fin de dar cumplimiento y desarrollar los mismos, debía adoptar la
decisión administrativa correspondiente frente al servicio médico
asistencial y así lo hizo a través del Acuerdo núm. 007 acusado, en el
señaló que: “[…] A partir del 1º. de junio de 2009 no habrá nuevas afiliaciones
al Servicio Médico Asistencial del SENA, de beneficiarios de personas que se
vinculen a la entidad como empleados públicos desde esa fecha […]”, y que “[…]
Los beneficiarios de las personas que se vinculen al SENA como empleados
públicos a partir de la fecha indicada en el inciso anterior, deberán afiliarse al
15
Que la afiliación al sistema general de seguridad social en salud es obligatoria para todo colombiano (artículo
153, numeral 2, de la Ley 100); que las dependencias de las entidades del sector público, que presten servicios
de salud y cuyo objeto principal no sea la prestación del servicio público, en el evento en que no se adapten
o transformen en Empresas Sociales del Estado, no pueden seguir prestando directamente los servicios de
salud (solo pueden prestar directamente servicios de salud las Entidades Promotoras de Salud y las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud); que solo continuarán recibiendo los beneficios con el carácter
de plan complementario, en la forma como lo vienen haciendo, los trabajadores vinculados a la vigencia de la
Ley 100 hasta el término de la relación laboral correspondiente o durante el período de jubilación;
y que los servidores públicos que se vinculen a partir de la vigencia de dicha Ley deben afiliarse al Instituto
de Seguros Sociales o a cualquier Entidad Promotora de Salud.
47
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la forma y las condiciones
establecidas por la ley 100 de 1993 y las demás normas que la modifiquen,
complemente y reglamenten, y los servicios médicos serán prestados por las
entidades que integran ese sistema […]”, disposiciones que se enmarcan
precisamente en lo ordenado por la referida Ley 100 de 1993.
Lo anterior, por las siguientes razones: (i.) dicho beneficio en salud hace
parte de la seguridad social en salud de los empleados públicos del SENA
y de sus parientes, por lo que debía ser adecuado a lo previsto sobre el
sistema general de seguridad social en salud en la Ley 100 de 1993 y sus
decretos reglamentarios, normas que ordenan de manera obligatoria la
afiliación por parte del empleador a sus trabajadores al sistema de
seguridad social en salud; (ii.) la referida normativa establece que solo
continuarán recibiendo los beneficios con el carácter de plan
complementario, en la forma como lo vienen haciendo, los trabajadores
vinculados a la vigencia de la Ley 100 hasta el término de la relación
laboral correspondiente o durante el período de jubilación, y que
los servidores públicos que se vinculen a partir de la vigencia de dicha Ley
deben afiliarse al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier Entidad
Promotora de Salud, (iii.) el Consejo Directivo Nacional de esa entidad,
48
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
desde el Decreto 907 de 1975 tenía la facultad de reglamentar las normas
internas sobre ese aspecto; y (iv.) el Acuerdo acusado respetó la situación
de aquellos trabajadores que tenían una vinculación laboral con el SENA
antes de 1º de junio de 2009, esto es, respetó sus derechos adquiridos.
En este orden de ideas, la Sala considera que el Acuerdo núm. 007
demandado es una consecuencia o desarrollo de los preceptos previstos
en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y que dicho acto
administrativo, al excluir del derecho al servicio médico asistencial a la
familia de los funcionarios que han ingresado al SENA a partir de la
expedición de ese acuerdo, no contravino el artículo 45 de la Ley 119 de
1994, ni el artículo 1º16 del Acuerdo 30 de 1998, en el que se hizo alusión
a los beneficiarios del servicio médico asistencial del SENA.
Así las cosas, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
16
“[…] ARTICULO 1o. <Artículo modificado por los artículos 1 y 22 del Acuerdo 4 de 2016. Ver Modificaciones
directamente en el Acuerdo 24 de 1978> El artículo vigésimo cuarto <24> del Acuerdo 24 de 1978, quedará
así: "Son beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA:
a. Del empleado público, trabajador oficial y pensionado casado.
1. El cónyuge o el compañero o la compañera permanente.
2. Los hijos legítimos y extramatrimoniales legalmente reconocidos que sean solteros, hasta la fecha en que
cumplan la edad de 23 años.
3. Los hijos adoptivos y entenados solteros, hasta la fecha en que cumplan la edad de 22 años.
4. Los padres. […]” (Destacado fuera de texto).
49
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
El segundo cargo es el relativo a que se violó el derecho fundamental a
la igualdad, al excluir del servicio médico asistencial a unos empleados
públicos y establecer dos tipos de relaciones laborales en la entidad: i) la
que rige para quienes ingresaron al SENA antes de la expedición del
Acuerdo acusado y, ii) la que rige para los que se vincularon con
posterioridad a su expedición.
Se alegó que entre unos y otros funcionarios no existe disposición alguna
de carácter legal que los pueda diferenciar y que la fecha de ingreso a la
entidad no puede constituirse en un parámetro de medición para el
otorgamiento de los derechos propios de quienes prestan sus servicios al
SENA.
Sobre el derecho a la igualdad, en sentencia de 16 de octubre de
201417, la Sección Primera señaló lo siguiente:
“[…] El artículo 13 de la Constitución Política prevé el derecho a la
igualdad y dispone que “Todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de octubre de
2014, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-00151-00.
50
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
Sin embargo, el derecho a la igualdad no es absoluto, pues
existen situaciones en las que los tratos diferenciados se
encuentran justificados, tal y como lo señaló la Corte
Constitucional en el siguiente aparte de la sentencia T-230 de 1994
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz):
“…el trato diferenciado de dos situaciones de hecho diversas no
constituye una discriminación siempre y cuando se cumplan las
siguientes condiciones: primero, que los hechos sean distintos;
segundo, que la decisión de tratarlos de manera diferente esté
fundada en un fin aceptado constitucionalmente; tercero, que la
consecución de dicho fin por los medios propuestos sea posible y
además adecuada.”
Aunado a lo anterior, esa misma Corporación ha establecido que el
derecho a la igualdad se quebranta cuando el tratamiento desigual
es arbitrario o cuando no responde valorativamente a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad18.
En suma, todas las personas son iguales ante la ley y deben
recibir el mismo trato por parte de las autoridades, aunque
en ocasiones es posible que reciban un trato desigual,
siempre que éste no esté fundado en la arbitrariedad, o esté
justificado objetiva y suficientemente en el cumplimiento o
desarrollo de un principio, valor o fin constitucional. […]”
(Destacado fuera de texto).
En el presente caso, la Sala considera que cuando el Acuerdo núm. 007
de 2009 acusado dispuso que no habrá nuevas afiliaciones al servicio
médico asistencial del SENA para los beneficiarios de personas que se
vinculen como empleados públicos a partir del 1º de junio de 2009, lo
hizo a fin de dar cumplimiento y desarrollar lo previsto en la Ley 100 de
18
Corte Constitucional. Sentencia C-154 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
51
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
1993 y sus decretos reglamentarios, como se dijo anteriormente, normas
que establecieron que solo continuarán recibiendo los beneficios con el
carácter de plan complementario, en la forma como lo vienen haciendo,
los trabajadores vinculados a la entrada en vigencia de dicha ley hasta el
término de la relación laboral correspondiente o durante el período de
jubilación; y que los servidores públicos que se vinculen a partir de la
vigencia de dicha Ley deben afiliarse al Instituto de Seguros Sociales o a
cualquier Entidad Promotora de Salud.
Por lo tanto, no le asiste la razón a la parte actora al alegar que no existe
disposición alguna de carácter legal que permita, respecto del servicio
médico asistencial, establecer una diferencia entre los empleados públicos
que se vincularon antes de la vigencia del Acuerdo demandado y aquellos
que lo hicieron con posterioridad, pues de manera clara la Ley 100 de
1993 estableció como parámetro diferenciador, en torno a la obligación
de afiliarse al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier Entidad
Promotora de Salud, la fecha de vinculación de los servidores públicos a
la entidad; es decir, que tal diferencia está autorizada por la ley y no
contradice su espíritu.
52
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
En el caso específico del SENA, antes de la vigencia de la Ley 100 de
1993 se permitía la prestación directa del servicio médico a los familiares
de sus servidores públicos, en cuanto no existía restricción al respecto;
sin embargo, al expedirse dicha norma y sus decretos reglamentarios y
establecer el sistema de seguridad social en salud, el SENA debía darles
cumplimiento y adoptar la decisión administrativa correspondiente frente
al mencionado servicio, razón por la cual el trato diferencial adoptado en
el Acuerdo núm. 007 de 2009 está debidamente fundado y justificado
en una norma legal, esto es, la referida Ley 100 de 1993, en tal sentido,
la fecha de ingreso a la entidad demandada sí puede constituirse en un
parámetro de medición para el otorgamiento del servicio médico
asistencial.
Además, dicho tratamiento diferenciado se justifica o está fundado
precisamente en la finalidad del Sistema General de Seguridad Social en
Salud previsto por la Ley 100 de 1993, que tiene como uno de sus principios
fundamentales el de la universalidad, el cual busca asegurar la cobertura
de la seguridad social en salud a todos los habitantes, conforme lo precisó
la antes citada sentencia 27 de junio de 2003 de esta Sección.
53
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
Por lo precedente, esta Sala no encuentra argumentos que permitan
establecer que con la expedición del acto demandado se vulneró el
derecho a la igualdad, alegado por la parte actora y, en consecuencia,
este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.
Así las cosas, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas
por el actor, razón suficiente para que se mantenga la presunción de
legalidad que ampara al Acuerdo núm. 007 de 28 de mayo de 2009,
“Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el Servicio Médico
Asistencial del SENA”, expedido por el Consejo Directivo Nacional de
SENA, razón por la cual se denegaran las pretensiones de la demanda,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva del presente proveído.
Por último, atendiendo el resultado del proceso, el medio de control
promovido y la instancia en la que se tramitó, la Sala considera que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA, no hay lugar a
condenar en costas, por cuanto la naturaleza de la acción exime de esta
fijación.
54
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el
doctor CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO y, en consecuencia,
separar al citado magistrado del conocimiento del medio de control de la
referencia.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación.
CUARTO: No condenar en costas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
55
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00644-00
Actor: SINDESENA
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.