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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2014-00656-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00656-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00656-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el señor consejero CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, SEPARAR del conocimiento del mismo al mencionado consejero de Estado. 7 “[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. <Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00656-00 Actores: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR – COMPENSAR E.P.S. Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFENALCO VALLE E.P.S.- TERCERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. CUARTO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2014-00656-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00656-00
Actores: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR –
COMPENSAR E.P.S. Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE
DEL CAUCA – COMFENALCO VALLE E.P.S.

TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES. LA CERTIFICACIÓN DE
INEXISTENCIA DE CONCILIACIONES APROBADAS O EN CURSO DE
APROBACIÓN RESPECTO DE RECOBROS SOMETIDOS AL TRÁMITE DE
DIVERGENCIAS RECURRENTES NO CONSTITUYE UN REQUISITO
ADICIONAL CONTRARIO A LA LEY, SINO UNA MEDIDA
REGLAMENTARIA ENCAMINADA A EVITAR LA DUPLICIDAD DE
MECANISMOS DE RECONOCIMIENTO DE UNA MISMA ACREENCIA,
COMPATIBLE CON EL ARTÍCULO 122 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012
Y CON LOS LÍMITES DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda instaurada por la Caja

de Compensación Familiar Compensar E.P.S. y la Caja de

Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfenalco Valle E.P.S., en

ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo (CPACA), contra el numeral 6 del artículo 3º del Decreto

1865 de 2012, «por el cual se reglamenta el artículo 11 del

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E.P.S.-

Decreto Ley 019 de 2012», expedido por el presidente de la

República en ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo

del artículo 122 del Decreto Ley 019 de 2012.

I. LA DEMANDA

I.1. Pretensiones

Las demandantes solicitan que se declare la nulidad del numeral 6 del

artículo 3.º del Decreto 1865 de 2012, expedido por el presidente de la

República y publicado en el Diario Oficial núm. 48.545 de 6 de

septiembre de 2012, «por el cual se reglamenta el artículo 122 del

Decreto Ley 019 de 2012». La disposición acusada establece, como

requisito para acudir al procedimiento especial de «divergencias

recurrentes» previsto en la norma reglamentada, que el recobro objeto

de la solicitud no haya sido reconocido por el Fondo de Solidaridad y

Garantía (FOSYGA) mediante conciliaciones aprobadas o que se

encuentren en trámite de aprobación.

I.2. Hechos

Las demandantes aluden, en primer lugar, al artículo 122 del Decreto

Ley 019 de 2012, «por el cual se dictan normas para suprimir o

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios

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E.P.S.-

existentes en la Administración Pública», disposición que

estableció el procedimiento para el saneamiento de cuentas por

recobros. Señalan que dicha norma únicamente previó dos requisitos

para acceder al mencionado trámite: i) que no hubiera operado la

caducidad del medio de control de reparación directa previsto en la Ley

1437 de 2011; y ii) que el costo de la nueva auditoría fuera asumido

por la entidad recobrante.

Indican que, con fundamento en dicha regulación, se expidió el Decreto

1865 de 2012, «por el cual se reglamenta el artículo 122 del

Decreto Ley 019 de 2012», cuyo objeto, según su artículo 1º,

consistía en reglamentar el saneamiento de cuentas por recobros

cuando se presentaran «divergencias recurrentes» derivadas de las

glosas impuestas en la auditoría integral de los recobros presentados

ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA).

Sostienen que si bien el Decreto 1865 de 2012 fue expedido con la

finalidad de reglamentar el artículo 122 del Decreto Ley 019 de 2012,

el numeral 6 de su artículo 3º incorporó un requisito adicional no

previsto en la norma reglamentada, al exigir que los recobros objeto

del trámite no hicieran parte de conciliaciones aprobadas o en curso de

aprobación.

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Aducen que, mediante la incorporación de dicha exigencia, el Gobierno

nacional excedió el ámbito material del artículo 122 del Decreto Ley

019 de 2012, toda vez que esta disposición no prevé restricción alguna

para la presentación de recobros por divergencias recurrentes cuando

existieran conciliaciones aprobadas o en trámite de aprobación

respecto de los respectivos créditos.

Afirman, además, que la disposición acusada vulneró los principios de

buena fe y confianza legítima establecidos en el artículo 83 de la

Constitución Política, en la medida en que introdujo de manera

intempestiva una condición que modificó las reglas aplicables a los

recobros presentados ante las cuentas adscritas al Ministerio. A su

juicio, ello generó un desequilibrio económico que no estaba llamado a

ser soportado por los recobrantes.

Agregan que la prohibición de presentar recobros relacionados con

obligaciones que hubieran sido objeto de conciliaciones aprobadas o en

trámite de aprobación supone un cuestionamiento infundado de la

actuación de las entidades acreedoras del Sistema General de

Seguridad Social en Salud, pues parte de la premisa de evitar

eventuales pagos dobles, conducta que se encuentra proscrita por el

ordenamiento jurídico.

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Finalmente, señalan que la norma acusada desconoció el derecho a la

igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto

estableció, sin justificación objetiva y razonable, una condición para los

recobros tramitados mediante el mecanismo de divergencias

recurrentes, excluyendo aquellos que hubieran sido conciliados o

estuvieran en trámite de conciliación, mientras que, en otros

supuestos, se admitían certificaciones de las pretensiones

acompañadas del compromiso de desistir de estas, circunstancia que,

en su criterio, carece de coherencia.

I.2. Normas violadas y concepto de la violación

A juicio de las entidades demandantes, el acto acusado vulnera el

artículo 122 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.

En sustento de dicho cargo, afirman que la expedición del acto

reglamentario acusado desbordó el contenido y alcance del artículo 122

del Decreto Ley 019 de 2012, por cuanto introdujo un requisito

adicional no previsto para el trámite de las divergencias recurrentes,

consistente en que las entidades recobrantes —esto es, las Entidades

Promotoras de Salud (EPS)— no podían presentar recobros que

hubieran sido objeto de conciliaciones aprobadas o que se encontraran

en curso de aprobación.

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Explican que la disposición legal reglamentada únicamente condicionó

la aplicación del procedimiento especial de saneamiento de cuentas por

recobros a la existencia de divergencias recurrentes por cualquier

causal, al sometimiento a una nueva auditoría integral cuyo costo debía

ser asumido por la entidad recobrante y a que no hubiera operado la

caducidad del medio de control de reparación directa previsto en la Ley

1437 de 2011.

Aducen que la potestad reglamentaria se ejerce respecto de

disposiciones de carácter general y abstracto, con el propósito de

establecer los aspectos necesarios para su adecuada ejecución, sin que

ello autorice modificar, ampliar o restringir el contenido material de la

norma reglamentada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral

11 del artículo 189 de la Constitución Política. Con fundamento en ello,

reiteran que la disposición acusada introdujo una limitación al derecho

que tenían las entidades recobrantes del sector salud para obtener la

definición y pago de los recobros presentados ante el Fondo de

Solidaridad y Garantía (FOSYGA), al exigir que las respectivas

solicitudes no estuvieran comprendidas en conciliaciones aprobadas o

en trámite de aprobación, excediendo así los límites propios de la

potestad reglamentaria.

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E.P.S.-

Sostienen, además, que dicho requisito, de naturaleza restrictiva,

vulnera los principios de igualdad, eficacia, imparcialidad y acceso a la

administración de justicia, en la medida en que las solicitudes de

conciliación tienen como finalidad interrumpir los términos de

caducidad. Sin embargo, para acceder al procedimiento especial de

divergencias recurrentes, el acto acusado obliga a las entidades

interesadas a desistir de tales trámites o a abstenerse de promoverlos.

Adicionalmente, manifiestan que la referida exigencia desconoce que

la existencia de una conciliación no implica, por sí misma, el pago

efectivo de las acreencias reclamadas; y que en la práctica las

conciliaciones celebradas versaban sobre la posibilidad de presentar

nuevamente los recobros que habían sido glosados por

extemporaneidad, causal distinta a la de divergencias recurrentes, sin

que ello comportara necesariamente el reconocimiento o pago de los

valores reclamados.

Concluyen que la certificación relativa a la inexistencia de

conciliaciones aprobadas o en curso de aprobación no constituye un

elemento inherente al procedimiento legalmente previsto para la

revisión de recobros por divergencias recurrentes. Por consiguiente,

estiman que el Gobierno nacional, al establecer dicha exigencia sin

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habilitación legal para ello, excedió el contenido material de la norma

reglamentada.

Infracción de los principios de buena fe y confianza legítima

Las demandantes también sostienen que el acto acusado vulnera los

principios de buena fe y confianza legítima contenidos en el artículo 83

de la Constitución Política, toda vez que introdujo de manera

intempestiva una modificación en las reglas que regían las relaciones

entre el Gobierno nacional y las EPS en materia de recobros,

generando, a su juicio, un grave desequilibrio económico.

Agregan que el requisito impuesto por vía reglamentaria parte del

supuesto de que las entidades recobrantes pretenden obtener un doble

pago por las acreencias reclamadas, presunción que consideran

contraria a la realidad; y que, en su criterio, las entidades únicamente

buscaban obtener el pago de las obligaciones adeudadas a través de

alguno de los mecanismos legalmente previstos para tal efecto.

II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1.- Admisión. Mediante proveído de 19 de febrero de 20151 se

admitió la demanda de la referencia.

1
Cfr. Expediente digital. Índice núm. 84, documento digital denominado 36_ED_CUADERNOPRINCIPALP
(.PDF).

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II.2. Contestación de la demanda

El Ministerio de Salud y Protección Social, por conducto de la

Subdirección de Asuntos Jurídicos de los Fondos y Cuentas de la

Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social,

mediante apoderado, contestó la demanda y se opuso a las

pretensiones formuladas. En síntesis, expuso los siguientes

argumentos:

Sostuvo que las pretensiones de la demanda carecen de sustento

fáctico y jurídico, en la medida en que no se presentó un exceso en el

ejercicio de la potestad reglamentaria.

Indicó que la disposición legal reglamentada previó expresamente la

posibilidad de acudir al procedimiento especial allí regulado, sin

perjuicio de los demás mecanismos de solución de conflictos

establecidos en la ley; y que, en tal sentido, consideró ajustada a

derecho la exigencia consistente en certificar que las obligaciones

sometidas al procedimiento de «divergencias recurrentes» no hubieran

sido objeto de conciliaciones aprobadas ni se encontraran en curso de

aprobación, toda vez que resultaría innecesario incorporarlas al

procedimiento de saneamiento cuando ya estuviesen siendo

tramitadas por otra vía.

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Manifestó, igualmente, que carece de fundamento el cargo relativo a

la presunta vulneración de los principios de confianza legítima, buena

fe y equilibrio económico, pues fue, precisamente, mediante la

expedición del decreto acusado que se creó un mecanismo excepcional

de saneamiento de cuentas por recobros, aplicable por una sola vez y

siempre que no hubiera operado la caducidad del medio de control de

reparación directa.

Afirmó que dicha regulación encuentra justificación en la prevalencia

del interés general, en cuanto brinda a las entidades promotoras de

salud un mecanismo adicional para la solución de las controversias

derivadas de los recobros, pues se trata de un procedimiento de

carácter facultativo, que no desconoce los postulados constitucionales

invocados por las demandantes.

Explicó que la postulación del recobro dentro del procedimiento

especial no implica, por sí sola, su reconocimiento o pago, pues la

solicitud debe someterse a una auditoría integral, la cual constituye

una etapa esencial del trámite; y que, en ese contexto, el requisito

cuestionado corresponde únicamente a una exigencia documental

orientada a verificar el cumplimiento de las condiciones de

procedibilidad de la solicitud, evitar pagos indebidos y garantizar la

adecuada gestión de las obligaciones a cargo del FOSYGA.

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Agregó que la presentación del recobro ante el administrador fiduciario

encargado de recibir las solicitudes del FOSYGA únicamente genera una

expectativa para el recobrante, pues todas las reclamaciones radicadas

deben ser objeto de la correspondiente verificación administrativa

antes de que pueda adoptarse una decisión definitiva sobre su

procedencia.

Finalmente, sostuvo que la alegada vulneración del principio de

igualdad carece de sustento puesto que la comparación propuesta por

las demandantes no recae sobre sujetos que se encuentren en una

situación equiparable, en el entendido de que el análisis de igualdad

debe efectuarse respecto de quienes se hallan en las mismas

condiciones jurídicas y fácticas, circunstancia que, a su juicio, no se

presenta en el asunto objeto de controversia.

II.5. Alegatos de conclusión

II.5.1- El actor y el Ministerio de Salud y Protección Social

guardaron silencio.

II.6. El concepto del Ministerio Público

El Procurador Delegado ante la Sección Primera rindió concepto en el

que señaló que las disposiciones relevantes para resolver la

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controversia son el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución

Política, que delimita el alcance de la potestad reglamentaria atribuida

al presidente de la República, y el artículo 122 del Decreto Ley 019 de

2012, norma objeto de reglamentación.

Precisó, además, que corresponde al Ministerio de Salud y Protección

Social dirigir el Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante

la formulación e implementación de políticas relacionadas con la

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades,

así como con el aseguramiento en salud; y destacó que el FOSYGA, a

través de las cuentas adscritas al citado Ministerio, tiene a su cargo la

administración de recursos del sistema mediante encargo fiduciario,

con el fin de garantizar su adecuada gestión y flujo financiero.

A partir de estas consideraciones, analizó el contenido del artículo 122

del Decreto Ley 019 de 2012, entendiendo que dicha disposición

regula, en términos generales, el saneamiento de cuentas derivadas

de recobros respecto de los cuales existan divergencias recurrentes

originadas en las glosas formuladas durante la auditoría efectuada por

el FOSYGA. Seguidamente, confrontó esa regulación con la disposición

demandada, que exige la certificación de inexistencia de conciliaciones

aprobadas o en curso de aprobación respecto de los recobros

sometidos a dicho procedimiento.

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E.P.S.-

Con fundamento en lo anterior, concluyó que el Gobierno nacional, más

allá de desarrollar los aspectos operativos necesarios para la ejecución

de la norma legal, incorporó un requisito de carácter sustancial para

acceder al procedimiento especial previsto para la solución de recobros

por divergencias recurrentes. A su juicio, dicha condición no se

encuentra prevista en el artículo 122 del Decreto Ley 019 de 2012 y,

por consiguiente, constituye una restricción adicional al derecho de las

entidades del sector salud de someter sus reclamaciones a ese

mecanismo de saneamiento, excediendo el ámbito de la potestad

reglamentaria.

En relación con el cargo fundado en la presunta vulneración de los

principios de buena fe y confianza legítima, manifestó que la exigencia

de la certificación cuestionada incorpora una condición adicional más

gravosa que las previstas por el legislador para la solución de las

divergencias recurrentes, alterando el alcance originalmente concebido

para dicho procedimiento.

Finalmente, conceptuó que la actividad reglamentaria se encuentra

subordinada a la ley y limitada por el contenido material de la

disposición reglamentada, de manera que no puede imponer

requisitos, condiciones o restricciones que esta no prevea. En

consecuencia, consideró que, en el presente caso, el presidente de la

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E.P.S.-

República, bajo el propósito de hacer operativa la disposición legal,

introdujo una exigencia no prevista por el legislador, razón por la cual

solicitó acceder a las pretensiones de la demanda.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1.- Cuestión previa

El señor consejero de Estado CARLOS FERNANDO MANTILLA

NAVARRO, mediante escrito obrante en el índice 100 del expediente

digital, manifiesta que se declara impedido para participar dentro del

presente proceso, por cuanto, en condición de Procurador Delegado

para la Conciliación Administrativa ante la Sección Primera del Consejo

de Estado, rindió el concepto núm. 00218 de 5 de diciembre de 2016,

dentro del proceso de la referencia, en el que solicitó acceder a las

pretensiones de la demanda.

Por lo anterior, estima que se encuentra incurso en la causal de

impedimento previstas en el numeral 12 del artículo 141 del Código

General del Proceso -CGP, aplicable por remisión expresa del artículo

130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo -CPACA-, la cual es del siguiente tenor:

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E.P.S.-

“[…] Artículo 141. Causales de recusación. Son causales
de recusación las siguientes:

[…]

12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de
actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso,
o haber intervenido en este como apoderado, agente
del Ministerio Público, perito o testigo […]”. (Destacado
fuera de texto).

Revisado el expediente, la Sala advierte que, en efecto, el doctor

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO, fungió como Procurador

Delegado para la Conciliación Administrativa ante la Sección Primera

del Consejo y en dicha condición rindió concepto en el proceso de la

referencia, conforme consta a folios 202 a 208 del cuaderno principal,

visible en el índice 84 del expediente digital, lo que pone de manifiesto

su intervención como Agente del Ministerio Público en el presente

medio de control.

Siendo ello así, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado

por el señor consejero CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Resuelto lo anterior, la Sala procede a examinar el asunto de la

referencia.

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E.P.S.-

III.2.- Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del CPACA

y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el artículo

1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la Sección

Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto

de la referencia.

III.3.- El acto demandado

“DECRETO 1865 DE 2012
(septiembre 06)
Por el cual se reglamenta el artículo 122 del Decreto Ley 019 de
2012

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus
facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas
por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en
desarrollo del artículo 122 del Decreto Ley 019 de 2012, y

[…]

DECRETA:

[…]

Artículo 3º. Condiciones para el trámite de las divergencias
recurrentes. El Representante Legal de la entidad recobrante que
se acoja al trámite establecido en el presente decreto, deberá
diligenciar para cada periodo de radicación, los formatos que para
el efecto defina el Ministerio de Salud y Protección Social, en los
que se verificará la siguiente información: (…)

6. Que se certifica que los recobros no hacen parte de
conciliaciones ya aprobadas o que estén en curso. […]”.
(Negrillas y subrayas corresponden al aparte demandado).

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III.4. Problema jurídico

La Sala debe determinar si el numeral 6 del artículo 3º del Decreto

1865 de 6 de septiembre de 2012, expedido por el presidente de la

República, «por el cual se reglamenta el artículo 122 del Decreto

Ley 019 de 2012», excedió los límites de la potestad reglamentaria

al incorporar una condición no prevista en la disposición legal

reglamentada para acceder al procedimiento especial de divergencias

recurrentes y, en consecuencia, si vulneró los principios de buena fe,

confianza legítima e igualdad invocados por las demandantes.

Previamente, la Sala advierte que, aunque las disposiciones objeto de

controversia ya no se encuentran vigentes2, resulta procedente emitir

un pronunciamiento de fondo sobre su legalidad, de conformidad con

la jurisprudencia reiterada de esta corporación, en atención a los

efectos jurídicos producidos durante el tiempo en que estuvieron

vigentes.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 122 del Decreto Ley

019 de 2012 estableció un término de un (1) año contado a partir de

su entrada en vigor para la presentación de determinados recobros

cuando la divergencia recurrente obedeciera a la inclusión de la

2
El artículo 122 del Decreto Ley 019 de 2012 fue derogado expresamente por el artículo 158 del Decreto
Ley 2106 de 2019.

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tecnología correspondiente en el Plan Obligatorio de Salud (POS). En

efecto, la disposición previó que:

«Para los recobros que a la entrada en vigencia del presente
Decreto Ley ya surtieron la auditoría integral y cuya glosa se aplicó
por considerar que la tecnología se encontraba incluida en el POS,
se aplicará por una sola vez, dentro del año siguiente contado a
partir de la vigencia de la presente disposición…».

Lo anterior evidencia el carácter transitorio que el legislador

extraordinario atribuyó a dicho mecanismo de saneamiento,

circunstancia que no impide el control judicial de legalidad respecto de

las disposiciones reglamentarias expedidas para su desarrollo.

III.5. Análisis del caso

Con el propósito de resolver la controversia planteada, la Sala

considera pertinente efectuar algunas precisiones previas sobre las

disposiciones aplicables y su alcance, para posteriormente abordar los

cargos formulados contra el acto acusado. Para tal efecto, se analizarán

los siguientes aspectos: i) el saneamiento de las divergencias

recurrentes relacionadas con los recobros por servicios de salud y las

condiciones previstas para su trámite; y ii) los cargos de nulidad y la

solución del caso concreto.

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III.5.1. El saneamiento de las divergencias recurrentes

relacionadas con los recobros por servicios de salud y las

condiciones previstas para su trámite

De conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política, la

seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio

que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con

sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Asimismo, se erige en un derecho irrenunciable cuya cobertura debe

ampliarse progresivamente.

En ese contexto, la Corte Constitucional ha destacado, entre otras

providencias, la especial relevancia constitucional del sistema de salud

y de los mecanismos destinados a garantizar su sostenibilidad

financiera. Así, en la sentencia SU-480 de 1997, resaltó la necesidad

de armonizar la protección efectiva de los derechos fundamentales con

las condiciones económicas que permiten la prestación continua del

servicio público de salud, dentro de cuyo funcionamiento se enmarcan

las relaciones de recobro entre los distintos actores del sistema y el

Estado.

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Fue, precisamente, en ese marco que se expidió el artículo 122 del

Decreto Ley 019 de 2012 —actualmente derogado—, cuyo texto

disponía:

«[…] ARTÍCULO 122. Sin perjuicio de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos establecidos en la ley,
cuando se presenten divergencias recurrentes por las glosas
aplicadas en la auditoría efectuada a los recobros ante el FOSYGA,
por cualquier causal, el Ministerio de Salud y Protección Social
establecerá los lineamientos o procedimientos orientados a su
solución, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de
caducidad establecido para la acción de reparación directa en el
Código Contencioso Administrativo. En estos casos, el costo de la
nueva auditoría integral deberá ser sufragado por la entidad
recobrante.

Cuando la glosa se origine en la inclusión en el POS de las
tecnologías en salud recobradas al FOSYGA, se aplicará el concepto
que para el efecto expida la Comisión de Regulación en Salud
(CRES), quien será la competente para determinar en forma
definitiva si se encuentran o no incluidas, tanto para lo contenido
en las normas expedidas por esa Comisión como para lo previsto
en normas anteriores. Emitido el concepto de la CRES y efectuada
la auditoría integral, en caso de ser favorables, se procederá al
trámite de pago.

Para los recobros que a la entrada en vigencia del presente Decreto
Ley ya surtieron la auditoría integral y cuya glosa se aplicó por
considerar que la tecnología se encontraba incluida en el POS, se
aplicará por una sola vez, dentro del año siguiente contado a partir
de la vigencia de la presente disposición, siempre y cuando no haya
transcurrido el plazo de caducidad establecido para la acción de
reparación directa en el Código Contencioso Administrativo […]».
(Negrillas y subrayas fuera del texto original).

Con el propósito de explicar los antecedentes y la finalidad de esta

regulación, obra en el expediente la memoria justificativa del proyecto

que dio lugar al Decreto 1865 de 2012, documento que sirvió de

fundamento para la expedición del acto acusado.

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Según dicho documento, los recobros estaban asociados a servicios y

tecnologías en salud —actividades, procedimientos, intervenciones,

insumos y medicamentos— no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud

(POS), que, previa autorización de los Comités Técnico-Científicos o en

cumplimiento de órdenes judiciales proferidas en acciones de tutela,

eran presentados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y

demás entidades obligadas a compensar (EOC) ante el FOSYGA.

Una vez surtida la auditoría integral correspondiente, podían

formularse glosas por incumplimiento de requisitos o por otras razones

previstas en la normativa aplicable. A partir de tales observaciones

surgían controversias entre la administración y las entidades

recobrantes, particularmente respecto de determinadas causales de

glosa que se presentaban de manera reiterada, situación que el

legislador extraordinario denominó «divergencias recurrentes» y para

cuya solución estableció un mecanismo especial de saneamiento.

En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 122 del Decreto Ley 019

de 2012, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1865 de 2012, cuyo

objeto consistió en reglamentar el procedimiento aplicable a la solución

de dichas divergencias recurrentes respecto de recobros previamente

auditados y glosados por el FOSYGA.

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A través de este procedimiento especial se habilitó la posibilidad de

que los recobros objeto de divergencias recurrentes fueran sometidos

a una nueva auditoría integral, con miras a determinar la procedencia

de su reconocimiento. Se trataba, por tanto, de un mecanismo

destinado al saneamiento de cuentas y a la definición administrativa

de reclamaciones cuya viabilidad había sido previamente cuestionada,

sin que ello implicara, por sí solo, la realización inmediata del pago

correspondiente.

En este contexto, el numeral 6 del artículo 3º del Decreto 1865 de 2012

dispuso que la entidad recobrante que pretendiera acogerse al

procedimiento especial debía diligenciar los formatos establecidos por

el Ministerio de Salud y Protección Social y certificar que los recobros

sometidos a revisión no hacían parte de conciliaciones ya aprobadas o

que se encontraran en curso.

De esta manera, para acceder al trámite de saneamiento de

divergencias recurrentes —que, en todo caso, se encontraba sujeto a

una nueva auditoría integral—, el reglamento exigió que la entidad

interesada acreditara que los valores objeto del correspondiente

recobro no habían sido incluidos en conciliaciones aprobadas ni en

trámites conciliatorios pendientes de aprobación.

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III.5.2. De los cargos de nulidad y la definición del caso
concreto

Las demandantes sostienen que el numeral 6 del artículo 3º del

Decreto 1865 de 2012 excedió los límites de la potestad reglamentaria

al incorporar una condición no prevista en el artículo 122 del Decreto

Ley 019 de 2012, para acceder al procedimiento especial de

saneamiento de divergencias recurrentes. En consecuencia,

corresponde a la Sala determinar si la exigencia consistente en

certificar que los recobros no hacen parte de conciliaciones aprobadas

o en curso de aprobación constituye un desarrollo legítimo de la

disposición reglamentada o, por el contrario, una restricción adicional

ajena a su contenido material.

Para resolver la controversia, resulta pertinente recordar que el

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política atribuye al

presidente de la República la potestad reglamentaria para expedir los

decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución

de las leyes.

La jurisprudencia3 reiterada de esta Corporación ha señalado que dicha

facultad permite desarrollar las disposiciones legales mediante la

3
Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de
18 de febrero de 2016. Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00018-00.

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regulación de aquellos aspectos que resulten necesarios para hacer

posible su aplicación efectiva, sin que ello autorice modificar, ampliar

o restringir el contenido material de la ley. El reglamento debe, por

tanto, mantenerse dentro del marco fijado por el legislador y limitarse

a precisar los aspectos operativos indispensables para su ejecución.

Asimismo, la jurisprudencia ha precisado que el ejercicio de la potestad

reglamentaria se encuentra gobernado por los principios de necesidad

y legalidad:

«[…] Según el primero, la facultad reglamentaria debe ser ejercida
únicamente sobre aspectos de la ley que requieran de precisión
para su correcta implementación. Por esto es que se afirma que
entre más amplio o general sea el contenido de la ley, más amplia
será la facultad reglamentaria. Mientras que, por el contrario, entre
más precisa sea la ley menor será el ámbito de la facultad. En
cuanto al segundo, no puede exceder el alcance de la ley que dice
reglamentar, pues en ese caso no está asegurando su
cumplimiento, sino adicionando un contenido normativo que no
tiene sustento en una norma de rango superior […]»4.

De conformidad con tales parámetros, la Sala considera que la

disposición acusada no desbordó los límites de la potestad

reglamentaria.

En efecto, el inciso primero del artículo 122 del Decreto Ley 019 de

2012 estableció expresamente que el procedimiento especial para la

4
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia de 26 de febrero de 2020 Radicación número: 11001-03-
27-000-2017-00030-00(23254) Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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solución de las divergencias recurrentes operaría «sin perjuicio de los

mecanismos alternativos de solución de conflictos establecidos en la

ley». Esta precisión revela que el legislador extraordinario concibió

dicho mecanismo como una alternativa adicional para la definición de

controversias surgidas con ocasión de los recobros, respetando los

efectos jurídicos derivados de otros instrumentos legalmente previstos

para ese mismo propósito.

Desde esta perspectiva, resulta razonable entender que los recobros

que ya hubieran sido objeto de reconocimiento mediante conciliaciones

aprobadas o respecto de los cuales existiera un acuerdo conciliatorio

celebrado y pendiente de aprobación judicial no podían ser sometidos

nuevamente al procedimiento especial de divergencias recurrentes.

Admitir lo contrario conduciría a la duplicidad de trámites orientados a

obtener el reconocimiento de una misma acreencia y permitiría reabrir

procedimientos respecto de reclamaciones que ya habían sido objeto

de definición mediante mecanismos alternativos de solución de

conflictos, cuya validez fue expresamente preservada por el legislador.

Por ello, la certificación exigida por el numeral 6º del artículo 3º del

Decreto 1865 de 2012 no incorporó una condición autónoma ni

estableció una restricción nueva al derecho de las entidades

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recobrantes. Antes bien, constituyó una medida instrumental dirigida

a verificar que el procedimiento especial recayera únicamente sobre

recobros que no hubieran sido previamente definidos, a través de los

mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos por el

ordenamiento jurídico.

Así las cosas, la Sala concluye que el requisito cuestionado fluye de

manera lógica y necesaria del propio contenido del artículo 122 del

Decreto Ley 019 de 2012 y se encuentra orientado a garantizar la

adecuada aplicación de la norma reglamentada. Por consiguiente, no

puede afirmarse que el Gobierno Nacional haya introducido una

condición extraña a la voluntad del legislador o que hubiera excedido

el ámbito material de la facultad reglamentaria.

En ese sentido, la exigencia relativa a la certificación de inexistencia

de conciliaciones aprobadas o en curso de aprobación constituye un

desarrollo razonable de la expresión «sin perjuicio de los mecanismos

alternativos de solución de conflictos establecidos en la ley», en cuanto

busca evitar que una misma controversia sea sometida

simultáneamente a mecanismos diferentes encaminados a obtener el

reconocimiento de un mismo recobro.

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Debe precisarse, además, que la interpretación acogida por la Sala

parte del entendimiento según el cual la disposición reglamentaria se

refiere a aquellos eventos en los que existe un acuerdo conciliatorio

celebrado que contiene el reconocimiento o aceptación de la

reclamación correspondiente, independientemente de que la

aprobación judicial del acuerdo ya hubiera sido impartida o se

encontrara pendiente al momento de presentarse la solicitud de

acogimiento al procedimiento especial. Bajo esa comprensión, el

reglamento no desconoce el contenido de la ley, sino que desarrolla

una consecuencia que se desprende naturalmente de esta.

Por las razones expuestas, el cargo fundado en el presunto exceso en

el ejercicio de la potestad reglamentaria no está llamado a prosperar.

En relación con el cargo relativo a la vulneración del principio de

confianza legítima, la jurisprudencia5 ha señalado que la confianza

legítima protege las expectativas razonables que los administrados

forman a partir de actuaciones claras, estables y consistentes de las

autoridades públicas, de manera que estas no sean defraudadas

mediante cambios súbitos, arbitrarios o imprevisibles en las reglas de

actuación estatal.

5
Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta – Descongestión,
Sentencia de 12 de Julio de 2018, Radicación Número: 25000-23-24-000-2009-00348-01. Consejera
Ponente: Rocío Araújo Oñate.

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No obstante, la Sala advierte que en el asunto bajo examen no se

configuró una modificación intempestiva o irrazonable de las

condiciones previstas por el legislador para la solución de las

divergencias recurrentes.

Como quedó explicado, la exigencia cuestionada constituye una

consecuencia lógica del propio diseño normativo previsto en el artículo

122 del Decreto Ley 019 de 2012 y se encuentra orientada a preservar

la coherencia del sistema de reconocimiento de recobros. En

consecuencia, no puede afirmarse que hubiera frustrado una

expectativa legítima amparada por el ordenamiento jurídico.

En cuanto al principio de buena fe, esta Corporación ha señalado que

constituye un postulado de comportamiento basado en la confianza, la

lealtad y la corrección que deben orientar las actuaciones de los

particulares y de las autoridades públicas6.

La Sala no observa que la disposición reglamentaria desconozca dicho

principio, pues la exigencia de certificar la inexistencia de conciliaciones

aprobadas o en curso de aprobación no supone una presunción de mala

fe respecto de las entidades recobrantes ni implica atribuirles la

6
Entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 20 de mayo de 2010. Radicación
Número: 25000-23-25-000-2002-13188-01(0807-08). Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.

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intención de obtener pagos indebidos; su finalidad consiste

exclusivamente en verificar que el procedimiento especial recaiga

sobre reclamaciones que no hayan sido objeto de definición mediante

otros mecanismos legalmente habilitados, circunstancia que encuentra

respaldo en el propio texto de la norma reglamentada.

Por consiguiente, tampoco se configura la vulneración del principio de

buena fe invocada por las demandantes.

Finalmente, la Sala no encuentra acreditada la alegada vulneración del

derecho a la igualdad. En efecto, las demandantes no demostraron la

existencia de sujetos o situaciones comparables que hubieran recibido

un trato jurídico diferente sin justificación objetiva y razonable y

tampoco explicaron de qué manera la exigencia controvertida generó

una discriminación frente a otras entidades que se encontraran en

idénticas condiciones fácticas y jurídicas.

En tales condiciones, el cargo carece de sustento suficiente para

desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado.

En consecuencia, al no prosperar ninguno de los cargos formulados

contra el numeral 6 del artículo 3º del Decreto 1865 de 2012, la Sala

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denegará las pretensiones de la demanda y así lo dispondrá en la parte

resolutiva de la presente sentencia.

III.6. Costas del proceso

Atendiendo al resultado del proceso, el medio de control que se

promovió y la instancia en la que se tramitó, la Sala considera, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1887 del CPACA, que no hay

lugar a condenar en costas, por cuanto la naturaleza de la acción exime

de esta fijación.

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el señor

consejero CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO para intervenir en el

proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, SEPARAR del

conocimiento del mismo al mencionado consejero de Estado.

7
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”

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TERCERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las

anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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