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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2015-00131-00

Las direcciones regionales del trabajo o direcciones territoriales: naturaleza jurídica

Fecha
18 de mayo de 2017
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2015-00131-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO.- Dejar sin efectos el numeral primero del auto de 28 de noviembre de 2014, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió «declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del presente proceso, a partir inclusive del auto que inadmitió la demanda de fecha 27 de febrero de 2008…». SEGUNDO.- NEGAR la pretensión de nulidad de la Resolución 0400 de 4 de agosto de 1995, expedida por el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de su Dirección Regional del Atlántico, por medio de la cual resolvió inscribir una junta directiva de la Seccional Barranquilla del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (SINDESS).

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-24-000-2015-00131-00

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

18 de mayo de 2017

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR AUTORIDADES DEL ORDEN NACIONAL O POR ENTIDADES O PERSONAS DE DERECHO PRIVADO - Comepetencia

De acuerdo con el artículo 128 numeral 1 en el marco del Decreto Ley 01 de 1984, el Consejo de Estado conoce en única instancia, entre otras, de los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden.

LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL TRABAJO O DIRECCIONES TERRITORIALES – Naturaleza jurídica / ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL TRABAJO / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO - Juez competente / ACTOS DE TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE LA JUNTA SUBDIRECTIVA DE SINDICATOS

Las Direcciones Regionales del Trabajo en los departamentos, hoy Direcciones Territoriales, no eran organismos territoriales autónomos e independientes, sino que actuaban en nombre y representación del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, organismo de carácter nacional, que ejercía sus tareas en las entidades territoriales de manera desconcentrada, a través de las mencionadas Direcciones, esquema que se conserva en la actualidad a través de la Direcciones Territoriales creadas por el Decreto 4108 de 2011. Así las cosas, las decisiones adoptadas por las Direcciones Regionales, hoy Direcciones Territoriales, se entienden adoptadas en nombre del Ministerio mismo, que es el órgano que para los efectos conserva la representación legal del sector; siendo esta la razón de ser del numeral 9.º del artículo 40 del Decreto 2145 de 1992, que atribuía a las Direcciones Regionales la función de «Prestar la colaboración requerida por la Oficina Jurídica, en los procesos judiciales en que sea parte la Nación - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conforme a las instrucciones que, para el efecto, imparta dicha dependencia». Las anteriores consideraciones permiten a la Sala afirmar entonces, que el acto administrativo demandado fue expedido por una autoridad del orden nacional, pues, como quedó expuesto, la Resolución 0400 de 4 de agosto de 1995, fue proferida por el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de su Dirección Regional del Trabajo del Atlántico, ordenando inscribir la junta subdirectiva de la Seccional Barranquilla del SINDESS. Definido entonces, que el acto administrativo demandado se entiende proferido por una autoridad del orden nacional, se tiene que le asistía razón al Tribunal Administrativo del Atlántico al asegurar que el presente asunto es de conocimiento del Consejo de Estado, en aplicación del artículo 128.1 del Decreto Ley 01 de 1984. Ahora bien, la competencia del Consejo de Estado para conocer del proceso de la referencia se refuerza por el hecho de que en el Código de Procedimiento Laboral, contenido en el Decreto Ley 2158 de 1948, no existe acción judicial, medio de control o mecanismo procesal alguno que permita controvertir las decisiones administrativas referidas al trámite de inscripción o registro de los órganos de dirección de los sindicatos.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2145 DE 1992 - ARTÍCULO 39 / DECRETO 4108 DE 2015 / DECRETO LEY 2158 DE 1948 / DECRETO 58 DE 1999

FALTA DE JURISDICCIÓN O FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL - No da lugar a declarar la nulidad de lo actuado

De acuerdo con el artículo 138 del Código General del Proceso, cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, como ocurrió en el presente caso, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. En aplicación de la norma en estudio al caso en concreto, se tiene que el Tribunal Administrativo del Atlántico debió declarar su falta de competencia por el factor funcional o subjetivo y remitir el proceso al competente, que como se vio es el Consejo de Estado, pero sin decretar la nulidad de todo lo actuado. En consecuencia, en la parte resolutiva de la presente providencia se dispondrá dejar sin efecto el numeral primero del auto de 28 de noviembre de 2014, notificado por estado el 12 de febrero de 2015, que declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda, obrante a folios 109 a 112 del expediente. NOTA DE RELATORIA: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección tercera, auto de 25 de junio de 2014, C.P., Enrique Gil Botero, sobre la aplicación del Código General del Proceso.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 138

JUNTAS SUBDIRECTIVAS O COMITÉS SINDICALES - Sólo puede existir una por municipio o …

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional trascrita, el fin último de la prohibición contenida en la norma en comento (artículo 55 Ley 50 de 1990), es garantizar el eficaz funcionamiento de los sindicatos, dentro de un ambiente democrático y participativo, toda vez, que de permitirse varias juntas subdirectivas o comités sindicales en una misma seccional o municipio, se desdibujaría la estructura que constitucionalmente se le ha atribuido a estas organizaciones consagradas por el derecho laboral, pues, nada evitaría que surjan desacuerdos o disputas entre las mismas, obstruyendo el cumplimiento del ejercicio de las libertades sindicales.

FUENTE FORMAL: CONVENIO 87 DE LA OIT - ARTÍCULO 3 / LEY 50 DE 1990 - ARTÍCULO 55

ACTOS DE REGISTRO DE SINDICATOS - No tienen control administrativo

Quiere la Sala resaltar, que la Corte Constitucional, en sede de constitucionalidad, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de señalar, que todo acto de registro que se trate sobre asuntos que pertenezcan al núcleo básico de la libertad y autonomía sindical y deba ser inscrito o depositado ante el Ministerio del ramo, lo será únicamente con propósitos de publicidad, y por lo tanto, el Ministerio deberá acoger lo que sobre el particular le informe la respectiva organización sindical, sin emitir juicios de valor respecto a su legalidad o ilegalidad, es decir, sin realizar control administrativo previo. NOTA DE RELATORIA: Corte Constitucional, sentencia C-567 de 2000; C-797 de 2000; C-734 de 2008

FUSIÓN DE SINDICATOS / INSCRIPCIÓN DE LA JUNTA SUBDIRECTIVA - No puede negarse por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social / PROHIBICIÓN DE SINDICATO DE CONTAR CON DOS JUNTAS SUBDIRECTIVAS

En ese sentido, se tiene que la voluntad colectiva de la organización sindical SINDESS consistente en solicitar al Ministerio la inscripción de la junta directiva inscrita por la Resolución 400 de 4 de agosto de 1995, resultante de la fusión de los mencionados sindicatos, fue reemplazada por la decisión del mismo SINDESS, de reactivar o continuar con el trámite de inscripción de la junta elegida en asamblea general de trabajadores el 3 de junio de 1995, sin la participación de SINTRAHEMOSBA. Y es entonces cuando, mediante la Resolución 1491 de 19 de septiembre de 1995, el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social inscribe o registra la junta subdirectiva que corresponde, se insiste, a la que inicialmente se eligió en asamblea general de trabajadores el 3 de junio de 1995, sin la participación de SINTRAHEMOSBA. En ese sentido, las circunstancias descritas constitutivas del procedimiento administrativo adelantado ante el Ministerio del Trabajo, no implican que las dos juntas subdirectivas se encontraban vigentes y que en consecuencia, la Seccional Barranquilla del SINDESS tuviese dos organismos directivos, contrariando la prohibición contenida en el artículo 55 de la Ley 50 de 1990, antes trascrito. Aunado a lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional anteriormente expuesta, según la cual, el registro sindical sólo tiene fines o efectos de publicidad, el hecho de que la organización sindical decidiera reactivar o continuar con el trámite de la solicitud de registrar la voluntad colectiva sindical expresada en la primera asamblea general de trabajadores de 3 de junio de 2015, aun cuando hubiere surgido en el interregno otra voluntad, no confiere al Ministerio del Trabajo competencia para devolver o negar el registro. Por lo tanto, nunca se materializó una vulneración a la prohibición de conformar más de una junta subdirectiva o comité en un mismo municipio contenida en el artículo 55 de la Ley 50 de 1990.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00131-00(4024-15)

Actor: HUGO NELSON GUZMÁN PALACIO

Demandado: MINISTERIO DEL TRABAJO

Trámite: Decreto Ley 01 de 1984 / Nulidad Simple
Temas: - Prohibición de elegir más de una subdirectiva o comité sindical por municipio
• La inscripción de las modificaciones de los órganos directivos sindicales tiene funciones de publicidad

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La Sala conoce del proceso de la referencia con informe de la Secretaría, para fallo de única instancia.

La demanda

Se trata de la acción de Nulidad Simple interpuesta por el abogado Hugo Nelson Guzmán Palacio, quien actúa en nombre propio, contra la Resolución 0400 de 4 de agosto de 1995, expedida por la Dirección Regional del Trabajo del Atlántico, por medio de la cual resolvió inscribir la junta directiva de la Seccional Barranquilla del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (SINDESS).

A partir de la interpretación que la Sala realiza de lo expuesto en la demanda, los supuestos de hecho y de derecho que rodean el presente caso se presenta resumidos de la siguiente manera:

El demandante alegó, en sustento de su pretensión de nulidad, que la mencionada Resolución 0400 de 4 de agosto de 1995, vulnera el artículo 55 de la Ley 50 de 1990, que prohíbe a las organizaciones sindicales la constitución de más de una junta subdirectiva o comité en cada municipio. Norma que es del siguiente tenor:

«Artículo 55. Directivas Seccionales. Todo sindicato podrá prever en sus estatutos la creación de Subdirectivas Seccionales, en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal y en el que tenga un número no inferior a veinticinco (25) miembros. Igualmente se podrá prever la creación de Comités Seccionales en aquellos municipios distintos al del domicilio principal o el domicilio de la subdirectiva y en el que se tenga un número de afiliados no inferior a doce (12) miembros. No podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio». (Subraya la Sala).

Al respecto precisó, que un mes después de la expedición de la resolución demandada, esto es, Resolución 0400 de 4 de agosto de 1995, la misma Dirección Regional del Trabajo del Atlántico, profirió la Resolución 1491 de 19 de septiembre de 1995, inscribiendo otra junta subdirectiva para la Seccional Barranquilla del SINDESS.

Aseveró el demandante, que la junta subdirectiva inscrita por la Resolución 0400 de 4 de agosto de 1995, fue producto del intento de fusión entre el SINDESS y Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Universitario de Barranquilla, SINTRAHEMOSBA. Sobre el particular adujo, que SINTRAHEMOSBA y el SINDESS, solicitaron ante el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, autorización para fusionarse, petición que fue negada por dicha cartera ministerial mediante Auto 491 de 20 de octubre de 1995. En razón de ello, el demandante asegura, que la junta inscrita mediante Resolución 0400 de 4 de agosto de 1995, es ilegal, por cuanto ésta era a su vez, el órgano directivo del SINTRAHEMOSBA, por lo que, al haber sido negada la fusión entre los dos sindicatos, los directivos allí nombrados no hacían parte del SINDESS.

En apoyo de su pretensión, el actor anexó copia simple de la Resolución 0400 de 4 de agosto de 1995 que ordenó inscribir la junta subdirectiva del SINDESS, Seccional Barranquilla, luego de la fusión con el SINTRAHEMOSBA; así como del Auto 491 de 20 de octubre de 1995, mediante el cual, el Ministerio, a través de su División de Reglamentación y Registro Sindical, negó la fusión sindical. Con las referidas documentales, el actor persigue evidenciar que la junta subdirectiva inscrita respecto del SINDESS, por virtud de la resolución mencionada, es la misma del SINTRAHEMOSBA.

Adicionalmente, para acreditar sus afirmaciones, el actor aportó original del oficio sin número de 7 de octubre de 1996, por medio del cual, la cartera ministerial accionada, a través de su Dirección Regional del Atlántico, negó las solicitudes de revocatoria directa de la Resolución 0400 de 4 de agosto de 1995, presentadas por dos de los miembros de la junta subdirectiva del SINDESS inscrita por la mencionada resolución y que, según su dicho, también hacían parte de la junta directa del SINTRAHEMOSBA.

Así las cosas, consideró el demandante, que el hecho de que dos de los directivos inscritos en la junta del SINDESS inscrita por la resolución acusada, hayan solicitado su revocatoria una vez fue negada la fusión de los sindicatos, constituye prueba suficiente de la ilegalidad de ésta.

El accionante también anexó copia simple de una certificación expedida el 21 de agosto de 1996 por el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de su Coordinación de Archivo Especializado Sindical, en la que consta que «la última junta directiva de la Seccional Barranquilla de la citada organización sindical (…) es la inscrita mediante Resolución 1491 de 19 de septiembre de 1995, emanada de la Dirección Regional del Atlántico». Documento que, en criterio del demandante, permite afirmar que carece de validez la inscripción de la junta subdirectiva del SINDESS Seccional Barranquilla, ordenada por la Resolución 0400 de 4 de agosto de 1995, y que por lo tanto es procedente decretar su nulidad.

Trámite dado a la demanda

A través de auto de 3 de abril de 1997, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda, negó la solicitud de suspensión provisional y ordenó notificar al Ministerio Público y a la señalada cartera ministerial, así como la correspondiente fijación en lista, de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 107 y 137 a 142 del Decreto Ley 01 de 1984.

Oposición del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Por medio de memorial de 7 de julio de 1997, el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de su Dirección Regional del Trabajo del Atlántico, contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones.

Alegó el Ministerio, que ambas resoluciones, tanto la 0400 de 4 de agosto de 1995, como la 1491 de 19 de septiembre de la misma anualidad, por medio de las cuales se inscribieron dos juntas subdirectivas del SINDESS, Seccional Barranquilla, fueron expedidas con apego al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular explicó, que ambas juntas subdirectivas se inscribieron en atención a que fue el mismo SINDESS, Seccional Barranquilla, el que solicitó el adelantamiento de dicho trámite. Agregó, que para tales efectos, el mencionado sindicato anexó las correspondientes actas de las asambleas generales de trabajadores en las que se eligió a los integrantes de sus órganos directivos, y en consecuencia, no podía la cartera ministerial negarse a inscribir ninguna de las dos juntas, pues, su competencia en la materia solo es registral, de depósito, o de protocolización.

Aunado a lo anterior señaló, que aunque es innegable el hecho de que en menos de dos meses fueron inscritas dos juntas subdirectivas para la seccional Barranquilla de la organización sindical SINDESS, ello no quiere decir que se vulneró la norma legal que prohíbe la coexistencia de varios órganos subdirectivos seccionales o municipales en el seno de un mismo sindicato; pues, según su dicho, en el caso en concreto se entiende que la junta vigente es la última que se inscribió, pues, en su decir, la voluntad sindical expresada en la solicitud que el sindicato elevó al Ministerio, tiene validez inmediata.

Señaló finalmente, que de existir algún tipo de irregularidad de tipo penal, como por ejemplo fraude procesal o falsedad, no es el Ministerio la autoridad competente para investigarlo y juzgarlo.

Período probatorio

Mediante auto de 25 de marzo de 1998, el Tribunal Administrativo del Atlántico abrió el proceso a pruebas, decretando tener como tales, «las documentales acompañadas con la demanda y la contestación de la misma»; así mismo, ordenó librar «oficio a la Dirección Regional de Trabajo y Seguridad Social del Atlántico, para que remita a esta Corporación con destino al proceso de la referencia, los expedientes en los cuales se encuentre lo actuado en relación con la Resolución 0400 de 4 de agosto de 1995 y la Resolución 1491 de 19 de septiembre de 1995, e igualmente los estatutos vigentes del Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social “Sindess” con personería jurídica 1131 de 15 de marzo de 1993».

Pese a que el Tribunal Administrativo del Atlántico ofició a la Dirección Regional del Trabajo y Seguridad Social del Atlántico, para que enviase la documental solicitada, dicha dependencia no lo hizo.

Por medio de providencia de 27 de octubre de 2004, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró «precluída la etapa probatoria»; de igual modo dispuso correr «traslado a las partes por el término común de 10 días para que se sirvan presentar por escrito sus alegatos de conclusión y el Señor Procurador Judicial ante la Corporación emita concepto de fondo».

Luego de cerrada la etapa probatoria y sin que las partes alegaran de conclusión, ni que el Ministerio Público emitiera concepto, el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto de mejor proveer de 11 de agosto de 2005, resolvió requerir nuevamente a la Dirección Regional del Trabajo y Seguridad Social del Atlántico «para que, con destino al expediente de la referencia, se sirva remitir los expedientes en los cuales se encuentre lo actuado en relación con» las mencionadas resoluciones, e igualmente los estatutos del SINDESS.

Pese a que la referida dependencia del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue oficiada en 4 ocasiones, no envió al expediente de la referencia la documental requerida; razón por la cual, el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto de 7 de marzo de 2008, decidió decretar «la práctica de una inspección judicial en la Oficina de la Dirección Regional de Trabajo y Seguridad Social del Atlántico, con el objeto de revisar el expediente contentivo de lo actuado en relación con las Resoluciones 0400 de 4 de agosto de 1995 y 1491 de 19 de septiembre de 1995, y también revisar los estatutos vigentes del Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social “SINDESS”….»

El 19 de junio de 2008, el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través del respectivo Despacho que sustanció el proceso, adelantó la referida la diligencia de inspección judicial en las instalaciones de la Dirección Regional del Trabajo de dicho departamento, obteniendo copia de la resolución demandada, así como de la Resolución 1491 de 19 de septiembre de 1995 y de los estatutos del SINDESS vigentes para el 2002.

Posteriormente, mediante auto de 5 de agosto de 2008, el Tribunal Administrativo del Atlántico, requirió nuevamente al SINDESS, para que con destino a este expediente, remitiese copia de las actas de las asambleas generales de trabajadores celebradas los días 3 de junio y 18 de julio de 1995, en las que fueron elegidas las juntas subdirectivas que posteriormente fueron inscritas a través de las Resoluciones 1491 y 0400 de 19 de septiembre y 4 de agosto de 1995.

A pesar que el Tribunal Administrativo del Atlántico ofició en 4 ocasiones al SINDESS, para que enviase la documental solicitada, dicha organización sindical no lo hizo.

Finalmente, a través de auto de 28 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico dispuso declarar «precluída la etapa probatoria» y correr traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales, así como al Ministerio Público para que emitiera el respectivo concepto.

Alegatos finales en el Tribunal Administrativo del Atlántico

Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría General de la Nación no conceptuó en el proceso de la referencia.

Nulidad de todo lo actuado decretada por el Tribunal

A través de auto de 28 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado, incluso del auto admisorio de la demanda, aduciendo falta de competencia para conocer del presente asunto.

Explicó el Tribunal, que el acto administrativo demandado fue proferido por una autoridad del orden nacional, como lo era el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de una de sus Direcciones Regionales, hoy llamadas Direcciones Territoriales, y en tal virtud, para la referida Corporación, en aplicación del artículo 128.1 del Decreto Ley 01 de 1984, el competente para tramitar este expediente es el Consejo de Estado.

Trámite del expediente al interior del Consejo de Estado

En esta Corporación, el expediente fue inicialmente repartido al Despacho del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, perteneciente a la Sección Primera, quien por medio de auto de 17 de septiembre de 2015, ordenó remitirlo a la Sección Segunda para reparto, alegando que la materia objeto de la litis es, «indiscutiblemente», de naturaleza laboral. Explicó, que de acuerdo con el Reglamento Interno del Consejo de Estado, los asuntos de carácter laboral son de conocimiento de esta Sección.

La demanda fue finalmente repartida a este Despacho, tal como consta en acta de 13 de octubre de 2015.

CONSIDERACIONES

Los antecedentes expuestos muestran a la Sala, que previo a plantear y solucionar el problema jurídico resultante de la censura que formula el accionante, es del caso estudiar lo relacionado con la competencia de esta Corporación en el caso objeto de estudio.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia, en el marco del Decreto Ley 01 de 1984, para conocer de los asuntos donde se discute la legalidad de los actos administrativos que disponen sobre registros de órganos directivos sindicales

En lo que tiene que ver con la competencia del Consejo de Estado en única instancia, el artículo 128.1 del Decreto Ley 01 de 1984, dispone lo siguiente:

«Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden.
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral. No obstante, las controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación de huelga son de competencia del Consejo de Estado en única instancia.
3. De los de nulidad de elecciones del Presidente y vicepresidente de la República, senadores, representantes a la cámara, así como de los de nulidad de las elecciones o nombramientos hechos por el Presidente de la República, el Congreso, las Cámaras, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Gobierno Nacional o por cualquier autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada, del orden nacional.
4. De los que se promuevan contra actos administrativos relativos a la nacionalidad y a la ciudadanía.
5. Del recurso de anulación de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos estatales, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia. Contra esta sentencia sólo procederá el recurso de revisión.
6. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con excepción de las controversias contractuales, de reparación directa y las de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre impuestos mineros, contribuciones y regalías, que seguirán las reglas generales.
7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley.
8. De las acciones de nulidad con restablecimiento, contra los actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio; clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.
9. De las acciones de revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.
10. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles de cualquier naturaleza.
11. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, en los casos previstos en la ley.
12. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, senadores y representantes, ministros del despacho, directores de departamento administrativo, Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del tribunal penal militar.
13. De todas las demás de carácter Contencioso Administrativo, para los cuales no exista regla especial de competencia.» (Subraya la Sala).

De acuerdo con la norma trascrita, en el marco del Decreto Ley 01 de 1984, el Consejo de Estado conoce en única instancia, entre otras, de los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden.

Así mismo, la norma trascrita fija, en su numeral 13, una regla residual de competencia, en virtud de la cual le atribuye al Consejo de Estado el conocimiento de los asuntos o controversias de carácter contencioso administrativo, cuyo trámite no esté asignado a ningún otro órgano judicial.

Siendo ello así, corresponde a la Sala determinar si el acto administrativo demandado fue expedido por una autoridad del orden nacional, como asegura el Tribunal Administrativo del Atlántico, caso en el cual, esta Corporación sería la competente para conocer del presente asunto.

Las Direcciones Regionales de Trabajo eran dependencias del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y hacían parte de su estructura orgánica central

El acto administrativo demandado, Resolución 0400 de 4 de agosto de 1995, fue expedido por el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de su Dirección Regional de Trabajo y Seguridad Social del Atlántico; dependencia que según el Decreto 2145 de 1992, vigente para la época de los hechos, hacía parte del sector central, pero desconcentrado, de dicha cartera ministerial, pues, era una de las dependencias que conformaba su «estructura orgánica».

En efecto, de acuerdo con el artículo 1.º del mencionado decreto:

«El ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el organismo de la Rama Ejecutiva del Poder Público encargado de formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas de empleo, trabajo, previsión y seguridad social, dentro de las directrices generales del Gobierno.
Las dependencias del Ministerio y las entidades adscritas y vinculadas a este, serán las encargadas de la ejecución de esas políticas en sus respectivos campos de acción, de manera integral y coordinada.
Igualmente, participarán en la ejecución de las políticas, las entidades públicas y privadas que desarrollen actividades en materia de empleo, trabajo y seguridad social.»

La norma trascrita es clara en señalar, que el Ministerio de Trabajo y sus dependencias, en ese entonces denominado Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es el organismo de la Rama Ejecutiva del Poder Público encargado de formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas de empleo, trabajo, previsión y seguridad social, siguiendo las directrices generales del Gobierno.

Así mismo, el artículo 4.º del Decreto 2145 de 1992, vigente para la época de los hechos, al fijar la estructura orgánica del Ministerio, precisa:

«Artículo 4.º. Estructura Orgánica. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá la siguiente estructura orgánica:
1. Despacho del Ministro
1.1.     Oficina Jurídica.
1.2.     Oficina de Planeación.
1.3.     Oficina de Sistemas.
1.4.     Oficina de Control Interno.
1.5.     Oficina de Comunicaciones.
1.6.     Oficina de Asuntos Internacionales.
2. Despachos del Viceministro
3. Secretaría General
3.1.     División Legal.
3.2.     División Financiera.
3.3.     División de Recursos Humanos.
3.4.     División Administrativa.
4. Dirección General de Empleo
4.1.     Subdirección de Fomento de Empleo.
4.1.1.   División de Programas Regionales y Locales.
4.2.     Subdirección de Servicios de Gestión de Empleo.
4.2.1.   División de Migraciones laborales.
5. Dirección General de Seguridad Social
5.1.     Subdirección de Salud Ocupacional.
5.1.1.   División de Medicina Laboral y del Trabajo.
5.1.2.   División de Higiene y Seguridad Industrial.
5.2.     Subdirección de Prestaciones Económicas y Asistenciales.
5.2.1.   División de Estudios Sociales.
6. Dirección General del Trabajo
6.1.     Subdirección de Relaciones Individuales.
6.1.1.   División de Relaciones Especiales de Trabajo.
6.1.2.   División de Trabajo Asociativo e Informal.
6.2.     Subdirección de Relaciones Colectivas.
6.2.1.   División de Negociación y Arbitraje.
6.2.2.   División de Reglamentación y Registro Sindical.
6.3.     Subdirección de Inspección y Vigilancia.
6.3.1.   División de Inspección Preventiva.
6.3.2.   División de Vigilancia y Control.
7. Direcciones Regionales de Trabajo y Seguridad Social
7.1.     División de Empleo y Seguridad Social.
7.2.     División de Trabajo.
7.3.     División de Inspección y Vigilancia.
7.4.     Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social.
8. Oficinas Especiales de Trabajo y Seguridad Social
9. Direcciones Seccionales del Trabajo y Seguridad Social
10. Organismos de Asesorías y Coordinación
10.1.    Consejo Nacional Laboral.
10.2.    Consejo Superior de Empleo, Trabajo y Seguridad Social.
10.3.    Consejo Superior del Subsidio Familiar.
10.4.    Comité Nacional para las Migraciones laborales.
10.5.    Comité Nacional para el Análisis de los Mercados de Trabajo.
10.6.    Comité de Divulgación del Sector Trabajo y Seguridad Social.
10.7.    Comité de Planeación del Sector Trabajo y Seguridad Social.
10.8.    Comité de Dirección del Ministerio.
10.9.    Junta de Licitaciones y Adquisiciones.
10.10.   Comisión de Personal». (Subrayas de la Sala).

Según el artículo trascrito, las Direcciones Regionales de Trabajo y Seguridad Social, hoy llamadas Direcciones Territoriales, como la del Atlántico, que profirió el acto demandado, estaban organizadas como dependencias de la «estructura orgánica» del Ministerio.

Por su parte, los artículos 39 y 40 del decreto en estudio señalaban que:

«Artículo 39. Sedes. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá direcciones regionales en los departamentos que determine, cuya sede estará situada en la respectiva capital. Las direcciones regionales dependerán jerárquicamente del Ministro y funcionalmente de las Direcciones Generales, según los asuntos que deban atender.

Artículo 40. Funciones. Las Direcciones Regionales el Ministerio, tendrán las siguientes funciones:
1.º. Atender los asuntos relacionados con las áreas de empleo, trabajo, seguridad social e inspección y vigilancia de acuerdo con las normas vigentes;
2.º. Desarrollar, controlar, evaluar y ejecutar las políticas, planes y programas en las áreas de trabajo, seguridad social, empleo e inspección y vigilancia, en coordinación con las direcciones generales;
3.º. Coordinar con los organismos planificadores del orden departamental, municipal o regional, la adopción de planes, programas y proyectos de empleo, trabajo y seguridad social.
4.º. Orientar, ejecutar y controlar el cumplimiento de las funciones administrativas que requiera la Regional para su funcionamiento;
5.º. Participar, en nombre del Ministerio, con las autoridades departamentales, municipales y regionales en todo lo relacionado con el empleo, el trabajo y la seguridad social;
6.º. Desarrollar y coordinar las funciones atinentes al manejo de la información, los sistemas y la estadística;
7.º. Desarrollar y coordinar los programas de divulgación y capacitación que adelante el Ministerio en su jurisdicción;
8.º. Desarrollar y participar en la elaboración de estudios e investigaciones en las áreas de su competencia;
9.º. Prestar la colaboración requerida por la Oficina Jurídica, en los procesos judiciales en que sea parte la Nación - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conforme a las instrucciones que, para el efecto, imparta dicha dependencia.
10.º. Presentar a consideración de su superior inmediato, en el mes de diciembre de cada año, una evaluación relacionada con el cumplimiento de los objetivos propuestos y un programa anual de actividades a desarrollar por el área de su competencia, en el año inmediatamente siguiente, y
11.º. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia».

De acuerdo con el artículo 39 del Decreto 2145 de 1992, las Direcciones Regionales del Trabajo en los departamentos, eran las sedes del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad en las respectivas entidades territoriales. La norma también disponía, que las mencionadas Direcciones dependían jerárquicamente del Ministro y funcionalmente de las Direcciones Generales del Ministerio, según la materia a tratar.

A partir de lo expuesto, se tiene que las Direcciones Regionales del Trabajo en los departamentos, hoy Direcciones Territoriales: i) eran parte integral de la estructura orgánica central del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ii) dependían directamente del(a) señor(a) Ministro(a); y iii) desempeñaban sus funciones en nombre y bajo la coordinación de este último.

En ese sentido, las Direcciones Regionales del Trabajo en los departamentos, hoy Direcciones Territoriales, no eran organismos territoriales autónomos e independientes, sino que actuaban en nombre y representación del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, organismo de carácter nacional, que ejercía sus tareas en las entidades territoriales de manera desconcentrada, a través de las mencionadas Direcciones, esquema que se conserva en la actualidad a través de la Direcciones Territoriales creadas por el Decreto 4108 de 2011.

Así las cosas, las decisiones adoptadas por las Direcciones Regionales, hoy Direcciones Territoriales, se entienden adoptadas en nombre del Ministerio mismo, que es el órgano que para los efectos conserva la representación legal del sector; siendo esta la razón de ser del numeral 9.º del artículo 40 del Decreto 2145 de 1992, que atribuía a las Direcciones Regionales la función de «Prestar la colaboración requerida por la Oficina Jurídica, en los procesos judiciales en que sea parte la Nación - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conforme a las instrucciones que, para el efecto, imparta dicha dependencia».

Las anteriores consideraciones permiten a la Sala afirmar entonces, que el acto administrativo demandado fue expedido por una autoridad del orden nacional, pues, como quedó expuesto, la Resolución 0400 de 4 de agosto de 1995, fue proferida por el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de su Dirección Regional del Trabajo del Atlántico, ordenando inscribir la junta subdirectiva de la Seccional Barranquilla del SINDESS.

Definido entonces, que el acto administrativo demandado se entiende proferido por una autoridad del orden nacional, se tiene que le asistía razón al Tribunal Administrativo del Atlántico al asegurar que el presente asunto es de conocimiento del Consejo de Estado, en aplicación del artículo 128.1 del Decreto Ley 01 de 1984, según el cual, esta Corporación conoce en única instancia, entre otros, de los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden.

Ahora bien, la competencia del Consejo de Estado para conocer del proceso de la referencia se refuerza por el hecho de que en el Código de Procedimiento Laboral, contenido en el Decreto Ley 2158 de 1948, no existe acción judicial, medio de control o mecanismo procesal alguno que permita controvertir las decisiones administrativas referidas al trámite de inscripción o registro de los órganos de dirección de los sindicatos. En esa medida, se configura el supuesto de hecho descrito en el numeral 13 del trascrito artículo 128 del Decreto 01 de 1984, según el cual:

«Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
(…)
13. De todas las demás de carácter Contencioso Administrativo, para los cuales no exista regla especial de competencia.» (Subraya la Sala).

Así las cosas, como la naturaleza de la presente controversia es de carácter contencioso administrativa, pues, se demanda una decisión administrativa proferida por una autoridad pública del orden nacional, y teniendo en cuenta que para su trámite no existe regla especial de competencia, en aplicación del artículo 128.13 del Decreto 01 de 1984, su conocimiento es del Consejo de Estado.

En conclusión, el asunto de la referencia es de conocimiento de esta Corporación: i) porque se trata de una demanda de nulidad simple interpuesta contra un acto administrativo proferido por una autoridad pública del orden nacional; y ii) porque involucra una controversia de naturaleza contencioso administrativa, respecto de la cual no existe una regla especial de competencia.

El Consejo de Estado, a través de su Sección Segunda, es el competente para conocer de los asuntos donde se discute la legalidad de los actos administrativos que disponen sobre registros de órganos directivos sindicales

Procede entonces la Sala a verificar la competencia de la Sección Segunda de esta Corporación, para conocer del presente asunto, para lo cual acude al artículo 13 del Acuerdo de Sala Plena No. 58 de 1999, vigente para la época de los hechos, según el cual:

«1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.
2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral no provenientes de un contrato de trabajo.
3. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección.
4. Los procesos contra los actos de naturaleza laboral expedidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.» (Subraya la Sala).

La norma en comento fue adicionada por el artículo 1.º del Acuerdo de Sala Plena No. 55 de 2003, en los siguientes términos:

«1-. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.
2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral no provenientes de un contrato de trabajo.
3-. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección.
4-. Los procesos contra los actos de naturaleza laboral expedidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
5-. Las acciones de tutela que sean de competencia del Consejo de Estado, en un (40%) cuarenta por ciento del total.» (Subraya la Sala).

Estudiado el Reglamento Interno del Consejo de Estado en lo pertinente, se tiene que a la Sección Segunda compete conocer en general de los asuntos relacionados con la materia contencioso administrativa laboral que no provenga de un contrato de trabajo.

Ahora bien, el derecho laboral comprende, como es obvio, la denominada «parte individual» que regla las relaciones particulares entre empleador y empleado, así como la llamada «parte colectiva», que comprende lo relacionado con la organización, constitución y funcionamiento de los sindicatos, y las relaciones de estos con las autoridades administrativas.

En ese marco, la Sala estima que el proceso de la referencia es de competencia de la Sección Segunda de esta Corporación, en atención a que la materia objeto de estudio versa sobre una decisión administrativa contenida en un acto administrativo proferido por una autoridad pública del orden nacional, cuyo origen no proviene de un contrato laboral, como lo es, la inscripción, registro o depósito de una junta subdirectiva o comité seccional de un sindicato en las bases de datos del hoy Ministerio del Trabajo.

Consecuencia de la declaratoria de nulidad de lo actuado por falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, según la Ley 1564 de 2012

Considera la Sala detenerse a estudiar los efectos de la declaratoria de nulidad de lo actuado por falta de competencia, decretada por el Tribunal Administrativo del Atlántico por medio de auto de 28 de noviembre de 2014.

Al respecto se encuentra que en el referido auto, el Tribunal fundamentó su decisión en lo preceptuado por el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, el cual remite expresamente a las causales de nulidad establecidas en el Código de Procedimiento Civil, contenido en el Decreto Ley 1400 de 1970. En efecto, esta codificación en su artículo 140 enunciaba la carencia de competencia del juez como causal de nulidad absoluta, en concordancia con el inciso final del artículo 144 de dicho estatuto procesal, que señalaba como insaneables, las causales de falta de jurisdicción o de competencia funcional.

En ese orden de ideas, pese a ser cierto que el Tribunal Administrativo del Atlántico carece de competencia para conocer de la demanda de la referencia, pues, como se vio, el competente es el Consejo de Estado, resultaba improcedente declarar la nulidad de todo lo actuado, como se hizo en el mencionado auto de 28 de noviembre de 2014.

Ello en atención a que el Tribunal debió haber aplicado el Código General del Proceso, contenido en la Ley 1564 de 2012, norma que ya se encontraba vigente para ese entonces y resultaba plenamente aplicable, como lo definió la Sala Plena de esta Corporación, en auto de «importancia jurídica» de 25 de junio de 2014, cuyo ponente fue el Consejero de Estado Enrique Gil Botero, en donde se precisaron varios aspectos atinentes a la aplicación de la referida Ley 1564 de 2012 al proceso contencioso administrativo. A continuación se trascribe dicha providencia en su parte pertinente:

«Sobre el particular, considera la Sala –con fines de unificación jurisprudencial– que el Código General del Proceso entró a regir de manera plena el 1º de enero del año en curso (2014), por las siguientes razones:

i) Si bien el legislador no distinguió expresamente y, por ende, le estaría vedado al juez diferenciar donde aquél no lo hizo, lo cierto es que de manera indirecta el artículo 627 del C.G.P., sí está encaminado a regular una situación que únicamente se predica respecto de la Jurisdicción Ordinaria Civil.
(…)

iii) (…) Como se aprecia, la única lectura válida que se le puede dar al Acuerdo proferido por el Consejo Superior de la Judicatura es que se trata de una norma diseñada exclusivamente para la Jurisdicción Ordinaria y, concretamente, la Civil, pues es la única que hasta la fecha no tiene implementado un sistema de impulso procesal de naturaleza oral.
(…)

iv) De otra parte, la Jurisdicción Contencioso Administrativo desde la expedición de la ley 1437 de 2011, ya cuenta con la implementación del sistema mixto –principalmente oral– razón por la que sería inocuo que se negara la entrada en vigencia del C.G.P., a partir del 1º de enero de 2014, en espera de unas condiciones físicas y logísticas que se supone ya deben existir. Y, si bien, se cuenta con falencias y limitaciones físicas y estructurales en la implementación del sistema oral en materia contencioso administrativa, lo cierto es que resulta incuestionable que a partir de la ley 1437 de 2011 entró a regir en esta jurisdicción el esquema procesal mixto –con una predominancia oral– razón por la que se ha hecho una distribución en los despachos judiciales del país entre aquellos encargados de evacuar los procesos del sistema mal denominado “escritural” y el nuevo proceso “oral”.
(…)

vii) (…) Por consiguiente, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo –que comprende todo el territorio nacional– no ha sido dividida o fraccionada por el legislador para efectos de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, así como tampoco lo fue, en su momento, para la implementación de la ley 1437 de 2011; igual circunstancia se predica respecto de la Jurisdicción Arbitral, es decir, en ningún momento se ha establecido gradualidad en la vigencia de esa normativa.

En consecuencia, la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, para señalar que su aplicación plena en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas estatales, es a partir del 1º de enero de 2014, salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición que se explicará en el acápite a continuación, las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite.

De otra parte, con esta unificación de criterio no se pretende inaplicar el citado acto administrativo, ni mucho menos declarar frente al mismo las excepciones de ilegalidad o inconstitucionalidad, sino que, por el contrario, se trata de interpretar sistemáticamente el mismo para deducir que su ámbito de aplicación se reduce y circunscribe a la Jurisdicción Ordinaria Civil, sin que sea viable hacerlo extensivo a otras jurisdicciones como la JCA (…)».

De acuerdo con lo expuesto, la aplicación del Código General del Proceso en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa inició el primero de enero de 2014.

En este orden de ideas, es claro que el auto de 28 de noviembre de 2014 por el que el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de lo actuado, debió fundarse en lo dispuesto por el Código General del Proceso en su artículo 138, que dicta:

«Artículo 138. Efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia y de la nulidad declarada. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.
La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas.
El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse.» (Subraya la Sala).

De acuerdo con la norma trascrita, cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, como ocurrió en el presente caso, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente.

En aplicación de la norma en estudio al caso en concreto, se tiene que el Tribunal Administrativo del Atlántico debió declarar su falta de competencia por el factor funcional o subjetivo y remitir el proceso al competente, que como se vio es el Consejo de Estado, pero sin decretar la nulidad de todo lo actuado.

En consecuencia, en la parte resolutiva de la presente providencia se dispondrá dejar sin efecto el numeral primero del auto de 28 de noviembre de 2014, notificado por estado el 12 de febrero de 2015, que declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda, obrante a folios 109 a 112 del expediente.

Fijación del problema jurídico

Reitera la Sala, que para el accionante, la Resolución 400 de 4 de agosto de 1995, al inscribir la junta subdirectiva elegida en asamblea general de trabajadores de 18 de julio de 1995, quebrantó la prohibición contenida en el artículo 55 de la Ley 50 de 1990 que proscribe la existencia de más de una junta directiva seccional por municipio. Ello por cuanto la asamblea general de trabajadores del SINDESS, previamente había designado el 3 de junio de 1995 su órgano de dirección, el cual fue registrado por el Ministerio, posteriormente, a través Resolución 1491 de 19 de septiembre de 1995.

Así las cosas, según el demandante, para la época de la presentación de la demanda el SINDESS, Seccional Barranquilla, material y realmente contaba con dos juntas subdirectivas activas y funcionando, inscritas ante el Ministerio, que son:

La elegida en asamblea general de trabajadores del 3 de junio de 1995, inscrita por la Resolución 1491 del 19 de septiembre de 1995, que a juicio del demandante, es la que cumple los requerimientos legales y por lo tanto, en su criterio es la válida; y

La elegida en asamblea general de trabajadores conjunta del SINDESS y SINTRAHEMOSBA de 18 de julio de 1995, inscrita por la Resolución 400 de 4 de agosto de 1995, que es el acto administrativo demandado;

En ese orden, siendo que la junta inscrita de última el 19 de septiembre de 1995 por la Resolución 1491, fue la inicialmente elegida el 3 de junio de ese mismo año, mientras que la junta inscrita el 4 de agosto de dicha anualidad por la Resolución 400 demandada, fue elegida con posterioridad a aquella, el 18 de julio de 1995; el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en realidad el sindicato tenía funcionando dos juntas subdirectivas en su Seccional Barranquilla, o si por el contrario, la real voluntad de la asamblea de trabajadores era la tener un único órgano directivo.

Para resolver el problema jurídico planteado, tendrá la Sala que determinar cuáles son los efectos y fines del registro que lleva el hoy Ministerio del Trabajo, de los actos y decisiones sindicales más importantes, tales como su constitución, adopción y modificación de sus estatutos y la elección de sus órganos directivos.

Fuentes normativas y jurisprudenciales a tener en cuenta para resolver el problema jurídico

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala tendrá en cuenta las siguientes fuentes normativas:

Convencionales

Convenio No. 87 de la OIT, «sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación», artículo 3.°.

Constitucionales

Constitución Política, artículo 39.

Legales

Ley 50 de 1990, artículo 55.

Código Sustantivo del Trabajo, artículos 363, 365, 366, 367, 369, 370, 371 y 372.

Decreto Reglamentario 1194 de 1994, «por el cual se reglamentan los artículos 363, 371 y 391 del Código Sustantivo del Trabajo y 55 de la Ley 50 de 1990», artículo 2.°.

Jurisprudenciales

C-567 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En la que se declaran exequibles los artículos 365, 366 y 367 del Código Sustantivo del Trabajo, que trata sobre la obligatoriedad del registro sindical.

C-797 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. En la que se declaró la exequibilidad del artículo 369 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece la obligación de informar y registrar ante el Ministerio la modificación de las juntas directivas de los sindicatos.

Sentencia C-043 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En la que se declara la exequibilidad de la prohibición contenida en el artículo 55 de la Ley 50 de 1990, referida a que un sindicato no puede tener más de una subdirectiva o comité por municipio.

Sentencia C-465 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En la que se declara la exequibilidad del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece la exigencia de informar al hoy Ministerio del Trabajo y a los empleadores, de los cambios en las juntas directivas de un sindicato.

C-695 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería. En la que se declara la exequibilidad del artículo 372 del Código Sustantivo del Trabajo, referido a la obligación de registrar o inscribir la decisión de constituir un sindicato ante el hoy Ministerio del Trabajo.

C-734 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo. En la que se declara la exequibilidad del artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece como obligación de todo sindicato informar a la autoridad pública sobre el hecho de su constitución.

De la prohibición de tener más de una subdirectiva o comité sindical por municipio

Se inicia el estudio de las fuentes normativas con el análisis de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 50 de 1990, que establece la referida prohibición, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Artículo 55. Directivas Seccionales. Todo sindicato podrá prever en sus estatutos la creación de Subdirectivas Seccionales, en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal y en el que tenga un número no inferior a 25 miembros. Igualmente se podrá prever la creación de Comités Seccionales en aquellos municipios distintos al del domicilio principal o domicilio de la Subdirectiva y en el que se tenga un número de afiliados no inferior a 12 miembros. No podrá haber más de una Subdirectiva o comité por municipio.» (Subrayas fuera del texto).

La norma trascrita fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-043 de 2006, en la que abordó el siguiente problema jurídico:

«La Corte habrá de examinar si las exigencias legislativas que circunscriben a la municipalidad la creación de subdirectivas o comités seccionales y que no pueda existir más de una por municipio desconoce el carácter democrático y participativo de los sindicatos, el derecho de asociación, el derecho de asociación y libertad sindical para darse de manera autónoma sus estatutos y definir su organización, la participación plena en la vida sindical al circunscribir su creación a la municipalidad e impedir su ejercicio para quienes residen y trabajan en municipios diferentes por la extensión geográfica del país y la posibilidad de crear más de una subdirectiva o comité por municipio cuando se tienen numerosos afiliados.»

Para resolver dicho planteamiento, expuso la Corte:

«No es admisible reconocer el carácter absoluto de la libertad sindical, en la medida en que la propia Constitución establece como limitación, concretable por el legislador, que “la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos” (art. 39 inciso 2) y que, los Convenios Internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad  que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. Por lo tanto, se advierte, que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden, en modo alguno, afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio. (…).

(…) Por ende, al contemplar las normas acusadas que se podrá prever en los estatutos sindicales, tanto la creación de subdirectivas seccionales en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal, como la creación de comités seccionales también en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal o el domicilio de la subdirectiva; y, que no podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio, no se viola la Constitución ni los convenios internacionales que en materia de asociación y libertad sindical se integran al bloque de constitucionalidad según lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación, por cuanto la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos deben sujetarse a las restricciones impuestas por el orden legal, las cuales, para el caso, no resultan irrazonables ni desproporcionadas, ni violan el núcleo esencial del derecho fundamental a la libertad sindical. (…).

(…) Por el contrario, las exigencias establecidas en las normas acusadas resultan más bien necesarias y proporcionadas a la finalidad perseguida como lo es el garantizar la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos en un ambiente democrático y participativo. Permitir la creación de subdirectivas y comités seccionales, en aquellos municipios distintos al del domicilio principal del sindicato, e indicar que no podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio, apenas impone unos requisitos mínimos e indispensables para el normal funcionamiento y organización de un sindicato, que permiten ampliar su campo de acción y así garantizar los derechos de asociación y libertad sindical, así como el de participación de quienes lo integran. (…).

(…) En cuanto a que no pueda existir más de una subdirectiva o comité por municipio, debe señalarse que el derecho de participación democrática en las organizaciones sindicales no puede soportarse en la simple existencia de un gran número de directivas o comités seccionales en un mismo municipio, lo que podría entorpecer su normal funcionamiento, sino en garantizar la real y efectiva participación de todos los trabajadores en las decisiones que los afectan y en la defensa de sus intereses comunes, lo que se logra con la posibilidad de crear una subdirectiva o comité por municipio y en un lugar distinto al del domicilio principal del sindicato.»

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional trascrita, el fin último de la prohibición contenida en la norma en comento, es garantizar el eficaz funcionamiento de los sindicatos, dentro de un ambiente democrático y participativo, toda vez, que de permitirse varias juntas subdirectivas o comités sindicales en una misma seccional o municipio, se desdibujaría la estructura que constitucionalmente se le ha atribuido a estas organizaciones consagradas por el derecho laboral, pues, nada evitaría que surjan desacuerdos o disputas entre las mismas, obstruyendo el cumplimiento del ejercicio de las libertades sindicales.

Fines del registro sindical

Estudiada entonces el contenido, fin y alcance normativo de la prohibición establecida por el artículo 55 de la Ley 50 de 1990, procede la Sala a revisar lo relacionado con los fines del registro o deposito público de las decisiones más importantes de los sindicatos, tales como, su constitución, modificación de sus estatutos y elección de sus directivas.

Sobre el particular, anota la Sala, que el artículo 3.° del Convenio No. 87 de la OIT, «sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación», indica:

«Artículo 3.
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.
2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal».

Al respecto es importante tener en cuenta, que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha establecido que, si bien se pueden imponer algunas formalidades para la creación de las organizaciones sindicales, esas formalidades no deben constituirse en un obstáculo para ello. En este sentido es importante transcribir la siguiente recomendación desarrollada por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, extractada de la publicación «La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT»:

«280. Las legislaciones nacionales que prevén el depósito de los estatutos de las organizaciones son compatibles con el artículo 2 del Convenio en la medida en que ese requisito sea una simple formalidad que tenga como objeto garantizar la publicidad de esos estatutos. En cambio, pueden plantearse problemas cuando la ley obliga a las autoridades competentes a invitar a los fundadores de las organizaciones a incorporar en sus estatutos exigencias jurídicas que, en sí mismas, se hallan en contradicción con los principios de la libertad sindical.(Véase 318.º informe, caso núm. 2038, párrafo 530.)»

Por su parte, el artículo 39 de la Constitución Política señala:

«Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.
La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.
La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial.
Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.
No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.»

De la normativa citada se colige, que los sindicatos tienen la potestad de constituirse y organizarse en la forma que decidan conveniente, facultad que tanto la doctrina como la jurisprudencia han considerada como constitutiva de los principios de libertad y autonomía sindical.

Ahora bien, el ordenamiento jurídico colombiano también tiene establecido en diferentes disposiciones normativas, que los sindicatos tienen el deber u obligación de registrar, inscribir o depositar ante el hoy Ministerio del Trabajo, algunas de sus decisiones más trascendentales, tales como la constitución o creación de los mismos, la adopción y modificación de sus estatutos y la elección y cambio en sus órganos directivos.

Sobre el particular, los artículos 363, 365, 366, 367, 369, 370, 371 y 372 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por la Ley 50 de 1990, rezan:

«Artículo 363. Notificación. Una vez realizada la asamblea de constitución, el sindicato de trabajadores comunicará por escrito al respectivo empleador y al inspector del trabajo, y en su defecto, al alcalde del lugar, la constitución del sindicato, con la declaración de los nombres e identificación de cada uno de los fundadores. El inspector o alcalde a su vez, pasarán igual comunicación al empleador inmediatamente.»
(…)

«Artículo 365. Registro sindical. Todo sindicato de trabajadores deberá inscribirse en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de fundación, el sindicato presentará ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, solicitud escrita de inscripción en el registro sindical, acompañándola de los siguientes documentos:
a) Copia del acta de fundación, suscrita por los asistentes con indicación de su documento de identidad;
b) Copia del acta de elección de la junta directiva, con los mismos requisitos del ordinal anterior;
c) Copia del acta de la asamblea en que fueron aprobados los estatutos;
d) Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato, autenticados por el secretario de la junta directiva;
e) Nómina de la junta directiva y documento de identidad.
f) Nómina completa del personal de afiliados con su correspondiente documento de identidad.
Los documentos de que trata los apartes a), b) y c) pueden estar reunidos en un solo texto o acta.»
(…)

«Artículo 366. Tramitación.
1) Recibida la solicitud de inscripción, el ministerio del trabajo y seguridad social, dispone de un término máximo e improrrogable de15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación, para admitir, formular objeciones o negar la inscripción en el registro sindical.
2) En caso de que la solicitud no reúna los requisitos de que trata el artículo anterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social formulara por escrito a los interesados las objeciones a que haya lugar, para que se efectúen las correcciones necesarias.
En éste evento el Ministerio de Trabajo dispone de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud corregida, para resolver sobre la misma.
3) Vencidos los términos de que tratan los numerales anteriores, sin que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social se pronuncié sobre la solicitud formulada, la organización sindical quedará automáticamente inscrita en el registro correspondiente.
4) Son causales para negar la inscripción en el registro sindical únicamente las siguientes:
a) Cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución Nacional, la Ley;
b) Cuando la organización sindical se constituya con un número de miembros inferior al exigido por la ley,
Parágrafo. El incumplimiento injustificado de los términos previstos en el presente artículo hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente.»
(…)

«Artículo 367. Publicación. El acto administrativo por el cual se inscriba en el registro una organización sindical, deberá ser publicado por cuenta de ésta una sola vez en un diario de amplia circulación nacional, dentro de los 10 días siguientes a su ejecutoria. Un ejemplar del diario deberá ser depositado dentro de los 5 días hábiles siguientes en el registro sindical del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.»
(…)

«Artículo 369. Modificación de los estatutos. Toda modificación a los estatutos debe ser aprobada por la asamblea general del sindicato y remitida, para efectos del registro correspondiente, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación, con copia del acta de la reunión donde se haga constar las reformas introducidas y firmadas por todos los asistentes.
Para el registro, se seguirá en lo pertinente, el trámite previsto en el artículo 366 de éste Código.»
(…)

«Artículo 370. Validez de la modificación. Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez ni comenzará a regir, mientras no se efectúe su depósito por parte de la organización sindical, ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.»
(…)

«Artículo 371. Cambios en la junta directiva. Cualquier cambio, total o parcial, en la Junta Directiva de un sindicato debe ser comunicado en los mismos términos indicados en el artículo 363. Mientras no se llene este requisito el cambio no surte ningún efecto.»
(…)

«Artículo 372. Efecto jurídico de la inscripción. Ningún sindicato puede actuar como tal, ni ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos que le correspondan, mientras no se haya inscrito el acta de constitución ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sólo durante la vigencia de esta inscripción.
En los municipios donde no exista Oficina del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la inscripción se hará ante el alcalde, quien tendrá la responsabilidad de enviar la documentación a la oficina del ministerio del municipio más cercano, dentro de las 24 horas siguientes. A partir de la inscripción se surten los efectos legales.»

Las normas trascritas establecen que es deber u obligación de las organizaciones sindicales informar y registrar ante el Ministerio del ramo, decisiones trascendentales adoptadas en ejercicio de los derechos a la libertad y autonomía sindical, tales como la constitución de sindicatos, la modificación de sus estatutos y los cambios en sus directivas.

Vale la pena recordar lo que en la exposición de motivos del proyecto de ley, que a la postre se convirtió en la Ley 50 de 1990, se dijo sobre este asunto:

«En cuanto a la parte del derecho colectivo del trabajo, el proyecto se propone adecuar las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo a los convenios de la O.I.T., ya que en forma reiterada, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de dicho organismo, ha venido formulando observaciones en el sentido de que la legislación nacional no está acorde con los postulados de los precitados convenios. (...).

Así, se establece que las organizaciones sindicales, desde el momento de su formación, gozan de personería jurídica, y por ende, son sujetos de derecho sin autorización o ministerio de autoridad alguna, señalándose que para su ejercicio se requiere de la inscripción en el registro sindical que para tales efectos llevará el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Dicha inscripción no supone de manera alguna que las organizaciones sindicales estén sujetas para su constitución, a autorización previa por parte del Estado. Por el contrario, las mismas existirán como personas jurídicas desde el momento en que se constituyan como tales, pero para poder actuar válidamente ante las autoridades y terceros, como toda persona jurídica, se requerirá de un mínimo de requisitos que deben observarse, que para este caso, es lo que supone la inscripción. (Se subraya)».

Tal como lo expresa uno de los párrafos transcritos, el fin de la inscripción está en que el sindicato pueda válidamente actuar frente a terceros. Por este aspecto, la inscripción cumple únicamente el propósito fundamental que es el de publicidad.

Ahora bien, quiere la Sala resaltar, que la Corte Constitucional, en sede de constitucionalidad, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de señalar, que todo acto de registro que se trate sobre asuntos que pertenezcan al núcleo básico de la libertad y autonomía sindical y deba ser inscrito o depositado ante el Ministerio del ramo, lo será únicamente con propósitos de publicidad, y por lo tanto, el Ministerio deberá acoger lo que sobre el particular le informe la respectiva organización sindical, sin emitir juicios de valor respecto a su legalidad o ilegalidad, es decir, sin realizar control administrativo previo.

En este sentido, se manifestó la Corte en las sentencias C-567 de 2000, C-797 de 2000, C-465 de 2008, C-695 de 2008 y C-734 de 2008, en las que de manera pacífica y uniforme expresó que los actos de registro sindical solo tienen fines de publicidad, como a continuación se detalla:

1) A través de la sentencia C-567 de 2000, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los artículos 365, 366 y 367 del Código Sustantivo del Trabajo, que regulan en su orden lo relacionado con el registro sindical, trámite del mismo y la obligación de su publicación en un diario de circulación nacional; argumentando para el efecto lo siguiente:

«(…) el fin de la inscripción está en que el sindicato pueda válidamente actuar frente a terceros. Por este aspecto, la inscripción cumple los tres propósitos fundamentales que son la publicidad, la seguridad y la prueba. (…).

(…) no infringe el artículo 39 de la Constitución, ni las normas citadas del Convenio 87, el hecho de que en la ley se establezca que la organización sindical recién creada y que ya tiene personería jurídica, cumpla, con posterioridad, con unos requisitos legales para que sea inscrita ante la autoridad correspondiente, para los efectos mencionados de publicidad, seguridad y prueba, de su existencia. (…).

(…) de la misma manera en que se establecieron por el legislador los requisitos de inscripción, más no de existencia, esta obligación de dar publicidad de que un determinado sindicato existe, constituye un requisito proporcionado, especialmente, frente a terceros, que es, en últimas, el propósito que busca la inscripción en el Ministerio de Trabajo de Seguridad Social.»

2) En sentencia C-797 de 2000, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 369 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece la obligación de informar y registrar ante el Ministerio la modificación de los estatutos de los sindicatos, considerando que:

«No se opone a la Constitución la exigencia relativa a que toda modificación de los estatutos, para efectos del registro correspondiente, se remita en el plazo señalado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con copia de los documentos correspondientes, porque dentro de las atribuciones del legislador se encuentra la de asegurar que las reformas estatutarias de los sindicatos, por razones de publicidad y para proteger derechos de terceros, sean registradas oportunamente.»

3) Mediante sentencia C-465 de 2008, la Corte Constitucional declaró ajustado a la norma superior los artículos 370 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo, referidos a la exigencia de informar al hoy Ministerio del Trabajo y a los empleadores, de los cambios en los estatutos y en las juntas directivas de los sindicatos. Dijo la Corte en esa oportunidad, que:

«Ante (…)el riesgo de que el requisito del depósito opere como un trámite de control previo administrativo, la Corte declarará que el artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo es constitucional, por el cargo que fue analizado, pero con un condicionamiento que excluya cualquier interpretación que transforme el depósito en una autorización previa de tipo administrativo. El depósito solo cumple una función de publicidad, compatible con la autonomía sindical. Entonces, la Corte declarará la constitucionalidad de la norma acusada en el entendido de que el depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple exclusivamente con el fin de darle publicidad a la reforma, sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma estatutaria. (…).

(…) la exigencia de informar al Ministerio de la Protección Social y a los empleadores acerca de los cambios efectuados en las juntas directivas de los sindicatos tiene por fin dar publicidad a las decisiones tomadas dentro de la organización, de tal manera que ellas sean oponibles ante terceros – verbigracia para temas como el del fuero sindical – y que los actos que realicen esos dirigentes puedan obligar al sindicato. Lo que la norma acusada persigue es garantizar los derechos del sindicato y de los terceros, a través de la definición acerca de cuándo empiezan a surtir efectos los cambios efectuados en la junta directiva de un sindicato. De esta manera, la comunicación no es un requisito de validez sino de oponibilidad ante terceros.»

4) En sentencia C-695 de 2008, la Corte Constitucional declaró exequible del artículo 372 del Código Sustantivo del Trabajo, referido a la obligación de registrar o inscribir la decisión de constituir un sindicato ante el hoy Ministerio del Trabajo, considerando que:

«…es claro que jurídicamente los sindicatos existen en forma válida en virtud de su constitución, sin intervención o autorización previa por parte del Estado, mediante una declaración de voluntad colectiva, emitida en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, declaración que por exigencia constitucional debe constar en un acta que debe inscribirse en el registro correspondiente.

Ello implica que dicha declaración de voluntad colectiva produce sus efectos jurídicos entre las partes de la misma, o sea, entre los fundadores del sindicato, a partir del momento de su emisión, como ocurre en general en el campo jurídico con las declaraciones de voluntad, en particular en materia de contratos.

En cambio, en relación con los terceros, la declaración de voluntad de constitución del sindicato sólo produce efectos jurídicos, esto es, sólo les es oponible a partir de la comunicación de la misma a ellos, en forma particular o en forma general, esto último mediante publicación.

Este es el efecto propio del principio de publicidad, que tiene predominantemente un fundamento racional, en cuanto en forma general los actos jurídicos sólo producen efectos a partir de su conocimiento, real o presunto, por parte de sus destinatarios, como ocurre por ejemplo con las leyes y los actos administrativos, con los actos procesales según los diversos códigos de procedimiento y con los actos de los particulares en el ámbito contractual.

La relevancia jurídica del principio de publicidad explica su garantía a nivel constitucional como uno de los componentes del debido proceso (Art. 29 C. Pol.) y como uno de los principios que rigen las actuaciones de la Administración Pública (Art. 209 ibídem).

En este orden de ideas, la expresión “su reconocimiento jurídico [del sindicato] se producirá con la simple inscripción del acta de constitución”, contenida en el Art. 39 de la Constitución, debe interpretarse en armonía con el principio de publicidad, en el sentido de que dicho reconocimiento no consiste en el otorgamiento de personería jurídica al sindicato, ni tampoco en un acto declarativo de su existencia válida, por parte del Estado, sino en la oponibilidad o producción de los efectos jurídicos de dicha constitución respecto del Estado, como tercero que es, comprendidas todas sus entidades, frente a los partícipes en la declaración de voluntad colectiva de constitución, o sea, frente a los fundadores del sindicato, y en relación con todos los demás terceros, entre ellos en primer lugar el empleador, a partir de la mencionada inscripción.

22. Con base en lo anterior, teniendo en cuenta que el Art. 372, inciso 1°, del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Art. 50 de la Ley 50 de 1990 y modificado expresamente por el Art. 6° de la Ley 584 de 2000, puede ser interpretado en el sentido de que la inscripción del acta de constitución del sindicato ante el Ministerio de la Protección Social es un requisito de existencia o de validez del sindicato, lo cual sería contrario a lo dispuesto en el Art. 39 de la Constitución Política y en el Art. 2° del Convenio 87 de la OIT, que forma parte del bloque de constitucionalidad, esta corporación declarará exequible en forma condicionada tal expresión, por los cargos examinados en esta sentencia, en el entendido de que la citada inscripción cumple exclusivamente funciones de publicidad, sin que ello autorice al ministerio mencionado para realizar un control previo sobre el contenido del acta de constitución.»

5) La última vez que la Corte se pronunció sobre la materia fue en sentencia C-734 de 2008, en virtud de la cual declaró la exequibilidad del artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece como obligación de todo sindicato informar a la autoridad pública sobre el hecho de su constitución, bajo el siguiente entendido:

«(…) las organizaciones sindicales adquieren personería jurídica desde su fundación, a partir de la fecha de la asamblea de constitución. La exigencia de inscripción del acta de constitución de un sindicato ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social- hoy, Ministerio de la Protección Social- para que pueda actuar como tal sólo tiene finalidad de publicidad, sin que implique control alguno por parte del Ministerio, respetando la no injerencia del Estado en el derecho de constituir una organización sindical, estipulado en el artículo 39 de la Carta Política. (…).

Para la Corte, la comunicación del acto de constitución de un sindicato se dirige a unos sujetos de derecho relacionados directamente con la decisión autónoma de los trabajadores, como lo son el empleador y la autoridad del trabajo o político-administrativa del lugar; además, dicha notificación tiene una finalidad legítima de publicidad y seguridad, ligada al ejercicio de los derechos sindicales por los trabajadores y a la propia gestión de representación sindical.»

De acuerdo con el reiterado, pacífico y uniforme precedente constitucional descrito, los actos administrativos proferidos por el hoy Ministerio del Trabajo mediante los cuales se dispone el registro o inscripción de la constitución de sindicatos, así como de la modificación de sus estatutos y de los cambios en sus juntas directivas, solo tiene fines de publicidad, y no constituye un requisito de validez, así como tampoco de existencia de las decisiones adoptadas por la voluntad colectiva sindical, la cual produce efectos de manera inmediata.

Definido lo anterior, pasa entonces la Sala a estudiar lo relacionado con el procedimiento a seguir para inscribir ante el hoy Ministerio del Trabajo los cambios operados en los órganos directivos sindicales.

Trámite para inscribir ante el Ministerio del Trabajo los cambios de los órganos directivos sindicales

Sobre el particular, el Decreto Reglamentario 1194 de 1994, establece en sus artículos 1.° a 8.°, lo siguiente:

«Artículo 1.º. Los cambios totales o parciales en las juntas directivas, subdirectivas o comités seccionales de las organizaciones sindicales, deberán ser comunicados por escrito una vez realizada la asamblea de elección, por cualquier miembro de la junta entrante o saliente, al respectivo empleador y al inspector de trabajo de la correspondiente jurisdicción o, en su defecto, a la primera autoridad política del lugar, con indicación de los nombres identificación de cada uno de los directivos elegidos. El inspector o el alcalde, a su vez, pasarán igual comunicación inmediatamente al empleador o empleadores.

Artículo 2.º. Los cambios totales o parciales de las juntas directivas, subdirectivas o comités seccionales de las organizaciones sindicales, serán inscritos en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La solicitud de inscripción de las juntas directivas deberá ser presentada por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la asamblea de elección, por el presidente o secretario de la junta, entrante o saliente, acompañada de los siguientes documentos: parte pertinente del acta de elección, suscrita por el secretario general de la organización sindical o por quien haya actuado como secretario de la respectiva asamblea, listado debidamente firmado por los asistentes a la misma, y la nómina de los directivos con indicación de sus nombres y apellidos, documentos de identidad y cargos que les fueron asignados.
En el acta de elección de juntas directivas se hará constar el número total de afiliados a la organización sindical, igualmente, que la elección de los miembros de la junta directiva se realizó por votación secreta, en papeleta escrita o tarjeta electoral y con sujeción a las normas constitucionales legales y estatutarias pertinentes.
Una vez efectuada la elección, los miembros de la junta directiva electa harán la correspondiente designación de cargos. En todo caso, el cargo de fiscal corresponderá a la fracción mayoritaria de las minoritarias.
Parágrafo. Se presume que la elección de juntas directivas sindicales, se efectuó con el lleno de las formalidades legales y que las personas designadas para ocupar cargos en ellas reúnen los requisitos exigidos en la Constitución Política, la ley o los estatutos del sindicato, federación o confederación.

Artículo 3.º. La inscripción de las juntas directivas sindicales corresponde a los funcionarios que para el efecto designe el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El funcionario competente dispondrá de un término máximo e improrrogable de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de radicación de la solicitud en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para inscribir, formular objeciones o negar la inscripción.
En caso de que la solicitud de inscripción no reúna los requisitos de que trata el artículo anterior, el funcionario del conocimiento formulará mediante auto de trámite a los peticionarios, las objeciones a que haya lugar, a fin de que se efectúen las correcciones necesarias. Presentada la solicitud corregida, el funcionario dispondrá de un término máximo e improrrogable de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su radicación, para resolver sobre la misma.
Parágrafo. Se entenderá que se ha desistido de la solicitud de inscripción, si formuladas las objeciones, no se da respuesta en el término de 2 meses. En este evento, se archivará la petición sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente otra solicitud.

Artículo 4.º. Constituye causal para negar la inscripción de las juntas directivas de las organizaciones sindicales, el que la elección sea contraria a la Constitución Política, a la ley o a los estatutos, o que producido el auto de objeciones no se de cumplimiento a lo que en él se dispone.

Artículo 5.º. Durante el trámite de inscripción de una junta directiva no procede ningún tipo de impugnación. La providencia mediante la cual se ordena o no la inscripción, debidamente motivada, deberá notificarse al representante legal de la organización sindical, a quienes hayan suscrito la respectiva solicitud, y al empleador o empleadores correspondientes. Contra la misma, proceden los recursos de ley, interpuestos en la forma prevista en el Código Contencioso Administrativo.

Artículo 6.º. Vencidos los términos de que trata el artículo 3.º del presente Decreto, sin que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se pronuncie sobre la solicitud, la junta directiva se entenderá inscrita en el registro correspondiente, sin perjuicio de las sanciones en que incurra el funcionario responsable de la omisión. En este evento, el funcionario procederá a ordenar la inscripción y notificará a los jurídicamente interesados, advirtiéndoles que contra este acto proceden los recursos de ley, interpuestos en la forma prevista en el Código Contencioso Administrativo.

Artículo 7.º. Dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria de la providencia que decida la solicitud de inscripción de una junta directiva sindical, el funcionario del conocimiento remitirá copia de la misma a la División de Reglamentación y Registro Sindical - Grupo Especializado de Archivo Sindical - en Santafé de Bogotá, para efectos de la anotación correspondiente.
Los directivos elegidos no podrán actuar válidamente mientras no quede ejecutoriada la resolución mediante la cual se ordenó su inscripción en el registro sindical.

Artículo 8.º. En la elección de los miembros de las juntas directivas sindicales, para asegurar la representación proporcional, cuando se vote por 2 o más planchas, listas o tarjetas electorales, se empleará el sistema del cuociente electoral. El cuociente será el número que resulte de dividir el total de los votos válidos por el de puestos por proveer. La adjudicación de directivos a cada plancha se hará en el número de veces que el cuociente quepa en el respectivo número de votos válidos. Si quedaren puestos por proveer, se adjudicarán a los mayores residuos, en orden descendente.»
El Decreto Reglamentario 1194 de 1994, en sus artículos 1.° a 8.° reitera la obligación que tienen las organizaciones sindicales de informar y registrar ante el hoy Ministerio del Trabajo, los cambios en sus órganos directivos. Con ese norte, las normas en comento especifican la documentación que debe ser entregada al Ministerio para que realice la inscripción respectiva, así como los términos o plazos con los que cuentan los funcionarios de la cartera ministerial para realizar dicho trámite.

Las normas en comento también establecen que las elecciones de las juntas directivas de los sindicatos deberán realizarse dando aplicación al sistema de cuociente electoral, con el objeto de asegurar la participación y representación de todas los sectores que puedan estar agrupados en un solo sindicato.

Adicionalmente, las normas trascritas del Decreto Reglamentario 1194 de 1994 establecen, que la solicitud de inscripción de los cambios surtidos en los órganos directivos, puede ser devuelta por el Ministerio cuando no se adjunten los documentos que acrediten dicha decisión, tales como las respectivas actas de asamblea general de trabajadores, entre otras. Así mismo, el reglamento aludido señala que la solicitud de inscripción puede ser negada cuando la elección de la nueva junta sea contraria a la constitución, a la ley o a los estatutos del sindicato.

Pese a ello, el parágrafo del artículo 2º del mencionado Decreto reglamentario establece, que «Se presume que la elección de juntas directivas sindicales, se efectuó con el lleno de las formalidades legales y que las personas designadas para ocupar cargos en ellas reúnen los requisitos exigidos en la Constitución Política, la ley o los estatutos del sindicato, federación o confederación».

Esta última preceptiva concuerda con el criterio que de manera uniforme, reiterada y pacifica ha expuesto la jurisprudencia constitucional en las sentencias C-567 de 2000, C-797 de 2000, C-465 de 2008, C-695 de 2008 y C-734 de 2008, en las que como se vio, señaló que los actos de registro sindical solo tienen fines de publicidad y que la autoridad pública encargada de realizar la inscripción o depósito respectivo no puede realizar control administrativo alguno que conduzca a negar el registro, pues, ello constituiría una limitante inaceptable a los principios y derechos de libertad y autonomía sindical.

En este punto, de manera puntual trae a colación la Sala lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-465 de 2008, antes comentada, en el apartado siguiente:

«…la exigencia de informar al Ministerio de la Protección Social y a los empleadores acerca de los cambios efectuados en las juntas directivas de los sindicatos tiene por fin dar publicidad a las decisiones tomadas dentro de la organización, de tal manera que ellas sean oponibles ante terceros – verbigracia para temas como el del fuero sindical – y que los actos que realicen esos dirigentes puedan obligar al sindicato. Lo que la norma acusada persigue es garantizar los derechos del sindicato y de los terceros, a través de la definición acerca de cuándo empiezan a surtir efectos los cambios efectuados en la junta directiva de un sindicato. De esta manera, la comunicación no es un requisito de validez sino de oponibilidad ante terceros.

20. Ahora bien, en torno a la norma demandada surgen dos preguntas, relacionadas con el punto de la libertad sindical y de la autonomía de las organizaciones sindicales para darse su propia organización y elegir a sus dirigentes.

La primera pregunta se refiere a si el Ministerio de la Protección Social puede negar el registro de los cambios aprobados por un sindicato en su junta directiva. La Corte considera que no. De acuerdo con el principio de la autonomía sindical es el sindicato el que decide quiénes son sus dirigentes. En realidad, la comunicación al Ministerio equivale al depósito de una información ante él. La administración no puede negarse a inscribir a los miembros de la junta directiva que han sido nombrados con el cumplimiento de los requisitos exigidos. Ello constituiría una injerencia indebida de la administración en la vida interna de las organizaciones sindicales. Si el Ministerio – o el empleador – considera que una persona no puede ocupar un cargo de dirección en un sindicato debe acudir a la justicia laboral para que sea ella la que decida sobre el punto.

21. El segundo interrogante se dirige a establecer desde cuándo tienen eficacia los cambios en la integración de la junta directiva de un sindicato. Esta pregunta tiene diferentes respuestas, de acuerdo con los sujetos interesados en esas modificaciones en la junta directiva. Así, por ejemplo, en virtud del principio de autonomía sindical, los cambios realizados deben tener efecto inmediato en relación con el sindicato, es decir que entrarán en vigor tan pronto como él mismo lo decida, sin tener que cumplir ninguna condición externa.

Distinta es la situación de los empleadores, el Gobierno y los terceros, sobre los cuales también tienen repercusiones los cambios aprobados en la composición de la junta directiva de un sindicato. En el caso de los dos primeros, la Corte considera que los cambios tienen efectos a partir del momento en que el sindicato les informe sobre ellos. Y puesto que el depósito de la comunicación respectiva en el Ministerio cumple con el requisito de publicidad sobre esas modificaciones, ha de entenderse que a partir de ella los cambios en la junta directiva son oponibles a los terceros. Ciertamente, a partir de esa comunicación el Ministerio está en condiciones de expedir certificaciones acerca de quiénes representan al sindicato.»

De acuerdo con lo expuesto, el registro que las organizaciones sindicales realizan ante el Ministerio del Trabajo del cambio efectuado en sus directivas, sólo tiene fines de publicidad, por lo que este no puede negarse a inscribir dichas decisiones. En ese orden, los actos administrativos que ordenan la inscripción sindical constituyen instrumentos de registro que no expresan la voluntad de la administración de crear, modificar o crear relación jurídica alguna, sino que simplemente protocolizan el deposito que la organización sindical realiza de su voluntad colectiva de modificar la composición de su órgano de dirección, ante la administración pública, y solo para para fines de publicidad.

Teniendo claro entonces lo relacionado con el contenido y alcance de la prohibición de que un sindicato tenga más de un órgano directivo por municipio, así como la naturaleza y fines de la exigencia de tramitar ante el Ministerio del Trabajo el registro de los cambios efectuados en las juntas directivas sindicales, pasa la Sala a estudiar el caso en concreto a efectos de resolver el problema jurídico planteado.

Análisis del caso en concreto

Teniendo claro entonces, el marco normativo y jurisprudencial que gobierna el caso, procede la Sala a precisar en estricto orden cronológico, a partir del contenido del acto administrativo demandado y de las demás pruebas documentales que obran en el proceso, la actuación administrativa adelantada con ocasión de la elección e inscripción de las mencionadas juntas subdirectivas de la Seccional Barranquilla del SINDESS en el año 1995:

En asamblea general de trabajadores realizada el 3 de junio de 1995, el SINDESS, Seccional Barranquilla, eligió su junta subdirectiva, por lo que dicha organización sindical procedió a solicitar su inscripción o registro ante el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ente que devolvió la solicitud de inscripción alegando que carecía de algunos de los requisitos exigidos por el artículo 2 del Decreto 1194 de 1994, antes trascrito.

Entre tanto, según informa el actor en la demanda, al SINDESS se fusionó el Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Universitario de Barranquilla, SINTRAHEMOSBA, por lo que dichos sindicatos solicitaron al entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que registrara dicha unión.

Posteriormente, en asamblea general de trabajadores llevada a cabo el 18 de julio de 1995, en la que participaron tanto el SINDESS como el SINTRAHEMOSBA, se eligió una nueva junta directiva, que reflejara la nueva composición del sindicado luego de la fusión.

La solicitud de inscripción de esta nueva junta fue elevada por el SINDESS ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 26 de julio de 1995.

Pese a que la solicitud de registro de la fusión entre las mencionadas organizaciones sindicales se encontraba en trámite ante el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dicha cartera ministerial, mediante Resolución 0400 de 4 de agosto de 1995, resolvió inscribir la nueva junta subdirectiva del SINDESS, Seccional Barranquilla, resultante de la fusión.

Entre tanto, el SINDESS, Seccional Barraquilla, aportó al Ministerio los documentos que le requirió con ocasión del trámite de inscripción de la primera junta subdirectiva, es decir, la elegida en la asamblea general de trabajadores celebrara el 3 de junio de 1995; razón por la cual el Ministerio procedió a registrar, mediante Resolución 1491 de 19 de septiembre del mismo año, la junta subdirectiva del mencionado sindicato, que se reitera, fue la inicialmente elegida en asamblea general de trabajadores el 3 de junio de 1995.

Teniendo en cuenta que el Ministerio de Trabajo, mediante Resolución 1491 de 19 de septiembre de 1995, inscribió una nueva junta subdirectiva para la Seccional Barranquilla del SINDESS, varios de los miembros de la junta directiva inscrita por orden de la Resolución 400 de 4 de agosto de 1995, solicitaron al Ministerio la revocatoria de esta última, por cuanto la consideraron violatoria del artículo 55 de la Ley 50 de 1990; que establece la prohibición de que un sindicato tenga más de una directiva por municipio. Petición a la cual la mencionada cartera ministerial no accedió alegando, en oficio de 7 de noviembre de 1996, que había perdido competencia para resolverla toda vez que, a su juicio dicho, acto administrativo ya se encontraba en firme y solo podía ser controvertido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa.

Por medio de «auto» 491 de 20 de octubre de 1995, el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social negó la solicitud de registro de la fusión entre SINDESS, Seccional Barranquilla, y SINTRAHEMOSBA, esgrimiendo para el efecto, que la solicitud de fusión no reunía los requisitos de ley.

Finalmente, a solicitud del accionante, el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social certifica, el 21 de agosto de 1996, que la junta subdirectiva vigente de SINDESS, Seccional Barranquilla, es la inscrita mediante Resolución 1491 de 1995, o sea, la inicialmente elegida en asamblea general de trabajadores realizada en el 3 de junio de 1995.

De acuerdo con lo expuesto, se tiene que la junta subdirectiva del SINDESS, Seccional Barranquilla, inscrita por la Resolución 400 de 4 de agosto de 1995, fue elegida en la asamblea general de trabajadores celebrada el 18 de julio de 1995, en la que también participaron los trabajadores SINTRAHEMOSBA, que para ese entonces se había fusionado con el SINDESS, operación que para ese momento se encontraba en trámite de inscripción ante el Ministerio de Trabajo.

En este punto, surge entonces la inquietud de ¿por qué, luego de registrar la junta subdirectiva elegida en asamblea general de trabajadores de 18 de julio de 1995, el SINDESS, Seccional Barranquilla, reactivó o continuó el trámite adelantado inicialmente ante al hoy Ministerio del Trabajo, tendiente a solicitar la inscripción de la junta subdirectiva elegida con anterioridad, en asamblea general de trabajadores realizada en el 3 de junio de 1995?

Del procedimiento administrativo descrito infiere la Sala, que el SINDESS, Seccional Barranquilla, tenía la expectativa que el hoy Ministerio del Trabajo registrara la fusión con SINTRAHEMOSBA, por lo cual, realizó una segunda asamblea general de trabajadores el 18 de julio de 2015 que incluyera a los empleados de este último sindicato, con el objeto de elegir una junta subdirectiva en donde tuviesen participación ambas organizaciones sindicales.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el Ministerio aún no había resuelto sobre la solicitud de inscripción de la fusión del SINTRAHEMOSBA al SINDESS, este último decidió reactivar o continuar con el trámite de inscripción de la junta subdirectiva que se eligió inicialmente en la asamblea general de trabajadores realizada el 3 de junio de 1995, sin la participación de SINTRAHEMOSBA.

En ese sentido, se tiene que la voluntad colectiva de la organización sindical SINDESS consistente en solicitar al Ministerio la inscripción de la junta directiva inscrita por la Resolución 400 de 4 de agosto de 1995, resultante de la fusión de los mencionados sindicatos, fue reemplazada por la decisión del mismo SINDESS, de reactivar o continuar con el trámite de inscripción de la junta elegida en asamblea general de trabajadores el 3 de junio de 1995, sin la participación de SINTRAHEMOSBA.

Y es entonces cuando, mediante la Resolución 1491 de 19 de septiembre de 1995, el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social inscribe o registra la junta subdirectiva que corresponde, se insiste, a la que inicialmente se eligió en asamblea general de trabajadores el 3 de junio de 1995, sin la participación de SINTRAHEMOSBA.

En ese sentido, las circunstancias descritas constitutivas del procedimiento administrativo adelantado ante el Ministerio del Trabajo, no implican que las dos juntas subdirectivas se encontraban vigentes y que en consecuencia, la Seccional Barranquilla del SINDESS tuviese dos organismos directivos, contrariando la prohibición contenida en el artículo 55 de la Ley 50 de 1990, antes trascrito.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional anteriormente expuesta, según la cual, el registro sindical sólo tiene fines o efectos de publicidad, el hecho de que la organización sindical decidiera reactivar o continuar con el trámite de la solicitud de registrar la voluntad colectiva sindical expresada en la primera asamblea general de trabajadores de 3 de junio de 2015, aun cuando hubiere surgido en el interregno otra voluntad, no confiere al Ministerio del Trabajo competencia para devolver o negar el registro.

Entones, para la Sala la solicitud del SINDESS, Seccional Barranquilla, dirigida al entonces Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, pidiendo reactivar o continuar con el trámite de inscripción o registro de la junta subdirectiva elegida el 3 de junio de 1995, para lo cual aportó la documentación que dicho ente le había requerido, implicó la decisión de renovar sus órganos directivos, por lo que nunca existieron dos juntas subdirectivas vigentes.

Por lo tanto, nunca se materializó una vulneración a la prohibición de conformar más de una junta subdirectiva o comité en un mismo municipio contenida en el artículo 55 de la Ley 50 de 1990.

En ese orden de ideas, no se configura la causal de nulidad de violación normativa propuesta como cargo único por el accionante al invocar como desconocido, el referido artículo 55 de la Ley 50 de 1990 que prohíbe la existencia de varias juntas directivas seccionales en un mismo sindicato.

Razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO.- Dejar sin efectos el numeral primero del auto de 28 de noviembre de 2014, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió «declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del presente proceso, a partir inclusive del auto que inadmitió la demanda de fecha 27 de febrero de 2008…».

SEGUNDO.- NEGAR la pretensión de nulidad de la Resolución 0400 de 4 de agosto de 1995, expedida por el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de su Dirección Regional del Atlántico, por medio de la cual resolvió inscribir una junta directiva de la Seccional Barranquilla del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (SINDESS).

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sección Segunda, Subsección B, en sesión de la fecha, por los Consejeros:

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

De 14 de octubre de 2015, visible a fl. 120 del exp.
El 19 de diciembre de 1996 ante el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Invocado para el efecto el artículo 84 del Decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.
Hoy denominada Dirección Territorial.
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social.
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social.
Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Universitario de Barranquilla.
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social.
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social.
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social.
Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Universitario de Barranquilla.
Hoy denominada Dirección Territorial.
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social.
Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Universitario de Barranquilla.
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social.
Fls. 15-17 del exp.
Con ponencia del Magistrado Enrique A. Llinás Salazar.
Código Contencioso Administrativo.
Hoy Ministerio del Trabajo.
Folios 18-21 del expediente.
Hoy denominada Dirección Territorial.
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social.
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social.

Con ponencia del Magistrado Enrique A. Llinás Salazar, visible a fl. 26 del expediente.
A través de oficio de 11 de febrero de 2000, visible a fl. 30 del exp.
Con ponencia del Magistrado Judith Romero Ibarra, visible a fl. 35 del exp.
Con ponencia de la magistrada Judith Romero Ibarra, visible a fls. 37 – 38 del exp.
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social.
Hoy Ministerio del Trabajo.
El 23 de agosto de 2005, según constancia visible a fl. 39 del exp.; el 18 de enero de 2006, según constancia visible a fl. 40 del exp.; el 17 de agosto de 2007, según constancia visible a fl. 41 del exp.; y el 26 de febrero de 2008, según constancia visible a fl. 42 del exp.
Folios 47-48 del expediente.
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social.
Folios 50 a 92 del exp.
Folios 94-95 del exp.
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social.
El 21 de agosto de 2008, según constancia visible a fl. 96 del exp.; el 8 de octubre de 2008, según constancia visible a fl. 97 del exp.; el 27 de febrero de 2009, según constancia visible a fl. 100 del exp.; y el 23 de agosto de 2011, según constancia visible a fl. 105 del exp.
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social.
Folio 108 del exp.
Folios 109-112 del expediente.
Con ponencia del Magistrado Rafael Augusto Borge Mendoza.
Artículo 128.  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10931" \l "2" Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 597 de 1988,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3992" \l "1" Modificado por el art. 36, Ley 446 de 1998Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden.
Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.
Folios 116-117 del expediente.
Folio 119 del expediente.
Código Contencioso Administrativo.
Ib.
Código Contencioso Administrativo.
Hoy Direcciones Territoriales.
Hoy Ministerio del Trabajo.
Por medio de la cual resolvió inscribir la junta directiva de la Seccional Barranquilla del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (SINDESS).
Hoy Ministerio del Trabajo.
Hoy denominadas Dirección Territorial.
Por el cual se reestructura el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Por el cual se reestructura el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Por el cual se reestructura el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hoy Direcciones Territoriales. Hoy Direcciones Territoriales. Hoy Direcciones Territoriales. Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio del Trabajo y se integra el Sector Administrativo del Trabajo. Por el cual se reestructura el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hoy Ministerio del Trabajo. Hoy denominada Dirección Territorial. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Código Contencioso Administrativo. Código Contencioso Administrativo. Código Contencioso Administrativo. Reglamento del Consejo de Estado. Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Universitario de Barranquilla. Ib. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. M.P. Dra. Clara Inés Vagas Hernández, febrero 1 de 2006. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. La obra es publicada por la Oficina Internacional del Trabajo. Los apartes aquí transcritos provienen de la quinta edición, de 2006. Se puede encontrar en la siguiente dirección electrónica:
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_090634.pdf
Sobre el contenido y alcance de los principios de libertad y autonomía sindical se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-043 de 2008, C-063 de 2008, C-465 de 2008, C-466 de 2008, C-617 de 2008, C-734 de 2008, C-593 de 2014, C-018 de 2015 y C-180 de 2016. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Con ponencia del magistrado Alfredo Beltrán Sierra. Con ponencia del Magistrado Antonio Barrera Carbonell. Con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa. Con ponencia del Magistrado Jaime Araujo Rentería. Con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo. En ese mismo sentido explicó el tratadista mexicano Mario De La Cueva, que «el registro sindical es el acto por el cual, la autoridad da fe de haber quedado constituido el sindicato. En consecuencia es un acto meramente declarativo y en manera alguno constitutivo». DE LA CUEVA, Mario. «El nuevo derecho mexicano del trabajo», Vol. II, Editorial Porrúa, México 1979, pág. 337. Por el cual se reglamentan los artículos 363 y 391 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por los artículos 43 y 54 de la Ley 50 de 1990, respectivamente; 371 del mismo Código y el artículo 55 de la Ley 50 de 1990. Por el cual se reglamentan los artículos 363 y 391 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por los artículos 43 y 54 de la Ley 50 de 1990, respectivamente; 371 del mismo Código y el artículo 55 de la Ley 50 de 1990. Por el cual se reglamentan los artículos 363 y 391 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por los artículos 43 y 54 de la Ley 50 de 1990, respectivamente; 371 del mismo Código y el artículo 55 de la Ley 50 de 1990. Con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. En el expediente no obra copia de la referida asamblea general, esta circunstancia fáctica la deriva la Sala del contenido de la Resolución 1491 de 19 de septiembre de 1995. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social.

Se desconoce la fecha de dicha solicitud, puesto que en el expediente no obra copia de la misma, esta circunstancia fáctica la deriva la Sala del contenido de la Resolución 1491 de 19 de septiembre de 1995. Se desconoce la fecha del acto administrativo de trámite que devolvió la solicitud de inscripción de la junta subdirectiva elegida el 3 de junio de 1995, esta circunstancia fáctica la deriva la Sala del contenido de la Resolución 1491 de 19 de septiembre de 1995. Por el cual se reglamentan los artículos  HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_sustantivo_trabajo_pr012.htm" \l "363" 363 y  HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_sustantivo_trabajo_pr013.htm" \l "391" 391 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por los artículos  HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0050_1990.htm" \l "43" 43  y  HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0050_1990_pr001.htm" \l "54" 54 de la Ley 50 de 1990, respectivamente; HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_sustantivo_trabajo_pr012.htm" \l "371" 371 del mismo Código y el artículo  HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0050_1990_pr001.htm" \l "55" 55 de la Ley 50 de 1990. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. En el expediente no obra copia del acta de asamblea general de trabajadores donde deciden fusionarse. En el expediente no obra copia de la solicitud dirigida al hoy Ministerio del Trabajo para que registrara la fusión descrita. En el expediente no obra copia de la referida asamblea general, esta circunstancia fáctica la deriva la Sala del contenido de la Resolución 400 de 4 de agosto de 1995. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Universitario de Barranquilla. Se desconoce la fecha de dicha solicitud, puesto que en el expediente no obra copia de la misma, esta circunstancia fáctica la deriva la Sala del contenido de la Resolución 400 de 4 de agosto de 1995. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Visible a folios 1 y 2 del expediente
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. En el expediente no obra copia del oficio o memorial por medio del cual el sindicato aportó la documentación requerida, esta circunstancia fáctica la deriva la Sala del contenido de la Resolución 1491 de 19 de septiembre de 1995. Visible a folios 5 y 6 del expediente. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. En el expediente no obra copia de dicha solicitud. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Visible a folios 8 y 9 del expediente. Visible a folios 7 del expediente. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Universitario de Barranquilla. Visible a folios 4 del expediente. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Universitario de Barranquilla. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Universitario de Barranquilla. Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Universitario de Barranquilla. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Universitario de Barranquilla. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Universitario de Barranquilla. Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Universitario de Barranquilla. Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.

Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.

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