Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00205-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00205-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2015-00205-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
8 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero: Racafé & Cia S.C.A.1
Tema: Registro como marca del signo “CAFÉ SANTA ANA
DE MATITUY” (mixto), para distinguir productos
comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la
Clasificación Internacional de Niza
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida en contra de las Resoluciones 27584 de 29 de abril de 20142 y
78860 de 19 de diciembre de 20143 expedidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo
mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” para distinguir productos comprendidos en
la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por
Inversiones Pozo Azul S.A.S.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda4
1. La sociedad Inversiones Pozo Azul S.A.S., a través de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de
la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:
“[…] PRIMERO.- Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resolución No. 27584 del 29 de abril de 2014, expedida por la Directora de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual
se negó el registro de la marca Café Santa Ana de Matituy (Mixta), solicitado
por la Sociedad INVERSIONES POZO AZUL S.A.S.
• Resolución No. 00078860 del 19 de diciembre de 2014, expedida por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual se confirmó
la anterior resolución.
1
Antes Rafael Hermanos & CIA S.C.A.
2
Folios 5 a 10 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”.
3
Folios 11 a 18 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.
4
Folios 20 a 40 C pp.
2
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Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
SEGUNDO.- Para el restablecimiento del derecho de mi representada se
ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, Unidad de Signos
Distintivos, que acceda al registro de la marca Café Santa Ana de Matituy
(Mixta), para distinguir “Cafó tostado y molido”, productos comprendidos en la
Clase 30 Internacional de Niza, solicitado por INVERSIONES POZO AZUL
S.A.S. […]”.5 (negrilla y mayúsculas del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda6
2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los
siguientes:
3. El apoderado de la parte demandante señaló que, el 26 de noviembre de 2012, la
sociedad Inversiones Pozo Azul S.A.S., solicitó el registro como marca mixta del signo
“CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” para identificar productos de la clase 307 del
nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son:
“[…] CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO […]”.
4. Indicó que, una vez publicada la solicitud de registro en la gaceta de la propiedad
industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
5. Anotó que, a través de la Resolución 27584 de 29 de abril de 2014, la directora de
la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió negar el registro como marca del
signo mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” para distinguir productos de la
mencionada clase 30. Ello, argumentado que el signo era similarmente confundible
con la marca nominativa “MATITUY” que identifica productos de la misma clase, y
cuyo titular es Racafé & Cia S.C.A.8, de conformidad con el artículo 136 literal a) de la
Decisión 486 de 2000. Frente a esta decisión la sociedad Inversiones Pozo Azul S.A.S.
presentó recurso de apelación.
6. Aseveró que, mediante la Resolución 78860 de 19 de diciembre de 2014, el
Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso
de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 27584, y considerando que el
signo estaba incurso en la causal absoluta de irregistrabilidad prevista en el artículo
135 literal i) ibidem.
I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación9
I.1.2.1. Fundamento de derecho
7. La parte demandante propuso como cargos de nulidad los relacionados con el
desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo
5
Folios 20 y 21 C pp.
6
Folios 21 a 24 C pp.
7
Versión 10. Folio 19 C pp.
8
Antes Rafael Hermanos & CIA S.C.A.
9
Folios 25 a 38 C pp.
3
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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
cual señaló como quebrantadas: i) la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la
Comunidad Andina, artículos 135 literal i) y 136 literal a); ii) la Constitución Nacional,
artículos 23 y 29; y iii) Ley 1437 de 18 de enero de 201110, artículo 80 inciso 2.°.
I.1.2.2. El concepto de violación
8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se
encuentran viciadas de nulidad, toda vez que con su expedición se violó el artículo 29
de la Constitución Nacional y la Ley 1437, artículo 80 inciso 2.°. Esto, toda vez que:
“[…] En la Resolución No. 00078860 del 19 de Diciembre de 2014, el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial, acogiendo los argumentos de la apelación
presentada por la sociedad INVERSIONES POZO AZUL S.A.S. consideró que la marca
(mixta) “Café Santa Ana de Matituy” no se encontraba incursa en la causal de
irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, como lo
había considerado la División de Signos Distintivos en la resolución objeto de revisión. En
consecuencia lo pertinente era revocar la resolución apelada y en su lugar acceder al
registro solicitado, pues carecía de competencia en esa instancia procesal para entrar a
analizar nuevos motivos de irregistrabilidad o aspectos distintos a los que fueron objeto del
recurso de apelación. Sin embargo el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial confirmó la decisión apelada de negar el registro solicitado por mi
mandante porque encontró configurada la causal de irregistrabilidad establecida en
el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486; dicha causal no había sido contemplada
en la instancia inferior, ni surgía del recurso propuesto, y por tanto el Superintendente
no tenía competencia para invocarla; al hacerlo incurrió en violación directa del inciso
segundo del artículo 80 del C.P.A.C.A., antes transcrito, expidiendo un acto incongruente
con el recurso de apelación que resolvía […]”.(Resaltado fuera del texto).
9. Argumentó que el cotejo marcario debe hacerse en su conjunto, es decir, sin
descomponer la unidad de casa signo distintivo. Es así como, en este caso, el signo
solicitado está compuesto por cinco palabras “y los trazos caligráficos predominantes”,
por lo que no es semejante a la marca “MATITUY”, pues dicha de denominación es
“secundaria”.
10. Indicó, teniendo en cuenta lo anterior, que el signo no reproduce la marca
previamente registrada y, en ese sentido, no está incurso en la causal de
irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
11. Explicó que “[…] la inclusión de la palabra Matituy en la marca cuyo registro se ha
negado, alude al lugar donde la sociedad tiene su sede y realiza su actividad societaria
[…] [Por tanto] la inclusión del lugar geográfico en la marca “Café Santa Ana de
Matituy” no convierte a ésta en engañosa ni susceptible de generar una distorsión en
el mercado, puesto que es completamente cierto que la finca denominada Santa Ana,
donde la sociedad tiene su sede y realiza su producción, está ubicada precisamente
en el Corregimiento de Matituy, que pertenece al Municipio de la Florida, del
Departamento de Nariño […]”.
10
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
4
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12. Manifestó que la SIC, con la expedición de la Resolución 78860 de 19 de diciembre
de 2014, violó el artículo 135 literal i) de la Decision 486 de 2000, debido a que “[...] la
condición para que pueda ser usada una indicación de procedencia en relación con
un producto o servicio es que corresponda a la verdad, y en el caso concreto de la
marca solicitada, la palabra MATITUY corresponde a una región del Departamento de
Nariño, y que los productos que se distinguen con esa marca son originarios de esa
región, sin que exista por tanto la mínima posibilidad de falsedad, confusión o engaño
a los medios comerciales o al público sobre su procedencia geográfica […]”.
13. Advirtió que la SIC violó el artículo 23 de la Constitución Política comoquiera que
“no adoptó una decisión sobre los motivos de reproche que fueron propuestos por la
apelante y que habían sido acogidos en la parte motiva. [..] Su decisión de confirmar
el acto recurrido obedeció al estudio de una nueva causal de irregistrabilidad que
encontró probada no obstante que, se reitera, dicha causal no fue objeto de
pronunciamiento por el funcionario de primera instancia y consecuencialmente
tampoco fue objeto del recurso […]”.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio11
14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que
se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las
resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en las
normas legales vigentes.
15. Explicó que el signo solicitado incluye la palabra MATITUY, la cual es débil, en tanto
hace referencia a una zona geográfica, y, en consecuencia, “CAFÉ SANTA ANA DE
MATITUY” da información acerca de la procedencia de sus productos. Ahora, al
cotejar los signos distintivos en conflicto “encontramos que el signo solicitado cuenta
con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos
produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de
coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación”, por lo que no se
encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a)
de la Decisión 486 de 2000.
16. Sostuvo que la denominación “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” es susceptible de
crear en la mente del consumidor una idea errónea con respecto de la calidad de los
productos café tostado y molido, pues MATITUY hace referencia al nombre de un
corregimiento del Municipio de Florida, ubicado en el Departamento de Nariño, “[…] y
a su vez corresponde a una zona geográfica donde se produce el café protegido por
la denominación de origen CAFÉ DE NARIÑO, el cual se destaca por ser un “café
arábigo lavado que crece en la zona de producción cafetera específica definida, y que
procesado, se caracteriza por ser un café de alta acidez, cuerpo medio, notas dulces,
11
Folios 57 a 68 C pp.
5
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limpio, suave y con aroma muy pronunciado’’. En consecuencia, el signo solicitado es
engañoso y puede generar una distorsión en el mercado […]”.
II.2. Intervención de la sociedad Racafé & Cia S.C.A.12
17. La sociedad Racafé & Cia S.C.A. contestó la demanda en la que se opuso a las
pretensiones de la parte demandante y adujo que es titular de la marca “MATITUY”
desde el año1995.
III. TRÁMITE DEL PROCESO
18. La sociedad Inversiones Pozo Azul S.A.S. presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho el 28 de abril de 201513 en contra de las Resoluciones
27584 de 29 de abril de 2014 y 78860 de 19 de diciembre de 2014, expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.
19. Por autos de 19 de febrero de 201614 y 21 de mayo de 201815 se admitió la
demanda, se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio; y se vinculó
a la sociedad Racafé & Cia S.C.A.16. El 6 de marzo de 2016 y el 29 de marzo de
201817 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.
20. A través de providencia de 22 de junio de 201918 se fijó fecha para llevar a cabo
audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 5 de
julio de 201919.
21. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se
fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y
se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181
de la Ley 1437.
22. Mediante auto de 29 de julio de 201920 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de
los artículos 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se
suspendió el proceso.
23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial
501-IP-2019 de 28 de febrero de 202021 dentro de la cual interpretó los artículos 135
literal i) y 136 literal a) de la Decisión Andina, en la cual dicho tribunal consideró que:
12
Folios 89 y 90 C pp.
13
Folio 1 C pp.
14
Folios 43 y 45 C pp.
15
Folio 76 C pp.
16
Antes Rafael Hermanos & CIA S.C.A.
17
Folios 45 vto y 82 C pp.
18
Folio 101 C pp.
19
Folios 111 a 119 C pp.
20
Folios 122 a 126 C pp.
21
Folios 135 a 145 C pp.
6
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“[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal i) del
Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.
[…]
E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica,
fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos.
[…]
1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea
idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un
tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos
no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión
(directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El
riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […].
[…]
1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede
ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d)
Gráfica o figurativa.
[…]
2. Comparación entre signos mixtos y denominativos
[…]
2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos
mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor,
puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya
sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar
un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de
cada caso.
2.5 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y
mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor
influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
[…]
3. Irregistrabilidad de signos engañosos (Marco General)
[…]
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3.2. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a
los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica,
la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.
[…]
3.5. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor
una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus
características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su
empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de
registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige
a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter
engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí
mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir
[…]” (mayúscula y negrilla del original).
24. Mediante auto de 13 de julio de 202022 se prescindió de la realización de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y,
en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
25. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Inversiones Pozo Azul S.A.S.23
y la SIC24 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su
parte la sociedad Racafé & Cia S.C.A. y el Ministerio Público guardaron silencio.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. Competencia
26. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 149 25 de la Ley 1437,
la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única
instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo
434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas
secciones de la Corporación.
IV.2. La formulación del problema jurídico
27. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 27584 de 29 de
abril de 2014 y 78860 de 19 de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria
y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca al signo
mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” para distinguir productos comprendidos la
clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la
sociedad Inversiones Pozo Azul S.A.S.
22
Folio 149 C pp.
23
Folio 164 a 166 C pp.
24
Folios 159 a 162 C pp.
25
“[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones,
Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de
los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.
8
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28. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY”
solicitado para la clase 30 del nomenclátor internacional, y la marca nominativa
“MATITUY”26 para identificar productos de la misma clase, cuyo titular es Racafé &
Cia S.C.A.27, tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configuran las
causales de irregistrabilidad previstas en: i) los artículos 135 literal i) y 136 literal a)
de la Decisión 486 de 2000; así como lo dispuesto en ii) la Constitución Nacional,
artículos 23 y 29; y iii) Ley 1437 de 18 de enero de 201128, artículo 80 inciso 2.°.
29. Así, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y
el análisis del caso concreto.
IV.3. La identificación de los actos demandados
30. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 27584
de 29 de abril de 2014 y 78860 de 19 de diciembre de 2014 expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el
registro como marca del signo mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” para
distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación
Internacional de Niza, solicitada por Inversiones Pozo Azul S.A.S.
IV.4. Análisis del caso concreto
31. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca
del signo mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” para distinguir productos
comprendidos en la clase 30, estos son: “[…] CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO […]”.
32. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad
por cuanto, a su juicio, la SIC violó su derecho al debido proceso, al momento de negar
la solicitud de registro. Ello, en tanto que, por un lado, en la Resolución 27584 de 29 de
abril de 2014, se negó al considerar que es similarmente confundible con la marca
“MATITUY”. Y por el otro, en la Resolución 78860 de 19 de diciembre de 2014, se negó
con fundamento en una causal de irregistrabilidad diferente, esto es, el artículo 135 literal
i) de la Decisión 486 de 2000.
33. Asimismo, argumentó que el signo solicitado: i) solicitado no es semejante a la marca
previamente registrada puesto que tiene elementos adicionales diferenciadores y la
palabra reproducida, MATITUY, es débil; y ii) no es engañoso ni susceptible de crear
distorsión en el mercado.
34. Adicionalmente adujo que la SIC “no adoptó una decisión sobre los motivos de
reproche que fueron propuestos por la apelante y que habían sido acogidos en la parte
motiva, [...] excediendo los límites del derecho de petición ejercido”.
26
Certificado 181.804 Versión 7.
27
Antes Rafael Hermanos & CIA S.C.A.
28
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
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35. Descendiendo al caso concreto, y de la revisión del expediente del proceso de la
referencia, la Sala advierte que:
36. La sociedad Inversiones Pozo Azul S.A.S., solicitó el 14 de enero de 2013, registro
como marca del signo mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY” para distinguir
productos de la clase 30 del nomenclátor internacional.
37. La SIC, mediante la resolución 27584 de 29 de abril de 2014, negó el registro
como marca del signo indicado supra. Al respecto, se indicó que:
“[…] En efecto, como bien se puede verificar, el signo solicitado reproduce en su totalidad
la estructura gramatical y ortográfica de la marca previamente registrada, y pese a la
variación en el elemento denominativo y en el elemento gráfico, no existe una clara
diferenciación con el signo registrado, toda vez, que hay similitud fonética en el
componente denominativo de los signos, esto es, las expresiones MATITUY I CAFÉ
SANTA ANA DE MATITUY. Por lo anterior, puede ocurrir que los consumidores crean
que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial y por
obvias razones las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad
se trata de empresarios distintos.
[…]
De lo anterior, se establece que el signo solicitado pretende identificarproductos (sic) que
pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por la marca registrada, de
manera que se presenta entre los productos así cotejados, una relación género
especie. Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado
difícilmente podrían identificar los productos de su preferencia (confusión directa) y el
distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).
[…]
En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de
irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina […]” (Resaltado fuera del texto).
38. A través de la Resolución 78860 de 19 de diciembre de 2014, el Superintendente
Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra el acto indicado supra, en el sentido de confirmar la Resolución
27584. Sobre lo esto, dispuso que:
“[…] La Delegatura con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de
confundibilidad considera que dé (sic) la impresión de conjunto de las marcas analizadas
no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen
confusión. Si bien. El signo solicitado incluye la partícula MATITUY, dicha expresión resulta
bastante débil, en tanto hace referencia a una zona geográfica, y en el presente caso el
signo CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY la utiliza para dar información acerca de la
procedencia de sus productos. De este modo, analizando los signos enfrentados en su
conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que el signo solicitado cuenta
con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan
una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no
generarían riesgo de confusión ni de asociación.
10
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[…]
Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz
de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la
relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que
el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.
Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra
incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del
artículo 136 de la Decisión 486.
[…]
Así las cosas, la expresión CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY es susceptible de
crear en la mente del consumidor una idea errónea con respecto de la calidad de
los productos “café tostado y molido’’, en tanto la partícula MATITUY hace
referencia a al nombre de un corregimiento del Municipio de Florida, ubicado en el
Departamento de Nariño, y a su vez corresponde a una zona geográfica donde se
produce el café protegido por la denominación de origen CAFÉ DE NARIÑO con
certificado No. 7, Expediente No. 09-34754 , el cual se destaca por ser un “café
arábigo lavado que crece en la zona de producción cafetera específica definida, y
que procesado, se caracteriza por ser un café de alta acidez, cuerpo medio, notas
dulces, limpio, suave y aroma muy pronunciado".
En consecuencia, el signo CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY es engañoso y
puede generar una distorsión en el mercado.
[…]
Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está
comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135
literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”.
(Resaltado fuera del texto).
De la vulneración del artículo 29 de la Constitución Nacional
39. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que la SIC, mediante la
resolución 27584 de 29 de abril de 2014, negó el registro como marca del signo
indicado supra, al considerar que estaba incurso en la causal de irregistrabilidad
prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Adicionalmente, a
través de la Resolución 78860 de 19 de diciembre de 2014, resolvió el recurso de
apelación interpuesto contra el acto indicado supra, en el sentido de confirmar la
Resolución 27584, pero con fundamento en la causal de irregistrabilidad prevista en
el artículo 135 literal i) ibidem.
40. Teniendo en cuenta lo anterior, la parte demandante, en el escrito de demanda,
argumentó que la SIC incurrió en una violación al artículo 29 de la Constitucional
Nacional, por cuanto, a su juicio, la SIC violó su derecho al debido proceso al negar la
solicitud de registro con fundamento en causales de irregistrabilidad diferentes.
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Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
41. Esta Sección, en relación con el derecho al debido proceso, en sentencia de 23 de
junio de 202329, consideró que:
“[…] El derecho que comprende a todas las personas de acceso a un proceso justo y
adecuado. Es entonces la garantía infranqueable que debe acompañar a todos aquellos
actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones
como establecer prerrogativas. Si bien la preservación de los intereses de la administración
y el cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un mandato imperativo
de todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse
a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales
de los asociados.
La Corte Constitucional, desde la Sentencia T-442 de 1992, desarrolló ampliamente la
esencia del derecho fundamental al debido proceso administrativo, al señalar que éste se
mueve dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos
administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la
administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales.
De esa manera, el debido proceso cobija todas las manifestaciones de la administración,
en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los
particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad
administrativa debe desarrollar.
Conforme a lo anterior, las actuaciones administrativas deben adelantarse conforme a las
reglas previstas en la ley o reglamentos, garantizándose el debido proceso, obviamente, a
quien dentro de lo reglado de una u otra forma se ha hecho partícipe en la actuación, o que
queriéndolo hacer en debida forma, la administración no se lo permita injustificadamente.
Por tanto, a quien no se le adelanta un proceso ni se hace parte de él o sus resultados no
lo involucran, le resulta impropio concluir que se le puede violentar el derecho consagrado
en el artículo 29 de la Constitución.
[…]
En el campo específico de los procedimientos administrativos, la Corte ha explicado
que las garantías que integran el derecho son, entre otras: i) el derecho a conocer el
inicio de la actuación; ii) a ser oído durante el trámite; iii) a ser notificado en debida forma;
iv) a que se adelante por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias
de cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas;
vii) a gozar de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y
contradicción; ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por la parte
contraria; x) a que se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se
adopte y a xii) promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del
debido proceso […]”.
42. Asimismo, esta Sala, en sentencia de 31 de mayo de 2018 expuso el criterio 30
reiterado de la Sección31,
considerando que realizar un cambio en la motivación
expuesta en los actos administrativos expedidos al momento de resolver los recursos
interpuestos, conlleva una violación al debido proceso, pues imposibilita que la parte
sea escuchada en el trámite del procedimiento administrativo y, en consecuencia, que
29
Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 23 de junio de 2023; C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00155-00.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia de 31 de mayo de 2018. C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2003-00523-00.
31
Criterio que ya había sido fijado respectivamente por la sala en sentencias de 9 de marzo de 2006 y 1°. de
febrero de 2018, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2001-00061-01 y 2009-00599-
00, C.P. María Claudia Rojas Lasso y C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
ejerza su derecho de defensa y contradicción, así como de presentar pruebas e
impugnar la decisión adoptada. En dicha providencia se concluyó que:
“[…] la autoridad administrativa, tras constatar que se había cancelado el registro de la
marca opositora, invocó una nueva marca, «MANIA» (nominativa), con certificado de
registro 262.611, la cual fue el sustento de la autoridad administrativa para negar el registro
de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), cuya solicitud de registro fue presentada el día
17 de marzo de 2000, conforme se acredita con la certificación expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio que reposa al folio 212 del cuaderno principal,
esto es, con posterioridad a la solicitud presentada por la sociedad BESTFOOD para
registrar la marca «MAYO MANIA» (nominativa), que corresponde al día 29 de octubre de
1998. II.3.2.4.12.- Con dicho comportamiento, la Superintendencia de Industria y Comercio,
negó la posibilidad a la precitada sociedad de ser oída en el trámite del procedimiento
administrativo, así como el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción y la
posibilidad de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada, en la medida en que,
frente a la nueva situación planteada por la administración, se negó cualquier tipo de
controversia, violándose el debido proceso de la sociedad precitada, previsto en el artículo
29 de la Carta Política, como el principio de contradicción establecido en el artículo 3° del
CCA, que indica que «[…] los interesados tendrán la oportunidad de conocer y de
controvertir esas decisiones por los medios legales […]», máxime cuando se puede
evidenciar que se invocó, oficiosamente, como marca opositora, un signo distintivo cuya
solicitud de registro fue presentada con posterioridad a la marca aquí cuestionada, lo cual
resulta contrario a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, tal y como
fueron interpretadas en la Interpretación Prejudicial 137-IP-2012, rendida para este
proceso, por lo que el cargo tiene vocación de prosperidad […]”.
43. En este mismo sentido, esta Sección, en sentencia de 29 de mayo de 2025 32,
expuso que:
“[…] de acuerdo con la motivación de los actos acusados, transcrita supra, es posible
concluir que la parte demandada al resolver el recurso de apelación presentado
contra la Resolución núm. 72122 de 27 de noviembre de 2012, modificó el
fundamento para negar el registro del signo nominativo “COMPARTAMOS”, para
identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional Niza.
[…]
La Sala considera que los actos acusados vulneraron el debido proceso administrativo
debido a que, por un lado, en el primer acto, esto es, la Resolución núm. 72122 de 27 de
noviembre de 2012, se resolvió negar el registro del signo “COMPARTAMOS”, con
fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de
la Decisión 486 de 2000.
Por otro lado, en la Resolución núm. 56620 de 27 de septiembre de 2013, la parte
demandada, confirmó el acto recurrido, en el sentido de afirmar que […] se encontraba
incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal b), de la Decisión
486 de 2000, al carecer de distintividad.
Además de lo anterior, la Sala pone de presente que si bien es cierto que la
cancelación del registro marcario “COMPARTIR” se produjo con posterioridad a la
expedición de la Resolución núm. 72122, también lo es que dicho hecho modificó
sustancialmente el fundamento jurídico sobre el cual se sustentó la negativa inicial
al registro del signo “COMPARTAMOS”. De esta forma, la administración no podía
32
Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 29 de mayo de 2025; C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón (E2); núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2014-00148-00
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
simplemente confirmar el acto recurrido con base en una nueva causal sin permitir
a la parte solicitante pronunciarse ni ejercer los recursos propios de la sede
administrativa.
En vista de lo anterior, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados, toda vez que es
evidente que la parte demandada al resolver el recurso de apelación presentado por la
parte demandante, en el trámite del proceso administrativo, modificó el sustento
argumentativo con base en el cual había negado el registro del signo nominativo
“COMPARTAMOS”, vulnerando de esta manera el derecho al debido proceso
administrativo de la parte demandante, y se abstendrá de pronunciarse en relación con los
demás cargos descritos en el problema jurídico expresados supra […]”. (Resaltado fuera
del texto).
44. Al respecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada al
expedir la Resolución 78860 de 19 de diciembre de 2014, donde resolvió el recurso
de apelación interpuesto en el trámite administrativo, modificó el fundamento para
negar el registro del signo “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY”, para identificar
productos de la clase 30 del nomenclátor internacional. Ello en tanto que, en principio
se negó con ocasión de la causal prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión
486 de 2000, y, posteriormente, se concluyó que el signo estaba incurso en la causal
de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal i) ibidem.
45. Es así como dicho cambio en la motivación para negar el registro conlleva una
violación al debido proceso, ya que impide que el solicitante sea escuchado en el
trámite del procedimiento administrativo, en el sentido de ejercer su derecho de
defensa y contradicción, así como de presentar pruebas e impugnar la decisión.
46. Ahora bien, la Sala precisa que la SIC no podía simplemente confirmar el acto
recurrido con base en una nueva causal sin permitir a la parte solicitante, esto es la
parte demandante, pronunciarse y ejercer los recursos en el procedimiento
administrativo.
IV.5. Conclusión
47. En ese contexto, la SIC, al expedir los actos acusados violó lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Nacional, por lo que la Sala declarará la nulidad, y se abstendrá
de pronunciarse respecto de los demás cargos, esto es, los relacionados con la
violación de los artículos 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000; 23
de la Constitución Nacional y 80 inciso 2.° de la Ley 1437.
48. En consecuencia, la Sala ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio
que proceda a realizar el estudio para determinar la procedencia de la registrabilidad
del signo mixto “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY”, para identificar productos de la
clase 30 del nomenclátor internacional, tal y como ha sido el criterio reiterado de esta
Sección, en el cual se ha considerado33:
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Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 29 de mayo de 2025; C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón (E2); núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2014-00148-00
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
“Sobre el restablecimiento del derecho
La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho que
se ordenara a la parte demandada “[…] 2.2 Que como consecuencia de la
anterior declaración a título de restablecimiento del derecho se ordene a la
Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la
marca COMPARTAMOS en clase 36 internacional según la solicitud No.
11-179.346 en favor de mi representada […]”.
La Sala considera que corresponde a la oficina nacional de propiedad
industrial efectuar el estudio correspondiente, garantizando el debido
proceso administrativo, respecto de la solicitud de registro del signo
nominativo “COMPARTAMOS”, para identificar servicios de la Clase 36 de
la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la parte demandante,
por lo que se ordenará a la parte demandada, a título de
restablecimiento del derecho, realizar el estudio de la solicitud de
registro del precitado signo, tal como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
[…]
La Sala considera que corresponde a la oficina nacional de propiedad
industrial efectuar el estudio correspondiente, garantizando el debido
proceso administrativo, respecto de la solicitud de registro del signo
nominativo “COMPARTAMOS”, para identificar servicios de la Clase 36 de
la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la parte demandante,
por lo que se ordenará a la parte demandada […]” (Resaltado fuera del
texto).
49. Así las cosas, se reitera que cuando se presenta una vulneración al debido proceso
que afecta la validez del procedimiento administrativo, no resulta procedente que el
juez sustituya la competencia técnica de la administración para decidir de fondo sobre
el registro marcario solicitado. En cambio, lo que corresponde es restablecer la
situación jurídica al momento previo a la afectación, de modo que la autoridad
administrativa realice el estudio, respetando el derecho de defensa, contradicción y
los demás principios que rigen las actuaciones administrativas.
50. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen
causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de
la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00205-00
Demandante: Inversiones Pozo Azul S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 27584 de 29 de abril de 2014
y 78860 de 19 de diciembre de 2014, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de
Industria y Comercio, proceda a llevar a cabo el estudio sobre la registrabilidad del
signo como marca mixta “CAFÉ SANTA ANA DE MATITUY”, para identificar productos
de la clase 30 del nomenclátor internacional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la
parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las
anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Salva voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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