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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2015-00274-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00274-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00274-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante. TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Número único de radicación: 110010324000 2015 00274 00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2015-00274-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Acción de nulidad relativa
Número único de radicación: 110010324000 2015 00274 00
Demandante: Integral de Servicios Técnicos S.A.S.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Terceros con interés: Integral S.A.

Tema: Se aplica el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la
Comisión de la Comunidad Andina. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la demandante,
la sociedad Integral de Servicios Técnicos S.A.S., en contra de la
Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las
resoluciones núms. 33015 de 26 de mayo de 20141 y 75755 de 15 de diciembre
de 20142.

I. ANTECEDENTES

1. La sociedad Integral de Servicios Técnicos S.A.S. presentó demanda contra
la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada 3,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 4, el

1 “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”
2 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”
3 Por intermedio de apoderada judicial.
4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

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cual se interpretó5 como acción de nulidad relativa6, para que se declare la
nulidad de las resoluciones núms. 33015 de 26 de mayo de 2014 y 75755 de 15
de diciembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio
a través de la Directora de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para
la Propiedad Industrial, respectivamente.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar a la parte demandada la
cancelación del registro de la marca INTEGRAL, que identifica servicios de la
clase 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza,
concedida a favor de la sociedad Integral S.A.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 33015 de fecha
26 de mayo de 20014 (sic), proferida por la Directora de Signos Distintivos, en
el expediente administrativo No. 13- 244495, la cual concede el registro de la
marca INTEGRAL, para distinguir servicios de la clase 42, a favor de la
sociedad INTEGRAL S.A.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 75755 de fecha 15
de diciembre de 2014, notificada mediante edicto desfijado el 23 de enero de
2015, la cual confirma la resolución No. 33015.

TERCERA: Que como consecuencia de las (sic) anterior declaración, a título
de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de la marca INTEGRAL,
para distinguir servicios de la clase 42.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que
se sirva dar aplicación al artículo 309 del C.C.A.

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la propiedad Industrial […]”.
(Negrilla del texto original).

5 Cfr. Folios 83 al 86. del expediente en físico principal, visible en el índice 57 del aplicativo “SAMAI”
6 De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la

Comunidad Andina “[…] Régimen Común sobre Propiedad Industrial […]”.

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Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

4.1. Que la sociedad Integral S.A., solicitó ante la parte demandada el registro
como marca del signo INTEGRAL para distinguir servicios de la clase 42 de la
Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la
cual fue objeto de oposición por la parte demandante con base en sus registros
marcarios: INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS, INTEGRAL DE SERVICIOS
TECNICOS, INTEGRAL DRILLING SERVICES, INTEGRAL SEISMIC
SERVICES, INTEGRAL TECHNICAL SERVICES e INTEGRAL PETROLEUM
SERVICES que identifican servicios de las clases 35, 36, 37, 38, 39 y 42 de la
Clasificación Internacional de Niza.

4.3. Que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio, mediante la Resolución núm. 33015 de 26 de mayo de 2014: i)
declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Integral de Servicios
Técnicos S.A.S.; y ii) concedió el registro de la marca INTEGRAL para distinguir
servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Que la sociedad Integral de Servicios Técnicos S.A.S. interpuso recurso
apelación contra la Resolución núm. 33015 de 26 de mayo de 2014.

4.5. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la
Resolución núm. 75755 de 15 de diciembre de 2014, confirmó la decisión
contenida en la Resolución núm. 33015 de 26 de mayo de 2014.

Normas violadas

5. La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 136,
literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000.

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Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación con los siguientes argumentos:

Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Que la SIC contrarió la normativa andina, específicamente lo consagrado en
el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que al conceder el registro
signo INTEGRAL, mediante los actos administrativos cuya nulidad se solicita,
pasó por alto que este no cumple con los requisitos de perceptibilidad,
distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por la norma en
mención.

6.2. Que la marca solicitada carece de distintividad al no ser novedosa, razón
por la cual no posee la capacidad para identificar productos y servicios en el
comercio, habida cuenta de que resulta confundible y conexa competitivamente
respecto de los signos de titularidad de la demandante.

Violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000

6.3. Que la parte demandada realizó una indebida aplicación de los
presupuestos contenidos en la norma en mención, toda vez que, al efectuar el
análisis comparativo entre las marcas previamente registradas de propiedad de
la parte demandante y el signo INTEGRAL concedido para identificar servicios
de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, concluyó erradamente
que no existe riesgo de confusión, a pesar de ser signos distintivos prácticamente
idénticos.

6.4. En relación con el examen de confundibilidad, afirmó que los signos
presentan similitud gráfica, fonética y conceptual. Frente el aspecto gráfico,
manifestó que tanto en las marcas de titularidad de la demandante como en el
signo concedido su distintividad recae en la palabra INTEGRAL. En cuanto al
aspecto fonético, indicó que las marcas poseen la misma sílaba inicial, ubicación

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vocálica y terminación. Finalmente, en lo atinente al criterio de lo conceptual,
manifestó que evocan una misma idea o concepto, al hacer uso del vocablo
“INTEGRAL”.

6.5. En cuanto a la conexión competitiva, concluyó que atendiendo a su
naturaleza y cobertura resulta evidente la conexidad competitiva existente entre
las marcas cotejadas.

Violación del artículo 136, literal b) de la Decisión 486 de 2000

6.6. Por otra parte, indicó que dado el objeto social de la sociedad demandante
al ser comparado con la cobertura del signo INTEGRAL concedido para identificar
servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se evidencia
una relación de conexidad que permite concluir que el signo en mención es
prácticamente idéntico al nombre comercial de la parte demandante, motivo por
el cual se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136,
literal b) de la Decisión 486 de 2000.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones
formuladas por la parte demandante, con fundamento en los siguientes
argumentos:

7.1. De manera inicial, manifestó que con la expedición de las resoluciones
sometidas a control de legalidad no se incurrió en ninguna violación contenida en
la Decisión 486 de 2000 alegadas por la parte demandante, tomando en cuenta
que dichos actos fueron expedidos por la autoridad competente, con observancia
las formalidades y tramites establecidos por la ley y con el propósito de preservar
el orden jurídico que demanda nuestro régimen de propiedad industrial.

7 Actuando por intermedio de apoderado.
8 Cfr. Folios 98 al 109. del expediente en físico principal, visible en el índice 57 del aplicativo “SAMAI”

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7.2. Frente al cargo relacionado con la vulneración del artículo 134 ibidem,
indicó que la marca concedida mediante los actos demandados cumple a
cabalidad con los presupuestos contenidos en la norma, lo cuales son: i) la
perceptibilidad; ii) la suficiente distintividad; y iii) la susceptibilidad de
representación gráfica. En consecuencia, este cargo no está llamado a prosperar.

7.3. Agregó que la causal de irregistrabilidad estudiada en sede administrativa
corresponde a la prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de
2000, respecto de la cual no se advierte vulneración alguna, toda vez que, de
manera acertada, se pudo concluir que los signos en su conjunto no son
similarmente confundibles.

7.4. Señaló que el signo concedido está conformado por elementos nominativos
y gráficos dispares a los que integran las marcas opositoras de titularidad de la
demandante. Así, cada uno de los signos posee la capacidad de transmitir al
consumidor una imagen o una idea sobre los productos amparados, lo que les
confiere la distintividad suficiente para coexistir pacíficamente en el mercado.

7.5. Finalmente, afirmó que los signos cotejados si bien comparten la palabra
INTEGRAL, en la cual recae su distintividad, esta es de uso común para
identificar los servicios de las clases reivindicadas, por ende, inapropiable por un
único actor en el mercado, por ser entonces de libre uso. En consecuencia, los
signos pueden coexistir pacíficamente sin generar riesgo de confusión y/o
asociación.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso – Integral S.A.

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso9 contestó la
demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante
argumentando lo siguiente:

9. Sostuvo, en relación con el cargo del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000,
que la normativa en mención no hace referencia a la distintividad de un signo, ni

9 Actuando por intermedio de apoderado.
10 Cfr. Folios 110 al 134. del expediente en físico principal, visible en el índice 57 del aplicativo “SAMAI”

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a su genericidad o descriptividad, sino que hace alusión a que un signo puede o
no constituirse como marca en sentido objetivo.

9.1. Manifestó que la palabra INTEGRAL no es de uso exclusivo de la parte
demandante, pues existen tanto en el Sistema de la Propiedad Industrial - SIPI
como en el Registro Único Empresarial y Social - RUES varios actores en el
comercio que hacen uso de dicha expresión, por lo cual se constituye como un
término débil y de libre uso.

9.2. A su vez, adujo que la marca concedida por parte de la Superintendencia
de Industria y Comercio mediante los actos demandados es de naturaleza mixta,
compuesta por el vocablo INTEGRAL y un arte particular, elementos que hacen
a la marca visualmente disímil respecto a los signos opositores, motivo por el cual
el análisis de registrabilidad efectuado fue correcto.

9.3. Frente al aspecto fonético y gramatical indicó que la extensión de los
signos cotejados es diferente dada su composición y, por ende, difieren entre sí,
estudio llevado a cabo por la parte demandada de manera acertada.

9.4. Respecto de la vulneración del artículo 136, literal b) de la Decisión 486 de
2000, expuso que no existe prueba sobre el uso constante en el comercio del
nombre comercial o enseña comercial, y que no basta solo con su depósito, se
requiere demostrar de forma idónea su uso en el comercio, y que, por ende, este
cargo no está llamado a prosperar.

9.5. Finalmente, sostuvo que, a diferencia de la parte demandante, la sociedad
Integral S.A. ha usado en el comercio por más de 60 años la expresión
INTEGRAL, el cual es anterior al alegado por la actora, por lo que tiene un mejor
derecho sobre el nombre comercial.

Audiencia inicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de septiembre de 201911,
convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial. La audiencia

11 Cfr. Folio 201. del expediente en físico principal, visible en el índice 57 del aplicativo “SAMAI”

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inicial se efectuó el 16 de septiembre de 201912, se declaró saneado el proceso;
fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró
precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto de práctica de
pruebas y realizó el respectivo control de legalidad.

11. La parte demandante en comunicación de 4 de abril de 2025 13, solicitó la
terminación del proceso teniendo en cuenta lo previsto en el inciso cuarto del
artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que las marcas base
de la acción se encontraban caducadas. Sobre el particular, la Sala considera
que la mencionada solicitud hace parte de la decisión de la presente sentencia.

Interpretación prejudicial

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de enero de 202614,
atendiendo al Acuerdo 06-2023-TJCA, de 7 de julio de 2023, mediante el cual se
aprobó una nota informativa sobre la guía para la aplicación del criterio jurídico
interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial,
consideró: i) dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico
interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los
criterios jurídicos de la interpretaciones prejudiciales núms. 344-IP-202215, 350-
IP-202216, 218-IP-202017, 49-IP-201818 y 231-IP-202119 dictada por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina para proferir la sentencia en el proceso de
la referencia.

Alegatos de conclusión

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto 24 de marzo de 202620, ordenó a
las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de

12 Cfr. Folio 209 al 223. del expediente en físico principal, visible en el índice 57 del aplicativo “SAMAI”.
13
Cfr. Índice núm. 69 del aplicativo “SAMAI”
14 Cfr. Índice núm. 79 del aplicativo “SAMAI”
15 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023.
16 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023.
17 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021.
18 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3388 de 3 de octubre de 2018.
19 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5337 del 11 de octubre de 2022.
20 Cfr. Índice núm. 98 del aplicativo web “SAMAI”.

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conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad
procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

13.1. La parte demandante no se pronunció en esta etapa procesal21.

13.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la
demanda22 y, finalmente, propuso las excepciones de “[…] LEGALIDAD Y
PRESUNCIÓN DE ACIERTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO […]”, “[…] FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA […]” y “[…] SUSTRACCIÓN
DE MATERIA POR DESAPARICIÓN DEL OBJETO PROCESAL […]”, indicando
finalmente que, dado que la demandante se encuentra liquidada, su NIT ha sido
cancelado y sus marcas han caducado, deben ser negadas la totalidad de las
pretensiones de la demanda.

13.3. El tercero con interés directo en el resultado del proceso se pronunció en
esta etapa procesal23 solicitando al despacho la aplicación de los presupuestos
contenidos en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, lo anterior
toda vez que las marcas de titularidad del demandante se encuentran caducadas,
con lo cual concluyó que no hay lugar para declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados.

Concepto del Ministerio Público

13.4. El agente del Ministerio Público se pronunció en esta oportunidad procesal 24
en los siguientes términos:

13.5. Consideró que, una vez realizado el cotejo marcario entre los signos
antecedentes de titularidad de la parte demandante y la marca concedida al
tercero con interés directo en el resultado del proceso, desde el campo
ortográfico, gráfico y conceptual, se concluye que estos presentan diferencias
sustanciales capaces de superar el riesgo de confusión y/o asociación, lo cual
permite su coexistencia de manera pacífica.

21 Cfr. Índice núm. 99 del aplicativo web “SAMAI”.
22 Cfr. Índice núm. 103 del aplicativo web “SAMAI”.
23 Cfr. Índice núm. 95 del aplicativo web “SAMAI”.
24 Cfr. Índice núm. 96 del aplicativo web “SAMAI”.

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13.6. Debido a lo anterior, expresó que no se debe declarar la nulidad de los actos
demandados toda vez que la parte demandante no logró desvirtuar la presunción
de legalidad de los actos demandados, por lo que no están llamados a prosperar
los cargos de la demanda.

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de enero de 202625, ordenó
a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema
de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte
del estado actual de los siguientes registros: i) las marcas mixta y nominativa
INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS, con certificados de registro núms. 481372 y
486750, que identifican servicios de las clases 35, 36, 37, 38, 39 y 42 de la
Clasificación Internacional de Niza; ii) las marcas mixtas INTEGRAL DE
SERVICIOS TECNICOS, con certificados de registro núms. 401319, 401320,
401321, 401322, 401323 y 401324, que identifican en su orden servicios de las
clases 36, 42, 38, 37, 35 y 39 del nomenclador internacional; iii) las marcas mixtas
INTEGRAL DRILLING SERVICES, INTEGRAL SEISMIC SERVICES e
INTEGRAL TECHNICAL SERVICES, con certificados de registro núms. 443602,
442185 y 442186 respectivamente, que identifican servicios de la Clase 37
ibídem; y iv) la marca mixta INTEGRAL PETROLEUM SERVICES, con certificado
de registro núm. 436617, que identifica servicios de la Clase 39 del nomenclador
internacional, referidos a la sociedad Integral de Servicios Técnicos S.A.S.
demandante.

14.1. La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación26 dio cumplimiento
a lo ordenado supra, incorporó el reporte al expediente y corrió traslado a las
partes e intervinientes por el término de tres (3) días. Todos guardaron silencio
en esta oportunidad procesal27.

II. CONSIDERACIONES

25 Cfr. Índice núm. 79 del aplicativo “SAMAI”
26 Cfr. Índice núm. 86 del aplicativo web “SAMAI”.
27 Cfr. Índice núm.88 del aplicativo web “SAMAI”.

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15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el
marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; v) desarrollos
jurisprudenciales; y vi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

16. De conformidad con el numeral 8°28 del artículo 14929 de la Ley 1437 de 18
de enero de 201130 sobre la competencia del Consejo de Estado en única
instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 31,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre distribución de negocios
entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se
observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede
a resolver el caso sub examine.

Los actos acusados

18. Los actos acusados son los siguientes:

18.1. La Resolución núm. 33015 de 26 de mayo de 2014, mediante la cual la
Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
concedió el registro de la marca mixta INTEGRAL para distinguir servicios
comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de
la sociedad Integral S.A.

28 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales,
con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes
asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”.
29 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se

Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011
– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la
jurisdicción […]”.
30 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

[…]”.
31 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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18.2. La Resolución núm. 75755 de 15 de diciembre de 2014 mediante la cual
el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia
de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en la que confirmó la
Resolución núm. 33015 de 26 de mayo de 2014.

El problema jurídico

19. Le corresponde a la Sala determinar:

19.1. Si es procedente o no la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la
Decisión 486 de 2000 en relación con la caducidad de los certificados de registro
núms. 481372, 486750, 401319, 401320, 401321, 401322, 401323, 401324,
443602, 442185, 442186 y 436617 de las marcas nominativas y mixtas
INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS, INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS,
INTEGRAL DRILLING SERVICES, INTEGRAL SEISMIC SERVICES,
INTEGRAL TECHNICAL SERVICES e INTEGRAL PETROLEUM SERVICES
referidos a la sociedad Integral de Servicios Técnicos S.A.S., parte demandante.

19.2. En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 33015 de 26 de mayo de
2014 y 75755 de 15 de diciembre de 2014 vulneran el artículo 136, literales a) y
b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia,
determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos
acusados.

19.3. La Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de
vulneración del 134 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se excluirá del
problema jurídico, toda vez que el presente asunto está relacionado con la
eventual confusión entre signos y no con el concepto de marca.

Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca

20. De acuerdo con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no
podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen
dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

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21. A su vez, el artículo 174 ibidem establece que el registro de la marca
caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo
interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de
gracia; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine
la legislación nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que la
caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación ocurre
cuando: i) su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses
siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la
concesión de dicho registro marcario; o ii) no ha pagado las tasas
correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000,
por lo que estas corresponden a un modo de extinción del derecho de uso
exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática32.

Consejo de Estado

23. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación
del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar
la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser
aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado
que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en
las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a
la solicitud de registro […]”33.

32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79-

IP-2015 de 3 de junio de 2015.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de

2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201.

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24. En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada
jurisprudencia34, dando aplicación al inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486
de 2000, ha sostenido que la norma comunitaria andina prevé que en aquellos
supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser
aplicable al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción
no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto
administrativo que concede el derecho de registro35.

Análisis del caso concreto

25. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales
antes indicados, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es
procedente o no la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de
2000 en relación con la configuración de la caducidad de los registros núms.
481372, 486750, 401319, 401320, 401321, 401322, 401323, 401324, 443602,
442185, 442186 y 436617 de las marcas nominativas y mixtas INTEGRAL
ENERGY SOLUTIONS, INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS, INTEGRAL
DRILLING SERVICES, INTEGRAL SEISMIC SERVICES, INTEGRAL
TECHNICAL SERVICES e INTEGRAL PETROLEUM SERVICES referidos a la
sociedad Integral de Servicios Técnicos S.A.S., parte demandante.

26. La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el
expediente del proceso, en los reportes del estado actual descargados del
Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI- aparece que los
certificados de registro núms. 48137236, 48675037, 40131938, 40132039,

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de

2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia
de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación
11001032400020110045500.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero

de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300,
11001032400020090022700 y 11001032400020090050300.
36 Vigente hasta el 19 de diciembre de 2023.
37 Vigente hasta el 31 de marzo de 2024.
38 Vigente hasta el 28 de mayo de 2020.
39 Vigente hasta el 28 de mayo de 2020.

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40132140, 40132241, 40132342, 40132443, 44360244, 44218545, 44218646 y
43661747 se encuentran caducados48.

27. La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la
Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de
pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido,
los derechos que tenía la parte demandante se extinguieron como consecuencia
de la caducidad.

28. Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo que las marcas mixtas y
nominativas INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS, INTEGRAL DE SERVICIOS
TECNICOS, INTEGRAL DRILLING SERVICES, INTEGRAL SEISMIC
SERVICES, INTEGRAL TECHNICAL SERVICES e INTEGRAL PETROLEUM
SERVICES con registros núms. 481372, 486750, 401319, 401320, 401321,
401322, 401323, 401324, 443602, 442185, 442186 y 436617, se encuentran
caducadas, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de
nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido,
se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4° del artículo 172 de la
Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí
prevista.

29. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que no resulta necesario realizar
el examen sobre la presunta vulneración del artículo 136, literales a) y b) de la
Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, formulada en el acápite del
problema jurídico de este proveído, comoquiera que la Sala ha establecido que
en estos casos la sentencia pone fin al proceso. En consecuencia, así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

40 Vigente hasta el 28 de mayo de 2020.
41 Vigente hasta el 28 de mayo de 2020.
42 Vigente hasta el 28 de mayo de 2020.
43 Vigente hasta el 28 de mayo de 2020.
44 Vigente hasta el 21 febrero de 2022.
45 Vigente hasta el 21 febrero de 2022.
46 Vigente hasta el 21 febrero de 2022.
47 Vigente hasta el 30 noviembre de 2021.
48 Cfr. Índice núm. 83 del expediente digital en “SAMAI”.

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30. Finalmente, con ocasión a lo manifestado por la parte demandada en los
alegatos de conclusión en torno a declarar como probadas las excepciones de
“[…] LEGALIDAD Y PRESUNCIÓN DE ACIERTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO
[…]”, “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA […]” y “[…]
SUSTRACCIÓN DE MATERIA POR DESAPARICIÓN DEL OBJETO
PROCESAL […]”, esta Sala se abstendrá de pronunciarse sobre lo planteado,
toda vez que los reproches no fueron formulados y sustentados en el momento
procesal oportuno.

Condena en costas

31. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen
causadas ni probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el
inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner
fin al proceso.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la
Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso
de la referencia, previas las anotaciones de ley.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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