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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00314-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00314-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: RECONOCER personería al abogado Carlos Alberto Vélez Alegría, para actuar en representación de la Nación – Ministerio De Educación Nacional, en los términos y para los fines del poder a él otorgado. CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2015-00314-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-24-000-2015-00314-00
Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Convalidación de título académico otorgado en el
extranjero
Decisión: Negar la nulidad de los actos administrativos demandados

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por el señor José Erasmo Cuervo Carmona contra las
Resoluciones núms. 9918 de 24 de junio de 20141, 16415 de 8 de octubre de 20142 y
03836 de 19 de marzo de 20153.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor José Erasmo Cuervo Carmona, por intermedio de apoderado judicial,
presentó demanda4 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), con el
propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal):

PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en
las Resoluciones, número 9918 (24 de junio 2014), Resolución número 16415
(08 de octubre 2014), resolución No. 03836 de (19 de marzo del 2015) por
Ministerio de Educación Nacional en la cual se dio respuesta negativa a la
convalidación del título de doctorado en filosofía, radicado el 4 de julio de 2013
con el número SAC no. 508103 con solicitud en el fólder No. 46333.

SEGUNDO: Para efectos del restablecimiento de mi derecho, se inaplique, por
las razones jurídicas que se expondrán en el aparte pertinente de esta
demanda, Resolución Número 5547 (1 DIC. 2005), Ministerio de Educación
Nacional, por la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación
de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras o por

1 «Por medio de la cual se archiva una solicitud de convalidación».
2 «Por medio de la cual se decide el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 9918

del 24 de junio de 2014».
3 «Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación».
4 La demanda fue radicada el 20 de abril de 2015 y obra en el índice 59 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001-03-24-000-2015-00314-00
Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el
respectivo país, para expedir títulos de educación superior y sentencias
constitucionales aplicables a la Resolución Número 5547 (1 Dic. 2005).

TERCERO: Con el fin de restablecer mis derechos, se inaplique, por las
razones que se plantearan en el acápite correspondiente a las normas violadas
y concepto de la violación, Resolución Número 5547 (1 DIC. 2005), Ministerio
de Educación Nacional, por la cual se define el trámite y los requisitos para la
convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior
extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad
competente en el respectivo país y se restablezca el derecho violado a la
convalidación en las Resoluciones número 9918, 16415, 03836, por Ministerio
de Educación Nacional.

CUARTO: Se declare que tengo derecho a que se me reconozca la validación
de título de Doctor of Philosophy, otorgado el 12 de junio del 2011 (sic5) por
Anglican Seminary of Virginia (a Magisterium Institution) Anglican Church of
Virginia Incorpo. No. 0614294-7 y accredited The College of bishops of
Anglican Church internacionl comunión, Virginia Estados Unidos por el
Ministerio de Educación Nacional.

QUINTO: Obligación del Estado, derecho de homologar convalidación del
doctorado en filosofía. Violación del derecho, negar la convalidación, violado e
infringió el debido proceso, la buena fe, derecho a la igualdad y oportunidades
ante la ley, derecho de escoger profesión como libertad auténtica, consagrados
en los artículos 13, 26, 27, 29 en la constitución política de Colombia como
derechos fundamentales e inviolables.

SEXTO: Que, como consecuencia de lo anterior, se realicen las actuaciones
según la ley establece y se restablezca el derecho a la convalidación del título
doctorado en filosofía:

a) Que se ordene a la entidad demandada restablezca el derecho violado a la
convalidación del título doctorado en filosofía (negrita y subrayado del original).

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones, el demandante señaló que, el 12 de
julio de 2011, obtuvo el título de Doctor of Philosophy, otorgado por el Anglican
Seminary of Virginia.

Indicó que, el 4 de julio de 2013, presentó ante el Ministerio de Educación Nacional la
solicitud de convalidación del título, identificada con el núm. SAC 508103 y el fólder
núm. 46333. Para tal efecto, afirmó haber aportado el diploma, el certificado de
calificaciones y el plan de estudios, debidamente apostillados y traducidos al español;
la copia de su documento de identidad; el formulario suministrado por la entidad, y el
comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Manifestó que, durante el trámite administrativo, el Ministerio le solicitó una
certificación expedida por el Departamento de Educación de los Estados Unidos o por
la autoridad competente, en la que constara el reconocimiento de la institución
otorgante y su facultad para expedir títulos de educación superior. En respuesta,
aportó una certificación expedida por el College of Bishops of the Anglican Church

5 De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente el diploma fue otorgado el 12 de julio de 2011.

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Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

International Communion, según la cual el Anglican Seminary of Virginia se
encontraba autorizado para otorgar títulos de bachelor, master y doctorado.

Mediante la Resolución núm. 9918 de 24 de junio de 2014, el Ministerio de Educación
Nacional negó la convalidación solicitada. Esa decisión fue confirmada, al resolver los
recursos interpuestos por el actor, mediante las Resoluciones núms. 16415 de 8 de
octubre de 2014 y 03836 de 19 de marzo de 2015.

1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación

La parte actora invocó como vulnerados los artículos 1 y 2 y el numeral 4 del artículo
3 de la Resolución núm. 5547 de 1 de diciembre de 2005; el precedente contenido en
las sentencias T-956 de 2011, T-232 de 2013 y T-430 de 2014 de la Corte
Constitucional; y como consecuencia de lo anterior, los artículos 13, 26, 27 y 29 de la
Constitución Política.

De la lectura integral de la demanda se extrae que la parte actora atribuyó a los actos
acusados la infracción de las normas superiores en que debían fundarse. Para
sustentar ese reproche desarrolló, en síntesis, los siguientes argumentos:

1.3.1. Reconocimiento del Anglican Seminary of Virginia e infracción de los
artículos 1 y 2 y del numeral 4 del artículo 3 de la Resolución núm. 5547 de 2005

Sostuvo que el título obtenido se encontraba comprendido en el ámbito de aplicación
del artículo 1 de la Resolución núm. 5547 de 2005, por cuanto fue otorgado por una
institución legalmente facultada en su país de origen para expedir títulos de educación
superior.

Explicó que, conforme al sistema federal estadounidense, la regulación de la
educación superior correspondía a cada Estado. En particular, afirmó que el numeral
23-276.2(C) del Código de Virginia exceptuaba del régimen general de certificación a
las instituciones cuyo propósito principal fuera impartir educación religiosa o teológica.
A su juicio, esa disposición cobijaba al Anglican Seminary of Virginia y le permitía
«establecer sus [propios] parámetros [académicos] de […] alta calidad» y conferir
títulos de bachelor, master y doctorado.

Agregó que la certificación expedida por el College of Bishops of the Anglican Church
International Communion demostraba que el seminario estaba autorizado para otorgar
esos títulos. Por tanto, cuestionó que el Ministerio hubiera exigido una certificación del
State Council of Higher Education for Virginia (SCHEV) y concluyera que la institución
no estaba reconocida como entidad de educación superior, pues, a su juicio, esa
determinación desconocía la legislación del Estado de Virginia.

Aunado a lo anterior, el demandante afirmó que satisfizo los requisitos previstos en el
artículo 2 de la Resolución núm. 5547 de 2005, debido a que acompañó la solicitud
de convalidación del diploma, el certificado de calificaciones y el plan de estudios
debidamente apostillados y traducidos, la copia de su documento de identidad y el
comprobante de pago.

Por ello, cuestionó que el Ministerio le exigiera una certificación expedida por el
Departamento de Educación de los Estados Unidos o por la autoridad competente,
dado que, ese requisito no estaba contemplado en la citada resolución. En todo caso,

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Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
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sostuvo que atendió el requerimiento mediante la certificación expedida por la
Anglican Church International Communion.

Asimismo, adujo que la entidad infringió el numeral 4 del artículo 3 de la Resolución
núm. 5547 de 2005, debido a que no sometió la documentación al procedimiento de
evaluación académica. Señaló que, si existían dudas acerca del nivel académico, la
denominación o la equivalencia del título, el Ministerio debía acudir a ese criterio de
convalidación, en lugar de negar directamente la solicitud por considerar que la
institución otorgante no estaba sometida a un sistema gubernamental de control de
calidad. En su criterio, la omisión de esa etapa comportó un «rechazo de plano» que
desconoció la legislación del Estado de Virginia y la existencia, en Colombia, de títulos
similares regidos por normas eclesiásticas internacionales y sin supervisión
gubernamental directa.

1.3.2. Título propio y desconocimiento del precedente constitucional

La parte actora caracterizó el diploma obtenido como un «título propio», por haber sido
otorgado directamente por la institución educativa luego de la culminación satisfactoria
de su programa académico.

En ese sentido, sostuvo que el Ministerio desconoció el precedente establecido en las
sentencias T-956 de 2011, T-232 de 2013 y T-430 de 2014 de la Corte Constitucional,
según las cuales la condición de título propio no justificaba, por sí sola, negar la
convalidación, pues, de no resultar aplicables los demás criterios previstos en la
Resolución núm. 5547 de 2005, procedía la evaluación académica establecida en el
numeral 4 de su artículo 3.

Añadió que el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 contemplaba que
los títulos universitarios no oficiales o propios otorgados después de la entrada en
vigor de la nueva regulación no serían susceptibles de convalidación, pero preservaba
la situación de quienes ya estuvieran matriculados en esos programas. A partir de ello,
estimó que el título obtenido en 2011 no podía quedar excluido de la convalidación
por su naturaleza de título propio.

En consecuencia, afirmó que la negativa de la entidad y la omisión de la evaluación
académica desconocieron el precedente constitucional, que consideró obligatorio para
las autoridades administrativas.

1.3.3. Vulneración del principio de buena fe y los derechos a la igualdad, el
debido proceso y a escoger profesión u oficio

La parte actora sostuvo que la negativa de la convalidación y el desconocimiento de
la regulación aplicable vulneraron sus derechos fundamentales. Concretamente,
afirmó que la decisión del Ministerio «violó e infringió el debido proceso, la buena fe,
[el] derecho a la igualdad y oportunidades ante la ley [y el] derecho de escoger
profesión como libertad auténtica», consagrados, según indicó, en los artículos 13, 26,
27 y 29 de la Constitución Política.

En relación con el derecho a la igualdad, el demandante afirmó que el Ministerio había
convalidado otros títulos propios de posgrado expedidos por instituciones extranjeras.
También señaló que en Colombia se reconocían títulos semejantes en filosofía y
teología, como los conferidos por la Pontificia Universidad Javeriana, pese a que,

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Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
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según sostuvo, esos programas estaban regidos por normas eclesiásticas y no eran
supervisados directamente por el Ministerio.

A partir de esa comparación, consideró injustificado que los títulos de naturaleza
religiosa o teológica otorgados por instituciones colombianas produjeran efectos
académicos, mientras se negaba la convalidación del suyo por la ausencia de control
gubernamental sobre la institución extranjera.

Respecto del debido proceso y de la buena fe, reiteró que el Ministerio le exigió una
certificación no prevista en la Resolución núm. 5547 de 2005, desconoció la
legislación del Estado de Virginia y omitió adelantar la evaluación académica
correspondiente.

Finalmente, sostuvo que la negativa de la convalidación vulneró su derecho a escoger
profesión u oficio, en tanto le impedía obtener en Colombia el reconocimiento
académico del título cursado en el exterior.

II. TRÁMITE DEL PROCESO

2.1. Admisión

Mediante auto de 13 de agosto de 2015, se inadmitió la demanda para que la parte
actora aportara la constancia de notificación de los actos acusados y acreditara
debidamente su representación judicial6. Una vez subsanada7, fue admitida mediante
providencia de 5 de febrero de 2016, en la cual se ordenó notificar al Ministerio de
Educación Nacional, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al agente
del Ministerio Público8.

2.2. Contestación

La Nación - Ministerio de Educación Nacional contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones. Inicialmente, cuestionó la técnica jurídica de la demanda, pues
consideró que el concepto de la violación era precario y no satisfacía la carga prevista
en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA, consistente en indicar las normas
vulneradas y explicar la forma en que se produjo su transgresión.

En cuanto al fondo del asunto, señaló que la convalidación de títulos obtenidos en el
exterior constituye un mecanismo mediante el cual el Estado verifica la legalidad del
título y de la institución que lo expidió, así como los aspectos académicos del
programa cursado, lo cual permite garantizar la calidad de la educación y la igualdad
entre quienes obtuvieron sus títulos en Colombia y quienes realizaron sus estudios en
el extranjero.

Indicó que, de acuerdo con el artículo 1 de la Resolución núm. 5547 de 2005,
únicamente podían convalidarse los títulos otorgados por instituciones de educación

6 Samai, índice 59, documento electrónico con certificado 52F570942EB1CBBA 901C1485827C5D01

DDA4A0BFFD4AA9A9 9739E52773CE160C, denominado “ED_C01_11 AUTO ADMITE INADMITE_
Inadmite Demanda(.pdf)”.
7 Samai, índice 59, documento electrónico con certificado 3163D1522863DD72 0E851A613A7AA36E

EA5627DA256D4D51 B1A12ADA7648408F, denominado “ED_C01_14 SUBSANACION DEMANDA_
Allega Documentos(.pdf)”.
8 Samai, índice 59, documento electrónico con certificado C2D82EDDC89D90F2 893717081FF709D5

3E8A817855B00159 9F13AC33A3545413, denominado “ED_C01_19 AUTO ADMITE INADMITE_
Admite Demanda(.pdf)”.

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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad
competente del país de origen para expedir títulos de ese nivel. En consecuencia,
estimó que, antes de aplicar los criterios previstos en el artículo 3 de la misma
resolución, debía verificarse la naturaleza y el reconocimiento legal de la institución
otorgante.

Expuso que, al revisar la legislación del Estado de Virginia, no fue posible establecer
que el Anglican Seminary of Virginia estuviera reconocido como una institución de
educación superior facultada para otorgar títulos de ese nivel. Por esa razón, requirió
al demandante para que aportara una certificación expedida por el Departamento de
Educación de los Estados Unidos de América o por la autoridad competente, en la que
constara dicho reconocimiento.

Afirmó que el actor no aportó la certificación requerida, sino un documento expedido
por la organización eclesiástica Anglican Church of Virginia, la cual carecía de
competencia para reconocer o certificar instituciones de educación superior en el
Estado de Virginia, pues dicha función correspondía al State Council of Higher
Education for Virginia (SCHEV).

Agregó que la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación
Superior consultó las páginas electrónicas del Council for Higher Education
Accreditation y del Departamento de Educación de los Estados Unidos de América,
sin encontrar registro del Anglican Seminary of Virginia como institución de educación
superior. Asimismo, señaló que revisó la normativa del Estado de Virginia y estableció
que el seminario no se encontraba reconocido como una institución de educación
superior pública ni privada, sino que correspondía a una institución de carácter
religioso, exceptuada de certificación, que no estaba sometida al control de calidad
del gobierno estatal y a la cual únicamente se le exigía una declaración sobre el
cumplimiento de las normas aplicables.

En esas condiciones, consideró que no era viable la convalidación solicitada, debido
a que el Anglican Seminary of Virginia no era una institución de educación superior ni
se encontraba legalmente reconocida por la autoridad competente del país de origen
para expedir títulos de ese nivel, de ahí que, tampoco resultara procedente verificar
los criterios establecidos en el artículo 3 de la Resolución núm. 5547 de 2005.

Precisó que la aludida disposición del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se
convirtió en el artículo 62 de la Ley 1753 de 2015, el cual no resultaba aplicable al
caso, en consideración a la fecha de expedición del título y a la entrada en vigor de
esa ley.

Finalmente, negó que los actos acusados hubieran vulnerado los derechos al debido
proceso, a la igualdad y a escoger profesión u oficio, así como el principio de buena
fe, pues el Ministerio realizó las verificaciones que consideró necesarias y brindó al
actor la oportunidad de acreditar el reconocimiento de la institución otorgante. Añadió
que el derecho a la igualdad se desconocería si se convalidara un título extranjero que
no fuera equivalente a los expedidos por instituciones de educación superior
colombianas9.

2.3. Audiencia inicial

9 Samai, índice 59, documento electrónico con certificado 2DCFCB12B73717BB C11D981812892AD5

D787BD9A25AFDCDA C9F4124B07B7EC0C, denominado “ED_C01_24 CONTESTACION
DEMANDA(.pdf)”.

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Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

En la audiencia inicial celebrada el 13 de abril de 201810, el despacho sustanciador
saneó el proceso y negó la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de
los requisitos formales, por considerar que el escrito sí contenía un concepto de la
violación e identificaba las disposiciones que la parte actora estimaba transgredidas.

A continuación, fijó el litigio11 y decretó las pruebas solicitadas por las partes.
Asimismo, con fundamento en el artículo 213 del CPACA, ordenó oficiar a la Pontificia
Universidad Javeriana para que certificara si expedía títulos académicos de educación
superior en Teología con enfoque filosófico, en desarrollo de programas sometidos al
control del Ministerio de Educación Nacional.

Como las pruebas decretadas eran exclusivamente documentales, el despacho
consideró innecesaria la celebración de la audiencia de pruebas prevista en el artículo
181 del CPACA. Dispuso que, una vez allegada la información solicitada, se corriera
traslado a las partes para que se pronunciaran al respecto.

2.4. Alegatos de conclusión

Mediante auto de 14 de marzo de 201912, se corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y al agente del Ministerio Público para que rindiera concepto.

2.4.1. La parte actora reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda y, como
sustento jurisprudencial adicional, invocó la sentencia de 2 de junio de 2016 de la
Sección Primera del Consejo de Estado, en la que se ordenó convalidar un título no
oficial o propio, mediante la aplicación del criterio de «caso similar».

Agregó que las convalidaciones concedidas a otros titulares de diplomas de esa
naturaleza generaron en su poderdante la confianza legítima de que recibiría el mismo
tratamiento, la cual consideró defraudada con la expedición de los actos acusados.
Asimismo, invocó la vulneración del preámbulo y los artículos 1, 2, 4 y 6 de la
Constitución Política, así como los artículos 8 y 14 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales13.

10 Samai, índice 59, documento electrónico con certificado 475A06D6AEBF1F6A E55B516A4A1C3817

89922CB661CACF87 B260314CD2AA2304, denominado “ED_C01_47 ACTA AUDIENCIA
INICIAL(.pdf)”.
11 «[P]ara fijar el litigio, el Despacho observa que deben resolverse los siguientes problemas jurídicos:

// 3.2.1. Se debe determinar si es el Anglican Seminary of Virginia una institución de educación superior
de carácter privado exenta de certificación, de acuerdo con las leyes del Estado de Virginia. // 3.2.2. Si
la respuesta a la anterior cuestión es afirmativa, la Sala se ocupará de establecer si es cierto que el
MEN no realizó la evaluación académica de que trata el artículo 3 de la Resolución No. 5547 de 2005.
// 3.2.3. De ser cierta la afirmación anterior, deberá precisarse si son nulas las Resoluciones números
9918 del 24 de junio de 2014, 16415 de 8 de octubre de 2014 y 03836 del 19 de marzo de 2015
expedidas por el MEN, y la forma en que debe restablecerse el derecho. // 3.2.4. También habrá de
resolverse si es cierto que la Pontificia Universidad Javeriana expide títulos académicos de educación
superior en teología con enfoque filosófico sin que tales programas sean supervisados por el MEN. //
3.2.5. En aplicación de lo ordenado en la sentencia C- 197 de 1999 proferida por la Corte Constitucional,
de observarse que con la expedición de los actos cuestionados se vulneran derechos fundamentales,
se analizará dicho aspecto por la Sala de oficio en el momento procesal correspondiente».
12 Samai, índice 59, documento electrónico con certificado ACED4D7247094C46 A34D91837E062FA8

0B63DA4C95B8EC36 BA64A4C241EC6505 denominado “ED_C01_58 OTROS AUTOS_ Corre
Traslado para Presentar Alegatos de Conclusión(.pdf)”.
13 Samai, índice 59, documento electrónico con certificado B2A30AA1737A8B33 96FC7F5AADD7750B

DB1F378D599E0E16 D6196901C67D1D3C, denominado “ED_C01_61 OTROS ALEGATOS DE
CONCLUSION (.pdf)”, págs. 2 – 7.

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Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

2.4.2. El Ministerio de Educación Nacional reiteró su oposición a las pretensiones.
Respecto de la prueba decretada de oficio, señaló que la Pontificia Universidad
Javeriana certificó que no ofrecía programas de teología con enfoque filosófico y que
los programas de teología que incluían componentes curriculares en filosofía contaban
con registro calificado. En consecuencia, consideró desvirtuada la afirmación según
la cual esa universidad expedía títulos semejantes sin la supervisión y autorización del
Ministerio de Educación Nacional14.

2.4.3. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esa oportunidad procesal.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, el
artículo 149.1 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
201915, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, expedidos
por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sección Primera de esta Corporación es
competente para conocer, en única instancia, del presente asunto, por tratarse del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra actos
administrativos expedidos por una autoridad del orden nacional.

3.2. Actos administrativos demandados

3.2.1. La Resolución núm. 9918 de 24 de junio de 2014, «Por medio de la cual se
archiva una solicitud de convalidación», expedida por la subdirectora de
Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación
Nacional16. Dicho acto es del siguiente contenido:

RESOLUCIÓN NÚMERO 9918

(24 JUN. 2014)

Por medio de la cual se archiva una solicitud de convalidación

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el
artículo 29 del Decreto 5012 de 2009 y la Resolución No. 5515 del 16 de
mayo de 2013.

CONSIDERANDO:

Que JOSÉ ERASMO CUERVO CARMONA, ciudadano colombiano,
identificado con cédula de ciudadanía No. […], presentó para su
convalidación el título de DOCTOR OF PHILOSOPHY, otorgado el 12 de
julio de 2011, por ANGLICAN SEMINARY OF VIRGINIA, ESTADOS
UNIDOS, mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación
Nacional con el No. 2013ER85326-46333.

14 Ibidem, págs. 8 – 16.
15 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
16 Samai, índice 73, documento electrónico con certificado 5B1BD343DD65B191 0B59875055342E2C

1AC4A13880867AE8 61B51936A163B796 denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)”, págs. 11 -
12.

8

Radicado: 11001-03-24-000-2015-00314-00
Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009;
corresponde al Ministerio de Educación Nacional convalidar los títulos de
educación superior otorgados por instituciones de educación superior
extranjeras de acuerdo con las normas vigentes.

Que de acuerdo a la normatividad de la Educación Superior del Estado de
Virginia, vemos como el Consejo Estatal de Educación Superior de Virginia
(State Council of Higher Education of Virginia), es la entidad encargada de
autorizar el funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior y del
otorgamiento de los títulos, certificados o diplomas en el Estado de Virginia.

Que una vez consultado el portal web del State Council of Higher Education
of Virginia, el cual es el ente encargado en este momento de supervisar
todas las instituciones educativas en el Estado de Virginia, Estados Unidos,
no se encontró registro del ANGLICAN SEMINARY OF VIRGINIA,
ESTADOS UNIDOS.

Consecuencia de lo anterior, este Despacho considera prudente hacer las
siguientes precisiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 1
de la Resolución 5547 del 1 de diciembre de 2005, resolución que regula
todo lo relacionado con la convalidación de títulos en Colombia. La
convalidación prevista en la presente Resolución se efectuará
únicamente respecto a títulos otorgados por instituciones de
educación superior extranjeras o por instituciones legalmente
reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para
expedir títulos de educación superior (negrillas fuera de texto original).
Este citado trámite de convalidación de títulos implica, en Colombia, un
examen de legalidad y un examen académico de los estudios cursados:

1. En relación con el examen de legalidad, a través del cual se
evalúan aspectos tales como la naturaleza jurídica de la
institución que otorgó el título y la naturaleza jurídica del
título otorgado:

• Que el programa cursado conlleve a la obtención de un título
de educación superior reconocido como tal por las autoridades
encargadas del tema de la educación superior en el país de
origen de la Institución.

• Que el Diploma del título sea otorgado por una institución de
educación superior reconocida como tal por la autoridad
competente en el respectivo país de origen.

2. En lo que respecta al examen académico de los estudios
cursados (al cual se pasa una vez se haya aprobado el examen
de legalidad) se evalúan aspectos como la metodología bajo la
cual se desarrolló el programa académico cursado por el
solicitante, la naturaleza de los estudios realizados, así como
la duración de los mismos y la orientación de las asignaturas
cursadas.

En efecto, el examen legal y académico se consagra en el Art. 10 de la
Resolución 5547 de 2005, de la siguiente manera, “cumplidos los procesos
de evaluación legal y académica, el Ministerio de Educación Nacional,
mediante Resolución motivada decidirá de fondo la solicitud contra el acto
administrativo que decida el trámite de convalidación procederán los
recursos de ley”.

9

Radicado: 11001-03-24-000-2015-00314-00
Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

La educación superior en Estados Unidos es de competencia de cada uno
de los Estados de la Unión y no Federal, y cada uno de estos Estados tiene
su propio sistema para asegurar la calidad de la educación superior que se
imparte en su Estado. Es así como es necesario, para verificar la legalidad
de una institución en Estados Unidos, remitirnos a la regulación que sobre
las mismas establezca el Estado en donde ésta se encuentre domiciliada.

En el caso que nos ocupa, se procedió a realizar el examen de legalidad
de la institución, y una vez revisada la legislación de Educación Superior
del Estado de Virginia en los Estados Unidos; en su análisis se encuentra
que la Educación Superior en Virginia está dividida de la siguiente manera:
a) Educación Superior de Carácter Público (Public Colleges & Universities),
b) Educación Superior de Carácter Privado exentas de certificación (Private
Institutions exempt from certification, c) Instituciones certificadas para
operar en Virginia (Institutions certified to operate in Virginia), d) Otras
Instituciones de carácter público (Other Public Educational Institutions), y e)
Instituciones vocacionales (Closed Vocational Institutions).

Consecuencia de lo anterior y en aras de garantizar el derecho al Debido
Proceso Administrativo, consagrado en el Art. 29 de la Constitución
Nacional y en el Art. 3 numeral 1 de la ley 1437 de 2011, el 18 de septiembre
de 2013, mediante oficio No. 2013EE65544, este despacho le envió al
convalidante un oficio en el cual se le solicitó: “(...) una certificación emitida
por el U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION, ESTADOS UNIDOS, o la
autoridad competente en el que se certifique que la institución en la que se
realizaron los estudios a convalidar, se encuentra reconocida por el
gobierno de Estados Unidos como una institución de educación superior
facultada para otorgar títulos en este nivel académico”.

El mencionado oficio fue contestado por el interesado el 15 de mayo de
2014, mediante derecho de petición radicado en este Ministerio bajo el No.
2014ER73096 en el cual el convalidante manifiesta que “(...) ANGLICAN
SEMINARY OF VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS, se encuentra certificado en
alta acreditación por la Anglican Church of Virginia Incorpo. No. 0614294-
73 Anglican Church International Communion, USA”.

Que se verificó el reconocimiento de dicha institución consultando la página
web de Council Higher Education Accreditation - CHEA, entidad
acreditadora de las universidades de Estados Unidos y en la web del U.S.
Department of Education Database of Accredited Postsecondary Institutions
and Programs, Base de Datos de postsecundaria y programas de las
Instituciones acreditadas del Departamento de Educación de los EE.UU.,
sin encontrar registro alguno.

Si bien el convalidante adjunta una Certificación de Acreditación,
otorgada por el Anglican Church International Communion que certifica
que ANGLICAN SEMINARY OF VIRGINIA está autorizada para otorgar
títulos de Bachelor, Master y Doctorado, no obstante lo anterior, se pudo
establecer que el mencionado documento es una certificación que no es
una certificación que acredite a ANGLICAN SEMINARY OF VIRGINIA como
una Institución de Educación Superior, ya que la certificación que permitiría
deducir que es una Institución de Educación Superior, sería aquella emitida
por el SCHEV (State Council of Higher Education of Virginia), que es la
entidad encargada de regular todas las Instituciones de educación del
Estado en mención.

10

Radicado: 11001-03-24-000-2015-00314-00
Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

En consideración a que el título de DOCTOR OF PHILOSOPHY, otorgado
por ANGLICAN SEMINARY OF VIRGINIA no se enmarca dentro de los que
son reconocidos como títulos de educación superior por las autoridades
competentes en el respectivo país y que por ende no gozan de los efectos
académicos, profesionales y de validez otorgados por el gobierno
estadounidense, se concluye que no es procedente la convalidación, por no
ajustarse a las exigencias establecidas en el artículo 1 de la Resolución
5547 de 2005 para su reconocimiento.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Negar la convalidación del título de DOCTOR OF
PHILOSOPHY, otorgado el 12 de julio de 2011, por ANGLICAN SEMINARY
OF VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS, a JOSÉ ERASMO CUERVO
CARMONA, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía
No. […], por las razones expuestas.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de
su expedición y contra la misma proceden los recursos de ley, los cuales
deberán ser interpuestos dentro del plazo de diez (10) días establecido por
el artículo 76 de la ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los 24 JUN. 2014

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
[Firma]
JEANNETTE GILEDE GONZÁLEZ

3.2.2. La Resolución núm. 16415 de 8 de octubre de 2014, «Por medio de la cual se
decide el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 9918 del 24 de
junio de 2014», expedida por la subdirectora de Aseguramiento de la Calidad para la
Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional17. Del acto se destacan los
siguientes apartes:

[…] Ciertamente, en cuanto al requisito de legalidad de la entidad que otorga el
título, la Resolución No. 5547 de 2005 ordena que:

ARTÍCULO PRIMERO. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La convalidación
prevista en la presente Resolución se efectuará únicamente respecto a
títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras o por
instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el
respectivo país, para expedir títulos de educación superior.

En este sentido, para que un título de educación superior otorgado en el extranjero
sea susceptible de convalidación, éste debe haber sido otorgado por una
institución de educación superior legalmente reconocida como tal en su país de
origen. Por consiguiente, es necesario consultar la normatividad del Estado en
donde se encuentra domiciliada la entidad titulante, para verificar si la misma se
encuentra reconocida como institución de educación superior.

[…]

17 Ibidem, págs. 5 - 10.

11

Radicado: 11001-03-24-000-2015-00314-00
Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

Así, una vez verificado que ANGLICAN SEMINARY OF VIRGINIA no se
encontraba dentro del listado publicado por el Departamento de Educación de los
Estados Unidos, se procedió a verificar los estatutos del Estado de Virginia, para
comprobar el reconocimiento como institución de educación superior de
ANGLICAN SEMINARY OF VIRGINIA.

En el desarrollo de este estudio, se evidenció que ANGLICAN SEMINARY OF
VIRGINIA no se encuentra como institución de educación superior pública ni
privada en el Estado de Virginia, sino como una institución de carácter religioso
que no tiene ningún control de calidad sobre los estudios que desarrolla, por parte
del gobierno del Estado de Virginia. En efecto, de acuerdo a los estatutos de
Virginia, únicamente se exige para este tipo de instituciones religiosas una
declaración extra juicio, indicando que la entidad está dando cumplimiento a las
normas que le son aplicables.

En este orden de ideas, y con fundamento en las anteriores consideraciones, se
evidencia claramente que los títulos otorgados por ANGLICAN SEMINARY OF
VIRGINIA no son equivalentes a los títulos otorgados por instituciones de
educación superior colombianos, por cuanto los primeros carecen de un control
gubernamental con respecto a su calidad, control con el cual si cuentan los títulos
colombianos. Es importante resaltar que a través del proceso de convalidación se
reconoce un título extranjero como equivalente a los títulos colombianos, para lo
cual es necesario que tengan similares características legales (formales) y
académicas (sustanciales).

En este sentido, como quiera que los títulos colombianos cuentan con un control
gubernamental que garantiza un mínimo de calidad en los títulos que expiden las
instituciones de educación superior colombianas, como ocurre con los títulos
otorgados por las instituciones de educación superior privadas o públicas
legalmente reconocidas en el Estado de Florida, y que los títulos otorgados por
ANGLICAN SEMINARY OF VIRGINIA no cuentan con dicho reconocimiento, no
es posible afirmar que los títulos por esta entidad otorgados son equivalentes a
los títulos colombianos, ya que no cuentan con las mismas características.

Adicional a lo anterior es de atender que, en los términos de la normatividad del
Estado de Virginia ANGLICAN SEMINARY OF VIRGINIA, tiene por formación
estudios “vocacionales” los cuales se entienden como una línea o un programa
cuyo objetivo no es profesional y es sólo para el enriquecimiento personal.

Ahora bien, se aclara que cuando en las resoluciones niegan una solicitud de
convalidación se incluye la frase “que ANGLICAN SEMINARY OF VIRGINIA no
cumple con las condiciones de legalidad requeridas”, la misma simplemente
manifiesta que la institución no cumplió el examen formal que se desarrolla al
interior del proceso de convalidación de títulos y que por consiguiente no es
posible proceder a la convalidación de un título y no se debe entender que la
Institución se esté tachando de ilegal.

4) CONSIDERACIONES FINALES

Se observa de los argumentos del recurso en conjunto con los soportes obrantes
dentro del expediente de convalidación que ANGLICAN SEMINARY OF
VIRGINIA, no ostenta el reconocimiento como establecimiento autorizado para
ofertar programas de educación superior de iguales condiciones a los programas
aprobados en Colombia por el Ministerio de Educación Nacional en virtud de la
Ley 30 de 1992 y el Decreto Ley 1295 de 2010, es decir, autorizado por autoridad
competente para la oferta y expedición de títulos oficiales reconocidos como de

12

Radicado: 11001-03-24-000-2015-00314-00
Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

educación superior, con ejercicio de inspección y vigilancia como el que realiza
este Ministerio.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 9918 del 24 de junio de
2014, por medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional negó la solicitud
de convalidación del título de DOCTOR OF PHILOSOPHY, […].

ARTÍCULO SEGUNDO: Concede el recurso de alzada por subsidiaridad ante la
Dirección de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación.

ARTÍCULO TERCERO: Remítase el expediente de convalidación a la Dirección
de la Calidad de la Educación Superior, para que se dé trámite al recurso de
Apelación.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
notificación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los 08 OCT. 2014

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR,
[Firma]
JEANNETTE GILEDE GONZÁLEZ

3.2.3. La Resolución núm. 03836 de 19 de marzo de 2015, «Por medio de la cual se
resuelve un Recurso de Apelación», expedida por el director de Calidad para la
Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional. Del acto se transcriben los
siguientes apartes18:

[S]e concluye que una vez más, revisado el listado del Departamento de
Educación de los Estados Unidos, no se encontró ANGLICAN SEMINARY OF
VIRGINIA y verificados los estatutos del Estado de Virginia para comprobar el
reconocimiento como Institución de Educación Superior, se evidencio que no
se encuentra como una Institución de Educación Superior Publica, ni Privada
en el Estado de Virginia, sino como una Institución de carácter religioso que no
tiene ningún control de calidad sobre los estudios que desarrolla por parte del
Gobierno del Estado de Virginia, que de acuerdo a los Estatutos de Virginia,
únicamente se exige para este tipo de Instituciones Religiosas una declaración
extra juicio indicando que la Entidad está dando cumplimiento a las normas
que le son aplicables. Como tampoco se pudo constatar el sello de apostilla,
requisito para la convalidación, ya que el recurrente se refiere desde un inicio
en que el diploma y certificado original de créditos, plan de estudios, están
debidamente apostillados por notario público de Virginia, haciendo caso omiso
a todas las solicitudes sobre esta certificación invocada por la
SUBDIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD de este Ministerio.

4.- DECISION:

En mérito de lo expuesto, la DIRECCION DE CALIDAD DE LA EDUCACION
SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION,

18 Ibidem, págs. 2 - 5.

13

Radicado: 11001-03-24-000-2015-00314-00
Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Confirmar en todas sus partes las Resoluciones
Números 9918 de 24 de junio de 2014 y 16415 de 8 de octubre de 2014, por
medio de las cuales la SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD PARA LA EDUCACION SUPERIOR, respectivamente, negó la
convalidación del Título de DOCTOR OF PHILOSOPHY otorgado el 12 de julio
de 2011, por ANGLICAN SEMINARY OG VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS a
JOSE ERASMO CUERVO CARMONA, y confirmo la Resolución 9918 de 24
de junio de 2014.

ARTICULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
notificación.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 19 MAR. 2015

DIRECCION DE CALIDAD PARA LA EDUCACION SUPERIOR
[Firma]
FELIPE MONTES JIMENEZ

3.3. Planteamiento del caso

Corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos demandados, a través
de los cuales el Ministerio de Educación Nacional negó la convalidación del título de
Doctor of Philosophy otorgado al señor José Erasmo Cuervo Carmona por el Anglican
Seminary of Virginia, fueron expedidos con infracción de las normas superiores en que
debían fundarse.

La parte actora sostiene que el Ministerio: (i) desconoció la legislación del Estado de
Virginia e infringió el artículo 1 de la Resolución núm. 5547 de 2005, al considerar que
el Anglican Seminary of Virginia no estaba reconocido como institución de educación
superior, pese a que, según afirmó, se encontraba exceptuado de certificación por su
naturaleza religiosa o teológica y estaba autorizado para otorgar grados académicos;
(ii) le exigió acreditar, mediante una certificación no prevista en el artículo 2 de la
misma resolución, el reconocimiento del seminario como institución facultada para
expedir títulos de educación superior; y (iii) omitió someter el diploma a la evaluación
académica establecida en el numeral 4 de su artículo 3 ibidem, razón por la cual, a su
parecer, no procedía el rechazo de plano de la solicitud de convalidación.

Asimismo, aduce que el Ministerio: (iv) desconoció el precedente contenido en las
sentencias T-956 de 2011, T-232 de 2013 y T-430 de 2014 de la Corte Constitucional,
por cuanto, a su juicio, su diploma correspondía a un título propio cuya convalidación
no podía negarse sin acudir previamente a la evaluación académica; y, (v) le dispensó
un trato desigual frente a quienes habían obtenido la convalidación de títulos propios
y a quienes recibieron en Colombia títulos en Filosofía y Teología regidos por normas
eclesiásticas, sin sometimiento a supervisión gubernamental directa. Por estas
razones, considera vulnerados el principio de buena fe y sus derechos a la igualdad,
al debido proceso y a escoger profesión u oficio.

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional sostiene que la solicitud no satisfacía
el presupuesto establecido en el artículo 1 de la Resolución núm. 5547 de 2005, por
cuanto no se acreditó que el Anglican Seminary of Virginia fuera una institución de

14

Radicado: 11001-03-24-000-2015-00314-00
Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

educación superior o que estuviera legalmente facultado por la autoridad competente
del país de origen para expedir títulos de ese nivel, razón por la cual, no procedía
aplicar los criterios de convalidación establecidos en su artículo 3 ni someter el
programa a evaluación académica.

La Sala advierte que, aunque en las pretensiones segunda y tercera de la demanda
se solicitó la «inaplicación» de la Resolución núm. 5547 de 2005, la demanda no
desarrolló un concepto de violación dirigido a demostrar que dicho acto general fuera
incompatible con una norma superior. Por el contrario, la parte actora soportó el cargo
de nulidad invocado en la vulneración de sus artículos 1, 2 y 3, por lo que, la
controversia se contrae a establecer si esas disposiciones fueron correctamente
aplicadas en los actos particulares acusados.

De igual forma, es de anotar que, a pesar de que el demandante solicitó en las
pretensiones inaplicar la Resolución núm. 5547 de 2005, al tiempo alegó, en el
concepto de la violación, su desconocimiento y vulneración (numeral 4 del artículo 3).

Asimismo, se precisa que, aun cuando la parte actora incluyó el artículo 27 de la
Constitución Política dentro de las disposiciones que estimó infringidas, no explicó de
qué manera los actos acusados vulneraron las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación o cátedra reconocidas en esa norma. En consecuencia, su sola
enunciación no configura un cargo autónomo susceptible de pronunciamiento, de
conformidad con el numeral 4 del artículo 162 del CPACA.

Tampoco se examinarán los nuevos cargos introducidos por la parte actora en sus
alegatos de conclusión, relativos a la infracción del preámbulo y de los artículos 1, 2,
4 y 6 de la Constitución Política, así como de los artículos 8 y 14 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a la defraudación de
su confianza legítima, por cuanto no fueron formulados en la demanda y su
introducción en esa etapa procesal impediría a la parte demandada ejercer
oportunamente sus derechos de defensa y contradicción.

3.4. Análisis del caso

Precisado lo anterior, la Sala examinará, en primer lugar, si el título presentado por el
actor se encontraba comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 1 de la
Resolución núm. 5547 de 2005. Para ello, establecerá si se probó que el Anglican
Seminary of Virginia era una institución de educación superior o estaba legalmente
facultada, conforme a la legislación del Estado de Virginia, para conferir el título de
Doctor of Philosophy.

A partir de esa conclusión se determinará si el Ministerio podía solicitar información
adicional sobre la habilitación de la institución y si resultaba procedente someter el
programa a alguno de los criterios del artículo 3 ibidem, particularmente al de
evaluación académica. Posteriormente se analizará el precedente invocado sobre
títulos propios, el trato desigual alegado y las demás vulneraciones constitucionales
atribuidas a los actos acusados.

3.4.1. Régimen de convalidación aplicable

15

Radicado: 11001-03-24-000-2015-00314-00
Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

Los artículos 2619 y 6720 de la Constitución Política atribuyen al Estado la inspección
y vigilancia del ejercicio de las profesiones y del servicio público de educación, con el
propósito de garantizar la calidad de la educación y la idoneidad de quienes ejercen
actividades que requieren formación académica.

Dentro de este marco, la Corte Constitucional21 ha explicado que, como el Estado
colombiano no ejerce inspección y vigilancia sobre las instituciones educativas
extranjeras, resulta razonable que se reserve la facultad de verificar los estudios
cursados en el exterior y de reconocer sus títulos, con el fin de establecer si acreditan
una formación equiparable a la impartida en Colombia y asegurar un trato igualitario
entre sus titulares y quienes obtuvieron un grado académico en el país.

En desarrollo de esa competencia22, el Ministerio expidió la Resolución núm. 5547 de
1 de diciembre de 200523 -aplicable a la solicitud de convalidación presentada por el
actor24-, mediante la cual reguló el ámbito de aplicación, los requisitos, los criterios y
el procedimiento para la convalidación de títulos de educación superior otorgados en
el extranjero.

Esta Sección25 ha señalado que el procedimiento previsto en la Resolución núm. 5547
de 2005 comprende un examen de legalidad y una valoración académica de los
estudios cursados. El primero está dirigido a establecer la naturaleza jurídica de la
institución otorgante y la validez del título en el país de origen; mientras que la segunda
permite examinar el pénsum, la intensidad horaria y la metodología del programa, con
el fin de determinar su equivalencia con los títulos conferidos en Colombia y garantizar
la idoneidad académica del solicitante.

En cuanto al examen de legalidad, el artículo 1 de la citada resolución delimitó su
ámbito de aplicación a los títulos expedidos por determinadas instituciones
extranjeras, así:

19 “ARTÍCULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de

idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas
que impliquen un riesgo social. // Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en
colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. // La ley podrá
asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles”.
20 “ARTÍCULO 67. […] Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de

la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar
a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo […]”.
21 Corte Constitucional, sentencia C-050 de 6 de febrero de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
22 Decreto 2230 de 2003, «Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y

se dictan otras disposiciones». “[…] ARTÍCULO 2°. Funciones. El Ministerio de Educación Nacional,
además de las funciones establecidas en la Constitución Política y la ley, tendrá las siguientes: […]
2.19 Legalizar los documentos expedidos por instituciones de educación superior colombianas para ser
acreditados en el exterior, homologar los estudios y la convalidación de títulos cursados u obtenidos en
el exterior. […] ARTÍCULO 25. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. Son funciones de la
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, las siguientes: […] // 25.9 Convalidar títulos de educación
superior otorgados por instituciones de educación superior extranjeras”.
23 «Por la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por

instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la
autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior».
24 La Resolución núm. 5547 de 2005 comenzó a regir desde su expedición, conforme a su artículo 12,

y se encontraba vigente cuando se presentó la solicitud de convalidación, el 4 de julio de 2013, pues
solo fue derogada posteriormente por la Resolución núm. 21707 de 22 de diciembre de 2014.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de

marzo de 2014, radicación n.° 11001-03-24-000-2010-00166-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

16

Radicado: 11001-03-24-000-2015-00314-00
Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La convalidación prevista en la presente
resolución se efectuará únicamente respecto a títulos otorgados por
instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones
legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo
país, para expedir títulos de educación superior.

De esta disposición se desprende que, antes de examinar la equivalencia académica
del título objeto del proceso de convalidación, debía verificarse que: (i) el programa
cursado condujera a la obtención de un título reconocido como de educación superior
por las autoridades competentes del país de origen; y (ii) el diploma hubiera sido
expedido por una institución de educación superior o por una entidad legalmente
facultada para otorgar títulos de esa naturaleza.

A su vez, el artículo 226 enumeró los documentos que debía aportar el solicitante para
adelantar el trámite de convalidación, entre ellos, la solicitud, el diploma legalizado o
apostillado, el certificado de calificaciones o el plan de estudios, la copia del
documento de identidad y el comprobante de pago. Estos documentos permitían
acreditar la existencia y autenticidad formal del diploma y conocer los estudios
realizados, pero su presentación no demostraba, por sí sola, que el título y la
institución otorgante satisficieran las condiciones sustanciales previstas en el artículo
1.

Por esta razón, el artículo 727 facultó al Ministerio para requerir explicaciones,
aclaraciones o información adicional cuando fueran necesarias para emitir el concepto
o adoptar la decisión de fondo, motivo por el cual, la relación documental exigida en
el artículo 2 no impedía que la entidad solicitara información dirigida a establecer la
naturaleza jurídica de la institución o su habilitación para conferir títulos de educación
superior.

Una vez superado el examen de legalidad y establecido que la solicitud se encontraba
comprendida en el ámbito de aplicación de la resolución, procedía la valoración
académica regulada en el artículo 328. Esta disposición ordenaba verificar, de manera

26 “Artículo 2°. Requisitos para la convalidación. Para efectos de adelantar el trámite de convalidación,

se deberán presentar los siguientes documentos: // 1. Solicitud escrita en el formato suministrado por
el Ministerio. // 2. Fotocopia autenticada del diploma del título que se pretende convalidar. El diploma
del título original deberá estar debidamente legalizado, por vía diplomática o con sello de apostilla. // 3.
Original o copia autenticada del certificado de calificaciones o del plan de estudios del programa del
título que se somete a convalidación, expedidos por la institución donde se cursaron los estudios. El
certificado de calificaciones original o el plan de estudios deberán estar debidamente legalizados, por
vía diplomática o con sello de apostilla. // 4. Fotocopia del documento de identidad (cédula de
ciudadanía, de extranjería, pasaporte). // 5. Recibo de consignación de la tarifa correspondiente”.
27 “Artículo 7°. Complementación de información. Si para efectos de emitir el concepto o el acto

administrativo que decida de fondo la solicitud, se requiere que el peticionario explique, aclare o aporte
información adicional, este deberá atender la solicitud en el término de dos (2) meses. // De no
presentarse la información complementaria en el plazo antes señalado, el Ministerio de Educación
decidirá con base en la documentación inicialmente aportada por el solicitante”.
28 “Artículo 3°. Convalidación de títulos de pregrado y posgrado. Para efectos de la convalidación de

títulos de pregrado y de posgrado se deberá hacer una evaluación de la información y en su orden
verificar cuál de los siguientes criterios se aplica para de esta forma proceder al trámite correspondiente:
// 1. CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE TITULOS. Si el título procede de alguno de los países
con los cuales el Estado colombiano ha ratificado convenios de convalidación de títulos, estos serán
convalidados en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir del recibo en debida forma de
la documentación requerida. // 2. PROGRAMA O INSTITUCION ACREDITADOS, O SU
EQUIVALENTE EN EL PAIS DE PROCEDENCIA. Si la institución que otorgó el título que se somete a
convalidación o si el programa académico cursado por el solicitante se encuentran acreditados, o
cuentan con un reconocimiento equivalente por parte de una entidad certificadora o evaluadora de alta
calidad, reconocida en el país de origen o a nivel internacional, se procederá a convalidar el título. En

17

Radicado: 11001-03-24-000-2015-00314-00
Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

sucesiva y excluyente, la procedencia de los siguientes criterios: (i) convenio de
reconocimiento de títulos, cuando existiera un instrumento internacional vigente entre
Colombia y el país de procedencia; (ii) programa o institución acreditados, o su
equivalente en el país de origen; (iii) caso similar, cuando el mismo programa, ofrecido
por la misma institución, hubiera sido evaluado previamente y se cumplieran las
condiciones temporales previstas en la norma; o (iv) evaluación académica, cuando
el título no se enmarcara en los criterios anteriores o no existiera certeza sobre el nivel
académico de los estudios o su denominación.

En este último supuesto debían examinarse las características sustanciales del
programa, entre ellas, el pénsum, la intensidad horaria y la metodología bajo la cual
se desarrollaron los estudios, para establecer su equivalencia con los títulos
conferidos en Colombia.

Así las cosas, la evaluación académica no sustituía el examen de legalidad previsto
en el artículo 1, puesto que, mientras este permitía determinar si la institución y el título
se encontraban comprendidos en el ámbito de aplicación de la Resolución núm. 5547
de 2005, aquella estaba dirigida a establecer la equivalencia académica de unos
estudios previamente identificados como pertenecientes a la educación superior.

3.4.2. Reconocimiento del Anglican Seminary of Virginia para otorgar títulos de
educación superior

La parte actora sostiene que el Ministerio de Educación Nacional desconoció la
legislación del Estado de Virginia e infringió el artículo 1 de la Resolución núm. 5547
de 2005, al concluir que el Anglican Seminary of Virginia no estaba reconocido como
institución de educación superior, pese a que, según afirmó, se encontraba
exceptuado de certificación por su naturaleza religiosa o teológica y autorizado para
otorgar grados académicos.

Para resolver el cargo, la Sala considera necesario precisar las actuaciones
adelantadas durante el trámite de convalidación, particularmente aquellas
relacionadas con la habilitación del seminario para expedir títulos de educación
superior.

En los antecedentes administrativos obra el diploma de 12 de julio de 2011, mediante
el cual el Anglican Seminary of Virginia otorgó al señor José Erasmo Cuervo Carmona

este caso, el trámite de convalidación se adelantará en un término no mayor a dos (2) meses contados
a partir del recibo en debida forma de la documentación requerida. // 3. CASO SIMILAR. Cuando el
título que se somete a convalidación, corresponda a un programa académico que hubiera sido evaluado
con anterioridad por el Ministerio de Educación Nacional o el Icfes, se resolverá aplicando la misma
decisión que en el caso que sirve como referencia. Para tal efecto, deberá tratarse del mismo programa
académico, ofrecido por la misma institución y con una diferencia entre las fechas de otorgamiento de
los dos títulos que no podrá exceder los ocho (8) años. En este caso, el trámite de convalidación se
adelantará en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir del recibo en debida forma de la
documentación requerida. // Una convalidación realizada por caso similar no podrá servir de soporte a
otra convalidación. // 4. EVALUACION ACADEMICA. Si el título que se somete a convalidación no se
enmarca en ninguno de los criterios señalados anteriormente o si no existe certeza sobre el nivel
académico de los estudios que se están convalidando, o su denominación, se someterá la
documentación a proceso de evaluación académica. Este trámite se adelantará en un término no mayor
a cinco (5) meses contados a partir del recibo en debida forma de la documentación requerida. //
Parágrafo. Para efectos de la convalidación de títulos correspondientes a posgrados médico-
quirúrgicos, se deberán tener en cuenta lo criterios definidos por la comunidad académica en el
documento "Especialidades Médico-Quirúrgicas en Medicina", publicado por el Ministerio de Educación
Nacional”.

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Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

el título de Doctor of Philosophy, traducido oficialmente como «Doctorado en
Filosofía»29; y la carta de grado de la misma fecha, en la que certificó que el señor
Cuervo Carmona había cumplido los requisitos exigidos para obtener ese grado y se
indicó que el seminario estaba acreditado por la Anglican Church International
Communion30.

Igualmente, se aportó el documento expedido el 25 de julio de 2012, denominado
«Diploma de los Créditos Académicos del Doctorado», en el que el programa fue
identificado como «Doctor en Filosofía de la Religión, PhD». Allí se señaló que, los
estudios tuvieron una duración de seis semestres, se impartieron mediante
metodología semivirtual y comprendieron contenidos relacionados con filosofía,
religión, teología, ciencias sociales, humanidades e investigación. También se
relacionaron los requisitos de grado y se indicó que el egresado podría desempeñarse
como investigador y profesor en universidades y seminarios mayores31.

Con fundamento en esa documentación, el 4 de julio de 2013, el señor José Erasmo
Cuervo Carmona solicitó al Ministerio de Educación Nacional la convalidación del
título32, trámite al que le fue asignado el radicado SAC núm. 508103 y el fólder núm.
4633333.

Durante el trámite, mediante oficio de 18 de septiembre de 2013, la Subdirección de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación
Nacional requirió al solicitante para que aportara una certificación expedida por el
Departamento de Educación de los Estados Unidos o por la autoridad competente, en
la que constara que el seminario se encontraba reconocido como institución de
educación superior facultada para conferir títulos de esa naturaleza34.

Para atender el requerimiento, el interesado aportó una certificación expedida el 10
de abril de 2014, en idioma inglés, por la Anglican Church International Communion,
que, según afirmó el actor y fue descrito en los actos acusados, acreditaba al
seminario dentro de esa organización religiosa y lo autorizaba para otorgar títulos de
bachelor, master y doctorado35.

Como se desprende del contenido de los actos acusados, el Ministerio consideró que
ese documento no acreditaba el presupuesto previsto en el artículo 1 de la Resolución
núm. 5547 de 2005, debido a que no provenía de la autoridad encargada de reconocer
o autorizar las instituciones de educación superior en el Estado de Virginia, función
que atribuyó al SCHEV; además, señaló que tras consultar las bases de datos del
Council for Higher Education Accreditation (CHEA) y del Departamento de Educación
de los Estados Unidos, no encontró registro del seminario. Por estas razones,
mediante la Resolución núm. 9918 de 24 de junio de 2014, la Subdirección de Calidad
para la Educación Superior negó la convalidación por considerar que el título otorgado
29 Samai, índice 73, documento electrónico con certificado BD5D97981FD16FF5 7C252F71E19F7686

D18F4D32AF0ACEE1 8DA58616E8FE3DCA denominado
“ANEXO:97_EXPEDIENTEDIGI_ANEXO_0_20240827152655651(.pdf)”, págs. 6 y 8.
30 Ibidem, págs. 7 y 9.
31 Samai, índice 73, documento electrónico con certificado 5B1BD343DD65B191 0B59875055342E2C

1AC4A13880867AE8 61B51936A163B796 denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)”, págs. 29 -
39.
32 Samai, índice 73, documento electrónico con certificado BD5D97981FD16FF5 7C252F71E19F7686

D18F4D32AF0ACEE1 8DA58616E8FE3DCA denominado
“ANEXO:97_EXPEDIENTEDIGI_ANEXO_0_20240827152655651(.pdf)”, págs. 1 - 2.
33 Ibidem, pág. 21.
34 Ibidem, pág. 90.
35 Ibidem, pág. 97.

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Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

no estaba reconocido como título de educación superior por las autoridades
competentes del país de origen36.

Contra dicha decisión, el 19 de julio de 2014, el señor Cuervo Carmona interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, por estimar que la certificación
eclesiástica demostraba la facultad del seminario para conferir títulos de bachelor,
master y doctorado, y cuestionó que el Ministerio exigiera una certificación del SCHEV,
pues, en su criterio, ese documento no estaba previsto en el artículo 2 de la Resolución
núm. 5547 de 2005. Asimismo, alegó la vulneración del principio de buena fe y sus
derechos a la igualdad, al debido proceso y a escoger profesión u oficio37.

En escrito del 8 de agosto de 2014, complementó sus cuestionamientos, advirtiendo
que el numeral 23-276.2(C) del Código de Virginia exceptuaba de certificación a
cualquier institución de educación superior cuyo propósito principal fuera proporcionar
educación religiosa o teológica de corte filosófico. Con fundamento en esa disposición,
reiteró que el Ministerio desconoció la normativa del país de origen y se extralimitó al
negar la convalidación38.

Mediante la Resolución núm. 16415 de 8 de octubre de 2014, la Subdirección de
Calidad para la Educación Superior confirmó la negativa, por considerar que el
Anglican Seminary of Virginia era «una institución de carácter religioso que no tiene
ningún control de calidad sobre los estudios que desarrolla, por parte del gobierno del
Estado de Virginia», que «tiene por formación estudios “vocacionales” los cuales se
entienden como una línea o un programa cuyo objetivo no es profesional y es sólo
para el enriquecimiento personal», por lo cual sus títulos no eran equivalentes a los
conferidos en Colombia39. Posteriormente, mediante la Resolución núm. 03836 de 19
de marzo de 2015 la Dirección de Calidad para la Educación Superior resolvió el
recurso de apelación en el mismo sentido y agregó que no había podido verificar la
apostilla del diploma y de los documentos académicos40.

Revisado el material probatorio, la Sala advierte que no se probó que el título cuya
convalidación se solicitó hubiera sido expedido por una institución comprendida en el
ámbito de aplicación del artículo 1 de la Resolución núm. 5547 de 2005, por las
razones que pasan a explicarse.

En primer lugar, la certificación del 10 de abril de 2014 expedida en idioma inglés por
la Anglican Church International Communion, no fue aportada con traducción oficial al
castellano y, por ende, no es susceptible de apreciarse como prueba de la acreditación
del seminario ni de su autorización para expedir títulos de educación superior, de
conformidad con el artículo 251 del Código General del Proceso (CGP)41.

36 Samai, índice 73, documento electrónico con certificado 5B1BD343DD65B191 0B59875055342E2C

1AC4A13880867AE8 61B51936A163B796 denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)”, págs. 11 -
12.
37 Samai, índice 73, documento electrónico con certificado BD5D97981FD16FF5 7C252F71E19F7686

D18F4D32AF0ACEE1 8DA58616E8FE3DCA denominado
“ANEXO:97_EXPEDIENTEDIGI_ANEXO_0_20240827152655651(.pdf)”, págs. 145 - 149.
38 Ibidem, págs. 137 - 139.
39 Samai, índice 73, documento electrónico con certificado 5B1BD343DD65B191 0B59875055342E2C

1AC4A13880867AE8 61B51936A163B796 denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)”, págs. 5 - 10.
40 Ibidem, págs. 2 - 5.
41 “Artículo 251. Documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero. Para que los

documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere
que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la
traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia

20

Radicado: 11001-03-24-000-2015-00314-00
Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

Al respecto, esta Sección ha explicado que los documentos redactados en un idioma
extranjero no pueden ser valorados cuando se desconoce su contenido real, pues los
procesos judiciales deben tramitarse en lengua castellana. Así se ha indicado 42:

[…] Valga señalar que el hecho de que las facturas y certificados aportados como
prueba al presente asunto a través de los antecedentes administrativos de los
actos demandados, se encuentren en un idioma extranjero, impide la debida
valoración probatoria que le corresponde, pues ante el desconocimiento de su
contenido real no resulta dable ningún intento de interpretación o inferencia en
relación con lo que se pretende acreditar a través de la pieza documental allegada,
en tanto que se erige la regla que, en aras de la igualdad procesal, prescribe que
los procesos judiciales se tramiten exclusivamente en lengua castellana. […]

En consecuencia, para la Sala es claro que el actor debió aportar la mencionada
certificación con su respectiva traducción oficial al idioma castellano para que pudiera
ser valorada como prueba.

No obstante, aun si se atendiera exclusivamente a la descripción que de ese
documento hicieron las partes y los actos acusados, tampoco se demostraría el
cumplimiento del artículo 1, por cuanto la certificación habría sido expedida por una
organización eclesiástica y daría cuenta de la acreditación del seminario dentro de la
estructura de la iglesia anglicana, pero no identifica el fundamento jurídico ni el acto
de la autoridad estatal competente que le permitiría otorgar títulos reconocidos como
de educación superior en el país de origen. A ello se agrega que no se probó que la
Anglican Church International Communion tuviera competencia legal para reconocer
instituciones de esa naturaleza.

Los documentos relativos al contenido, duración, metodología y requisitos del
programa tampoco acreditan ese presupuesto, pues, tales elementos podrían resultar
pertinentes para una eventual valoración académica, pero no demuestran la
naturaleza jurídica de la institución ni el reconocimiento del título dentro del sistema
de educación superior estadounidense.

En segundo lugar, la parte actora sustentó el reconocimiento del seminario en el
numeral 23-276.2(C) del Código de Virginia, al sostener que este exceptuaba del
requisito de certificación a las instituciones cuyo propósito principal fuera impartir
educación religiosa o teológica y que, con fundamento en esa norma, el Anglican
Seminary of Virginia estaba facultado para expedir títulos de bachelor, master y
doctorado. No obstante, no incorporó al proceso el texto oficial de dicho precepto con
su correspondiente traducción al castellano.

sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor. // Los documentos públicos
otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán apostillados
de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento
de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos
deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de
Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente
diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes
consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y
los de este por el cónsul colombiano. // Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se
entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país”.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de

noviembre de 2024, radicación n.° 11001-03-24-000-2011-00323-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.

21

Radicado: 11001-03-24-000-2015-00314-00
Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

Conviene precisar que el artículo 177 del CGP43 establece las formas mediante las
cuales la legislación extranjera puede incorporarse al proceso, de oficio o a solicitud
de parte, y prevé que no es necesaria su presentación cuando se encuentre publicada
en la página electrónica de la autoridad pública correspondiente. Esa posibilidad, sin
embargo, no releva del cumplimiento de la exigencia de traducción prevista en el
artículo 251 ibidem cuando el texto se encuentra redactado en un idioma distinto del
castellano.

En este caso no se allegó copia oficial traducida de la disposición, dictamen sobre su
contenido ni otro elemento que permitiera establecer el alcance del numeral 23-
276.2(C) del Código de Virginia, motivo por el cual, la Sala no puede determinar si lo
allí dispuesto excluía a determinadas instituciones religiosas del régimen general de
certificación, les confería automáticamente la condición de instituciones de educación
superior o las habilitaba para otorgar títulos con esos efectos académicos y
profesionales.

Lo que se advierte es que los actos acusados identificaron al SCHEV como la
autoridad competente para certificar las instituciones de educación superior en ese
Estado y señalaron que el seminario no figuraba registrado como institución pública o
privada de esa naturaleza. Tal fundamento no fue desvirtuado por la parte actora, pues
no aportó prueba de que el seminario hubiera obtenido de dicha autoridad una
certificación, exención o reconocimiento que lo habilitara para conferir el título cuya
convalidación pretendía.

En efecto, de conformidad con el artículo 167 del CGP, correspondía al demandante
«probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen». En consecuencia, debía acreditar que, conforme a la legislación del
Estado de Virginia, el Anglican Seminary of Virginia tenía la condición de institución
de educación superior o estaba legalmente facultado para expedir el título presentado.

La posibilidad de decretar pruebas de oficio, prevista en el artículo 213 del CPACA,
no modifica esa conclusión, dado que, dicha potestad solo es posible en los precisos
términos legales y permite esclarecer hechos oscuros o dudosos que surjan de la
actividad probatoria desplegada por las partes, pero no está destinada a completar la
prueba que les correspondía aportar ni a relevarlas de su carga. En este asunto no
existe un elemento probatorio incompleto que requiera aclaración, sino ausencia de
prueba idónea sobre la habilitación legal de la institución otorgante; por ello, no
procede suplir oficiosamente la carga incumplida por el demandante.

Así las cosas, como la parte actora no demostró que el título hubiera sido expedido
por una institución de educación superior extranjera o por una entidad legalmente
reconocida por la autoridad competente para otorgar títulos de esa naturaleza, para la
43 “ARTÍCULO 177. PRUEBA DE LAS NORMAS JURÍDICAS. El texto de normas jurídicas que no

tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a
solicitud de parte. // La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad
competente del respectivo país, por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul
colombiano en ese país. // También podrá adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o institución
experta en razón de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de
Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí. // Cuando se trate
de ley extranjera no escrita, podrá probarse con el testimonio de dos o más abogados del país de origen
o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente. // Estas reglas se aplicarán a las
resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo, no será
necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad pública
correspondiente. // PARÁGRAFO. Cuando sea necesario se solicitará constancia de su vigencia”
(negrilla fuera del texto original).

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Radicado: 11001-03-24-000-2015-00314-00
Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

Sala es claro que no desvirtuó la conclusión de los actos acusados según la cual la
solicitud no estaba comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 1 de la
Resolución núm. 5547 de 2005.

Esta conclusión no implica declarar que el seminario fuera una institución ilegal ni
desconocer la validez interna o religiosa que pudieran tener sus diplomas. Significa
únicamente que en este proceso no se acreditó su habilitación para expedir un título
reconocido como de educación superior por las autoridades competentes del país de
origen y susceptible, por tanto, de convalidación en Colombia.

Por consiguiente, el argumento relativo al reconocimiento y habilitación jurídica del
seminario para otorgar el título cuya convalidación se solicitó no está llamado a
prosperar.

3.4.3. Requisitos documentales y evaluación académica

La parte actora sostiene que el Ministerio infringió el artículo 2 de la Resolución núm.
5547 de 2005, al exigirle una certificación que acreditara el reconocimiento del
Anglican Seminary of Virginia y su facultad para expedir títulos de educación superior,
pese a que ese documento no figuraba expresamente entre los requisitos enumerados
en la citada disposición. Asimismo, cuestiona que la entidad se hubiera abstenido de
someter el programa a la evaluación académica prevista en el numeral 4 del artículo
3 ibidem, lo que calificó como un «rechazo de plano» de su solicitud.

Aunque la conclusión alcanzada en el acápite anterior resulta suficiente para
establecer que el título no era susceptible de convalidación al amparo de la Resolución
núm. 5547 de 2005, por no haberse acreditado que se encontrara comprendido en su
ámbito de aplicación, la Sala considera pertinente pronunciarse sobre los demás
cuestionamientos formulados por la parte actora, relacionados con el requerimiento
de información adicional y la ausencia de valoración académica.

En primer lugar, no prospera el argumento según el cual el Ministerio carecía de
competencia para solicitar documentos distintos de los enumerados en el artículo 2
de la resolución, pues, como se explicó, los requisitos allí previstos permitían acreditar
la existencia y autenticidad formal del diploma y conocer los estudios realizados, pero
no demostraban, por sí solos, la naturaleza jurídica de la institución otorgante ni su
habilitación para expedir títulos de educación superior.

Precisamente, el artículo 7 ejusdem facultaba al Ministerio para requerir las
explicaciones, aclaraciones o informaciones adicionales necesarias para adoptar la
decisión de fondo, en los siguientes términos:

Artículo 7°. Complementación de información. Si para efectos de emitir el
concepto o el acto administrativo que decida de fondo la solicitud, se requiere que
el peticionario explique, aclare o aporte información adicional, este deberá atender
la solicitud en el término de dos (2) meses.

De no presentarse la información complementaria en el plazo antes señalado, el
Ministerio de Educación decidirá con base en la documentación inicialmente
aportada por el solicitante.

Por tanto, ante las dudas sobre la naturaleza jurídica del seminario, la entidad podía
solicitar una certificación dirigida a comprobar el presupuesto sustancial previsto en el
artículo 1 de la resolución.

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Radicado: 11001-03-24-000-2015-00314-00
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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

Ese requerimiento tampoco comportó una extralimitación de funciones, pues el
Ministerio no pretendió declarar la invalidez del diploma en el Estado de Virginia ni
desconocer los efectos que pudiera producir dentro de la organización religiosa. Se
limitó a verificar si la institución otorgante y el título reunían las condiciones exigidas
por el ordenamiento colombiano para reconocerle efectos académicos en el territorio
nacional, actuación que formaba parte del procedimiento de convalidación.

En este punto, la Sala no considera necesario determinar si los documentos
académicos aportados cumplían con el requisito de apostilla, como lo afirmó el
demandante y lo controvirtió el Ministerio en la Resolución núm. 03836 de 2015, pues
la falta de acreditación del presupuesto previsto en el artículo 1 de la Resolución núm.
5547 de 2005 resultaba suficiente para negar la solicitud, con independencia del
cumplimiento de los requisitos formales establecidos en su artículo 2.

En segundo lugar, contrario a lo manifestado por la parte actora, la solicitud no fue
«rechazada de plano», pues, aunque el epígrafe de la Resolución núm. 9918 de
201444 señala que mediante aquella se archivó la actuación, su parte resolutiva negó
expresamente la convalidación, decisión que fue confirmada por las Resoluciones
núm. 16415 de 2014 y 03836 de 2015.

Además, la motivación de los actos demuestra que el Ministerio radicó y examinó la
petición, requirió información adicional sobre la habilitación del seminario, valoró la
respuesta del interesado y consultó las fuentes que consideró pertinentes antes de
adoptar la decisión. A su vez, el actor pudo controvertirla mediante los recursos de
reposición y apelación, ambos resueltos de fondo. En consecuencia, no se trató de
una decisión inhibitoria ni de la negativa a tramitar la solicitud, sino de una decisión de
fondo desfavorable a los intereses del solicitante.

La actuación tampoco correspondió al archivo regulado en el artículo 6 45 de la
Resolución núm. 5547 de 2005, previsto para el supuesto en que, al momento de la
radicación, se advirtiera la falta de alguno de los documentos exigidos y el interesado
no subsanara esa omisión oportunamente. En este caso, el Ministerio ejerció la
facultad de complementación establecida en el artículo 7 y, con fundamento en la
información disponible, concluyó mediante acto motivado que no se acreditaba el
presupuesto sustancial del artículo 1.

Precisado lo anterior, tampoco resultaba procedente someter el programa a
evaluación académica, dado que los criterios de convalidación previstos en el artículo
3 de la Resolución núm. 5547 de 2005 -convenio de reconocimiento de títulos,
programa o institución acreditados, caso similar y evaluación académica 46- solo

44 «Por medio de la cual se archiva una solicitud de convalidación».
45 “Artículo sexto. Radicación de la documentación. El solicitante deberá entregar la documentación

requerida en la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, de conformidad
con lo establecido en la presente Resolución. // Cuando los documentos proporcionados por el
peticionario no se encuentren completos, en el acto de recibo se le indicaran los que falten, si insiste
en que se radique, se le recibirá la petición dejando constancia expresa de las advertencias que le
fueron hechas. Así mismo, se le informará que cuenta con el término de dos (2) meses para
complementar la información. // De no presentarse la información complementaria en el plazo
antes señalado, se ordenará el archivo de las actuaciones, devolviéndose la documentación al
interesado. en los términos del artículo 13 del Código Contencioso Administrativo […]” (negrillas fuera
de texto).
46 “Artículo 3°. Convalidación de títulos de pregrado y posgrado. Para efectos de la convalidación de

títulos de pregrado y de posgrado se deberá hacer una evaluación de la información y en su orden
verificar cuál de los siguientes criterios se aplica para de esta forma proceder al trámite correspondiente:

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resultaban aplicables una vez verificado que el título había sido expedido por una
institución comprendida en el ámbito definido por el artículo 1 ibidem.

La referencia del artículo 10 de la Resolución núm. 5547 de 200547 a los procesos de
evaluación legal y académica no significaba que toda solicitud debiera someterse
necesariamente a valoración académica, aun cuando el examen jurídico estableciera
que el diploma no estaba comprendido en el ámbito de aplicación de la norma. Una
interpretación semejante privaría de efecto a su artículo 1, que limitaba expresamente
la convalidación a los títulos expedidos por instituciones de educación superior
extranjeras o por entidades legalmente facultadas para conferirlos.

En efecto, se itera que, la evaluación jurídica y la académica tenían objetos distintos:
la primera permitía determinar la naturaleza de la institución otorgante y establecer si
el diploma correspondía a un título de educación superior reconocido en el país de
origen; la segunda estaba dirigida a precisar el nivel, la denominación y la equivalencia
académica de los estudios. Por ello, la evaluación prevista en el numeral 4 del artículo
3 podía resolver dudas sobre las características académicas de un título, pero no suplir
la falta de acreditación de la habilitación legal de la institución que lo expidió.

En el presente asunto, el Ministerio agotó el examen jurídico y, después de requerir al
interesado y valorar la información aportada, concluyó que no se demostró que el
Anglican Seminary of Virginia estuviera facultado por la autoridad competente para
otorgar títulos de educación superior. En esas condiciones, la negativa no obedeció a
un rechazo de plano ni a la falta de acreditación académica del programa, sino al
incumplimiento del presupuesto sustancial previsto en el artículo 1, razón por la cual
no resultaba procedente aplicar los criterios de convalidación previstos en el artículo
3.

Por las razones expuestas en este acápite y en el precedente, no prospera el
argumento según el cual el Ministerio debía someter necesariamente el programa a
evaluación académica antes de decidir la solicitud, ni se configura la alegada
infracción de los artículos 1 y 2 y del numeral 4 del artículo 3 de la Resolución núm.
5547 de 2005.

3.4.4. Precedente constitucional sobre títulos propios

La parte actora invocó las sentencias T-956 de 2011, T-232 de 2013 y T-430 de 2014
de la Corte Constitucional para sostener que el carácter propio o no oficial del diploma
no constituía, por sí solo, una razón suficiente para negar su convalidación y que, por
tanto, el Ministerio debía someterlo a la evaluación académica prevista en el numeral
4 del artículo 3 de la Resolución núm. 5547 de 2005.

1. CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE TITULOS. […] // 2. PROGRAMA O INSTITUCION
ACREDITADOS, O SU EQUIVALENTE EN EL PAIS DE PROCEDENCIA. […] // 3. CASO SIMILAR.
[…] // 4. EVALUACION ACADEMICA. Si el título que se somete a convalidación no se enmarca en
ninguno de los criterios señalados anteriormente o si no existe certeza sobre el nivel académico
de los estudios que se están convalidando, o su denominación, se someterá la documentación a
proceso de evaluación académica. Este trámite se adelantará en un término no mayor a cinco (5) meses
contados a partir del recibo en debida forma de la documentación requerida. […]” (negrilla fuera del
texto original).
47 “Artículo décimo. Decisión. Cumplidos los procesos de evaluación legal y académica, el Ministerio de

Educación Nacional, mediante Resolución motivada decidirá de fondo la solicitud. // Contra el acto
administrativo que decida el trámite de convalidación procederán los recursos de ley”.

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En la sentencia T-956 de 201148, la Corte Constitucional examinó, entre otros asuntos,
la negativa del Ministerio a convalidar un Máster Propio en Derechos Fundamentales
otorgado por la Universidad Carlos III de Madrid. En ese caso, la entidad había
sustentado su decisión en la distinción existente en el ordenamiento español entre
títulos oficiales y propios, estos últimos expedidos por las universidades en ejercicio
de su autonomía, pero desprovistos de los efectos académicos y profesionales
generales reconocidos a los primeros.

La Corte reprochó que el Ministerio se hubiera limitado a formular consideraciones
generales sobre la validez de esa clase de diplomas, sin examinar los criterios
previstos en el artículo 3 de la Resolución núm. 5547 de 2005. Sobre el particular,
señaló:

7.2.5. Ahora bien, el oficio 2008EE20503 de 2008 no constituye una resolución
motivada que niegue o reconozca la convalidación del título de Máster Propio en
Derechos Fundamentales expedido al señor Jorge Andrés Castillo Álvarez por la
Universidad Carlos III de Madrid (España), ya que se limita únicamente a realizar
unas consideraciones sobre la validez de esa clase de títulos.

Pero, lo más grave y censurable del oficio en referencia es que no contiene
evaluación alguna de los criterios de convalidación de títulos otorgados por
instituciones de educación superior extranjeras enumerados en el artículo 3° de la
Resolución 5547 de 2005 (convenio de reconocimiento de títulos, programa o
institución acreditados o su equivalente en el país de procedencia, caso similar y
evaluación académica), la cual debe hacerse en forma sucesiva y excluyente.
Sobre todo se echa de menos que no se haga la evaluación del caso similar, si se
tiene en cuenta que la misma Dirección de Calidad para la Educación Superior
reconoció y convalidó títulos de Máster Propio en Derechos Fundamentales de la
Universidad Carlos III de Madrid (España) a Ruth Carolina Blanco Alvarado
(Resolución 4164 del 12 de noviembre de 2004), Hugo Alberto Carrillo Gómez
(Resolución 4691 del 16 de diciembre de 2004), Claudia Irene Gutiérrez Bedoya
(Resolución 2939 del 22 de julio de 2005), José Antonio Mogollón Ortega
(Resolución 2087 del 3 de mayo de 2007), Juan Pablo Rodríguez Cruz
(Resolución 3592 del 27 de junio de 2007), Mónica Patricia Rueda (Resolución
5198 del 7 de septiembre de 2007), Amparo Villamil Mendieta (Resolución 7272
del 27 de noviembre de 2007) y Germán Herney Botello Aponte (Resolución 1236
del 10 de marzo de 2008).

Del mismo modo, el MEN omitió en el oficio 2008EE20503 de 2008, en caso de
no existir certeza sobre el nivel académico de los estudios objeto de convalidación,
someter la documentación a proceso de evaluación académica a través de la
Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior –CONACES-, así como dar traslado del concepto
desfavorable a la solicitud del interesado (artículo 9° de la Resolución 5547 de
2005).

Como se observa, la Corte advirtió que el Ministerio había convalidado previamente
el mismo título a otros solicitantes, mediante la aplicación del criterio del caso similar
o después de comprobar el cumplimiento de las condiciones académicas. Por ello,
consideró que la entidad debía examinar sucesivamente los criterios de convalidación
y, en particular, determinar si procedía aplicar el caso similar o efectuar la evaluación
académica.

48 Corte Constitucional, sentencia T-956 de 15 de diciembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

Posteriormente, en la sentencia T-232 de 201349, la Corte analizó la negativa a
convalidar un Máster en Gestión Turística expedido por la Universidad de las Islas
Baleares. En esa oportunidad, el Ministerio también había fundado su decisión en que
se trataba de un título propio que no gozaba en España de los mismos efectos
académicos y profesionales atribuidos a los títulos oficiales.

Tras reiterar la sentencia T-956 de 2011, la Corte concluyó que esa circunstancia no
era suficiente para negar la solicitud, debido a que el Ministerio había convalidado
previamente títulos propios provenientes de España y no había explicado por qué el
caso debía recibir un tratamiento diferente. En ese sentido, precisó:

[A] juicio de la Corte, a partir de los presupuestos de la Resolución 5547 de 2005
y la aplicación que se le ha dado a ésta, para efectos de la convalidación de títulos
en Colombia, la naturaleza del título, propio u oficial, no puede ser motivo para
negar su reconocimiento. De allí que se haya concluido que, para determinar la
viabilidad de la convalidación de un título propio en el territorio nacional, se
requiere de la evaluación académica, para determinar, con base en el programa,
que valor se le da al título en el ordenamiento jurídico, y así garantizar la calidad
de la educación que se recibió.

Ahora bien, la legislación española diferencia entre los títulos propios y oficiales.
De acuerdo a la Ley Orgánica de España 06 de 2001, modificada por la Ley 04 de
2007, en dicho país, los títulos oficiales, tendrán reconocimiento en todo el
territorio nacional, y los títulos propios, según el artículo 6 del Real Decreto de
España 1496 de 1987, vigente al momento de iniciar sus estudios el accionante,
“carecerán de los efectos académicos plenos y de la habilitación para el ejercicio
profesional que las disposiciones legales otorguen a los títulos oficiales”. Sin
embargo, por medio de estos últimos se busca suplir la demanda que se generó
en la experticia de ciertas áreas laborales, procurando la educación del individuo
enfocada a necesidades muy particulares del mercado laboral al que se enfrenta
cada persona en específico.

A partir de esa premisa, en la sentencia se sostuvo que el estudio debía superar las
consideraciones generales relacionadas con la naturaleza del diploma y continuar con
los criterios establecidos en el artículo 3 de la Resolución núm. 5547 de 2005. En
particular, concluyó que el asunto podía estar comprendido en los supuestos del caso
similar o de la evaluación académica, por lo que ordenó aplicar, de ser posible, el
primero de esos criterios o, en su defecto, someter el programa a evaluación
académica.

Finalmente, en la sentencia T-430 de 201450, relacionada con un Máster en
Neuropsicología Clínica otorgado por la Universidad de Salamanca, el Ministerio negó
la convalidación porque los títulos propios no eran reconocidos por las autoridades
españolas como títulos de educación superior con efectos académicos y profesionales
en ese país. En dicha providencia se señaló:

5.5. Además, los antecedentes del caso llevan inexorablemente a que esta Sala
de Revisión confirme el fallo revisado en tanto, a su vez, él avaló la decisión de
primera instancia de proteger los derechos fundamentales de la actora. En efecto,
frente al trámite de convalidación de los títulos propios expedidos en una
universidad española, esta corporación ya ha advertido sin condicionamiento
alguno que el Ministerio de Educación debe proceder a la “evaluación académica”
consignada en el artículo 3º, numeral 4 de la Resolución 5547 de 2005, sin que

49 Corte Constitucional, sentencia T-232 de 18 de abril de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
50 Corte Constitucional, sentencia T-430 de 3 de julio de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

sea procedente negar ese procedimiento alegando la invalidez de ese tipo de
diplomas.

Teniendo en cuenta que el Ministerio insiste en desconocer la ratio decidendi de
las sentencias T-956 de 2011 y T-232 de 2013, se advierte que negar el trámite
de convalidación cuando un diploma tiene la categoría de “título propio”, es
inconstitucional y vulnerador de los derechos a la igualdad y el debido proceso.
Además, atendiendo a que esa tesis proviene de una postura homogénea
establecida por dos Salas de Revisión de la Corte Constitucional, debe recordarse
que resulta obligatoria y debe ser apropiada y aplicada por el Ministerio a todos
los casos sin excepción. De hecho, sumado a la decisión de confirmar el fallo
revisado, se ordenará compulsar copias de esta providencia a la oficina de control
interno de la entidad demandada para que: (i) establezca la existencia de
responsabilidades disciplinarias por no apropiar la jurisprudencia de la Corte
Constitucional; (ii) verifique la aplicación de los precedentes constitucionales a las
diferentes funciones del organismo y (iii) compruebe que en el presente caso se
cumplan con las pautas, etapas y términos establecidos en la Resolución 5547 de
2005.

La Corte explicó que, tratándose de títulos propios expedidos por universidades
españolas, no resultaba procedente negar la evaluación académica con fundamento
exclusivo en la falta de validez oficial del diploma. Según indicó, dicho procedimiento
permitía determinar materialmente la calidad e idoneidad de los estudios y establecer
si podían equipararse en Colombia a un diplomado, una especialización, una maestría
o un doctorado. En consecuencia, ordenó adelantar la evaluación prevista en el
numeral 4 del artículo 3 de la Resolución núm. 5547 de 2005.

De estas providencias se desprende que el carácter propio o no oficial de un título
expedido por una universidad extranjera no podía constituir la única razón para negar
su convalidación. La regla jurisprudencial respondió a casos en los cuales el Ministerio
había descartado los diplomas por su sola clasificación como títulos propios, sin
aplicar los criterios de caso similar o evaluación académica, a pesar de que
anteriormente había convalidado diplomas de la misma naturaleza.

No obstante, los supuestos examinados en esas decisiones difieren de los que se
presentan en este proceso, puesto que los tres asuntos versaron sobre diplomas
expedidos por universidades españolas -Carlos III de Madrid, de las Islas Baleares y
de Salamanca- cuya condición como instituciones de educación superior no estaba
controvertida. En esos casos, el debate recaía sobre los efectos de los títulos propios
conferidos por esas universidades y sobre la posibilidad de negar su convalidación
por no tener el mismo reconocimiento oficial, académico y profesional que el
ordenamiento español atribuía a los títulos oficiales.

En este asunto, en cambio, la controversia recae sobre un presupuesto previo, este
es, si el Anglican Seminary of Virginia tenía la condición de institución de educación
superior o se encontraba legalmente reconocido por la autoridad competente del país
de origen para otorgar títulos de esa naturaleza, en los términos del artículo 1 de la
Resolución núm. 5547 de 2005.

Como se concluyó en los acápites precedentes, ese presupuesto no fue acreditado,
razón suficiente para considerar que el título no estaba comprendido en el ámbito de
aplicación de la Resolución núm. 5547 de 2005 y que, por tanto, no procedía aplicar
los criterios de convalidación previstos en su artículo 3. Así, a diferencia de los
precedentes invocados, la negativa del Ministerio no se sustentó en el carácter propio

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o no oficial del diploma, sino en la falta de acreditación de la condición o habilitación
de la institución que lo expidió.

Con todo, se precisa que la categoría de «título propio» invocada por el demandante
pertenece al sistema universitario español y corresponde a los títulos que las
universidades, en ejercicio de su autonomía, podían expedir al margen de los estudios
conducentes a títulos oficiales51. En ese sentido, la sentencia T-956 de 2011 explicó
que se trataba de títulos expedidos por universidades legalmente reconocidas, pero
carentes de los efectos académicos y profesionales generales atribuidos a los títulos
oficiales. Por tanto, su carácter «propio» se refería a la naturaleza y efectos del título,
no a la condición jurídica de la institución que lo otorgaba.

Así las cosas, contrario a lo sostenido por la parte actora, no se acreditó que el título
de Doctor of Philosophy otorgado por el Anglican Seminary of Virginia perteneciera a
una categoría equivalente a la de los títulos propios del sistema español, máxime
cuando no se probó que el seminario pudiera otorgar títulos de educación superior y
el diploma no podía considerarse un título propio por el solo hecho de provenir de una
institución religiosa o carecer de reconocimiento oficial.

Tampoco modifica esta conclusión la referencia al proyecto del Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018, pues, si bien la disposición invocada fue posteriormente
incorporada en el parágrafo 1.º del artículo 62 de la Ley 1753 de 2015 y estableció un
régimen de transición para determinados títulos propios o no oficiales, entró en vigor
después de la expedición de los actos acusados y, en todo caso, presuponía que el
diploma hubiera sido otorgado por una institución de educación superior. Por ello, no
relevaba al actor de acreditar la habilitación del Anglican Seminary of Virginia para
conferir títulos de ese nivel.

Asimismo, aunque el actor afirmó de manera general que el Ministerio había
convalidado otros títulos propios de posgrado expedidos por instituciones extranjeras,
no identificó una decisión referida al mismo programa del Anglican Seminary of
Virginia ni acreditó la existencia de solicitudes resueltas bajo condiciones jurídicas y
fácticas comparables, de ahí que, no se configure el supuesto de trato desigual que
resultó determinante en las sentencias T-956 de 2011, T-232 de 2013 y T-430 de
2014.

En consecuencia, el precedente invocado no eximía al demandante de acreditar el
presupuesto previsto en el artículo 1 de la Resolución núm. 5547 de 2005 ni obligaba
al Ministerio a someter a evaluación académica un diploma respecto del cual no se
había demostrado que proviniera de una institución legalmente facultada para expedir
títulos de educación superior.

Por tanto, el cargo relacionado con el desconocimiento del precedente constitucional
tampoco está llamado a prosperar.

51 El artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción

introducida por la Ley Orgánica 4/2007, disponía: “Las universidades impartirán enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional y podrán
impartir enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos” (negrillas fuera de texto). Disponible
para consulta en la dirección electrónica: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515.
La disposición adicional undécima del Real Decreto 1393/2007, adicionada por el Real Decreto
861/2010 y vigente desde el 4 de julio de 2010, regulaba los «títulos no oficiales» y autorizaba a las
universidades para impartir, en ejercicio de su autonomía, enseñanzas conducentes a títulos distintos
de los oficiales previstos para los niveles de grado, máster y doctorado. Disponible para consulta en la
dirección electrónica: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770

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3.4.5. El trato desigual invocado frente a títulos semejantes y los derechos
constitucionales que se estiman infringidos

Por último, la parte actora sostuvo que la negativa de convalidación vulneró sus
derechos a la igualdad, al debido proceso, a la buena fe y a escoger profesión u oficio,
debido a que, el Ministerio había convalidado otros títulos propios de posgrado
expedidos por instituciones extranjeras -cuestión resuelta en el acápite anterior- y en
Colombia se reconocían títulos semejantes en Filosofía y Teología, entre ellos los
conferidos por la Pontificia Universidad Javeriana, pese a estar regidos, según afirmó,
por normas eclesiásticas y no someterse a supervisión estatal.

A partir de esa comparación, consideró injustificado que los títulos religiosos o
teológicos otorgados por instituciones colombianas produjeran efectos académicos,
mientras que el suyo fuera rechazado por la ausencia de control gubernamental sobre
el seminario; asimismo, en cuanto al debido proceso y a la buena fe, reprochó que el
Ministerio le exigiera una certificación no prevista en la Resolución núm. 5547 de 2005,
desconociera la legislación del Estado de Virginia y omitiera someter el programa a
evaluación académica -aspectos examinados en precedencia-, a la vez que, adujo
que la decisión le impedía ejercer el grado para el cual se había preparado, vulnerando
su derecho a escoger profesión u oficio.

Antes de examinar los argumentos relacionados con el supuesto trato desigual frente
a títulos otorgados por la Pontificia Universidad Javeriana, la Sala considera necesario
precisar el alcance probatorio de la información recaudada de oficio.

En la audiencia inicial, el despacho sustanciador ordenó oficiar a esa universidad para
que informara si expedía títulos de educación superior en teología con enfoque
filosófico, correspondientes a programas sometidos al control del Ministerio de
Educación Nacional, y dispuso correr traslado de la respuesta a las partes.

En cumplimiento de esa orden, la institución informó que «no cuenta con programas
en Teología con enfoque filosófico». Aclaró, sin embargo, que los pregrados en
teología y licenciatura en teología incluían un componente curricular denominado
«bienio filosófico-pedagógico», mientras que la maestría y el doctorado en teología no
contemplaban asignaturas de filosofía52.

Durante el traslado de esa respuesta, tanto el Ministerio de Educación Nacional como
la parte actora allegaron documentos adicionales. El primero aportó una comunicación
de 20 de abril de 2018 de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, relacionada
con la consulta de los sistemas SNIES53 y SACES5455. Por su parte, el demandante
presentó una respuesta de la Universidad Pontificia Bolivariana sobre sus titulaciones
civiles y canónicas56, así como un folleto de la Facultad de Derecho Canónico de la
Pontificia Universidad Javeriana57.

La Sala se abstendrá de valorar esos últimos documentos como medios de prueba
autónomos, por cuanto, de conformidad con el artículo 212 del CPACA, para que las
52 Samai, índice 73, documento electrónico con certificado 5B1BD343DD65B191 0B59875055342E2C

1AC4A13880867AE8 61B51936A163B796 denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)”, pág. 163.
53 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.
54 Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
55 Ibidem, págs. 169 - 175.
56 Ibidem, pág. 167.
57 Ibidem, págs. 176 - 179.

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pruebas puedan ser apreciadas deben solicitarse, practicarse e incorporarse dentro
de los términos y oportunidades previstos en ese Código. A su vez, el artículo 213
ibidem establece específicamente que, tratándose de pruebas decretadas de oficio,
las partes pueden aportar o solicitar nuevas pruebas indispensables para
contraprobarlas, por una sola vez, dentro del término de ejecutoria del auto que las
decreta. En este caso, los documentos adicionales fueron allegados posteriormente,
al descorrer el traslado de la respuesta rendida por la Pontificia Universidad Javeriana,
cuando aquella oportunidad había precluido; de ahí que dicho traslado permitiera a
las partes pronunciarse sobre el alcance de la prueba practicada, pero no incorporar
nuevos medios de convicción.

Hecha esta precisión, la prueba practicada no demuestra la situación de igualdad
alegada por el actor, pues la información suministrada no permite identificar un
programa de posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana equivalente o
comparable con el título de Doctor of Philosophy obtenido en el Anglican Seminary of
Virginia. En consecuencia, no se acreditó la premisa fáctica en la que se sustentó el
reproche de trato desigual.

Ahora bien, al descorrer el traslado, el demandante sostuvo que la respuesta de la
Universidad había omitido los programas de naturaleza canónica y afirmó que estos
se encontraban sometidos a la autoridad de la Santa Sede y no a la supervisión del
Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, tal manifestación, no demuestra el
supuesto de comparación invocado y los documentos allegados para sustentarla,
como quedó explicado, no pueden ser valorados como prueba.

Aunado a lo anterior, la sola existencia de títulos de naturaleza canónica o eclesiástica
tampoco permitiría establecer la igualdad reclamada, pues el literal d) del artículo 7 de
la Ley 133 de 1994 distingue entre la autonomía de las iglesias y confesiones
religiosas para establecer y dirigir sus institutos de formación y estudios teológicos y
el reconocimiento civil de los títulos expedidos por estos, el cual debe ser objeto de
convenio con el Estado o, en su defecto, de reglamentación legal 58. Por tanto, el
reconocimiento de un grado dentro de un ordenamiento eclesiástico no comporta, por
sí solo, que produzca los mismos efectos civiles y académicos de un título reconocido
por el Estado colombiano.

Ninguno de esos supuestos resulta equiparable al examinado, dado que, el diploma
del demandante fue expedido bajo la denominación Doctor of Philosophy y no se
acreditó que correspondiera a un título canónico o eclesiástico sujeto a un régimen
jurídico particular que determinara sus efectos académicos. Más importante aún,
como se concluyó previamente, tampoco se demostró que el Anglican Seminary of
Virginia estuviera reconocido por la autoridad competente del Estado de Virginia como
institución de educación superior o legalmente facultado para conferir títulos de esa
naturaleza.

58 El literal d) del artículo 7 de la Ley 133 de 1994, «por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad

Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política», reconoce a las iglesias
y confesiones religiosas el derecho a tener y dirigir autónomamente sus propios institutos de formación
y de estudios teológicos y prevé que el reconocimiento civil de los títulos académicos expedidos por
estos será objeto de convenio entre el Estado y la respectiva iglesia o confesión religiosa o, en su
defecto, de reglamentación legal. Al revisar la constitucionalidad de esta norma, la Corte Constitucional
precisó que tales instituciones pueden desarrollar autónomamente esa función formativa, pero que el
reconocimiento civil de los títulos se sujeta a esos mecanismos y que, en todo caso, corresponde al
Estado la suprema inspección y vigilancia de la educación. Corte Constitucional, sentencia C-088 de 3
de marzo de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz.

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Así las cosas, la coincidencia temática con áreas como la filosofía, la teología o los
estudios religiosos, así como el carácter religioso de las instituciones, no resulta
suficiente para establecer situaciones jurídicamente comparables. Para ello era
necesario demostrar que los títulos invocados como parámetro de comparación
habían sido expedidos bajo condiciones jurídicas equivalentes a las del diploma cuya
convalidación se solicitó y que, pese a ello, recibieron un tratamiento distinto por parte
del Ministerio, circunstancia que no fue acreditada.

Asimismo, se itera que, la afirmación general de que el Ministerio había convalidado
otros títulos propios de posgrado no estuvo acompañada de actos administrativos
relacionados con diplomas conferidos por el Anglican Seminary of Virginia ni de
decisiones adoptadas frente a instituciones sometidas a condiciones jurídicas
equivalentes y, por tanto, no se acreditaron sujetos comparables ni un tratamiento
diferenciado que pudiera vulnerar el artículo 13 de la Constitución Política.

En cuanto al debido proceso, como se explicó, el requerimiento dirigido a establecer
la naturaleza del seminario y su habilitación para conferir títulos de educación superior
se sustentó en la facultad prevista en el artículo 7 de la Resolución núm. 5547 de 2005
y fue comunicado al interesado, quien tuvo la oportunidad de pronunciarse y allegar
los documentos que consideró pertinentes, sin que su valoración desfavorable
implique el desconocimiento de las garantías invocadas.

Respecto de la buena fe, la exigencia de acreditar el presupuesto previsto en el
artículo 1 de la Resolución núm. 5547 de 2005 no desconoció una situación
consolidada ni defraudó una expectativa legítima creada por la Administración, pues
el actor no demostró que el Ministerio le hubiera asegurado la convalidación o hubiera
adoptado previamente decisiones favorables respecto del mismo programa y de la
misma institución, o de títulos expedidos bajo condiciones jurídicas equivalentes.

Finalmente, tampoco se advierte la alegada vulneración del derecho a escoger
profesión u oficio, consagrado en el artículo 26 de la Constitución Política, pues esa
garantía no exime al interesado de cumplir las condiciones legales y reglamentarias
exigidas para reconocer en Colombia un título obtenido en el exterior, particularmente
cuando no se demostró que la institución otorgante estuviera facultada, conforme a la
legislación del país de origen, para conferir títulos de educación superior.

En consecuencia, la Sala no encuentra vicios de legalidad en los actos acusados,
dado que el Ministerio aplicó el régimen de convalidación vigente y negó la solicitud
ante la falta de acreditación del presupuesto previsto en el artículo 1 de dicha
normativa, conclusión que no fue desvirtuada por la parte actora; asimismo, no se
acreditó el trato desigual alegado ni el desconocimiento del precedente constitucional
invocado, cuyos supuestos fácticos y jurídicos difieren de los examinados en este
asunto, ni la vulneración de los derechos al debido proceso, a la buena fe y a escoger
profesión u oficio.

En este orden de ideas, los cargos no están llamados a prosperar y se negarán las
pretensiones de la demanda.

3.5. Costas

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Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

La Sala no condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas,
lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA 59, en
concordancia con el artículo 36560 del CGP, aplicable al caso por la remisión del
artículo 306 de la mencionada ley.

3.6. Otras determinaciones

Mediante memorial visible en el índice 71 del proceso en Samai, el abogado Carlos
Alberto Vélez Alegría allegó poder que le confirió el Ministerio de Educación Nacional.
Por tanto, la Sala le reconocerá personería para actuar en representación de la
entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del CGP61 y en virtud del
artículo 5 de la Ley 2213 de 202262.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: RECONOCER personería al abogado Carlos Alberto Vélez Alegría, para
actuar en representación de la Nación – Ministerio De Educación Nacional, en los
términos y para los fines del poder a él otorgado.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

59 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil. // En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
60 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
61 “Artículo 74. Poderes. El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por

memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser
presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las
sustituciones de poder se presumen auténticas”.
62 “Artículo 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir

mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán
auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.
En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá
coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados. // Los poderes otorgados por personas
inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita
para recibir notificaciones judiciales”.

33

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Demandante: José Erasmo Cuervo Carmona
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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