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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00346-00

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00346-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: SIN CONDENA en costas. TERCERO: TENER POR TERMINADO el poder conferido por el Ministerio de Minas y Energía al abogado Juan Alejandro Suárez Salamanca, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76 del Código General del Proceso. CUARTO: RECONOCER personería al abogado Edinson Zambrano Martínez para actuar como apoderado del Ministerio de Minas y Energía, en los términos y para los fines establecidos en el poder judicial a él conferido. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 Radicación: 11001 03 24 000 2015 00346 00 Demandante: NHORA ADRIANA LEAL JAIMES QUINTO: ACEPTAR la renuncia de poder presentada por el abogado Edinson Zambrano Martínez, de conformidad con las consideraciones expuestas. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2015-00346-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

8 de agosto de 2025

Radicación: 11001 03 24 000 2015 00346 00
Demandante: NHORA ADRIANA LEAL JAIMES

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001 03 24 000 2015 00346 00
Demandante: NHORA ADRIANA LEAL JAIMES
Demandado: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Tesis: No son nulos, al no haber sido expedidos de forma
irregular ni bajo falta de competencia, ni infracción de
las normas en que debía fundarse, los actos
administrativos por los cuales se condicionó la
importación de alcoholes carburantes a la constatación
de una situación de déficit en la oferta nacional y se
determinó la metodología para establecer si existe o no
déficit en la oferta nacional de alcohol carburante.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Nhora
Adriana Leal Jaimes, en ejercicio del medio de control de nulidad
establecido en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en contra del parágrafo 2 del
artículo 1 de la Resolución 90454 de 29 de abril de 2014 y la Resolución
40565 de 15 de mayo de 2015 expedidas por el Ministerio de Minas y
Energía.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Nhora Adriana Leal Jaimes presentó demanda1 en ejercicio del medio de
control de nulidad, en la cual formuló las siguientes:

1
Folios 48 a 71 del cuaderno principal digitalizado disponible en el índice 67 del historial de actuaciones del
proceso de SAMAI. La reforma a la demanda obra en folios 100 a 116 de cuaderno principal.

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Radicación: 11001 03 24 000 2015 00346 00
Demandante: NHORA ADRIANA LEAL JAIMES

1.1.1. Pretensiones

“1.- Se declare la nulidad parcial del parágrafo 2 artículo 1 de la Resolución N°
90454 del 29 de abril de 2014 emanada del Ministerio de Minas y Energía por
haber sido expedido con infracción de las normas en que debería fundarse.

2.- Se declare la nulidad total del acto administrativo Resolución N° 40565 de
mayo 15 de 2015, emanado del Ministerio de Minas y Energía por haber sido
expedido con infracción de las normas en que debería fundarse.

3. Se declare que los (2) actos administrativos demandados no surtieron el
trámite de solicitud de concepto previo ante la Dirección de Regulación del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo,

4. Se declare que los (2) actos administrativos demandados no surtieron el
trámite de notificación internacional,

5. Se declare la falta de competencia del Ministerio de Minas y Energía para
modificar el régimen económico del alcohol carburante de que trata el artículo 2
de la Ley 963 de 2001, en ejercicio de la POTESTAD REGLAMENTARIA, por
abrogarse competencias del pleno de las dos cámaras del congreso.

6. Que se resuelva y falle sin perjuicio de los Derechos que puedan asistir a
terceros pues acudo a esta Jurisdicción a título personal.

7. Que se condene al demandado al pago de costas y agencias en derecho.”2

1.1.2. Hechos fundamento de la demanda

1.1.2.1. Mediante Resolución 180687 de 17 de junio de 2003 el Ministerio
de Minas y Energía expidió la reglamentación técnica a la que hace
referencia el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 693 de 2001, en relación
con la producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los alcoholes
carburantes y su uso continuo en combustibles nacionales e importados.
En los considerandos de dicho acto se indicó que, efectuadas las
notificaciones internacionales a las que se refiere la Resolución 03742 de
2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC),
no se recibieron comentarios ni observaciones sobre el proyecto del
reglamento.

1.1.2.2. El parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 90454 de 29 de
abril de 2014, demandado, modificó parcialmente la Resolución 180687

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Folio 106 ibidem.

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Demandante: NHORA ADRIANA LEAL JAIMES

de 2003, en el sentido de condicionar las importaciones de alcohol
carburante al cubrimiento del déficit en la oferta y a los eventos en los
que se requiera para el cumplimiento de los porcentajes de mezcla en las
zonas del país que son atendidas en el programa de oxigenación de las
gasolinas colombianas. La norma señaló que la importación será
autorizada por el Ministerio de Minas y Energía, previo concepto de la
Dirección de Hidrocarburos.

1.1.2.3. Mediante oficio 2-2015-003987 de 25 de marzo de 2015 el
director de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dio
respuesta a una solicitud formulada por la accionante en el sentido de
informar que el Ministerio de Minas y Energía no solicitó el concepto de
esa Dirección previo a la expedición de los actos demandados, en los
términos establecidos en el Decreto 1844 del 29 de agosto de 2013.

1.1.2.4. Mediante memorando 2014008914 de 13 de febrero de 2014 la
oficina asesora jurídica del Ministerio de Minas y Energía advirtió que
“cualquiera sea la materia a la que se refiera, para efectos de expedir la
modificación que se pretenda efectuar a la resolución 180687 de 2003, el
proyecto se deberá remitir al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
para lo de su competencia”3.

1.1.2.5. A través de la Resolución 40565 de 15 de mayo de 2015 la
Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía expidió la
metodología para calcular el déficit de alcohol carburante en la oferta
nacional o para el cumplimiento de los porcentajes de mezcla en las
distintas zonas del país. En atención a la fecha de expedición del citado,
la demandante afirmó que la Dirección aplicó el parágrafo 2 del artículo 1
de la Resolución 90454 de 2014 durante un año, sin que durante ese lapso
existiera la metodología para su medición

3
Folio 103 ibidem.

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1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La demandante mencionó como normas violadas las siguientes:

• Artículos 2 y 3 del Decreto 1844 de 2013;
• Artículos 2 y 3 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
aprobado por la Ley 170 de 1994;
• Artículos 2, 3, 4 y 5 de la Resolución 3742 de 2001 de la SIC;
• Capítulos I y II del Título III del Decreto 1471 de 2014;
• Artículos 29, 150 numerales 16 y 21, 333 y 365 de la Constitución Política
• Artículo 2 de la Ley 693 de 2001
• Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011

Fundamentó el concepto de la violación a partir de los cargos de falta de
competencia, expedición irregular e infracción de las normas en que
deberían fundarse, según se explica a continuación:

• Respecto de la solicitud de nulidad del parágrafo 2 del artículo 1 de la
Resolución 90454 de 29 de abril de 2014

1.1.3.1. En la demanda la accionante planteó que el parágrafo 2 del
artículo 1 de la Resolución 90454 de 29 de abril de 2014 fue expedido en
forma irregular al no haberse solicitado de forma previa el concepto de la
Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
En ese trámite, debía consultársele a la entidad sobre el cumplimiento de
los lineamientos del Subsistema Nacional de Calidad e indagar si la
medida adoptada potencialmente podría crear obstáculos técnicos
innecesarios al comercio con otros países.

Al no haberse solicitado el concepto previo antes explicado, reprochó que
tampoco se surtió el trámite obligatorio de notificación internacional a la
Organización Mundial del Comercio (OMC) que el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo estaba obligado a realizar, toda vez que el parágrafo
2 del artículo 1 de la Resolución 90454 de 2014 modificó un reglamento
técnico. Por ello, planteó que el acto fue expedido en desconocimiento de

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lo previsto en los artículos 2 y 3 del Decreto 1844 de 2013; 2 y 3 del
Acuerdo sobre obstáculos Técnicos al Comercio aprobado por la Ley 170
de 1994; 2, 3, 4 y 5 de la Resolución 3742 de 2001 de la SIC, y en los
capítulos I y II del Título III del Decreto 1471 de 2014.

1.1.3.2. En segundo lugar, la demandante afirmó que la norma acusada
fue expedida sin competencia del Ministerio de Minas y Energía, pues con
ella se restringió y modificó el régimen económico del alcohol
desnaturalizado o alcohol carburante en Colombia. Explicó que, según el
artículo 2 de la Ley 693 de 2001, dicho régimen es de libre producción,
distribución y comercialización en Colombia, pues se rige bajo el principio
de libre competencia. Con todo, la demandante afirmó que el Ministerio
condicionó el acceso de los importadores al mercado libre del alcohol
carburante y creó con ello un monopolio por vía de hecho, lo cual es
competencia exclusiva del Congreso de la República de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 150 numerales 16 y 21, y 365 de la C.P.

1.1.3.3. Por las razones anteriores, la demandante planteó que la norma
acusada infringió las normas en que debía fundarse, en concreto, los
artículos 29, 150 numerales 16 y 21, 333 y 365 de la Constitución Política
y el artículo 2 de la Ley 693 de 2001.

• Respecto de la solicitud de nulidad de la Resolución 40565 de 15 de mayo
de 2015

1.1.3.4. La accionante reprochó que la Resolución 40565 fue expedida en
forma irregular porque no se agotó en debida forma el trámite previsto
en el numeral 8 del artículo 8 del CPCA, ya que el proyecto estuvo
publicado en la página web del Ministerio de Minas y Energía entre el 19
y el 25 de marzo de 2015, esto es, durante 4 días hábiles y 6 días
calendario. Planteó que con ello se desconoció igualmente el término de
publicidad que deben agotar los proyectos de reglamentos técnicos que,
según el artículo 4 de la Resolución 3742 de 2001 de la SIC, corresponde
a un lapso no inferior a 10 días en los cuales se podrán formular
comentarios y observaciones.

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1.1.3.5. Finalmente, la accionante dijo que respecto de la Resolución
40565 tampoco se cumplió con lo ordenado en el artículo 2 del Decreto
1844 de 29 de agosto de 2013, pues previo a su expedición no se solicitó
el concepto a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo respecto del cumplimiento de los lineamientos del
subsistema nacional de calidad y la posibilidad de que la norma creara
obstáculos técnicos innecesarios al comercio con otros países; así como
tampoco se surtió el trámite de notificación internacional antes
mencionado. Lo anterior, en desconocimiento de lo previsto en los
artículos 2 y 3 del Decreto 1844 de 2013; 2 y 3 del Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio aprobado mediante Ley 170 de 1994; 2,
3, 4 y 5 de la Resolución 3742 de 2001 de la Superintendencia de
Industria y Comercio; y en los capítulos I y II del Título III del Decreto
1471 de 2014.

II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

2.1. La demanda y su reforma fueron admitidas a través de los autos de
13 de agosto de 2015 y 11 de mayo de 2016, respectivamente. Se ordenó
su notificación al Ministerio de Minas y Energía, al representante del
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. Contestaciones de la demanda

2.2.1. El Ministerio de Minas y Energía contestó la demanda
oponiéndose a las pretensiones, para lo cual expuso los siguientes
argumentos4:

• En cuanto a la alegada violación de la Ley 170 de 1994, advirtió que
ningún país miembro de la Organización Mundial del Comercio ha

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Folios 129 a 142 del cuaderno principal, disponible en el índice 25 del historial de actuaciones de SAMAI.

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denunciado las resoluciones demandadas como violatorias de acuerdos o
tratados internacionales.

En línea con lo anterior, adujo que no todo reglamento o modificación de
este debe someterse al procedimiento previsto en el artículo 2 del Decreto
1844 de 9 de agosto de 2013, pues dicha norma se refiere únicamente a:
1) proyectos de reglamentos técnicos y 2) procedimientos de evaluación
de conformidad. Es decir, que solo cuando se trate de alguno de estos dos
documentos la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo debe verificar el cumplimiento de los lineamientos del
Subsistema Nacional de Calidad y evaluar si potencialmente podrían crear
obstáculos técnicos innecesarios al comercio con otros países.

Afirmó que de la lectura de las Resoluciones demandadas puede
establecerse que no corresponden a proyectos de reglamentos técnicos ni
a procedimientos de evaluación de conformidad. Por ende, no resultaba
obligatorio que la Dirección de Regulación verificara el cumplimiento del
subsistema nacional de calidad o examinara si en los mencionados actos
se crean obstáculos técnicos innecesarios al comercio con otros países.

Trajo a colación la definición de obstáculos técnicos al comercio prevista
en la Ley 170 de 1994 y destacó que aquellos se refieren a eventos en los
que se reglamentan características o propiedades de un producto de
forma tal que resulta más costosa su importación, con lo que se favorece
injustificadamente la producción nacional. En ese orden, advirtió que las
Resoluciones demandadas no establecen requisitos, formas,
componentes, cualidades ni cantidades específicas que deba tener el
etanol importado para que sea posible su comercialización en Colombia.
Por el contrario, lo que persiguen los actos acusados es la protección de
la producción nacional de alcohol anhídrido desnaturalizado, de manera
que no debía seguirse el procedimiento del Decreto 1844 de 2013.

Agregó que cuando un obstáculo técnico al comercio se considera
imperativo para la seguridad nacional, no es posible considerarlo

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innecesario y que la accionante no demostró de qué forma se ve afectado
el comercio con otros países en virtud de la vigencia e implementación de
los actos demandados.

• Por otra parte, puso de presente que se agotó el procedimiento
señalado en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, al punto en el que en
la actuación administrativa constan las respuestas de la SIC que avalaron
la expedición de los actos demandados.

• En todo caso, aclaró que la Resolución 90454 de 29 de abril de 2014
no es una regulación de comercio exterior ni una medida que busca
impedir las importaciones de etanol para fines de oxigenación de las
gasolinas y que las importaciones de alcohol carburante no están
prohibidas, pues lo que el acto regula es la producción y distribución de
alcohol carburante. En ese orden, manifestó que se trata de una medida
de intervención económica y no una medida de comercio exterior, tal
como lo reconoció la SIC en concepto de 14 de abril de 2014.

En ese sentido, destacó que el artículo 334 de la Constitución permite la
intervención del Estado en los servicios públicos y que todas las
actividades de la cadena de producción y distribución de combustibles
líquidos son estimadas como tales, en virtud de lo previsto en los artículos
1 y 8 de la Ley 39 de 1987.

• Frente a los argumentos según los cuales los actos demandados
restringen y modifican el régimen económico del alcohol anhídrido
desnaturalizado o alcohol carburante, afectan la libre competencia e
imponen un monopolio, el demandado adujo que el régimen económico
aplicable respecto de este producto es el señalado en el Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010 y en el documento CONPES 3510 de 31 de marzo
de 2008. Según estas normas, el Ministerio de Minas y Energía está
facultado para promover la competencia entre diferentes biocombustibles
teniendo en consideración criterios como el abastecimiento energético.

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Igualmente, le otorgaron al Ministerio la función de evaluar la viabilidad
y conveniencia de eliminar aranceles a estos productos, es decir, la Ley
admitió una intervención en el mercado para eliminar aranceles y lograr
el abastecimiento de biocombustibles en el país.

Destacó que, de acuerdo con el CONPES, el régimen económico de los
biocombustibles en Colombia está ligado a la diversificación de la
producción agropecuaria, con vocación de exportación, que potencialice
el desarrollo del país en los campos energético y agropecuario, siendo el
Ministerio de Minas y Energía el responsable de establecer requisitos
técnicos.

Por todo ello, afirmó que el Ministerio no ha modificado el régimen
económico del alcohol carburante, pues lo cierto es que ha seguido la
línea fijada desde el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y el
documento CONPES 3510 de 2008.

Además, aclaró que el régimen económico está asociado a la producción
del alcohol anhídrido desnaturalizado o alcohol carburante, y no a su
importación, bajo el entendido de que la producción propia de alcohol
repercute en la seguridad energética y el autoabastecimiento de
biocombustibles. Finalmente, reprochó que la demandante no demostró
cómo es que con la expedición de los actos demandados se creó un
monopolio económico y, en síntesis, afirmó que se encuentra
debidamente establecida la competencia para dictar los actos acusados,
que fueron expedidos regularmente, con observancia de las normas en
que se fundan.

Así, adujo que no está demostrado el cargo de falta de competencia pues
los actos acusados fueron expedidos en cumplimiento del deber legal y
conforme con lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 de Ley 693 de 2001.
Dichas normas señalan que la producción, distribución y comercialización
de etanol están sometidas a libre competencia, y que el alcohol no potable
se considera factor coadyuvante para la autosuficiencia energética del

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país y dinamizador de la producción agrícola y el empleo productivo. Por
esta razón, la industria debe ser protegida teniendo en consideración toda
la cadena productiva relacionada, la cual se vería afectada si se permitiera
la importación de alcohol anhídrido desnaturalizado.

En ese sentido, destacó que la Ley 693 reconoció que el etanol carburante
tendrá importancia y preferencia en las políticas sectoriales del país y
facultó al Ministerio de Minas y Energía para regular lo relacionado con la
producción de biocombustibles, su comercialización y demás aspectos de
la cadena como su importación, teniendo en cuenta el interés general
inmerso en su regulación y manejo. En el mismo sentido, los artículos 1
y 2 del Decreto 0381 de 2012 establecieron la facultad de la entidad para
intervenir en la cadena de biocombustibles en beneficio de sus actores.

2.2.2. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

2.3. Mediante auto de 21 de septiembre de 2015 el despacho
sustanciador negó la solicitud de suspensión provisional de las normas
demandadas.

2.4. De las excepciones formuladas se corrió traslado5 a la parte actora,
término durante el cual se pronunció al respecto6.

2.5. La audiencia inicial

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del CPACA, el despacho
sustanciador celebró audiencia inicial el 28 de septiembre de 2018.
Agotadas las etapas de saneamiento y decisión de excepciones previas,
el despacho fijó el litigio en el siguiente sentido:

3.3.1. Frente al parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 90454 de 29
de abril de 2014.

5
Folios 140 y 181 del cuaderno principal.
6
Folios 142 a 145, y 182 a 185 del cuaderno principal.

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a) Se deberá establecer si para la expedición de esta norma se debía solicitar
previamente concepto a la dirección de regulación del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, y si era necesario realizar el trámite de notificación
internacional del proyecto de reglamento técnico adoptado mediante tal
resolución.

De ser afirmativa la respuesta a este interrogante, se deberá resolver si el
parágrafo 2° del artículo 1° de la Resolución número 90454 de 29 de abril de
2014 fue expedido en forma irregular, en cuanto que, previo a su expedición,
se omitió solicitar el concepto referido y realizar el trámite de notificación
internacional antes mencionado, en desconocimiento de lo previsto en los
artículos 2 y 3 del Decreto 1844 de 2013; 2 y 3 del Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio aprobado por la Ley 170 de 1994 (aspecto sobre el cual
también deberá examinarse la competencia de esta Corporación para
pronunciarse); 2, 3, 4 y 5 de la Resolución 3742 de 2001 de la Superintendencia
de Industria y Comercio, y en los capítulos I y II Título III del Decreto 1471 de
2014.

b) Se debe resolver si es cierto que la norma acusada modifica el régimen legal
del alcohol carburante y crea un monopolio, al punto en el que fue expedida sin
competencia por el Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 150 numerales 16 y 21, y 365 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 2° de la Ley 693 de 2001.

c) Se debe resolver si norma acusada infringe lo dispuesto en los artículos 29,
150 numerales 16 y 21, 333 y 365 de la Constitución Política y el artículo 2 de la
Ley 693 de 2001.

3.3.2. Frente a la Resolución 40565 de 15 de mayo de 2015:

a) Se deberá establecer si para la expedición de esta norma se debía publicar el
proyecto de resolución por el termino de 10 días hábiles para que los sectores
interesados pudieran formular comentarios y observaciones al mismo, así como
si era necesario solicitar previamente concepto a la Dirección de Regulación del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y realizar el trámite de notificación
internacional del proyecto de resolución.

De ser afirmativa las respuestas a estos interrogantes, deberá resolverse:

(i) Si el acto acusado fue expedido en forma irregular, en cuanto que se omitió
publicar el proyecto de resolución por el termino de 10 días hábiles para que los
sectores interesados pudieran formular comentarios y observaciones al mismo,
desconociendo lo dispuesto en los artículos 29 de la C.P; 8° numeral 8 de la Ley
1437 de 2011 y 4° de la Resolución 3742 de 2001 de la Superintendencia de
Industria y Comercio.

(ii) Si el acto acusado fue expedido en forma irregular, en cuanto que, previo
a su expedición, se omitió solicitar el concepto referido y realizar el trámite de
notificación internacional antes mencionado, en desconocimiento de lo previsto
en los artículos 2 y 3 del Decreto 1844 de 2013; 2 y 3 del Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio aprobado por la Ley 170 de 1994 (aspecto sobre
el cual también deberá examinarse la competencia de esta Corporación para
pronunciarse); 2, 3, 4 y 5 de la Resolución 3742 de 2001 de la Superintendencia
de Industria y Comercio; y en los capítulos I y II del Título III del Decreto 1471
de 2014.

Seguidamente, se decretaron como pruebas los documentos aportados
por las partes y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas

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prevista en el artículo 181 del ibidem. Al estimar innecesario la realización
de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, se corrió traslado a las
partes para la presentación de los alegatos de conclusión.

2.4. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

2.4.1. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó denegar
las pretensiones de la demanda. Inicialmente, se refirió a la facultad de
coordinación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo frente a la
elaboración y notificación internacional de reglamentos técnicos
reglamentada a través del Decreto 1844 de 2013. Luego trajo a colación
el concepto de reglamento técnico previsto en el Acuerdo de Obstáculos
Técnicos al Comercio, al cual adhirió Colombia a través de la Ley 170 de
1994.

A partir de lo anterior, afirmó que el parágrafo 2 del artículo 1 de la
Resolución 90454 de 29 de abril de 2014 no constituye propiamente un
reglamento técnico, en la medida en que no establece las características
de un producto, ni un proceso o método para su producción. Tampoco se
incluyen símbolos, o embalaje aplicable a los productos, ni se trata de un
procedimiento de evaluación de la conformidad. Además, lo cierto es que,
aunque los apartes acusados modifican el artículo 17 de la Resolución
180687 de 17 de junio de 2003, dichos cambios no contienen aspectos
de naturaleza técnica y en esa medida no afectan los lineamientos del
Subsistema Nacional de Calidad, ni los Procedimientos de Evaluación de
la Conformidad.

En consecuencia, consideró que no era necesario que el Ministerio de
Minas y Energía solicitara el concepto de la Dirección de Regulación del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo previo a la expedición de la
Resolución 90454 de 2014, ni que luego se realizara la notificación
internacional. Por ello, estimó que el cargo de expedición irregular no está
llamado a prosperar.

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De otra parte, mencionó los conceptos de Abogacía de la Competencia
expedidos por la SIC y a partir de ellos afirmó que la decisión incorporada
en los actos demandados constituye una medida de intervención del
estado en la economía, que es acorde con los imperativos constitucionales
de protección del interés general. Así, dijo que la medida es justificable a
la luz de la política pública de incentivo al desarrollo agrícola, de estímulo
a la producción nacional de biocombustibles y de diversificación de la
canasta energética. Por ello, determinó que la norma acusada no fue
expedida sin competencia y que tampoco configura un monopolio, en
tanto solo se refiere a una medida de intervención en la economía.

Luego, frente a los cargos propuestos en contra de la Resolución 40565
de 15 de mayo de 2015, manifestó que de acuerdo con el numeral 8 del
artículo 8 del CPACA la entidad demandada era la facultada para señalar
el plazo dentro del cual se podían presentar observaciones a los proyectos
específicos de regulación, y que no era obligatorio que se adoptara el
término de 10 días. Bajo esa premisa, puso de presente que el acto estuvo
publicado entre el 19 y el 25 de marzo de 2015, según consta en la página
web del Ministerio de Minas y Energía.

En línea con lo anterior, recordó que el artículo 4 de la Resolución 3742
de 2001 señala que previo a la expedición de un reglamento técnico se
debe dar oportunidad a los sectores interesados, por un lapso no inferior
a 10 días, para que formulen comentarios y observaciones al proyecto de
reglamento. Con todo, reiteró las conclusiones que en sentido similar
expuso sobre la Resolución 90454 de 2014 y destacó que, como quiera
que la Resolución 40565 de 2015 no solo no contiene aspectos técnicos,
sino que se expidió en cumplimiento de la Resolución 90454 de 2014, no
le es aplicable el artículo 4 de la Resolución 3742 de 2001, invocada como
trasgredida.

Por ende, concluyó que el demandado no tenía la obligación de solicitar
concepto previo a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, ni de tramitar la notificación internacional

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posteriormente. De esa forma, tampoco estimó próspero el cargo que
reprochaba la expedición irregular de la Resolución 40565 de 15 de mayo
de 2015.

2.4.2. La demandante presentó escrito de alegados en el que reiteró los
argumentos planteados en la demanda.

2.4.3. En sus alegatos, el Ministerio de Minas y Energía destacó que
el cargo sobre el eventual desconocimiento del artículo 2.9 del Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio por parte de las Resoluciones
demandadas es un asunto que debe analizarse a la luz de los mecanismos
de solución de controversias definidos en dicho instrumento internacional,
en particular, en su artículo 14.

En ese sentido, adujo que el juez contencioso administrativo no tiene
competencia para definir si el Estado colombiano como parte contratante
ha desconocido o no una disposición del acuerdo internacional, en tanto
corresponde a una “cuestión relativa al funcionamiento del Acuerdo”. Con
todo, insistió en que ninguno de los estados parte ha acudido a
organismos internacionales para plantear dicha cuestión.

En lo demás, reiteró los argumentos planteados en la contestación de la
demanda.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

De conformidad con el artículo 149 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo
80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de
diciembre de 2024 de la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto.

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3.2. Los actos administrativos acusados

3.2.1. Resolución 90454 29 de abril de 2014, articulo 1, parágrafo
2.

“RESOLUCIÓN 90454 DE 2014
(abril 29)
Diario Oficial No. 49.137 de 29 de abril de 2014

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Por medio de la cual se modifica la Resolución 180687 de 2003.

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA AD HOC,

en ejercicio de sus facultades legales y en especial, las conferidas por la Ley 693 de
2001, los numerales 1 y 4 del artículo 5o del Decreto 381 de 2012 y el Decreto 2128 de
2013,
[…]

RESUELVE:

Artículo 1. Modificar el artículo 17 de la Resolución 18 0687 de 17 de junio de 2003, el
cual quedará así:

“Artículo 17. El productor de alcoholes carburantes deberá anexar con destino al
distribuidor mayorista comprador el respectivo certificado de calidad del lote al cual
pertenece el producto despachado y, una vez transferido el producto al medio de
transporte, instalar sellos de seguridad en las válvulas o puntos de llenado y
desocupación de cada contenedor despachado. Igual obligación aplicará para la
comercialización de alcoholes carburantes entre distribuidores mayoristas.

PARÁGRAFO 1o. Los productores nacionales sólo podrán vender alcoholes carburantes
que vayan a ser utilizados dentro del país, a los distribuidores mayoristas autorizados
por el Ministerio de Minas y Energía. En este sentido, se entiende que no exista restricción
para que los productores nacionales exporten alcoholes carburantes, en la medida en
que se garantice el abastecimiento interno.

PARÁGRAFO 2o. Los importadores de alcoholes carburantes tendrán la misma limitación
prevista en el parágrafo anterior en relación con su venta. La importación tendrá lugar
para cubrir déficit en la oferta y cuando se requiera alcohol carburante para el
cumplimiento de los porcentajes de mezcla en las distintas zonas del país que son
atendidas dentro del programa de oxigenación da las gasolinas colombianas.

Esta importación será autorizada por el Ministerio de Minas y Energía, previo concepto
técnico de la Dirección de Hidrocarburos”. […]” (Subrayas fuera del texto original)

3.2.2. Resolución 40565 de 15 mayo de 2015

“RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0565
DE
(15 MAY 2015)

Por medio de la cual se establece la metodología para determinar el déficit de alcohol
carburante en la oferta nacional

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA

En uso de sus facultades legales y en especial, las conferidas por el Decreto 381 de

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2012, modificado por el Decreto 1617 de 2013, la Resolución 90454 de 2014,
[…]

RESUELVE:
[…]

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer la metodología a
través de la cual pueda determinarse el déficit en la oferta nacional de alcoholes
carburantes que dé lugar a su importación.

Artículo 2. Procedimiento para la aplicación de la metodología. Para la aplicación de la
metodología que determine el déficit en la oferta nacional de alcoholes carburantes, la
Dirección de Hidrocarburos evaluará la situación del mercado y el estado general de
abastecimiento de alcoholes carburantes de forma trimestral, teniendo en cuenta la
siguiente información:

1. Oferta de Alcohol Carburante (Producción y Almacenamiento):

1.1. Proyecciones mensuales de la producción nacional de alcohol carburante para el
periodo correspondiente al año objeto de evaluación, las cuales deberán ser presentadas
por los productores que se encuentren registrados ante el Ministerio de Minas y Energía y
por las asociaciones o agremiaciones que los representen. Esta información deberá ser
entregada a la Dirección de Hidrocarburos a más tardar dentro de los quince (15) días
siguientes a la solicitud de información.

1.2. Inventarios mensuales físicos iniciales y finales de alcohol carburante de los
productores y las plantas de los distribuidores mayoristas existentes al momento de remitir
el informe de que trata el numeral anterior.

1.3. En caso de efectuarse una importación de alcohol carburante, a los volúmenes
descritos en los numerales 1.1. y 1.2., deberá sumarse el volumen del producto importado
con el fin de totalizar la oferta.

La información relacionada con las proyecciones mensuales de producción y de inventarios
de alcohol carburante, previo al envío a la Dirección de Hidrocarburos deberá ser auditada
y certificada por un auditor calificado o revisor fiscal, cuyo costo será asumido por los
agentes productores de alcohol carburante.

2. Demanda de Alcohol Carburante (Proyecciones de Consumo).

2.1. Proyecciones del escenario medio de consumo de gasolina oxigenada, elaboradas por
la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- para el año objeto de análisis.

2.2. Información histórica de ventas mensuales de gasolina oxigenada de acuerdo con la
información registrada en el Sistema de Información de Combustibles Líquidos, SICOM
para los últimos 3 años disponibles.

Artículo 3. Periodicidad de la información. La Dirección de Hidrocarburos evaluará la
situación del mercado y el estado general de abastecimiento de alcoholes carburantes de
forma trimestral. En caso de requerirse importaciones, estas se cuantificarán cuando se
realice el seguimiento y la evaluación trimestral.

Artículo 4. Procedimiento para determinar el estado de abastecimiento de alcoholes
carburantes. La Dirección de Hidrocarburos con base en la información obtenida, aplicará
el siguiente procedimiento para determinar al estado de abastecimiento de alcoholes
carburantes y la existencia de déficit en la oferta nacional:

a. De acuerdo con las proyecciones de consumo de combustible elaboradas por la Unidad
de Planeación Minero Energética, UPME y teniendo en cuenta los porcentajes de mezcla
definidos por el Gobierno Nacional, se determinará el volumen de combustible base anual
proyectado que incluye el volumen de alcohol carburante.

Con la información SICOM histórica mensual de los últimos tres (3) años de ventas de
combustibles (alcohol carburante + gasolina extra + gasolina corriente), se determinará
la estacionalidad en las ventas mensuales. Para ello, se sumarán las ventas de cada uno
de los meses correspondientes a cada uno de los tres años estudiados respectivamente
(últimos 3 eneros, últimos 3 febreros, etc.) según se trate del mes a calcular, y el resultado

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se dividirá por la suma total de los últimos 36 meses de ventas de combustibles, para lo
cual se aplicará la siguiente fórmula:

Donde

Em = Estacionalidad del mes "m", expresada en porcentaje.
V = Ventas mensuales de combustibles (alcohol carburante
gasolina extra + gasolina corriente)
m = número de mes del año (de 1 a 12)
a = número del año de análisis (1, 2 o 3)

c. Con el valor determinado en el literal a. de este artículo y con las participaciones
determinadas en el literal b. de este artículo, se construye la demanda mensual de gasolina
oxigenada para el año a evaluar, conforme a la siguiente fórmula:

Donde:

Dm = Demanda de combustibles del mes "m"
Em = Estacionalidad del mes "m" (%)
Da = Demanda anual proyectada
m = número de mes del año (de 1 a 12)

d. El volumen proyectado de consumo de alcohol carburante se determina multiplicando
los valores obtenidos en el literal c. de este artículo por el porcentaje de mezcla obligatoria
que se tenga establecida por el Ministerio de Minas y Energía, teniendo en cuenta la
siguiente fórmula:

Donde:

Vacm = Volumen proyectado de consumo de alcohol carburante en el mes "m"
Dm = Demanda de combustibles del mes "m"
Pm = Porcentaje de mezcla obligatoria determinada por el Ministerio de Minas y Energía

e. Para determinar la situación de abastecimiento de cada mes se debe tomar el inventario
teórico o real según corresponda de cierre del mes inmediatamente anterior de los
productores y de los mayoristas, sumar la producción proyectada y restar el valor
correspondiente de consumo para cada mes determinado en el literal d de este artículo,
para así obtener el volumen del inventario de alcohol carburante al final del mes, de
acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

Lfm = Inventario final en el mes "m"
lim = Inventario inicial en el mes "m"
Ppm = Producción proyectada en el mes "m"
Vacm = Volumen proyectado de consumo de alcohol carburante en el mes "m"

f. El volumen del inventario de fin de mes calculado en el literal e. de este artículo, debe
dividirse por el volumen promedio diario de consumo de alcohol carburante. De esta
manera se obtiene el número de días de inventario en la cadena de alcohol carburante,
con base en la siguiente fórmula:

Donde

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Dim. = Número de días de inventario
lfm = Inventario final en el mes “m”
Vacm = Volumen proyectado de consumo de alcohol carburante en el mes “m”
dm = Número de días del mes “m”

Artículo 5. Indicadores de abastecimiento. Para determinar si el estado de abastecimiento
es adecuado, se debe considerar el indicador de Di, calculado en el literal f del artículo 3º
de la presente resolución, de acuerdo con la siguiente tabla:

Parágrafo: Para cuantificar el volumen de importación se procederá cuando el valor
obtenido para el indicador de días de inventario sea inferior a 10. El volumen se determina
como la diferencia entre el volumen promedio de consumo de alcohol carburante diario
multiplicado por 10 y el volumen de inventario calculado en el literal e. del artículo 3º de
la presente resolución, con base en la siguiente fórmula:

Donde:

Vim = Volumen de importaciones para el mes "m"
Vacm = Volumen proyectado de consumo de alcohol carburante en el mes "m"
dm = Número de días del mes "m"
Ifm = Inventario final en el mes "m"

Artículo 6. Información de volúmenes. Una vez determinado el déficit de alcoholes
carburantes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la presente resolución, la
Dirección de Hidrocarburos procederá a informar a los importadores registrados ante el
Ministerio de Minas y Energía el volumen necesario para el abastecimiento, para lo cual
les enviará una comunicación indicando el volumen requerido y la fecha máxima para el
envío de las ofertas para efectos de cubrir las necesidades del respectivo trimestre.

Parágrafo. La Dirección de Hidrocarburos mediante una circular hará la respectiva
publicación de los resultados obtenidos en la evaluación de la situación de abastecimiento
de mercado.

Artículo 7. Medidas en casos excepcionales. En casos excepcionales que afecten la
producción, la logística o el transporte de alcoholes carburantes, la Dirección de
Hidrocarburos podrá determinar el momento y el volumen de importaciones que
garanticen el abastecimiento necesario para hacer frente a esa situación. La autorización
para importar alcohol buscará, en estos casos, restablecer la normalidad del mercado.

Artículo 8. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.”

3.2.3. En este punto, valga señalar que el artículo 2° de la Resolución
41053 de 2 de noviembre de 2016 derogó expresamente las Resoluciones
90454 de 2014 y 40565 de 2015 a partir del 1 de mayo del 2017. No
obstante, según la posición uniforme, pacífica y reiterada de esta
corporación7, la desaparición de los actos administrativos del

7
De acuerdo con la postura reconocida, entre otras, en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 4 de febrero de 2021, radicado: 11001 03
24 000 2009 00444 00. Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de septiembre de 2022, radicado: 08001 23 31

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ordenamiento jurídico como consecuencia de su derogatoria no implica la
imposibilidad de examinar en sede judicial si en su expedición fueron
cumplidos los requisitos y elementos esenciales para predicar de ellos su
validez. Esto, por cuanto, si se llegare a demostrar la existencia de vicios
en su expedición, sería procedente declarar su nulidad desde el mismo
momento de su nacimiento, esto es, con efectos ex tunc.

Bajo tales premisas, el juicio de legalidad que en esos casos se adelanta
se hace bajo el entendido de que, mientras estuvieron vigentes,
produjeron efectos, y sólo hasta que una autoridad judicial competente
las anule, continúan amparadas por el principio de legalidad.

Lo anterior se traduce en que su enjuiciamiento debe efectuarse con base
en los fundamentos de hecho y de derecho existentes en el momento de
su expedición, máxime si se considera que sólo el fallo de nulidad, al
producir los efectos anotados, desvirtuaría la presunción de legalidad que
los acompañó en su vigencia.

3.3. Planteamiento del asunto y problema jurídico a resolver

3.3.1. De acuerdo con la demanda y su reforma, así como sus
contestaciones, la Sala advierte que existe discrepancia en cuanto a la
naturaleza de las normas demandadas. En efecto, mientras que la
demandante fundamenta su argumentación en el planteamiento según el
cual corresponden a un reglamento técnico, la entidad demandada afirmó
que no son un reglamento técnico ni un procedimiento de evaluación de
conformidad.

De lo anterior se deriva que exista diferencia en cuanto a la tesis de la
demandante según el cual las normas acusadas fueron expedidas de
forma irregular, al no haberse solicitado de forma previa el concepto de

000 2011 01154 01, C.P.: Oswaldo Giraldo López; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2023, radicado: 11001 03 24 000 2010 00095 00 C.P.: Hernando
Sánchez Sánchez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8
de mayo de 2025, radicado: 11001 03 24 000 2016 00226 00, C.P.: Oswaldo Giraldo López.

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la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, ni surtido el trámite de notificación internacional a la OMC. Ello,
por cuanto el demandado adujo que dichas actuaciones no resultaban
necesarias y que, por ende, las normas acusadas no se encontraban
afectadas por ese vicio.

Además, frente a la Resolución 40565 de 15 de mayo de 2015, la
demandante reprocha que desconoció el término de publicidad que deben
agotar los proyectos de reglamentos técnicos. Por su parte, el Ministerio
defiende que el acto fue expedido regularmente, en ejercicio de sus
competencias y que se encuentra debidamente motivado, de acuerdo con
los hechos y normas aplicables.

De otro lado, existe desacuerdo en cuanto al alcance del parágrafo 2 del
artículo 1 de la Resolución 90454 de 29 de abril de 2014 respecto del
régimen económico que rige el mercado del alcohol carburante en
Colombia. Así, la demandante afirma que con la disposición se creó un
monopolio por vía de hecho, usurpando la competencia exclusiva del
Congreso de la República. Por su parte, el demandado plantea que no se
introdujo ningún cambio al régimen económico y que la norma obedece a
las directrices de política pública fijadas por el Gobierno Nacional.

3.3.2. A la luz de lo expuesto corresponde a la Sala determinar, en primer
lugar, si es cierto que la naturaleza de las normas acusadas corresponde
a la de un reglamento técnico. De ser afirmativa la respuesta a esa
cuestión, deberá determinarse si aquellas fueron expedidas de forma
irregular porque: (i) se omitió solicitar con anterioridad el concepto a la
Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;
(ii) no se surtió el trámite de notificación internacional antes mencionado;
y (iii) previo a la expedición de la Resolución 40565 de 15 de mayo de
2015, se omitió publicar el proyecto de resolución por el término de 10
días hábiles para que los sectores interesados pudieran formular
comentarios y observaciones.

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Dilucidar lo anterior implica resolver si las normas acusadas fueron
expedidas con desconocimiento de lo previsto en los artículos 2 y 3 del
Decreto 1844 de 2013; 2 y 3 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio aprobado por la Ley 170 de 1994 (aspecto sobre el cual también
deberá examinarse la competencia de esta corporación para
pronunciarse); 2, 3, 4 y 5 de la Resolución 3742 de 2001 de la
Superintendencia de Industria y Comercio, y en los capítulos I y II Título
III del Decreto 1471 de 2014. Además, respecto de la Resolución 40565
de 15 de mayo de 2015 tendrá que determinarse si con su expedición se
desconoció lo dispuesto en los artículos 29 de la Constitución Política; 8,
numeral 8, del CPACA; y 4 de la Resolución 3742 de 2001 emitida por la
SIC.

Finalmente, se resolverá si es cierto que el parágrafo 2 del artículo 1 de
la Resolución 90454 de 29 de abril de 2014 modifica el régimen legal del
alcohol carburante en tanto crea un monopolio. De ser así, se determinará
si esa norma fue expedida por el Ministerio de Minas y Energía sin tener
competencia, y si con ello se infringieron los artículos 19, 150 numerales
16 y 21, 333 y 365 de la Constitución Política, así como el artículo 2 de la
Ley 693 de 2001.

3.4. Análisis del asunto

3.4.1. Sobre la naturaleza de las normas demandadas y el cargo
de expedición irregular

La demandante planteó que el parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución
90454 de 2014 y la Resolución 40565 de 15 de mayo de 2015 fueron
expedidos en desconocimiento de lo previsto en los artículos 2 y 3 del
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio aprobado por la Ley 170
de 1994; 2, 3, 4 y 5 de la Resolución 3742 de 2001 de la SIC; 2 y 3 del
Decreto 1844 de 2013; y en los capítulos I y II del Título III del Decreto
1471 de 2014. Ello, porque antes de que la norma fuera expedida no se
le solicitó el concepto de la Dirección de Regulación del Ministerio de

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Comercio, Industria y Turismo sobre el cumplimiento de los lineamientos
del Subsistema Nacional de Calidad y la posibilidad de que la disposición
creara obstáculos técnicos innecesarios al comercio con otros países.
También, porque no se surtió el trámite de notificación internacional a la
OMC.

Para decidir lo pertinente, es preciso referirse al contenido de las normas
que la accionante invoca como infringidas.

3.4.1.1. En primer lugar, a través de la Ley 170 de 1994 el Congreso de
la República aprobó el Acuerdo por el cual se establece la OMC, del que
es anexo, entre otros, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
(Acuerdo OTC). En su artículo 2 el Acuerdo regula lo atinente a la
elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por
instituciones del Gobierno central. En términos generales dispone que los
países miembros se asegurarán de que en los reglamentos técnicos se les
dé a los productos importados del territorio de cualquiera de los miembros
un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de
origen nacional. Igualmente, deberán procurar que los reglamentos
técnicos que se incorporen o apliquen no tengan por objeto crear
obstáculos innecesarios al comercio internacional. Para ello, se reconoce
como premisa que los reglamentos técnicos no restringirán el comercio
más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo.

En particular, con relación al trámite de notificación internacional al que
alude el cargo planteado por la accionante, el artículo 2 del Acuerdo OTC
señala lo siguiente:

“[…] 2.9 En todos los casos en que no existan una norma internacional
pertinente o en que el contenido técnico de un reglamento técnico en proyecto
no esté en conformidad con el contenido técnico de las normas internacionales
pertinentes, y siempre que dicho reglamento técnico pueda tener un efecto
significado en el comercio de otros Miembros, los Miembros:

2.9.1 Anunciarán mediante un aviso en una publicación, en una etapa
convenientemente temprana, de modo que pueda llegar a conocimiento de las
partes interesadas de los demás Miembros, que proyectan introducir un
determinado reglamento técnico;

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2.9.2 Notificarán a los demás Miembros, por conducto de la Secretaría, cuáles
serán los productos abarcados por el reglamento técnico en proyecto, indicando
brevemente su objetivo y razón de ser. Tales notificaciones se harán en una
etapa convenientemente temprana, cuando puedan aún introducirse
modificaciones y tenerse en cuenta las observaciones que se formulen;

2.9.3 Previa solicitud, facilitarán a los demás Miembros detalles sobre el
reglamento técnico en proyecto o el texto del mismo y señalarán, siempre que
sea posible, las partes que en sustancia difieran de las normas internacionales
pertinentes;

2.9.4 Sin discriminación alguna, preverán un plazo prudencial para que los
demás Miembros puedan formular observaciones por escrito, mantendrán
conversaciones sobre esas observaciones si así se les solicita, y tomarán en
cuenta dichas observaciones escritas y los resultados de dichas conversaciones.

[…]”

Por su parte, el artículo 3 del Acuerdo OTC se refiere a la elaboración,
adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones públicas
locales y por instituciones no gubernamentales. Señala que los miembros
deberán adoptar las medidas razonables a su alcance para que las
mencionadas instituciones cumplan con las disposiciones del artículo y,
particularmente, se asegurarán de que los reglamentos técnicos de los
gobiernos locales del nivel inmediatamente inferior al del Gobierno central
de los Miembros se notifiquen de conformidad con las disposiciones de los
apartados 9.2 y 10.1 del artículo 2. Agrega que los miembros podrán
exigir que dichos trámites se realicen por conducto del Gobierno Central
y, finalmente, dispone:

“[…] 3.5. En virtud del presente Acuerdo, los Miembros son plenamente
responsables de la observancia de todas las disposiciones del artículo 2. Los
Miembros elaborarán y aplicarán medidas y mecanismos positivos que favorezcan
la observancia de las disposiciones del artículo 2 por las instituciones que no sean
del gobierno central.

[…]”

3.4.1.2. De otro lado, en el artículo primero de la Resolución 3742 de
2001 de la SIC8 se definió el reglamento técnico como el documento en
el que se establecen características de un producto o servicio, o los
procedimientos para su producción, con inclusión de las disposiciones

8
“Por la cual se señalan criterios y condiciones que deben cumplirse para la expedición de reglamentos
técnicos”

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administrativas que les aplican de forma obligatoria. Aquel puede incluir
las prescripciones de terminología, símbolos, embalaje, marcado o
etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o
tratar exclusivamente de ellas. Igualmente, puede referirse al destino de
los productos después de su puesta en circulación o comercialización, así
como el uso, reciclaje o desecho.

Los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Resolución 3742 de 2001, que la
demandante aduce infringidos con las normas acusadas, señalan los
criterios materiales que deben cumplirse para la expedición de un
reglamento técnico, su contenido, las condiciones formales que deben
acreditar y el trámite de notificación internacional.

Así, el artículo 2 dispone los criterios y condiciones materiales para la
expedición de un Reglamento Técnico, cuyo cumplimiento debe ser
verificado por la entidad competente para su expedición. Se señala que
la justificación sobre la observancia de las condiciones materiales deberá
detallarse en las consideraciones del reglamento técnico y seguidamente
enlista las condiciones concretas que corresponde acreditar.

El artículo 3 de la Resolución 3742 de 2001 se refiere al contenido de los
reglamentos técnicos en el sentido de indicar que deben incluir lo
siguiente: (1) el objeto, esto es, la finalidad del reglamento técnico en los
términos del artículo 2, numero 19; (2) el campo de aplicación, es decir,
la enumeración de los productos, servicios, procesos y/o de los tipos de
ellos a los cuales se les aplicará la reglamentación; (3) el contenido técnico
específico del que hacen parte las definiciones necesarias para la
adecuada interpretación del reglamento, los requisitos que debe cumplir
el producto, servicio o proceso, y el procedimiento para evaluar la
conformidad; (4) la entidad encargada de ejercer vigilancia y control

9
Artículo segundo. Criterios y condiciones materiales para la adopción de un reglamento técnico. […]
1. El Reglamento Técnico es necesario para que se logre al menos uno de los siguientes objetivos:
1.1. Eliminar o prevenir adecuadamente un riesgo para la salud, la salubridad, o el medio ambiente, o para
la salud o la vida vegetal o animal;
1.2. Eliminar o prevenir adecuadamente riesgos para la seguridad nacional; o
1.3. Prevenir prácticas que puedan inducir a error.”

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sobre el cumplimiento del Reglamento Técnico; (5) la partida arancelaria
a la que corresponde el producto, cuando aplique; (6) el término en el
cual debe realizarse la revisión de las causas que originaron la expedición
del reglamento, para establecer si aquellas se mantienen y evaluar si es
necesaria una actualización o derogación; (7) los reglamentos y normas
técnicas colombianas oficiales obligatorias que se derogan o cuya
obligatoriedad se elimina; (8) la vigencia; y (9) el régimen sancionatorio
en el que se especifiquen las sanciones legales aplicables ante el
incumplimiento de lo establecido en el Reglamento Técnico.

Por su parte, el artículo 4 señala las condiciones formales del reglamento
técnico cuyo cumplimiento le corresponde verificar a la entidad
competente. Entre ellas se encuentra la obligación de corroborar que a
los sectores e interesados se les dio la oportunidad de formular
comentarios y observaciones al proyecto de reglamento, por un lapso
mínimo de 10 días; así como que se realizaron las notificaciones
pertinentes en virtud de los tratados y convenios internacionales suscritos
por Colombia.

Sobre esto último, el artículo 5 de la Resolución establece la obligación de
enviar el proyecto de reglamento técnico al punto de contacto en materia
de normalización y procedimientos de evaluación de conformidad - hoy la
Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo-
con el fin de que dicha dependencia realice la notificación correspondiente
a la OMC, así como a las demás organizaciones con las cuales se hubiere
adquirido tal obligación.

3.4.1.3. Por su parte, el artículo 2 del Decreto 1844 de 201310 indica una
condición para que pueda surtirse el trámite de notificación internacional
de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de evaluación
de conformidad, en los términos del Acuerdo OTC de la OMC. Señala que

10
“Por el cual se reglamenta la facultad de coordinación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, frente
a la elaboración y notificación internacional de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad, prevista en los numerales 6 y 7 del artículo 28 del Decreto 210 de 2003"

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para que pueda realizarse esa actuación, la autoridad competente debe
solicitarle a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo que emita un concepto sobre el cumplimiento de los
lineamientos del Subsistema Nacional de Calidad y con relación a si
potencialmente se podrían crear obstáculos técnicos innecesarios al
comercio con otros países.

Seguidamente, el artículo 3 del Decreto 1844 enuncia los documentos que
la autoridad competente deberá poner a disposición de la Dirección de
Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con la
solicitud de concepto previo, a saber: el proyecto de reglamento técnico
o procedimiento de evaluación de la conformidad; los estudios técnicos
que sustenten las medidas que se adoptarán y la prueba de que el
proyecto fue sometido a consulta pública a nivel nacional, así como las
observaciones y sugerencias recibidas.

3.4.1.4. En línea con lo anterior, el Decreto 1471 de 201411, expedido con
el fin de reorganizar el Subsistema Nacional de la Calidad en materia de
reglamentación técnica, entre otros, señaló en los capítulos I y II del título
III las disposiciones generales en materia de reglamentación técnica, así
como lo relativo a la elaboración y expedición de reglamentos técnicos.

En particular, el artículo 23 se refirió a la solicitud del concepto a la
Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
en relación con el cumplimiento de los lineamientos del Subsistema
Nacional de la Calidad y la potencialidad de constituir obstáculos técnicos
innecesarios al comercio con otros países. Luego, en el artículo 27 se
ordena que todos los proyectos de reglamentos técnicos y de
procedimiento de evaluación de la conformidad deberán ser notificados a
los países miembros de la OMC, en los términos antes explicados.
Igualmente, la norma señala que deberán ser notificadas las
modificaciones de proyectos de reglamentos técnicos y de procedimientos

11
Por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el Decreto 2269 de 1993.

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de evaluación de la conformidad cuando el impacto de estas haga más
gravosa la situación del regulado o de los usuarios.

3.4.1.5. Pues bien, a la luz de la normatividad antes reseñada, en primer
lugar, la Sala advierte que no le asiste razón a la demandante en cuanto
afirma que tanto el parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 90454 de
2014 como la Resolución 40565 de 15 de mayo de 2015 demandados son
normas cuya naturaleza corresponde a la de un reglamento técnico.

Respecto del parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 90454 de 2014,
la Sala advierte que es cierto que dicha disposición introdujo una
modificación al artículo 17 de la Resolución 180687 de 17 de junio de
2003 y que esta última corresponde a un reglamento técnico. En efecto,
a través de la Resolución 180687 se expidió la regulación técnica
ordenada por la Ley 693 de 2001 en relación con la producción, acopio,
distribución y puntos de mezcla de alcoholes carburantes y su uso en los
combustibles nacionales e importados.

Con todo, examinado el contenido normativo del parágrafo 2 del artículo
1 de la Resolución 90454 de 2014 lo que se observa es que a través de
dicha disposición se impuso una limitación a la importación de alcohol
carburante según la cual dicha operación estará habilitada en los eventos
en los que resulte necesario para cubrir un déficit en la oferta y cuando
se requiera alcohol carburante para el cumplimiento de los porcentajes de
mezcla en las zonas del país que son atendidas en el programa de
oxigenación de las gasolinas colombianas. Así las cosas, la norma
condicionó la importación de alcoholes carburantes a la constatación de
una situación de déficit en la oferta nacional.

De lo anterior se desprende que la naturaleza de la disposición analizada
corresponde a una medida de restricción comercial, en tanto se impone
una barrera al ingreso de un producto a través de la operación de
importación.

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Correlativamente, aparece claro que a través del parágrafo 2 del artículo
1 de la Resolución 90454 de 2014 no se señalaron las características de
un producto o servicio, ni un proceso o método de producción. Tampoco
se indicaron prescripciones en materia de terminología, símbolos,
embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o
método de producción. Ni se hizo referencia al destino de un producto
después de su puesta en circulación o comercialización, ni los aspectos
relativos al uso, reciclaje, reutilización, eliminación o desecho.

Así las cosas, se evidencia que el contenido del parágrafo 2 del artículo 1
de la Resolución 90454 de 2014 no se corresponde con la definición de
reglamento técnico prevista en el artículo primero de la Resolución 03742
de 2001 de la SIC, invocada por la demandante.

En ese sentido, tal como lo manifestó el Ministerio Público, aunque la
disposición mencionada modifica el artículo 17 de la Resolución 180687
de 17 de junio de 2003, lo cierto es que los cambios que se introdujeron
no se refieren a aspectos de naturaleza técnica y en esa medida no
afectan los lineamientos del Subsistema Nacional de Calidad, ni los
Procedimientos de Evaluación de la Conformidad. Por ello, no podría
considerarse que el parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 90454
genere como consecuencia hacer más gravosa la situación regulada a
través de la Resolución 180687 de 17 de junio de 2003.

Bajo esta perspectiva, la obligación de solicitar a la Dirección de
Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que emita un
concepto sobre el cumplimiento de los lineamientos del Subsistema
Nacional de Calidad y si potencialmente el proyecto de reglamento técnico
podría crear obstáculos técnicos innecesarios al comercio con otros
países, no era exigible respecto del parágrafo 2 del artículo 1 de la
Resolución 90454 de 2014. Así tampoco resultaba mandatorio agotar el
trámite de notificación internacional, previo a la expedición de la
mencionada norma, en tanto el presupuesto para que haya lugar a dichas
obligaciones es que el proyecto normativo corresponda a un reglamento

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técnico, aspecto que, según se explicó, no se verificó respecto de la norma
demandada.

A igual conclusión arriba la Sala tras examinar el contenido de la
Resolución 40565 del 15 de mayo de 2015 igualmente demandada. El
señalado acto fijó la metodología a través de la cual se establecería si
existe o no déficit en la oferta nacional de alcohol carburante, supuesto
que, en los términos de la Resolución 90454 de 2014, habilitaba la
importación de dicho producto. Para el efecto se señaló que se debía
evaluar la información del mercado y el estado general de abastecimiento
de alcoholes carburantes en forma trimestral teniendo en cuenta la
producción proyectada por los productores, así como los inventarios
físicos mensuales iniciales y finales, las proyecciones del escenario medio
de consumo de gasolina oxigenada y el histórico de ventas registrado en
los últimos tres años en el sistema de información de combustibles
líquidos. Dicha información resulta aplicada en la fórmula señalada en el
acto, de la cual se obtiene un indicador que determina el estado de
abastecimiento así: si arroja un valor de más de 10 días de inventario, se
considera que hay oferta suficiente; y, en el caso en el que el indicador
sea menor a 10 días de inventario, se considera que hay escasez y que
es procedente la importación.

Así las cosas, es claro que a través de la Resolución 40565 de 2015
tampoco se establecieron características, requisitos, formas ni procesos o
métodos de producción de un producto, ni se señalaron exigencias
técnicas o de seguridad. Por ello, el segundo de los actos demandados
tampoco podría considerarse un reglamento técnico y, en esa línea, previo
a su expedición no resultaba obligatorio el visto bueno de la Dirección de
Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ni la
notificación internacional a la OMC.

Por lo anterior, la Sala concluye que no se encuentra demostrado que el
parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 90454 de 2014 ni la Resolución
40565 de 15 de mayo de 2015 hayan sido expedidas de forma irregular,

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en tanto previo a su expedición no se solicitó el concepto de la Dirección
de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ni se surtió
el trámite de notificación internacional a los que aluden los artículos 2 y
3 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio aprobado por la Ley
170 de 1994; 2, 3, 4 y 5 de la Resolución 3742 de 2001 de la SIC; 2 y 3
del Decreto 1844 de 2013; y en los capítulos I y II del Título III del
Decreto 1471 de 2014.

3.4.1.6. Adicionalmente la demandante planteó que la Resolución 40565
de 15 de mayo de 2015 fue expedida de forma irregular porque no se
agotó en debida forma el trámite previsto en el numeral 8 del artículo 8
del CPCA, ya que el proyecto estuvo publicado en la página web del
Ministerio de Minas y Energía entre el 19 y el 25 de marzo de 2015, esto
es, durante 4 días hábiles y 6 días calendario. Dicho alegato se sustentó
en el planteamiento según el cual al expedirse dicha norma se desconoció
el término de publicidad que deben agotar los proyectos de reglamentos
técnicos que, según el artículo 4 de la Resolución 3742 de 2001 de la SIC,
corresponde a un lapso no inferior a 10 días, por lo que igualmente dijo
que se trasgredió el artículo 29 de la Constitución Política.

En ese sentido, de acuerdo con las consideraciones del acápite precedente
conviene reiterar que en la expedición de la Resolución 40565 de 15 de
mayo de 2015 no debía observarse el término de publicidad de 10 días
indicado en el artículo 4 la Resolución 3742 de 2001 de la SIC pues, según
se explicó, el acto enjuiciado no corresponde a un reglamento técnico
respecto del cual se exige que se someta a publicidad por ese lapso
específico.

Por su parte, en cuanto al alegato por violación del numeral 8 del artículo
8 del CPACA, se tiene que dicha norma consigna el deber que les asiste a
las autoridades de informar a los administrados sobre los proyectos de
regulación que pretendan proferir, en el siguiente sentido:

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“ARTÍCULO 8.º. DEBER DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO. Las autoridades
deberán mantener a disposición de toda persona información completa y
actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla a
través de los medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio
telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos:
[…]

8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se
fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas
alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán
presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la
autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el
interés general […]”.

Como se observa, la norma no señaló un término específico durante el
cual se deba someter el proyecto de regulación al conocimiento de la
ciudadanía para la formulación de comentarios. A ese respecto, esta
corporación ha sostenido que “el plazo para la recepción de observaciones
debe fijarse buscando alcanzar un equilibrio que permita la más amplia
participación ciudadana posible sin que ello repercuta negativamente o
demore en exceso el normal desarrollo de las competencias de las
autoridades administrativas. Por tal motivo, […] en tales casos, se debe
garantizar que la sociedad pueda intervenir durante un periodo que
resulte razonable, proporcional y adecuado”12.

Así las cosas, teniendo en cuenta que existe consenso en torno al hecho
de que el proyecto de Resolución "Por medio de la cual se establece la
metodología para determinar la existencia de déficit de alcohol carburante
en la oferta nacional que da lugar a la necesidad de importar el producto”
estuvo publicado en la página web del Ministerio de Minas y Energía entre
el 19 y el 25 de marzo de 2015, no es posible concluir que se configuró
la trasgresión del deber de publicidad que impone el artículo 8, numeral
8 del CPACA, pues existe evidencia de que dicho trámite se agotó durante
un lapso adecuado para la formulación de comentarios y observaciones,
como las que en efecto fueron presentadas. Por lo mismo, no se advierte
trasgredido el artículo 29 de la Constitución Política.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 14
de octubre de 2021, radicado: 11001032500020180030200 (1046-2018), C.P.: William Hernández Gómez.

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En consecuencia, este planteamiento de la demandante tampoco prospera
en orden a tener por acreditado el cargo de expedición irregular de la
Resolución 40565 de 15 de mayo de 2015.

3.4.2. Sobre el régimen económico del alcohol carburante y el
cargo de falta de competencia del Ministerio de Minas y Energía
para la expedición del parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución
90454 de 29 de abril de 2014

En este punto la demandante afirmó el parágrafo 2 del artículo 1 de la
Resolución 90454 de 29 de abril de 2014 modificó el régimen económico
del alcohol desnaturalizado o alcohol carburante en Colombia,
estableciendo un monopolio. En ese sentido planteó que, según el artículo
2 de la Ley 693 de 2001, ese mercado se rige bajo el principio de libre
competencia y, a pesar de ello, la Resolución demandada condicionó el
acceso de los importadores al mercado libre del alcohol carburante y creó
un monopolio por vía de hecho, actuación que es competencia exclusiva
del Congreso de la República de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 150 numerales 16 y 21, y 365 de la Constitución Política. Por
ello, reprochó que la Resolución 90454 de 29 de abril de 2014 fue
expedida sin competencia del Ministerio de Minas y Energía.

Ahora bien, debe recordarse que el derecho colectivo a la libre competencia
tiene su fundamento en el artículo 333 de la Constitución Política y su
desarrollo legal se efectuó en el literal i) del artículo 4 de la Ley 472 de
1998. Conforme lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, este
derecho se concreta en la prerrogativa de “concurrir al mercado ofreciendo
determinados bienes y servicios, en el marco de la regulación y en la
ausencia de barreras u obstáculos que impidan el despliegue de la actividad
económica lícita que ha sido escogida por el participante”13. Sobre el
contenido del derecho a la libre competencia, se ha dicho que “comprende
al menos tres prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii)

13
Corte Constitucional, sentencia C- 032 de 2016, M.P.: ALBERTO ROJAS RÍOS.

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la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen
oportunas, y (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o
usuario”.

Así, se trata de una garantía intrínseca al modelo de economía social de
mercado adoptado en la Constitución Política que, por lo mismo, supone
responsabilidades, y es un derecho sujeto a los límites que impongan las
leyes y los reglamentos. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha precisado que el ejercicio del derecho a la libre
competencia conlleva limitaciones, relacionadas, entre otros elementos,
con la introducción de excepciones y restricciones a quienes concurran al
mercado a ejercer su derecho. Así, en la Sentencia C-616 de 2001, señaló:

La Constitución contempla la libre competencia como un derecho. La existencia
del mismo presupone la garantía de las mencionadas condiciones, no sólo en el
ámbito general de las actividades de regulación atenuada, propias de la libertad
económica, sino también en aquellas actividades sujetas a una regulación
intensa, pero en las cuales el legislador, al amparo de la Constitución, haya
previsto la intervención de la empresa privada.

Se tiene entonces que, por un lado, a la luz de los principios expuestos, el
Estado, para preservar los valores superiores, puede regular cualquier actividad
económica libre introduciendo excepciones y restricciones sin que por ello pueda
decirse que sufran menoscabo las libertades básicas que garantizan la
existencia de la libre competencia. Por otro lado, dichas regulaciones sólo
pueden limitar la libertad económica cuando y en la medida en que, de acuerdo
con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ello sea necesario para
la protección de los valores superiores consagrados en la Carta. (subrayas fuera
del texto original)14

De otra parte, desde el punto de vista económico, la jurisprudencia
constitucional ha descrito al monopolio como la situación en la que un
individuo es el único oferente de un determinado producto o servicio en el
mercado, que también puede configurase cuando un solo actor controla la
compra o distribución de un determinado bien o servicio15.

La Constitución Política permite el monopolio bajo ciertos
condicionamientos. En efecto, de acuerdo con el artículo 336 constitucional

14
M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
15
Corte Constitucional, sentencias C-154 de 1996 y C-1191 de 2001.

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todo monopolio (i) debe constituir un arbitrio rentístico, el cual (ii) debe
encaminarse a satisfacer una finalidad de interés público y (iii) la aplicación
de la ley que lo establezca requiere la indemnización previa a los individuos
que resulten privados del ejercicio de la actividad.

En el asunto que se examina, la regulación sobre el mercado del alcohol
carburante parte de la Ley 693 de 2001 que en su artículo 2 señala que la
producción, distribución y comercialización de los alcoholes no potables
estarán sometidas a la libre competencia. Por esa razón, el legislador
dispuso podrán participar en ellas personas naturales y jurídicas de carácter
público o privado.

Pues bien, del análisis sobre el contenido normativo del parágrafo 2 del
artículo 1 la Sala no evidencia que su alcance se concrete en modificar el
régimen legal del alcohol carburante a tal punto que se cree un monopolio
sobre la producción, distribución y/o comercialización.

Según se explicó, a través de la norma se impuso una limitación a la
importación de alcohol carburante de acuerdo con la cual dicha operación
solo se permitirá en los eventos en los que resulte necesario para cubrir
un déficit en la oferta y cuando se requiera alcohol carburante para el
cumplimiento de los porcentajes de mezcla en las zonas del país que son
atendidas en el programa de oxigenación de las gasolinas colombianas.
Es decir, se condicionó la importación de alcoholes carburantes a la
existencia de una situación de déficit en la oferta nacional.

En ese sentido, tal como se expresó en el concepto de abogacía de la
competencia rendido por la Delegatura Para la Protección de la
Competencia de la SIC, es claro que la norma impuso una restricción
comercial que impacta la competencia entre los agentes del mercado,
toda vez que limitó la posibilidad de que los distribuidores accedan a un
producto sustituto, como lo sería el alcohol carburante importado, y
condicionó dicha posibilidad a la constatación de una situación específica
del mercado.

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Con todo, a partir de dicha limitación no es posible afirmar que el alcance
restrictivo de la norma sea tal que exista un único oferente del alcohol
carburante en el mercado, ni que un solo actor controle la compra o
distribución de ese producto. En ese orden, el condicionamiento a la
importación de alcohol carburante no podría considerase como una medida
de monopolio, en los términos que lo afirma la demandante.

Valga señalar, además, que la accionante no expuso ningún argumento
adicional para explicar de qué manera la disposición acusada produciría el
efecto aducido en la demanda; es decir, no explicó cómo el
condicionamiento de las importaciones de alcoholes carburantes tendría
como resultado la total anulación de las condiciones de libre competencia
en el mercado.

Aunado a ello, conviene destacar que la Delegatura Para la Protección de
la Competencia de la SIC concluyó en su concepto que la restricción a la
competencia encontraba justificación en la política pública de
autosuficiencia energética y de promoción del desarrollo agrícola,
adoptada por el Gobierno Nacional que busca estimular la producción de
biocombustibles en el país. Así, la autoridad de competencia reconoció
que existen condiciones asimétricas en la competencia entre el producto
nacional y el producto importado, pues este último se rige bajo un sistema
de precio regulado mientras que el primero está en libertad de precios, lo
cual pone en riesgo la efectividad de la política pública que pretende
incentivar la producción de alcohol carburante. Además, advirtió que del
diferencial de precios entre el bioetanol nacional y el importado
únicamente resultaban beneficiados los distribuidores, habida cuenta de
que no existen incentivos para que se traslade al consumidor la reducción
del costo, en la medida en que el precio nacional sea mayor. Fue por todo
ello que la Delegatura Para la Protección de la Competencia encontró
razonable la medida restrictiva incorporada por la disposición demandada,
sin que en la demanda la actora haya formulado argumentos encaminados
a controvertir dichas consideraciones.

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En consecuencia, la Sala concluye que no es cierto que a través del
parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 90454 de 29 de abril de 2014
se modificó el régimen legal del alcohol carburante en el sentido de
establecer un monopolio. Por lo mismo, no se encuentra demostrado el
cargo de falta de competencia que la accionante formuló bajo la premisa
anterior y, por ende, no está acreditada infracción de los artículos 29, 150
numerales 16 y 21, 333 y 365 de la Constitución Política, ni del artículo 2
de la Ley 693 de 2001.

4. Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
configurado ninguno de los cargos de nulidad formulados en contra del
parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 90454 de 29 de abril de 2014
y de la Resolución 40565 de 15 de mayo de 2015. En consecuencia, la
Sala denegará las pretensiones de la demanda.

5. Costas

De acuerdo el artículo 188 del CPACA, la Sala considera que no hay lugar
a imponer condena en costas, teniendo en cuenta que el presente asunto
fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene
por objeto la protección del ordenamiento jurídico en abstracto y en el
que la parte accionante actúa motivada por el interés público de defender
la prevalencia del principio de legalidad.

6. Reconocimiento de personería

6.1. Se tendrá por terminado el poder conferido por el Ministerio de Minas
y Energía al abogado Juan Alejandro Suárez Salamanca, en aplicación de
lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76 del CGP a cuyo tenor “El
poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual

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Radicación: 11001 03 24 000 2015 00346 00
Demandante: NHORA ADRIANA LEAL JAIMES

se revoque o designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se
hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas en el proceso”.

6.2. En consonancia con lo anterior, se reconocerá al abogado Edinson
Zambrano Martínez para actuar como apoderado del Ministerio de Minas
y Energía, en los términos y para los fines del poder a él conferido, visible
en el índice 63 del historial de actuaciones de proceso del aplicativo
SAMAI. Con todo, teniendo en cuenta que a través del memorial visible
en el índice 71 del proceso en SAMAI el mencionado abogado renunció al
poder que le fue conferido por el señalado Ministerio y que la renuncia
cumple con los presupuestos del artículo 76 del CGP, la Sala la aceptará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.

TERCERO: TENER POR TERMINADO el poder conferido por el Ministerio
de Minas y Energía al abogado Juan Alejandro Suárez Salamanca, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76 del
Código General del Proceso.

CUARTO: RECONOCER personería al abogado Edinson Zambrano
Martínez para actuar como apoderado del Ministerio de Minas y Energía,
en los términos y para los fines establecidos en el poder judicial a él
conferido.

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Demandante: NHORA ADRIANA LEAL JAIMES

QUINTO: ACEPTAR la renuncia de poder presentada por el abogado
Edinson Zambrano Martínez, de conformidad con las consideraciones
expuestas.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Salvamento de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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