Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00567-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00567-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2015-00567-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
17 de julio de 2025
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Radicado: 11001 03 24 000 2015 00567 00
Demandante: Mauricio Barón Pinilla y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2015 00567 00
Actores: Mauricio Barón Pinilla y otros1
Demandado: Ministerio de Transporte
Tesis: Las circulares demandadas permiten a las autoridades de tránsito imponer
la infracción prevista por falta de la revisión técnico-mecánica a cualquier vehículo
que se encuentre o no en circulación, mediante el uso de los datos contenidos en
la plataforma en concesión del RUNT.
Son nulas, por falta de competencia, las circulares por medio de las cuales el
Ministerio de Transporte impartió instrucciones a los alcaldes, gobernadores y
organismos de tránsito sobre las obligaciones relacionadas con el seguro
obligatorio y la revisión técnico-mecánica, que permiten imponer, mediante el uso
de los datos contenidos en la plataforma en concesión del RUNT, la infracción
prevista por falta de la revisión técnico-mecánica a los vehículos que no se
encuentren en circulación.
No es cierto que los actos demandados fijen el término o plazo dentro del cual se
debe efectuar la revisión técnico-mecánica.
NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control
de nulidad por los señores Mauricio Barón Pinilla, Edwin Gelacio Rodríguez y
Jovanny Rodríguez Gelacio en contra de las Circulares 20134200330511 de 12 de
septiembre de 2013, “Obligaciones legales en relación del control de las revisiones
1 Edwin Gelacio Rodríguez y Jovanny Rodríguez Gelacio.
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obligatorias para vehículos de servicio público y particular, revisión preventiva y
mantenimiento preventivo de vehículos de servicio público”, 20144000135701 de 6
de mayo de 2014, “Controles al deber de portar el seguro obligatorio y realizar la
revisión técnico mecánica”, y 20144000213141 de 17 de junio de 2014,
“Comparendos por condiciones técnico-mecánicas y SOAT”, expedidas por la
Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte.
I. LA DEMANDA
1.1. Pretensiones
Figuran como pretensiones las siguientes:
“PRIMERO: Que mediante la prosperidad de la Acción de SIMPLE NULIDAD
se declare NULA la Resolución 20134200330511 de Septiembre de 2013,
expedida por el Ministerio de Transporte que buscaba la imposición de
comparendos por NO realizar la Revisión Técnico Mecánica en el plazo Legal
establecido, ya que NI la Ley 769 de 2000 Ni la Ley 1383 de 2010 NUNCA
establecieron un plazo legal, y que si bien es cierto hay unas fechas, estas
tenían como fin la implementación de los C.D.A. y plataforma RUNT, está
llamada la declaratoria por SIMPLE NULIDAD por desbordar el alcance de la
Ley, y NO garantizar la separación de poderes.
SEGUNDO: Que mediante la prosperidad de la Acción de SIMPLE NULIDAD
se declare NULA las Resolución 20144000135701 de Mayo de 2014 del
MINTRANSPORTE que buscaba la imposición de comparendos por NO realizar
la Revisión Técnico Mecánica en el plazo Legal establecido, ya que la Ley 769
de 2000 Ni la Ley 1383 de 2010 NUNCA establecieron un plazo legal, y que si
bien es cierto hay unas fechas, estas tenían como fin la implementación de los
C.D.A. y plataforma RUNT, está llamada la declaratoria por SIMPLE NULIDAD
por desbordar el alcance de la Ley, y NO garantizar la separación de poderes.
TERCERA: Que mediante la prosperidad de la Acción de SIMPLE NULIDAD se
declare NULA las Resolución 20144000213141 de Junio de 2014, por la
imposición de comparendos por NO realizar la Revisión Técnico Mecánica en
el plazo Legal establecido, ya que NI la Ley 769 de 2000 NI la Ley 1383 de 2010
NUNCA establecieron un plazo legal, y que si bien es cierto hay unas fechas,
estas tenían como fin la implementación de los C.D.A. y plataforma RUNT, ésta
llamada la declaratoria por SIMPLE NULIDAD por desbordar el alcance de la
Ley, y NO garantizar la separación de poderes.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, se le ordene a las autoridades
que profirieron las Resoluciones 20134200330511 de Septiembre de 2013,
20144000135701 de Mayo de 2014 y 20144000213141 de Junio de 2014, y
desaparezcan del orden jurídico por NO estar acorde a los principios, valores
legales y reglas de la Constitución Política como justicia, equidad, igualdad y
sostenibilidad fiscal, tomando como base los lineamientos del Estado, que
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atienda la realidad fáctica de el porque cada Propietario o tenedor de vehículos
NO transita por el territorio nacional, Ni genera fuentes móviles de
Contaminación con su Vehículo. Al unísono Las autoridades dicen que la
persona que figura en la licencia de tránsito debe revisar su carro cada año si
han pasado seis después de recibir las placas, pero resulta que la LICENCIA
ES DE TRÁNSITO, Y SI NO ESTÁ EJERCIENDO ESE DERECHO, PUES NO
INFRINGE LA LEY”
QUINTA: Se declaren NULAS las Resoluciones 20134200330511 de
septiembre de 2013, 20144000135701 de mayo de 2014 y 20144000213141 de
junio de 2014, por el desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa,
toda vez que la base de datos RUNT, no es el medio idóneo ni legal por
definición para dar inicio a un proceso sancionatorio y por ende la facultad de
expedir comprendo (Sic)qe electrónico. De otro lado NI la Ley NI en Ninguna
normatividad, se establecieron los contrapesos de todo sistema equilibrado, ya
que No hay salvedades, No hay subrogados, No hay justificación que satisfaga
de “Forma Suficiente”, ello en un Estado autoritario.”2. (Negrita del texto
original).
1.2. Los actos cuestionados3
A continuación, se transcribirán los actos acusados, de la siguiente manera:
“Radicado MT No.: 20134200330511
12-09-2013
Bogotá, 12-09-2013
Señores:
ALCALDES MUNICIPALES, GOBERNADORES, ORGANISMOS DE
TRÁNSITO, EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y CENTROS DE
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR.
Asunto: Obligaciones legales en relación del control de las (sic) revisión
obligatoria para vehículos de servicio público y particular, revisión preventiva y
mantenimiento preventivo de vehículos de servicio público.
Respetados Mandatarios y Representantes legales:
El control por parte de las autoridades de tránsito y transporte en relación con
la revisión técnico-mecánica y el mantenimiento preventivo y correctivo de los
vehículos de servicio público ha sido poco efectivo. Pese a ser de los llamados
a exigir el cumplimiento de la variedad de disposiciones normativas vigentes, el
Ministerio de Transporte ha encontrado que crece el porcentaje de vehículos
que según su fecha de registro inicial deben someterse a revisión técnico-
mecánica obligatoria y no se están aplicando las sanciones contempladas en el
Código Nacional de Tránsito.
2 Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 47 de Samai. La transcripción de
las pretensiones se presenta con los posibles errores que contiene el texto original de la demanda.
3 La transcripción de los actos cuestionados se presenta con los posibles errores que contiene el
texto original de las circulares atacadas.
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En algunos casos más preocupantes, se observa que es fácil para la autoridad
determinar que un certificado fue expedido sin haberse realizado la revisión, o
que salta a la vista que a pesar de portar el certificado, el vehículo no cumple
con las mínimas condiciones de seguridad y las autoridades permanecen
inmóviles, sin ejercer las respectivas facultades y competencias.
Según nuestros registros, incluso en regiones apartadas donde es poco
probable que un vehículo pueda realizar grandes desplazamientos para efectos
de realizar las revisiones (Chocó, Amazonas, San José del Guaviare y San
Andrés, por citar algunos ejemplos), se da validez a certificados expedidos en
el otro extremo del país. Allí los Centros de Diagnóstico que se han habilitado
para prestar el servicio han tenido que cerrar sus puertas, a causa del escaso
control por parte de las autoridades, pues se generó la costumbre del
incumplimiento.
El perjuicio sucede en varias (sic) sentidos: no se cumple el deber legal de
realizar la revisión obligatoria en los plazos establecidos, no se realiza el control
sobre emisiones contaminantes, se pone en riesgo la vida de los ciudadanos
cualquiera que sea su roll (sic) en la vía, incluyendo a los usuarios de transporte
público y cada día que pasa sin la imposición de las sanciones de índole
pecuniario, se dejan de percibir recursos importantes con destinación exclusiva
para la inversión en planes y proyectos para la seguridad vial.
Por las razones expuestas, con el objeto de convocarlos al cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias en relación con la revisión técnico
mecánica obligatoria de todos los vehículos que transitan por las vías públicas
y sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que prestan
el servicio de transporte público de personas, por el reciente pronunciamiento
del Consejo de Estado y con el ánimo de establecer una herramienta de trabajo
para las autoridades locales a continuación se fijan directrices en relación con
la revisión técnico-mecánica obligatoria y el mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehículos de servicio público.
A. Obligaciones por parte de las autoridades respecto de todos los
vehículos:
1. Las autoridades de Transporte y Tránsito están en la Obligación de dar
cumplimiento al Código Nacional de Tránsito, por ello, es su deber exigir la
realización de la revisión técnico-mecánica que deben realizarse en los Centros
Habilitados por el Ministerio de Transporte, como mínimo en los plazos fijados
por la Ley, además en todo momento deben verificar el estado de los vehículos.
2. El control operativo del cumplimiento de las normas de transporte y tránsito
no es optativo, es una obligación legal de las autoridades, que garantiza la
protección del medio ambiente, de los actores en la vía, de los usuarios del
servicio de transporte, y reduce el riesgo de accidentalidad.
3. La orden de comparecer (comparendo) por incumplimiento de la obligación
de realizar la revisión técnico-mecánica obligatoria dentro del plazo legal, puede
producirse como resultado una prueba técnica o tecnológica, es decir de la
consulta en el sistema RUNT. Por ello si vencido el plazo legal para la
realización de la revisión obligatoria, o para la adquisición del seguro obligatorio,
no se evidencia el cumplimiento de estas obligaciones en el Sistema RUNT, es
posible iniciar el proceso contravencional expidiendo el comparendo por parte
del organismo de tránsito en donde figura su registro y continuar con el proceso
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contravencional, lo anterior por cuanto la herramienta tecnológica permite
verificar si se ha cumplido o no, con una u otro deber legal.
4. Las autoridades de tránsito y transporte deben dar curso a los procesos
administrativos sancionatorios de tránsito y de transporte, evitando la
producción de los fenómenos de caducidad y prescripción, cumpliendo con las
etapas de los procesos respectivos.
5. Las autoridades de Transporte y Tránsito deben verificar la realización de la
revisión técnico-mecánica y corroborar que el certificado sea expedido por un
centro de diagnóstico habilitado y acreditado para realizar la revisión.
6. La autoridad facultada para imponer sanciones en materia de tránsito, es el
funcionario responsable dentro de la estructura de funcionamiento del
Organismo de Tránsito competente.
7. La actividad de los Centros de Diagnóstico está limitada a las normas
reglamentarias vigentes, ninguna de las cuales limita la prestación del servicio
más allá de la acreditación concedida por el Organismo Nacional de
Acreditación, el cual no discrimina respecto del tipo de servicio (particular,
público, oficial, etc.), ni respecto de la modalidad a la que esté vinculado o radio
de acción. Por ello, para efectos de la expedición de la tarjeta de operación, la
autoridad no puede circunscribir u ordenar que los vehículos de servicio público
de su jurisdicción, acudan a un determinado Centro de Diagnóstico. La
escogencia de uno u otro corresponde a la empresa de transporte, que también
puede determinar que lo hace en más de un centro.
B. Obligaciones por parte de las autoridades respecto de los vehículos de
servicio público:
1. Para los vehículos de servicio público, además de las revisiones obligatorias,
las empresas deben contar con su propio programa de revisión y mantenimiento
preventivo para los equipos con los cuales presta el servicio de transporte. La
continuidad del programa es una de las condiciones determinantes para la
verificación del mantenimiento de las condiciones que dieron origen al acto
administrativo de habilitación.
2. Para el proceso sancionatorio en materia de Transporte, la autoridad de
transporte local o su delegado son competentes para sancionar las conductas
cometidas por las empresas y los vehículos a los cuales otorgó habilitación y
tarjeta de operación. La Superintendencia de Puertos y Transporte es la
autoridad con competencia para conocer del incumplimiento de las
disposiciones legales incumplidas por las empresas y los vehículos de radio de
acción nacional, es decir por las empresas y vehículos que el Ministerio de
Transporte otorgó habilitación y tarjeta de operación a través de las Direcciones
Territoriales a la Subdirección de Transporte, según el caso. En consecuencia
el informe de infracciones a las normas de transporte de las infracciones de
transporte
3. La revisión técnico mecánica obligatoria de los vehículos de servicio público
debe realizase (sic) directamente por la empresa de transporte vinculadora, a
través del Centro de Diagnóstico Automotor Autorizado que seleccione para el
efecto, con cargo al propietario del vehículo.
4. Las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros son las
responsables de realizar directamente el mantenimiento preventivo de los
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vehículos vinculados a su parque automotor a través de un centro especializado
y con cargo al propietario del vehículo.
5. Los vehículos de servicio público deben ser sometidos a mantenimiento
preventivo y correctivo:
a. El mantenimiento preventivo es la serie de intervenciones y reparaciones
realizadas al vehículo con la finalidad de anticipar fallas o desperfectos y no
puede entenderse por mantenimiento preventivo las actividades de revisión o
inspección, con una periodicidad mínima de dos (2) meses, el control debe
realizarse llevando una ficha de mantenimiento.
b. El mantenimiento correctivo es aquel que se ejecuta en cualquier momento
al vehículo y ante la evidencia de una falla en cualquiera de sus componentes.
6. Los establecimientos educativos, que prestan el servicio de transporte
privado escolar deben dar cumplimiento a las obligaciones de realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo con los cuales transporta a los escolares.
7. Conforme a lo manifestado en la circular 20094220040291 expedida por la
Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte en relación con
las “Revisiones Preventivas”, para demostrar el cumplimiento de sus programas
de revisión y mantenimiento preventivo las empresas de servicio público de
transporte pueden apoyarse en los Centros de Diagnóstico Automotor,
habilitados por el Ministerio de Transporte, los cuales además de efectuar las
revisiones periódicas obligatorias de las condiciones técnico-mecánicas y de
gases de los vehículos automotores, están en capacidad también de ofrecer
este servicio de revisión del parque de vehículos que constituyen el equipo de
las empresas para verificar su estado y de esta manera demostrar la efectividad
de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo
C. Sentencia de fecha 26 de junio de 2013:
Aunque el Demandante pretendió que se declarará la nulidad de los artículos 4,
5, 6, numerales d), F), arts. 11,12, 13,30 tabla 2, Art. 31 y Anexo 2.1, de la
resolución 3500 de 2005, expedida por el Ministerio de Transporte y Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y sus modificatorios. Mediante Sentencia de
fecha 26 de junio de 2013, del honorable Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Primera, con ponencia del Magistrado
Guillermo Vargas Ayala, radicación 11001 03 24 000 2008 00335 00,
específicamente sobre la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica,
se declaró la nulidad de los artículos 4, 11 y 12 y parcialmente del artículo 30.
El impacto de la citada sentencia se resume así:
1. Los Centros de Diagnóstico automotor pueden ejercer otras actividades
comerciales. Sin embargo, siendo órganos de inspección, dichas actividades no
pueden reñir con la independencia e imparcialidad de la revisión.
2. Se mantiene la obligación del cumplimiento de las condiciones fijadas por los
Ministerios de Transporte y Ambiente, para efectos de obtener la habilitación
como Centro de Diagnóstico Automotor, no es posible que la revisión técnico-
mecánica se realice en talleres de mecánica, sin habilitación por parte del
Ministerio de Transporte.
3. Los Centros de Diagnóstico deben mantener la Acreditación del Organismo
Nacional de Acreditación.
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4. La Superintendencia de Puertos y Transporte es la encargada de ejercer la
Vigilancia y control a los Centros de Diagnóstico, aunque las causales de
cancelación y suspensión de los Centros solo pueden determinarse a través de
una Ley, en cualquier tiempo se puede verificar que los Centros de Diagnóstico
cumplen con las condiciones que dieron origen al otorgamiento de la
habilitación.
5. La Primera revisión técnico-mecánica para motocicletas y vehículos
similares, debe realizarse una vez se cumplan dos años contados a partir de su
registro inicial o matricula y los siguientes cada año.
D. Normas relevantes
Conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 2° de la Constitución Política
de Colombia, “Las autoridades de la República están instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Así mismo en relación con la seguridad de los usuarios de transporte público,
el literal “e” del artículo 2° de la Ley 105 de 1993, establece que “La seguridad
de las personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector Transporte”.
Ley 336 de 1996, señala en sus artículos 16 y 18 que la prestación del servicio
público de transporte estará sujeta a la habilitación y a la expedición de un
permiso o a la celebración de un contrato de concesión u operación, según que
se trate de rutas, horarios o frecuencias de despacho o áreas de operación,
servicios especiales de transporte…”. Y que el permiso para prestar el servicio
público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a
cumplir lo autorizado bajo las condiciones con él establecidas”.
Por su parte, todos los decretos reglamentarios de la prestación del servicio de
transporte público, determinan como condición para obtener la respectiva
habilitación para operar, que el representante legal certifique la existencia de
programas de revisión y mantenimiento preventivo, que desarrollará la empresa
para los equipos con los cuales prestará el servicio.
Adicionalmente, la Resolución 315 de 2013, aclarada por la Resolución 378 de
2013, tuvo como objeto adoptar medidas para garantizar la seguridad en el
transporte público terrestre automotor y se dictan otras disposiciones, cuya
aplicación se extiende a todas las modalidades del transporte de pasajeros y en
todos los radios de acción para la prestación del servicio. Señalando la
obligación de las empresas de transporte respecto de la revisión técnico-
mecánica obligatoria de los vehículos vinculados y el mantenimiento preventivo
y correctivo de los vehículos.
Artículo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 8° de la Ley
1383 de 2010, establece que:
“……Para que un vehículo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe
garantizar como mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de
dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles
permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado
de llantas, el conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las
normas de emisiones contaminantes que establezcan las autoridades
ambientales. (…)”
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Artículo 50 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 10 de la Ley 1383
de 2010, señala que:
“(…) Por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o
tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el
territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones
mecánicas, ambientales y de seguridad.”
Artículo 51 de la Ley Ibidem, modificado por el artículo 11 de la Ley 1383 de
2010 y por el artículo 201 del Decreto 2019 de 2010, por regla general establece
que:
“(…) todos los vehículos automotores, deben someterse anualmente a revisión
técnico mecánica y de emisiones contaminantes.
La revisión estará destinada a verificar:
a) El adecuado estado de la carrocería.
b) Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la
legislación vigente sobre la materia.
c) El buen funcionamiento del sistema mecánico.
d) Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.
e) Eficiencia del sistema de combustión interno.
f) Elementos de seguridad.
g) Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso
en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los
niveles permitidos.
h) Las llantas del vehículo.
i) Del funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia.
j) Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la
prestación del servicio público”
Artículo 52 de la misma Ley, modificado por el artículo 12 de la Ley 1383 de
2010 y por el artículo 202 del Decreto 019 de 2010, dispone que:
“(…) Los vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y
similares se someterán a la primera revisión técnico – mecánica y de emisiones
contaminantes a partir del sexto (6°) año contado a partir de la fecha de su
matrícula. Los vehículos nuevos de servicio público, así como motocicletas y
similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de
matrícula.
Parágrafo. Los vehículos automotores de placas extranjeras que ingresen
temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.”
Artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 13 de la Ley 1383
de 2010, modificado por el artículo 203 del Decreto 019 de 2010, señala que:
“(…) La revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará
en centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las
condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de
Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo de sus
competencias. El Ministerio de Transporte habilitará dichos centros, según la
reglamentación que para tal efecto expida.
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Los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes,
serán consignados en un documento uniforme cuyas características
determinará el Ministerio de Transporte. Para la revisión del vehículo automotor,
se requerirá únicamente la presentación de la licencia de tránsito y el
correspondiente seguro obligatorio.
Parágrafo. Quien no porte dicho documento incurrirá en las sanciones previstas
en la ley. Para todos los efectos legales éste será considerado como documento
público.”
Artículo 54 de la Ley Ibidem, modificado por el artículo 14 de la Ley 1383 de
2010, determina que:
“(…) Los Centros de diagnóstico automotor llevarán un registro computarizado
de los resultados de las revisiones técnico-mecánicas y de emisiones
contaminantes de cada vehículo, incluso de los que no la aprueben.”
El artículo 131 de la precitada Ley, modificado por el artículo 28 de la Ley 1383
de 2010 establece:
“Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición
de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:
(…)
C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos
legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor y/o propietario de un vehículo de
un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
(…)
C.35 No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o
cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-
mecánicas o de emisiones contaminantes, aun cuando porte los certificados
correspondientes, además el vehículo será inmovilizado.”
Con base en las facultades otorgadas por la Ley, los Ministerios de Transporte
y de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidieron la Resolución 3500 de 2500,
y las Resoluciones 2200 de 2006, 5600 de 2006, 5624 de 2006, 5975 de 2006,
015 de 2007, la Resolución 4062 de 2007, Resolución 4606 de 2007 y 5880 de
2007, que fijan las condiciones para la prestación del servicio de los CDAs y los
requisitos para obtener la respectiva habilitación y han establecido medidas
respecto de la revisión de los vehículos.
Cordialmente,
AYDA LUCY OSPINA ARIAS
Directora de Transporte y Tránsito
Radicado MT No.: 20144000135701
06-05-2014
Bogotá, 06-05-2014
Señores:
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Radicado: 11001 03 24 000 2015 00567 00
Demandante: Mauricio Barón Pinilla y otros
ALCALDES MUNICIPALES, GOBERNADORES, ORGANISMOS DE
TRÁNSITO
ASUNTO: Controles al deber de portar el seguro obligatorio y realizar la
revisión técnico mecánica
Respetados Mandatarios y Representantes legales:
Dando cumplimiento a las funciones asumidas por esta Dirección, establecidas
en el Decreto 087 de 2010, especialmente lo establecido en el artículo 14
numeral 14.3, a continuación, me permito impartir unas instrucciones:
Uno de los factores que deben controlarse para evitar la ocurrencia de
accidentalidad, es el estado de los vehículos, pues si bien se requiere la
concientización de los conductores para el cumplimiento de las normas de
tránsito, el respeto a las señales de tránsito como por ejemplo las señales de
velocidades máximas, entre otras, también es necesario garantizar que los
vehículos se encuentren en perfectas condiciones técnico mecánicas para
transitar, por ello se implementó la obligación de someterlos a las revisiones
obligatorias, con el fin de que un tercero acreditado para ello, evalúe si el
vehículo es apto para transitar, y no menos importante es la necesidad de
contar de que todos los vehículos porten el seguro obligatorio (SOAT), ya que
es el mecanismo establecido que garantiza la atención de las personas heridas
en accidentes de tránsito.
Por tal razón, se expidió la Circular 20134200330511 del 12 de septiembre de
2013, donde se les recordó que, en su calidad de autoridades de tránsito,
deben velar porque los vehículos que transitan en su ciudad estén en perfectas
condiciones técnico mecánicas, y ello se logra realizando controles donde se
verifique no solo el cumplimiento de las obligación (sic) legal de efectuar la
revisión técnico mecánica periódicamente, sino verificando en vía las
condiciones de los vehículos.
En la mencionada comunicación se les señaló que es obligación de las
autoridades de tránsito, exigir que los vehículos se sometan a la revisión
técnico mecánica, que porten el respectivo certificado vigente, así como
también es obligación de las autoridades, la aplicación de las sanciones
contempladas en el Código Nacional de Tránsito, ya que el escaso control,
pone en riesgo la integridad de los ciudadanos cualquiera que sea su roll (sic)
en la vía.
Luego de revisar nuevamente los datos registrados en el Registro Único
Nacional de Tránsito, se concluye que la mitad de los vehículos obligados no
son sometidos a la revisión técnico mecánica ni cuentan con el seguro
obligatorio (SOAT), por lo que de forma respetuosa insisto en conminarlos para
que realicen los controles respectivos, según las competencias otorgadas por
la Ley, vale resaltar que además de las revisiones internas, la Contraloría
General de la República ha hecho un llamado al Ministerio de Transporte para
que promueva entre las autoridades locales el cumplimiento de los deberes de
control en cada Jurisdicción.
Al respecto, insisto en dar claridad y directrices, sobre algunos aspectos:
1. Tal como se define en la codificación de las infracciones, pueden
sancionarse dos conductas: no realizar la revisión en el plazo previsto y cuando
a pesar de portar el certificado, el vehículo no cuenta con condiciones óptimas
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técnico mecánicas. Por lo tanto, la orden de comparecer (comparendo), en
relación con la revisión técnico mecánica, puede expedirse:
a. Cuando la revisión no se hizo en el plazo estipulado,
b. Cuando no se porta el certificado y
c. Cuando a pesar de portarlo vigente, el vehículo no se encuentra en
adecuadas condiciones.
2. De otro lado, debe tenerse en cuenta que la infracción en relación con el
seguro obligatorio es “no portar el seguro”.
3. Por lo tanto, los invitamos a implementar acciones como campañas
estratégicas de control e incluso de contemplar la opción de expedir la orden
de comparecer (comparendo) para el caso específico de las revisiones técnico
mecánicas por incumplimiento de la obligación de realizar la revisión técnico
mecánica obligatoria dentro del plazo legal, ya que puede producirse como
resultado de la consulta en el sistema RUNT.
Con el ánimo de que inicien las acciones claras y contundentes, adjunto al
presente escrito, se les envía el reporte de la información para cada uno de los
Organismos de Tránsito, en el que pueden determinarse los vehículos que no
cuentan con el seguro obligatorio (SOAT) y los que pese a estar sometidos a
revisión técnico mecánica, a la fecha 15 de abril de 2014 no cuentan con la
revisión técnico mecánica vigente, según reporte tomado del Sistema RUNT.
Cordialmente,
AYDA LUCY OSPINA ARIAS
Directora de Transporte y Tránsito
Radicado MT No.: 201444000213141 [sic]
17-06-2014
Bogotá, 17-06-2014
Señores:
ALCALDES MUNICIPALES, GOBERNADORES, ORGANISMOS DE
TRÁNSITO
ASUNTO: CIRCULAR. Comparendos por condiciones técnico-mecánicas y
SOAT.
Respetados Mandatarios y Representantes legales:
Dando cumplimiento a las funciones asumidas por ésta Dirección, establecidas
en el Decreto 087 de 2010, especialmente lo establecido en el artículo 14
numeral 143 a continuación me permito impartir las siguientes directrices:
Mediante Circular 20134200330511 del 12 de septiembre de 2013, se les
convocó a exigir el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias,
en relación con la revisión técnico mecánica obligatoria, posteriormente
mediante circular 20144000135701 del 6 de mayo de 2014, se insistió en la
necesidad de realizar los controles respectivos y se les envió listado de los
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vehículos registrados en cada Organismo de Tránsito que no reportan revisión
técnico-mecánica y/o SOAT vigente.
Tal como se señaló en las anteriores comunicaciones, no adquirir el seguro
obligatorio disminuye la posibilidad de atención inmediata, para personas
heridas en accidentes de tránsito, aumentando las secuelas del accidente y la
evasión de la revisión técnico-mecánica representa un alto riesgo de
accidentalidad.
Teniendo en cuenta que ésta Dirección ha recibido varias solicitudes para que
se amplíe el análisis del procedimiento aplicable y hemos observado que aún
no se han iniciado los procesos sancionatorios a partir de la información
enviada a los Organismos de Tránsito, a continuación se realiza una exposición
de los fundamentos jurídicos que soportan la expedición de comparendos, a
partir de la información del Registro Nacional de Tránsito, resaltando que la
detección de infracciones por medios técnico o tecnológicos, ha disminuido el
nivel de confrontación entre el agente de control y el conductor y disminuye el
riesgo de corrupción del cuerpo operativo, además de maximizar la
operatividad de las autoridades.
1. Calidad de autoridades de tránsito
El artículo 3 del Código Nacional de Tránsito señala:
(…)
2. Procedimientos aplicables:
Mediante de los artículos 135 ( modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de
2010, 137 del Código Nacional de Tránsito Terrestre y el artículo 86 de la Ley
1450 de 2001, el legislador facultó a las autoridades competentes, para
efectuar la contratación del servicio de medios técnicos y tecnológicos que
permitan evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones, señalando
un procedimiento particular de remisión por correo de la infracción y sus
soportes, para efectos de su notificación al presunto infractor.
Para su correspondiente análisis, los contenidos legales a se dividirán a
continuación en etapas:
ETAPA CONTENIDO DEL ARTÍCULO
Artículo 135. Procedimiento. Ante la comisión de una
contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el
procedimiento siguiente para imponer el comparendo
(…)
a). Imposición “Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá
del al conductor la orden de comparendo en la que ordenará
comparendo al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito
cuando la competente dentro de los cinco (5) días hábiles
autoridad de siguientes. Al conductor se le entregará copia de la
control pueda orden de comparendo.
detener la
marcha del
vehículo:
b) “(…)Para el servicio además se enviará por correo de los
Procedimiento tres (3) días hábiles siguientes copia del comparendo al
especial propietario del vehículo, a la empresa a la cual se
cuando se
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impone encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos
comparendo y Transporte para lo de su competencia. (…)”
por la
conducción de
un vehículo de
servicio
público.
c) Notificación “(…) La orden de comparendo deberá estar firmada por
del el conductor siempre y cuando ello sea posible. Si el
comparendo conductor se negara a firmar o a presentar la licencia,
firmará por él un testigo, el cual deberá identificarse
plenamente con el número de su cédula de ciudadanía
o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono, si lo
tuviere. (…)”
d) Posibilidad (…) No obstante lo anterior, las autoridades
de contratar competentes podrán contratar el servicio de medios
medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la
técnicos para la comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo,
detección de la fecha, el lugar y la hora. En tal caso se enviará por
infracciones y correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la
procedimiento infracción y sus soportes al propietario, quien estará
para obligado al pago de la multa. Para el servicio público
notificación del además se enviará por correo dentro de este mismo
comparendo termino copia del comparendo y sus soportes a la
que se expide a empresa a la cual se encuentra vinculado y a la
partir de la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su
prueba competencia (…)
obtenida por
medios
técnicos.
e) Formato del “(….) El Ministerio de Transporte determinará las
Comparendo características técnicas del formulario de comparendo
único nacional, así como su sistema de reparto. En este
se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar
un apoderado si así lo desea y que en la audiencia, para
lo que se la cite, se decretarán o practicarán las pruebas
que solicite. El comparendo deberá además proveer el
espacio para consignar la dirección del inculpado o del
testigo que lo haya suscrito por este. (…)”
e) Entrega del Parágrafo 1°. La autoridad de tránsito entregará al
comparendo funcionario competente o a la entidad que aquella
para que se encargue para su recaudo, dentro de las doce (12) horas
siga el proceso siguientes, la copia de la orden de comparendo, so pena
contravencional de incurrir en causal de mala conducta.
Cuando se trate de agentes de policía de carreteras, la
entrega de esta copia se hará por conducto del
comandante de la ruta o del comandante director del
servicio.
f) Cobro de la Parágrafo 2°. Los organismos de tránsito podrán
multa suscribir contratos o convenios con entes públicos o
privados con el fin de dar aplicación a los principios de
celeridad y eficiencia en el cobro de las multas.
g) Actuación Artículo 137. “(…) En los casos en que la infracción fuere
especial Para detectada por medios que permitan comprobar la
infracciones identidad del vehículo o del conductor el comparendo se
detectadas por remitirá a la dirección registrada del último propietario del
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medios vehículo. La actuación se adelantará en la forma prevista
técnicos o en el artículo precedente con un plazo adicional de seis
tecnológicos (6) días hábiles contados a partir del recibo de la
comunicación respectiva, para lo cual deberá disponerse
de la prueba de la infracción como anexo necesario del
comparendo (…)”
Artículo 86. “(…) En los eventos en que se empleen
medios técnicos o tecnológicos para la detección de
infracciones de tránsito o transporte, las autoridades
competentes deberán vincular al trámite contravencional
o procedimiento administrativo sancionatorio, al
propietario del vehículo, de acuerdo con lo establecido
en el Código Nacional de Tránsito. (…)”
Con lo anterior queda claro que el legislador previó la detección de infracciones
a las normas de tránsito a través de la forma tradicional (en la vía), generando
la orden de comparecer al conductor y la otra, a través de medios técnicos o
tecnológicos que permitan evidenciar la trasgresión a una norma de tránsito.
El mismo Código en los artículos 42, 51 y 52, contempla la obligación de
amparar el vehículo con un seguro obligatorio SOAT y de realizar la revisión
técnico-mecánica, adicionalmente en virtud del artículo 8 el Ministerio de
Transporte desarrolló y ha puesta en marcha el Registro Único Nacional de
Tránsito, que es el único medio idóneo para la expedición del certificado de
revisión técnico-mecánica y la única forma de comprobación oficial de que un
vehículo se encuentra amparado por un SOAT.
Por esta razón, resulta suficiente prueba la inexistencia del certificado de
revisión técnico-mecánica cargado en el RUNT para dar inicio a un proceso
sancionatorio, a través de la expedición del comparendo y si el citado no
presenta suficientes descargos, proceder a la imposición de la multa.
Así mismo, la inexistencia del SOAT cargado en el mismo registro acompañado
de una prueba tecnológica que evidencia que el vehículo se desplaza por las
vías públicas puede dar inicio al proceso contravencional derivado de la
circulación sin SOAT.
3.Utilización de ayudas técnicas como prueba de la ocurrencia de una
infracción a las normas de tránsito.
El uso de tecnología por parte las autoridades públicas para facilitar el
cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentra el control del
cumplimiento de las normas de tránsito, se encuentra entre otras normas, en
el artículo 230 de la Ley 1450 de 2001, el cual establece que todas las
entidades de la Administración Pública deberán adelantar las acciones
señaladas en la Estrategia de Gobierno en línea, liderada por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través del cumplimiento
de los criterios que éste establezca, el mismo artículo determina como acciones
prioritarias la prestación del trámites y servicios en línea.
Por su parte, la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de
Procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señaló en
su artículo 3 que las actuaciones administrativas se desarrollarán entre otros,
con arreglo a los principios del, eficacia, economía y celeridad.
La misma norma establece que en virtud del principio de eficacia, las
autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el
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efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales o que generen
retardo, en virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos
y en virtud del principio de celeridad, incentivarán el uso de las tecnologías de
la información y las comunicaciones.
Por su parte, el artículo 4 del Decreto Ley 019 de 2012, hace referencia al uso
de medios electrónicos como elemento necesario en la optimización de los
trámites ante la Administración Pública y establece que “las autoridades deben
incentivar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a
efectos de que los procesos administrativos se adelanten con diligencia dentro
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas”.
4.Jurisprudencia relacionada
Respecto de las infracciones de tránsito detectadas por medios técnicos y/o
tecnológicos, la Honorable Corte Constitucional en Sentencias C-530/2003 y
C-980/10, refiriéndose precisamente al debido proceso, la Corte destacó que
tales medios de prueba son eficaces para estructurar la defensa de quienes
sean inculpados erróneamente, razón por la cual debe mantenerse su uso en
tales procesos y que estas ayudas tecnológicas pretenden otorgar mayor
certeza en el proceso de identificación de vehículos y conductores, lo cual
resulta apropiado a fin de restringir al máximo la posibilidad de errores en la
determinación de los inculpados e infractores.
5. Configuración de las infracciones por no portar SOAT y por
condiciones técnico-mecánicas o carencia del certificado:
a) Transitar sin SOAT. La falta tipificada en el código es “no portar el seguro”,
en consecuencia, es posible:
a. La expedición de comparendos que tengan como resultado la sanción de
“amonestación”, para que el infractor se vea obligado a asistir al curso y
conminado a adquirir el seguro, en caso de que no asista se adelanta el
proceso para sancionarlo con multa.
b. Si la autoridad de tránsito cuenta con mecanismos que permitan verificar que
el vehículo está rodando y que no tiene cargado un SOAT, es procedente
también la imposición del comparendo, pues dada su falta de registro en el
RUNT, se debe entender que transita sin portarlo.
B. Por revisión técnico-mecánica: Tal como se define en la codificación de
las infracciones, pueden sancionarse dos conductas: a) no realizar la revisión
en el plazo previsto y b) cuando a pesar de portar el certificado, el vehículo no
cuenta con las condiciones técnicas aptas para su movilización, en
consecuencia, la orden de comparecer (comparendo), en relación con la
revisión técnico-mecánica, puede expedirse:
a. Cuando la revisión no se hizo en el plazo estipulado
b. Cuando no se porta el certificado y
c. Cuando a pesar de portarlo vigente, el vehículo no se encuentra en
adecuadas condiciones.
Por lo anterior, es jurídicamente posible expedir la orden de comparecer
comparendo, por incumplimiento de la obligación de realizar la revisión técnico-
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mecánica obligatoria dentro del plazo legal, a partir de la prueba de la
inexistencia de un certificado cargado al sistema RUNT.
7. Imposición de comparendo sin aplicación de la inmovilización:
La Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-018 de 2004 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa). Señaló que “imponer a un conductor la sanción
administrativa complementaria de inmovilización del vehículo no implica
sancionarlo dos veces por el mismo hecho.” Pues a su parecer, la
“inmovilización es una medida administrativa de carácter sancionatorio,
complementaria a la multa, que se impone en los eventos que la autoridad no
puede permitir que el vehículo sancionado continúe circulando. (…). Por
ejemplo, cuando un conductor realiza un giro prohibido, responde únicamente
con el pago de una multa. Pero cuando la infracción consiste en no cumplir con
alguno de los requisitos legales existentes para que el vehículo pueda circular
o para que el conductor pueda manejar, la multa es una medida que ofrece una
sanción insuficiente. Si la autoridad competente no inmoviliza el vehículo luego
de imponer la multa y le permite al conductor continuar su camino, estaría
autorizándolo a seguir cometiendo el comportamiento por el cual lo sancionó.”
Ahora bien, cuando la infracción es detectada por medios técnicos o
tecnológicos es imposible materialmente imponer la sanción de inmovilización
del vehículo, la cual conforme a los postulados del CNT y de la sentencia
anteriormente citada es “una medida administrativa de carácter sancionatorio,
complementarias a la multa”, recordemos que la inmovilización no es una
sanción que se imponga como principal o única sino que es accesoria a la
sanción de multa.
Por lo expuesto, podemos colegir que dado su carácter de accesoria o
complementaria, la inmovilización le sirve a la autoridad de control como
medida adicional, extra o agregada a la infracción principal, sin embargo, su
falta de aplicación no afecta la imposición de la sanción principal, es decir la
multa por cuanto es imposible materialmente que se realice la retención del
vehículo.
CONCLUSIONES
1. El uso de ayudas técnicas, para la captura de pruebas, tiene amplio sustento
legal, no solo en el Código Nacional de Tránsito, sino en las normas que rigen
en general la actuación administrativa, así como en pronunciamientos
jurisprudenciales.
2. La utilización de medios técnicos y tecnológicos para la detección y/o captura
de pruebas para determinar las infracciones de tránsito, entre las que se
encuentra la utilización de la información cargada en el Registro Único Nacional
de Tránsito, es un medio idóneo para el ejercicio del control por parte de las
autoridades de Tránsito y la consecuente imposición de sanciones.
3. En la detección por medios técnicos o tecnológicos siempre existe una
prueba documentada, que debe ser conocida y evaluada por la autoridad
competente y que además el implicado puede controvertir plenamente, con ello
se garantiza el cumplimiento del debido proceso y el ejercicio de la defensa.
2. (sic) En estos casos la valoración de las pruebas aportadas por la autoridad
de control y de los aportados por el implicado, no requieren que un agente de
tránsito perciba la infracción en la vía, pues resulta clara la inexistencia de un
certificado de revisión y de un SOAT en el Registro Único Nacional de Tránsito.
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3. En materia sancionatoria de tipo administrativo o policivo, todos los medios
de prueba son válidos y ya existe una disposición de rango legal, que obliga el
aporte de “pruebas objetivas que sustenten el informe a la infracción”.
4. La inmovilización es una sanción accesoria o complementaria, por lo tanto,
cuando es imposible realizarla la sanción principal no pierde validez.
Por todo lo anterior, les reitero que es deber de las autoridades adelantar todos
los esfuerzos administrativos para ejercer el control y dar cumplimiento a las
disposiciones legales antes señaladas a través de la generación de
comparendos, con fundamento en la inexistencia de un certificado de revisión
técnico-mecánica e iniciar controles especificaos (sic) para detectar si los
vehículos que no tienen cargados un SOAT en el Registro Único Nacional de
Tránsito están circulando (Información que fue enviada por esta dirección a
cada Organismo de Tránsito).
Cordialmente,
AYDA LUCY OSPINA ARIAS
Directora de Tránsito y Transporte.”4.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
1.3.1. La parte actora, sin plantear un acápite que denominara normas violadas y
concepto de la violación, de forma directa procedió a formular los cargos que se
sintetizan a continuación.
Como fundamentos fácticos expusieron que las circulares atacadas fueron
expedidas con el fin de que sirvan como marco legal a la contravención C-35
contenida en la Ley 1383 de 2010, para que puedan usar los datos contenidos en
la plataforma RUNT y hacer cruce de datos entre plataformas de tránsito a nivel
nacional y así poder cotejar la comisión de infracciones.
Señalaron que las facultades otorgadas invocan la presunción que los propietarios
o los poseedores de los rodantes no han practicado la revisión técnico-mecánica
dentro de los plazos legalmente establecidos.
Manifestaron que el referente legal invocado es inexistente en la Ley 769 de 2002
y la Ley 1383 de 2010 y que el plazo legal impuesto por las circulares viola el
4 Ibidem.
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principio de separación de poderes ya que no tiene origen en el Congreso de la
República.
Reiteraron que, al no estar contenido en la Ley 769 de 2002 y la Ley 1383 de 2010,
el plazo carece de sustento y por ello las circulares deben ser declaradas nulas.
Expusieron que el legislador empleó el verbo “transitar” y no habló de “no realizar”;
por tanto, esta infracción no puede ser tipificada mediante el cruce de datos de las
plataformas sin la verificación de fuente móvil contaminante, o sea el vehículo
transitando por el territorio nacional. Por lo anterior concluyó que solo se puede
sancionar cuando el vehículo circule o transite sin la revisión técnico-mecánica al
día y que el espíritu punitivo de las circulares atacadas es ilegal.
Afirmaron que el plazo que la ley misma incorpora es que los carros particulares
deberán realizar la revisión técnico-mecánica y de gases (6) seis años después de
expedición de la matrícula y después de este periodo realizarlo cada año, lo cual
crea un vacío legal con respecto a los vehículos que ya se encontraban
matriculados antes de la vigencia de la ley.
Primer cargo: falta de competencia
Explicaron que no existe concordancia entre las circulares demandadas y las Leyes
769 de 2002 y 1383 de 2010, y declaró que el órgano que las expidió no era
competente, siendo redactadas y emitidas en forma irregular, evidenciando que una
infracción que debe tener flagrancia “transitando” pueda ser emitida solo
inspeccionando la plataforma RUNT. Indicó que no es competencia del Ministerio
de Transporte sancionar ya que las multas deben ser emitidas por un agente de
tránsito que observe directamente la infracción en el acto, toda vez que el sistema
es solo una base de datos de información y no una herramienta para imponer
sanciones.
Segundo cargo: expedición irregular
Asimismo, indicaron que los actos atacados fueron expedidos de forma irregular en
cuanto hay un intento de modificar la ley de tránsito mediante las circulares, para
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sancionar la falta de registro de la revisión técnico-mecánica en la base de datos
del RUNT.
Tercero cargo: falsa motivación
Declararon que en las circulares acusadas media una falsa motivación, toda vez
que los fundamentos del acto no son reales y que dicha normatividad estableció las
condiciones mínimas que deben tener los centros de diagnósticos automotriz para
las revisiones técnico-mecánicas y de gases para los vehículos que transiten y
dichos plazos fueron en referencia a la implementación y la instalación de los
centros de diagnóstico.
Cuarto cargo: desviación de poder
Los actores sostuvieron que las irregularidades advertidas en las circulares
cuestionadas beneficiarían a particulares utilizando la base de datos RUNT,
causando la desviación de las atribuciones propias de quien las profirió ya que la
información contenida en dicha plataforma está garantizada por el artículo 15 de la
Constitución Política en lo referente al habeas data, y se estaría violando la cláusula
séptima del contrato sobre explotación económica que se hace de los datos
contenidos en la base del RUNT. Además, señalaron que, de conformidad con las
Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006, los datos contenidos en la plataforma RUNT
únicamente pueden ser usados como información estadística y se debe respetar la
privacidad y la intimidad de los allí figurantes.
Quinto cargo: desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa
Expusieron que la Circular 20144000213141 de junio de 2014 establece en su
ordinal d) un procedimiento de notificación de comparendos basado en pruebas
obtenidas por medios técnicos que evidencien la infracción, detallando el vehículo,
fecha, lugar y hora. Dicha notificación debe enviarse al propietario en un plazo de
(3) tres días hábiles, quien estará obligado a pagar la multa, vulnerando el principio
de presunción de inocencia, puesto que el uso de la plataforma RUNT no es
suficiente evidencia legal de infracción. El verbo rector en las leyes de tránsito es
“transitar” y no ha cambiado; por lo tanto, la sanción debe cumplir con el debido
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proceso, y cualquier medida punitiva debe ofrecer alternativas que respeten el
derecho de los ciudadanos a circular mientras se ajustan a las normas, en lugar de
limitar el poder adquisitivo sin dar opciones para regularizarse. Además, que este
sistema fue creado para la consulta de información y políticas de movilidad y no
garantiza la absoluta confiabilidad.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. El Ministerio de Transporte5 contestó la demanda oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones de nulidad de la Circulares, atacando la afirmación
del demandante según la cual no existen normas que establezcan plazos y
periodicidad para realizar la revisión técnico-mecánica de vehículos en el país, ya
que este requisito está claramente definido en la Ley 769 de 2002, modificada por
la Ley 1383 de 2010 y el Decreto Ley 019 de 2012, que, en su artículo 201,
establece que todos los vehículos automotores deben someterse a una revisión
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de manera anual. Esta revisión
incluye verificar el estado de la carrocería, el sistema mecánico, los niveles de
emisiones, el sistema eléctrico, los frenos, las llantas y los elementos de seguridad,
entre otros aspectos.
Manifestó que el artículo 202 establece la primera revisión para vehículos nuevos
(6) seis años después de su matrícula, mientras que los vehículos de servicio
público y motocicletas deben realizarla al cumplir (2) dos años desde la fecha de su
matrícula.
Argumentó que el punto central del debate jurídico actual es solo una interpretación
subjetiva de los demandantes.
Planteó como excepción la ineptitud sustantiva de la demanda señalando que los
argumentos expuestos por los demandantes no son claros en los fundamentos de
derecho y le falta coherencia entre lo solicitado en las pretensiones y el concepto
5 Ibidem.
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de violación presentado. Asimismo, indicó que el contenido de la demanda no se
encuentra ajustado a lo establecido en el artículo 162 del CPACA.
Solicitó que en consecuencia de lo expuesto anteriormente y de la ineptitud de la
demanda debe ser expedido un fallo inhibitorio.
Sin embargo, adujo que, sobre lo que se puede inferir de la demanda la ley contiene
expresamente la obligación de realizar la revisión técnico-mecánica anual de todos
los vehículos que circulan en el país, con lo cual desvirtúa la afirmación según la
cual no existe una norma de rango superior que establezca la obligación para los
vehículos viejos o usados de efectuar la revisión técnico-mecánica.
Seguidamente expuso que los artículos 8, 9, 53 y 54 de la Ley 769 de 2022
disponen que, para emitir el formato que certifica la realización o actualización de
la revisión técnico-mecánica, es necesario que dicha información esté registrada
en el sistema RUNT. Esto permite a las autoridades de tránsito verificar el
cumplimiento en el sistema, cumpliendo con los requisitos necesarios como medio
de prueba para imponer el comparendo.
Resaltó que las circulares acusadas no eliminan el proceso contravencional a que
tiene derecho cualquier ciudadano que reciba un comparendo ya que no son una
sanción automática.
Explicó que las circulares demandadas no omiten el proceso contravencional
establecido en el Código Nacional de Tránsito especialmente en los artículos 136,
137 y 139, por lo que no se puede alegar que haya violación de derechos
fundamentales de los ciudadanos.
Adicional a lo anterior, solicitó que se tengan en cuenta los argumentos presentados
en la oposición a la medida cautelar, que fue presentada dentro del término
correspondiente.
III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
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En audiencia inicial del 12 de julio de 2019 se les concedió a las partes el término
de diez (10) días para alegar de conclusión, lapso dentro del cual el Ministerio
Público también podía rendir concepto.
3.1. El Ministerio de Transporte presentó sus alegatos de conclusión6
reiterando lo expuesto en la contestación de la demanda y adicionó que, toda vez
que el RUNT era una base de datos pública, se usa para verificar si los vehículos
cumplen con los requisitos legales, sin que esto implique una violación de la
privacidad o del principio de habeas data, dado que la información registrada es
pública y solo se relaciona con el estado legal de los vehículos.
Manifestó que las circulares no constituyen actos administrativos que establezcan
nuevas obligaciones o sanciones, sino que simplemente aclaran y reiteran las
normas existentes para la supervisión y seguridad vial. Argumentó que al emitir un
comparendo que se base en sistema RUNT no afecta el derecho de defensa y
audiencia de los ciudadanos, ya que la información vehicular en el RUNT no es
confidencial.
Finalmente arguyó que no se puede demandar la nulidad de las circulares, ya que
no constituyen regulaciones nuevas o autónomas, sino que son directrices que
instruyen sobre el uso de datos públicos en el RUNT para el control y seguimiento
del cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad.
Por último, solicitó que no se accediera a las pretensiones de la demanda o de ser
procedente se profiriera fallo inhibitorio.
3.2. La parte actora alegó de conclusión7 reiterando los argumentos expuestos
en la demanda.
IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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V. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a
decidir el asunto sub-lite, previas las siguientes:
VI. CONSIDERACIONES
6.1. Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024) expedido por
la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para
conocer del asunto de la referencia.
6.2. Cuestiones previas
6.2.1. Como primer aspecto, la Sala debe indicar que, si bien las circulares
tradicionalmente se han considerado como actos orientados a impartir instrucciones
para la correcta interpretación o aplicación de las normas, lo cierto es que no se
encuentran exentas de control judicial. En efecto, cuando la administración excede
la función meramente instructiva y genera disposiciones de obligatorio
cumplimiento con la capacidad de afectar derechos o imponer deberes, este tipo
de actos se tornan en susceptibles de control judicial.
En el presente caso, la Sala considera que las circulares expedidas por el Ministerio
de Transporte no se limitaron a reiterar los parámetros legales, reglamentarios o
jurisprudenciales sobre la materia que exponen, ni se circunscribieron a la
orientación de los destinatarios. Por el contrario, dichos actos:
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1. Ordenan el inicio y culminación de procesos contravencionales, con base
en la información extraída del RUNT.
2. Habilitan expresamente a las autoridades de tránsito para imponer
sanciones por la sola ausencia del certificado de revisión técnico-mecánica
en el RUNT.
3. Y si bien están formalmente dirigidos a autoridades administrativas
(alcaldes, gobernadores, organismos de tránsito, empresas transportadoras
y CDA), su contenido normativo incide directamente sobre los derechos y
obligaciones de los ciudadanos, al establecer los presupuestos para la
imposición de comparendos, multas e incluso la inmovilización del vehículo.
Por consiguiente, el conjunto de directrices contenidas en las circulares configura
una manifestación unilateral de la voluntad de la administración con efectos
jurídicos directos sobre los administrados, en la medida en que condiciona la
actuación de las autoridades de tránsito y determina consecuencias sancionatorias
inmediatas para los ciudadanos, razón por la cual puede concluirse que tienen
naturaleza de acto administrativo en sentido material y, por tanto, son susceptibles
de control judicial.
6.2.2. Como segundo punto, la Sala debe señalar que, en la audiencia inicial del
12 de julio de 2019, adelantada en el proceso de la referencia, se resolvió la
excepción de ineptitud de la demanda planteada por la entidad demandada.
Veamos lo que se dijo en la diligencia judicial:
“Visto lo anterior, procede el Despacho a resolver la excepción previa
denominada "ineptitud sustantiva de la demanda", propuesta por el Ministerio
de Transporte, bajo los siguientes argumentos vistos a folios 104 y 105 del
Cuaderno Principal, que rezan textualmente lo siguiente:
"La falta de claridad en los fundamentos de derecho en que se
invocan así como la coherencia entre lo que se solicita en las
pretensiones y el concepto de la violación presentado, resultan en la
ineptitud sustantiva de la demanda.
En efecto, de conformidad con el artículo 162 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la
demanda debe contener, lo que se pretenda, expresado con
precisión y claridad, así como los fundamentos de derechos de las
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pretensiones con explicación de las normas violadas y el concepto
de su violación.
En ese contexto, se encuentra que la demanda no ha sido clara
respecto de los hechos y los fundamentos de derecho en que s e
apoya la solicitud de declaratoria de nulidad de las circulares
demandadas por cuanto de su texto no se puede establecer si e n s
u concepto se excedió la facultad reglamentaria (lo que podría
inferirse de la transcripción de normas que hace en los primeros
párrafos del acápite denominado "Antecedentes y fundamentos de la
demanda", o si el fundamento de derecho que alega se refiere a l
contenido de la información del RUNT y alguna oposición a la
utilización de la información que en él se encuentra contenida; o si
de lo que se trata es de un argumento en contra del código nacional
de tránsito terrestre (Ley 769 de 2002) en que se establece la sanción
referida a la no realización de una revisión técnico mecánica; o si el
fundamento de derecho para solicitar la nulidad de las circulares, se
refiere a la imposibilidad de que los centros de diagnóstico automotor
de realizar dichas revisiones.
Tampoco se ha presentado el concepto de la violación de las
supuestas normas vulneradas. Ha fallado el demandante al intentar
la nulidad de las circulares, transcribiendo una serie de normas ya
sea leyes, decretos o resoluciones así como haciendo afirmaciones
con postulados incompletos y de los que no se puede establecer si
la vulneración alegada se debe a que ninguna norma (según el
demandante) contempla la obligación de todos los vehículos de
efectuar la revisión técnico mecánica, anual, o si la inconformidad se
refiere a la utilización de la información del RUNT para imponer un
comparendo (dando lugar al inicio de un proceso contravencional, o
si se contesta (sic) la posibilidad de utilizar la información del RUNT,
referente al no cumplimiento de la revisión técnico mecánica bajo en
(sic) entendido (equivocado) de que esta información es personal.
Así las cosas, encontramos que falta de presupuestos de la
pretensión originados en la falta de calidad y precisión de los
argumentos de derecho presentados, originan la ineptitud de la
demanda y por consecuencia la expedición de un fallo inhibitorio.".
En ese contexto, sea lo primero advertir que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 162 del CPACA, la demanda deberá, además de dirigirse contra
la autoridad judicial competente, contener, entre otros requisitos, los
fundamentos de derecho de las pretensiones, y cuando se trate de demandar
la legalidad de actos administrativos, también deberá indicar con claridad y
precisión las normas violadas y el concepto de su violación.
Ahora, advierte la Sala Unitaria que con ocasión de la inadmisión dispuesta por
el Despacho sustanciador mediante providencia del 15 de enero de 2016, la
parte demandante allegó un escrito en el que manifestó subsanar la demanda
y acompañó a éste un nuevo texto que figura a folios 62 a 78, en el cual, si bien
no se incluyó un acápite específico con la nominación "normas violadas “o
"concepto de la violación", aparece un análisis, aunque precario, en el capítulo
de "HECHOS", circunstancia que llevaría a que se rechace la excepción que
formula el Ministerio en el caso bajo examen.
Vale decir, los actores expresaron los cargos formulados contra los actos
acusados, esto es, falta de competencia, expedición irregular, desviación de
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poder, falsa motivación, y desconocimiento de los derechos de audiencia y
defensa, respecto de los cuales expusieron lo que a su juicio constituye los
fundamentos de los mismos, y frente a los cuales el Despacho se pronunciará
sobre la prosperidad o no de los mismos en el momento procesal oportuno,
considerando para el efecto si se cumplen los requisitos que el ordenamiento
jurídico exige para la formulación de cada cargo.
Bajo ese supuesto, no prospera la excepción ineptitud de la demanda.
La decisión se notifica en estrados.”.
Precisado lo anterior, se procederá con el análisis de la controversia.
6.3. Planteamiento
De acuerdo con el libelo introductorio, la contestación de la demanda, la fijación del
litigio y los escritos de alegatos de conclusión, en primer lugar, se debe determinar
si los actos demandados permiten imponer la infracción prevista por falta de la
revisión técnico-mecánica a cualquier vehículo que se encuentre circulando o no,
mediante el uso de los datos contenidos en la plataforma en concesión del RUNT.
De llegar a corroborar lo anterior, tendrá que resolverse si las disposiciones
enjuiciadas incurren en falta de competencia, desconocimiento de los derechos
audiencia y defensa, expedición irregular, falsa motivación y desviación de poder.
En segundo lugar, corresponde establecer si las circulares enjuiciadas fijaron el
plazo para realizar la revisión técnico-mecánica. Si la respuesta a ese interrogante
es positiva, procede definir la pretensión de nulidad.
Los cargos se pasarán a resolver en el orden propuesto.
6.4. Análisis de la Sala
6.4.1. La Sala deberá definir si es cierto que las circulares por medio de las cuales
el Ministerio de Transporte impartió instrucciones a los alcaldes, gobernadores y
organismos de tránsito sobre las obligaciones relacionadas con el seguro
obligatorio y la revisión técnico-mecánica, permiten imponer la infracción prevista
por falta de la revisión técnico-mecánica a cualquier vehículo, mediante el uso de
los datos contenidos en la plataforma en concesión del RUNT.
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6.4.1.1. Pues bien, del análisis de los actos objeto del presente proceso la Sala
advierte que, por medio de la Circular núm. 20134200330511 de 12 de septiembre de
2013, el Ministerio de Transporte instó a las autoridades locales, empresas de
transporte y Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) a cumplir con las normativas
sobre la revisión técnico mecánica obligatoria y el mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehículos. Resaltó que:
1. Faltaba control y cumplimiento de las normas sobre la revisión técnico-
mecánica. Esto afectaba la seguridad vial, aumentaba riesgos ambientales y
reducía ingresos públicos destinados a la seguridad vial.
2. Era necesario exigir y verificar las revisiones técnico-mecánicas, sancionar
incumplimientos, evitar la prescripción de procesos y garantizar que los
certificados los emitieran centros habilitados.
3. A las empresas les correspondía mantener programas de revisión y
mantenimiento preventivo de los vehículos, y
4. Un pronunciamiento de la Sección Primera del Consejo de Estado del 26 de
junio de 2013, con ponencia del Magistrado Guillermo Vargas Ayala, radicación
núm. 11001 03 24 000 2008 00335 00, declaró nulos algunos artículos de la
Resolución núm. 3500 de 2005, pero ratificó que los CDA debían cumplir
estrictas condiciones para operar y mantener imparcialidad.
5. Las normas del sector exigen que todos los vehículos realicen revisiones
periódicas para garantizar condiciones óptimas de seguridad y emisiones
contaminantes.
6.4.1.2. Bajo la misma línea, con la Circular núm. 20144000135701 del 6 de
mayo de 2014, la entidad demandada subrayó la importancia de garantizar que los
vehículos contaran con la revisión técnico mecánica vigente y el SOAT, esenciales
para prevenir accidentes y atender a heridos. De ese modo, destacó que las
autoridades de tránsito debían, entre otras cosas:
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1. Realizar controles en vía para verificar los certificados de revisión técnico-
mecánica y las condiciones de los vehículos.
2. Sancionar incumplimientos por la falta de práctica de la revisión en el plazo
legal, no portar el certificado o encontrar que las condiciones del vehículo no
eran óptimas, y
3. Garantizar el porte del SOAT y aplicar las sanciones correspondientes en
caso de incumplimiento.
Además, advirtió que aproximadamente la mitad de los vehículos no cumplían con los
comentados requisitos. Así, invitó a implementar campañas de control y emplear los
datos del RUNT para detectar irregularidades.
6.4.1.3. Con la misma intención, por medio de la Circular núm. 20144000213141
del 17 de junio de 2014, la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio
demandado reiteró a alcaldes, gobernadores y organismos de tránsito la obligación
de exigir el cumplimiento de las normas sobre revisión técnico-mecánica y SOAT.
Enfatizó en que no portar el SOAT ni cumplir con la revisión técnico-mecánica
incrementaba el riesgo de accidentes. Detalló los procedimientos sancionatorios
previstos por el Código Nacional de Tránsito, que permiten la detección de
infracciones mediante medios técnicos o tecnológicos. Afirmó que el uso de tales
herramientas reducía confrontaciones, riesgos de corrupción y mejoraba la eficacia
operativa. Además, insistió en que la inexistencia de certificados de revisión técnico-
mecánica en el RUNT era prueba suficiente para iniciar y culminar procesos
administrativos sancionatorios. Al terminar, repitió la importancia del uso de medios
electrónicos y tecnológicos como sustento legal y administrativo. Además, instó a las
autoridades de tránsito a realizar controles rigurosos y sancionar a los infractores
conforme a la normativa vigente.
6.4.1.4. En esa medida, para la Sala es claro que la instrucción impartida en los
actos acusados busca que sus destinatarios ejerzan los controles relacionados con
los deberes de portar el seguro obligatorio y realizar la revisión técnico-mecánica y
que por medio de herramientas como el RUNT determinen los vehículos que carecen
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de revisión técnico-mecánica, den comienzo y culminen los procedimientos
administrativos sancionatorios correspondientes por el desconocimiento de la
obligación comentada.
Las circulares establecen que las autoridades de tránsito pueden emitir la orden de
comparecer basándose en la información técnica o tecnológica, incluyendo consultas
en el sistema RUNT, ello siempre y cuando los registros comprueben que el vehículo
no ha cumplido con la revisión técnico-mecánica. De manera que la información
contenida en el RUNT puede ser utilizada para identificar el incumplimiento, lo que
acarrea el inicio del proceso contravencional correspondiente, sin necesidad de una
inspección física previa al vehículo y la posterior sanción.
Así, de acuerdo con lo señalado en la circular y conforme a lo resaltado anteriormente,
si al consultar el RUNT las autoridades de tránsito no encuentran el certificado
correspondiente, podrán iniciar, tramitar y terminar un proceso sancionador. Ello, dado
que la falta de este certificado constituye una infracción, es posible imponer la sanción
basándose en la información proporcionada por la plataforma.
Ahora bien, justamente ese es el escenario o la posibilidad que el demandante
cuestiona, argumentando que es ilegal, ya que, en su criterio, la ley establece que la
sanción debe aplicarse únicamente al propietario de un vehículo que esté transitando
sin el certificado. En este sentido, el demandante sostiene que, según lo dispuesto en
la circular, podría imponerse una sanción a un propietario cuyo vehículo no esté
circulando, simplemente porque en el RUNT no se encuentre registrado que cuente
con el certificado de revisión.
En ese contexto, es necesario considerar dos (2) aspectos para determinar el alcance
de las circulares. Primero, las autoridades de tránsito pueden utilizar medios
tecnológicos para iniciar procedimientos en relación con vehículos que se encuentren
transitando. Segundo, también pueden emplear estas herramientas para iniciar
procedimientos respecto a vehículos que no estén circulando.
La Sala observa que los actos demandados se refieren a las dos (2) hipótesis
justificando la legalidad de iniciar los trámites administrativos y expedir comparendos
en ambas circunstancias. Veamos:
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Respecto de los vehículos que están circulando: se establece que, si se
detecta mediante medios tecnológicos que un vehículo transita sin SOAT vigente,
esto es suficiente para imponer un comparendo. Esto se menciona explícitamente en
la sección sobre la configuración de infracciones, donde se indica que la inexistencia
del SOAT en el RUNT, junto con una prueba de circulación, permite iniciar un proceso
sancionatorio.
En relación con los vehículos que no están circulando: También se señala que
la simple ausencia del certificado de revisión técnico-mecánica en el RUNT constituye
prueba suficiente para iniciar un proceso sancionatorio, sin necesidad de que el
vehículo esté en movimiento.
Es importante destacar que las circulares señalan expresamente que los
procedimientos sancionadores pueden iniciarse y finalizarse exclusivamente
mediante el uso de medios tecnológicos.
Ahora bien, el punto central de la discusión del presente asunto es si el vehículo no
se encuentra en circulación. Como quedó expuesto, en el primer caso, un dispositivo
tecnológico puede detectar que el vehículo en tránsito incurra en una conducta que
constituya infracción, dado que ésta permite la imposición de sanciones basadas
exclusivamente en medios tecnológicos. Sin embargo, es distinto el caso de un
vehículo que permanece estacionado en el garaje de su propietario debido a la falta
de seguro obligatorio o revisión técnico-mecánica. Si a través del RUNT y sus
registros se detecta la ausencia de uno de aquellos requisitos y, con base en ello, se
impone una sanción, se estaría aplicando un criterio cuestionable. Precisamente, esta
es la objeción que se plantea frente a las circulares y el fundamento de la demanda
de la referencia. Por esta razón, la demanda enfatiza en que el verbo rector en la
norma es “transitar”, lo que implica que solo puede sancionarse a un vehículo que
incumple una disposición mientras se encuentra en circulación. En consecuencia, un
vehículo que no transita no debería ser objeto de sanción.
Por lo tanto, corresponde evaluar esta situación confrontando la circular con las
normas que se alegan como vulneradas y los respectivos cargos planteados en la
demanda.
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6.4.2. La Sala deberá resolver si son nulas las circulares por medio de las cuales el
Ministerio de Transporte impartió instrucciones a los alcaldes, gobernadores y
organismos de tránsito sobre las obligaciones relacionadas con el seguro obligatorio
y la revisión técnico-mecánica, que permiten imponer, mediante el uso de los datos
contenidos en la plataforma en concesión del RUNT, la infracción prevista por falta de
la revisión técnico-mecánica a los vehículos que no se encuentren en circulación.
Siendo ello así, la Sala debe comenzar por destacar que el Código Nacional de
Tránsito (Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010) en su artículo 28,
sobre las condiciones técnico-mecánicas, de emisiones contaminantes y de
operación, dispone lo siguiente:
“Artículo 28. Condiciones tecno mecánicas, de emisiones contaminantes y de
operación. Para que un vehículo pueda transitar por el Territorio Nacional,
debe garantizar como mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema
de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y
audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado
adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y
cumplir con las normas de emisiones contaminantes que establezcan las
autoridades ambientales.
PARÁGRAFO 1o. Las autoridades de tránsito ejercerán en los vehículos de
servicio público de transporte, un control y verificación del correcto funcionamiento
y calibración de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación de un
servicio público.
PARÁGRAFO 2o. La Superintendencia de Puertos y Transporte, contratará los
servicios de un centro de llamadas, el cual estará bajo su vigilancia, inspección y
control, mediante el cual cualquier persona podrá reportar la comisión de
infracciones de tránsito, o la violación al régimen de sanciones por parte de las
empresas de servicio público de transporte terrestre automotor. Las llamadas no
tendrán costo alguno. Los costos de dicho servicio serán sufragados por las
empresas de servicio público de transporte automotor en proporción al número
de vehículos vinculados.
Con dicho propósito, los vehículos de servicio público y oficial, de manera
obligatoria deberán llevar un aviso visible tanto en el interior como en el exterior
en el que se señale el número telefónico correspondiente al centro de llamadas
antes indicado.
Los vehículos de servicio público deberán llevar además marcado en los costados
y en el techo el número de la placa según normas que profiera el Ministerio de
Transporte.
Las obligaciones previstas en este artículo y la contratación de los servicios del
centro de llamadas deberán implementarse en un término no mayor de un (1) año
contado a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.”.
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(Énfasis fuera del texto original).
A su turno, el artículo 50 ibidem, sobre las condiciones mecánicas, ambientales y de
seguridad, dispone:
“Artículo 50. Condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. Por razones de
seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo
de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional,
tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas,
ambientales y de seguridad.”.
(Énfasis fuera del texto original).
Más adelante, respecto de la infracción prevista por falta de la revisión técnico-
mecánica, el artículo 131 de la precitada ley prevé:
“Artículo 131. Multas. Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados
con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:
(…)
C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales
diarios vigentes (SMLDV) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor
que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
(…)
C.35 No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o
cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-
mecánicas o de emisiones contaminantes, aun cuando porte los certificados
correspondientes, además el vehículo será inmovilizado.”.
(Énfasis fuera del texto original).
A su vez, el artículo 135 ibidem establece que el procedimiento para la imposición de
comparendos debe incluir la notificación al infractor y la oportunidad de presentar
pruebas y alegatos en su defensa. La comentada disposición literalmente establece
lo siguiente:
“Artículo 135. Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad
de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:
Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden
de comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de
tránsito competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Al conductor
se le entregará copia de la orden de comparendo.
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Para el servicio además se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual
se encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo
de su competencia.
La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando
ello sea posible. Si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará
por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de su
cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono, si lo tuviere.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> No obstante lo anterior,
las autoridades competentes podrán contratar el servicio de medios técnicos y
tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o
contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora. En tal caso se enviará
por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la infracción y sus soportes
al propietario, quien estará obligado al pago de la multa. Para el servicio público
además se enviará por correo dentro de este mismo término copia del
comparendo y sus soportes a la empresa a la cual se encuentre vinculado y a la
Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia.
El Ministerio de Transporte determinará las características técnicas del formulario
de comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En este se
indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea
y que en la audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las
pruebas que solicite. El comparendo deberá además proveer el espacio para
consignar la dirección del inculpado o del testigo que lo haya suscrito por este.
PARÁGRAFO 1o. La autoridad de tránsito entregará al funcionario competente o
a la entidad que aquella encargue para su recaudo, dentro de las doce (12) horas
siguientes, la copia de la orden de comparendo, so pena de incurrir en causal de
mala conducta.
Cuando se trate de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia se
hará por conducto del comandante de la ruta o del comandante director del
servicio.
PARÁGRAFO 2o. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o
convenios con entes públicos o privados con el fin de dar aplicación a los
principios de celeridad y eficiencia en el cobro de las multas.”.
(Énfasis fuera del texto original).
Además, el artículo 137 ibidem autoriza el uso de medios tecnológicos para la
detección de infracciones, siempre que se cumpla con la obligación de informar
debidamente al infractor sobre la infracción detectada. La comentada disposición
literalmente establece lo siguiente:
“Artículo 137. Información. En los casos en que la infracción fuere detectada por
medios que permitan comprobar la identidad del vehículo o del conductor el
comparendo se remitirá a la dirección registrada del último propietario del
vehículo.
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La actuación se adelantará en la forma prevista en el artículo precedente, con un
plazo adicional de seis (6) días hábiles contados a partir del recibo de la
comunicación respectiva, para lo cual deberá disponerse de la prueba de la
infracción como anexo necesario del comparendo.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Si no se presentare el citado a rendir
sus descargos ni solicitare pruebas que desvirtúen la comisión de la infracción, se
registrará la sanción a su cargo en el Registro de Conductores e infractores, en
concordancia con lo dispuesto por el presente código.
PARÁGRAFO 1o. El respeto al derecho a defensa será materializado y
garantizado por los organismos de tránsito, adoptando para uso de sus
inculpados y autoridad, herramientas técnicas de comunicación y representación
de hechos sucedidos en el tránsito, que se constituyan en medios probatorios,
para que en audiencia pública estos permitan sancionar o absolver al inculpado
bajo claros principios de oportunidad, transparencia y equidad.”.
(Énfasis fuera del texto original).
A partir del análisis de las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Tránsito,
para la Sala es dable concluir que las sanciones derivadas del incumplimiento de las
condiciones técnico-mecánicas, ambientales y de seguridad de los vehículos solo
resultan procedentes cuando el vehículo se encuentra efectivamente en tránsito o
circulación por las vías del territorio nacional.
Las normas previamente expuestas establecen de manera expresa que la obligación
de garantizar el cumplimiento de las condiciones técnico-mecánicas, ambientales y
de seguridad se predica exclusivamente de los vehículos que se encuentren en
circulación o tránsito efectivo por el territorio nacional. En consecuencia, la imposición
de sanciones administrativas por el incumplimiento de tales condiciones solo resulta
jurídicamente procedente si se constata que el vehículo se encontraba transitando al
momento de la infracción.
Como se acaba de ver, el artículo 28 ibidem indica que, "para que un vehículo pueda
transitar", debe cumplir con determinadas condiciones técnicas. Lo cual denota que
la exigencia legal está supeditada a la acción de circular por la vía pública, y no a la
simple tenencia o propiedad del automotor.
En línea con ese criterio, el artículo 50 ibidem reitera dicha exigencia al establecer
que el propietario o tenedor del vehículo que "transite por el territorio nacional" debe
mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. Esto
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implica una relación directa entre el deber de mantenimiento y el hecho objetivo de
transitar.
Bajo la misma lógica, el artículo 131 ibidem (literal C.35), destaca la existencia de una
conducta activa por parte del conductor o propietario: la circulación del vehículo sin
cumplir los requisitos técnicos exigidos. De allí se infiere que la infracción se configura
en acto, no en estado, es decir, cuando el vehículo efectivamente transita en
condiciones irregulares, y no por el solo hecho de su existencia en tal estado mientras
permanece inmovilizado o fuera de la vía.
Finalmente, los artículos 135 y 137 ibidem, que regulan el procedimiento
sancionatorio, parten de un presupuesto fáctico indispensable: la comisión de la
infracción. La primera disposición plantea que debe ordenarse detener la marcha del
vehículo, lo que conlleva la necesidad de una conducta activa de tránsito. La segunda
autoriza el uso de medios tecnológicos para detectar infracciones, pero requiere
probar la ocurrencia de los hechos sucedidos en el tránsito, lo que refuerza la
interpretación según la cual el tránsito efectivo del automotor constituye un
presupuesto indispensable para la configuración de la infracción.
En ese orden, la Sala considera que, comoquiera que la legislación vigente sobre la
materia no habilita la imposición de sanciones por el solo hecho de que un vehículo
se encuentre registrado en el RUNT sin revisión técnico-mecánica al día, si no se
acredita que el automotor se encontraba en tránsito al momento de la cometer la
infracción, y toda vez que los actos demandados establecen la posibilidad de dar
curso a la actuación administrativa e imponer sanciones exclusivamente a través de
la información contenida en la mencionada plataforma, sin necesidad del presupuesto
fáctico de la circulación, es evidente que se desconoció el alcance de las normas que
sirvieron de sustento a las circulares cuestionadas, toda vez que se modificó o amplió
el contenido material de aquellas y, de contera, que se incurrió en vulneración de
norma superior.
Así, la Sala identificará los apartes que resultan nulos y declarará la nulidad de su
contenido excluyéndolos de las circulares objeto del presente trámite, comoquiera que
el Ministerio de Transporte no se encontraba facultado para impartir instrucciones a
los alcaldes, gobernadores y organismos de tránsito en dirección a permitir que, a
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través del cruce de datos contenidos en el RUNT, se imponga a los vehículos que no
se encuentren en circulación la infracción C-35, numeral 8, del artículo 131 de la Ley
769 de 2002, relacionada con la falta de la revisión técnico-mecánica, pues ello
constituye la creación de una conducta que da origen a la sanción en términos no
definidos por el marco jurídico.
Por lo tanto, el cargo prospera.
6.4.3. Ahora, la Sala establecerá si es cierto que las circulares por medio de las
cuales el Ministerio de Transporte impartió instrucciones a los alcaldes, gobernadores
y organismos de tránsito sobre las obligaciones relacionadas con el seguro obligatorio
y la revisión técnico-mecánica, precisan el término dentro del cual se debe efectuar la
revisión técnico-mecánica.
Pues bien, para la Sala resulta evidente que las circulares no establecieron un plazo
específico para la realización de la revisión técnico-mecánica reiteradamente
mencionada. En su lugar, hicieron referencia a los términos ya fijados en las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, tanto para vehículos de servicio
público como particular.
En efecto, el propósito de las circulares cuestionadas no fue delimitar el plazo para
realizar la revisión, sino recordar a las entidades los tiempos estipulados en el marco
normativo. Dicho de otro modo, la obligación ya se encontraba definida en las
disposiciones legales citadas en los actos cuestionados.
En particular, una de las circulares aludió al artículo 52 de la Ley 769 de 2002,
modificado por el artículo 12 de la Ley 1383 de 2010, y el artículo 202 del Decreto 019
de 2010, que establece lo siguiente:
“Los vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares
se someterán a la primera revisión técnico – mecánica y de emisiones
contaminantes a partir del sexto (6°) año contado a partir de la fecha de su
matrícula. Los vehículos nuevos de servicio público, así como motocicletas y
similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula.
Parágrafo. Los vehículos automotores de placas extranjeras que ingresen
temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.”.
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En resumen, toda vez que la tesis que fundamenta el cargo del libelo introductorio
no es cierta, el cargo no prospera.
Costas
Visto el artículo 188 del CPACA8, la Sala considera que no hay lugar a imponer
condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del
ordenamiento jurídico en abstracto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de los actos demandados,
expedidos por la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Se declaran nulos
los siguientes fragmentos:
• De la Circular 20134200330511 de 12 de septiembre de 2013, “Obligaciones
legales en relación del control de las revisiones obligatorias para vehículos de
servicio público y particular, revisión preventiva y mantenimiento preventivo de
vehículos de servicio público”, se declara nulo el aparte que indica:
“3. La orden de comparecer (comparendo) por incumplimiento de la obligación
de realizar la revisión técnico-mecánica obligatoria dentro del plazo legal, puede
producirse como resultado una prueba técnica o tecnológica, es decir de la
consulta en el sistema RUNT. Por ello si vencido el plazo legal para la
realización de la revisión obligatoria, o para la adquisición del seguro obligatorio,
no se evidencia el cumplimiento de estas obligaciones en el Sistema RUNT, es
posible iniciar el proceso contravencional expidiendo el comparendo por parte
8 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”
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del organismo de tránsito en donde figura su registro y continuar con el proceso
contravencional, lo anterior por cuanto la herramienta tecnológica permite
verificar si se ha cumplido o no, con una u otro deber legal.”
• De la Circular 20144000135701 de 6 de mayo de 2014, “Controles al deber de
portar el seguro obligatorio y realizar la revisión técnico mecánica”, se declara nulo
el aparte que indica:
“3. Por lo tanto, los invitamos a implementar acciones como campañas
estratégicas de control e incluso de contemplar la opción de expedir la orden
de comparecer (comparendo) para el caso específico de las revisiones técnico
mecánicas por incumplimiento de la obligación de realizar la revisión técnico
mecánica obligatoria dentro del plazo legal, ya que puede producirse como
resultado de la consulta en el sistema RUNT.”.
• Y de la Circular 20144000213141 de 17 de junio de 2014, “Comparendos por
condiciones técnico-mecánicas y SOAT”, se declaran nulos los apartes que se
indican enseguida:
“Teniendo en cuenta que ésta Dirección ha recibido varias solicitudes para que
se amplíe el análisis del procedimiento aplicable y hemos observado que aún
no se han iniciado los procesos sancionatorios a partir de la información
enviada a los Organismos de Tránsito, a continuación se realiza una exposición
de los fundamentos jurídicos que soportan la expedición de comparendos, a
partir de la información del Registro Nacional de Tránsito, resaltando que
la detección de infracciones por medios técnico o tecnológicos, ha disminuido
el nivel de confrontación entre el agente de control y el conductor y disminuye
el riesgo de corrupción del cuerpo operativo, además de maximizar la
operatividad de las autoridades.”.
(Del anterior párrafo del acto mencionado solamente se extraerá el contenido
resaltado con subraya y negrita).
“Por esta razón, resulta suficiente prueba la inexistencia del certificado de
revisión técnico-mecánica cargado en el RUNT para dar inicio a un proceso
sancionatorio, a través de la expedición del comparendo y si el citado no
presenta suficientes descargos, proceder a la imposición de la multa.”.
“Por lo anterior, es jurídicamente posible expedir la orden de comparecer
comparendo, por incumplimiento de la obligación de realizar la revisión técnico-
mecánica obligatoria dentro del plazo legal, a partir de la prueba de la
inexistencia de un certificado cargado al sistema RUNT.”.
“2. La utilización de medios técnicos y tecnológicos para la detección y/o
captura de pruebas para determinar las infracciones de tránsito, entre las que
se encuentra la utilización de la información cargada en el Registro Único
Nacional de Tránsito, es un medio idóneo para el ejercicio del control por parte
de las autoridades de Tránsito y la consecuente imposición de sanciones.”.
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“2. (sic) En estos casos la valoración de las pruebas aportadas por la autoridad
de control y de los aportados por el implicado, no requieren que un agente de
tránsito perciba la infracción en la vía, pues resulta clara la inexistencia de un
certificado de revisión y de un SOAT en el Registro Único Nacional de
Tránsito.”.
SEGUNDO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.
CUARTO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
17 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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