Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00156-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00156-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2016-00156-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00156-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
TESIS: PARA INICIAR EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LA
SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN, DEBE PEDIRSE
EXPRESAMENTE QUE SE EXAMINE SI LA SOLICITUD ES
PATENTABLE, ASÍ COMO PAGAR LA RESPECTIVA TASA, DENTRO
DEL PLAZO DE 6 MESES CONTADOS DESDE LA PUBLICACIÓN DE
ESA SOLICITUD. DE LO CONTRARIO, DARÁ LUGAR A QUE SE
DECLARE EL ABANDONO DE ESTA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la
sociedad HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. mediante
apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento,
prevista en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las
siguientes declaraciones:
1ª. La nulidad de las resoluciones núms. 2725 de 30 de enero de
2015, "Por la cual se declara abandonada una solicitud de
patente"; y 79452 de 30 de septiembre de 2015, "Por la cual se
resuelve un recurso de reposición", expedidas por el
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Actora: HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, se ordene a la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1 continuar
con el trámite de la solicitud de patente de la invención titulada
“SISTEMA DE RESISTENCIA DE FLUJO VARIABLE CON
ESTRUCTURA INDUCIDA DE CIRCULACIÓN EN EL MISMO
PARA RESISTIR EN FORMA VARIABLE EL FLUJO EN UN POZO
SUBTERRÁNEO”.
3ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la
Propiedad Industrial de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en
síntesis, los siguientes:
1°: Que el 16 de enero de 2013 solicitó el otorgamiento de una
patente de invención titulada: “SISTEMA DE RESISTENCIA DE
FLUJO VARIABLE CON ESTRUCTURA INDUCIDA DE
CIRCULACIÓN EN EL MISMO PARA RESISTIR EN FORMA
VARIABLE EL FLUJO EN UN POZO SUBTERRÁNEO”.
1
En adelante SIC.
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Actora: HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
2°: Que el 21 de julio de 2014 fue publicada la solicitud en la Gaceta
de la Propiedad Industrial, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.
3º: Que el 13 de agosto de 2014 pagó en línea el valor
correspondiente al examen de patentabilidad, pero digitó de manera
errónea el número del expediente asignado a la solicitud de la
presente patente de invención.
4°: Que mediante la Resolución núm. 2725 de 30 de enero de 2015,
el superintendente de industria y comercio declaró abandonada la
solicitud del privilegio de patente, decisión frente a la cual presentó
recurso de reposición.
5°: Que el 4 de febrero de 2015 corrigió el error mencionado, para lo
cual nuevamente pagó el valor del examen de patentabilidad; y que
el 5 de febrero siguiente presentó la solicitud para que se efectuara el
estudio de patentabilidad de la invención reivindicada.
6º: Que la decisión recurrida fue resuelta de manera confirmatoria a
través de la Resolución núm. 79452 de ese año, emanada del citado
funcionario.
I.2. Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
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Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 44 de
la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la
Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por indebida
interpretación, por cuanto, a su juicio, al realizar el pago y solicitar el
examen de fondo de la invención reivindicada, vía online, demostró
su interés para continuar con el trámite del proceso de
patentabilidad, toda vez que ejecutó todas las acciones pertinentes
para darle continuidad.
Sostuvo que por un error mecanográfico al realizar el pago en línea
del valor correspondiente al examen de patentabilidad se digitó, de
manera equivocada, el número del otro expediente diferente al
asignado a la presente solicitud de patente de invención y, por tal
razón, debió pagarlo nuevamente para así poder solicitar el examen
de fondo de la invención solicitada, hecho que demuestra su interés
para subsanar la falencia cometida.
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 3º
del CPACA y 228 de la Constitución Política, toda vez que la SIC se
encontraba en la obligación de aceptar dicho pago y, posteriormente,
realizar el examen de patentabilidad correspondiente y determinar si
la solicitud cumplía o no con los requisitos de novedad, nivel
inventivo y aplicación industrial exigidos por la normatividad Andina.
Agregó que resulta excesivo por parte de la entidad demandada
declarar el abandono de la invención cuestionada pues, a su juicio,
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está claro que sí tenía interés en continuar con el trámite al haber
solicitado y pagado el examen de patentabilidad correspondiente, así
haya sido extemporáneo.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para
el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos
demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en
las normas legales vigentes en materia marcaria.
Mencionó que dentro del trámite administrativo iniciado, como
consecuencia de la solicitud de privilegio de patente de invención,
surge para su solicitante una carga positiva consistente en
requerirle a ella que lleve a cabo el examen de patentabilidad junto
con el pago de la tasa respectiva, dentro del plazo de seis meses
contados a partir de la publicación de dicha solicitud en la gaceta de
la propiedad industrial.
Adujo que el incumplimiento de la mencionada obligación acarrea
para su solicitante la declaratoria del abandono, con lo cual se hace
inviable obtener el derecho de privilegio de patente de invención.
Alegó que no es cierto que haya habido un doble pago por error
mecanográfico, pues no existe evidencia de un pago adicional o
actuación repetida dentro del expediente en el que la actora adujo
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que hizo el pago por error. Por el contrario, solo obra un pago, el
correspondiente al de esa solicitud de patente de invención
identificada con el expediente núm. 13-013176.
Expresó que no puede darse prevalencia a un derecho sustancial y
no haber tenido en cuenta que la solicitud y pago del examen de
patentabilidad fue extemporáneo, puesto que la declaratoria de
abandono es la consecuencia prevista en la normativa andina para
cuando el solicitante no realiza dentro del plazo establecido dicha
solicitud y pago.
Sostuvo que no existe alguna traba u obstáculo innecesario o
irregular generado por ella que esté impidiendo a la actora la
efectividad de sus derechos, dado que fue su propia omisión la que
llevó a la decisión de abandono; y que pese a que trató de
corregirlo resultó extemporánea y, por lo tanto, no aplicable para
remediar la falencia cometida.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
Mediante providencia de 15 de octubre de 2020, se ordenó
prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el
artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1
del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20202, adicionado
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“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a
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por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20213, toda vez
que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no
se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que
practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran
documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas,
no se adoptó decisión al respecto.
El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto
fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda,
los documentos aportados por las partes.
Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso
para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría
de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1.- La SIC insistió en denegar las pretensiones de la demanda,
toda vez que una vez verificada la actuación adelantada en el
expediente 13-013176 encontró que si bien es cierto que se
presentó la solicitud y pago del examen de patentabilidad, también
lo es que no figura alguna actuación adicional o un pago añadido
los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica.”.
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“Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los
procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
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que lleve a inferir que en el mismo obre documento o actuación que
corresponda a un trámite diferente o a otro expediente.
Adujo que, por el contrario, lo que se puede colegir es que de
retirarle al expediente 13-013176 el escrito correspondiente a la
solicitud y pago de examen de patentabilidad radicado el 13 de
agosto de 2014, ante un supuesto error de radicación, la solicitud
allí tramitada habría caído en abandono.
Explicó que de la revisión efectuada se evidenció que en el
expediente 13-013176 solo se encontró un pago on line realizado el
13 de agosto de 2014 para este expediente, pero no se halló otro
pago del que se pudiera concluir un doble pago y, por lo tanto, se
pudiera entender que hubo un eventual error de la solicitante.
Sostuvo que pretender que el pago efectuado en el expediente 13-
013176 deba imputarse al expediente 13-007289 (correspondiente
al expediente administrativo de la invención cuestionada),
implicaría en su momento descompletar a aquel, por lo que caería
en abandono, lo que no podía efectuar, pues no mediaba una
solicitud específica de la solicitante en este sentido y conllevaría
una extralimitación de su actuar, por lo que no tenía cabida el error
de digitación argumentado y, en consecuencia, era imperioso
confirmar la decisión inicialmente proferida, soportada en la cabal
aplicación del artículo 44 de la Decisión 486.
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Señaló que, de acuerdo con lo anterior, no es como lo argumenta la
actora un obstáculo meramente formal, por ello, no existe situación
sustancial que deba prevalecer en este caso, dado que el solicitante
no se equivocó al efectuar el pago, sino que no lo efectuó durante
el plazo previsto; y que una vez pagó, este ya era extemporáneo.
Que, por lo tanto, es una actuación que le corresponde a la actora y
la que omitió adelantar en debida forma, ante lo cual, aplicando
cabalmente el artículo 44 mencionado, declaró el abandono de la
solicitud de patente.
IV.2.- La actora solicitó acceder a las súplicas incoadas en la
demanda. Para el efecto, señaló que debe prevalecer el derecho
sustancial sobre las formalidades, por lo que tiene derecho a que se
le conceda la presente invención como patente, una vez se surta el
trámite administrativo correspondiente.
Manifestó que en el caso bajo estudio no existió desinterés,
inacción o descuido de su parte; y que, por el contrario, lo que ha
venido demostrando es su total interés por continuar el trámite, a
través de todas las acciones tomadas, con anterioridad y de manera
posterior al error mecanográfico suscitado.
IV.3.- En esta etapa procesal el agente del Ministerio Público
guardó silencio.
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V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el
Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la
norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó4:
“[…] 1. La manifestación del solicitante para la
realización del examen de patentabilidad. Abandono de
la solicitud de patente.
1.1. En el presente caso la SIC afirmó que HALLIBURTON
ENERGY SERVICES INC., habría dejado pasar los 6 meses
posteriores a la publicación de la patente “SISTEMA DE
RESISTENCIA DE FLUJO VARIABLE CON ESTRUCTURA
INDUCIDA DE CIRCULACIÓN EN EL MISMO PARA RESISTIR
EN FORMA VARIABLE EL FLUJO EN UN POZO SUBTERRÁNEO”,
sin requerir el examen de patentabilidad, generando esto el
abandono de la solicitud de patente en trámite, por lo cual
resulta pertinente abordar el presente tema.
1.2. En el Articulo 44 de la Decisión 486 se establece que el
examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el
solicitante, dentro del plazo de seis (6) meses contados desde
la publicación de la solicitud, pida expresamente que se
examine si la materia de la solicitud es patentable,
independientemente de que se hubieren presentado o no
oposiciones. Asimismo, establece que la consecuencia a la
inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la
solicitud.
1.3. Además del requisito de la petición expresa, se prescribe
el cobro de tasas para la realización del examen de
patentabilidad. Si los países miembros optan por dicho cobro,
la petición expresa del examen debe ir aparejada del pago de
la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna
indique. Esto quiere decir que para que la oficina de patentes
realice el examen de patentabilidad se necesitan dos
requisitos:
i. La petición expresa: y,
ii. El pago de las respectivas tasas si están previstas.
1.4. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las
tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como
tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por
lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas corno una
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Proceso 237-IP-2020.
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petición implícita para la realización del examen de
patentabilidad.
1.5. En ese sentido, la no cancelación del pago de la tasa
imposibilita la realización del examen de patentabilidad,
generando un efecto similar al hecho de no haberse solicitado
el mencionado examen dentro del término previsto en la
norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud.
1.6. De conformidad con lo anteriormente analizado, los
requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda
a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la
Decisión 486, son los siguientes:
i. Publicación de la solicitud de patente.
ii. Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los
seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para
que la Oficina de Patentes realice el examen de
patentabilidad.
iii. Pago de las tasas, si fuere del caso, para la, realización del
examen de patentabilidad, dentro de los seis meses
siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones
que establezca la regulación interna.
1.7. Sobre la base de este pronunciamiento para resolver la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho deberá
verificar si la declaratoria de abandono de la solicitud de
patente se funda en algún defecto en su presentación o en la
falta de cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en
la normativa del régimen común sobre propiedad industrial.
[…]”.
VI.-CONSIDERACIONES DE LA SALA
La SIC, mediante las resoluciones núms. 2725 de 30 de enero
de 2015 y 79452 de 30 de septiembre de 2015, declaró el
abandono de la solicitud de patente de la invención titulada
“SISTEMA DE RESISTENCIA DE FLUJO VARIABLE CON
ESTRUCTURA INDUCIDA DE CIRCULACIÓN EN EL MISMO
PARA RESISTIR EN FORMA VARIABLE EL FLUJO EN UN POZO
SUBTERRÁNEO”.
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Sobre el particular, la actora señaló que al realizar el pago y solicitar
el examen de fondo de la invención reivindicada, vía online, demostró
su interés para continuar con el trámite del proceso de
patentabilidad, toda vez que ejecutó todas las acciones pertinentes
para darle continuidad.
Sostuvo que por un error mecanográfico al realizar el pago en línea
del valor correspondiente al examen de patentabilidad se digitó, de
manera equivocada, el número del expediente asignado a la presente
solicitud de patente de invención y, por tal razón, debió pagarlo
nuevamente para así poder solicitar el examen de fondo de la
invención solicitada, hecho que demuestra su interés para subsanar
la falencia cometida.
Por su parte, la SIC alegó que no es cierto que haya habido un
doble pago por error mecanográfico, pues no existe evidencia de un
pago adicional o actuación repetida dentro del expediente que la
actora alegó haber hecho el pago por error. Por el contrario, solo
obra un pago correspondiente al de esa solicitud de patente de
invención identificada con el expediente núm. 13-013176.
Sostuvo que no existe alguna traba u obstáculo innecesario o
irregular generado por ella que esté impidiendo a la actora la
efectividad de sus derechos, dado que fue su propia omisión la que
llevó a la decisión de abandono; y que pese a que trató de
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corregirlo resultó extemporánea y, por lo tanto, no aplicable para
remediar la falencia cometida.
VI.-1. Problema jurídico
Teniendo en cuenta lo anterior, el asunto por dilucidar se centra en
establecer la legalidad de las resoluciones núms. 2725 de 30 de
enero de 2015 y 79452 de 30 de septiembre de 2015, por
medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO declaró el abandono de la solicitud de patente de
invención a la creación titulada “SISTEMA DE RESISTENCIA DE
FLUJO VARIABLE CON ESTRUCTURA INDUCIDA DE
CIRCULACIÓN EN EL MISMO PARA RESISTIR EN FORMA
VARIABLE EL FLUJO EN UN POZO SUBTERRÁNEO”, y si éstas
vulneran o no lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 486.
V.II.2.- La normativa aplicable
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta
Corporación consideró que para el caso sub examine era viable la
interpretación del artículo 44 de la Decisión 486 “[…] por ser
pertinente […]”.
Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente:
“[…] Decisión 486
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Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados
desde la publicación de la solicitud, independientemente
que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante
deberá pedir que se examine si la invención es patentable.
Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la
realización de este examen.
Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera
pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en
abandono […]”.
V.II.3.- Análisis del caso concreto
El examen de patentabilidad
De conformidad con lo previsto en la Decisión 486, el trámite
relacionado con las solicitudes de patentes, desde su etapa de
publicación, es el siguiente:
Conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486, se
pueden otorgar patentes para invenciones que “[…] sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicación industrial […]”.
Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud en el Estado Miembro o cuando sea el
caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el
expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado.
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De conformidad con el artículo 40 de la Decisión 486, la oficina
nacional competente ordenará la publicación de la solicitud en la
gaceta de la propiedad industrial. Sin embargo, el solicitante podrá
pedir que se publique la solicitud en cualquier momento, siempre
que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina
nacional competente ordenará su publicación.
Dentro del plazo de sesenta (60) días siguientes a la fecha de la
publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una
sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la
patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina
nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional
de sesenta días (60) para sustentar la oposición.
Si se presentó oposición, la oficina nacional competente notificará al
solicitante para que dentro de los sesenta (60) días siguientes haga
valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte
nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si
lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional
competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de
sesenta días para la contestación.
Ahora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Decisión
486, dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la
publicación de la solicitud en la gaceta de la propiedad industrial,
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independientemente de que se hayan presentado oposiciones, el
solicitante deberá pedir que se examine si la invención es
patentable.
Adicionalmente, los Estados Miembros podrán cobrar una tasa para
la realización de este examen. La solicitud caerá en abandono si
transcurre dicho plazo sin que el solicitante pida que se realice el
examen y pague la tasa, si es del caso.
Si la oficina nacional competente encuentra que la invención no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos
establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente, lo
notificará al solicitante, quien deberá responder a la notificación
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por
un período de treinta (30) días adicionales.
También se advierte que cuando la oficina nacional competente
estime que sea necesario para los fines del examen de
patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces. Si el
solicitante no responde a la notificación dentro del plazo señalado,
o si a pesar de la respuesta subsisten los impedimentos para la
concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.
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De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y al
requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante
proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más
de los siguientes documentos relativos a una o más de las
solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma
invención que se examina:
a) copia de la solicitud extranjera;
b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de
patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese
concedido con base en esa solicitud extranjera;
d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese
rechazado o denegado la solicitud extranjera; o
e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese
anulado o invalidado la patente u otro título de protección
concedido con base en la solicitud extranjera. Si el solicitante no
presenta los documentos requeridos dentro del plazo señalado la
oficina nacional competente denegará la patente.
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Actora: HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
Si el examen definitivo es favorable se otorgará el título de la
patente. Si es parcialmente favorable, se otorgará el título
solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si es desfavorable la
patente se denegará conforme al mandato contenido en el artículo
48 de la Decisión 486.
Particularmente, respecto del examen de patentabilidad, la
Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal en el caso sub
examine enfatiza en que el citado artículo 44 de la Decisión 486
establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y
cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados
desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se
examine si la solicitud es patentable, independientemente que
se hubieren presentado o no oposiciones. Asimismo, señala que la
consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración
de abandono de la solicitud.
Además, indica que “[…] es muy importante tener en cuenta que el
pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así
como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por
lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una
petición implícita para la realización del examen de
patentabilidad […]” (Destacado fuera de texto).
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De acuerdo con lo anterior, es necesario considerar los requisitos
para proceder a iniciar el examen de patentabilidad, aludidos en la
precitada interpretación prejudicial:
“[…] De conformidad con lo anteriormente analizado, los
requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva
proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad
con la Decisión 486, son los siguientes:
1. Publicación de la solicitud de patente.
2. Petición expresa del solicitante, formulada dentro
de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la
solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el
examen de patentabilidad.
3. Pago de las tasas, si fuere del caso, para la
realización del examen de patentabilidad dentro de los
seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en
las condiciones que establezca la regulación interna
[…]”. (Destacado fuera de texto).
Así las cosas, no basta efectuar la solicitud y el pago por fuera del
término legal y pretender que con dicho actuar se cumplió con la
carga de demostrar su interés o intención para la realización del
examen porque, como se dijo anteriormente, debe ajustarse al
procedimiento que lo regula, es decir, debe existir la petición
expresa del solicitante en tal sentido dentro del término
previsto para tal efecto.
Por consiguiente, el pago de la respectiva tasa debe ir aparejada
con la petición del examen, requisitos estos que no se cumplieron
en el presente caso.
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Ahora bien, es necesario tener en cuenta que la Decisión 486, en su
artículo 4°, en lo referente a términos y plazos, dispone:
“[…] Artículo 4o.- Los plazos relativos a trámites previstos
en la presente Decisión sujetos a notificación o publicación
se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se
realice la notificación o publicación del acto de que se
trate, salvo disposición en contrario de la presente
Decisión […]” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, la Decisión 486, en su artículo 44, señala:
“[…] Dentro del plazo de seis meses contados desde la
publicación de la solicitud, independientemente que se
hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir
que se examine si la invención es patentable […].”
En atención a que el artículo 4° de la citada Decisión 486, en lo
referente a los plazos relativos a trámites sujetos a publicación
establece una excepción, dispone que “salvo disposición en
contrario de la presente Decisión” y que el artículo 44 ibidem prevé
de manera específica un plazo con respecto a la solicitud del
examen de patentabilidad, se debe aplicar este último, que prevé
un plazo de seis (6) meses contados desde la fecha de
publicación de la solicitud.
En el caso objeto de estudio, de los documentos allegados, se tiene
que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial núm. 700 de 21 de julio de 2014, fecha en que
se inició el plazo, el que culminó el 21 de enero de 2015, período
dentro del cual la actora no allegó la petición del examen de
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patentabilidad ni el pago de la tasa correspondiente a que hace
referencia la norma anteriormente transcrita.
Además, la Sala advierte que el argumento de la actora relativo a
que por un error mecanográfico realizó el pago en otra solicitud de
patente no es de recibo, comoquiera que de la revisión de los
documentos allegados por la SIC, en su escrito de contestación, se
observa que en la solicitud núm. 13-013176, se realizó un único
pago y solicitud de examen de patentabilidad, como se desprende
de las siguientes imágenes:
5
5
Folio 47 del cuaderno físico núm. 2.
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En ese orden de ideas, no podría señalarse de que hubo un doble
pago o un pago equivocado, comoquiera que el único pago que allí
reposa corresponde al de la propia solicitud y, como bien lo indicó
la entidad demandada, aceptar que ese pago corresponde al de la
invención aquí analizada, conllevaría como consecuencia que en la
otra solicitud deba declararse el abandono, pues allí no quedaría
soporte de pago de la tasa del examen de patentabilidad
correspondiente, lo cual no sería posible.
Por lo tanto, al no cumplirse con la carga consistente en que la
solicitante de la patente formulara petición expresa y realizara el
pago de la tasa correspondiente, dentro de los seis (6) meses
contados desde la fecha de publicación de la solicitud, para que se
practicara el examen de patentabilidad de la invención, la SIC podía
legalmente declarar abandonada la solicitud de patente de
invención, como, en efecto, lo hizo a través de los actos
demandados, en los términos dispuestos en el artículo 44 de la
Decisión 4866.
Ahora, en cuanto al argumento de la actora relativo a que debe
prevalecer el derecho sustancial respecto de lo meramente
procedimental, pues así haya sido extemporáneo sí presentó la
solicitud del examen de patentabilidad, así como el pago
correspondiente de la tasa, la Sala pone de presente que la
6
En el mismo sentido se pronunció la jurisprudencia de esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de 2018, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020110031500.
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demandante no puede pretender que se desconozca la ley vigente,
la cual considera que las normas procesales son de orden público y
de obligatorio cumplimiento, sin que exista una situación jurídica
particular para desconocerlas, así se haya obrado de buena fe,
habida cuenta que “[…] la prevalencia del derecho sustancial no es
un principio absoluto que implique prescindir de las disposiciones de
carácter adjetivo, o por lo menos, discrecionalidad alguna en su
aplicación, puesto que estas desarrollan también un principio que a
su vez constituye un derecho fundamental, cual es el del debido
proceso, de modo que la aplicación de aquél requiere ponderar y
armonizar ambos principios o derechos en el caso concreto […]”7.
En efecto, la Sala debe precisar que la exigencia sobre la cual la
entidad demandada se fundamentó, para declarar el abandono a la
invención titulada “SISTEMA DE RESISTENCIA DE FLUJO
VARIABLE CON ESTRUCTURA INDUCIDA DE CIRCULACIÓN EN
EL MISMO PARA RESISTIR EN FORMA VARIABLE EL FLUJO EN
UN POZO SUBTERRÁNEO”, no se puede considerar como un
riguroso formalismo, con el cual la Administración pretendió
desconocer sus derechos, sino más bien el cumplimiento de las
normas aplicables, vale decir, el artículo 44 de la Decisión 486 y la
consecuencia prevista por su no observancia, conforme lo señaló
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
enero de 2010, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 11001-03-24-000-
2004-00170-01.
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esta Sección en la sentencia de 16 de febrero de 20178, que ahora se
prohíja, en la que se expresó lo siguiente:
“[…] En primer lugar, debe la Sala señalar que la
prevalencia del derecho sustancial no puede
interpretarse como la inexistencia o la ineficacia de las
normas de procedimiento, dado que éstas constituyen
instrumentos necesarios para que el Derecho material
se realice objetivamente y en su oportunidad.
Sobre el particular, esta Sección en la sentencia de 5 de junio
de 2014 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2009-00202-00,
Actor: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., consejero ponente
doctor Guillermo Vargas Ayala), expresó:
“6.5.2. Ahora bien, se cuestiona en la demanda que se
privilegió la aplicación de las formalidades sobre el
derecho sustancial, en desconocimiento de lo dispuesto
en el artículo 228 de la C.P., al no tenerse en cuenta los
memoriales de 28 de marzo de 2008 y 15 de abril de 2008
mediante los cuales subsanó el error formal de no haber dado
contestación al requerimiento efectuado en el Oficio núm.
14160 dentro de la oportunidad legal consagrada en el
artículo 39 de la Decisión 486.
La Sala en Sentencia de 28 de enero de 20089 desestimó una
acusación similar a la aquí examinada con las siguientes
consideraciones que ahora se prohíjan por resultar aplicables
a este asunto, en tanto que en ambos casos se discutió la
legalidad de actos administrativos que declararon el abandono
de la solicitud de patente por no completar los requisitos
indicados por la Oficina Nacional Competente dentro de la
oportunidad prevista en la normativa andina:
“[…] la prevalencia del derecho sustancial no es un
principio absoluto que implique prescindir de las
disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos,
discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que
éstas desarrollan también un principio que a su vez
constituye un derecho fundamental, cual es el del
debido proceso, de modo que la aplicación de aquél requiere
ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso
concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho
sustancial tuvo la primacía que correspondía a las
circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
febrero de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2007-00383-00.
Reiterado en sentencia de 21 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de
radicación 2008-00329-00.
9
Proferida en el proceso con radicación núm. 11001 0324 000 2004 00170 01, Consejero Ponente Dr.
Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
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que hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a
la actora.
Según las disposiciones transcritas10 es claro que los
términos que prevé son preclusivos y la intervención en la
actuación requiere de apoderado debidamente constituido, y
como quiera que en este caso no había apoderado
debidamente constituido y no se allegó el instrumento que
lo constituyera dentro del plazo único y prorrogado que
le fue dado, se concluye que la interesada no respondió
a tales observaciones, y la consecuencia jurídica de ello
no es otra que la declaración de abandono de la
solicitud.
Por lo anterior se impone hacer efectiva la
consecuencia de esa omisión, que es la de declarar
abandonada la solicitud, según lo pone de presente el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a lo
cual la entidad demandada no tenía opción distinta, de
modo que la decisión acusada está acorde con las normas
comunitarias en comento, en especial con el artículo 22 en
cita.”11 (Resalta la Sala)
Además, como lo ha precisado la Corte Constitucional
en distintos pronunciamientos, la prevalencia del
derecho sustancial no puede interpretarse como la
inexistencia o la ineficacia de las normas adjetivas o de
procedimiento o como el desconocimiento de los
términos y plazos procesales. Así por ejemplo en
Sentencia C-446 de 1997 sostuvo al respecto que:
“La primacía del derecho sustancial prevista por el
artículo 228 de la Constitución, no puede interpretarse
como la inexistencia de las normas procesales. No, el
entendimiento cabal del precepto constitucional apenas
conduce a definir las normas procesales, y el proceso
en sí, como un medio para realizar el derecho, para que
la norma jurídica se aplique al caso concreto.
Recuérdese lo dicho por la Corte Constitucional, al decidir
una demanda contra el artículo 373 del Código de
Procedimiento Civil, norma semejante a la acusada ahora:
“Al declarar el inciso cuarto del artículo 273 del Código de
Procedimiento Civil que en caso de no reunir la demanda los
requisitos formales que le exige la ley, se declarará desierto el
recurso y se ordenará devolver el expediente al tribunal de
origen, sólo se está en presencia de unos efectos
sancionatorios, originados en el incumplimiento de una norma
de carácter procesal por el accionante, y no en la hipótesis de
hacer prevalecer una norma adjetiva sobre la sustantiva”.
10
Se refiere a los artículos 14 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
cuyas previsiones normativas son equivalentes a las de los artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina.
11
Este criterio jurisprudencial fue reiterado por la Sala en Sentencia de 4 de julio de 2013, proferida
en el proceso con radicación núm. 2008 00071 00, Consejera Ponente Dra. María Elizabeth García
González.
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(Corte Constitucional, sentencia C-215 de abril 28 de 1994,
magistrado ponente, doctor Fabio Morón Díaz).
El mismo argumento que sirve de base a la demanda, o uno
similar, serviría para demandar la declaración de
inconstitucionalidad de todas las normas procesales, o de su
inmensa mayoría.
Es claro, en síntesis, que la norma demandada12 no quebranta
el artículo 228 ni ninguna otra disposición de la Constitución.
En consecuencia, será declarada exequible.” (negrillas ajenas
al texto original)
Posteriormente, en un pronunciamiento en sede de tutela
contenido en la Sentencia T-323 de 1999 afirmó sobre el
particular que:
“f) La Corte ha proclamado, con arreglo al artículo 228 de la
Constitución, el postulado de prevalencia del Derecho
sustancial, que implica el reconocimiento de que las finalidades
superiores de la justicia no pueden resultar sacrificadas por
razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a
consideraciones de forma no indispensables para resolver en el
fondo el conflicto del que conoce el juez.
Pero debe dejarse en claro que el enunciado principio
constitucional que rige las actuaciones judiciales no
implica la inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda
norma legal obligatoria para quienes participan en los
procesos, o la eliminación, per se, de las formas
indispensables para que los juicios lleguen a su
culminación -pues allí está comprometido el derecho
sustancial de acceso a la administración de justicia-, ni,
para el asunto del que ahora se trata, puede significar la
absoluta pérdida del carácter perentorio de los términos
procesales. Todos estos elementos integran la "plenitud
de las formas propias de cada juicio", contemplada como
factor esencial del debido proceso, según el artículo 29
de la Carta Política, y por lo tanto no constituyen
simplemente reglas formales vacías de contenido sino
instrumentos necesarios para que el Derecho material se
realice objetivamente y en su oportunidad.
g) En el caso concreto, está probada la extemporaneidad en la
presentación del documento de sustentación del recurso. Si la
extensión de ella fue mayor o menor, en minutos u otra medida
de tiempo, es algo indiferente respecto del hecho
incontrovertible de que los términos judiciales vencen en un día
12
Decreto 2700 de 1991 “Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal”. “Artículo 226.
Resolución sobre la admisibilidad del recurso. Si la demanda no reúne los requisitos, se declarará
desierto el recurso y se devolverá el proceso al tribunal de origen. En caso contrario se correrá
traslado al procurador delegado en lo penal por un término de 20 días para que obligatoriamente
emita concepto.”
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y a una hora predeterminados. Es obligación de la autoridad
judicial velar por el exacto sometimiento de las partes e
intervinientes a los plazos que la ley concede en las distintas
fases de la actuación procesal.” (negrillas de la Sala)
Y luego, en la Sentencia C-1512 de 2000 dijo que:
“La prevalencia del derecho sustancial, según el mandato del
artículo 228 de la Carta, constituye un imperativo dentro del
ordenamiento jurídico y, muy especialmente, en lo relativo a
las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial,
pues permite realizar los fines estatales de protección y
realización del derecho de las personas, así como de otorgar
una verdadera garantía de acceso a la administración de
justicia pronta y cumplida.
Lo anterior no significa que se pueda caer en el
permanente error de considerar el principio de la
primacía del derecho sustancial sobre el formal como
un postulado constitucional excluyente que impide la
coexistencia de las normas sustantivas y formales,
pues, como se ha visto, con éstas se logra dar vigencia
a principios que encuentran sustento constitucional.
Sobre este tema la Corte se pronunció13 y aclaró lo siguiente:
“...Si bien este principio constitucional adquiere una gran
trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y
especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere
decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan
de valor o significación. Hay una tendencia en este
sentido, que pretende discutir la validez de las normas
que establecen requisitos y formalidades, y que es
preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en
estas materias constitucionales, y concluir entonces
que, no obstante, la aludida prevalencia, dichas normas
cuentan también con firme fundamento constitucional y
deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los
jueces...””. (Se resalta)
Por ende, esta acusación no tiene vocación de prosperidad.
6.5.3. Así mismo en la demanda se aduce que la
actuación de la Superintendencia de Industria y
Comercio desatendió el principio de eficacia que
gobierna las actuaciones administrativas establecido en
los artículos 209 de la Constitución Política y 2º y 3º
(inciso 5) del Código Contencioso Administrativo, en
concordancia con el artículo 4º del Código de
Procedimiento Civil14.
La eficacia está contenida en varios preceptos constitucionales
como perentoria exigencia de la actividad pública, entre otros,
13
Sentencia C-215 de 1994.
14
“Artículo 4º.- Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. […]”
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en el artículo 2º al prever como uno de los fines esenciales
del Estado garantizar la efectividad de los principios, deberes
y derechos consagrados en la Constitución Política, y en el
artículo 209 como principio en virtud del cual se desarrolla la
función administrativa.
En el artículo 2º del Código Contencioso Administrativo se
reitera la previsión constitucional antes mencionada en el
sentido de señalar que los funcionarios deberán tener en
cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto “…la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados,
reconocidos por la ley”. Y en el artículo 3 inciso 5º de ese
mismo se consagra la eficacia como principio orientador de las
actuaciones administrativas y se dispone que en virtud del
mismo “…se tendrá en cuenta que los procedimientos deben
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos
puramente formales y evitando decisiones inhibitorias…”.
Este principio, sin embargo, no supone en modo alguno
el desconocimiento de las normas procesales, pues
como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia
atrás citada éstas no constituyen simplemente reglas
formales vacías de contenido sino instrumentos
necesarios para que el Derecho material se realice
objetivamente y en su oportunidad.
Por lo anterior, so pretexto de la aplicación de este principio, no
pueden pasarse por alto los términos establecidos en la
normativa andina para completar los requisitos de las
solicitudes de patente de invención.” (Las negrillas y subrayas
fuera de texto)”. […]” (Destacado fuera de texto).
Aunado a lo anterior, debe puntualizarse que, como bien lo ha
reiterado la citada jurisprudencia del Consejo de Estado, es
principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de su
primacía o prevalencia sobre los ordenamientos jurídicos internos
de cada uno de los Estados Miembros, de manera que las normas
aplicables al presente caso son las de la Decisión 486,
particularmente, en su artículo 44.
De allí que tampoco se advierta vulneración de los artículos 3º del
CPACA y 228 de la Constitución Política, pues, como quedó visto, la
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SIC con la expedición de los actos administrativos acusados no
vulneró los derechos de propiedad industrial de la actora al declarar
el abandono de la solicitud de patente cuestionada, ya que ésta era
la consecuencia lógica als HALLIBURTON ENERGY SERVICES,
INC. no solicitar el examen de patentabilidad expresamente ni
pagar la tasa correspondiente, durante el plazo establecido para
ello.
En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas
invocadas como vulneradas por la sociedad demandante, razón
suficiente para que se mantenga incólume la presunción de
legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el
artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
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TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente,
previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de junio de
2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Aclara voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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