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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00288-00

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00288-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Isabel Henao de Meneses e Hijos S. en C. contra la sentencia del 28 de noviembre de 2014, proferida por el 19 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. 20 Índice 43 del expediente en SAMAI. 21 Índice 44 del expediente en SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicación: 11001 03 24 000 2016 00288 00 Demandante: Isabel Henao de Meneses e Hijos S. en C. Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad Isabel Henao de Meneses e Hijos S. en C. por concepto de agencias en derecho, por lo que deberá pagar a la DIAN la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. TERCERO: ACEPTAR la renuncia del abogado Augusto Fernando Rodríguez Rincón al poder que le otorgó la DIAN, y RECONOCER personería a la abogada María Consuelo Dearcos León, para actuar como apoderada de dicha entidad, en los términos y para los fines del poder a ella conferido. CUARTO: En firme esta providencia, se ordena DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2016-00288-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de abril de 2025

Radicación: 11001 03 24 000 2016 00288 00
Demandante: Isabel Henao de Meneses e Hijos S. en C.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 24 000 2016 00288 00
Actor: ISABEL HENAO DE MENESES E HIJOS S. EN C.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
(DIAN)

Tesis: Es infundado el recurso extraordinario de revisión por la
causal de nulidad originada en la sentencia, si el
recurrente reitera los argumentos que expuso en el
proceso primigenio.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión formulado
por la sociedad Isabel Henao de Meneses e Hijos S. en C., por intermedio
de apoderado judicial, en contra de la sentencia del 28 de noviembre de
2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1.1.1. La sociedad Isabel Henao de Meneses e Hijos S. en C., por
intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), con el fin de obtener las siguientes declaraciones1:

“1. Que es NULA la RESOLUCION DE DECOMISO No 2273 DE DICIEMBRE 19 DE
2011. proferida por el Jefe G. I. T. de Investigaciones Aduaneras de la división
de Gestión de Fiscalización Aduanera.

1
Folios 59 a 61 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.

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1

Radicación: 11001 03 24 000 2016 00288 00
Demandante: Isabel Henao de Meneses e Hijos S. en C.

2.- Que es NULA la Resolución No 00802 de Mayo 24 de 2012, mediante la cual
confirmo en todas sus partes la Resolución de Decomiso No 2273 de Diciembre
19 de 2011, proferida por la Dirección de Gestión Jurídica Aduanera de esta
Dirección Seccional de Aduanas. al resolver negativamente el recurso de
Reconsideración interpuesto en su contra.

3.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
Restablecimiento del Derecho se ORDENE la continuación del trámite, a efectos
de que nacionalice la mercancía decomisada mediante los Actos Administrativos
que se demandan y/o, el PAGO DE LA MERCANCIA, que fue decomisada, en
caso de que a la fecha de la sentencia, la DIRECCION DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE
BARRANQUILLA, haya dispuesto de la mercancía motivo de esta acción, la cual
avaluó la entidad demandada en la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.
L. ($79.642.662.00).

4.- Que se CONDENE la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
• DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA a INDEMNIZAR a la
firma ISABEL HENAO DE MENESES E HIJOS S EN C. por el monto de los
perjuicios morales y materiales (LUCRO CESANTE Y DANO EMERGENTE)
causados con la ilegal actuación administrativa, contenida en las Resoluciones
cuya nulidad se demanda. Perjuicios que estimo en la suma de CIENTO TREINTA
Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUN PESOS
CON 00/100 M. L. ($139,591,121.00). Suma compuesta por valor de la
mercancía de haber dispuesto la entidad demandada de la mercancía, más los
perjuicios materiales, causados por el decomiso Perjuicios totales que describe
en el siguiente cuadro:

VALOR DE LA MERCANCIA: $79,642,662.00
DANOS MATERIALES:

LUCRO CESANTE.
Intereses a la tasa de 20.86% en 12 meses
Liquidados sobre $79.642.662.00 liquidados
Desde la fecha del Acta de Aprehensión Octubre
28 de 2011 hasta octubre 28 de 2012 16.613.459.00

DAÑO EMERGENTE

Honorarios de Abogado 15.000.000.00

DAÑOS MORALES

50 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES: $566.700.00 $ 28.335.000.00

Total Indemnización $139.591.121.00

Los valores e intereses deberán actualizarse e indexarse, hasta el día en que
sea proferida la sentencia y/o el pago por parte de la demandada”.

1.1.2. Como fundamento de las pretensiones, la sociedad Isabel Henao
de Meneses e Hijos S. en C. alegó en síntesis que la DIAN infringió el
artículo 1 del Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero) al efectuar el

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Demandante: Isabel Henao de Meneses e Hijos S. en C.

reconocimiento de la mercancía, pues tal operación correspondía a la
sociedad de intermediación aduanera, en este caso, Expomex Ltda., y no
a la autoridad aduanera.

Agregó al respecto que la DIAN no dio cumplimiento al artículo 72 de la
Resolución 4240 del 2000, según el cual la administración debe informar
al transportador, agente de carga internacional o al puerto sobre la
decisión de practicar reconocimiento de la carga, diligencia que, además,
debía realizarse en el puerto, y no en el depósito aduanero Almagrario.

Arguyó que se violaron los principios de eficiencia y justicia consagrados
en el artículo 2 del Decreto 2685 de 1999, ya que la función aduanera no
se desarrolló de manera ágil y oportuna, y se obstaculizó la operación de
comercio internacional, causando un perjuicio económico a la
demandante, que no pudo disponer de la mercancía para la venta en la
temporada decembrina. En concreto, advirtió que el funcionario
aprehensor se demoró 42 días para elaborar el Acta de Aprehensión del
28 de octubre de 2011, sin que existiera justificación para ello, y que no
se cumplió el plazo de cinco días para la inmovilización y aseguramiento
de la carga en caso de errores en la identificación de las mercancías.

Alegó que, de acuerdo con el artículo 563 del Decreto 2685 de 1999,
teniendo en cuenta que la mercancía fue aprehendida en un depósito, el
acta de aprehensión debía ser notificada por aviso y no por estado, como
lo hizo la administración.

Arguyó que la DIAN infringió el principio de igualdad porque resolvió de
manera diferente un caso similar, como se evidencia en la Resolución
000805 del 24 de mayo de 2012, proferida en el expediente AO-2011-
2011-1316, respecto del importador Distribución Grafica Ltda.

Argumentó que la entidad desconoció el Manifiesto de Carga, donde se
relacionaba el Conocimiento de Embarque NGX10227455 del 3 de agosto
de 2011 que amparaba la mercancía, al calificarla como “mercancía no

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presentada”, por lo que vulneró el debido proceso y el principio de
seguridad jurídica.

Adujo que existió un error en la descripción de la mercancía en el
documento de transporte, pero que esta inconsistencia se podía subsanar
verificando la información en la factura comercial, donde estaba
debidamente relacionada, para aclarar cualquier discrepancia.

Al respecto, advirtió que la DIAN desconoció la doctrina contenida en el
Concepto 04 de 2004 y en el Oficio 53401 del 19 de julio 2011, que
establece que, cuando existe una diferencia entre la mercancía descrita
en los documentos de transporte y la mercancía efectivamente
introducida al país, se produce una inconsistencia en el manifiesto de
carga, caso en el cual se debe dar la oportunidad al transportador y al
importador de dar las justificaciones del caso, mediante la presentación
de los documentos soporte de la operación comercial. Y que, si la
diferencia se debe a un error o transposición de dígitos, y se puede
verificar la información correcta en los documentos, no procede la
aprehensión de la mercancía.

1.1.3. La demanda fue identificada con el radicado 08001-33-33-008-
2012-00157-00/01, y de ésta conoció en primera instancia el Juzgado
Octavo Administrativo de Barranquilla y en segunda instancia el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

1.2. La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

A través de sentencia del 28 de noviembre de 20142, el Tribunal
Administrativo del Atlántico confirmó el fallo del 23 de mayo de 2014,
mediante el cual el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla denegó
las pretensiones de la demanda.

1.2.1. Expuso que la aprehensión y el decomiso de la mercancía por parte
de la DIAN se ajustaron a la causal 1.27 del artículo 502 del Decreto 2685

2
Folios 162 a 223 del cuaderno 2 del proceso de reparación directa.

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de 1999, esto es, cuando no está amparada en un documento de
transporte, pues, en efecto, existía una inconsistencia entre la mercancía
aprehendida y la descripción contenida en el conocimiento de embarque,
lo cual se consideró una omisión y no un simple error.

1.2.2. Desestimó los argumentos de la demanda relacionados con la
ilegalidad del reconocimiento de la carga en el depósito aduanero
Almagrario, la extemporaneidad del acta de aprehensión y la violación al
debido proceso por la forma de notificación.

1.2.3. Además, descartó, con base en la regla general de irretroactividad
de los actos administrativos, el argumento de la apelación relacionado con
la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos demandados, como
consecuencia de la expedición de la Resolución 00281 del 17 de diciembre
de 2013, que estableció un término para que el importador justificara los
errores u omisiones en los documentos de transporte.

1.2.4. Mediante escrito radicado el 26 de enero de 2015, la demandante
solicitó la adición del fallo de segunda instancia y expuso que ni éste ni la
decisión de primera instancia se pronunciaron sobre la alegada
vulneración de la doctrina de la DIAN, contenida en el Concepto 04 de
2004 y en el Oficio 53401 del 19 de julio 2011. Por auto del 19 de mayo
de 2016, el Tribunal denegó la solicitud porque se trataba de un
argumento nuevo, no expuesto en sede administrativa.

II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

2.1. La demanda que contiene el recurso extraordinario de
revisión

Mediante escrito radicado el 12 de mayo de 2016, la sociedad Isabel
Henao de Meneses e Hijos S. en C. interpuso el recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia del 28 de noviembre de 2014, dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, con fundamento en la causal
consagrada en el numeral 5º del artículo 250 del Código de Procedimiento

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)3, “existir
nulidad originada en la sentencia”, la cual sustentó así4:

2.1.1. Atacó el fallo del 23 de mayo de 2014, dictado por el Juzgado
Octavo Administrativo de Barranquilla, que decidió el asunto en primera
instancia, pues considera que: (i) no tuvo en cuenta que el Conocimiento
de Embarque NGX10227455 del 3 de agosto de 2011 indicaba una
cantidad de 463 bultos, mientras que en la diligencia de reconocimiento
de carga se hallaron físicamente 457 bultos, es decir, que existía un error
en la identificación de la mercancía, por lo que no había lugar a su
aprehensión, sino a su inmovilización, y debía permitirse al importador
presentar los documentos soporte de la operación de comercio, de
acuerdo con la factura comercial, (ii) invadió la esfera del legislador al
equiparar los lugares de arribo (puertos, aeropuertos y zonas de
fronteras), con los depósitos donde se almacenan mercancías, y concluyó
erróneamente que el depósito aduanero Almagrario era una zona
aduanera primaria, y (iii) dejó de lado que, como consecuencia de la
expedición de la Resolución 00281 del 17 de diciembre de 2013, que
estableció un término para que el importador justificara los errores u
omisiones en los documentos de transporte, los actos administrativos
demandados perdieron fuerza ejecutoria, por haber desaparecido sus
fundamentos de derecho.

Y señaló que el Tribunal Administrativo del Atlántico, al decidir el asunto
en segunda instancia, ratificó e “hizo causa común” con la decisión
equivocada del a quo, por lo que desconoció el bloque de
constitucionalidad.

2.1.2. Arguyó que, en el auto del 19 de mayo de 2016, el Tribunal incurrió
en falsedad al denegar la adición de la sentencia del 28 de noviembre de
2014, pues el argumento relacionado con la falta de aplicación de la
doctrina fijada por la DIAN en el Concepto 04 de 2004 y en el Oficio 53401

3
Ley 1437 de 2011.
4
Folio 149 a 162 del expediente del proceso de revisión.

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de 2011 sí fue expuesto en sede administrativa, específicamente, en la
objeción a la aprehensión y en el recurso de reconsideración.

Precisado lo anterior, reiteró el argumento de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y del recurso de apelación, según el cual la
DIAN desconoció su propia doctrina al expedir los actos acusados.

2.2. Oposición al recurso extraordinario de revisión

El recurso fue admitido por el despacho sustanciador a través de proveído
del 28 de marzo de 20175, que ordenó notificar y dar traslado por diez
días a la DIAN.

Por intermedio de apoderado, la DIAN se pronunció durante el término
del traslado del recurso y expuso los argumentos que pasan a sintetizarse.

2.2.1. Argumentó que la descripción efectuada en el Conocimiento de
Embarque NGX10227455 del 3 de agosto de 2011 era genérica y no
permitía identificar la mercancía que fue encontrada durante la
inspección, lo que constituye una violación de las normas aduaneras por
parte del importador y daba lugar a la aprehensión y al decomiso, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

2.2.2. Enfatizó que el Estatuto Aduanero y la Resolución 4240 de 2000
exigían una descripción detallada de la mercancía en el documento de
transporte y que los errores subsanables se refieren a inconsistencias en
la transmisión de la información, no a la descripción en sí misma.

2.2.3. Alegó que la recurrente no había explicado de manera adecuada
por qué se habría configurado la causal de revisión invocada, pues no
fundamenta jurídicamente la existencia de una nulidad. Al respecto,
advirtió que, de acuerdo con la jurisprudencia de la corporación, la nulidad

5
Folio 165 del expediente del proceso de revisión.

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debía basarse en irregularidades graves del proceso, y no en desacuerdos
con la interpretación de las normas o en la valoración de las pruebas.

En tal sentido, advirtió que la demandante simplemente pretendía reabrir
el debate que ya se agotó en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, particularmente, sobre la aplicación de la doctrina de la DIAN,
finalidad para la cual no es procedente el recurso extraordinario de
revisión, que tiene un carácter excepcional y no puede utilizarse para
corregir errores o deficiencias del proceso original, pues no constituye una
nueva instancia para discutir el fondo del asunto.

2.3. Concepto del Ministerio Público

El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia y oportunidad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política y con lo ordenado en los artículos 107, 111 numeral 2º, y 249 del
CPACA, esta Sala es competente para conocer del asunto de la referencia.

El auto del 19 de mayo de 2015, que denegó la adición de la sentencia
objeto del recurso, fue notificado el 29 del mismo mes y año 6, y la
presente demanda se radicó 12 de mayo de 2016, es decir, dentro del
plazo de un año, establecido en el artículo 2517 del CPACA.

6
Folio 881 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
7
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso. (…)”. (Subrayas de la Sala).

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3.2. Del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal que
implica una excepción a la cosa juzgada, pues constituye un medio de
impugnación de las sentencias que han producido plenos efectos jurídicos.

Ahora, como dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia
judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen con ocasión de su
interposición son de carácter excepcional, restrictivo, y están sometidas
a las causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que
se convierta en una tercera instancia8. No comporta entonces una nueva
oportunidad procesal para reabrir el debate judicial, suplir la omisión
probatoria de las partes, corregir yerros en la interpretación o la aplicación
del derecho o en la valoración de las pruebas.

En tal sentido, el recurrente debe cumplir los requisitos para presentar la
demanda consagrados en el artículo 252 del CPACA, en los que, además
de designar las partes y su representante, el nombre y domicilio del
recurrente y los hechos y omisiones que el sirven de fundamento, deberá
señalar con precisión la causal y exponer los motivos que justifican su
procedencia9.

3.3. La causal de revisión del numeral 5º del artículo 250 del
CPACA

El numeral 5º del artículo 250 del CPACA previó como causal de revisión
la de “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de 1993, Rad.
1992-00037-00 (Rev).
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, Rad.
2012-00231-00 (Rev).

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Radicación: 11001 03 24 000 2016 00288 00
Demandante: Isabel Henao de Meneses e Hijos S. en C.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación ha
precisado que, para la configuración de esta causal, deben estar reunidos
los siguientes presupuestos10:

(i) Que contra la decisión objeto del recurso extraordinario no proceda el
recurso de apelación.

(ii) Que la causal de nulidad se haya originado en la sentencia, y no antes,
ya que la proposición de nulidades procesales está sometida a las reglas
de procedibilidad establecidas en el artículo 134 del Código General del
Proceso (CGP).

(iii) Debe corresponder a alguno de los vicios señalados por el artículo
133 ibidem o alguna de las siguientes situaciones: cuando se le haga más
gravosa la situación al demandante sin que exista demanda de
reconvención; en los eventos en que la providencia carezca de
motivación11; cuando se profiera un nuevo fallo en un proceso concluido
con sentencia en firme; si se procede a dictar sentencia cuando
previamente se ha aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención; si se profiere fallo como única actuación; cuando
se condena a quien no ha sido parte en el proceso; cuando se dicta
sentencia después de ocurrida alguna de las causales de interrupción o
suspensión; cuando existe un mayor o menor número de magistrados o
de votos a los previstos, u otras situaciones que comporten una violación
del derecho fundamental al debido proceso.

10
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de mayo de 2018. C.P. Alberto
Yepes Barreiro. Expediente radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01.
11
Frente a la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, esta Corporación ha precisado que “se
presenta ante la carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho sirvieron
de fundamento a la decisión, o cuando se sustenta en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o de
actitudes dolosas”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A.
Sentencia del 22 de noviembre de 2021. C.P. María Adriana Marín. Expediente radicación nro. 11001 03 26 000 2019
00143 00 (64827). Así mismo la Corporación ha dicho que esta causal también se presenta por violación al debido
proceso por falta de congruencia. En este punto ver: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 7 de abril de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2013
00358 00.

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Radicación: 11001 03 24 000 2016 00288 00
Demandante: Isabel Henao de Meneses e Hijos S. en C.

Así mismo, la jurisprudencia ha explicado que12 “se desprende del artículo
29 constitucional, cuya violación puede originar la nulidad del fallo
respectivo, cuando la transgresión (…) se presente directamente en el
fallo, por ejemplo, cuando no existe coherencia entre la parte motiva y la
resolutiva, o se decide por fuera de los términos que originaron la
controversia”.

Por último, es importante resaltar que, como lo ha señalado la
jurisprudencia de esta corporación13, “en principio, esta causal está
limitada a los vicios procesales que surgen al momento de la expedición
de la sentencia, mas no los acaecidos en etapas anteriores14. La
jurisprudencia de la Sala Plena de esta Corporación15, sin embargo, ha
aceptado como hechos constitutivos de esta causal los vicios procesales
ocurridos antes de proferirse la sentencia, siempre que el afectado no
haya tenido la oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los
conoció cuando fue proferida la sentencia recurrida16. Quien considere fue
afectado, en todo caso, tiene la carga de probar que no tuvo la
oportunidad de proponer la nulidad o alegar el vicio oportunamente. De
lo contrario, la causal de revisión en cuestión será una anormal
oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del proceso
ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer
en la oportunidad prevista en el artículo 134 del Código General del

12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de abril de 2015. C.P. Alberto
Yepes Barreiro. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2013 00358 00.
13
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Diecisiete Especial de Decisión. Sentencia
del 26 de enero de 2023. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2019
04168 00.
14
Cita original: “La Sala Plena, en uno de sus pronunciamientos concluyó que esa causal de revisión exige que el
vicio se configure al momento en que se profiera la sentencia y que, por ende, no es posible “alegar como causal del
recurso extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, máxime si se advierte que
la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en
el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el artículo 145 ejusdem, impone al juez
de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe ‘antes de dictar sentencia’ ”. Sentencia del 2 de marzo
de 2010, exp. 11001- 03-15-000-2001-0091-01”.
15
Cita original: “En este sentido, la Corporación se ha pronunciado en las siguientes providencias: del 31 de mayo
de 2011, expediente número 1100103150002008-00294-00; del 9 de marzo de 2010, expediente número
1100103150002002-1024-01; del 2 de marzo de 2010, expediente número 185; del 7 de febrero de 2006,
expediente número 11001-03-15-000-1997-00150-00; del 18 de octubre de 2005, expediente número 11001-03-
15-000-2000-00239-00, y del 20 de abril de 2004, expediente número 11001-03-15-000-1996-0132-01”.
16
Cita original: “La jurisprudencia de esta Sala ha aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada en la
sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior al de la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo
ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso”. Sentencia del 2 de marzo de 2010, exp. 11001-03-15-
000-2001-0091-01”.

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Proceso (C.G.P.) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en
los términos del artículo 136 ibidem”.

3.4. Análisis del caso

3.4.1. En el recurso sub examine, la sociedad Isabel Henao de Meneses e
Hijos S. en C. controvierte la sentencia del 28 de noviembre de 2014,
dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, pues estima que ésta
revalidó la que, a su juicio, fue una errónea decisión adoptada por el
Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla en el fallo del 23 de mayo
de 2014, en tanto: (i) no tuvo en cuenta que se había presentado un error
en la identificación de la mercancía, por lo que no había lugar a su
aprehensión, sino a su inmovilización, caso en el cual debía darse la
oportunidad al importador para presentar las aclaraciones del caso, (ii)
invadió la esfera del legislador al equiparar los puertos, aeropuertos y
zonas de frontera con los depósitos de mercancías, concluyendo
erróneamente que el depósito aduanero Almagrario era una zona
aduanera primaria, y (iii) concluyó que las resoluciones demandadas no
perdieron fuerza ejecutoria, pese a que, como consecuencia de la
expedición de un acto general que estableció un término para que el
importador justificara los errores u omisiones en los documentos de
transporte, desaparecieron sus fundamentos de derecho.

Además, la recurrente alegó que el auto que denegó la adición de la
sentencia de segunda instancia incurrió en una falsedad al señalar que el
argumento relacionado con la falta de aplicación de la doctrina de la DIAN
no fue expuesto en sede administrativa, pues lo cierto es que sí se planteó
en la objeción a la aprehensión y en el recurso de reconsideración.

3.4.2. Siendo así, la Sala observa que los argumentos expuestos por la
sociedad Isabel Henao de Meneses e Hijos S. en C. en el recurso
extraordinario de revisión no corresponden a ninguno de los vicios
enlistados en el artículo 133 del CGP, y la recurrente no expone la

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configuración de algún vicio constitutivo de violación del derecho
fundamental al debido proceso.

Por el contrario, la recurrente se limita a reiterar los argumentos que ya
expuso en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en cuanto
al fondo de la cuestión allí debatida, por lo que es claro que lo que
persigue es reabrir la discusión jurídica que ya se surtió. Y, si bien en esta
ocasión agrega que el auto que denegó la adición del fallo de segunda
instancia incurrió en una supuesta falsedad, lo cierto es que los
argumentos en los que sustenta tal alegato son también la reiteración de
los que expuso desde la demanda inicial, y estos, en todo caso, ya fueron
objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal.

Se insiste, el recurso extraordinario de revisión no procede para
controvertir las razones del fallo y mucho menos para reiterar los
fundamentos del recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia, pues en tales eventos, es claro que se está intentando emplear
este mecanismo como una tercera instancia.

3.4.3. Por lo expuesto, la Sala declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Isabel Henao de
Meneses e Hijos S. en C. contra la sentencia del 28 de noviembre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

3.5. Costas

Vistos los artículos 188 del CPACA17 y 365 del CGP18, en especial su
numeral 8º, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 255 ibidem, y

17
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.”
18
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación
de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. (…)
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación. (…)”.

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a lo expuesto por esta corporación, la Sala considera que hay lugar a
decretar condena en costas por agencias en derecho, en la medida en que
se comprueba que la DIAN compareció a este proceso por conducto de
apoderado debidamente constituido.

En consecuencia, se dará aplicación al Acuerdo nro. PSAA 16- 10554 del
5 de agosto de 201619, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura
y se impondrá a su favor y a cargo de Isabel Henao de Meneses e Hijos
S. en C., la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente. No se condenará al pago de gastos y expensas, toda vez que no
se acreditó probatoriamente su causación.

3.6. Reconocimiento de personería

Mediante memorial del 26 de enero de 202220, el abogado Augusto
Fernando Rodríguez Rincón renunció al poder que le confirió la DIAN. A
su vez, la entidad otorgó nuevo poder a la abogada María Consuelo
Dearcos León21. Por lo tanto, la Sala aceptará la renuncia del primero de
los mencionados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 del CGP,
y reconocerá personería a esta última como apoderada de dicha entidad,
en los términos y para los efectos del poder a ella conferido, como lo
establece el artículo 74 ibidem.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la sociedad Isabel Henao de Meneses e Hijos S.
en C. contra la sentencia del 28 de noviembre de 2014, proferida por el

19
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
20
Índice 43 del expediente en SAMAI.
21
Índice 44 del expediente en SAMAI.

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Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad Isabel Henao de
Meneses e Hijos S. en C. por concepto de agencias en derecho, por lo que
deberá pagar a la DIAN la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente.

TERCERO: ACEPTAR la renuncia del abogado Augusto Fernando
Rodríguez Rincón al poder que le otorgó la DIAN, y RECONOCER
personería a la abogada María Consuelo Dearcos León, para actuar como
apoderada de dicha entidad, en los términos y para los fines del poder a
ella conferido.

CUARTO: En firme esta providencia, se ordena DEVOLVER al Tribunal
de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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