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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2016-00311-00

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2016-00311-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA NEGAR las pretensiones de la demanda.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-24-000-2016-00311-00

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

17 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-24-000-2016-00311-00
Número interno: 3572-2016
Demandante: José Leonardo Ospina Agudelo y otro
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional y otro
Acción: Simple nulidad
Tema: Evaluaciones para ascenso de grado y reubicación de
nivelación salarial para educadores, que participaron en
evaluaciones de competencias entre los años 2010 y 2014 y
no lograron el ascenso o la reubicación salarial en cualquiera
de los grados del Escalafón Docente.

La Sala decide la demanda de nulidad, que en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, presentaron los señores José Leonardo Ospina
Agudelo y Pedro Juan Montoya Gallego, contra el Decreto 1757 de 1° de
septiembre de 2015, expedido por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio
de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

I. ANTECEDENTES

1. La Demanda

Los señores José Leonardo Ospina Agudelo y Pedro Juan Montoya Gallego,
presentaron demanda de nulidad, contra el Decreto 1757 de 1° de septiembre de
2015, “Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 y se reglamenta parcial y
transitoriamente el Decreto Ley 1278 de 2002, en materia de evaluación para ascenso
de grado y reubicación de nivel salarial que se aplicará a los educadores que participaron
en alguna de las evaluaciones de competencias desarrolladas entre los años 2010 y
2014 y no lograron el ascenso o la reubicación salarial en cualquiera de los grados del

No. Interno: 3572-2016
Demandante: José Leonardo Ospina Agudelo y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

Escalafón Docente”, proferido por el Gobierno Nacional a través de del Ministerio
de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

1.1. El Acto Acusado

Los ciudadanos José Leonardo Ospina Agudelo y Pedro Juan Montoya Gallego,
pretenden que se declare la nulidad de la Decreto 1757 de 1° de septiembre de
2015 “Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 y se reglamenta parcial y
transitoriamente el Decreto Ley 1278 de 2002, en materia de evaluación para ascenso
de grado y reubicación de nivel salarial que se aplicará a los educadores que participaron
en alguna de las evaluaciones de competencias desarrolladas entre los años 2010 y
2014 y no lograron el ascenso o la reubicación salarial en cualquiera de los grados del
Escalafón Docente”, expedido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El contenido del acto administrativo demandado indica lo siguiente:

“DECRETO 1757 DE 2015

(Septiembre 01)

"Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 y se reglamenta parcial y
transitoriamente el Decreto Ley 1278 de 2002, en materia de evaluación para ascenso
de grado y reubicación de nivel salarial que se aplicará a los educadores que
participaron en alguna de las evaluaciones de competencias desarrolladas entre los
años 2010 y 2014 Y no lograron el ascenso o la reubicación salarial en cualquiera de
los grados del Escalafón Docente”.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le
confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el Decreto Ley
1278 de 2002, y

CONSIDERANDO

(…)

DECRETA

Artículo 1. Adición de la Sección 5, al Capítulo 4, Título 1, Parte 4, Libro 2 del Decreto
1075 de 2015. Adiciónese la Sección 5, al Capítulo 4, Título 1, Parte 4, Libro 2 del Decreto
1075 de 2015, la cual quedará así:

"SECCIÓN 5

Evaluación para ascenso de grado y reubicación de nivel salarial para los
educadores que no lograron el ascenso de grado o la reubicación en un nivel
salarial superior entre los años 2010 - 2014

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Demandante: José Leonardo Ospina Agudelo y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

ARTÍCULO 2.4.1.4.5.1. Objeto. La presente Sección tiene por objeto reglamentar
transitoriamente una modalidad de la evaluación de que trata el artículo 35 del Decreto
Ley 1278 de 2002 que será aplicada a los educadores que entre los años 2010 y 2014
no lograron el ascenso de grado o la reubicación en un nivel salarial superior, la cual
tendrá carácter diagnóstica formativa.

ARTÍCULO 2.4.1.4.5.2. Ámbito de aplicación. La evaluación de que trata la presente
Sección, que tendrá carácter diagnóstica formativa, será aplicada a los docentes,
directivos docentes y orientadores inscritos en el Escalafón que regula el Decreto Ley
1278 de 2002, que habiendo participado en alguna de las evaluaciones de competencias
desarrolladas entre los años 2010 y 2014 no lograron el ascenso o la reubicación salarial
en cualquiera de los grados del Escalafón Docente.

ARTÍCULO 2.4.1.4.5.3. Características de la evaluación. La evaluación prevista en la
presente Sección es de carácter diagnóstica formativa, por lo que valorará la práctica
educativa, pedagógica, didáctica y de aula. La aprobación de esta evaluación permitirá el
ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial en los términos que se consagran en
los artículos siguientes.

ARTÍCULO2.4.1.4.5.4. Requisitos para participaren la evaluación. Para participar en
la evaluación de que trata el artículo anterior, el docente, directivo docente u orientador
debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Estar nombrado en propiedad e inscrito en el nivel A en uno de los grados del
Escalafón Docente.

2. Haber participado en una o varias de las evaluaciones de competencias entre 2010 y
2014 y no haber logrado su ascenso o reubicación en un nivel salarial superior dentro del
Escalafón Docente.

3. Para el caso de ascenso de grado, acreditar debidamente en su hoja de vida el título
académico de posgrado exigido para los grados 2 y 3.

ARTÍCULO 2.4.1.4.5.5. Competencias del Ministerio de Educación Nacional. El
Ministerio de Educación Nacional será responsable de:

1. Liderar y establecer el diseño, la construcción y la aplicación de la evaluación de
carácter diagnóstica formativa regulada en esta Sección, que se aplicará a docentes,
directivos docentes y orientadores que se encuentran en la situación prevista en el
artículo 2.4.1.4.5.4. del presente Decreto.

2. Prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales certificadas en
educación, para el desarrollo de la evaluación de carácter diagnóstica formativa prevista
en esta Sección.

3. Definir el cronograma para el proceso de la evaluación de carácter diagnóstica
formativa.

4. Adelantar las gestiones necesarias, en el marco de sus competencias, para que los
educadores puedan participar, efectivamente, en la evaluación de que trata la presente
Sección.

5. Propender porque se cumplan todas las etapas del proceso de evaluación,
consagradas en el artículo 2.4.1.4.5.8 del presente Decreto

PARÁGRAFO. La administración, los principios, criterios e instrumentos aplicables y la
evaluación de carácter diagnóstica formativa de que trata el presente Decreto serán
definidos mediante acto administrativo que expida el Ministerio de Educación Nacional,
de conformidad con los resultados del proceso en el que participará, entre otros, la

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Demandante: José Leonardo Ospina Agudelo y otro
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Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y tres (3)
universidades que tengan facultades de educación de reconocida idoneidad.

ARTÍCULO2.4.1.4.5.6. Competencias de las entidades territoriales certificadas en
educación. Las entidades territoriales certificadas en educación serán responsables de:

1. Identificar a los candidatos que pueden participar en la evaluación, que cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 2.4.1.4.5.4 del presente Decreto.

2. Convocar a la evaluación de carácter diagnóstica formativa de conformidad con el
cronograma definido por el Ministerio de Educación Nacional.

3. Divulgar la convocatoria para la evaluación de carácter diagnóstica formativa y orientar
a los educadores de su jurisdicción para facilitar su participación en el proceso.

4. Verificar el cumplimiento de los requisitos acreditados por los docentes, directivos
docentes y orientadores que son candidatos a la reubicación salarial dentro del mismo
grado o al ascenso en el Escalafón Docente.

5. Expedir los actos administrativos de reubicación de nivel salarial o ascenso de grado
en el Escalafón Docente.

6. Adelantar las gestiones necesarias, en el marco de sus competencias, para que los
educadores puedan participar, efectivamente, en la evaluación de que trata la presente
Sección.

7. Cumplir las etapas del proceso de evaluación previstas en el artículo 2.4.1.4.5.8 del
presente Decreto que estén bajo su responsabilidad, según lo dispuesto en esta Sección.

ARTÍCULO 2.4.1.4.5.7. Responsabilidades de los educadores. Los educadores que
voluntariamente se presenten a la evaluación de carácter diagnóstica formativa de que
trata la presente Sección serán responsables del pago del Número de Identificación
Personal (NIP), de la inscripción en la evaluación y de su presentación oportuna, así como
de la acreditación del requisito establecido en el numeral 3° del artículo 2.4.1.4.5.4 del
presente Decreto, cuando se trate de ascenso de grado.

ARTÍCULO 2.4.1.4.5.8. Etapas del proceso. El proceso de evaluación de carácter
diagnóstica formativa de que trata el presente Decreto, comprende las siguientes etapas:

1. Convocatoria y divulgación de la evaluación.

2. Inscripción.

3. Acreditación del cumplimiento de requisitos.

4. Realización del proceso de evaluación.

5. Divulgación de los resultados.

6. Expedición de los actos administrativos de ascenso y reubicación.

7. Inscripción y desarrollo de los cursos de formación.

8. Reporte de los resultados de los cursos de formación.

9. Expedición de los actos administrativos de ascenso y reubicación

ARTÍCULO 2.4.1.4.5.9. Convocatoria. La entidad territorial certificada realizará la
convocatoria para la evaluación de carácter diagnóstica formativa de que trata la presente
Sección, de acuerdo con el cronograma que defina el Ministerio de Educación Nacional.
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Demandante: José Leonardo Ospina Agudelo y otro
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El acto administrativo de la convocatoria deberá contener por lo menos los siguientes
aspectos:

1. Requisitos exigidos para participar en el proceso de evaluación.

2. Metodología y condiciones de inscripción en la evaluación y período de aplicación.

3. Costo, lugar y fechas para la adquisición den NIP.

4. Información sobre los criterios y las características del instrumento de evaluación.

5. Modalidades de consulta del resultado individual del docente o directivo docente u
orientador.

6. Información sobre la dependencia competente para resolver reclamaciones y términos
para presentarlas.

7. Medios de divulgación del proceso.

PARÁGRAFO. La entidad territorial certificada en educación divulgará la convocatoria
por medios masivos de comunicación e igualmente la fijará en un lugar de fácil acceso al
público, y publicará en el sitio Web de la respectiva alcaldía o gobernación y de la
correspondiente secretaria de educación.

El acto administrativo de convocatoria deberá ser comunicado al ministerio de Educación
Nacional dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su promulgación.

ARTÍCULO 2.4.1.4.5.10. Inscripción en la convocatoria. El docente, el directivo
docente y orientador que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 2.4.1.4.5.4.
del presente Decreto podrá inscribirse en el proceso dentro del término previsto en la
convocatoria, de acuerdo con los procedimientos y requisitos señalados en la misma.

Para inscribirse en la convocatoria, los interesados deberán adquirir un Número de
Identificación personal (NIP) destinado a sufragar los costos de la evaluación. El NIP
tendrá un valor equivalente a un día y medio de salario mínimo legal vigente.

PARÁGRAFO 1. El registro y la participación voluntaria en la evaluación y los resultados
que se obtengan en la misma no afectarán la estabilidad laboral de los docentes.

PARÁGRAFO 2. El término para realizar la etapa de inscripción no podrá ser inferior a
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO 2.4.1.4.5.11. Resultados y procedimiento. La entidad territorial certificada
publicará en su sitio Web y en un lugar de fácil acceso al público la lista de educadores
que hubieren superado la evaluación de carácter diagnóstica formativa en los términos
establecidos en el numeral 2 del artículo 36 del Decreto Ley 1278 de 2002. Los
educadores contarán con un término de cinco (5) días, a partir de la publicación, para
presentar las reclamaciones a que hubiere lugar.

El Ministerio de Educación Nacional contará con un término de treinta (30) días para
resolver las reclamaciones presentadas.

A partir de la publicación de la lista de candidatos, la entidad territorial certificada cuenta
con quince (15) días para expedir el acto administrativo de reubicación salarial dentro del
mismo grado o de ascenso de grado en el Escalafón Docente, según el caso, siempre y
cuando estén acreditados todos los requisitos establecidos para el efecto en la presente
Sección.

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Demandante: José Leonardo Ospina Agudelo y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

La reubicación salarial y el ascenso de grado en el Escalafón Docente surtirán efectos
fiscales a partir de la fecha de la publicación de la lista de candidatos, siempre y cuando
el aspirante cumpla los requisitos para reubicación o ascenso, establecidos en la presente
Sección.

La entidad territorial certificada en educación deberá apropiar los recursos
correspondientes que amparen la ejecución y los pagos originados en los
correspondientes actos administrativos que se hayan proferido. En caso que los recursos
presupuestales resultaren insuficientes, la entidad territorial deberá apropiar dichos
recursos máximo en la siguiente vigencia fiscal y proceder al pago del ascenso de grado
o la reubicación de nivel salarial con los efectos fiscales definidos por el presente artículo.

ARTÍCULO 2.4.1.4.5.12. Cursos de formación. Los docentes que no hubieren superado
la evaluación de carácter diagnóstica formativa en los términos establecidos en la
presente Sección, deberán adelantar alguno de los cursos de formación que ofrezcan
universidades acreditadas institucionalmente y/o que cuenten con facultades de
educación de reconocida trayectoria e idoneidad, de conformidad con los parámetros
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y siempre que cuenten con la
respectiva aprobación de éste.

Los aspectos generales de los cursos de formación serán definidos en la reglamentación
que se expida para el efecto. Los cursos de formación se expresarán en créditos
académicos que podrán ser homologados por las instituciones de educación superior, en
ejercicio de su autonomía universitaria, dentro los programas de pregrado y posgrado que
éstas ofrezcan.

Estos cursos tendrán como propósito fundamental solucionar las falencias detectadas en
la evaluación de carácter diagnóstica formativa. Con la aprobación del respectivo curso
por parte del docente, en los términos del numeral 2 del artículo 36 del Decreto Ley 1278
de 2002, la entidad territorial certificada en educación procederá al ascenso o la
reubicación de nivel salarial de acuerdo con lo establecido en la presente Sección.

La reubicación salarial o el ascenso de grado en el Escalafón Docente que se produzca
por haber aprobado los cursos de formación en los términos del inciso anterior, surtirán
efectos fiscales a partir de la fecha en que el educador radique la certificación de la
aprobación de dichos cursos ante la respectiva autoridad nominadora, siempre y cuando
el aspirante cumpla los requisitos para ser reubicado o ascendido según lo establecido
en la presente Sección.

Las entidades territoriales certificadas en educación deberán apropiar los recursos
correspondientes para el ascenso de grado y la reubicación de nivel salarial de los
educadores que hubieren aprobado los cursos de formación. En caso que los recursos
presupuestales resultaren insuficientes, la entidad territorial deberá apropiar dichos
recursos máximo en la siguiente vigencia fiscal y proceder al pago del ascenso de grado
o la reubicación de nivel salarial con los efectos fiscales definidos en el presente artículo.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Educación y las entidades territoriales certificadas en
educación, a través de sus respectivas páginas Web, informarán a los educadores sobre
los cursos de formación referidos en el presente artículo.

PARÁGRAFO 2. Los cursos de formación docente deberán ser cofinanciados por el
Gobierno Nacional, las entidades territoriales certificadas en educación y los docentes. El
Gobierno Nacional y las entidades territoriales certificadas en educación deberán
asegurar conjuntamente la financiación de mínimo el setenta por ciento (70%) del costo
de la matrícula del respectivo curso de formación para cada docente. Los aportes del
Gobierno Nacional para atender los gastos relacionados con la formación docente de que
trata la presente Sección deberán ser priorizados dentro del Marco de Gasto de Mediano
Plazo del Sector Educación".

ARTÍCULO 2. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación.
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Demandante: José Leonardo Ospina Agudelo y otro
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los 01 días del mes de septiembre del año 2015

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

GINA PARODY E’ECHEONA

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

(…)”.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante expone como normas violadas las siguientes:

De la Constitución Política, los artículos 13, 114, 125, y 189 numeral 11
La Ley 411 de 1997
El Decreto 1278 de 2002
El Decreto reglamentario 2715 de 2009
El Decreto 160 de 2014.

Los accionantes consideran que el Decreto 1757 de 1° de septiembre de 2015,
se expidió con infracción de las normas superiores en las que debía fundarse y
con abuso de la facultad reglamentaria que le asiste al gobierno nacional.

Expresó que acto acusado desconoce el derecho a la igualdad establecido en la
carta política, al darle un trato diferente o condescendiente a los docentes que no
aprobaron el examen de competencias durante el periodo de 2010 a 2014,
implementando un modelo de evaluación “diagnóstica y formativa” que no se
encuentra definido en los Decretos 1278 de 2002 y 2715 de 2009.

Agregaron que el decreto demandado restringe o limita a otros docentes la
posibilidad de acceder a la evaluación diagnóstica y formativa; pudiendo
participar, dada su experiencia e idoneidad.

Indicaron que, en aras de garantizar el acceso a los exámenes docentes, el
ejecutivo debió propender por un equilibrio entre: i) el derecho a la igualdad de
oportunidades que tiene el personal docente y; ii) la búsqueda de la eficiencia y
eficacia en la administración; mediante mecanismos que permitan seleccionar a

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aquellos educadores que, por su mérito y capacidad, resulten ser los más idóneos
para ejercer sus derechos en la carrera docente.

Expresaron que las entidades demandadas expidieron el Decreto 1757 de 2015,
desbordando la facultad reglamentaria, porque le dieron contenido y alcance
distinto a las reglas y principios fijados en el estatuto docente, previsto en el
Decreto Ley 1278 de 2002 y su Decreto Reglamentario 2715 de 2009, en cuyos
preceptos normativos debía fundarse.

Mencionaron que el acto administrativo demandado modificó las normas del
estatuto docente, al establecer una figura de evaluación totalmente diferente a lo
que ordinariamente ha desarrollado el Ministerio de Educación Nacional, pues
establece una prueba diagnóstica formativa a través de un simple video de una
clase dictada por el docente, lo cual no es una herramienta suficiente para evaluar
todos los aspectos que regula los Decretos 1278 de 2002 y 2715 de 2009.

Insistieron en que el decreto acusado instituyó una prueba diagnóstica formativa
a favor de un grupo de docentes que no superaron las pruebas de evaluación de
competencias entre el 2010 y 2014, sin definir criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, ajustados a los parámetros del estatuto docente (artículos 1 y
2 del Decreto 2715 de 2009).

Añadieron que el decreto demandado también desconoce la prohibición de no
discriminación de los empleados públicos sindicalizados establecida en la Ley
411 de 19971, reglamentada con el Decreto 160 de 2014

Concluyeron que las disposiciones contenidas en el acto acusado son de
competencia exclusiva del Congreso de la República, quien es el órgano llamado
para determinar los parámetros para el ingreso, ascenso en el escalafón docente
y los criterios de evaluación y tipos de pruebas en ejercicio de su potestad de
libre configuración normativa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114,
125 y 150 constitucionales.

1
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos
para determinar las condiciones de empleo en la administración pública", adoptado en la 64 Reunión de la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978.
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2. Trámite Procesal

Mediante Auto de 6 de agosto de 2019, se admitió en única instancia la demanda,
se ordenó la notificación a las partes e intervinientes, es decir, a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – el Ministerio de Hacienda y Crédito Púbico,
el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se
ordenó la comunicación a la comunidad, por la página web de la Corporación, de
la existencia del proceso2. En la misma fecha se corrió traslado de la medida
cautelar solicitada por la parte actora3.

2.1 Suspensión Provisional.

Mediante auto de 2 de octubre de 20204 se negó la medida cautelar solicitada
por la parte demandante, argumentando que la confrontación del acto
administrativo demandado con el contenido del artículo 13 de la Constitución y
estatuto docente contenido en el Decreto Ley 1278 de 2002 y su Decreto
Reglamentario 2715 de 2009, no permitían evidenciar una situación de tal
magnitud que justificara acceder a la solicitud de la medida provisional invocada
por la parte actora, toda vez que se requería un análisis más exhaustivo y
riguroso de las normas invocadas.

3. La Contestación de la Demanda

3.1 La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público5, se opuso a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones:

Indicó que de acuerdo con el parágrafo del artículo 26 del Decreto Ley 1278 de
2002, el Gobierno Nacional está facultado para reglamentar el sistema de
evaluación de los docentes y directivos docentes, para cada grado y nivel salarial,
según los criterios y parámetros establecidos en dicho decreto, tal y como se hizo
con la expedición del Decreto 1757 de 2015.

2
Folios 54 - 55
3
Folio 33 cuaderno medidas cautelares
4
Folios 60 – 63 cuaderno medidas cautelares
5
Folios 69 - 78
9

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Expresó que el Decreto Ley 1278 de 2002 en su artículo 17 dispone que: “La
carrera docente se orienta a atraer y retener los servidores más idóneos, a promover el
desarrollo profesional y el mejoramiento continuo de los educadores y a procurar una
justa remuneración (…)”, asimismo, el artículo 37 del referido decreto establece que
es un derecho del personal docente al servicio del Estado, ser estimulados para
la superación y eficiencia mediante un sistema de remuneración acorde con su
formación académica y desempeño.

Resaltó que el Decreto Ley 1278 de 2002, en los artículos 23, 35 y 36, establece
el sistema de evaluación de competencias, como mecanismo por excelencia para
que un educador ascienda de grado en el escalafón docente o sea reubicado
salarialmente en alguno de los distintos niveles previstos.

Sostuvo que el Decreto 1757 de 2015, fue expedido en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos mencionados y de conformidad con lo definido en los
acuerdos suscritos en el 2015, entre el Ministerio de Educación Nacional y
FECODE, en la cual se acordó la implementación de la “Evaluación de Carácter
Diagnóstico Formativa” – ECDF, como el mecanismo para el ascenso y
reubicación salarial para los educadores que se rigen por el Decreto Ley 1278 de
2002.

Aseveró que la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa, creada por el
Decreto 1757 de 2015, tiene por objeto valorar el ejercicio profesional del docente
a partir de cuatro criterios a saber: i) contexto de la práctica educativa y
pedagógica del docente; ii) reflexión y planeación de la práctica educativa y
pedagógica; iii) praxis pedagógica y iv) ambiente dentro del aula

Explicó que la evaluación de carácter diagnóstico-formativo constituye una
evaluación más progresista que contempla las prácticas en el aula, no solo los
conocimientos disciplinarios del maestro, sino que, además, contiene un carácter
formativo, es decir, que cuenta con una retroalimentación y contribuye a mejorar
la calidad de las enseñanza, por lo que mediante dicha disposición se busca
ajustar a la realidad de las prácticas evaluadoras de competencias existente, en
consonancia con lo dispuesto por el Decreto 2715 de 2009.

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Concluyó que el decreto demandado se expidió sin exceder la facultad
reglamentaria del Gobierno Nacional y su contenido armoniza la voluntad del
legislador con la normativa y la práctica que el Sistema de Evaluación de
Competencias.

Agregó que los argumentos de la parte actora obedecen a consideraciones de
carácter subjetivo o de conveniencia, que no cuentan con ningún sustento jurídico
o fáctico, siendo insuficiente para sustentar la presunta ilegalidad del acto
acusado.

3.2 La Nación – Ministerio de Educación Nacional6, se opuso a las
pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

Precisó que la expedición del Decreto 1757 de 2015, tiene origen en la
negociación del pliego de peticiones de FECODE con el Gobierno Nacional, en
virtud del cual, este último se comprometió a expedir una reglamentación
transitoria para establecer la modalidad de evaluación de que trata el artículo 35
del Decreto Ley 1278 de 2002, cuya aplicación recaería en los docentes que
habiendo participado en alguna de las evaluaciones de competencia
desarrolladas entre el 2010 y el 2014, no lograron el ascenso de reubicación
laboral por no haber superado la evaluación.

Afirmó que el decreto demandado desarrolló un sistema de evaluación de
competencias con el que se valoraría la práctica educativa, pedagógica, didáctica
y de aula del docente y directivo, a través de un mecanismo que permite examinar
las aptitudes del docente en el ejercicio ordinario de su profesión.

Resaltó que el modelo de evaluación diagnostica es un instrumento, que en los
términos del artículo 35 del Decreto Ley 1278 de 2002, tiene por objeto examinar
las competencias de los docentes y directivos, que voluntariamente deciden
participar y pretenden ascender en el escalafón o cambiar de nivel salarial, por lo
que la norma demandada no impide, ni restringe al personal docente que de
forma autónoma desee realizar la evaluación.

6
Folios 119 - 141
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Destacó que la evaluación diagnostica no es una herramienta para determinar el
acceso al empleo público del educador, sino que es un instrumento para evaluar
las competencias del maestro, quien está en ejercicio del cargo, con el fin que
éste pueda ascender en el escalafón o mejorar su nivel salarial, si llegase a
aprobar la valoración; pues de lo contario, el educador debería adelantar alguno
de los cursos de formación que ofrecieren las universidades reconocidas, para
poder ser reubicados en el grado de escalafón docente correspondiente.

Indicó que el Decreto 1757 de 2015, reglamentó la evaluación de competencias
de que trata el artículo 35 del Decreto Ley 1278 de 2002, atendiendo los
presupuestos fácticos y jurídicos descritos en la norma, por lo que no se puede
advertir que el acto demandado modificó inconstitucional o ilegalmente los
criterios de evaluación establecidos en el estatuto docente.

Señaló que el parágrafo del artículo 26 del Decreto Ley 1278 de 2002,
expresamente, facultó al Gobierno Nacional para reglamentar el sistema de
evaluación de los docentes y directivos, teniendo en cuenta los parámetros del
referido decreto y del Decreto 2715 de 2009, sin fijarle un método estricto.

Mencionó que el parágrafo del artículo 35 del Decreto Ley 1278 de 2002, dispuso
que el Ministerio de Educación sería el responsable del diseño de las pruebas de
evaluación de competencias y definiría el procedimiento para su aplicación; por
consiguiente, el video al que hace mención en el Decreto 1757 de 2015, atiende
las directrices de la norma superior.

Aseveró que la reglamentación definida en el Decreto 1757 de 2015, se ajustó a
los parámetros definidos en los preceptos normativos que le servían de
fundamento, por lo que no se incurrió en un exceso de la potestad reglamentaria.

Agregó que el acto administrativo acusado, no desconoció la prohibición de
discriminación prevista en la Ley 411 de 1997 y su Decreto Reglamentario 160
de 2014, a favor de los empleados públicos sindicalizados, porque la
reglamentación definida en el mismo, se expidió, en los términos establecidos en
el acuerdo suscrito entre FECODE y el Gobierno Nacional, el 7 de mayo de 2015,
por lo que no se puede inferir un acto de discriminación.

12

No. Interno: 3572-2016
Demandante: José Leonardo Ospina Agudelo y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

4. Alegatos de conclusión

Mediante auto de 2 de octubre de 20207 se dispuso: i) tener como pruebas los
documentos aportados por las partes, y ii) se ordenó correr traslado por el término
de diez (10) días a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y
al Ministerio Público, para que conceptuara sobre el asunto, si lo estimaba
pertinente.

4.1 La parte demandante, guardo silencio

4.2 La parte demandada

4.2.1 El Ministerio de Educación Nacional8 solicitó que se nieguen las
pretensiones de la demanda, reiterando los argumentos expuestos en el escrito
de contestación de la demanda.

4.2.2 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público9 pidió que se mantenga la
legalidad del acto demandado, con fundamento en lo siguiente:

Indicó que el Decreto 1757 de 2015 fue expedido con ocasión del acuerdo
suscritos entre el Ministerio de Educación Nacional y FECODE, en el cual se
dispuso la elaboración de una reglamentación que permitiera implementar la
“Evaluación de Carácter Diagnostico Formativa” – ECDF, como mecanismo de
ascenso y reubicación salarial de los educadores.

Destacó que lo regulado en el acto demandado, guarda relación con los objetivos
del sistema de carrera docente, relacionados con la calidad profesional la
superación en el escalafón y el mejoramiento salarial.

Resaltó que el Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad establecida en el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, a través del acto acusado,

7
Se aclara que en el contenido del auto de la referencia se indicó que, por tratarse de un asunto de pleno derecho sin
solicitud de pruebas adicionales o excepciones, se procedería a proferir sentencia anticipada de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 2020, por lo que no era necesario convocar a audiencia inicial
de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.
8
Índices 39 – 40 Sistema de Gestión Judicial SAMAI
9
Índices 44 – 45 sistema de Gestión SAMAI
13

No. Interno: 3572-2016
Demandante: José Leonardo Ospina Agudelo y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

reglamentó la evaluación de competencias previsto en los artículos 23, 35 y 36
del Decreto Ley 1278 de 2002.

Adujo que el sistema de evaluación de competencias tiene en cuenta aspectos
como la práctica educativa, pedagógica y didáctica del aula, con los cuales no
solo se examinan los conocimientos del maestro, sino que además se evalúa su
ejercicio profesional, por lo que el acto acusado no comporta una desigualdad,
que imponga su nulidad.

Agregó que la evaluación definida en el decreto acusado tiene un carácter
formativo, porque cuenta con una retroalimentación de las competencias del
docente, lo que contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza.

5. Concepto del ministerio público

El agente del Ministerio Público solicitó que se acceda a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en las siguientes razones10:

Afirmó que el Decreto 1757 de 2015 es violatorio del principio de igualdad, porque
desconoce los principios de objetividad, confiabilidad, universalidad, pertinencia,
transparencia y concurrencia, previstos en el artículo 29 del Decreto Ley 1278 de
2002.

Explicó que el decreto demandado establece unos privilegios a favor de un grupo
de docentes definidos, esto es, los que no lograron superar las pruebas en las
anteriores evaluaciones de competencias, realizadas entre 2010 y 2014, “lo cual
elimina la posibilidad de que los docentes que cumplieran requisitos y contaran con las
competencias necesarias para ascender o mejorar dentro de su grado, no tuvieran esa
posibilidad”, precisamente porque la exigencia expuesta en el Decreto 1757 de
2015, es que se haya perdido la evaluación entre 2010 y 2014.

Resaltó que el acto acusado materializa una discriminación respecto de la
generalidad de maestros en condición de ascender o mejorar dentro de su grado,
pues concreta un factor de favorecimiento a quienes “no habían logrado superar las
reglas de los concursos previos”, en forma tal, que el ordenamiento estaría vigente

10
Índice 46 sistema de Gestión SAMAI
14

No. Interno: 3572-2016
Demandante: José Leonardo Ospina Agudelo y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

hasta cuando esos docentes lograran ascender o reubicarse salarialmente en el
mismo grado, lo cual carece de objetividad y, por el contrario, muestra un alto
nivel de subjetividad y discriminación.

Adujo que la prueba diagnóstica no da la confianza necesaria para establecer el
mérito suficiente para un ascenso, por cuanto el video a través del cual se realiza
la evaluación no es suficiente para evaluar conocimientos integrales que deben
manejar los docentes para enseñar programas anuales o semestrales.

Aseveró que el modelo contenido en el Decreto 1757 de 2015 desconoce el
principio de universalidad, porque la prueba diseñada en el mencionado acto no
guarda analogía con los criterios de evaluación empleados en valoraciones
anteriores y subsiguientes.

Sostuvo que la prueba diagnóstica desarrollada en el decreto demandado no
garantiza los principios de pertinencia, transparencia y concurrencia, por cuanto
de una clase registrada en un video solamente podría observarse la calidad de
transmisión y entrega en ese escenario, sin trascender a la relación ordinaria
docentes-alumnos. En consecuencia, estimó que el acto administrativo acusado
no se ajusta a los principios y valores superiores de evaluación, definidos en el
Decreto Ley 1278 de 2002.

Indicó que el Gobierno Nacional incurrió en un exceso del ejercicio de la potestad
reglamentaria (numeral 11 – artículo 189 C.P.), al crear una prueba diagnóstica
dirigida exclusivamente a un grupo de docentes, con la clara intención de
favorecerlo por encima de los derechos de otros educadores, ocasionado un
desconocimiento de las normas superiores en las que debía fundarse, como el
derecho a acceder a la función pública en igualdad de condiciones, previsto en
el artículo 125 de la Carta política y el Decreto Ley 1278 de 2002.

Expresó que la protección sindical a través del decretó acusado extendió su
garantía más allá de los límites permitidos por el ordenamiento jurídico, pues
impuso favoritismos e inequidades particulares, desconociendo el principio del
mérito que gobierna la carrera docente como parámetro de beneficio común que
inspiran el derecho sindical,

15

No. Interno: 3572-2016
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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

Por último, destacó que es deber de la administración proveer los cargos
mediante concurso público de méritos, por lo que cualquier situación que
entorpezca el mandato constitucional debe ser eludido para darle paso a los
procesos de selección de personal por el mérito, con el fin de ocupar los empleos
con personal calificado vinculado, sin beneficios externos a su capacidad e
idoneidad, tal como es la finalidad de la carrera administrativa.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer, privativamente y en única instancia,
de la presente demanda de nulidad contra el Decreto 1757 de 1° de septiembre
de 2015, expedido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación
Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con el numeral
1º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

2. Problema Jurídico

La Sala en el presente asunto, debe responder los siguientes problemas jurídicos:

2.1. ¿Si el Gobierno Nacional, al expedir el Decreto 1757 de 1° de
septiembre de 2015 desconoció las normas en las que debía fundarse,
por no aplicar el principio de igualdad, previsto en la Constitución y los
artículos 16, 35 y 36 del Decreto Ley 1278 de 2002 y los artículos 2, 9,
12 y 13 del Decreto 2715 de 2009?.

2.2. ¿Si el Gobierno Nacional incurrió en un exceso de la potestad
reglamentaria, al determinar que la evaluación diagnóstica- formativa,
se aplicaría a los educadores que entre los años 2010 y 2014 no
lograron el ascenso de grado o la reubicación en un nivel salarial
superior?

Con el propósito de dar respuesta a los problemas jurídicos, metodológicamente
se emprenderá el análisis de los siguientes aspectos: (i) La potestad

16

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reglamentaria, (ii) La potestad reglamentaria en cabeza de los Ministerios; (iii) La
competencia del Ministerio de Educación Nacional para regular el servicio de
educación; (iv) El régimen de la carrera docente; (vi) El caso concreto.

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1 La Potestad reglamentaria.

La Constitución Política de Colombia, le asignó la potestad reglamentaria a
diferentes autoridades y organismos administrativos, otorgándoles la capacidad
de producir normas administrativas de carácter general, tendientes a regular la
actividad de los particulares y las actuaciones de las autoridades.

De acuerdo con el mandato Constitucional, la regla general en materia
reglamentaria, incorpora esta potestad en cabeza del Presidente de la República,
mediante dos vías: por una parte, a través de la reglamentación directa de la ley,
cuando sea indispensable para hacer posible su cumplimiento (Constitución,
artículo 189. 11), pues en su condición de Suprema Autoridad Administrativa le
corresponde “ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos,
resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes”; y, por otra
parte, en los casos en que la Constitución le permite desarrollar directamente sus
preceptos normativos, caso en el cual la potestad normativa o reglamentaria es
directamente de la Constitución11. Asunto que en algunas oportunidades la
jurisprudencia de esta Corporación denominó como deslegalización de materias
en favor de la administración, y que, mirado desde otro punto de vista, no es más
que el reconocimiento constitucional de la potestad reglamentaria en cabeza del
Presidente, no ya a nivel de la ley, sino del acto administrativo de carácter
general, pues orgánica y funcionalmente el acto sería administrativo y no
legislativo, excepto cuando quiera que el constituyente le hubiera establecido
efectos legislativos, como en el caso del artículo 341 inciso 3.º constitucional.

Por otra parte, se encuentran las reglas de excepción en materia reglamentaria,
las cuales hacen referencia a aquellos organismos del Estado que por mandato

11
Ejemplos de potestad reglamentaria constitucional los encontramos de sobra en las disposiciones transitorias de la
Constitución, en donde en varios asuntos se le entrega esta potestad al Presidente de la República.
17

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Constitucional pueden dictar normas con carácter general en asuntos de su
competencia12.

Este es el caso del Consejo Superior de la Judicatura (Constitución, artículo
57.3); el Consejo Nacional Electoral (Constitución, artículo 265. 9); la Junta
Directiva del Banco de la República, que goza de una facultad normativa directa
y excluyente, para “regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito”
(Constitución, artículo 71 inciso 2º); y la Contraloría General de la República y las
contralorías departamentales y municipales (Artículo 268, numerales 1 y 12, en
concordancia con el 272).

En cuanto a la potestad reglamentaria en cabeza del Presidente de la República,
así como las excepciones previstas en la Constitución, la jurisprudencia
Constitucional ha sostenido lo siguiente:

“En materia de potestad reglamentaria existe una cláusula general de competencia en
cabeza del Presidente de la República, pero la Constitución ha previsto, de manera
excepcional, facultades de reglamentación en otros órganos constitucionales. Esas
facultades especiales de reglamentación, ha dicho la Corte, encuentran su fundamento en
la autonomía constitucional que tienen ciertos órganos, y están limitadas, materialmente,
por el contenido de la función a cuyo desarrollo autónomo atienden y, formalmente, por las
previsiones que la Constitución haya hecho sobre el particular. Desde esta perspectiva
formal, la potestad reglamentaria que constitucionalmente tienen asignada ciertos órganos
constitucionales se limita a aquellos ámbitos expresamente mencionados en la
Constitución, sin que por consiguiente, respecto de determinadas materias sea posible
afirmar la concurrencia de dos competencias reglamentarias, la general propia del
Presidente del República y la especial, que sin estar expresamente atribuida, se derivaría
del carácter autónomo del órgano que la ejerce. No, de acuerdo con la Constitución las
competencias reglamentarias especiales son aquellas expresamente conferidas por la
Constitución y por fuera de ese ámbito, la potestad reglamentaria para la cumplida
ejecución de las leyes corresponde al Presidente de la República” 13.

“La potestad reglamentaria, entendida como la capacidad de producir normas
administrativas de carácter general, reguladoras de la actividad de los particulares y
fundamento para la actuación de las autoridades públicas, la tiene asignada de manera
general, en principio, el Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo
189-11 de la Carta Política, quien puede ejercerla en cualquier momento sin necesidad de
que la ley así lo determine en cada caso. Excepcionalmente, y por disposición
constitucional, existe un sistema de reglamentación especial respecto de ciertas materias
y para determinados órganos constitucionales, al margen de la potestad reglamentaria del
Presidente de la República. Tal es el caso del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Junta Directiva del Banco de la República, del Consejo Nacional Electoral y de la
Contraloría General de la República” 14.

12
Sobre la potestad reglamentaria dispersa, que no está en cabeza del Presidente de la República, véase, Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de abril de 2010, Exp.: 31223. C.P.: Ruth Stella Correa
Palacio.
13
Corte Constitucional, Sentencia C-307 del 30 de marzo de 2004. Magistrados Ponentes: Rodrigo Escobar Gil, Manuel
José Cepeda y Alfredo Beltrán Sierra.
14
Corte Constitucional, Sentencia C-384 del 13 de mayo 2003. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
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Respecto a la titularidad de la potestad reglamentaria, es decir, de la posibilidad
de expedir actos normativos de carácter general, la Constitución y la Ley han
reconocido que los ministerios también gozan de dicha competencia.

En efecto, el artículo 208 de la Constitución Política prevé:

“(…) ARTICULO 208. Los ministros y los directores de departamentos administrativos
son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del
Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su
despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.

Los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del Gobierno, presentan a las
cámaras proyectos de ley, atienden las citaciones que aquellas les hagan y toman parte
en los debates directamente o por conducto de los viceministros (…)”.

En concordancia con lo anterior, la Ley 489 de 1998 dispone lo siguientes:

“Artículo 56º.- Presidencia de la República. Corresponde al Presidente de la República
la suprema dirección y la coordinación y control de la actividad de los organismos y
entidades administrativos, al tenor del artículo 189 de la Constitución Política.
(…)
Artículo 58º.- Objetivos de los ministerio y departamentos
administrativos. Conforme a la Constitución, al acto de creación y a la presente Ley, los
ministerios y los departamentos administrativos tienen como objetivos primordiales la
formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del
Sector Administrativo que dirigen.
Artículo 59º.- Funciones. Corresponde a los ministerios y departamentos
administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes
especiales:
1. Preparar los proyectos de ley relacionados con su ramo.
2. Preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban dictarse en
ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presidente de la República como
suprema autoridad administrativa y dar desarrollo a sus órdenes que se relacionen con
tales atribuciones.
3. Cumplir con las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, en
desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto.
4. Preparar los anteproyectos de planes o programas de inversiones y otros desembolsos
públicos correspondientes a su sector y los planes de desarrollo administrativo del mismo.
5. Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades territoriales y
prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica.
6. Participar en la formulación de la política del Gobierno en los temas que les
correspondan y adelantar su ejecución.
7. Orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplada por las respectivas leyes y
estructuras orgánicas, las superintendencias, las entidades descentralizadas y las
sociedades de economía mixta que a cada uno de ellos estén adscritas o vinculadas.
8. Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación de las
actividades y funciones en el respectivo sector.
9. Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la participación de
entidades y personas privadas en la prestación de servicios y actividades relacionados
con su ámbito de competencia.
10. Organizar y coordinar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo
correspondiente.

19

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11. Velar por la conformación del Sistema Sectorial de Información respectivo y hacer su
supervisión y seguimiento.

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre
la potestad reglamentaria, en los siguientes términos:

“(…) Tal como lo establece el artículo 208 de la Carta Política, los ministros, junto con los
jefes de departamentos administrativos, son los jefes de la Administración en su respectiva
dependencia.

En concordancia con esta preceptiva, la Ley 489 de 1998, que regula aspectos vinculados
con la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, ha dispuesto
que los ministerios son organismos pertenecientes a la rama ejecutiva del poder público
(Art. 38 ibídem), que son los principales órganos de la Administración (Art. 39 ídem) y que,
con los departamentos administrativos y las superintendencias, constituyen el Sector
Central de la Administración Pública Nacional (ídem).

El fundamento constitucional de las competencias asignadas a los ministerios también se
encuentra normado por el artículo 208 de la Carta. El canon prescribe que a los ministros
les corresponde “formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad
administrativa y ejecutar la ley”, todo ello bajo la dirección del Presidente de la República.

De igual forma, en acogimiento de los preceptos constitucionales, la Ley 489 de 1998 ha
establecido que los ministerios son entidades cuyo destino es “la formulación y adopción
de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo que
dirigen” (Art. 58. ibídem).

Ahora bien, entre las funciones concretas asignadas por la Ley a los ministerios, resaltan
las contenidas en los numerales 2º, 3º y 6º del artículo 59 de la misma Ley, a saber:

“Artículo 59. Funciones. Corresponde a los ministerios y departamentos administrativos,
sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes especiales:

“2. Preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban dictarse en
ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presidente de la República como
suprema autoridad administrativa y dar desarrollo a sus órdenes que se relacionen con
tales atribuciones.

“3. Cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, en
desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto.

“6. Participar en la formulación de la política del Gobierno en los temas que les
correspondan y adelantar su ejecución.

Del cuadro normativo precedente se deduce que la función de los ministerios en la
estructura orgánica nacional es la de ser, bajo la dirección del presidente de la República,
la máxima autoridad administrativa en el área correspondientemente asignada y que, en
ejercicio de dicha función, los primeros pueden formular y adoptar políticas atinentes a su
despacho, pero, además, ejecutar la Ley en el ámbito de su especialidad.

Ahora bien, dado que a los ministerios se les encargan las funciones preestablecidas puede
decirse, en conexión con la potestad de reglamentación que les asiste, que éstos
organismos tienen una competencia residual de regulación que debe ejercerse de manera
subordinada a la potestad reglamentaria del Presidente de la República, pero, tal como se
dijo anteriormente, exclusivamente en el área correspondiente a su especialidad.

“En los anteriores términos, no resulta inconstitucional que una ley atribuya, de manera
directa, a los Ministros del Despacho, competencias para expedir normas de carácter

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general sobre las materias en ella contenidas, cuando tales normas correspondan a
regulaciones de carácter técnico u operativo, dentro de la órbita competencial del
respectivo Ministerio, por cuanto, en ese caso, la competencia de regulación tiene el
carácter de residual y subordinada respecto de aquella que le corresponde al Presidente
de la Republica en ejercicio de la potestad reglamentaria”15. (Subrayas fuera del original)

En similar sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado, se ha referido a la
facultad administrativa de los ministerios y demás dependencias administrativas,
y no del Presidente de la República, en ejercicio de la potestad reglamentaria,
que conlleva la posibilidad de reglamentar, mediante actos generales, los
asuntos que legalmente les corresponda.

Sobre el particular la Corporación ha señalado:

“(…) Cuando la ley ordena que determinada materia sea regulada por un Ministerio, con
ello quiere dar a entender el legislador que se hace innecesario hacer uso de la potestad
reglamentaria consagrada en el artículo 189, numeral 11, de la Carta Política, adscrita al
Presidente de la República, quien la ejercita con el Ministro o el Director del Departamento
Administrativo respectivo. Sabido es que una cosa es hablar del Gobierno, entendiendo
éste como presidente y Ministro o Director del Departamento Administrativo respectivo,
conforme lo prevé el inciso 3o. del artículo 115 de la Carta Política, y otra muy diferente es
hablar de una función administrativa que le corresponde únicamente al Ministro por
mandato de la ley, porque aquí juega papel importante uno de los principios que rigen la
actuación administrativa, como es el de la desconcentración de funciones” 16.

En este orden, resulta que la potestad reglamentaria está en directa relación con
los poderes de orientación política, dirección, estructuración, regulación, diseño
y fijación de directrices para el cometido de los fines estatales asignados a la
administración; todo esto, dentro del contexto de los principios y parámetros
constitucionales y legales respectivos.

Lo anterior significa que la potestad normativa de la administración, como
privilegio funcional, es de naturaleza subordinada y dependiente de las normas
de carácter superior, lo que implica una sujeción al principio de la legalidad.

Es importante mencionar que desde el momento en que surgió esta figura
jurídica, ha existido dificultad para definir sus límites materiales frente a la ley; por
lo que es importante señalar que en toda materia sometida por el Constituyente
a reserva de ley, no se admite normativa reglamentaria que no haya sido tratada

15
Corte Constitucional, Sentencia C-917 de 2002. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección I. Sentencia del 26 de febrero de 1998. Exp.- 4500.
Ernesto Rafael Ariza.
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previamente por el legislador, pues es este el llamado a producirla y, en
consecuencia, que la reglamentación de la administración depende directamente
del texto legal, habilitándola, directa e intemporalmente, no de manera exclusiva,
el Presidente de la República, por la sola presencia y existencia de la ley, para
ejercer la potestad reglamentaria que considera oportuna y necesaria con el
propósito de cumplir, hacer viable y ejecutorio los postulados de la norma legal.

Así pues, de acuerdo con la jurisprudencia Constitucional, la potestad
reglamentaria constituye un importante y trascendental ejercicio de elaboración
material y objetivo de normativa general, tendiente a hacer viable el cumplimiento
de la ley, haciendo explícito lo implícito en ella, determinando dentro de los
marcos legales circunstancias de tiempo, modo, lugar y demás aspectos técnicos,
que en cada caso exige el cumplimiento de la ley17.

De manera concreta, tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la
Corte Constitucional han definido un marco conceptual para el estudio y análisis
del alcance y límites de la potestad reglamentaria en el derecho colombiano.

Así, en cuanto a su alcance general el Consejo de Estado, consideró que “(…) El
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política le asigna al Presidente de la
República la atribución de “Ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de
los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las
leyes”. La potestad reglamentaria es la expresión por excelencia de la función
administrativa que ejerce el Presidente de la República. Es una facultad del gobierno
para expedir normas generales, impersonales y abstractas para lograr la cumplida
ejecución de las leyes. El acto reglamentario tiene su marco general en la ley para
proveer la adecuada ejecución de ésta, precisando circunstancias o pormenores no
contenidos en ella, por no haber sido regulados o por no ser de carácter sustancial.
Ciertamente es imposible que la ley contenga todos los requisitos y pormenores
indispensables para su cabal aplicación. No es posible que la ley tome en consideración

17
Corte Constitucional. Sentencias C-557 y C-606 de 1992 (M.P.: Ciro Angarita Barón), C-228 de 1993 (M.P.: Vladimiro
Naranjo Mesa), C-022 (M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz), C-206 (M.P.: José Gregorio Hernández Galindo) y C-216 de
1994 (M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa), C-539 de 1995 (M.P.: Antonio Barrera Carbonell), C-100 (M.P.: Alejandro Martínez
Caballero), C-138 (M.P.: José Gregorio Hernández Galindo), C-433 (M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz), C-451 (M.P.: José
Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera Vergara) y C-629 de 1996 (M.P.: Carlos Gaviria Díaz), C-028 (M.P.:
Alejandro Martínez Caballero), C-290 (M.P.: Jorge Arango Mejía), C-350 (M.P.: Fabio Morón Díaz), C-428 (M.P.: José
Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Vladimiro Naranjo Mesa) y C-512 de 1997 (M.P.: Jorge
Arango Mejía), C-066 (M.P.: Fabio Morón Díaz y Alfredo Beltrán Sierra), C-302 (M.P.: Carlos Gaviria Díaz), C-372 (M.P.:
José Gregorio Hernández Galindo), C-509 (M.P.: José Gregorio Hernández Galindo) y C-579 de 1999 (M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz).
22

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los diversos casos particulares que se puedan comprender en determinada materia. La
ley sienta los principios generales y el decreto reglamentario los hace operantes o los
particulariza para hacer viable la aplicación de la ley. De consiguiente, so pretexto del
ejercicio de la potestad reglamentaria mal puede ampliarse el ámbito de aplicación de
la ley. El acto reglamentario debe aportar entonces los detalles, los pormenores de
ejecución o aplicación de la ley; hace explícito lo implícito en ella; facilita su
entendimiento y comprensión. Pero no puede extender su ámbito más allá de la ley. No
es posible que el reglamento contenga normas que le están reservadas al legislador; no
pude adicionar la ley, cambiarla, restringirla o recortarla en su esencia o sustancia;
tampoco puede deslindar los límites de la potestad reglamentaria porque violaría,
además de la ley, la propia constitución”18.

Por otra parte, en relación con las acciones precisas de la administración para
su desarrollo, esta Corporación ha señalado que la potestad reglamentaria debe
“(…) entenderse como la facultad para expedir normas generales, impersonales y
abstractas para lograr la cumplida ejecución de las leyes. De tal manera, el ejercicio de
la facultad reglamentaria no puede desconocer el marco general de la ley, pues su
ejercicio sólo se justifica en la medida en que, para proveer a la adecuada ejecución
de ésta, se requiera precisar circunstancias o pormenores no contenidos en ella, por no
haber sido regulados. En efecto, como resulta imposible que la ley contenga todas las
previsiones indispensables para su cabal cumplimiento, corresponde al reglamento
precisar los pormenores necesarios para la ejecución de la ley, es decir “hacer explícito
lo implícito”19.

En cuanto a sus límites, esta Corporación ha indicado que “(…) el Presidente de
la República en ejercicio de la potestad reglamentaria no puede dictar disposición alguna
que viole una ley cualquiera, no sólo la que dice desarrollar o ejecutar sino todas las
normas que tengan carácter legislativo (…)”20 y que so pretexto de reglamentar una
norma, el decreto reglamentario no puede, en ejercicio de la facultad
mencionada, modificar, ampliar o restringir el sentido de la ley dictando nuevas

18
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 9 de julio de 1996. Exp. 854, C.P.: Roberto Suárez
Franco.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección I. Sentencia del 21 de julio de 2001. Exp. 6378,
C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero. En este sentido, véase también, Sección I, Sentencia del 7 de junio de 2001. Exp.
6067, C.P.: Manuel Santiago Urueta Ayala y Sentencia del 28 de agosto de 1997. Exp. 4355, C.P.: Juan Alberto Polo
Figueroa.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección I, Sentencia del 15 de mayo de 1997. Exp. 4015-
4068, C.P.: Juan Alberto Polo.
23

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disposiciones o suprimiendo las contenidas en las mismas, porque ello no sería
reglamentar sino legislar21.

Así las cosas, se puede concluir, en primer lugar, que el alcance de la potestad
reglamentaria varía en atención a la extensión de la regulación legal22. Al
respecto, la Corte Constitucional ha establecido que:

“(…) [L]a doctrina y la práctica han demostrado que la potestad reglamentaria del
ejecutivo es inversamente proporcional a la extensión de la ley. De suerte que, ante
menos cantidad de materia regulada en la ley, existe un mayor campo de acción para el
ejercicio de la potestad reglamentaria, y viceversa.

¿Qué factores determinan que ello ocurra?

En esencia, la mayoría de las veces, el ejercicio íntegro o precario de la potestad de
configuración normativa depende de la voluntad del legislador, es decir, ante la valoración
política de la materia a desarrollar, el Congreso de la República bien puede determinar
que regula una materia en su integridad, sin dejar margen alguna a la reglamentación o,
por el contrario, abstenerse de reglar explícitamente algunos aspectos, permitiendo el
desenvolvimiento posterior de las atribuciones presidenciales de reglamentación para
que la norma pueda ser debidamente aplicada.

No obstante, esta capacidad del Congreso para determinar la extensión de la regulación
de una institución, tiene distintos límites que vienen dados por las especificidades de las
materias objeto de dicha regulación. Así, por ejemplo, el numeral 10 del artículo 150 de
la Constitución Política, somete a estricta reserva legal, entre otras, la regulación de
materias tales como impuestos o leyes estatutarias. Para esta Corporación, es claro que
la regulación de los elementos esenciales de materias sometidas a reserva de ley y que
recaigan sobre asuntos administrativos, no son susceptibles de ser regulados a través
del ejercicio de la potestad reglamentaria, salvo en cuestiones accesorias y de detalle, so
pena de contrariar disposiciones imperativas de raigambre Superior (C.P. arts. 152 y
338).” 23

Adicionalmente, es pertinente concluir que la potestad reglamentaria exige que
el legislador previamente expida una regulación básica o “materialidad
legislativa”24, con base en la cual el Gobierno promulgue la reglamentación
correspondiente; “si el legislador no define ese presupuesto normativo básico estaría
delegando en el Gobierno lo que la Constitución ha querido que no sea materia de
reglamento sino de ley, pues el requisito fundamental que supone la potestad
reglamentaria es la existencia previa de un contenido legal por reglamentar”25.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III. Auto del 2 de febrero de 2005. Exp. 28615, C.P.:
Alier Eduardo Hernández.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de agosto 21 de 2008, Exp.:
0294-04 y 0295-04, C. P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
23
Corte Constitucional, Sentencia C-432 de 2004. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
24
Corte Constitucional, Sentencia C-474 de 2003. M.P.: Eduardo Montealegre Lynnet.
25
Corte Constitucional, Sentencia C-290 de 1997. M.P.: Jorge Arango Mejía.
24

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Bajo estas consideraciones, se tiene que la potestad reglamentaria no es
absoluta, sus límites están determinados en la Constitución y la ley y, en
consecuencia, el Ejecutivo no puede alterar o modificar el contenido y espíritu de
la ley, “ni puede reglamentar leyes que no ejecuta la administración, como tampoco
puede desarrollar aquellas materias cuyo contenido está reservado al legislador”26.

En este sentido, el Consejo de Estado ha establecido que la potestad
reglamentaria se encuentra limitada por dos criterios, a saber: la competencia y
la necesidad27. El primero se refiere a la extensión de la regulación que el
Legislador defiere al Ejecutivo “de manera que le está prohibido, socapa de
reglamentar la ley, adicionar nuevas disposiciones, por lo que debe entonces, para
asegurar la legalidad de su actuación, limitarse al ámbito material desarrollado por el
legislativo”28.

En relación con la necesidad del ejercicio de la potestad reglamentaria, ésta se
funda en el carácter genérico de la ley. Así, si la regulación legal agota el objeto
o materia regulada, la intervención del Ejecutivo no deviene indispensable29. En
este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación estableció que:

“Los límites del poder reglamentario de la Ley, los señala la necesidad de cumplir
debidamente el estatuto desarrollado; si los ordenamientos expedidos por el Congreso,
suministran todos los elementos necesarios para su ejecución, el órgano administrativo
nada tendrá que agregar y por consiguiente, no habrá oportunidad para el ejercicio de la
potestad reglamentaria. Pero, si en ella faltan los pormenores necesarios para su correcta
aplicación, opera inmediatamente la potestad para efectos de proveer la regulación de
esos detalles”.30

Así mismo, para la Sala resulta oportuno señalar como la reserva de ley
constituye un límite a la potestad reglamentaria. En relación con este tema, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que, en primer lugar, se “hace referencia
a la prohibición general de que puedan establecerse restricciones a los derechos
constitucionales fundamentales en fuentes diferentes a la ley”31.

26
Corte Constitucional, Sentencia C-028 de 1997. M.P.: Alfredo Martínez Caballero.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 14 de abril de 2010, Exp.:
36054, C.P.: Enrique Gil Botero.
28
Ibídem.
29
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de Septiembre 5 de 1997,
Exp.: 8308. C. P.: Germán Ayala Mantilla y Sección Cuarta, Sentencia de mayo 5 de 2003. Exp.: 13212 C. P.: Ligia López
Díaz.
30
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 21 de agosto de 2008, Exp. 0294-04 y 0295-04, C.P.: Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren
31
Corte Constitucional, Sentencia C-1262 de 2005. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
25

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No obstante, la expresión “reserva de ley” también se utiliza como sinónimo de
“principio de legalidad” o de “cláusula general de competencia del Congreso”, a partir
de lo cual “todos los temas pueden ser regulados por el órgano legislativo mediante ley
y que la actividad de la administración, a través de su potestad reglamentaria, debe estar
fundada en la Constitución cuando se trate de disposiciones constitucionales con eficacia
directa, o en la ley”32.

Igualmente, la reserva de ley define aquellos eventos en los que el constituyente
insta al legislador a regular determinadas materias debido a su trascendencia33.

El efecto de la reserva de ley se traduce en “la obligación de que las prescripciones
normativas que regulen materias propias de esa técnica consten en disposiciones que
pertenezcan a cuerpos normativos de rango legal”34, lo cual implica que tales materias
únicamente pueden ser reguladas por el Ejecutivo por razón de una ley de
facultades extraordinarias o de decretos legislativos de estados de excepción,
pero nunca a través de la potestad reglamentaria del Gobierno35:

“La técnica de reserva de ley se refiere a la exigencia, dentro del ordenamiento jurídico,
que ciertas materias se regulen necesariamente mediante normas con fuerza de ley.
Dicho de otra manera, los asuntos reservados a las normas legislativas, no pueden ser
regulados mediante decretos reglamentarios ni resoluciones. … todos los preceptos
constitucionales en los que existe reserva de ley imponen la obligación que los aspectos
principales, centrales y esenciales de la materia objeto de reserva estén contenidos
(regulados) en una norma de rango legal. Es decir, en la ley en cualquiera de las variantes
que pueden darse en el Congreso de la República, decretos leyes, o decretos legislativos.
Las materias que son objeto de reserva de ley pueden ser ‘delegadas’ mediante ley de
facultades extraordinarias al Ejecutivo para que sea éste quien regule la materia mediante
decretos leyes. Pero las materias objeto de reserva de ley no pueden ser ‘deslegalizadas’,
esto es, el legislador no puede delegar al Ejecutivo que regule esa materia mediante
reglamento, en desarrollo del artículo 189.11 de la Constitución” 36.

Así las cosas, el Legislador puede delimitar una materia y permitir que se
desarrolle y concrete mediante actos administrativos, siempre y cuando no se
trate de asuntos amparados con reserva legal37.

32
Ibídem.
33
Ibídem.
34
Cita en la cita: “Las normas con rango de ley en nuestro ordenamiento jurídico son: la leyes expedidas por el Congreso
en cualquiera de sus modalidades (arts 150, 151 y 152 C.N), los decretos con fuerza de ley expedidos por el Ejecutivo
con fundamento, tanto en normas constitucionales (por ejemplo arts. 212, 213 y 215 C.N), como en las facultades
extraordinarias otorgadas por el Congreso (art 150.10 C.N) y demás decretos leyes, tales como los que se dictan en virtud
del artículo 241 de la Constitución, entre otros.”
35
Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 2009. M.P.: Nilson Pinilla Pinilla.
36
Corte Constitucional, Sentencia C-1265 de 2005. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
37
Corte Constitucional, Sentencias C-570 de 1997. M.P.: Carlos Gaviria Díaz y C-1191 de 2001, M.P.: Rodrigo Uprimny
Yeyes.
26

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3.2 La potestad reglamentaria en cabeza de los Ministerios.

De acuerdo con lo dicho anteriormente, la potestad reglamentaria no solo radica
en cabeza del Presidente de la República, por lo que puede ser trasladada o
reconocida a otros organismos de la administración, a través de la expedición de
actos generales para cumplir o hacer cumplir la ley.

Así lo ha señalado el Consejo de Estado:

“(…) El Presidente de la República es, sin duda, el titular constitucional de la potestad
reglamentaria, pero ello no obsta para que, dentro de su ámbito de competencia y nivel de
subordinación jerárquica y normativa, las demás autoridades administrativas adopten
medidas de carácter general a fin cumplir o hacer cumplir las disposiciones superiores
relativas a los asuntos a su cargo. Las autoridades administrativas, como lo ha precisado
esta Corporación, están investidas de las facultades o potestades propias de la
administración, dentro de las cuales está justamente la reglamentaria, de allí que los actos
administrativos generales pueden emanar de cualquier autoridad administrativa, en lo que
concierna a los asuntos a su cargo” 38.

De esta manera es importante señalar que el artículo 208 de la Constitución
Política, prevé que los ministros y los directores de departamentos
administrativos son los jefes de la administración y les corresponde formular las
políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la
ley.

Para atender dicho mandato Constitucional, el legislador, a través de la Ley 489
de 1998 (artículo 58), dispuso que los ministerios y los departamentos
administrativos, tienen como objetivos primordiales la formulación y adopción de
las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo
que dirigen.

En este orden, se le asignaron a los ministerios y los departamentos
administrativos, entre otras las siguientes funciones: i) Preparar los proyectos de
decretos y resoluciones ejecutivas que deban dictarse en ejercicio de las
atribuciones que corresponden al Presidente de la República como suprema
autoridad administrativa y dar desarrollo a sus órdenes que se relacionen con

38
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección II, Sentencia del 19 de agosto de 2004. exp. 2473-1, C.P.: Alberto
Arango Mantilla.
27

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tales atribuciones; ii) Cumplir con las funciones y atender los servicios que les
están asignados y dictar, en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las
normas necesarias para tal efecto.

De acuerdo con lo mencionado, se deduce que la función de los ministerios en
la estructura orgánica nacional es la de ser la máxima autoridad administrativa
en el área correspondientemente asignada y que, en ejercicio de dicha función
pueden formular y adoptar políticas atinentes a su despacho, pero, además,
ejecutar la Ley en el ámbito de su especialidad, bajo la dirección del Presidente
de la República.

Ahora bien, dado que a los ministerios se les encargan las funciones
preestablecidas, puede decirse, en conexión con la potestad de reglamentación
que les asiste, que estos organismos tienen una competencia residual de
regulación que debe ejercerse de manera subordinada a la potestad
reglamentaria del Presidente de la República, pero, tal como se dijo
anteriormente, exclusivamente en el área correspondiente.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

“(…) Se tiene entonces que los Ministros pueden ejercer competencias de regulación de
carácter netamente administrativo, dentro del ámbito de sus funciones y subordinadas, en
todo caso, a los reglamentos que el Presidente de la República haya expedido para la
cumplida ejecución de las leyes.

Cuando de manera general la ley atribuye a un Ministerio funciones para expedir
reglamentos, debe entenderse, por una parte, que ellas constituyen simplemente una
manera de atribuir competencia en razón de la materia. Esto es, para los efectos previstos
en la ley, el Gobierno se conforma con la participación del Ministro al que se le ha atribuido
la competencia. En segundo lugar, es claro que en la órbita propia de las funciones de
cada Ministerio y con subordinación tanto a las directrices del Presidente como a los
reglamentos que éste, en ejercicio de la Potestad Reglamentaria, haya expedido, pueden
también los Ministros expedir reglamentos. Pero en ningún caso éstos pueden desplazar
a la competencia reglamentaria del Presidente de la República, frente a la cual tienen un
carácter residual y subordinado.

Debe tenerse en cuenta que los Ministerios son órganos dependientes cuya competencias
generales están previstas en la ley. La manera como están regulados en la Constitución
claramente indica su subordinación al Presidente de la República, de tal modo que no
tienen competencias autónomas. Todas las que se les atribuyan deben ejercerlas bajo la
dirección del Presidente de la República.

En los anteriores términos, no resulta inconstitucional que una ley atribuya, de manera
directa, a los Ministros del Despacho, competencias para expedir normas de carácter
general sobre las materias en ella contenidas, cuando tales normas correspondan a
regulaciones de carácter técnico u operativo, dentro de la orbita competencial del
respectivo Ministerio, por cuanto, en ese caso, la competencia de regulación tiene el
28

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carácter de residual y subordinada respecto de aquella que le corresponde al Presidente
de la Republica en ejercicio de la potestad reglamentaria (…)” 39

En síntesis, los ministerios para cumplir con los mandatos constitucionales y
legales, tendientes a ejecutar los planes gubernamentales, cuentan con facultad
reglamentaria que le permite regular determinados aspectos previstos en el
ordenamiento jurídico para el funcionamiento de la administración pública.

3.3 La competencia del Ministerio de Educación Nacional para regular el
servicio de educación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Política, la
educación es un servicio público, con función social y corresponde al Estado
regular y ejercer su suprema inspección y vigilancia, con el fin de velar por su
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos, que permita garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias
para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

Así pues, le compete a la Nación y a las entidades territoriales participar
activamente en la dirección, financiación y administración de los servicios
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

En virtud de lo anterior, el legislador expidió la Ley 115 de 1994, mediante la cual
se señalaron las normas generales para regular el Servicio Público de la
Educación, acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia
y de la sociedad; teniendo en cuenta para ello, los principios de la Constitución
Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, fundados en las
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de
servicio público.

Dicha ley define y desarrolla la organización y la prestación de la educación
formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no
formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a

39
Corte Constitucional, Sentencia C- 805 de 1 de agosto de 2001, M.P Rodrígo Escobar Gil
29

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campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y
psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran
rehabilitación social.

Es importante señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de la
Ley 115 de 1994, le corresponde al Congreso de la República dictar las normas
generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno Nacional para regular la educación como un servicio público con
función social, conforme con los artículos 150, numerales 19 y 23, y 365 de la
Constitución Política.

Asimismo, el artículo 147 de la referida ley, dispone que la Nación y las entidades
territoriales ejercerán la dirección y administración de los servicios educativos
estatales, en los términos que señalen la Constitución Política, la Ley 60 de 1993,
la presente ley y las demás que expida el Congreso Nacional.

De igual manera, la Ley 115 de 1994, establece las funciones del Ministerio de
Educación Nacional, para la prestación adecuada del servicio público educativo,
destacando entre otras las siguientes:

“(…) ARTICULO 148. Funciones del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de
Educación Nacional, en cuanto al servicio público educativo, tiene las siguientes
funciones:

1. De Política y Planeación:
a) Formular las políticas, establecer las metas y aprobar los planes de desarrollo del
sector a corto, mediano y largo plazo, de conformidad con lo establecido en la
Constitución Política;

b) Diseñar los lineamientos generales de los procesos curriculares;
(…)
2. De Inspección y Vigilancia:
a) Velar por el cumplimiento de la ley y de los reglamentos sobre educación;
b) Asesorar y apoyar a los departamentos, a los distritos y a los municipios en el desarrollo
de los procesos curriculares pedagógicos;
c) Evaluar en forma permanente la prestación del servicio educativo;
(…)
e) Cumplir y hacer cumplir lo establecido por el Escalafón Nacional Docente y por el
Estatuto Docente, de acuerdo con lo establecido en la presente ley.
3. De Administración:
a) Dirigir la actividad administrativa en el sector educativo y ejecutar la ley;
b) Coordinar a través de las Secretarías de Educación, o de los organismos que hagan
sus veces, la ejecución de los planes de desarrollo educativo en los departamentos,
distritos y municipios;
(…)

30

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d) Coordinar todas las acciones educativas del Estado y de quienes presten el servicio
público en todo el territorio nacional.
4. Normativas:
a) Fijar criterios técnicos para la aprobación de las plantas de personal del servicio
educativo estatal por parte de las entidades territoriales; b) Fijar los criterios técnicos
para el diseño de la canasta educativa;
c) Establecer los criterios para la actualización y el perfeccionamiento del personal
docente y administrativo;
d) Fijar los criterios técnicos para los concursos de selección, vinculación, ascenso y
traslado del personal docente y directivo docente que deberán realizarse en cada uno
de los departamentos y distritos, de conformidad con el Estatuto Docente y la presente
ley;
(…)
f) Preparar los actos administrativos y los contratos del Ministerio de Educación
Nacional, y
g) Elaborar y presentar al Congreso de la República proyectos de ley que permitan
mejorar la legislación educativa (…)”

Así las cosas, resulta que la mencionada ley le asigna una serie de competencias
al Ministerio de Educación Nacional para la administración y control del servicio
de educación.

En consonancia con lo anterior, el legislador con posterioridad, expidió la Ley 715
de 200140, en cuyo artículo 5° se advierte que se le asignaron competencias
especiales a la nación en materia de educación, señalando expresamente, que:
“Sin perjuicio de las establecidas en otras normas legales, corresponde a la Nación
ejercer las siguientes competencias relacionadas con la prestación del servicio público
de la educación en sus niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural:
5.1. Formular las políticas y objetivos de desarrollo para el sector educativo y dictar
normas para la organización y prestación del servicio. 5.2. Regular la prestación de los
servicios educativos estatales y no estatales (…), 5.6. Definir, diseñar y establecer
instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación. (…), 5.8. Definir, y
establecer las reglas y mecanismos generales para la evaluación y capacitación
del personal docente y directivo docente.” (Negrilla fuera de texto).

En este orden de ideas, se colige que el Ministerio de Educación Nacional cuenta
con potestades legales para expedir directrices o instrucciones tendientes a
reglamentar la prestación el servicio de educación en los establecimientos
educativos oficiales y privados, relacionados con la calidad del servicio, la
evaluación y capacitación del personal docente y directivo docente, a través de

40
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de
educación y salud”
31

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actos administrativos que permitan garantizar el funcionamiento y la óptima
prestación del servicio, en coordinación con los entes territoriales, dentro del
marco constitucional y legal existente.

3.4 El régimen de la carrera docente

La jurisprudencia constitucional41, en relación con la carrera docente, precisó que
el Decreto 2277 de 1979, organizó la prestación del servicio público esencial de
la educación, a través de la creación de un estatuto para el ejercicio de la
profesión docente. Dicho estatuto, además de contemplar las condiciones
generales para ejercer la docencia, distinguió entre educadores oficiales y no
oficiales, y creó el denominado Escalafón Nacional Docente, el cual conforme
con el artículo 8° del citado Decreto, se entendió como el sistema de clasificación
de los educadores de acuerdo con su preparación académica, experiencia
docente y méritos reconocidos.

De igual manera, la Corte resaltó que, dada su cobertura y alcance general, el
Escalafón Nacional Docente se previó para toda modalidad de educadores,
independiente de la institución educativa a la cual prestaran sus servicios 42. Lo
anterior, fue expresamente reconocido en los artículos 3° y 4° del Decreto 2277
de 1979, en los siguientes términos:

“Artículo 3º. Educadores Oficiales. Los educadores que presten sus servicios en entidades
oficiales de orden nacional, departamental, distrital, intendencial, comisarial y municipal, son
empleados oficiales de régimen especial que, una vez posesionados, quedan vinculados a
la administración por las normas previstas en este Decreto.

Artículo 4°. Educadores no oficiales. A los educadores no oficiales le serán aplicables las
normas de este Decreto sobre escalafón nacional docente, capacitación y asimilaciones. En
los demás aspectos del ejercicio de la profesión, dichos educadores se regirán por las
normas del Código Sustantivo del Trabajo, los pactos y convenciones colectivas y los
reglamentos internos, según el caso”43. (Subrayado por fuera del texto original).

En consecuencia, el Escalafón Nacional Docente se estableció como un sistema
de clasificación de los educadores para toda modalidad de docentes, ya sean
éstos del sector oficial o del no oficial. Sin embargo, en cuanto al primer grupo de
educadores, la inscripción en el Escalafón se convirtió en condición sine que non

41
Corte Constitucional, Sentencia C-1169 de 2004, M:P. Rodrigo Escobar Gil
42
Decreto 2277 de 1979, art. 8°.
43
Disposición declarada exequible mediante sentencia C-673 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
32

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para habilitar a dichos profesionales en el acceso, permanencia y retiro de la
carrera docente44.

Ahora bien, un análisis sistemático de los artículos 27 y subsiguientes del Decreto
2277 de 1979, permite concluir que, para ingresar a la carrera docente en el
sector oficial, se exigió no sólo la inscripción en el Escalafón Nacional Docente,
sino también la superación de las etapas en los procesos de selección o
concurso, el nombramiento en propiedad y la toma de posesión del cargo45. Esto
significa que el profesional en la educación del sector oficial, que no acreditara el
cumplimiento de los anteriores requisitos, no podía acceder a la carrera docente,
aun cuando se encontrara inscrito en el Escalafón Nacional.

En este orden de ideas, se concibió a la carrera docente como el régimen legal
de estabilidad, ascenso y permanencia en el sector oficial de la educación, a
través del mérito y la profesionalización de los educadores inscritos en el
Escalafón Nacional Docente. Al respecto, disponía el artículo 26 del Decreto 2277
de 1979:

“La carrera docente es el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en
el sector oficial, garantiza la estabilidad de dichos educadores en el empleo, les otorga el
derecho a la profesionalización, actualización y capacitación permanente, establece el
número de grados del escalafón docente y regula las condiciones de inscripción, ascenso y
permanencia dentro del mismo, así como la promoción a los cargos directivos del carácter
docente”.

A pesar de que el Decreto 2277 de 1979 tenía como objetivo el desarrollo de la
educación en el sector oficial a través de los beneficios y garantías de la carrera
docente, algunas disposiciones legales, proferidas con posterioridad, permitieron
la prestación de dicho servicio público por intermedio de educadores vinculados
mediante contratos de prestación de servicios. Sin embargo, hacia el año de
1993, y, puntualmente, en el artículo 6° de la Ley 60 del mismo año, se ordenó
perentoriamente la sujeción de la educación oficial al sistema de carrera previsto

44
Al respecto, el inciso 2° del artículo 8° del Decreto 2277 de 1979, dispuso que: “La inscripción en dicho Escalafón
habilita al educador para ejercer los cargos de la Carrera Docente”. De igual manera, los artículos 27 y 28, determinaron:
“Artículo 27. Gozarán de los derechos y garantías de la carrera docente los educadores oficiales que estén inscritos en el
Escalafón Docente, sean designados para un cargo docente en propiedad y tomen posesión del mismo”. “Artículo 28. El
educador escalafonado al servicio oficial no podrá ser suspendido o destituido del cargo, sin antes haber sido suspendido
o excluido del escalafón (...)”. (Subrayado por fuera del texto original).
45
Reitérese, al respecto, lo previsto en el artículo 27 del Decreto 2277 de 1979, conforme al cual: “Gozarán de los
derechos y garantías de la carrera docente los educadores oficiales que estén inscritos en el Escalafón Docente, sean
designados para un cargo docente en propiedad y tomen posesión del mismo”. (Subrayado por fuera del texto original).
33

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en el artículo 125 de la Constitución Política y, por ende, la eliminación paulatina
de los contratos de prestación de servicios vigentes.

Posteriormente, se expidió el Acto Legislativo N° 01 de 2001, a través del cual se
modificó el artículo 357 de la Constitución, en el sentido de crear el Sistema
General de Participaciones, lo cual condujo a la necesidad de realizar algunos
ajustes normativos en las disposiciones preexistentes en materia de educación,
entre ellas, las referentes al régimen de carrera para el personal docente; pues
así lo exigía la nueva distribución de competencias y recursos públicos para la
prestación de dicho servicio por parte de las distintas autoridades del Estado.

Con el propósito de adecuar las modificaciones realizadas por el Acto Legislativo
No. 01 de 2001, al servicio público de la educación, el Congreso mediante la Ley
715 de 2001, revistió al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias, para crear un nuevo régimen de carrera docente y administrativo
destinado a derogar el previsto en el Decreto 2277 de 1979, cuya denominación
legal sería Estatuto de Profesionalización Docente46.

Con fundamento en las citadas facultades extraordinarias, se expidió el Decreto-
Ley 1278 de 2002, mediante el cual se creó el nuevo Estatuto de
Profesionalización Docente, aplicable a aquellos docentes vinculados después
de la vigencia de la Ley 715 de 2001.

Así pues, el artículo 16 del mencionado Decreto 1278 de 2002, dispone que la
carrera docente es el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión

46
Así las cosas, a través del artículo 111.2 de la Ley 715 de 2001 (Ley Habilitante), se dispuso que: “Se conceden
facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia
de la presente ley para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los docentes, directivos
docentes, y administrativos, que ingresen a partir de la promulgación de la presente ley, que sea acorde con la nueva
distribución de recursos y competencias y con los recursos.
El nuevo régimen de carrera docente y administrativa se denominará Estatuto de Profesionalización Docente y tomará
en cuenta entre otros los siguientes criterios:
1. Mejor salario de ingreso a la carrera docente.
2. Requisitos de ingreso.
3. Escala salarial única nacional y grados de escalafón.
4. Incentivos a mejoramiento profesional, desempeño en el aula, ubicación en zonas rurales apartadas, áreas de
especialización.
5. Mecanismos de evaluación, capacitación, permanencia, ascensos y exclusión de la carrera.
6. Oportunidades de mejoramiento académico profesional de los docentes.
7. Asimilación voluntaria de los actuales docentes y directivos docentes contemplados en el Decreto-Ley 2277
de 1979.
Para la preparación del proyecto de Estatuto Profesionalización Docente, el Ministerio de Educación Nacional conformará
un grupo de trabajo integrado por dos representantes del Honorable Congreso de la República, dos representantes de la
Federación Colombiana de Educadores, dos expertos designados por el señor Presidente de la República, y el Ministro
de Educación Nacional, quien presidirá el grupo. Elegido un nuevo Presidente de la República, éste designará a una
persona para que integre dicho grupo de trabajo”.
34

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docente en el sector estatal. Se basa en el carácter profesional de los
educadores; depende de la idoneidad en el desempeño de su gestión y de las
competencias demostradas; garantiza la igualdad en las posibilidades de acceso
a la función para todos los ciudadanos aptos para el efecto; y considera el mérito
como fundamento principal para el ingreso, la permanencia, la promoción en el
servicio y el ascenso en el Escalafón.

Así pues, en el nuevo Estatuto de Profesionalización Docente, se estableció
expresamente que gozaran de los derechos y garantías de la carrera docente los
educadores estatales que sean seleccionados mediante, concurso, superen
satisfactoriamente el periodo de prueba, y sean inscritos en el Escalafón Docente.
(Artículo 18).

De esta manera, se en dicha normativa se definió el Escalafón Docente como un
“sistema de clasificación de los docentes estatales de acuerdo con su formación
académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias, constituyendo los
distintos grados y niveles que puedan ir alcanzando durante su vida laboral y que
garantizan la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada
en su labor y permitiendo asignar el correspondiente salario profesional. La idoneidad
encierra el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, rendimiento y
valores que se consideran imprescindibles para el desempeño de la función docente.
(…)” (artículo 19).

Por su parte, el inciso segundo del artículo 23 del Decreto Ley 1278 de 2002
señaló que: “Los ascensos en el Escalafón y la reubicación en un nivel salarial superior
procederán cuando la entidad territorial certificada convoque a evaluación de
competencias y se obtenga el puntaje establecido en el artículo 36 de este decreto. Dicha
convocatoria establecerá el monto de la disponibilidad presupuestal para efectos de
ascenso y reubicación salarial. No podrán realizarse ascensos y reubicación que
superen dicha disponibilidad. (…)”.

De acuerdo con lo anterior, se advierte que la capacitación e idoneidad
profesional del educador son elementos determinantes para el ingreso a la
carrera y la permanencia y/o ascenso en el Escalafón Docente, pues los mismos
revelan las competencias y aptitudes del servidor para el ejercicio del cargo, los
cuales son necesarios para que la función que cumplan sea acorde con las
35

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finalidades que el interés general espera de los empleados que prestan sus
servicios del Estado.

4. El caso concreto

Los señores José Leonardo Ospina Agudelo y Pedro Juan Montoya Gallego,
solicitaron la nulidad del Decreto 1757 de 1° de septiembre de 2015 , proferido
por el Gobierno Nacional, a través de del Ministerio de Educación Nacional y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque consideran que el referido acto
administrativo se expidió con desconocimiento de las normas superiores en las
que debía fundarse, al no aplicar el principio de igualdad previsto en la
Constitución y los artículos 16, 35 y 36 del Decreto Ley 1278 de 2002 y los
artículos 2, 9, 12 y 13 del Decreto 2715 de 2009.

Agregó que el Gobierno Nacional incurrió en un exceso de la potestad
reglamentaria, al determinar que la evaluación diagnóstica-formativa se aplicaría
a los educadores que entre los años 2010 y 2014 no lograron el ascenso de grado
o la reubicación en un nivel salarial superior.

Por su parte, los Ministerio de Educación Nacional y de Hacienda y Crédito
Público, se opusieron a las pretensiones de la demanda, argumentando que i) el
acto acusado fue expedido en ejercicio de las facultades que le otorga la
constitución y la ley al Gobierno Nacional; ii) el decreto cuestionado reglamenta
la evaluación de competencias de que trata el artículo 35 del Decreto Ley 1278
de 2002, teniendo en cuenta los parámetros definidos en el mencionado decreto
y en el Decreto 2715 de 2009; iii) la norma demandada no impide, ni restringe al
personal docente que de forma autónoma desee realizar la evaluación y; iv) el
decreto demandado no vulnera los derechos de docentes sindicalizados, dado
que respetó el acuerdo suscrito entre FECODE y el Gobierno Nacional el 7 de
mayo de 2015.

4.1 Las evaluaciones aplicadas a los docentes

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 1278 de 2002, el
ejercicio de la carrera docente está ligado a la evaluación permanente del

36

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educador, lo cual comprenderá al menos la preparación profesional, el
compromiso y competencias, la aplicación al trabajo y medirá, de manera
objetiva, la responsabilidad profesional y funcional; la formación o
perfeccionamiento alcanzado; la calidad de desempeño; la capacidad para
alcanzar los logros, los estándares o los resultados de sus estudiantes, y los
méritos excepcionales47.

En este sentido, los profesionales de la educación son personalmente
responsables de su desempeño en la labor correspondiente y, en tal virtud,
deberán someterse a los procesos de evaluación de su labor, con el fin de
garantizar la calidad en la prestación del servicio.

El referido artículo 266, también destaca que la evaluación tiene por objeto
verificar que, en el desempeño de sus funciones, los servidores docentes y
directivos mantienen niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que justifican la
permanencia en el cargo, los ascensos en el Escalafón y las reubicaciones en los
niveles salariales dentro del mismo grado.

El parágrafo de la mencionada norma faculta, expresamente, al Gobierno
Nacional para reglamentar el sistema de evaluación de los docentes y directivos
docentes, para cada grado y nivel salarial, teniendo en cuenta los criterios y
parámetros establecidos en el Decreto 1278 de 2002.

Por su parte el artículo 27 del Decreto 1278 de 2002, establece tres tipos de
evaluación a los que serán sometidos permanentemente los docentes en el
ejercicio de su profesión, esto es: a) Evaluación de período de prueba48; b)

47
Decreto Ley 1278 de 2002 artículo 30. Alcance de la Evaluación
48
ARTÍCULO 31. Evaluación de período de prueba. Al término de cada año académico se realizará una evaluación de
período de prueba, que comprenderá desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes
y directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan estado sirviendo el cargo por
un período no menor a los cuatro (4) meses durante el respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año
académico siguiente.

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igual o superior al sesenta por ciento (60%) en la
evaluación de desempeño y de competencias del período de prueba, la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en
el Escalafón Docente, en el grado que les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten, según lo
dispuesto en el artículo 21 de este decreto. Los docentes que obtengan una calificación inferior al sesenta por ciento
(60%) en la evaluación de desempeño o en competencias, serán retirados del servicio.

Los directivos docentes que obtengan una calificación inferior al sesenta por ciento (60%) en des empeño o en
competencias en la evaluación del período de prueba, si se encontraban inscritos en el Escalafón Docente, serán
regresados a la docencia una vez exista vacante. Si no se encontraban inscritos, serán retirados del servicio.

37

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Evaluación ordinaria periódica de desempeño anual49; y c) Evaluación de
Competencias.

En relación con los objetivos de la evaluación docente, el artículo 28 del Decreto
1278 de 2002, define los siguientes:

“a. Estimular el compromiso del educador con su desarrollo profesional, su rendimiento y
la capacitación continua, en búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación.

b. Conocer los méritos de los docentes y directivos docentes y comprobar la calidad de
su actuación frente al estudiantado y a la comunidad, en lo atinente al desempeño de sus
funciones.

c. Medir la actualización pedagógica y los conocimientos específicos, con el fin de
detectar necesidades de capacitación y recomendar métodos que mejoren el rendimiento
en su desempeño.

d. Estimular el buen desempeño en el ejercicio de la función docente mediante el
reconocimiento de estímulos o incentivos.

e. Establecer sobre bases objetivas cuáles docentes y directivos docentes deben
permanecer en el mismo grado y nivel salarial o ser ascendidos, reubicados en el nivel
salarial siguiente, o separados del servicio, por no alcanzar los niveles mínimos de calidad
exigidos para el desempeño de las funciones a su cargo. (…)”.

Ahora bien, es importante resaltar que el Decreto 1278 de 2002 en su artículo 29,
define los principios a los que deben sujetarse las evaluaciones que se realicen
a los docentes. Al respecto, la disposición describe lo siguiente:

“(…) ARTÍCULO 29. Principios de la evaluación. Las distintas evaluaciones se
sujetarán a los siguientes principios:

a. Objetividad: prescindencia de criterios subjetivos en las calificaciones asignadas.

b. Confiabilidad: validez de los instrumentos en función de los objetivos de la evaluación.

c. Universalidad: Analogía de los criterios de evaluación para funciones equivalentes,
sin perjuicio de resguardar las especificidades correspondientes.

d. Pertinencia: distribución razonable de las calificaciones en diferentes posiciones que
permitan distinguir adecuadamente desempeños inferiores, medios y superiores.

e. Transparencia: amplio conocimiento por parte de los docentes evaluados de los
instrumentos, criterios y procedimientos de evaluación.

Parágrafo. Quien sin justa causa no se presente a una evaluación de período de prueba será retirado del servicio, a
menos que provenga del servicio docente estatal, en cuyo caso será reubicado en la docencia y devengará el salario que
corresponda a dicho cargo, de acuerdo con el grado y nivel salarial que poseía.
49
ARTÍCULO 32. Evaluación de desempeño. Entiéndese por evaluación de desempeño la ponderación del grado de
cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña el docente odirectivo y al logro
de los resultados.
Será realizada al terminar cada año escolar a los docentes o directivos que hayan servido en el establecimiento por un
término superior a tres (3) meses durante el respectivo año académico. El responsable es el rector o director de la
institución y el superior jerárquico para el caso de los rectores o directores.
38

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f. Participación: En el proceso de evaluación de desempeño participarán distintos
actores incluyendo las autoridades educativas, los superiores, los colegas, el consejo
directivo, los padres de familia y los estudiantes.

g. Concurrencia: La evaluación del desempeño de los educadores concurrirá con el
resultado de logros de los alumnos, y en el caso de los directivos concurrirá con los
resultados de la institución. (…)”.

Con relación a las evaluaciones docentes, la Corte Constitucional, al examinar la
constitucionalidad del artículo 26, de los incisos tercero y cuarto del artículo 31,
del inciso segundo del artículo 32, del inciso segundo del artículo 35, el numeral
primero del artículo 36 y el literal d) del artículo 63 del Decreto Ley 1278 de 2002;
mediante sentencia C-734 de 2003, declaró la exequibilidad de los textos
normativos demandados, al considerar que “no existe desproporción o irracionalidad
en que para garantizar los fines constitucionales del servicio educativo se efectué una
evaluación luego del período de prueba, que a quien ha sido inscrito y escalafonado en
la carrera se le evalúe cada año, o que a quien pretende ascender o ser reubicado en
un nivel salarial superior se le someta a una evaluación de competencias que permita la
selección por mérito de los mejores candidatos”. Al respecto, la Corte desarrolló las
siguientes consideraciones:

“(…) Al respecto la Corte constata que las normas establecidas en el capítulo IV del
Decreto 1278 de 2002 sobre evaluación de los decentes desarrollan los mandatos
superiores que orientan la carrera administrativa para asegurar el cumplimiento de los
fines del Estado en materia educativa (arts. 2, 67 y 68 C.P) y la eficiente prestación del
servicio público de educación que como lo señala la Constitución debe estar a cargo de
personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica (art. 68 C.P.).

La evaluación, como se explicó en los apartes preliminares de este acápite, no puede
considerarse como contrapuesta al derecho a la estabilidad de los docentes sino como
el presupuesto necesario para que se garantice la calidad, la profesionalización y la
dignificación de su actividad llamada a cumplir una función social de vital importancia
(art. 67 C.P.).

Como también ya se anotó, la Constitución señala, dentro de las causales de retiro de la
carrera administrativa, la calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo y deja
en manos del legislador la posibilidad de establecer otras causales en función del
cumplimiento de dichos mandatos y objetivos superiores. Por ello no puede considerarse
como lo hace el actor que los derechos de carrera y en particular el derecho a la
estabilidad impida al Estado la realización de evaluaciones periódicas que permitan
calificar el desempeño de los docentes y mucho menos que el legislador no pueda
establecer mecanismos para determinar los méritos y calidades de quienes se
encuentran en período de prueba o de quienes pretenden ascender en el escalafón de
la carrera docente.

Ahora bien, conforme a los principios constitucionales enunciados, va de suyo que en las
evaluaciones legalmente previstas la autoridad correspondiente deberá reflejar el peso
prioritario y preponderante que tienen los criterios y factores objetivos, previstos en el
propio decreto 1278 de 2002, sobre los meramente subjetivos de evaluación. (…)”
39

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Para el caso concreto, se debe precisar que uno de los tipos de valoración
docente establecidas en el Decreto Ley 1278 de 2002, es la evaluación de
competencias regulada en el artículo 35 y en el numeral 2° del artículo 36, en
cuyo tenor literal indica lo siguiente:

“ARTÍCULO 35. Evaluación de competencias. La competencia es una característica
subyacente en una persona causalmente relacionada con su desempeño y actuación
exitosa en un puesto de trabajo.

La evaluación de competencias será realizada cada vez que la correspondiente entidad
territorial lo considere conveniente, pero sin que en ningún caso transcurra un término
superior a seis (6) años entre una y otra. Se hará con carácter voluntario para los
docentes y directivos docentes inscritos en el Escalafón Docente que pretendan ascender
de grado en el Escalafón o cambiar de nivel en un mismo grado. Se hará por grados en
el escalafón y por cargos directivos docentes. Debe permitir la valoración de por lo menos
los siguientes aspectos: competencias de logro y acción; competencias de ayuda y
servicio; competencias de influencia; competencias de liderazgo y dirección;
competencias cognitivas; y competencias de eficacia personal.

Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional será responsable del diseño de las
pruebas de evaluación de competencias y definirá los procedimientos para su aplicación,
lo cual podrá hacerse a través de cualquier entidad pública o privada que considere
idónea.

ARTÍCULO 36. Resultados y consecuencias de las evaluaciones de desempeño y
de competencias. Las evaluaciones de desempeño y de competencias tendrán las
siguientes consecuencias según sus resultados:

(…)

2. Evaluación de competencias:

Serán candidatos a ser reubicados en un nivel salarial superior, o a ascender en el
escalafón docente, si reúnen los requisitos para ello, quienes obtengan más de 80% en
la evaluación de competencias. Para las reubicaciones y ascensos se procederá en
estricto orden de puntaje hasta el monto de las disponibilidades presupuestales anuales.

Parágrafo. Las evaluaciones de desempeño son susceptibles de los recursos de
reposición y apelación, los cuales deben ser resueltos dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a su presentación, por el inmediato superior y por el superior jerárquico
respectivamente. (…)”.

De los textos transcritos se advierten los siguientes presupuestos:

• La evaluación de competencias corresponde a una valoración del desempeño
del docente en el puesto de trabajo, como miras a examinar sus capacidades
e idoneidad en el ejercicio del cargo.

40

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• Se realizará cada vez que la entidad territorial lo considere conveniente, sin
que en ningún caso transcurra un tiempo superior a 6 años entre una y otra
evaluación.

• La valoración tiene un carácter voluntario para los docentes y directivos
inscritos en el Escalafón Docente que pretendan ascender de grado en el
Escalafón o cambiar de nivel en un mismo grado.

• Se realizará por grados en el Escalafón y por cargos directivos docentes.

• Debe permitir la valoración por lo menos de los siguientes aspectos:
competencias de logro y acción; competencias de ayuda y servicio;
competencias de influencia; competencias de liderazgo y dirección;
competencias cognitivas; y competencias de eficacia personal.

• Para aprobar la evaluación de competencias se debe obtener un puntaje
equivalente al 80%.

• El ascenso y la reubicación salarial en el Escalafón Docente procede, cuando
el docente cumpla con el puntaje exigido en la evaluación de competencias y
acredite el respectivo título académico, la experiencia exigida y el tipo de
nombramiento de que trata el artículo 21 del Decreto Ley 1278 de 2002.

• Para las reubicaciones y ascensos se procederá en estricto orden de puntaje
hasta el monto de las disponibilidades presupuestales anuales.

Los anteriores presupuestos, fueron la base jurídica para que el Gobierno
Nacional reglamentara la evaluación de competencias prevista en los artículos
26 y 35 del Decreto Ley 1278 de 2002, a través del Decreto 2715 de 21 de julio
de 200950, en cuyo contenido se definieron aspectos relacionados con: i)
conceptos generales (los requisitos para ascender y ser reubicado, las
características de los nombramientos, el tiempo de servicio y evaluaciones de
desempeño), ii) responsabilidades ( competencias de las entidades y docentes),
iii) el proceso de evaluación de competencias, iv) reubicación de nivel salarial

50
“Por el cual se reglamenta la evaluación de competencias de los docentes y directivos docentes regidos por el Decreto-
ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones”
41

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dentro del mismo grado y ascensos de grado en el Escalafón Docente (conceptos
y procedimiento).

4.2 Análisis de los cargos contra el Decreto 1757 de 2015.

Con fundamento en la reglamentación expedida con el Decreto 2715 de 2009, el
Ministerio de Educación Nacional creó el proyecto estratégico “Mejoramiento de
la Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media” y dentro de los
programas que incluyó, se encuentra el del sistema de aseguramiento de la
calidad para la educación preescolar, básica y media, lo cual le permitió iniciar
los procesos de evaluación de competencias de los docentes en el año 2010, con
pruebas de tipo papel y lápiz.

En el mes de julio de 2014, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la
Dirección de Calidad Preescolar, Básica y Media Subdirección de Referentes y
Evaluación de la Calidad Educativa; expidió el informe de Resultados de la
Evaluación de Competencias para el Ascenso o la Reubicación de Nivel Salarial
en el Escalafón de Docentes y Directivos Docentes Regidos por el Decreto Ley
1278 de 200251, en el que consta la cantidad de educadores que voluntariamente
participaron en la evaluación de competencias y el porcentaje de maestros que
superaron satisfactoriamente el examen, durante los años 2010, 2011, 2012 y
2013, así:

51
Informe de público acceso, visible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-244742.html
42

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Educadores inscritos por tipo de movimiento
80000
68052
70000
61603
60000 53970
49359
50000 46704
43728
40000 33467
29208
30000
20000
10000 4259 4611 6449
2976
0
2010 2011 2012 2013

Ascenso Reubicación Salarial Total

Adicionalmente el informe del Ministerio de Educación revela el porcentaje de
docentes que obtuvieron más del 80% en la evaluación de competencias, de
acuerdo con lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 36 del Decreto Ley
1278 de 2002, en los siguientes términos:

“(…)

Docentes que superaron las pruebas según tipo de movimiento
45000 41440
40000 36696
35000
30000

Título del eje
25000
20000
12373 13631
15000
9469 10369
87418699
10000 67858069
4744
5000 1956 630 900 1258
0
Ascenso Reubicación Total
2010 1956 6785 8741
2011 630 8069 8699
2012 900 9469 10369
2013 1258 12373 13631
Total 4744 36696 41440

(…)

TABLA 4. Porcentaje de educadores que obtuvieron calificaciones mayores a 80%

43

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Descriptor 2010 2011 2012 2013 Porcentaje
del total
Porcentaje de docentes que 45.9% 21.2% 19.5% 19.5% 25.9%
superan la prueba de Ascenso
Porcentaje de docentes que 23.2% 18.5% 19.2% 20.1% 20.0%
superan la prueba de
Reubicación
Proporción de Éxito = % 1.98% 1.15% 1.02% 0.97% 1.30%
superan Ascenso ÷ % superan
Reubicación

(…)”
En efecto, para el Ministerio de Educación Nacional, era evidente que entre los
años 2010 y 2013, respectivamente, el 25.9% y el 20% de los docentes que
participaron voluntariamente en la evaluación de competencias, obtuvieron una
calificación mayor al 80% que exige la norma (numeral 2° del artículo 36 del
Decreto 1278 de 2002) para optar por el ascenso en el Escalafón Docente y la
reubicación salarial.

Pese a tales resultados, el Gobierno Nacional, con posterioridad, expidió el
Decreto 1075 del 26 de mayo 2015 - Decreto Único reglamentario del sector
educación - el cual en su capítulo 4 sección 1, reglamentó los requisitos para
ascender y ser reubicado en el Escalafón Docente, según lo dispuesto en el
numeral segundo del artículo 36 del Decreto 1278 de 2002 y el Decreto 2715 de
2009. Asimismo, en las secciones 3 y 4 del citado Decreto 1075 de 2015, se
reglamentaron las etapas del proceso de evaluación, la convocatoria, la
inscripción en el proceso, la reubicación de nivel salarial y ascenso de grado y el
procedimiento.

No obstante, lo anterior, la Federación Colombiana de Educadores – FECODE –
antes de la expedición del referido Decreto 1075 de 2015, el 26 de febrero del
mismo año, había radicado pliego de peticiones ante el Ministerio de Educación
Nacional, manifestando entre otras cosas su inconformidad, porque la evaluación
por competencias a que hacía referencia el Decreto 1278 de 2002, estaba
condicionada a la racionalización del gasto público, lo cual restringía el ascenso
y la reubicación de los maestros, dado que solo el 20% de los educadores
aprobaban la evaluación.

En consecuencia, en el marco de dichas negociaciones, el Gobierno Nacional en
cabeza del Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo, y FECODE, el 7
44

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de mayo de 2015, suscribieron el acta de acuerdos, en cuyo contenido acordaron
resolver la situación de los docentes que no habían logrado el ascenso de grado
durante los años 2010 y 2014, comprometiéndose entonces, el Gobierno
Nacional, a expedir una reglamentación transitoria para establecer la modalidad
de evaluación de que trata el artículo 35 del Decreto 1278 de 2002, en los
siguientes términos:

“(…) 1. ESCALAFÓN Y EVALUACIÓN DE DOCENTES QUE NO HAN LOGRADO EL
ASCENSO DE GRADO O LA REUBICACIÓN.

El Gobierno Nacional se compromete en un plazo de diez (10) días a presentar a
FECODE un proyecto de decreto que defina el instrumento o procedimiento tendiente a
viabilizar jurídicamente un proceso de reinscripción o actualización en el escalafón de los
educadores que, habiendo participado en procesos de evaluación de competencias, no
hayan podido lograr el ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial. (…)

Este proceso de reinscripción o actualización en el escalafón docente tendrá como
criterios básicos los siguientes:

1-Se basará en una evaluación de carácter diagnostico formativo efectuada por pares.
Dicha evaluación deberá basarse preponderantemente en la observación de videos de
clase entregados por los docentes candidatos al ascenso o reubicación, y en la
evaluación entre docentes. La definición de los criterios de dicha evaluación, así como el
instrumento para aplicarla se realizará una comisión conformada por el Ministerio de
Educación Nacional, FECODE y las facultades de educación de reconocida idoneidad.
Quienes aprueban esta evaluación adquieren el derecho a la reinscripción o actualización
en el escalafón docente, de conformidad con el procedimiento que se establezca en el
decreto reglamentario, acorde con su título.

2- Los educadores que no aprueban la evaluación diagnostica formativa, deberán
tomar cursos de capacitación, diseñados por facultades de educación de reconocida
idoneidad y aprobados por el Ministerio de Educación, tendientes a solucionar las
falencias detectadas en los resultados de esta evaluación. Con la certificación del
respectivo curso se procederá a la reinscripción o actualización del escalafón.

3- La aplicación de esta evaluación diagnostico formativa deberá convocarse de
manera prioritaria para aquellos docentes que a la fecha no hayan logrado el ascenso de
grado o la reubicación de nivel salarial. La primera evaluación diagnostico formativa se
realizará la tercera semana de septiembre de 2015.

2. EVALUACIÓN DIAGNOSTICO FORMATIVA COMO REQUISITO DE ASCENSO Y
REUBICACIÓN PARA LOS DOCENTES DEL ESTATUTO.

En adelante, y mientras se consensua un Estatuto Único Docente, los educadores
cobijados por el estatuto 1278 de 2002 deberán presentar la evaluación diagnóstico-
formativa descrita en el numeral anterior, de conformidad con los criterios que acuerde la
comisión integrada para tal fin por el Ministerio de Educación, FECODE y facultades de
educación de reconocida idoneidad. El Ministerio de Educación deberá suministrar
retroalimentación oportuna y completa a todos los docentes que presenten esta
evaluación, cuyos resultados deben servir para la definición de planes de formación y
mejoramiento. Si el docente no la aprueba podrá presentarla nuevamente en la siguiente
convocatoria, incluso, si esta se realiza en el mismo periodo anual. (…)”.

45

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La firma de dicho compromiso coincidió en fechas con la expedición del Decreto
1075 de 2015, razón por la cual, el Gobierno Nacional, para cumplir con lo
pactado, expidió el Decreto 1757 de 2015, “Por medio del cual reglamenta parcial
y transitoriamente el Decreto Ley 1278 de 2002, en materia de evaluación para
ascenso de grado y reubicación de nivel salarial (…)”, y en su artículo primero
dispuso, adicionar el Decreto 1075 de 2015 una Sección 5, al Capítulo 4, Título
1, Parte 4, Libro 2, con las normas que reglamentaban la evaluación diagnóstica
formativa para los educadores que no lograron el ascenso de grado o la
reubicación en un nivel salarial superior entre los años 2010 – 2014, en el acápite
donde se encuentran previstas las disposiciones relativas a la actividad laboral
docente en los niveles de preescolar, básica y media.

El Decreto 1757 de 2015, en su parte considerativa, tomó como fundamento lo
dispuesto en los artículos 27 y 68 de la Constitución Política, el artículo 77 de la
Ley 115 de 1994 y el Decreto Ley 1278 de 2002, para advertir que el servicio
educativo estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y
pedagógica, por lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del mencionado
Decreto 1278 de 2002, corresponde al Gobierno Nacional reglamentar el sistema
de evaluación de competencias docentes y directivos para los ascensos en el
escalafón y las reubicaciones de nivel salarial dentro del mismo grado.

Adicionalmente, el Decreto 1757 de 2015, resaltó que por razón a los acuerdos
suscritos entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de
Trabajadores de la Educación -FECODE, el 7 de mayo de 2015, aunado a lo
dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 2, Capítulo 4, que
reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT; se
procedió a expedir una reglamentación transitoria para establecer la modalidad
de la evaluación de que trata el artículo 35 del Decreto Ley 1278 de 2002, que
será aplicada a los educadores que entre los años 2010 y 2014 no lograron el
ascenso de grado o la reubicación en un nivel salarial superior, la cual tendrá
carácter diagnóstica formativa.

De esta manera, se destaca que el Decreto 1757 de 2015 tiene por objeto
“reglamentar transitoriamente una modalidad de la evaluación de que trata el artículo 35
del Decreto Ley 1278 de 2002 que será aplicada a los educadores que entre los años
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2010 y 2014 no lograron el ascenso de grado o la reubicación en un nivel salarial
superior, la cual tendrá carácter diagnóstico formativa.”.

En el articulado del Decreto 1757 de 2015, se definieron aspectos relacionados
con: i) el ámbito de aplicación, ii) las características de la evaluación, iii) los
requisitos para participar, iv) las competencias del Ministerio de Educación
Nacional y entidades territoriales, v) la responsabilidad de los educadores, vi) las
etapas del proceso, vii) la convocatoria, la inscripción, viii) los resultados y
procedimiento, y ix) la procedibilidad de los cursos de formación.

Una vez aclarado este contexto, es importante señalar que, si bien, la Evaluación
de Competencias se estableció en el artículo 35 del Decreto Ley 1278 de 2002,
también es cierto que este instrumento de valoración docente se reglamentó
hasta el mes de julio del año 2009, con la expedición del Decreto 2715 de la
misma anualidad, por lo que el Ministerio de Educación Nacional hasta el año
2010 inició el proceso de evaluación de competencias de los educadores, con
pruebas de tipo papel y lápiz.

Adicionalmente, se observa que de los docentes que participaron
voluntariamente en el proceso de evaluación de competencias entre los años
2010 y 2013, solo cerca del 25% logró obtener un puntaje superior al 80%, que
exige el numeral 2° del artículo 36 del Decreto Ley 1278 de 2002, para aspirar a
ascender en el Escalafón y acceder a la reubicación salarial, tal situación llamó
la atención de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -
FECODE, por lo que dentro del pliego de peticiones radicado ante el Ministerio
de Educación Nacional, el 26 de febrero de 2015, solicitó la estructuración de un
instrumento o procedimiento tendiente a viabilizar jurídicamente un proceso de
reinscripción o actualización en el escalafón de los educadores que, habiendo
participado en procesos de evaluación de competencias, no hayan podido lograr
el ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial, lo cual fue un compromiso
adquirido por el Gobierno Nacional en el Acta de 7 de mayo de 2015.

En efecto, para FECODE y el Gobierno Nacional los bajos porcentajes de
docentes que aprobaron la evaluación de competencias entre los años 2010 y
2014 revelaba la necesidad de desarrollar un instrumento que no solo valorara
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los conocimientos y capacidades docentes, directivos y orientadores, sino que,
además, permitiera diagnosticar las falencias del educador, para realizar una
retroalimentación con miras a fomentar la formación o el mejoramiento
profesional del servidor, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6852 de
la Constitución la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad
ética y pedagógica, por lo que la ley garantiza la profesionalización y dignificación
de la actividad docente.

En este sentido, la situación ocurrida con algunos educadores llevó a la
necesidad de establecer un instrumento que permitiera verificar las condiciones
profesionales de los docentes y directivos que durante el tiempo en que se realizó
la evaluación de competencias escritas entre los años 2010 y 2014 no aprobaron
satisfactoriamente el examen y, por consiguiente, no lograron el ascenso de
grado o la reubicación en un nivel salarial superior.

Bajo esta óptica se destaca que la prueba diagnóstica a la que hace referencia
el Decreto 1757 de 2015, tiene un enfoque cualitativo, con el cual se busca incidir
positivamente en la transformación de la práctica educadora, pedagógica y
directiva del personal docente, en la medida en que se dirige a estimular, conocer
y medir el conocimiento y capacidades de los educadores, con el fin de garantizar
el mejoramiento profesional del servidor, por lo que ello denota que la norma
demandada cumple con los objetivos de las evaluaciones descritos en el artículo
28 del Decreto Ley 1278 de 2002, aunado a que atiende el principio de eficacia
que rige a las entidades administrativas y el ejercicio de la función pública.

En este orden de ideas, es preciso indicar, que la determinación de un sujeto
concreto como destinatario de la evaluación diagnostica de que trata el Decreto
1757 de 2015, esto es, “(…) los educadores que entre los años 2010 y 2014 no

52
“ARTICULO 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para
su creación y gestión.
La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación.
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la
profesionalización y dignificación de la actividad docente.
Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos
del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.
Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.
La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades
excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.” (Negrilla fuera de texto)

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lograron el ascenso de grado o la reubicación en nivel salarial superior (…)”, se sustenta
en un mandato superior, consistente en el deber del Estado de garantizar que el
servicio educativo esté a “cargo de personas de reconocida idoneidad ética y
pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad
docente.”53, aunado a la eficiencia como principio rector que rige el sistema de
evaluación docentes previsto en el inciso segundo del artículo 26 del Decreto Ley
1278 de 2002.

Lo anterior, por cuanto, las circunstancias fácticas que dieron origen al decreto
demandado, dan cuenta de la existencia de una situación razonable para
establecer un sujeto determinado y/o destinatario de la evaluación diagnóstica,
esto es, los resultados de la evaluación de competencias realizadas en dicha
época, lo cual imponía la necesidad de efectuar una nueva valoración al referido
grupo de docentes, que no solo permitiera estimularlos desde el punto de vista
salarial y de ascenso en el escalafón, sino que además permitiera analizar, con
mayor detenimiento, las cualidades cognitivas y pedagogías, del servidor, con el
fin de brindar una oportunidad de mejora profesional a partir de la formación.

Así pues, contrario a lo manifestado por la parte demandante y por el Ministerio
Público, del texto normativo descrito en el decreto demandado, no se puede
inferir un desconocimiento del principio de igualdad o trato discriminatorio, por
cuanto que los aspectos reglamentados de ninguna manera eliminan la
posibilidad de que los docentes, que cumplieran requisitos y contaran con las
competencias necesarias, pudiesen ascender o mejorar dentro de su grado, toda
vez que el acto administrativo cuestionado, de ninguna manera restringe o impide
el acceso a los docentes, directivos y orientadores que voluntariamente hubiesen
deseado someterse al proceso de evaluación de competencias de trata los
artículos 35 y 36 del Decreto Ley 1278 de 2002 y el Decreto reglamentario 2715
de 2009. Así mismo, tampoco limitó, expresamente, la posibilidad de que aquellos
educadores que superaron la prueba inicial de competencias pudieran participar
en una futura convocatoria.

53 Inciso segundo artículo 68 de la constitución Política.

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Es importante mencionar que el Gobierno Nacional, al considerar que el proceso
de evaluación reglamentado en el Decreto 1757 de 2015, cumplió con los
objetivos y criterios de evaluación prescritos en el Decreto Ley 1278 de 2002, al
enfocarse de manera preponderante en la práctica educativa y pedagógica del
educador y ofrecer un diagnóstico y/o retroalimentación específica sobre los
aspectos que debe fortalecer el servidor de la educación para el mejoramiento de
su práctica; estimó conveniente continuar con su aplicación a todos los
profesionales de la educación54, en los términos del artículo 35 del Decreto Ley
1278 de 2002, para lo cual expidió el Decreto 1657 de 2016, que subrogó las
secciones 1, 2, 3 y 4 del capítulo 4, Titulo 1, Parte 4, Libro 2 del Decreto 1075 de
200555, por lo que se puede advertir que a partir del año 2016, se viene aplicando
a los educadores, una evaluación de competencias con carácter diagnóstica
formativa, en la que pueden participar libre y voluntariamente, de acuerdo con los
términos y condiciones definidos en la norma.

Por otro lado, es pertinente aclarar que la definición de un video como
instrumento para evaluar las competencias de los docentes, no es un asunto
regulado en el Decreto 1757 de 2015, pues esta particularidad fue establecida
por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución N° 15711 de 24 de
septiembre de 2015, “Por la cual se establece el cronograma de actividades para el
proceso de evaluación de carácter diagnóstica formativa de los educadores oficiales
regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, que no han logrado ascenso de grado o
reubicación de nivel salarial y se fijan los criterios para su aplicación”; por lo que en
estricto sentido, la viabilidad o legalidad de dicho mecanismo de evaluación no
corresponde a este asunto.

No obstante lo anterior, la Sala estima necesario precisar que según lo dispuesto
en el artículo 7 de la Resolución N° 15711 de 24 de septiembre de 2015, “ los
instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta en la prueba (…)” son los
siguientes: i) video, ii) autoevaluación, iii) encuesta de estudiantes, iv) encuesta
a docentes, v) encuesta de padres de familia, vi) encuesta a directos docentes,

54 Artículo 3 del Decreto Ley 1278 de 2002
55 Se aclara que las secciones 1, 2, 3 y 4 del capítulo 4, Titulo 1, Parte 4, Libro 2 del Decreto 1075 de 2005, contienen la

compilación contentiva del Decreto 2715 de 2009.
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vii) encuesta al representante legal del sindicato (evaluación del cumplimiento del
plan de trabajo), viii) evaluación anual de desempeño de los últimos dos años.

De esta manera, se observa que parar desarrollar la prueba diagnóstica-
formativa de que trata el Decreto 1757 de 2015, se definieron ocho (8)
instrumentos de evaluación; por consiguiente, no le asiste razón a la parte actora,
ni al Ministerio Público, cuando advierten que el vídeo no es viable, por ser el
único mecanismo para evaluar a los docentes, directivos y orientadores, dado
que existen otros instrumentos con los que se examina y valora la idoneidad del
profesional de la educación.

Finalmente, se debe indicar que el Decreto 1757 de 2015, fue expedido de
acuerdo con los compromisos adquiridos por en el Acta de Acuerdo de 7 de mayo
de 2015, previa autorización de las autoridades respectivas, respetando en todo
caso competencias constitucionales y legales correspondientes, toda vez que los
asuntos definidos en el acto administrativo demandado no involucran aquellas
materias excluidas en el parágrafo 1º del artículo 5° del Decreto 160 de 2014.

Cabe resaltar que el de Acuerdo de 7 de mayo de 2015 y el decreto acusado no
denotan un “acto de discriminación antisindical” en relación con el empleo del
personal docente, como lo manifiestan los accionantes en el escrito de demanda,
toda vez que en los referidos textos no se evidencia una limitación o restricción
de acceso a la evaluación diagnóstica-formativa dirigida a los docentes
sindicalizados. Razón por la cual, no se puede inferir un desconocimiento de las
normas contenidas en la Ley 411 de 199756 y su Decreto Reglamentario 160 de
201457.

Así las cosas, la Sala considera que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1757
de 1 de septiembre de 2015, sin incurrir en exceso de la potestad reglamentaria,
toda vez que reglamentó la evaluación de competencias con carácter diagnóstica
formativa de que trata el artículo 35 del Decreto Ley 1278 de 2002, de acuerdo
con las competencias constitucionales y legales que le han sido asignadas, para

56 “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos

para determinar las condiciones de empleo en la administración pública", adoptado en la 64 Reunión de la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978”
57
“Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los
procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos.”
51

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reglamentar la evaluación de los educadores, aunado a que se fundamentó en la
normativa aplicable, ejerciendo una adecuada descripción del proceso de
evaluación; por lo que no se advierte un desconocimiento de las normas en las
que debía fundarse como lo señaló la parte accionante en el escrito de demanda.

Por todo lo anterior, la Sala estima que los cargos de la demanda no están
llamados a prosperar.

III. DECISIÓN

Como corolario de lo anterior, se debe concluir que el Gobierno Nacional expidió
el Decreto 1757 de 1 de septiembre de 2015, sin incurrir en una extralimitación
de potestades reglamentarias, ni desconocer las normas en las que debía
fundarse; por lo que su presunción de legalidad se mantendrá incólume.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

NEGAR las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

52

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