Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00411-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00411-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2016-00411-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00411-00
Demandante: Fairtech Investment Limited
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tema: Patente de invención / presunción de legalidad de los actos
administrativos que negaron el privilegio de patente a la creación
denominada “[…] TELA NO TEJIDA, SU MÉTODO DE FABRICACIÓN
Y FILTROS FORMADOS POR LA MISMA […]” por no haber dado
respuesta al requerimiento de fondo realizado.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida en contra de las Resoluciones 62983 de 22 de octubre de 20141,
2630 de 29 de enero 20162, expedidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el privilegio de patente de
invención a la creación denominada “[…] TELA NO TEJIDA, SU MÉTODO DE
FABRICACIÓN Y FILTROS FORMADOS POR LA MISMA […]”, solicitada por la
sociedad Fairtech Investment Limited y se resolvió una solicitud de revocatoria
directa3.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda4
1. La sociedad Fairtech Investment Limited, a través de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra
de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, con el fin de que se hicieran
las siguientes declaraciones:
“[…] PRIMERO. Se declare Nulidad de la Resolución 62983 del 22 de
octubre de 2014, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio,
dentro del expediente administrativo No. 13 118169 de esa misma entidad,
mediante la cual deniega la patente TELA NO TEJIDA, SU MÉTODO DE
FABRICACIÓN Y FILTROS FORMADOS POR LA MISMA.
1 Folios 4 y 5 C pp. “[…] Por la cual se deniega una patente de invención […]”.
2 Folios 6 a 12 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.
3 A través de auto de 29 de junio de 2018 se rechazó la demanda respecto de la Resolución 42174 de 27 de
junio de 2016, en consideración a que los actos que resuelven una solicitud de revocatoria directa no son
susceptibles de control jurisdiccional cuando no crean, modifiquen o extinguen la situación jurídica.
4 Folios 54 a 70 C pp.
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Demandante: Fairtech Investment Limited
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
SEGUNDO. Se declare (sic) Nulidad de la (sic) 2630 del 29 de enero de
2016, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del
expediente administrativo No. 13 118169 de esa misma entidad, mediante
la cual resuelve recurso de reposición y confirma (sic) negación de la patente
TELA NO TEJIDA, SU MÉTODO DE FABRICACIÓN Y FILTROS
FORMADOS POR LA MISMA.
TERCERO. Se declare (sic) Nulidad de la Resolución No. 42174 del 27 de
junio de 2016, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio,
dentro del expediente administrativo No. 13 118169 de esa misma entidad,
mediante la cual resuelve revocatoria directa presentada negando la misma.
CUARTO. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a
título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO estudie de fondo la
respuesta al requerimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000
radicada el 25 de noviembre de 2015.
QUINTO. Con base en la anterior condena, se comunique a la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, para que ésta de
aplicación al artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de cumplimiento en el
término de treinta (30) días contados desde su comunicación […]”
(mayúscula, negrilla y subrayado del original)5.
I.1.1. Los hechos de la demanda6
2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los
siguientes:
3. El apoderado de la parte demandante señaló que el día 14 de mayo de 2013 la
sociedad extranjera Fairtech Investment Limited presentó la solicitud de patente de
invención denominada “[…] TELA NO TEJIDA, SU MÉTODO DE FABRICACIÓN Y
FILTROS FORMADOS POR LA MISMA […]”, expediente administrativo 13-118169.
4. Manifestó que el 8 de julio de 2014 la SIC por medio del oficio 8003 requirió al
solicitante para que aclarara algunas reivindicaciones que se encontraban en la
petición de registro.
5. Puso de presente que el requerimiento no fue contestado en tiempo, toda vez
que la notificación de este realizada en el listado único de notificaciones de
propiedad industrial del 8 de julio de 2014 no pudo ser visto en las oficinas de la
sociedad por una falla en el sistema de red (acceso a internet) que impidió el acceso
a la red durante el mes de julio y parte de agosto del año en mención.
6.Anotó que, el día 28 de octubre de 2014, el Superintendente de Industria y
Comercio expidió la Resolución 62983 de 22 de octubre de 2014, por medio de la
cual negó el privilegio de la mencionada patente, en consideración a que no se había
5 Folio 12 C pp.
6 Folios 163 a 165 C pp.
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dado respuesta en tiempo al requerimiento realizado, frente a lo cual la sociedad
demandante presentó recurso de reposición.
7.Precisó que, mediante la Resolución 2630 de 29 de enero 2016, el
Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición en el
sentido de confirmar la citada Resolución 62983.
8. Finalmente, dijo que el 14 de marzo de 2016 presentó solicitud de revocatoria
directa en contra de la Resolución 2630 de 29 de enero 2016, la cual fue resuelta a
través de la Resolución 42174 de 27 de junio de 2016 en el sentido de negarla.
I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7
I.1.2.1. Fundamentos de derecho
9. La parte demandante propuso el cargo de nulidad relacionado con el
desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para
lo cual señaló como quebrantados los artículos 13, 29, 83, 209 y 228 de la
Constitución Política.
I.1.2.2. El concepto de violación
10. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se
encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro de la patente
de invención denominada “[…] TELA NO TEJIDA, SU MÉTODO DE FABRICACIÓN
Y FILTROS FORMADOS POR LA MISMA […]”, solicitada por la sociedad Fairtech
Investment Limited, al considerar que no había dado respuesta en tiempo al
requerimiento de fondo realizado.
11. Advirtió que la SIC desconoció la existencia de una circunstancia de fuerza mayor
o caso fortuito que impidió atender oportunamente el requerimiento, dado que
durante la época en que se notificó el oficio de requerimiento en las oficinas de la
sociedad demandante se implementó una nueva base de datos denominada “time
manager”, lo que ocasionó graves fallas en la conectividad y en el acceso a internet
debido a incompatibilidades técnicas entre el sistema instalado y la infraestructura
de comunicaciones.
12. Argumentó que las referidas fallas tecnológicas hicieron imposible acceder
oportunamente al sistema de información de propiedad industrial – SIPI de la SIC y
conocer la notificación electrónica del requerimiento.
13. Por lo anterior, comentó que se reunían los elementos de imprevisibilidad e
irresistibilidad propios de la fuerza mayor, por lo que no podía exigirse el
cumplimiento de una actuación imposible, conforme al principio según el cual nadie
está obligado a lo imposible.
7 Folios 58 a 67 C pp.
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14. Como consecuencia de lo anterior, alegó la vulneración del principio de
congruencia y los derechos relacionados con el debido proceso, el derecho de
contradicción y el derecho de defensa, para lo cual señaló que existió una
incongruencia entre lo solicitado en el recurso y lo efectivamente resuelto por la
autoridad administrativa.
15. Argumentó que, además de invocar una circunstancia de fuerza mayor o caso
fortuito para justificar la respuesta extemporánea al requerimiento, también anexó
la contestación de fondo al mismo, con el propósito de que la SIC evaluara
materialmente el contenido de dicha respuesta. Sin embargo, puso de presente que
la autoridad administrativa no tuvo en cuenta la justificación relacionada con la
fuerza mayor o caso fortuito y consideró que no era procedente un pronunciamiento
sobre la respuesta al requerimiento, desconociendo el objeto de la petición
formulada en el recurso.
16. De otra parte, sostuvo que se desconoció el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, en tanto que la SIC otorgó un valor absoluto al
vencimiento del término previsto para responder el requerimiento, sin analizar el
contenido material de la respuesta que posteriormente fue allegada al expediente.
17. Destacó que la autoridad administrativa debió privilegiar el examen sustancial de
dicha respuesta, pues la ausencia de contestación del requerimiento ya había
quedado subsanada con su presentación junto con el recurso de reposición, razón
por la cual correspondía estudiar de fondo si la patente reunía o no los requisitos de
patentabilidad, en lugar de limitarse a confirmar la decisión inicial por razones
meramente formales.
18. Finalmente, afirmó que se vulneró el derecho a la igualdad, en la medida que la
SIC había resuelto previamente un caso similar, correspondiente a la solicitud de
patente de invención denominada “[…] MECANISMO DE TRACCIÓN DE LONAS
CUBRIDORAS DE CARGAS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS […]”,
Resolución 33156 del 2015, en el cual se dio prevalencia al derecho sustancial
sobre el formal, mientras que en este caso desestimó los eventos de fuerza mayor
o caso fortuito.
19. En consecuencia, anotó que la SIC dio un trato desigual a supuestos fácticos
equivalentes, apartándose injustificadamente de su propio criterio y desconociendo
el principio de igualdad.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8
20.La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones de la parte demandante, frente a la circunstancia de fuerza
8 Folios 114 a 125 C pp.
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mayor o caso fortuito invocada por la parte demandante, consideró que no se
configuraron dichos fenómenos jurídicos.
21. En efecto, anotó que las notificaciones en materia de propiedad industrial se
realizaban conforme al procedimiento especial previsto en la Circular Única de la
SIC, esto es, mediante fijación en lista en las instalaciones de la entidad, sistema
de notificación que era plenamente válido y conocido por los usuarios. Por ello,
consideró que la supuesta imposibilidad de acceder a internet no impedía conocer
la actuación administrativa ni podía trasladarse a la administración la falta de
vigilancia del proceso por parte del apoderado.
22. Asimismo, explicó que la fuerza mayor o el caso fortuito exigen la concurrencia
de los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad, además de la ausencia de
culpa del interesado, circunstancias que no se presentaron en este caso, en la
medida que el solicitante tenía el deber de hacer seguimiento al trámite
administrativo y de atender oportunamente el requerimiento efectuado por la oficina
de patentes.
23. Concluyó que la falta de respuesta obedeció exclusivamente al incumplimiento
del solicitante y no a una circunstancia constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito
capaz de justificar la reviviscencia de términos procesales vencidos.
24. En cuanto al principio de congruencia indicó que no resulta aplicable en los
términos planteados por la parte demandante, toda vez que la sociedad tenía la
obligación de responder oportunamente las objeciones formuladas por la oficina
nacional competente.
25. Recordó que el término para contestar el requerimiento contenido en el oficio
8003 había vencido y que la respuesta allegada únicamente con el recurso de
reposición no podía reabrir un término procesal precluido ni obligar a la
administración a pronunciarse sobre un documento presentado
extemporáneamente.
26. Agregó que el recurso tenía como pretensión principal la revocatoria de la
decisión que negó la patente por no haber contestado el requerimiento realizado y,
de manera accesoria, que se tuviera por contestado el requerimiento, razón por la
cual, al mantenerse la decisión principal, la petición accesoria carecía de objeto y
no existía incongruencia alguna.
27. En lo atinente al presunto desconocimiento del principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, la SIC argumentó que dicho principio tampoco
era aplicable, pues el requerimiento formulado no correspondía a una exigencia
meramente formal sino a un requerimiento de fondo relacionado con aspectos
sustanciales de la patentabilidad de la invención, por lo que la falta de contestación
de este no implica violación alguna a dicho principio.
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28. Frente al cargo de violación del derecho a la igualdad, la SIC dijo que las
decisiones adoptadas en otros expedientes administrativos no constituyen
precedente obligatorio ni vinculan las decisiones posteriores de la administración.
29. Finalmente, formuló la excepción previa que denominó “[…] inepta demanda por
falta de requisitos formales […]”, en tanto que consideró que la parte demandante
no desarrolló en debida forma el concepto de violación de los artículos acusados
como violados.
III. TRÁMITE DEL PROCESO
30. La sociedad Fairtech Investment Limited presentó demanda de nulidad y
restablecimiento el derecho, el 21 de julio de 20169, en contra de las Resoluciones
62983 de 22 de octubre de 2014, 2630 de 29 de enero de 2016 y 42174 de 27 de
junio de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.
31. Mediante autos de 20 de enero y de 7 de noviembre de 2017 10 se inadmitió la
demanda y se requirió a la SIC para que remitiera las certificaciones de notificación
y ejecutoria de los actos administrativos.
32. A través de auto de 29 de junio de 201811: (i) se admitió la demanda respecto de
las Resoluciones 62983 de 22 de octubre de 2014 y 2630 de 29 de enero de 2016;
(ii) se rechazó respecto de la Resolución 42174 de 27 de junio de 2016 por cuanto
las actos de revocatoria directa no son susceptibles de control jurisdiccional cuando
no crean, modifiquen o extinguen la situación jurídica; y (iii) se dispuso notificar al
Superintendente de Industria y Comercio. El 5 de septiembre de 2018 12 se dio
traslado de la demanda por el término de 30 días.
33. Por auto de 22 de marzo de 201913 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia
inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 30 de agosto
de 201914.
34. En la citada audiencia: (i) se reconoció personería a los apoderados de las partes;
(ii) se resolvió la excepción previa presentada por la SIC que denominó “[…] inepta
demanda por falta de requisitos formales […]” en el sentido de declararla como no
probada; (iii) se fijó el litigio; (iv) se decretaron como pruebas los documentos
aportados por las partes; (v) se advirtió que no se llevaría a cabo el trámite de la
interpretación prejudicial, toda vez que en el concepto de violación de la demanda
solo alude a disposiciones de carácter constitucional, esto es, la controversia no gira
en torno a la vulneración o aplicación de una norma del ordenamiento jurídico
comunitario; (vi) se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, así
como la de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley
9 Índice 1 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
10 Folios 73 y 87 C pp.
11 Folios 98 a 101 C pp.
12 Folio 101 vto. C pp.
13 Folio 147 C pp.
14 Folios 157 a 166 C pp.
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1437 y, en consecuencia; (vii) se corrió traslado a las partes para que presentaran
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
35. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Fairtech Investment
Limited.15 y la SIC16, reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa,
respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. Competencia
36. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 128 17 de la Ley
1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta
armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por
el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre
las distintas secciones de la Corporación.
IV.2. La formulación del problema jurídico
37. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 62983 de 22 de
octubre de 201418 y 2630 de 29 de enero 201619, expedidas por la Superintendencia
de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el privilegio de
patente de invención a la creación denominada “[…] TELA NO TEJIDA, SU
MÉTODO DE FABRICACIÓN Y FILTROS FORMADOS POR LA MISMA […]”,
solicitada por la sociedad Fairtech Investment Limited.
38. La Sala deberá analizar si con la expedición de los mencionados actos
administrativos se desconoció lo dispuesto en los artículos 13, 29, 83, 209 y 228 de
la Constitución Política, al presuntamente: (i) analizar erróneamente el evento de
fuerza mayor o caso fortuito, en tanto existió una imposibilidad de acceder a internet
para la época de notificación del requerimiento; (ii) no tener en cuenta el principio
de congruencia entre lo solicitado y la respuesta dada, en la medida que omitió el
pronunciamiento sobre la respuesta al requerimiento presentado y solicitado,
afectando el derecho al debido proceso administrativo; (iii) abstenerse de valorar
dicha respuesta por haber sido allegada de manera extemporánea, con presunto
desconocimiento del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal;
y (iv) quebrantar el derecho a la igualdad, toda vez que en un caso de similares
supuestos fácticos y jurídicos al examinado, la SIC tuvo en cuenta los principios acá
15 Folios 168 a 172 C pp.
16 Folios 173 a 176 C pp.
17 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] 7.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.
18 Folios 4 y 5 C pp. “[…] Por la cual se deniega una patente de invención […]”.
19 Folios 6 a 12 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.
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alegados como quebrantados y decidió subsanar el trámite de la actuación
administrativa.
39. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos
demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión.
IV.3. La identificación de los actos demandados
40. La sociedad demandante solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones
62983 de 22 de octubre de 201420 y 2630 de 29 de enero 201621, expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó
el privilegio de patente de invención a la creación denominada “[…] TELA NO
TEJIDA, SU MÉTODO DE FABRICACIÓN Y FILTROS FORMADOS POR LA
MISMA […]”, solicitada por la sociedad Fairtech Investment Limited.
IV.4. Análisis del caso concreto
41. LaSIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el privilegio de
patente de invención a la creación denominada “[…] TELA NO TEJIDA, SU
MÉTODO DE FABRICACIÓN Y FILTROS FORMADOS POR LA MISMA […]”, por
no haber dado respuesta en tiempo al requerimiento de fondo realizado.
42. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de
nulidad por cuanto la SIC consideró que la parte demandante no dio respuesta en
tiempo al requerimiento de fondo realizado, lo cual implicó un análisis erróneo de un
evento de fuerza mayor o caso fortuito y, en consecuencia, omitió el
pronunciamiento sobre la respuesta al requerimiento presentado y solicitado en el
recurso de reposición, afectando el debido proceso administrativo y el
desconocimiento del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal;
además de quebrantar el derecho a la igualdad, toda vez que en un caso de
similares supuestos fácticos y jurídicos al examinado, la autoridad administrativa sí
tuvo en cuenta los principios acá alegados como quebrantados y decidió subsanar
el trámite de la actuación administrativa.
43. La Sala advierte que los sujetos procesales no discuten que la respuesta al
requerimiento de fondo fue presentada de manera extemporánea, razón por la cual
no hace parte de la controversia y, por ende, ese hecho no será objeto de
pronunciamiento.
44. En cuanto al presunto desconocimiento de los hechos que configuraron un caso
fuerza mayor o caso fortuito, la parte demandante señaló que durante la época en
que se notificó el oficio de requerimiento en las oficinas de la sociedad demandante
se implementó una nueva base de datos denominada “time manager”, lo que
ocasionó graves fallas en la conectividad y en el acceso a internet debido a
20 Folios 4 y 5 C pp. “[…] Por la cual se deniega una patente de invención […]”.
21 Folios 6 a 12 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.
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incompatibilidades técnicas entre el sistema instalado y la infraestructura de
comunicaciones.
45. Argumentó que las referidas fallas tecnológicas hicieron imposible acceder
oportunamente al sistema de información de propiedad industrial – SIPI de la SIC y
conocer la notificación del requerimiento, hechos que reunían los elementos de
imprevisibilidad e irresistibilidad propios de la fuerza mayor o caso fortuito, por lo
que no podía exigirse el cumplimiento de una actuación imposible, conforme al
principio según el cual nadie está obligado a lo imposible.
46. Al respecto, la parte demandante trae a colación la declaración extrajudicial
rendida por el Ingeniero Andrés Cubides22 en la cual se señaló que la
implementación de la base de datos “time manager” durante la primera semana de
julio y parte de agosto de 2014 ocasionó: “[...] una interrupción en la continuidad de
la conectividad que permitía el acceso a la red y navegación, así como
interrupciones en el acceso al servidor de los correos electrónicos de toda la
empresa desde cualquier ordenador, es decir, se vio afectado el acceso a internet
y Correos electrónicos de entrada y salida. Dicha interrupción se presentó
intermitentemente a lo largo del mes de julio y parte de agosto […]”.
47. De igual forma, el ingeniero explicó las razones por las cuales se ocasionó la
interrupción de toda actividad relacionada con la red, razón por la cual y al observar
que la implementación de la base de datos presentaba inconsistencias con la banda
ancha que en ese entonces se manejaba en la oficina de la sociedad demandante,
fue necesario requerir la ayuda a la empresa Claro para incrementar la banda ancha
y así ajustar las inconsistencias de la base de datos, tal como consta en las órdenes
de trabajo, instalación y mantenimiento emitidas por esa empresa el 4 de agosto de
201423.
48. Al respecto, la Sala recuerda que el artículo 1° de la Ley 95 de 2 de diciembre de
189024 dispone que “[…] se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que
no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. […]”.
49. En relación con estos fenómenos jurídicos, esta Corporación ha precisado que,
si bien el referido artículo 1º los define conjuntamente como el imprevisto al que no
es posible resistir, esta Corporación ha acogido una tesis dualista, según la cual
ambos son distintos25.
50. En ese sentido, la fuerza mayor corresponde a un hecho externo, ajeno a la
esfera de control de la persona, imprevisible e irresistible, capaz de constituir una
causa extraña que exonera de responsabilidad; mientras que el caso fortuito hace
22 Folio 49 C pp.
23
Folios 48, 52 y 53 C pp.
24 Sobre reformas civiles.
25 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 12 de diciembre de 2006. Rad.: 2006-
00119-00 (1792). CP.: Dr. L Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
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referencia a un hecho interno o propio de la actividad desarrollada, caracterizado
principalmente por la imprevisibilidad, pero que no excluye la responsabilidad
cuando el riesgo proviene de la misma actividad26.
51. Particularmente, se ha concluido27 que la configuración de cualquiera de estas
figuras depende de las circunstancias particulares de cada caso. Para ello, debe
valorarse la imprevisibilidad del acontecimiento, esto es, que el hecho escape
razonablemente a las previsiones normales del obligado, y su irresistibilidad,
entendida como la imposibilidad de evitar sus efectos aun empleando la diligencia
y el cuidado debidos.
52. En el caso sub examine, la Sala considera que las circunstancias invocadas por
la parte demandante no configuran un evento de fuerza mayor ni de caso fortuito
que justificara la presentación extemporánea de la respuesta al requerimiento
formulado por la SIC.
53. En efecto, la sociedad demandante sostuvo que la implementación de una nueva
base de datos denominada “time manager” ocasionó fallas de conectividad y de
acceso a internet que impidieron ingresar oportunamente al Sistema de Información
de Propiedad Industrial – SIPI y conocer la notificación electrónica del
requerimiento. Sin embargo, tales circunstancias corresponden a dificultades
derivadas de la propia organización y funcionamiento de los sistemas informáticos
de ella, esto es, a hechos que hacen parte de su ámbito interno de gestión y control,
de manera que carecen del carácter externo que exige la configuración de la fuerza
mayor.
54. En este mismo sentido, para la Sala tampoco se acredita la irresistibilidad del
hecho alegado, en la medida que las dificultades técnicas relacionadas con la
implementación de un nuevo sistema informático no constituyen un obstáculo
absoluto e insuperable que hiciera imposible ejercer oportunamente los
mecanismos de seguimiento del trámite administrativo, dado que no le impedía
conocer el estado de la actuación por otros medios tecnológicos, incluso
consultando directamente ante la SIC.
55. Cabe advertir que dicha circunstancia resultaba previsible y debió ser advertida
y mitigada mediante la adopción de medidas de contingencia, especialmente
cuando el solicitante tenía la carga de vigilar el estado de su solicitud y atender los
requerimientos formulados por la autoridad competente.
56. Igualmente, la Sala no encuentra acreditada la imprevisibilidad del
acontecimiento, en tanto que la implementación de un nuevo sistema tecnológico
es una decisión adoptada por la propia sociedad demandante, cuyos riesgos
operativos y eventuales inconvenientes son previsibles y forman parte de la gestión
normal de quien decide hacer tales cambios, razón por la cual las dificultades
26 Ibidem.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de marzo de
2019. Rad.: 2010 00318 00. MP.: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00411-00
Demandante: Fairtech Investment Limited
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
derivadas de ese proceso no pueden calificarse como acontecimientos
extraordinarios ajenos a las previsiones normales de una persona diligente.
57. Aunado a lo anterior, tampoco se configura un caso fortuito, dado que aunque los
inconvenientes técnicos pudieron presentarse de manera inesperada, estos
tuvieron origen en la propia infraestructura tecnológica utilizada por la sociedad y en
el desarrollo de su actividad administrativa, sin que constituyeran un hecho
desconocido que escapara completamente a su control.
58. Cabe resaltar que, si bien es cierto que se afirma que el problema técnico impedía
acceder a los correos electrónicos de la sociedad demandante, también lo es que
ello no era obstáculo para acceder directamente a la plataforma de la SIC, la cual
no se demostró que no estuviera inhabilitada para conocer de las actuaciones del
trámite administrativo, como se precisó líneas atrás, consultar directamente ante la
autoridad administrativa.
59. La Sala resalta que la declaración del ingeniero no resulta suficiente para
acreditar la configuración de la fuerza mayor o del caso fortuito, pues se limita a
describir problemas internos de conectividad ocasionados por la implementación de
un nuevo sistema informático y las gestiones adelantadas para solucionarlos,
entonces lejos de demostrar una causa extraña, dicha declaración confirma que las
dificultades tuvieron origen en decisiones internar de la propia sociedad
demandante, cuyos efectos debía prever y gestionar diligentemente mediante
medidas de contingencia.
60. Así, la Sala concluye que las fallas tecnológicas alegadas por la demandante no
reúnen los presupuestos jurisprudenciales de la fuerza mayor ni del caso fortuito y,
por tanto, no justificaban la presentación extemporánea de la respuesta al
requerimiento y, por ende, no resulta plausible atribuirles la potencialidad de excusar
el incumplimiento de la carga procesal formulada por la SIC.
61. Ahora, la Sala considera que tampoco se desconoció lo dispuesto en los artículos
83 y 209 de la Constitución Política, en la medida en que la SIC se limitó a aplicar
las consecuencias jurídicas frente a la presentación extemporánea de la respuesta
al requerimiento, sin que hubiera realizado conducta alguna capaz de generar en la
demandante una expectativa legítima de que dicha actuación sería admitida o
valorada a pesar del vencimiento del término legal.
62. De otra parte, en cuanto a la presunta vulneración del principio de congruencia y
los derechos relacionados con el debido proceso, el derecho de contradicción y el
derecho de defensa consagrados en el artículo 29 ibidem, en tanto que existió una
incongruencia entre lo solicitado en el recurso y lo efectivamente resuelto por la
autoridad administrativa, la Sala considera que dicho argumento no es de recibo en
la medida que, aunque junto con el recurso de reposición la sociedad demandante
allegó la respuesta al requerimiento y solicitó que se reconsiderara la decisión en
tanto a que sí existió un evento de fuerza mayor o caso fortuito, la SIC no tenía la
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00411-00
Demandante: Fairtech Investment Limited
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
obligación jurídica de estudiar el contenido de dicha respuesta, por cuanto había
sido presentada una vez vencido el término legal.
63. Ciertamente, como bien lo precisó la SIC en la contestación de la demanda, las
circunstancias alegadas por la parte demandante no configuraban un evento de
fuerza mayor o caso fortuito que permitiera excusar la extemporaneidad de la
respuesta al requerimiento, por lo que al no existir una justificación la autoridad
administrativa no podía entrar a analizar el contenido de una respuesta presentada
extemporáneamente.
64. De esta manera, la ausencia de un pronunciamiento de fondo sobre dicho escrito
no constituye una violación a la garantía constitucional del debido proceso y, mucho
menos, una incongruencia entre lo solicitado y lo decidido, sino la consecuencia
jurídica derivada de la preclusión del término procesal previsto para atender el
requerimiento. Aceptar lo contrario implicaría reconocer que la sola presentación de
la respuesta junto con el recurso de reposición tiene la potencialidad para revivir un
término legal ya precluido.
65. Cabe resaltar que los términos procesales administrativos son de carácter legal,
perentorios y de orden público, por lo que no pueden ser modificados, ampliados o
desconocidos por las autoridades administrativas, ni siquiera bajo el entendido de
generar una expectativa en los administrados28.
66. Esta Sección, en relación con el derecho al debido proceso, en sentencia de 23
de junio de 202329, consideró que:
“[…] La Corte Constitucional, desde la Sentencia T-442 de 1992, desarrolló
ampliamente la esencia del derecho fundamental al debido proceso
administrativo, al señalar que éste se mueve dentro del contexto de
garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por
ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la
administración pública, en la realización de sus objetivos y fines
estatales.
De esa manera, el debido proceso cobija todas las manifestaciones de
la administración, en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a
las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por
motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa
debe desarrollar.
Conforme a lo anterior, las actuaciones administrativas deben
adelantarse conforme a las reglas previstas en la ley o reglamentos,
garantizándose el debido proceso, obviamente, a quien dentro de lo
reglado de una u otra forma se ha hecho partícipe en la actuación, o que
queriéndolo hacer en debida forma, la administración no se lo permita
injustificadamente.
28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de abril de
2026. Rad.: 2012-00374-00. MP.: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de junio de
2023. Rad.: 2013-00155-00. MP.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00411-00
Demandante: Fairtech Investment Limited
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
[…]
En el campo específico de los procedimientos administrativos, la Corte
ha explicado que las garantías que integran el derecho son, entre otras:
i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; ii) a ser oído durante el
trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la
autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada
juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones
injustificadas; vii) a gozar de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los
derechos de defensa y contradicción; ix) a presentar pruebas y a controvertir
las que se alleguen por la parte contraria; x) a que se resuelva en forma
motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover la
nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso […]”
(negrilla fuera del texto).
67. Como se observa, es deber de todo autoridad administrativa garantizar la
correcta formación de los actos administrativos, en tanto exige que las actuaciones
que se adelanten acaten las reglas previstas en la ley, asegurando el respeto de las
garantías sustanciales y procesales de quienes intervienen en ellas.
68. En este contexto, la Sala concluye que la SIC no podía dar trámite a la respuesta
al requerimiento al haber sido presentada por fuera del término legal, de manera
que si lo hubiera realizado habría desconoció lo dispuesto en el artículo 29 de la
Constitución Política, en cuanto a la observancia de las formas propias del
procedimiento administrativo.
69. En ese sentido, era obligación de la parte demandante verificar y estar atento a
los términos de ley para la presentación de documentos e información, máxime
cuando se tiene que la sociedad Fairtech Investment Limited actuaba a través de
apoderado judicial, a quien le era exigible el conocimiento, verificación y correcta
contabilización de los términos procesales conforme a la normativa vigente.
70. En cuanto al presunto desconocimiento del principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal previsto en el artículo 228 de la Constitución Política, esta
Sala ha considerado lo siguiente:
“[…] «[L]a prevalencia del derecho sustancial no es un principio
absoluto que implique prescindir de las disposiciones de carácter
adjetivo, o por lo menos, discrecionalidad alguna en su aplicación,
puesto que éstas desarrollan también un principio que a su vez
constituye un derecho fundamental, cual es el del debido proceso, de
modo que la aplicación de aquél requiere ponderar y armonizar ambos
principios o derechos en el caso concreto, y en el del sub lite no hay
duda de que el derecho sustancial tuvo la primacía que correspondía a
las circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales que
hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a la actora.
Según las disposiciones transcritas […] es claro que los términos que
prevé son preclusivos y la intervención en la actuación requiere de
apoderado debidamente constituido, y como quiera que en este caso no
había apoderado debidamente constituido y no se allegó el instrumento que
lo constituyera dentro del plazo único y prorrogado que le fue dado, se
14
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00411-00
Demandante: Fairtech Investment Limited
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
concluye que la interesada no respondió a tales observaciones, y la
consecuencia jurídica de ello no es otra que la declaración de abandono de
la solicitud.
Por lo anterior se impone hacer efectiva la consecuencia de esa omisión,
que es la de declarar abandonada la solicitud, según lo pone de presente el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a lo cual la entidad
demandada no tenía opción distinta, de modo que la decisión acusada está
acorde con las normas comunitarias en comento, en especial con el artículo
22 en cita» (Destacado por la Sala).
71. De acuerdo con la providencia citada, la prevalencia del derecho sustancial no
puede interpretarse como la inexistencia o la ineficacia de las normas adjetivas o de
procedimiento, como igualmente lo ha precisado la Corte Constitucional30.
72. En el caso sub examine, la Sala considera que la SIC no desconoció el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal al abstenerse de analizar la
respuesta presentada extemporáneamente por la sociedad demandante, dado que,
se reitera, es la consecuencia jurídica derivada de la falta de respuesta oportuna al
requerimiento, lo cual, por lo demás, no constituye un exceso de ritual manifiesto ni
un desconocimiento del derecho sustancial, sino el acatamiento de las reglas
procesales que garantizan el debido proceso y la igualdad de todos los solicitantes
sometidos al mismo régimen jurídico.
73. Cabe señalar que, esta Sala31 en otra oportunidad analizó una controversia
relacionada con la declaratoria de abandono de una solicitud de patente, en la cual
se precisó que corresponde al solicitante ejercer un seguimiento diligente del trámite
administrativo y cumplir oportunamente las cargas procesales que le impone la
normativa aplicable, de manera que el incumplimiento de dichas cargas no puede
trasladarse a la administración cuando existían mecanismos razonables para
verificar el estado de la actuación, como se observa a continuación:
“[…] Ahora, en cuanto al argumento de la actora relativo a que debe prevalecer
el derecho sustancial respecto de lo meramente procedimental, pues aunque
haya sido extemporáneo, sí presentó la solicitud y pago correspondiente del
examen de patentabilidad, la Sala pone de presente que la demandante no
puede pretender que se desconozca la ley vigente, la cual considera que
las normas procesales son de orden público y de obligatorio
cumplimiento, sin que exista una situación jurídica particular para
desconocerlas, así se haya obrado de buena fe, habida cuenta que “[…]
la prevalencia del derecho sustancial no es un principio absoluto que
implique prescindir de las disposiciones de carácter adjetivo, o por lo
menos, discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que estas
desarrollan también un principio que a su vez constituye un derecho
fundamental, cual es el del debido proceso, de modo que la aplicación de
aquél requiere ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el
caso concreto […]” .
30 Corte Constitucional. Sentencia C-446 de 1997. Expediente D-1604. MP.: Jorge Arango Mejía.
31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de junio de
2026. Rad.: 2017-00165-00. MP.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00411-00
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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
En efecto, la Sala debe precisar que la exigencia sobre la cual la entidad
demandada se fundamentó, para declarar el abandono a la invención
titulada “MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UNA RED HIDROENREDADA Y
COLOCADA CON AIRE Y PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA MISMA”, no
se puede considerar como un riguroso formalismo, con el cual la
Administración pretendió desconocer sus derechos, sino más bien el
cumplimiento de las normas aplicables […]” (negrilla fuera de texto).
74. Finalmente, en cuanto a la violación del derecho a la igualdad consagrado en el
artículo 13 de la Constitución Política, en la medida que la SIC había resuelto
previamente un caso similar, correspondiente a la solicitud de patente de invención
denominada “[…] MECANISMO DE TRACCIÓN DE LONAS CUBRIDORAS DE
CARGAS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS […]”, Resolución 33156 del
2015, en el cual se dio prevalencia al derecho sustancial sobre el formal, mientras
que en este caso desestimó los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, esta Sala
ha considerado que las decisiones de la autoridad administrativa son autónomas32
respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas
por su propia oficina.
75. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que se trata de supuestos fácticos y
jurídicos diferentes, en la medida que en dicha oportunidad33 la SIC revocó la
declaratoria de abandono al constatar que, al momento de resolver el recurso de
reposición el solicitante había acreditado el pago de las tasas correspondientes y,
en el presente caso, la controversia gira en torno a la respuesta extemporánea a un
requerimiento de fondo formulado, respecto de la cual la demandante alegó la
existencia de fuerza mayor o caso fortuito, circunstancias que, como se concluyó
líneas atrás, no fueron acreditadas.
76. En suma, la Sala considera que no se violaron los artículos 13, 29, 83, 209 y 228
de la Constitución Política, invocados como vulnerados por la sociedad
demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de
legalidad que ampara a los actos administrativos acusados en lo que a ellos
respecta.
IV.5. Conclusión
77. La Sala considera que los planteamientos expuestos en la demanda no están
llamados a prosperar, por lo que se negarán las pretensiones, tal y como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
78. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen
causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188
32 Interpretación prejudicial 39-IP-2020 de 25 de agosto 2021.
33
Consulta realizada el 3 de julio de 2026 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el
Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24
de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
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Demandante: Fairtech Investment Limited
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 de la Ley 1564 de 2012,
aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de
la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las
anotaciones de rigor en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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