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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2016-00523-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00523-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00523-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de “Inaplicabilidad de una norma derogada, formulación incorrecta de la acción y prescripción de la acción de nulidad relativa”, propuesta por el señor GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS, tercero con interés directo en las resultas del proceso. 45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 62 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00523-00 Actora: GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN SEGUNDO: NEGAR parcialmente las pretensiones de la demanda, frente a la nulidad de la Resolución núm. 94264 de 31 de diciembre de 2013, “Por la cual se concede un depósito”, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 77562 de 28 de diciembre de 2011, “Por la cual se concede un registro”, y 15212 de 31 de marzo de 2015, “Por la cual se concede un registro”, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO cancelar los registros de las marcas identificadas con los certificados de registro núms. 437751 y 514720; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 63 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00523-00 Actora: GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN SEXTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2016-00523-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

6 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00523-00
Referencia. Acción de nulidad relativa
Actora: GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN

TESIS: ENTRE LAS MARCAS CUESTIONADAS “GAS MAX” Y “GASMAX”
Y EL NOMBRE COMERCIAL “GASMAX”, EXISTE SEMEJANZA E
IDENTIDAD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA, ASÍ COMO CONEXIDAD
COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 35 Y 39 DE LA CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE NIZA Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DESARROLLADA POR LA ACTORA, POR LO QUE NO PUEDEN
COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

COMOQUIERA QUE EN COLOMBIA SE ADOPTÓ UNA MODALIDAD DE
DEPÓSITO PARA ENSEÑAS COMERCIALES, NO ES POSIBLE
EXTRAPOLAR LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD PREVISTAS
PARA LOS CASOS EN LOS QUE SE ACOGE LA MODALIDAD DE
REGISTRO. ELLO, DEBIDO A QUE EL PROCEDIMIENTO DEL DEPÓSITO
CONSISTE EN UN ESTUDIO DE FORMA Y UNA VEZ REVISADO SE
OTORGA AUTOMÁTICAMENTE EL DEPÓSITO. DE MANERA QUE EN
ESOS CASOS LA SIC, COMO AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN
COLOMBIA, NO ESTUDIA DE FONDO LAS CAUSALES DE
IRREGISTRABILIDAD APLICABLE PARA LAS ENSEÑAS
COMERCIALES. POR LO TANTO, LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD
SEÑALADA POR LA ACTORA NO LE RESULTA APLICABLE A LA ENSEÑA
COMERCIAL CUESTIONADA “GAS MAX”. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

sociedad GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN,

2

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mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de

conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre

de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener

la nulidad de las resoluciones núms. 77562 de 28 de diciembre de 2011,

“Por la cual se concede un registro”; 94264 de 31 de diciembre de

2013, “Por la cual se concede un depósito”; y 15212 de 31 de marzo

de 2015, “Por la cual se concede un registro”, expedidas por la

directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio, en adelante SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en

síntesis, los siguientes:

1º: Que el 22 de julio de 2011 y el 6 de agosto de 2014, el señor

GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS solicitó los registros como

marca de los signos “GAS MAX” y “GASMAX” (mixtos) para distinguir,

respectivamente, servicios comprendidos en las clases 39 y 353 de la

1
“Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.
2
En adelante Decisión 486.
3
Las marcas fueron solicitadas parar distinguir los siguientes servicios:
Clase 35: “[…] comercialización, compra, venta, importación y exportación de GLP, gas vehicular […]”.
Clase 39: “[…] servicios de transporte, en especial los servicios de transporte de gas combustible, gasoil,
gasolina, carburantes, lubricantes, grasas industriales y GLP […]”.

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Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de

las Marcas4.

2°: Que el 30 de diciembre de 2013 el citado ciudadano presentó

solicitud de depósito de la enseña comercial “GAS MAX” para identificar

actividades del empresario, relacionadas con la comercialización,

compra, venta, importación y exportación de gas propano vehicular y

gas GLP, entre otras, comprendidas en las clases 4ª, 35 y 39 de la

Clasificación Internacional de Niza.

3º: Que mediante las resoluciones núms. 77562 de 2011, 94264 de 2013

y 15212 de 2015, la directora de Signos Distintivos de la SIC concedió,

respectivamente, los registros como marcas de los signos “GAS MAX” y

“GASMAX”, así como el depósito de la enseña comercial “GAS MAX”,

solicitados por el señor GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136,

literales a), b) y d), 137, 190, 191 y 200 de la Decisión 486, por cuanto

las marcas y enseña comercial, respectivamente, concedidas y

4
En adelante Clasificación Internacional de Niza.

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depositada, incluyen dentro de su denominación la palabra “GAS

MAX”, expresión ésta que le pertenece pues, a su juicio, ella es la única

legitimada para usarla.

Lo anterior, debido a que ha sido ella quien ha venido realizando un uso

previo, anterior y constante del nombre “GASMAX”, a la fecha de solicitud

de registro de las marcas cuestionadas, “GAS MAX” y “GASMAX”, para

el mismo tipo de servicios y actividades comerciales relacionados con las

clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Insistió en que ella es la verdadera titular del nombre comercial

“GASMAX”, toda vez que lo ha venido usando desde el 2008, máxime si

se tiene en cuenta que lo registró en la Superintendencia de Servicios

Públicos Domiciliarios para identificar los cilindros, en virtud de lo cual se

atiende el servicio público domiciliario de transporte y suministro de Gas

Licuado de Petróleo - GLP-.

Agregó que la SIC no podía otorgarle derechos marcarios respecto del

nombre “GASMAX” o “GAS MAX” al señor GERMÁN ALFREDO

ORTIZ CÁRDENAS, habida cuenta que incurrió en actos de

competencia desleal, pues dicho ciudadano era el representante legal

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de GAS GOMBEL S.A. E.S.P EN REESTRUCTURACIÓN, para el

momento en que solicitó el registro de las marcas cuestionadas.

Adujo que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, a

su juicio, realizó operaciones en su contra con ánimo defraudatorio,

pues suscribió contratos de distinta índole con plazos y precios

irracionales, así como pagarés y otras operaciones que le permitían

mantener atada a la sociedad pagando servicios y dineros que no eran

indispensables y así poder engañar a sus accionistas.

Mencionó que todos sus acreedores tenían pleno conocimiento de que

ella era la titular de las marcas “GASMAX” y “GAS MAX” y no el señor

ORTIZ CÁRDENAS; y que resultaba engañoso que el mencionado

ciudadano hubiese solicitado las marcas y nombre comercial

cuestionados a nombre propio.

Que de conformidad con la Resolución núm. 023 de 2008, emanada de

la CREG, ella era quien estaba obligada a reportar la marca que

distinguiría los cilindros que distribuye con GLP.

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Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, vulneró el artículo

603 del Código de Comercio; sin embargo, no sustentó el concepto de

su violación.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el

efecto, adujo que de los documentos obrantes en los expedientes

administrativos de las marcas y enseña comercial cuestionados, puede

concluirse que el trámite se ajustó plenamente a derecho, garantizando

el debido proceso y el derecho de defensa de la actora.

Alegó que no hay vulneración alguna del artículo 136, literal a), de la

Decisión 486, comoquiera que no existe una marca registrada y

anterior a la cuestionada, a nombre de la actora, que deba ser

protegida.

Que no es posible equiparar el trámite que llevaron a cabo en la CREG

al de registro de marca, toda vez que ella es la única autoridad

competente para determinar la viabilidad de registro de un signo como

marca. Ello, teniendo en cuenta los lineamientos previstos en la

Decisión 486.

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Precisó que, en cuanto a la violación del literal b) del artículo 136,

ibidem, la actora no presentó oposición a los trámites de registro de

las marcas cuestionadas, por lo que no le fue posible saber que era la

titular de un nombre comercial que debía ser protegido; y que al omitir

presentar la oposición actuó con negligencia, pues dentro de esa

oportunidad pudo haber probado el uso real, efectivo y continuo que

hoy, en sede jurisdiccional, pretende proteger.

Agregó que, en todo caso, la actora no aportó pruebas suficientes que

demostraran un primer uso constante y real del nombre comercial del

que alega ser titular.

II.-2. El señor GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS, tercero con

interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las

pretensiones de la demanda. Al respecto, anotó que los argumentos de

la actora, a su juicio, carecen de sustento fáctico y jurídico, pues fue

él quien solicitó por primera vez el registro de la marca “GAS MAX” en

el año 2008, de manera que GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN

REESTRUCTURACIÓN no tiene derecho alguno sobre dicha

expresión.

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Sostuvo que la autorización de uso de marca que obtuvo se dio por el

hecho de que GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN

era una compañía netamente familiar, en la que sus accionistas eran

él, su madre, su hermana y su esposa, lo que, a su juicio, desvirtúa

cualquier supuesto acto malintencionado o fraudulento, como de

manera temeraria lo pretenden hacer ver los nuevos accionistas de

dicha sociedad.

Manifestó que no es posible aceptar que quienes hoy manejan a la

sociedad actora pretendan desconocer la autorización de uso que él

otorgó a la empresa GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN

REESTRUCTURACIÓN para hacer uso de la marca “GAS MAX” o

“GASMAX”; y que tan cierto es que por ello solicitó, a nombre propio,

los registros como marcas de dichos signos.

Alegó que del 2008 al 2010 tanto los accionistas como la junta directiva

de la sociedad actora sí tenían pleno conocimiento de que la marca

“GAS MAX” o “GASMAX” era de su propiedad; y que éstas serían

utilizadas por la demandante con base en una autorización que él les

otorgaba, la cual fue debidamente aceptada.

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Aclaró que en el año 2008, cuando solicitó el registro de la primera

marca “GAS MAX”, para identificar servicios de la Clase 39 de la

Clasificación Internacional de Niza, no era representante legal de la

sociedad actora ni ésta había empezado a usar dicha marca, por cuanto

comenzó a utilizarse, por parte de GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN

REESTRUCTURACIÓN, posteriormente, esto es, en el año 2009 con

base en una autorización de uso que él entregó a la empresa que en

ese momento era suya y de su familia.

Que fue él, a título personal, quien contrató a la señora MARÍA

PAULINA GUTIERREZ DUEÑAS, para que se encargara de realizar el

diseño gráfico y artes finales de las marcas “GASMAX” o “GAS MAX”;

y que, asimismo, fue él quien contrató a la firma PROVIMARCAS para

que llevara a cabo el trámite de registro ante la SIC de las marcas

objeto de reproche.

Precisó que la obligación derivada de la Resolución núm. 023 de 2009,

expedida por la CREG, a que hace alusión la actora, obligó únicamente

a reportar la marca que sería utilizada para identificar cilindros de

propiedad de la empresa comercializadora de GLP, obligación ésta que

GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN cumplió luego

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de que él hubiera solicitado el registro de la marca “GAS MAX” ante la

SIC.

Resaltó que GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN usó

legítimamente las marcas “GASMAX” y “GAS MAX” desde el año 2009

hasta el 24 de mayo de 2016, momento en el cual se dio por terminada

la autorización a ésta, en razón a que él y su familia fueron expulsados

de su propia empresa (GAS GOMBEL S.A. E.S.P.), con base en un

supuesto incumplimiento en el pago de una deuda contraída con los

hoy controlantes de la sociedad actora.

Mencionó que existió temeridad de la sociedad accionante y

enriquecimiento sin justa causa, lo cual, a su juicio, se evidencia en la

intención de demandar actos administrativos relacionados con un signo

distintivo que existe desde el 2008, bajo un argumento en el que se

desconoce la existencia de un derecho de propiedad industrial respecto

de la expresión “GASMAX”.

Propuso la excepción que denominó:

.- “Inaplicabilidad de una norma derogada, formulación incorrecta de

la acción y prescripción de la acción de nulidad relativa”, debido a que:

i) la actora invocó la acción de nulidad prevista en el artículo 596 del

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Código de Comercio, desconociendo que se trata de una norma

derogada expresamente por la Decisión 486; ii) el apoderado de la

actora no invocó como fundamento de su demanda el artículo 172 de

la Decisión 486; y iii) en el evento de que se tratare de una nulidad

relativa, esta se encuentra prescrita, comoquiera que transcurrieron

más de 5 años contados a partir del momento en que se concedió el

registro de las marcas “GAS MAX” y “GASMAX”.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante auto de 4 de marzo de 2022, el Despacho sustanciador

declaró no probada la excepción previa de inepta demanda propuesta

por el señor GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS.

Posteriormente, de conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de

la Ley 1437 de 20115, el 8 de agosto de 2022 se llevó a cabo la

audiencia inicial, a la cual asistieron la sociedad GAS GOMBEL S.A.

E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN, en su calidad de actora del proceso,

así como la SIC, el señor GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS,

como tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente

del Ministerio Público.

5
En adelante CPACA.

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En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales

surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de

nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486;

enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las

partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear

nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró

debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere

adolecer el proceso.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes

términos:

Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las

contestaciones de la entidad demandada y del tercero con interés

directo en las resultas del proceso, consiste en determinar si las

resoluciones núms. 77562 de 28 de diciembre de 2011; 94264 de 31

de diciembre de 2013; y 15212 de 31 de marzo de 2015, vulneran o

no lo establecido en los artículos 136, literales a), b) y d), 137, 190,

191 y 200 de la Decisión 486; y 603 del Código de Comercio.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los

términos expuestos.

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El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto

fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los

documentos aportados por las partes y por el tercero con interés

directo en las resultas del proceso.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso

para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de

la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna

en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta

ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda.

En efecto, indicó que las resoluciones que concedieron el registro de

las marcas “GASMAX” y “GAS MAX” (mixtas) en las clases 35 y 39 de

la Clasificación Internacional de Niza y de la enseña comercial con la

misma expresión, se encuentran viciadas de nulidad, en tanto que

éstas fueron expedidas mediando mala fe en la obtención del registro

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y en contravención de las causales de irregistrabilidad previstas en los

literales b) y d) del artículo 136 de la Decisión 486.

Afirmó que ella ostentaba mejores derechos que el señor ORTIZ

CÁRDENAS, ya que fue quien realizó un primer uso del nombre

comercial “GASMAX”; y que logró acreditar, de conformidad con las

pruebas obrantes en el expediente, que el nombre comercial

“GASMAX” identifica la actividad comercial de producción,

comercialización de gases combustibles, principalmente gas licuado de

petróleo, la cual solo puede ser realizada por ella, al ser la única

compañía habilitada regulatoriamente por la Superintendencia de

Servicios Públicos para dicho propósito.

IV.-2. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al

respecto, manifestó que la actora no demostró el primer uso, real y

efectivo del nombre comercial “GASMAX”, lo que implica que no se

pueda dar aplicación a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal

b) del artículo 136 de la Decisión 486.

IV.-3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso se

ratificó en lo expuesto en su escrito de intervención. En efecto,

mencionó que la actora formuló la demanda pretendiendo desconocer

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los derechos de propiedad industrial que ostenta como consecuencia

de un conflicto societario derivado de la toma hostil del control de la

sociedad GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN por

parte de los acreedores que le habían otorgado un crédito.

Insistió en que él es el único titular exclusivo en Colombia de las marcas

“GAS MAX” y “GASMAX” en las clases 35 y 39 de la Clasificación

Internacional de Niza, así como de la enseña comercial “GAS MAX”.

Sostuvo que no se puede declarar la nulidad de los actos acusados,

comoquiera que continúa siendo titular de la marca “GASMAX”,

identificada con el certificado de registro núm. 381770, que ampara

productos de la Case 4ª de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó

silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la

solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias

invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos6:

“[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación
prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda
vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta
prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República
de Colombia, dentro del proceso interno
11001032400020160052300, constituyen un acto aclarado, en los
términos expuestos en la parte considerativa de la presente
providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los
criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias
emitidas en los procesos 350-IP-2022, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023;
231-IP-2021 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023; 90-IP-2022 publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de
julio de 2023; 267-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 de julio de 2023; y, 101-IP-
2021 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
4485 del 30 de mayo de 2022, en los términos expuestos en la
parte considerativa de la presente providencia judicial.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia
judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme
y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”.

6
Proceso 521-IP-2022.

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VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe pronunciarse, en primer término, sobre las excepciones

propuestas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

El señor GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS propuso la excepción

que denominó “Inaplicabilidad de una norma derogada, formulación

incorrecta de la acción y prescripción de la acción de nulidad relativa”,

debido a que: i) la actora invocó la acción de nulidad prevista en el

artículo 596 del Código de Comercio, desconociendo que se trata de

una norma derogada expresamente por la Decisión 486; ii) el

apoderado de la actora no invocó como fundamento de su demanda el

artículo 172 de la Decisión 486; y iii) en el evento de que se tratare de

una nulidad relativa, esta se encuentra prescrita, comoquiera que

transcurrieron más de 5 años contados a partir del momento en que

se concedió el registro de las marcas “GAS MAX” y “GASMAX”.

Frente a la supuesta inaplicabilidad de una norma derogada y a la

formulación incorrecta de la acción, se advierte que, contrario a lo

afirmado por el mencionado señor, la actora sí invocó como

fundamento de su acción el artículo 172 de la Decisión 486, como se

observa a folio 125 del cuaderno físico núm. 1, de manera que para la

Sala los argumentos expuestos no están llamados a prosperar, máxime

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si se tiene en cuenta que la acción de nulidad relativa se encuentra

prevista en la citada normativa y, como se pasará a explicar más

adelante, es la que resulta aplicable al caso concreto.

En efecto, cabe precisar que como los actos acusados CONCEDEN unos

registros marcarios y el depósito de una enseña comercial, éstos son

enjuiciables mediante la acción de nulidad relativa, de conformidad con

el artículo 1727 de la Decisión 486, y no la de nulidad y restablecimiento

del derecho de que trata el artículo 138 del CPACA, el cual, entre otras

circunstancias, es aplicable contra los actos administrativos que niegan

un registro marcario8.

Ahora, teniendo en cuenta que la causal de irregistrabilidad alegada por

la demandante es de nulidad relativa, al haber invocado como

vulnerados los artículos 136 y 137 de la Decisión 486 y que, de

conformidad con el citado artículo 172, ibidem, este tipo de acción tiene

un término de prescripción de cinco (5) años, contados a partir de la

concesión o depósito, la Sala considera que frente a la prescripción

7 “[…] Artículo 172- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier
persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido
en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto
en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco
años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” (Destacado fuera de texto).

8
Criterio reiterado, entre otras, en sentencia de 25 de enero de 2019, expediente identificado con el
número único de radicación 2009-00535-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E).

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alegada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso,

dicho término no se cumple debido a que las resoluciones núms.

77562 de 28 de diciembre de 2011, 94264 de 31 de diciembre

de 2013 y 15212 de 31 de marzo de 2015, por medio de las cuales

se concedieron, respectivamente, los registros como marcas de los

signos “GAS MAX” y “GASMAX”, así como el depósito de la enseña

comercial “GAS MAX”, se notificaron el 28 de diciembre de 20119, 7

de abril de 201510 y el 7 de enero de 201411 y la demanda se presentó

el 29 de septiembre de 201612.

Por lo tanto, no prospera la excepción propuesta por el tercero con

interés directo en las resultas del proceso, como en efecto se dispondrá

más adelante en la parte resolutiva de esta providencia.

Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante los actos

administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 77562 de

28 de diciembre de 2011, 94264 de 31 de diciembre de 2013 y

15212 de 31 de marzo de 2015, concedieron, respectivamente, los

registros como marcas de los signos “GAS MAX” y “GASMAX”, para

amparar servicios de las clases 39 y 35 de la Clasificación Internacional

9
Folio 18 del cuaderno físico núm. 1.
10
Folio 22 del cuaderno físico núm. 1.
11
Folio 26 del cuaderno físico núm. 1.
12
Folio 125 del cuaderno físico núm. 1.

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de Niza, así como el depósito de la enseña comercial “GAS MAX”, para

identificar actividades del empresario, relacionadas con la

comercialización, compra, venta, importación y exportación de gas

propano vehicular y gas GLP, entre otras, comprendidas en las clases 4ª,

35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, las marcas y enseña comercial, respectivamente,

concedidas y depositada, incluyen dentro de su denominación la

palabra “GAS MAX”, expresión ésta que le pertenece pues, a su juicio,

ella es la única legitimada para usarla.

Lo anterior, debido a que ha sido ella quien ha venido realizando un

uso previo, anterior y constante del nombre “GASMAX”, a la fecha de

solicitud de registro de las marcas cuestionadas “GAS MAX” y

“GASMAX”, para el mismo tipo de servicios y actividades comerciales

relacionados con las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de

Niza.

Agregó que la SIC no podía otorgarle derechos marcarios respecto de

la partícula “GASMAX” o “GAS MAX” al señor GERMÁN ALFREDO

ORTIZ CÁRDENAS, habida cuenta que incurrió en actos de

competencia desleal, pues dicho ciudadano era el representante legal

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de GAS GOMBEL S.A. E.S.P EN REESTRUCTURACIÓN, para el

momento en que solicitó el registro de las marcas cuestionadas.

Por su parte, la SIC mencionó que no es posible equiparar el trámite

que llevaron a cabo en la CREG al de registro de marca, comoquiera

que ella es la única autoridad competente para determinar la viabilidad

de registro de un signo como marca. Ello, teniendo en cuenta los

lineamientos previstos en la Decisión 486.

Precisó, en cuanto a la violación del literal b) del artículo 136, ibidem,

que la actora no presentó oposición a los trámites de registro de las

marcas cuestionadas, por lo que no le fue posible saber que era la

titular de un nombre comercial que debía ser protegido y que al omitir

presentar la oposición actuó con negligencia, pues dentro de esa

oportunidad pudo haber probado el uso real, efectivo y continuo que

hoy, en sede jurisdiccional, pretende proteger.

Sobre este asunto, cabe resaltar que si bien es cierto que no se

presentaron oposiciones a la solicitud de registro de las marcas

cuestionadas, “GASMAX” y “GAS MAX” (mixtas), que distinguen

servicios de la clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza,

también lo es que la entidad demandada estaba obligada a realizar el

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estudio de registrabilidad de la misma, pues su función principal es

proteger al público consumidor y a las empresas competidoras, frente

a la confusión que generaría el registro de un signo distintivo,

conforme lo señaló esta Sección en la sentencia de 2 de junio de 201113,

cuando razonó así:

“[…] Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al citado
tercero, ya que el hecho de no haber presentado oposición
ni interpuesto los recursos de ley, no afecta para nada que
la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en
la ciudad de Barranquilla, haya demandado los actos
administrativos expedidos por la Superintendencia de
Industria y Comercio, que concedieron la marca mixta “S
SECURITY SYSTEMS”, clase 42 de la Clasificación
Internacional de Niza y el depósito del nombre comercial
“SECURITY SYSTEMS”, para realizar actividades
relacionadas con las clases 9, 35, 38 y 42 ídem, a favor de
la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la
ciudad de Bogotá, quien actúa como tercera interesada en
las resultas del proceso, ya que la función principal del Ente
Registrador, es proteger al público consumidor y a las
empresas competidoras, frente a la confusión que generaría
el registro de un signo distintivo, respecto a un nombre
comercial, así la Oficina nacional, no hubiera tenido
conocimiento de la existencia de dicho nombre comercial.
Razón por la cual, esta Sala prohíja el concepto que ha
continuación se trascribe, del Tribunal de Justicia Andino:

“Es importante advertir que todo el sistema de propiedad
industrial busca, por un lado, proteger la actividad
empresarial y, por otro, proteger de manera efectiva al
público consumidor. Por lo tanto, aunque la autoridad
competente no tuviera noticia de la existencia de un
nombre comercial confundible con el signo a registrar,
no se puede, por este hecho, validar un registro que
podría generar riesgo de confusión en el público
consumidor y, además, afectar con esto la actividad
empresarial del titular del nombre comercial.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, núm. único de radicación 2004-00069-01. Reiterado en sentencia de 15 de diciembre de 2017,
C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2011-00108-00.

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Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una
actividad ardua y complicada. Por tal motivo, no es dable,
desde ningún punto de vista, avalar el registro de un
signo confundible con un nombre comercial, por el
simple hecho de que el registrador no hubiera tenido
conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo.
Además, se deben tener en cuenta los efectos negativos que
se generarían de permitirse el registro de signos confundibles
con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por
un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto
del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado
y, por el otro, se estaría generando una gran confusión en el
comercio, lo que en últimas perjudicaría gravemente al
público consumidor, quien podría caer en error en cuanto a
los productos o servicios que desea adquirir” (folios 702 a
703). […]”. (Destacado fuera de texto).

Ahora, el tercero con interés directo en las resultas del proceso sostuvo

que los argumentos de la actora, a su juicio, carecen de sustento fáctico

y jurídico, pues él fue quien solicitó por primera vez el registro de la

marca “GAS MAX” en el año 2008, de manera que GAS GOMBEL S.A.

E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN no tiene derecho alguno sobre dicha

expresión.

Adujo que la autorización de uso de marca que obtuvo se dio por el

hecho de que GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN

era una compañía netamente familiar, siendo accionistas él, su madre,

su hermana y su esposa, lo que, a su juicio, desvirtúa cualquier

supuesto acto malintencionado o fraudulento, como de manera

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temeraria lo pretenden hacer ver los nuevos accionistas de dicha

sociedad.

Manifestó que no es posible aceptar que quienes hoy manejan a la

sociedad actora pretendan desconocer la autorización de uso que él

otorgó a la empresa GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN

REESTRUCTURACIÓN para hacer uso de las marcas “GAS MAX” o

“GASMAX”; y que tan cierto es que por ello solicitó, a nombre propio,

los registros como marcas de dichos signos.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial

deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial

521-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe

remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales

núms. 350-IP-202214, 231-IP-202115, 90-IP-202216, 267-IP-202217 y

101-IP-202118, en las que se interpretaron los artículos 136, literales

a), b) y d), 137, 190, 191 y 200 de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que, aunque la actora invocó como

vulnerado el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, al exponer el

14
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 del 13 de marzo de 2023.
15
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5337 del 11 de octubre de 2023.
16
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5247 del 13 de julio de 2023.
17
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5256 del 31 de julio de 2023.
18
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4485 del 30 de mayo de 2022.

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concepto de violación del mismo adujo que las marcas y enseña

comercial cuestionados son similarmente confundibles con su nombre

comercial “GASMAX”, pues fue la primera en hacer uso de dicha

expresión de una manera real y efectiva, es decir, alegó el

cumplimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo

136, literal b), ibidem.19

Por lo tanto, y comoquiera que la actora no es titular de una marca

previamente registrada, cuyo derecho se deba proteger, además de

que la presunta confundibilidad se alegó fue respecto de un nombre

comercial, la Sala considera que el estudio del supuesto previsto en el

literal a) del artículo 136, ibidem, se excluye en el problema jurídico a

resolver.20

Precisado lo anterior, el texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando:

[…]

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial
protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00.
20
Ibidem.

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dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de
confusión o de asociación;

[…]

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un
tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera
originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el
solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o
una persona expresamente autorizada por el titular del signo
protegido en el País Miembro o en el extranjero;

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga
indicios razonables que le permitan inferir que un registro se
hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto
de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

[…]

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier
signo que identifique a una actividad económica, a una
empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o
establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o
establecimiento, entre otros, su denominación social, razón
social u otra designación inscrita en un registro de personas o
sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son
independientes de las denominaciones o razones sociales de las
personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre
comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y
termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades
de la empresa o del establecimiento que lo usa.

[…]

Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o
enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre
comercial, conforme a las normas nacionales de cada País
Miembro. […]”.

Sea lo primero advertir que la actora alegó que la SIC, con la

expedición de la Resolución núm. 94264 de 31 de diciembre de 2013,

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“Por la cual se concede un depósito”, mediante la cual se depositó la

enseña “GAS MAX”, vulneró los artículos 136, literales b) y d), 137,

191, 192 y 200 de la Decisión 486.

Del artículo 200 ibidem, anteriormente transcrito, se colige que la

enseña comercial se rige por las mismas disposiciones que regulan el

nombre comercial, en virtud de que éste último tiene como destino

proteger el establecimiento o establecimientos mercantiles que tenga

una empresa, por lo que la enseña se encuentra incursa en éste.

Por esa razón, la Sala procederá a hacer alusión a las normas que

protegen el nombre comercial, ya que éstas le resultan igualmente

aplicables a la enseña comercial.

Sobre el particular, cabe anotar que el artículo 193 de la Decisión 486

estableció dos maneras de proteger el nombre comercial, es decir, a

través del depósito o del registro, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de
cada País Miembro, el titular de un nombre comercial
podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional
competente. El registro o depósito tendrá carácter
declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se
adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.
[…]”. (Destacado fuera de texto).

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Así las cosas, conforme lo precisó el Tribunal en la Interpretación

Prejudicial rendida en el proceso 202-IP-2020, tanto el depósito como

el registro, tienen implicaciones diferentes:

“[…] 1.5. Tratándose de la nulidad del registro de un
nombre comercial, si bien el Título X de la Decisión 486 no
ha regulado de forma taxativa dicha figura, es un hecho
cierto que si se otorga el registro de nombre comercial es
probable que se llegue a anular el mismo por la posible
violación de un aspecto normativo, partiendo del hecho de
que el registro de un signo distintivo, cualquiera que este
fuere, es un acto administrativo que puede ser objeto de
los recursos administrativos pertinentes que cada
legislación nacional establezca.

1.6. Siendo ello así, ¿cuál sería la motivación para anular el
registro de un nombre comercial? En principio el derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer
uso en el comercio y termina cuando cesa el uso o las actividades
identificadas por el nombre comercial.

1.7. Sin embargo, si en un país miembro, en virtud de lo
establecido en el artículo 193 de la Decisión 486, decide
adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional
competente deberá seguir el examen establecido en los
artículos 194 y 195 de la Decisión 486. Por lo tanto, si se
otorgó el registro de un nombre comercial sin considerar
las condiciones de registrabilidad establecidas en la norma
andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad.

1.8. En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del
registro de un nombre comercial, la oficina nacional competente
debe aplicar lo establecido en los artículos 194 y 195 de la
Decisión 486, así como lo establecido en el artículo 172 de la
referida Decisión, en lo que fuera pertinente de acuerdo a la
naturaleza del nombre comercial, sin perjuicio de que los
aspectos procedimentales del trámite de nulidad se encuentren
regulados por la legislación interna en virtud del principio de
complemento indispensable.

1.9. El depósito de un nombre comercial no sigue las
mismas reglas jurídicas que el registro de un nombre
comercial, por lo que respecto del depósito habrá que

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atenerse a lo que la legislación interna del país miembro
ha regulado. […]” (Destacado fuera de texto).

De lo anterior, se advierte que en los casos en los que los países han

adoptado la posibilidad del registro de un nombre comercial, el medio

de control de nulidad es viable cuando dentro de la concesión del

mismo se ha infringido lo previsto en los artículos 194 y 195, en

concordancia con el artículo 172 de la Decisión 486; sin embargo, no

se observa la existencia de esa misma posibilidad cuando el Estado

miembro ha tomado la opción del depósito del nombre comercial

pues, en esos casos, se deberá atener a lo que la legislación interna

del país miembro haya regulado.

Así las cosas y comoquiera que en Colombia se adoptó la

modalidad de depósito de nombre y enseña comercial, la Sala

considera que, para el caso en concreto, se deberá atener a lo que la

legislación interna haya regulado.

Al respecto, se evidencia que los artículos 603 y siguientes del Código

de Comercio, regulan todos los aspectos relativos al depósito del

nombre comercial, que también resultan aplicables a las enseñas

comerciales, por disposición del artículo 611, ibidem, de la siguiente

manera:

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“[…]
ARTÍCULO 603. <ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE
UN NOMBRE COMERCIAL - CERTIFICADO DE
DEPÓSITO>. Los derechos sobre el nombre comercial se
adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No
obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud
reúne los requisitos de forma establecidos para el
registro de las marcas, se ordenará la concesión del
certificado de depósito y se publicará.

ARTÍCULO 604. <EXISTENCIA DE NOMBRE COMERCIAL
YA DEPOSITADO>. Si el nombre estuviere ya depositado
para las mismas actividades, la Oficina de Propiedad Industrial
lo hará saber al solicitante y si este insistiere, se hará constar
en el certificado la existencia del primer depósito.

ARTÍCULO 605. <MENCIÓN SOBRE DEPÓSITO ANTERIOR
NO DA DERECHO SOBRE EL NOMBRE> El depósito o la
mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el
nombre.

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre
desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal
uso desde la fecha de la publicación.

ARTÍCULO 606. <DENOMINACIONES QUE NO PUEDEN
UTILIZARSE COMO NOMBRE COMERCIAL>. No podrá
utilizarse como nombre comercial una denominación que sea
contraria a las buenas costumbres o al orden público, o que
pueda engañar a los terceros sobre la naturaleza de la actividad
que se desarrolla con ese nombre.

ARTÍCULO 607. <PROHIBICIÓN DE USO DE NOMBRES
COMERCIALES YA UTILIZADOS EN EL MISMO RAMO DE
NEGOCIO>. Se prohíbe a terceros el empleo de un nombre
comercial o de una marca de productos o de servicios, que sea
igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo
ramo de negocios, salvo cuando se trata de un nombre que por
ley le corresponda a una persona, caso en el cual deberán
hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a
primera vista pudiera presentarse.
ARTÍCULO 608. <CESIÓN DE NOMBRE COMERCIAL>. El
nombre comercial sólo puede transferirse con el
establecimiento o la parte del mismo designada con ese
nombre, pero el cedente puede reservarlo para sí al ceder el
establecimiento.
La cesión deberá hacerse por escrito. […]”. (Destacado fuera
de texto).

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De lo anterior, se advierte que el procedimiento del depósito consiste

en un estudio de forma para verificar que la totalidad de la información

requerida obre en la solicitud y, una vez ello haya sido revisado, se

ordena la concesión del certificado de depósito y se ordena su

publicación, de manera que, en esos casos, la SIC, como autoridad

administrativa en Colombia, no estudia de fondo las causales de

irregistrabilidad aplicable para los nombres comerciales.

Así las cosas, y atendiendo a la naturaleza que tiene la modalidad del

depósito de nombres comerciales en Colombia, la Sala considera que

en el caso sub examine no es posible extender o extrapolar las causales

de irregistrabilidad previstas para los casos de registro de nombres

comerciales, como lo sostiene la actora.

Por lo tanto, la Sala mantendrá la presunción de legalidad que reviste

al acto administrativo acusado, esto es, a la Resolución núm. 94264 de

31 de diciembre de 2013, “Por la cual se concede un depósito”,

comoquiera que las normas alegadas como vulneradas por la actora no

le resultan aplicables; y que, además, se encuentra acorde con los

parámetros fijados para el otorgamiento de depósito de enseñas

comerciales.

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Actora: GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN

Ello, teniendo en cuenta lo precisado por el Tribunal en la Interpretación

Prejudicial traída a colación en el presente proceso, esto es, la 231-IP-

2021, relativo a que el depósito de un nombre comercial no sigue las

mismas reglas jurídicas que el registro de un nombre comercial, por lo

que respecto del depósito habrá que atenerse a lo que la legislación

interna del país miembro ha regulado, siendo en este caso, lo previsto

por los artículos 603 y siguientes del Código de Comercio.

Cabe señalar que la Sala, en anterior ocasión21 y que ahora se prohíja,

ya había tenido la oportunidad de precisar que comoquiera que en

Colombia se adoptó una modalidad de depósito para nombres y

enseñas comerciales, no era posible extrapolar las causales de

irregistrabilidad previstas para los casos en los que se acoge la

modalidad de registro. Ello, debido a que la SIC, al momento de recibir

las solicitudes, únicamente realiza un estudio de forma y ordena

automáticamente la concesión del depósito, mas no efectúa un análisis

de fondo respecto de las causales de irregistrabilidad.

En efecto, en esa oportunidad, en la que se demandaba el

otorgamiento de un depósito de un nombre comercial, se

consideró lo siguiente:

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre
de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2018-00091-00.

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Actora: GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN

“[…] Sobre el particular, cabe anotar que el artículo 193 de la
Decisión 486 estableció dos maneras de proteger el nombre
comercial, es decir, a través del depósito o del registro, en los
siguientes términos:

[…]

Así las cosas, conforme lo precisó el Tribunal en la Interpretación
Prejudicial rendida en este proceso, tanto el depósito como el
registro, tienen implicaciones diferentes:

[…]

De lo anterior, se advierte que en los casos en los que los países
han adoptado la posibilidad del registro de un nombre comercial,
el medio de control de nulidad es viable cuando dentro de la
concesión del mismo se ha infringido lo previsto en los artículos
194 y 195, en concordancia con el artículo 172 de la Decisión 486;
sin embargo, no se observa la existencia de esa misma posibilidad
cuando el Estado miembro ha tomado la opción del depósito del
nombre comercial pues, en esos casos, se deberá atener a lo que
la legislación interna del país miembro haya regulado.

Así las cosas y comoquiera que en Colombia se adoptó la
modalidad de depósito de nombre comercial, la Sala considera
que, para el caso en concreto, se deberá atener a lo que la
legislación interna haya regulado.

Al respecto, se evidencia que los artículos 603 y siguientes del
Código de Comercio, regulan todos los aspectos relativos al
depósito del nombre comercial, de la siguiente manera:

[…]

De lo anterior, se advierte que el procedimiento del depósito
consiste de forma exclusiva en un estudio de forma para verificar
que la totalidad de la información requerida obre en la solicitud y,
una vez ello haya sido revisado, se ordena la concesión del
certificado de depósito y se ordena su publicación, de manera que,
en esos casos, la SIC, como autoridad administrativa en Colombia,
no estudia de fondo las causales de irregistrabilidad aplicable para
los nombres comerciales.

Así las cosas, y atendiendo a la naturaleza que tiene la
modalidad del depósito de nombres comerciales en
Colombia, la Sala considera que en el caso sub examine no

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es posible extender o extrapolar las causales de
irregistrabilidad previstas para los casos de registro de
nombres comerciales, como lo sostuvo la SIC, máxime si se
tiene en cuenta que el Tribunal, en la interpretación
prejudicial rendida en este proceso, consideró que su
interpretación no era viable, al no ser objeto de
controversia dicho asunto.

Por lo tanto, la Sala mantendrá la presunción de legalidad
que reviste al acto administrativo acusado, esto es, a la
Resolución núm. 2162 de 27 de enero de 1994, “Por la cual
se concede un depósito”, comoquiera que la norma alegada
como vulnerada por la actora no le resulta aplicable; y que,
además, se encuentra acorde con los parámetros fijados
para el otorgamiento de depósito de nombres comerciales.
[…]” (Destacado fuera de texto).

Y, posteriormente, dicha posición fue reiterada en sentencia de 5 de

septiembre de 202422, en la que la Sala precisó lo siguiente:

“[…] De lo anterior, para esta Sala, resulta dable afirmar
que en lo que respecta al registro de la enseña comercial,
corresponde a la oficina nacional el análisis de las causales
de irregistrabilidad previstas por la norma comunitaria
para ese tipo de signos distintivos en los artículos 194 y
195, que a tenor literal señalan lo siguiente:
“Artículo 194. No podrá registrarse como nombre comercial
un signo que esté comprendido en alguno de los casos
siguientes:

a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario
a la moral o al orden público;

b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los
medios comerciales o en el público sobre la identidad, la
naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro
aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese
nombre;

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los
medios comerciales o en el público sobre la procedencia

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López,
núm. único de radicación 2004-00416-01.

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empresarial, el origen u otras características de los productos o
servicios que la empresa produzca o comercialice; o,

d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial
anterior.

Artículo 195. Para efectos del registro, la oficina nacional
competente examinará si el nombre comercial contraviene lo
dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán
exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.
Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la
clasificación de productos y servicios utilizadas para las
marcas.”

Sin embargo, como se advirtió a párrafos superiores,
distinta consideración resulta del depósito del nombre
comercial, y, por ende, de las enseñas comerciales, en
tanto que, en este caso deberán aplicarse las disposiciones
previstas en la regulación nacional.

En ese orden, comoquiera que en Colombia se adoptó la
modalidad de depósito de nombre comercial, la Sala
considera que, para el caso en concreto, se deberá atener
a lo que la legislación interna haya regulado23, en
concordancia con el criterio desarrollado por la
jurisprudencia comunitaria. Al respecto, sea del caso traer al
estudio los artículos 606 y 607 del Código de Comercio, en virtud
de los cuales se regula lo relativo al depósito de nombre comercial,
y particularmente las circunstancias en que no procede su
depósito, las cuales resultan también aplicables al depósito de
enseña comercial tal como lo determinó dicho estatuto en su
nominación de la Sección que regula esta materia, así, “SECCIÓN
IV. NOMBRES COMERCIALES Y ENSEÑAS”, veamos:

[…]

Sin embargo, como se logró observar del estudio de las
normas aplicables al caso, al depósito de las enseñas
comerciales no le resultan aplicables las causales de
irregistrabilidad marcarias desarrolladas por el régimen
comunitario, más sí las dispuestas por el ordenamiento
nacional, y que se encuentran previstas justamente en el
Código de Comercio. En ese sentido lo consideró esta Sección
en oportunidad anterior, veamos:

23
Esta misma consideración fue adoptada por esta Sección en oportunidad anterior; al respecto consultar;
Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia 20 de octubre de
2023; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón; radicado: 11001-03-24-000-2018-00091-00; Actor: CLARA
RINCÓN DE MELO Y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S.

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“Así las cosas, y atendiendo a la naturaleza que tiene la
modalidad del depósito de nombres comerciales en Colombia,
la Sala considera que en el caso sub examine no es posible
extender o extrapolar las causales de irregistrabilidad previstas
para los casos de registro de nombres comerciales, como lo
sostuvo la SIC, máxime si se tiene en cuenta que el Tribunal,
en la interpretación prejudicial rendida en este proceso,
consideró que su interpretación no era viable, al no ser objeto
de controversia dicho asunto.”

Así pues, comoquiera que la norma invocada por la actora
es la causal de irregistrabilidad marcaria de que trata el
literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, y
aquella no puede ser aplicable al depósito de enseña
comercial, la Sala mantendrá la presunción de legalidad
que reviste al acto administrativo acusado, esto es, la
resolución número 22311 de 4 de agosto de 2003.

Finalmente, la Sala advierte que esta misma conclusión se
impone en relación con las demás causales de nulidad
invocadas en contra de esa decisión de la administración, a
saber, la presunta infracción del literal m) ibidem,
argumento que fue formulado por la actora únicamente
respecto del acto administrativo en mención. […]”
(Destacado fuera de texto).

Finalmente, la Sala aclara que el hecho de que se otorgue un depósito

de nombre o enseña comercial no otorga derechos automáticos repecto

de éstos a quien lo solicita, sino que, por el contrario, quien alegue

derechos exclusivos frente a dichos signos estará sujeto a demostrar

su uso “[…] personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la

marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la

alegue […]”.24

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de
septiembre de 2016, núm. único de radicación 2010-00453-00, C.P. María Elizabeth García González.

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Lo anterior, teniendo en cuenta el artículo 191 de la Decisión 486, que

por supuesto es aplicable a la enseña comercial, dispone que “[…] El

derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su

primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre

comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento

que lo usa […]”.

Al respecto, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia de 22

de septiembre de 201625, en la que se precisó, con fundamento en la

interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

“[…] Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el
sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre
comercial goza de las siguientes características:

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con
su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre
comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El
registro de un nombre comercial puede ser simplemente un
indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos
sobre un nombre comercial deberá probar su uso real,
efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se
entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así
como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del
nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en
los términos siguientes: Por tanto, la obligación de
acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de
septiembre de 2016, núm. único de radicación 2010-00453-00, C.P. María Elizabeth García González.

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sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el
derecho de protección del nombre en algún hecho
concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica
para los competidores (…) de manera que la protección
otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a
su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la
actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que
permite que se consolide como tal y mantenga su derecho
de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho
de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo
libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia
(…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre
comercial deben servir para acreditar la identificación
efectiva de dicho nombre con las actividades económicas
para las cuales se pretende el registro.”26

c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante
de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de
registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a
la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión
y/o de asociación en el público consumidor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un
nombre comercial con anterioridad al uso de un signo
idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste
puede causar riesgo de confusión o de asociación.

(…)
En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá
demostrarse mediante facturas comerciales, documentos
contables, o certificaciones de auditoría que demuestren
la regularidad y la cantidad de la comercialización de los
servicios identificados con el nombre comercial, entre
otros.

Adicionalmente, constituirán uso de un signo en el
comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el
comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos
o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o
transportar productos con ese signo; o, emplear el signo
en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o
comunicaciones escritas u orales, independientemente del
medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las
normas sobre publicidad que fuesen aplicables. […]”
(Destacado fuera de texto).

26
Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000.

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En consecuencia, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre

o enseña comercial deberá probar por los medios procesales su uso

real, efectivo y constante con anterioridad al registro de una marca

solicitada o registrada.

En ese sentido, la Sala precisa que el hecho de obtener un depósito

ante la entidad demandada únicamente servirá como indicio o prueba

del primer uso del nombre o enseña comercial, pero no implica que la

enseña cuestionada “GAS MAX”, a nombre del tercero con interés

directo en las resultas del proceso, deba ser automáticamente

protegida o que se le están extrapolando los derechos que se obtienen

cuando en algún país miembro se opta por la modalidad de registro.

Se insiste, en que en Colombia se ha optado por la modalidad de

depósito y, en ese sentido, la mención de depósito no constituye

derechos sobre el nombre o enseña que se deposita, teniendo en

cuenta lo previsto en el artículo 605 del Código de Comercio.

Ahora, le corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las

normas de la Decisión 486, procedía o no el registro de las marcas

“GASMAX” y “GAS MAX”, para las clases 35 y 39 de la Clasificación

Internacional de Niza.

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.- De la presunta confundibilidad de las marcas cuestionadas

frente al nombre comercial de la actora “GASMAX”.

Previo a determinar si las marcas cuestionadas resultan similarmente

confundibles con el nombre comercial de la actora, es del caso abordar

la forma de adquisición de los derechos sobre éste.

Como ya se dijo, en acápites anteriores, al nombre comercial se refiere

el artículo 190 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

“[…] Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que
identifique una actividad económica, a una empresa, o a un
establecimiento mercantil […]”.

Ahora, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486, “[…] El

derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su

primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre

comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento

que lo usa […]”.

Según lo previsto en la norma, la existencia del uso del nombre

comercial está sujeta a que la empresa, en desarrollo de su actividad

empresarial, realice actos tales como: transportar, almacenar, vender,

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ofrecer en venta, distribuir, importar, exportar, publicitar, publicar,

etc., productos o servicios utilizando su nombre comercial.

Sobre este asunto, la jurisprudencia27 y la doctrina han predicado que

el uso del nombre comercial deberá ser “[…] personal, continuo,

efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba

del uso corresponderá a quien la alegue […]”.

Asimismo, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia de 22

de septiembre de 201628, en la que se precisó, con fundamento en la

interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

“[…] Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el
sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre
comercial goza de las siguientes características:

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con
su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre
comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El
registro de un nombre comercial puede ser simplemente un
indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos
sobre un nombre comercial deberá probar su uso real,
efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se
entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así
como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de
septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00453-00 C.P. María
Elizabeth García González.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de
septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00453-00 C.P. María
Elizabeth García González.

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“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del
nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en
los términos siguientes: Por tanto, la obligación de
acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se
sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el
derecho de protección del nombre en algún hecho
concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica
para los competidores (…) de manera que la protección
otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a
su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la
actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que
permite que se consolide como tal y mantenga su derecho
de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho
de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo
libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia
(…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre
comercial deben servir para acreditar la identificación
efectiva de dicho nombre con las actividades económicas
para las cuales se pretende el registro.”29

c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante
de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de
registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a
la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión
y/o de asociación en el público consumidor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un
nombre comercial con anterioridad al uso de un signo
idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste
puede causar riesgo de confusión o de asociación.

(…)
En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá
demostrarse mediante facturas comerciales, documentos
contables, o certificaciones de auditoría que demuestren
la regularidad y la cantidad de la comercialización de los
servicios identificados con el nombre comercial, entre
otros.

Adicionalmente, constituirán uso de un signo en el
comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el
comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos
o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o
transportar productos con ese signo; o, emplear el signo
en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o

29
Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000.

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comunicaciones escritas u orales, independientemente del
medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las
normas sobre publicidad que fuesen aplicables.[…]”
(Destacado fuera de texto)

En consecuencia, se insiste en que quien alegue el derecho al uso

exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios

procesales su uso real, efectivo y constante con anterioridad al

registro de la marca solicitada o registrada.

Comoquiera que para que aplique la causal de irregistrabilidad bajo

estudio, debería haberse acreditado la existencia y uso del nombre

comercial, correspondería a la Sala, previo a desarrollar el cargo

propuesto, determinar si, para el momento en que se expidieron los

actos administrativos acusados, la actora era la titular del nombre

comercial “GASMAX”,

.- Resolución núm. 23 de 5 de marzo de 2008, “Por la cual se establece

el reglamento de distribución y comercialización minorista de Gas

Licuado de Petróleo”, expedida por la CREG30.

.- Copia de la Oferta mercantil de transporte con fines de distribución

de GLP, núm. RVM-ASGB-001 de 1o. de octubre de 2010, suscrita por

los señores RAFAEL VALENZUELA y ALICIA STELA GARZÓN

30
Folios 34 a 58 del cuaderno núm. 1.

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BELTRÁN dirigida a la señora LILI JOHANNA MENDEZ ESPITIA, en

su calidad de representante legal de la sociedad GAS GOMBEL S.A.

E.S.P., en la que se advierte lo siguiente31:

“[…]

[…]”.

.- Copia del Otrosí al contrato RVM-ASGB-001 suscrito entre los

señores RAFAEL VALENZUELA, ALICIA STELA GARZÓN BELTRÁN

y GAS GOMBEL S.A. E.S.P.32

.- Certificación de fecha 23 de septiembre de 2016, expedida por el los

señores MARTÍN ADOLFO MORA GELVES y JOSE VICENTE

BAQUERO ZAPATA, en sus calidades, respectivamente, de

representante legal y revisor fiscal de la sociedad GAS GOMBEL S.A.

31
Folios 59 a 78 del cuaderno núm. 1.
32
Folios 79 a 80 del cuaderno núm. 1.

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E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN, mediante la cual certifican que

dicha compañía tiene suscritos, con usuarios finales, 96.424 contratos

de condiciones uniformes, en los que siempre van impresos el nombre

y la enseña de “GASMAX”, como se advierte a continuación33:

Junto con dicha certificación, se allegó copia de los contratos de

condiciones uniformes con cláusulas especiales de prestación del

servicio público domiciliario de gas propano, suministrado en cilindros,

celebrado entre GAS GOMBEL S.A. E.S.P. y los usuarios núms. 36426

y 003061, de fechas 10 de noviembre y 6 de diciembre de 2010.

.- Certificación de fecha 23 de septiembre de 2016, expedida por los

señores MARTÍN ADOLFO MORA GELVES y JOSE VICENTE

33
Folios 81 a 85 del cuaderno núm. 1.

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BAQUERO ZAPATA, en sus calidades, respectivamente, de

representante legal y revisor fiscal de la sociedad GAS GOMBEL S.A.

E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN, a través de la cual certifican lo

siguiente34:

“[…]

[…]”.

Junto con dicha certificación, se allegó copia de las órdenes de compra

de fechas 21 de septiembre de 2009; 25 de julio de 2010; 2 de agosto

de 2012; 5 de agosto, 1o, 4, 8 y 29 de octubre de 2013; 12 de febrero

de 2014; y 16 de julio, 4 de septiembre y 15 de octubre de 2015.35

.- Fotografía del uso de la expresión “GASMAX”, en los cilindros que

comercializan y que contienen GLP36:

34
Folio 85 del cuaderno núm. 1.
35
Folios 86 a 105 del cuaderno núm. 1. Cabe señalar que algunas facturas de compra se encuentran
ilegibles, por lo que no es posible derivar una fecha cierta de éstas.
36
Folio 106 del cuaderno núm. 1.

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.- Impresión de la página web www.gasmax.com.co de propiedad de

la sociedad GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN, en

las que se advierte el uso de la expresión “GASMAX”, de la siguiente

manera37:

37
Folio 107 del cuaderno núm. 1.

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.- Copia del contrato de condiciones uniformes núm. BY-14946 de fecha

30 de enero de 2011, suscrito entre FRANKLY BRICEÑO DÁVILA y

el señor MIGUEL DAVID L., en su calidad de representante de la

sociedad GAS GOMBEL S.A. E.S.P., en el que se advierte lo

siguiente38:

38
Folio 109 del cuaderno núm. 1.

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.- 8 Copias de órdenes de compra de fechas 25 y 28 de julio y 14 de

octubre de 2010; 19 de julio, 2 de agosto y 28 de noviembre de 2012;

y 28 de abril de 2013, por concepto de venta de “cilindros marcados

con el nombre “GASMAX” de 100 libras”, las cuales se encuentran

firmadas por el señor GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS, en su

calidad de gerente de la sociedad GAS GOMBEL S.A. E.S.P.39

De conformidad con lo anterior y al analizar las pruebas documentales

allegadas al expediente, la Sala observa que: i) la actora demostró que

en el año de 2009 efectuó el primer uso de la expresión “GASMAX”,

para identificar la actividad comercial relacionada con la

comercialización de cilindros de GLP, siendo su último uso en el año

2015; y ii) el 22 de julio de 2011 y el 6 de agosto de 2014 el tercero

con interés en las resultas del proceso solicitó el registro las marcas

39
Folios 110 a 117 del cuaderno físico núm. 1.

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mixtas “GAS MAX” y “GASMAX”, para los servicios de las clases 39 y

35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes

reseñadas permiten concluir que desde el año 2009 la sociedad actora

viene haciendo uso del nombre comercial “GASMAX” en forma

personal y continua con anterioridad a la fecha de la solicitud de las

marcas cuestionadas, teniendo en cuenta que las solicitudes de

registro de las marcas “GAS MAX” y “GASMAX” fueron presentadas,

respectivamente, el 22 de julio de 2011 y el 6 de agosto de 2014.

En efecto, tanto las certificaciones expedidas por el revisor fiscal y el

representante legal de la sociedad actora, acompañadas de las órdenes

de compra y contratos uniformes allegados, acreditan que la sociedad

actora utilizó su nombre comercial en el mercado, reflejando una

permanencia y continuidad en el desarrollo de su actividad, así como

la exteriorización de las mismas, lo que, a juicio de la Sala, indica que

tanto los consumidores como los competidores percibieron su

existencia.

Adicionalmente, el uso que demostró la sociedad GAS GOMBEL S.A.

E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN respecto del nombre comercial

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“GASMAX” correspondió a un período lo suficientemente amplio como

para que de su uso pueda inferirse la permanencia y continuidad en el

desarrollo de sus actividades, el cual, además, se reitera, es anterior

a las fechas de solicitud de registro de las marcas cuestionadas “GAS

MAX” y “GASMAX”, máxime si se tiene en cuenta que dada la cantidad

de ingresos reportados durante los años 2009 a 2016, el uso del

nombre es ostensible, pues ascienden a aproximadamente COP

$13.000.000.000, por lo que su presencia en el mercado de acuerdo al

tipo de actividad resulta considerable.

Lo anterior es así, atendiendo al criterio comunitario en virtud del cual

los documentos aptos para acreditar el uso del nombre comercial

pueden ser: “facturas comerciales, documentos contables, o las

certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad

de la comercialización de los servicios identificados con el nombre

comercial”40, que permitan establecer de manera clara los tiempos en

los cuales se realizó el uso del nombre comercial.

Al respecto, la Sala, en anterior ocasión, esto es, en sentencia de 21

de octubre de 201041, indicó que frente a la prueba de uso del nombre

40
Proceso 05-IP-2016
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre
de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00348-01, C.P. Marco Antonio
Velilla Moreno. Criterio reiterado, entre otras, en sentencias de 22 de septiembre de 2016, expediente
identificado con el número único de radicación 2010-00452-00, C.P María Elizabeth García González y 19

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comercial, basta con demostrar que los mismos han sido

utilizados con anterioridad a la fecha de solicitud de registro del

signo cuestionado y que dicho uso sea debidamente probado.

Así discurrió la Sala:

“[…] En primer lugar, establece la Sala que existen suficientes
pruebas dentro del expediente que permiten concluir que la
sociedad TRANSPACK LTDA. posee una amplia trayectoria
empresarial tanto nacional como internacionalmente.

En efecto, muestra la actora dentro del expediente las pruebas de
la actividad empresarial desde 1968 con:

[…]

Todo lo anterior permite concluir que TRANSPACK se ha sostenido
activamente dentro del mercado interno durante muchos años y es
ampliamente conocida dentro del sector y como lo deduce el
Tribunal de Justicia de la comunidad andina “el uso de un nombre
comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público
tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial
amparada o protegida por ese nombre” lo que se encuentra
debidamente probado dentro del proceso.

Igualmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
concluye que “el nombre comercial puede impedir el registro
de una marca o de otro nombre comercial, siempre que
hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva,
y que dicho uso sea debidamente probado” en efecto el uso
del nombre comercial se encuentra ampliamente probado
dentro del proceso. […]”.

Asimismo, debe tenerse en cuenta lo expresado por el Tribunal en la

Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 142-IP-2019, en los

siguientes términos:

de septiembre de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00060-01, C.P
María Elizabeth García González.

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“[…]

1.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre
comercial debemos señalar que la norma comunitaria no
exige que se acredite el uso del nombre comercial cada
instante desde su primer uso, pero sí que se presenten
pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha
en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo,
considerando los productos y servicios que distingue el
signo.

[…]”. (Destacado fuera de texto).

Ahora, en cuanto al primer supuesto del literal b) del artículo 136 de la

Decisión 486, esto es, la identidad o semejanza entre la marca

solicitada y el nombre comercial, la Sala procede a realizar el cotejo

respectivo.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis

de la marca y nombre comercial confrontados, la Sala considera que

en el presente caso es indudable que entre la marca cuestionada

“GASMAX” y el nombre comercial “GASMAX” existe identidad

ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

Ahora, entre la marca cuestionada “GAS MAX” y el nombre comercial

“GASMAX”, en cuanto a la similitud ortográfica, la Sala advierte

significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de

confusión, teniendo en cuenta que la solicitada reproduce totalmente

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las partículas “GAS” y “MAX”, contenida en el referido signo distintivo,

en las cuales se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y

que la única diferencia radica en la inclusión de un espacio intermedio

entre las partículas “GAS” y “MAX”, en la marca cuestionada, la cual

no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo del

nombre comercial opositor, “GAS MAX”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado

está compuesto por las palabras “GAS” y “MAX” ello no desvirtúa el

riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la

carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo

el nombre, esto es, en “GASMAX”, lo que lleva a que la marca

solicitada “GAS MAX” no sea suficientemente distintiva y diferente de

dicho nombre.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la

pronunciación de las expresiones cotejadas es idéntica, porque

coinciden en las denominaciones “GAS” y “MAX”, siendo éstas el

elemento principal y preponderante del nombre comercial “GASMAX”;

y aunque la expresión solicitada tiene un espacio intermedio entre

dichas partículas, ello no desvirtúa que su pronunciación sea idéntica.

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En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal

semejanza:

GAS MAX – GASMAX - GAS MAX - GASMAX – GAS MAX – GASMAX

GAS MAX – GASMAX - GAS MAX - GASMAX – GAS MAX - GASMAX

GAS MAX – GASMAX - GAS MAX - GASMAX – GAS MAX - GASMAX

GAS MAX – GASMAX - GAS MAX - GASMAX – GAS MAX - GASMAX

Para la Sala resulta evidente que en el caso sub examine,

fonéticamente, en la marca cuestionada y en el nombre comercial

predomina el sonido de las palabras “GAS” “MAX”.

En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, la Sala advierte que

la partícula “GAS”42, presente en las expresiones confrontadas,

significan, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia: “[…]

m. Fluido que tiende a expandirse y que se caracteriza por su baja

densidad, como el aire. […]”.

Por su parte, el término “MAX” puede tenerse como evocativo de la

palabra “MÁXIMO”43, que se define como: “[…] 1. adj. Perteneciente

o relativo a la relación (‖ correspondencia de algo con otra cosa). […]”.

42
https://dle.rae.es/gas?m=form
43
https://dle.rae.es/m%C3%A1ximo?m=form

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En todo caso, la Sala considera que al estar el nombre comercial y una

de las marcas cuestionadas compuestos por la unión de dichas

partículas, esto es, “GASMAX”, éstos deben tenerse de fantasía, por

lo que la Sala estima que las expresiones confrontadas no se pueden

cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, habiéndose demostrado la similitud existente entre las

marcas cuestionadas y el nombre comercial de la actora, es pertinente

señalar que no basta con demostrar la similitud y/o identidad entre el

signo cuestionado y el nombre comercial, sino que también debe

demostrarse que existen circunstancias en las cuales el uso de la

expresión cuestionada puede originar riesgo de confusión o de

asociación con el nombre comercial protegido.

De conformidad con lo anterior, se observa, entonces, que debe

analizarse si el uso de las marcas cuestionadas podría generar riesgo

de confusión o asociación con el nombre comercial, lo que quiere decir

que le corresponde a la Sala determinar si existe identidad o similitud

entre los servicios amparados por las marcas “GASMAX” y “GAS

MAX” y la actividad empresarial desarrollada por el nombre comercial

“GASMAX”, protegido a favor de la actora.

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Al examinar el objeto social de la sociedad actora y los servicios que

distinguen las marcas solicitadas por el tercero con interés directo en

las resultas del proceso, la Sala advierte que existe similitud, habida

cuenta que la actividad empresarial del nombre comercial protegido se

desarrolla en el sector de la comercialización de GLP ya que éste

consiste en “[…] el servicio público de gas, combustible, definido como

el almacenamiento, manejo, compra, venta, comercialización,

suministro, distribución y transporte al por mayor y al detal de gas

licuado de petróleo y gas natural, por tubería u otro medio […]”44.

Por su parte, las marcas cuestionadas, distinguen los siguientes

servicios de las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza:

.- Clase 35: “[…] Comercialización, compra, venta, importación y

exportación de GLP, gas vehicular. […]”.

.- Clase 39: “[…] Servicios de transporte, en especial los servicios de

transporte de gas combustible, gasoil, gasolina, carburantes,

lubricantes, grasas industriales y GLP. […]”.

44
De conformidad con el certificado de existencia y representación legal de la actora obrante a folio 10 del
cuaderno físico núm. 1.

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De lo anterior, la Sala advierte un claro uso complementario y

conjunto, ya que ambas empresas identifican idénticos servicios y

actividades comerciales relacionados con la comercialización y

transporte de gas combustible, gasolina y GLP.

También se advierte que comparten la misma naturaleza, ya que hacen

parte del mismo sector relacionado con la comercialización y transporte

de combustibles.

Así las cosas, al existir semejanzas ortográficas y fonéticas, así como

similitud entre los servicios que amparan las marcas cuestionadas y las

actividades comerciales desarrolladas por el nombre comercial

protegido, para la Sala se configuró la causal de irregistrabilidad

prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, por lo que

no se advierte temeridad alguna por parte de la sociedad actora, como

erróneamente lo afirmaba el señor GERMÁN ALFREDO ORTIZ

CÁRDENAS.

Tampoco se advierte que le asista razón al tercero con interés directo

en las resultas del proceso cuando afirmó que él le había otorgado una

autorización de uso de la marca “GASMAX” a la actora, comoquiera

que, finalmente, quien demostró el uso previo, real y ostensible del

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nombre comercial “GASMAX” a la fecha de solicitud de las marcas

cuestionadas para las clases 35 y 39 fue la actora, de manera que sería

imposible otorgar una autorización de uso de marca cuando éstas ni

siquiera habían sido registradas como tal ante la SIC.

En otras palabras, al haberse demostrado que el nombre comercial

“GASMAX” se utilizó de manera previa a la fecha de solicitud de

registro de las marcas cuestionadas, era imposible que el tercero con

interés directo en las resultas del proceso otorgara una autorización de

uso de marca a la actora, cuando éste no ostentaba derechos sobre

dicha expresión para los servicios de las clases 35 y 39 pues, como ya

se dijo, no habían sido solicitadas a registro ante la entidad

demandada.

Finalmente, en cuanto a la afirmación del señor ORTIZ CÁRDENAS

relativo a que no se puede declarar la nulidad de los actos acusados

comoquiera que continúa siendo titular de la marca “GASMAX”

identificada con certificado de registro núm. 381770, que ampara

productos de la Case 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, desde

el año 2008, para la Sala no le asiste razón, toda vez que las

resoluciones que concedieron dicho registro no fueron objeto de

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nulidad y, por lo tanto, dicha marca no es objeto de debate en el

presente asunto.

Adicionalmente, el hecho de contar con dicho registro marcario en nada

impide el análisis anteriormente efectuado por la Sala pues, se insiste,

en este caso se estaban cotejando las marcas “GAS MAX” y

“GASMAX”, que amparan servicios de las clases 35 y 39 de la

Clasificación Internacional de Niza con el nombre comercial “GASMAX”

de la actora.

En este orden de ideas, al configurarse la causal de irregistrabilidad

prevista en el literal b) del artículo 136, ibidem, la Sala considera que

debe declararse la nulidad de las resoluciones núms. 77562 de 28 de

diciembre de 2011, “Por la cual se concede un registro”, y 15212 de

31 de marzo de 2015, “Por la cual se concede un registro”, por lo

que se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Cabe señalar que, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado

anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados

en la demanda, así como de los argumentos y pruebas allegadas por

el tercero con interés directo en las resultas del proceso para

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demostrar su actuar de buena fe y que no cometió actos de

competencia desleal, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas,

en sentencia de 11 de febrero de 201645, en la que se precisó lo

siguiente:

"[...] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda
en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de
2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la
infracción de las normas que consagran la obligación de
consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con
la decisión resulten desconocidos sus derechos [...]" (Destacado
fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de

“Inaplicabilidad de una norma derogada, formulación incorrecta de la

acción y prescripción de la acción de nulidad relativa”, propuesta por

el señor GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS, tercero con interés

directo en las resultas del proceso.

45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero
de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00.

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SEGUNDO: NEGAR parcialmente las pretensiones de la demanda,

frente a la nulidad de la Resolución núm. 94264 de 31 de diciembre de

2013, “Por la cual se concede un depósito”, expedida por la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 77562 de

28 de diciembre de 2011, “Por la cual se concede un registro”, y

15212 de 31 de marzo de 2015, “Por la cual se concede un registro”,

expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de

esta providencia.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO cancelar los

registros de las marcas identificadas con los certificados de registro

núms. 437751 y 514720; y publicar la parte resolutiva de esta

providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo

128 de la Decisión 500 de la CAN.

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SEXTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las

anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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