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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00603-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00603-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2016-00603-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00603-00
Demandante: Edmundo Acevedo Rueda
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero: C.A. Cigarrera Bigott SUCS
Tema: Registro del signo mixto “CONSUL” para distinguir
productos comprendidos en la clase 34 del nomenclátor de
la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida en contra de las Resoluciones 100267 de 23 de diciembre de
20151 y 38250 de 17 de junio de 20162, expedidas por la Superintendencia de Industria
y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada
por la sociedad C.A. Cigarrera Bigott SUCS y negó el registro como marca del signo
mixto “CONSUL” para distinguir productos comprendidos en la clase 34 del
nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Edmundo
Acevedo Rueda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. El señor Edmundo Acevedo Rueda, a través de apoderada judicial, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138
de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con
el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 3.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 100267 del veintitrés
de diciembre de dos mil quince (2015), por la cual la Directora de Signos
Distintivos a pesar de declarar infundada la oposición presentada por la
sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT, SUCS., negó el registro de la marca
CONSUL en la clase 34 internacional a mi representado señor EDMUNDO
ACEVEDO RUEDA.

3.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 38250 del diecisiete (17)
de junio de dos mil dieciséis (2016), por la cual, el Superintendente Delegado
para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio,
revocó el artículo primero de la Resolución No. 100267 del veintitrés (23) de
diciembre de dos mil quince (2015) y en su lugar, declaró fundada la oposición

1 Folios 26 a 33 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”.
2 Folios 34 a 41 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.
3 Folios 8 a 18 C pp.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00603-00
Demandante: Edmundo Acevedo Rueda
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

presentada por la sociedad CIGARRERA BIGGOT SUCS. y negó el registro
de la marca CONSUL (MIXTA), solicitada por mi representado.

3.3. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las resoluciones
100267 del veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince (2015) y 38250 del
diecisiete (17) de junio de dos mil dieciséis (2016), y a título de restablecimiento
del derecho se ordene:

3.3.1. Declarar infundada la demanda de oposición formulada por la sociedad
C.A. CIGARRERA BIGGOT SUCS., contra la solicitud de registro de la marca
CONSUL (MIXTA) clase 34 internacional, tal y como lo declaró la Resolución
No. 100267 del veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince (2015).

3.3.2. Se conceda el registro de marca CONSUL (MIXTA) en la clase 34
internacional a mi representado el señor EDMUNDO ACEVEDO RUEDA.

3.4. Se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

3.5. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la
Gaceta de Propiedad Industrial […]” (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda4

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los
siguientes:

3. La apoderada de la parte demandante señaló que, el 30 de marzo de 2015, el señor
Edmundo Acevedo Rueda solicitó el registro como marca del signo mixto “CONSUL”
para identificar los productos de la clase 34 del nomenclátor de la Clasificación
Internacional de Niza, estos son: “[…] cigarrillos, tabaco, productos del tabaco,
elementos para fumador, encendedores y fósforos […]”.

4. Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad C.A. Cigarrera Bigott SUCS
presentó oposición, por cuanto, a su juicio, (i) el mencionado signo era similarmente
confundible con el signo mixto solicitado “CONSUL” en la misma clase, dentro del
expediente administrativo, 13-1816715, así como con su marca notoria en Venezuela
y (ii) la solicitud carece de interés, toda vez que dicho signo fue solicitado exactamente
igual dentro del expediente 14-262380.

5. Señaló que, mediante la Resolución 100267 de 23 de diciembre de 2015, la directora
de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
declaró infundada la oposición presentada por la sociedad C.A. Cigarrera Bigott SUCS
y negó el registro del signo solicitado, al estimar que carece de objeto jurídico la
petición presentada, esto es, por cuanto el solicitante ya tenía registrado el mismo
signo mixto, que identifican los mismos productos6. Frente a lo cual, el señor Edmundo

4 Folios 8 a 14 C pp.
5 Solicitud de registro negada mediante Resoluciones 34578 de 30 de junio de 2015 y 83158 de 26 de octubre de

2015.
6 Certificado 603.815.

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Demandante: Edmundo Acevedo Rueda
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Acevedo Rueda y la sociedad C.A. Cigarrera Bigott SUCS presentaron recurso de
apelación.

6. Afirmó que, mediante la Resolución 38250 de 17 de junio de 2016, el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industria y Comercio resolvió los recursos de apelación interpuestos por ambas partes
en el sentido de revocar el artículo primero de la Resolución 100267, por cuanto, en
la oposición de la sociedad C.A. Cigarrera Bigott SUCS se señaló que la solicitud
carecía de objeto, por lo que declaró fundada la misma por este hecho y la confirmó
en lo demás.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

7. La parte demandante propuso como cargos de nulidad los relacionados con la falsa
motivación y el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos
acusados, para lo cual señaló como quebrantadas: (i) Constitución Política, artículo
29 y; (ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134,
135 y 136.

I.1.2.2. El concepto de violación

8. La apoderada de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se
encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registró como marca del
signo mixto “CONSUL” de la clase 34, al señor Edmundo Acevedo Rueda sin
considerar que la misma era registrable, por cuanto, la carencia de objeto no es una
causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486,
desconociendo lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política.

9. Sostuvo que la SIC vulneró su derecho al debido proceso, toda vez que realizó una
indebida interpretación del ordenamiento jurídico, al haber invocado una causal de
irregistrabilidad que no se encuentra regulada en las normas comunitarias, esta es, la
de carencia de objeto.

10. Explicó que no se invocó ninguna norma imperativa de prohibición aplicable al caso,
por lo que existe un vacío normativo respecto de la facultad que tiene un titular de una
marca previamente registrada para solicitar nuevamente su registro para identificar los
mismos productos y servicios. En ese contexto, aseguró que se le desconocieron sus
derechos a conocer íntegramente los argumentos y razones que motivaron la
decisión.

11. Concluyó que “[…] el signo solicitado recae sobre una marca cuya titularidad es del
mismo solicitante EDMUNDO ACEVEDO RUEDA, así como también pretende
identificar los mismos bienes y productos, no ocasionando con ellos riesgo de
confusión o asociación pues no habría lugar a la aplicación de esto […] dicha solicitud
[…] se hizo invocando el derecho preferente como consecuencia de la resolución

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Demandante: Edmundo Acevedo Rueda
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

60601 del 24 de noviembre de 2014, por la cual la Superintendencia Delegada para
la Propiedad industrial confirmó la resolución 61771 del 25 de octubre de 2013 que
canceló el registro de la marca CONSUL (MIXTA), certificado de registro 238.146 que
se tramitó bajo el expediente administrativo 98 21800 […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio7

12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que
se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las
resoluciones acusadas fueron debidamente motivadas y no se incurrió en
desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

13. Señaló que, el objeto jurídico de una marca es el derecho al uso exclusivo que le
otorga el registro, en tanto esa es la principal consecuencia, por lo tanto, la solicitud
de una marca ya registrada y vigente carece de objeto jurídico, dado que los derechos
y facultades que conferiría el segundo registro serían los mismos que ya existían con
el primer registro, lo que se traduce en la posibilidad inicial de usar en el mercado una
marca para unos productos o servicios determinados y una posibilidad adicional de
usar la misma marca para los mismos productos o servicios, lo que no tiene un efecto
práctico y real.

14. De acuerdo con lo anterior, recordó que puede solicitarse el registro de una marca
que estuvo registrada y caducó, esto es, que transcurriera el periodo de gracia de 6
meses que cuenta el titular de un registro, momento en el que el signo se convierte en
disponible.

15. Aseguró que los actos administrativos demandados atendieron el ejercicio de
racionalidad de la decisión y no simples apreciaciones de la administración.

II.2. Contestación de la sociedad C.A. Cigarrera Bigott SUCS8

16. La sociedad C.A. Cigarrera Bigott SUCS, tercero con interés en el resultado del
proceso, contestó la demanda en la que solicitó se nieguen las pretensiones de la
demanda.

17. Mencionó que, al existir un derecho del demandante sobre el signo solicitado,
carece de propósito, interés y objeto jurídico, toda vez que otorgaría un doble derecho
sobre la misma marca, de manera que la solicitud del demandante carece de objeto.
De lo contrario, conllevaría a un objeto ilícito u objeto imposible, o lo que es lo mismo,
que es contrario a la ley.

7 Folios 59 a 72 C pp.
8 Folios 77 a 102 C pp.

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Demandante: Edmundo Acevedo Rueda
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

18. Por otra parte, advirtió que la marca “CONSUL” en la clase 34 goza de notoriedad
en el mercado de Venezuela, toda vez que es sustituta de la marca “BELMONT” líder
del mercado, por lo que el demandante quiere “apoderarse” de la misma.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

19. El señor Edmundo Acevedo Rueda presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho el 20 de octubre de 20169 en contra de las Resoluciones 100267 de 23 de
diciembre de 2015 y 38250 de 17 de junio de 2016, expedidas por la Superintendencia
de Industria y Comercio – SIC.

20. Por auto de 4 de diciembre de 201710 se inadmitió la demanda. Mediante auto de
29 de junio de 201811 se admitió la demanda, se dispuso notificar al Superintendente
de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad C.A. Cigarrera Bigott
SUCS. El 5 de septiembre de 201812 se dio traslado de la demanda por el término de
30 días.

21. A través de auto de 15 de marzo de 201913 se fijó fecha para llevar a cabo la
audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 16 de
enero de 202214.

22. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se
fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes,
así como copia del certificado 238.146 de la marca cancelada “CONSUL”, cancelada
mediante Resoluciones 61771 de 25 de octubre de 2013 y 60601 de 24 de noviembre
de 2014 y su expediente administrativo, asimismo el certificado 603.815 de la marca
“CONSUL” vigente al momento de la expedición de los actos y su expediente
administrativo y se prescindió de la realización de pruebas prevista en el artículo 181
de la Ley 1437.

23. A través de auto de 30 de octubre de 202015 se solicitó ante el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del
contenido y alcance de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la
Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial
247-IP-2020 de 21 de junio de 202116 dentro de la cual interpretó de oficio el artículo
276 de la Decisión 486 de 2000 sobre el complemento indispensable del Derecho
Comunitario Andino, no interpretó los artículo 134, 135 y 136 ibidem, por no estar en
discusión el concepto de marca, las prohibiciones absolutas ni relativas para su
registro tampoco la confundibilidad entre signos, ya que la controversia radica en la

9 Folio 8 C pp.
10 Folio 21 C pp.
11 Folios 43 a 44 C pp.
12 Folio 44 vto. C pp.
13 Folios115 C pp.
14 Índice 42 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
15 Folios 183 y vto. C pp.
16 Índice 50 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

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Demandante: Edmundo Acevedo Rueda
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

solicitud de un registro de una marca idéntica y para iguales productos, por parte de
un mismo titular, como se observa a continuación:

“[…] NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135
y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, mismos que
no serán interpretados por no estar en discusión el concepto de marca, las
prohibiciones absolutas ni relativas para su registro y tampoco la confundibilidad
entre signos, ya que la controversia radica en la solicitud de un registro de una
marca idéntica y para iguales productos, por parte de un mismo titular.

[…]

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Complemento indispensable del Derecho Comunitario Andino

En el presente caso el accionante manifestó que no debe existir impedimento
para el registro de una marca idéntica y para los mismos productos, ya que
generaría derechos independientes, en referencia a lo alegado es importante
mencionar que todos y cada uno de los Países Miembros deber regirse a la
norma comunitaria andina y no podrían expedir normas sobre asuntos regulados
en la misma, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en
consecuencia, no pueden, con el pretexto de reglamentar normas comunitarias,
establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y
previstos en las normas comunitarias.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad
de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no
regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento
indispensable, le corresponde a esos países llevar a cabo tales
implementaciones sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias,
requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera
afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulado
de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos
consagrados por la norma comunitaria.

En ese sentido, son solo dos los escenarios en los que la norma nacional puede
complementar a la norma andina: (i) El primero, cuando un asunto o tema no
está regulado en la norma andina. En este caso, ante el silencio de la norma
andina, la norma nacional puede abocarse al conocimiento de dicho asunto o
tema y regulado normativamente; y, (ii) El segundo, cuando la norma andina
regula una materia en términos generales y autoriza que algún extremo de ella
sea desarrollado de manera más detallada o concreta por la legislación interna
de los países miembros.

En cualquiera de los dos supuestos antes mencionados, la regulación del asunto
o materia por la norma nacional no puede transgredir ni el texto ni la ratio legis
de la norma andina.

[…]

El Artículo 276 de la Decisión 486, el cual dispone que “los asuntos sobre
Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados
por las normas internas de los Países Miembros”. Por virtud del principio de
complemento indispensable, todo aquello sobre propiedad industrial que no está
contemplado en la Decisión miembros, sin que ello suponga la posibilidad de

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contradecir alguna disposición de dicha norma andina. […] Los dos artículos
mencionados, por vía del principio de complemento indispensable, autorizan a
las legislaciones internas a regular aquello que en términos muy generales está
mencionado en la norma andina.
[…]

El Tribunal ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno
que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar
substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la
legislación comunitaria andina.

Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la
expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean
necesarias para la correcta aplicación de aquellas […]” (subrayado, mayúscula
y negrilla del original).

25. Mediante auto de 24 de agosto de 202117 se prescindió de la realización de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y,
en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

26. En el término para alegar de conclusión, el señor Edmundo Acevedo Rueda18, la
sociedad C.A. Cigarrera Bigott SUCS19 y la SIC20 reiteraron sus argumentos de
nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 149 21 de la Ley 1437,
la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única
instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo
434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas
secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

28. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 100267 de 23 de
diciembre de 2015 y 38250 de 17 de junio de 2016, expedidas por la Superintendencia
de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales declaró fundada la oposición
presentada por la sociedad C.A. Cigarrera Bigott SUCS y negó el registro como marca
del signo mixto “CONSUL” para distinguir productos comprendidos en la clase 34 del

17 Folio 193 C pp.
18 Índice 60 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
19 Índice 59 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
20 Índice 61 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
21 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus

Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga,
conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos
previstos en la ley […]”.

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Demandante: Edmundo Acevedo Rueda
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nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Edmundo
Acevedo Rueda.

29. La Sala deberá analizar si la SIC debió registrar como marca el signo mixto
“CONSUL” en la clase 34, por cuanto, a juicio de la parte demandante, la carencia de
objeto no es una causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 134, 135 y 136
de la Decisión 486, lo que desconoce el derecho al debido proceso del demandante
previsto en el artículo 29 de la Constitución Política.

30. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos
demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

31. La sociedad demandante solicitó se declare la nulidad de las Resoluciones 100267
de 23 de diciembre de 201522 y 38250 de 17 de junio de 201623, expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró
fundada la oposición presentada por la sociedad C.A. Cigarrera Bigott SUCS y negó
el registro como marca del signo mixto “CONSUL” para distinguir productos
comprendidos en la clase 34 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza,
solicitada por el señor Edmundo Acevedo Rueda.

IV.4. Análisis del caso concreto

32. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca
del signo mixto “CONSUL” para distinguir productos comprendidos en la clase 34: “[…]
cigarrillos, tabaco, productos del tabaco, elementos para fumador, encendedores y
fósforos […]”.

33. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de
nulidad por cuanto la SIC negó dicho registro sin considerar que, la carecía de objeto
no es causal de irregistrabilidad de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486, lo
que desconoce su derecho al debido proceso previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política.

34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de
interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 247-
IP-2020 de 21 de junio de 2021 dentro de la cual interpretó de oficio el artículo 276 de
la Decisión 486 de 2000 sobre el complemento indispensable del Derecho
Comunitario Andino, no interpretó los artículo 134, 135 y 136 ibidem, por no estar en
discusión el concepto de marca, las prohibiciones absolutas ni relativas para su
registro tampoco la confundibilidad entre signos, ya que la controversia radica en la
solicitud de un registro de una marca idéntica y para iguales productos, por parte de
un mismo titular.

22 Folios 26 a 33 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”.
23 Folios 34 a 41 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.

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35. Atendiendo a la jurisprudencia de esta Sala24, se considera que, para el caso sub
examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134,
135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el cargo de violación se
circunscribe a considerar si la solicitud de registro como marca del signo mixto
“CONSUL” era procedentes cuando el solicitante ya tenía registrada la misma marca
mixta que identifica los mismos productos, lo que puede desconocer su derecho al
debido proceso.

36. La Sala precisa que el artículo 276 de la Decisión 486 de 2000 sí resulta relevante
para el análisis del presente asunto, en tanto regula el principio de complemento
indispensable del derecho comunitario andino, aspecto directamente relacionado con
la discusión acerca de la posibilidad jurídica de conceder un nuevo registro respecto
de una marca idéntica, para los mismos productos y en favor del mismo titular,
supuesto no regulado expresamente por la normativa comunitaria andina.

37. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente:

“[…] Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la
presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países
Miembros […]”.

Vulneración del artículo 29 de la Constitución Política y el análisis del
complemento indispensable del Derecho Comunitario Andino regulado en el
artículo 276 de la Decisión 486 de 2000

38. El derecho al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política
determina que éste se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Asimismo, “que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio”.

39. Las principales manifestaciones de la garantía al debido proceso están relacionadas
con el cabal ejercicio del derecho a la defensa, entendido como la oportunidad
reconocida a toda persona de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos,
de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en su contra y de solicitar la práctica y
evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la
ley otorga25.

40. LaCorte Constitucional en relación con el debido proceso administrativo, ha
señalado26 que:

“[…] en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho al debido
proceso hace referencia al comportamiento que deben observar las autoridades
públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto éstas se encuentran

24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 11 de mayo De 2023;

Rad.: 2006-00239-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Y, sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2014-
00685-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-025 de 2009.
26 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 2010.

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

obligadas a “actuar conforme a los procedimientos previamente establecidos en
la ley, con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan resultar afectados
por las decisiones de la administración que crean, modifican o extinguen un
derecho o imponen una obligación o una sanción […]” y que, en todo caso, se
han identificado algunas garantías mínimas asociadas al concepto de debido
proceso administrativo, entre ellas, el derecho a: i) que el trámite se adelante
por la autoridad competente; ii) que durante el mismo y hasta su
culminación se permita la participación de todos los interesados; iii) ser
oído durante toda la actuación; iv) que la actuación se adelante sin
dilaciones injustificadas; v) ser notificado de las decisiones que se
adopten de manera oportuna y de conformidad con la ley; vi) solicitar,
aportar y controvertir pruebas; vii) en general, ejercer el derecho de
defensa y contradicción; y, por último, viii) impugnar las decisiones que
puedan afectarle.[…]” (negrilla fuera de texto).

41. En ese contexto, la Sala debe determinar si a la parte demandante se le desconoció
su derecho al debido proceso, toda vez que los actos administrativos demandados
negaron el registro como marca el signo mixto “CONSUL” para identificar productos de
la clase 34, esto son “[…] cigarrillos, tabaco, productos del tabaco, elementos para
fumador, encendedores y fósforos […]”, por cuanto no existe una causal de
irregistrabilidad denominada carencia de objeto.

42. Frente a lo anterior, se pone de presente que, en garantía del derecho de audiencia y
defensa, presentada la solicitud de registro, la oficina nacional competente procederá
a realizar el examen de registrabilidad, a pronunciarse sobre los argumentos del
opositor y, si es el caso, los del solicitante, y, finalmente, se pronunciará sobre su
concesión o denegatoria mediante acto administrativo.

43. Ahora, el demandante alega que es posible que el titular de un registro marcario
pueda solicitar y obtener un nuevo registro marcario igual al ya concedido. Al respecto,
la Sala pone de presente que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá a
partir de la concesión del registro por parte de la oficina nacional competente.
Asimismo, la concesión de un registro marcario confiere a su titular el derecho
exclusivo sobre la marca y evita que terceros sin su consentimiento la utilicen.

44. Asimismo, se tiene que el registro de una marca tendrá una duración de diez años
contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos
sucesivos de diez años27. Para ello, el titular del registro, o quien tuviere legítimo
interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente,
dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

45. Adicionalmente, se gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir
de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. Durante el plazo
referido, el registro de marca mantendrá plena vigencia. A efectos de la renovación no
se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los
mismos términos del registro original.

27 Artículos 152 y 153 de la Decisión 486 de 2000.

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46. Así, la Sala considera que, una persona puede solicitar el registro de un signo como
marca y, mediante acto administrativo, la oficina nacional competente deberá efectuar
el estudio de registrabilidad para conceder o no el registro como marca de un signo
por un periodo de vigencia de 10 años el cual podrá renovarse por periodos sucesivos
de 10 años.

47. En ese contexto, la oficina nacional competente es autónoma para efectuar el
examen de registrabilidad de un signo como marca y, al concederla, otorga derechos
a su titular durante un término de vigencia de 10 años y el cual es renovable. En ese
sentido, la Sala considera que la solicitud de un signo idéntico a una marca ya
registrada y la cual se encuentra vigente, no resulta jurídicamente posible.

48. Nótese que, en el caso sub examine, existe (i) una identidad entre el solicitante del
signo y el titular de la marca previamente registrada; (ii) existe una identidad total
respecto de la composición mixta; (iii) existe identidad respecto de los productos que
se pretenden identificar por el signo solicitado y que ampara la marca; y (iv) la marca
previamente registrada se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro
del signo. Así se verifica28:

MARCA PREVIA SIGNO SOLICITADO

Titular: Edmundo Acevedo Rueda Solicitante: Edmundo Acevedo
Rueda

Productos clase 34: Productos clase 34:
“[…] cigarrillos, tabaco, productos del “[…] cigarrillos, tabaco, productos del
tabaco, elementos para fumador, tabaco, elementos para fumador,
encendedores y fósforos […]” encendedores y fósforos […]”

Solicitado el 28 de noviembre de Solicitado el 30 de marzo de 2015 en
2014. consideración al derecho preferente
por la cancelación del certificado
238.146.

28 Consulta realizada el 12 de mayo de 2026 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo

dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el
Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de
agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.

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Certificado 603.815 en consideración
al derecho preferente por la
cancelación del certificado 238.14629.

49. En ese sentido, conceder dos registros respecto de una misma marca, para
identificar los mismos productos y en favor del mismo titular, desnaturalizaría la
finalidad del sistema marcario y afectaría la seguridad jurídica que el régimen de
propiedad industrial busca garantizar, en tanto generaría una doble protección
registral respecto de un mismo signo distintivo.

50. En el caso sub examine, se configura una carencia actual de objeto respecto de la
solicitud de registro presentada, toda vez que el signo mixto “CONSUL” ya se
encontraba registrado y vigente para identificar productos de la clase 34 del
nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, según el certificado 603.815,
concedido en aplicación del derecho preferente derivado de la cancelación del
certificado 238.146, razón por la cual resultaba innecesario y jurídicamente
improcedente otorgar un nuevo registro sobre el mismo signo.

51. Se pone de presente que el acto administrativo, como manifestación de la función
administrativa, constituye un instrumento orientado a la protección de los derechos de
propiedad industrial y al cumplimiento de los fines del Estado previstos en los artículos
2º y 61 de la Constitución Política. Por ello, desconocer la finalidad del registro
marcario podría dar lugar a la expedición de actos administrativos contrarios al
ordenamiento jurídico, en detrimento del interés general, de la seguridad jurídica y de
los principios que rigen toda actuación administrativa.

52. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la SIC, además de evitar un
desgaste procesal innecesario respecto de una solicitud que ya había sido resuelta
bajo las mismas condiciones jurídicas y fácticas, actuó conforme a la finalidad y
estructura del régimen marcario, el cual no permite conceder una doble protección
registral respecto de un mismo signo, para los mismos productos y en favor del mismo
titular.

53. La Sala pone de presente que el artículo 276 de la Decisión 486 de 2000 regula el
principio de complemento indispensable, según el cual los asuntos sobre propiedad
industrial no comprendidos en la referida Decisión Andina serán regulados por las
normas internas de los Países Miembros.

54. Como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación
prejudicial rendida en este proceso, el principio de complemento indispensable
permite que los Países Miembros regulen internamente únicamente aquellos asuntos
en materia de propiedad industrial que no se encuentren previstos en la normativa

29 Inicialmente el registro tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2025, en tanto fue cancelada en el año 2023

mediante Resolución 49128 de 18 de agosto de 2023. Consulta realizada el 12 de mayo de 2026 en el sistema de
información SIPI de la SIC en aplicación de lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el
Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de
agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.

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andina o aquellos aspectos cuya regulación haya sido deferida expresamente por esta
a la legislación interna, siempre que ello no implique desconocer la finalidad,
estructura y alcance de la normativa comunitaria.

55. En consecuencia, ante la ausencia de regulación expresa en la Decisión 486 de
2000 respecto de la imposibilidad de conceder un doble registro sobre un mismo signo,
para los mismos productos y en favor del mismo titular, correspondía acudir, en
aplicación del principio de complemento indispensable, a las normas internas que
regulan la actuación administrativa.

56. En ese sentido y en aplicación de dicho principio, la SIC expidió la Circular Única 30,
la cual dispone que los procedimientos administrativos regulados por normas
especiales se regirán por estas y, en lo no previsto, se aplicarán las disposiciones de
la parte primera de la Ley 1437 de 2011.

57. Así las cosas, la expedición de la Circular Única constituye una manifestación válida
de la potestad de regulación administrativa de la SIC respecto de aspectos
procedimentales y de funcionamiento administrativo no desarrollados de manera
específica por la normativa andina, sin que ello implique la creación de requisitos
adicionales, la modificación de los derechos previstos en la Decisión 486 de 2000 o la
restricción de la protección reconocida por el ordenamiento comunitario.

58. Cabe advertir que, ni la Circular Única y tampoco la Ley 1437 habilitan a la SIC
para conceder dos registros respecto de un mismo signo, para los mismos productos
y en favor del mismo titular. Además, las disposiciones internas expedidas en
aplicación del principio de complemento indispensable deben interpretarse de manera
armónica con la finalidad y estructura del régimen comunitario de propiedad industrial,
el cual reconoce al registro marcario una protección exclusiva y temporal, susceptible
de renovación, mas no la coexistencia de múltiples registros idénticos bajo las mismas
condiciones jurídicas y fácticas.

59. En esta líneas, la Sala pone de presente que la decisión administrativa se
encuentra acorde con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, el cual
regula los principios que deben regir la función administrativa, particularmente los de
eficacia, economía y celeridad, en el entendido de que las autoridades deben evitar
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos, así como procurar la protección de los
derechos de las personas y que los procedimientos se adelanten sin dilaciones
injustificadas.

60. Cabe advertir que dichos principios no resultan meramente retóricos, sino que
constituyen el marco y, a su vez, el límite de toda actuación administrativa, en tanto
los servidores públicos solamente pueden hacer aquello que la Constitución y la ley
les permiten, razón por la cual responden tanto por acción como por omisión, tal como
lo consagra el artículo 6º de la Constitución Política.

30 Circular que se fundamentó adicionalmente en el Decreto 4886 de 2011. Artículo 1° numerales 51, 52, 55 y 57

relacionados con las funciones de la SIC. Así como el artículo 3° numeral 25 atinente a las funciones del
Superintendente de Industria y Comercio.

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61. Así las cosas, toda actuación administrativa de la SIC debe orientarse por los
principios consagrados en el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, como desarrollo del
artículo 209 de la Constitución Política, en procura de la satisfacción del interés
general y la protección efectiva de los derechos de los administrados.

62. Nótese, entonces, que la decisión de declarar la carencia de objeto en el presente
asunto se fundamentó en los principios de eficacia, economía, buena fe y celeridad
previstos en el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 2º, 6º,
61, 83 y 209 de la Constitución Política, en tanto la actuación administrativa debe
orientarse al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, a la protección de los
derechos de propiedad industrial y a evitar actuaciones innecesarias o contrarias al
ordenamiento jurídico, como ocurriría con la concesión de una doble protección
registral respecto de un mismo signo, para los mismos productos y en favor del mismo
titular.

63. La Sala pone de presente que esta Sección en sentencia de 25 de abril de 2024,
en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos31, decidió negar las
pretensiones de la demanda por cuanto los actos administrativos que negaron el
registro como marca del signo nominativo “CONSUL” al señor Edmundo Acevedo en
tanto ya era titular de una marca idéntica, tal y como se observa a continuación:

“[…] El problema jurídico

Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda; las contestaciones a
la misma, presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo
en el resultado del proceso; la fijación del litigio y las Interpretaciones
Prejudiciales, determinar:

Si las Resoluciones núms. 100418 de 23 de diciembre 2015 y 38245 de 7 de
junio de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo
CONSUL, para identificar “cigarrillos, tabaco, productos del tabaco, elementos
para fumadores, encendedores y fósforos” productos comprendidos en la Clase
34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, vulneraron los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de
2000 de la Comunidad Andina y si están falsamente motivadas y, en
consecuencia determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos
acusados y el restablecimiento del derecho solicitado.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si la negativa de la parte
demandada para conceder el registro como marca del signo solicitado se ajustó
a derecho y si la causal invocada se encuentra prevista en la normativa
comunitaria;

En segundo lugar, si es posible que el titular de un registro marcario pueda
solicitar y obtener un nuevo registro marcario, cuando exista identidad entre los
dos signos distintivos que identifican los mismos productos y servicios;

En tercer lugar, se analizará si la parte demandante tenía derecho preferente
en el registro como marca del signo solicitado, derivado de la cancelación del
certificado de registro núm. 223.097, que correspondía a la marca nominativa
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de abril de 2024.

Rad.: 2016-00604-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.

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CONSUL, para identificar productos de la misma Clase, cuyo titular era el
tercero con interés directo en el resultado del proceso; y

En cuarto lugar, se estudiará si el signo solicitado se encuentra incurso en la
causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión
486 de 2000 y, en ese sentido, se analizará si una marca no registrada en la
República de Colombia puede ser el fundamento para configurarse dicha
causal y, en caso afirmativo, si la marca nominativa CONSUL, registrada en la
República Bolivariana de Venezuela, cuyo titular es el tercero con interés
directo en el resultado del proceso, es notoria y, en ese sentido, si el signo
solicitado constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o
transcripción, total o parcial de la marca previamente registrada.

[…]

La Sala advierte que la parte demandante tiene la marca nominativa CONSUL,
previamente registrada, para la misma clase del signo solicitado y amparando
los mismos productos, como se presenta a continuación:

[…]

De conformidad con lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000,
una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios
en el mercado. Asimismo, los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 de 2000
prevén los requisitos que se deben cumplir para solicitar el registro de un signo
como marca, los cuales deben ser revisados por la Oficina Nacional
competente al momento de efectuar el examen de registrabilidad.

Ahora bien, dentro del procedimiento administrativo se puede presentar
oposición a la solicitud de un sigo registro como marca.

[…]

Presentada la solicitud de registro, la oficina nacional competente procederá a
realizar el examen de registrabilidad, a pronunciarse sobre los argumentos del
opositor y, si es el caso, los del solicitante, y, finalmente, se pronunciará sobre
su concesión o denegatoria mediante acto administrativo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000,
el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá a partir de la concesión
del registro por parte de la oficina nacional competente. Asimismo, la concesión
de un registro marcario confiere a su titular el derecho exclusivo sobre la marca
y evita que terceros sin su consentimiento la utilicen.

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Asimismo, el artículo 152 de la Decisión 486 de 2000 prevé que el registro de
una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de
su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. Para ello,
de conformidad con lo previsto en el artículo 153 ibidem, el titular del registro,
o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante
la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la
expiración del registro. Adicionalmente, la norma indicada prevé que se gozará
de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de
vencimiento del registro, para solicitar su renovación. Durante el plazo referido,
el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación
no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática,
en los mismos términos del registro original.

Ahora bien, en el caso sub examine, la Sala advierte que la parte demandante,
en el escrito de demanda, adujo que la parte demandada, con la expedición de
los actos acusados, vulneró los artículos 134, 135 y 136 al no conceder el
registro como marca de un signo que tiene identidad con una marca
previamente registrada, y de la cual es titular, para identificar los mismos
productos.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que una persona puede
solicitar el registro de un signo como marca y, la oficina nacional competente,
en este caso, la parte demandada, deberá efectuar el estudio de registrabilidad
para conceder o no el registro como marca, mediante acto administrativo, de
un signo por un periodo de vigencia de 10 años el cual podrá renovarse por
periodos sucesivos de 10 años.

Por lo expuesto anteriormente, en el caso sub examine, la Sala considera que,
en una interpretación armónica y sistemática de las normas indicadas supra,
previstas en la Decisión 486 de 2000, la oficina nacional competente, es
autónoma para efectuar el examen de registrabilidad de un signo como marca
y, al concederla, otorga derechos a su titular durante un término de vigencia de
10 años y el cual es renovable. En ese sentido, la Sala considera que la solicitud
de un signo idéntico a una marca ya registrada y la cual se encuentra vigente
no resulta posible.

Ahora bien, la Sala advierte, en el caso sub examine, que: i) existe una
identidad entre el solicitante del signo y el titular de la marca previamente
registrada; ii) existe una identidad total respecto de la composición
denominativa; iii) existe identidad respecto de los productos que se pretenden
identificar por el signo solicitado y que ampara la marca; y iv) la marca
previamente registrada se encontraba vigente al momento de la solicitud del
registro del signo.

Al respecto, la Sala considera que conceder dos registros respecto de la misma
marca afectaría el orden que se busca proteger con el Registro de la Propiedad
Industrial, comoquiera crearía una doble protección de derechos de un titular
respecto de una misma marca.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine,
la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, no vulneró los
artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, al negar el registro como
marca de un signo idéntico a una marca de su titularidad y que identifica los
mismos productos, comoquiera que, en una interpretación armónica y
sistemática de la Decisión 486 de 2000, el registro de una marca otorga
derechos a su titular por una vigencia de 10 años, renovable por periodos
sucesivos de 10 años […]” (negrilla del original).

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64. Por otra parte, y conforme con lo anterior, la Sala advierte que las referencias
efectuadas por la parte demandante al derecho preferente no resultan relevantes en
el presente asunto, toda vez que dicho derecho ya había sido materializado mediante
la concesión del registro de la marca mixta “CONSUL”, certificado 603.815, expedido
por la SIC en consideración a la cancelación del certificado 238.146.

65. En consecuencia, el debate no recae sobre la procedencia o ejercicio del derecho
preferente derivado de la cancelación del registro anterior, sino sobre la posibilidad
jurídica de conceder un nuevo registro idéntico, respecto de los mismos productos y
en favor del mismo titular, pese a la existencia de un registro vigente bajo las mismas
condiciones jurídicas y fácticas.

66. En ese sentido, el demandante no puede volver a solicitar el registro como marca
de un signo conforme a las mismas condiciones jurídicas y fácticas, toda vez que la
autoridad administrativa ya lo había analizado y, por lo tanto, concedido el registro.

67. Recuérdese que la Administración se encuentra sometida a los principios de
veracidad y legalidad, de manera que no puede sustentar sus decisiones en hechos
inexistentes, aparentes o distorsionados que desvirtúen la realidad fáctica o jurídica.

68. En todo caso, para que pueda proceder la nulidad de un acto administrativo por
falta de motivación y desconocimiento del derecho al debido proceso es necesario que
esa carencia haya producido una verdadera situación de indefensión del
presuntamente afectado con la decisión, lo cual no se presentó en este caso.

69. Así, que, en aplicación de los criterios expuestos, la Sala advierte que no se
configuran los presupuestos de la falsa motivación ni desconocimiento del derecho al
debido proceso, por cuanto, los actos administrativos se encuentran motivados y con
las garantías del derecho de audiencia y defensa, por lo que no se evidencia una
divergencia entre la realidad fáctica o jurídica, así como en las razones que sirvieron
de fundamento a la decisión, tampoco se demostró que esta se hubiere sustentado
en hechos inexistentes, erróneos o distorsionados, razón por la cual el cargo de
nulidad no está llamado a prosperar.

70. Finalmente, frente al argumento expuesto por el tercero con interés en el resultado
del proceso respecto de la marca “CONSUL” registrada en Venezuela, la Sala advierte
que la eventual notoriedad de dicho registro no constituye objeto de análisis en el
presente asunto. En todo caso, se pone de presente que la República Bolivariana de
Venezuela no es País Miembro de la Comunidad Andina, razón por la cual la Sala no
efectuará un análisis de confundibilidad ni de eventual notoriedad respecto de
registros marcarios concedidos en dicho país32.

71. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen
causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de

32 Ibidem.

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la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 de la Ley 1564 de 2012,
aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la
Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las
anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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