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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00604-00

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00604-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. 44 Aplicable de conformidad con lo previsto en el artículo 306 de la Ley 1437. 45 ”Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.” 31 Núm. único de radicación: 11001032400020160060400

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2016-00604-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 11001032400020160060400
Demandante: Edmundo Acevedo Rueda
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero: C.A. Cigarrera Bigott, Sucs.

Asunto: Examen de registrabilidad – Solicitud de registro marcario - Identidad de
signos.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Edmundo Acevedo
Rueda contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la
nulidad de las Resoluciones núms. 100418 de 23 de diciembre de 2015 y 38245 de
17 de junio de 2016.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda1

1 Cfr. Folios 8 a 18

2

Núm. único de radicación: 11001032400020160060400

1. Edmundo Acevedo Rueda2, en adelante la parte demandante, presentó
demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte
demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho4, para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 100418 de 23
de diciembre de 2015 “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro
marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio y 38245 de 17 de junio de 2016 “Por la cual se resuelve un
recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte
demandada conceder el registro como marca del signo nominativo CONSUL, para
identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de
Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:

“[…] 3.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 100418 del veintitrés
(23) de diciembre de dos mil quince (2015), por la cual la Directora de Signos
Distintivos a pesar de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad
C.A. CIGARRERA BIGOTT, SUCS., negó el registro de la marca CONSUL en
la clase 34 internacional a mi representado señor EDMUNDO ACEVEDO
RUEDA.

3.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No.38245 del diecisiete (17) de
junio de dos mil dieciséis (2016), por la cual, el Superintendente Delegado para
la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó
el artículo primero de la Resolución No. 100418 del veintitrés (23) de diciembre
de dos mil quince (2015) y en su lugar, declaró fundada la oposición presentada
por la sociedad CIGARRERA BIGOTT, SUCS., y negó el registro de la marca
CONSUL (MIXTA) (sic), solicitada por mi representado.

4. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

2 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 2.
3 Cfr. Folios 8 a 18
4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero 2011. “Código de Procedimiento administrativo y
de lo contencioso administrativo”.
5 Cfr. Folio 8

3

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“[...] 3.3. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las
resoluciones 100418 del veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince (2015) y
No.38245 del diecisiete (17) de junio de dos mil dieciséis (2016), y a título de
restablecimiento del derecho de ordene:

3.3.1. Declarar infundada la demanda de oposición formulada por la sociedad
C.A. CIGARRERA BIGOTT, SUCS, contra la solicitud de registro de la marca
CONSUL (NOMINATIVA) clase 34 internacional, tal y como lo declaró la
Resolución No. 100418 del veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince (2015).

3.3.2 Se conceda el registro de la marca CONSUL (NOMINATIVA) en la clase
34 internacional a mi representado EDMUNDO ACEVEDO RUEDA.

3.4. Se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

3.5. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la
Gaceta de Propiedad Industrial. […]”.

Presupuestos fácticos

5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

5.1. Solicitó, el 30 de marzo de 2015, el registro como marca del signo nominativo
CONSUL para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional
de Niza.

5.2. La referida solicitud se publicó, el 21 de julio de 2015, en la Gaceta de la
Propiedad Industrial núm. 733, la cual fue objeto de oposición por parte de C.A.
Cigarrera Bigott, Sucs, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del
proceso.

5.3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante la Resolución núm. 100418 de 23 de diciembre de 2015: i)
declaró infundada la oposición presentada por C.A. Cigarrera Bigott, Sucs.; y ii)
negó el registro como marca del signo nominativo CONSUL, para identificar
productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 100418 de 23 de
diciembre de 2015.

4

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5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 38245
de 17 de junio de 2016, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar el
artículo primero y confirmar los artículos restantes de la Resolución núm. 100418
de 23 de diciembre de 2015.

Normas violadas

6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas;

6.1. Los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:

7.1. La parte demanda, con la expedición de los actos acusados, vulneró el principio
de permisión por indebida interpretación del ordenamiento jurídico, al haber
invocado una causal de irregistrabilidad que no se encuentra regulada en el
ordenamiento comunitario.

7.2. No se citó una norma imperativa de prohibición aplicable al asunto, por lo que
existe total ausencia normativa que se refiera a la facultad o no del titular de una
marca de la cual ya es titular, de volver a solicitar el registro como marca de un signo
idéntico, el previamente registrado, y para identificar los mismos productos y
servicios.

7.3. Ello, a su juicio, se puede corroborar con lo previsto en los artículos 135 y 136
de la Decisión 486 de 2000, que prevén las causales taxativas de irregistrabilidad y,
dentro de las cuales, no se encuentra la causal mencionada por la parte demandada
en los actos acusados, a saber, carencia, comoquiera que ya es titular de un
certificado de registro por la misma marca.

5

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7.4. Como consecuencia de lo anterior, la parte demandada vulneró el principio de
permisión por indebida interpretación del ordenamiento jurídico, al invocar como
causal de irregistrabilidad una que no se encuentra regulada en el ordenamiento
andino.

7.5. Los actos acusados violan la Decisión 486 de 2000, dado que los argumentos
expuestos por la parte demandada, para negar el registro marcario, no se
soportaron en la aplicación de la normativa vigente en materia marcaria y, además,
se expidieron de modo subjetivo.

7.6. Le fueron desconocidos sus derechos a conocer íntegramente los argumentos
y razones que motivaron la decisión.

7.7. Al negar el registro del signo solicitado se desatendió la real función que
cumple la parte demandada en el tema de propiedad industrial, en tanto que, su
objetivo, al realizar el examen de registrabilidad de un signo, es permitir que los
consumidores puedan identificar el origen empresarial de los productos y servicios
del mercado y evitar que, con su concesión, se obtengan beneficios como la
competencia desleal por incurrir en riesgo de confusión o asociación, situación que
evidentemente no se presentó con la no concesión del registro de la marca
CONSUL.

7.8. Concluyó que “[…] el signo solicitado recae sobre una marca cuya titularidad
es del mismo solicitante EDMUNDO ACEVEDO RUEDA, así como también
pretende identificar los mismos bienes y productos, no ocasionando con ellos riesgo
de confusión o asociación pues no habría lugar a la aplicación de esto […] dicha
solicitud […] se hizo invocando el derecho preferente como consecuencia de la
resolución 69615 del 24 de noviembre de 2014, por la cual la Superintendencia
Delegada para la Propiedad industrial confirmó la resolución 61812 del 25 de
octubre de 2013 que canceló el registro de la marca / certificado de registro 223.097
que se tramitó bajo el expediente administrativo 92 222.808 […]”.

Contestación de la demanda

6

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La parte demandada

8. La parte demandada6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones
solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

8.1. Con la expedición de los actos acusados, no se vulneró la Decisión 486 de
2000, pues se expidieron legal y válidamente, sin que pueda evidenciarse ningún
yerro que pudiera afectar su legalidad.

8.2. Los actos acusados estuvieron debida y suficientemente motivados.

8.3. No violó el principio de permisión por falta de aplicación pues su decisión se
sustentó en la Constitución Política, la ley, y, en especial, en la norma comunitaria,
circunstancia por lo cual no fue una decisión caprichosa o contraria a derechos, sino
ajustada a lo previsto en el ordenamiento jurídico, en tratándose de requisitos para
que se registre un signo como marca.

8.4. En los actos acusados se hizo un estudio juicioso de la figura de la “falta de
objeto jurídico”, mencionando detalladamente los requisitos para que opere esta
figura y al señalar que las marcas deben ser estudiadas en su conjunto.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso8 contestó la
demanda9 y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante
argumentando lo siguiente:

9.1. En el caso sub examine, se discute la duplicidad de registros sobre marcas
idénticas, a saber, la posibilidad de que se registre dos veces una marca que
presenta identidad en cuanto a su denominación y los productos que identifica.

6 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 57
7 Cfr. Folios 57 a 71
8 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 81
9 Cfr. Folios 81 a 94

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9.2. Al ya existir un derecho de la parte demandante respecto de un registro
marcario, carece de propósito, interés, causa y objeto, otorgar un doble derecho
sobre la misma marca. Asimismo, en el caso sub examine, no se advierte que el
signo solicitado corresponde a una marca derivada de la previamente registrada,
comoquiera que no existen diferencias.

9.3. La facultad para solicitar una el registro de una marca en más de una ocasión
no existe en la normativa andina y, en ese mismo sentido, en la Decisión 486 de
2000, no existe una norma que permita inferir que, sobre una marca, puedan existir
múltiples registros.

9.4. La parte demandada, con la expedición de los actos acusados, acertó respecto
de la explicación de la “carencia de objeto”. Ello, al concluir que no procedía un
doble registro sobre una misma marca y, en consecuencia, salvaguardó los
principios y normas del sistema de registro de marcas.

9.5. Sostuvo que aceptar un doble registro de la misma marca crearía una
multiplicidad de derechos sobre un mismo bien, pero bajo diferentes condiciones de
vigencia, haciendo gravosa la situación de cualquier tercero que pretenda adelantar
acciones ante cualquier incumplimiento de la obligación de uso de su titular.

9.6. Los actos acusados ofrecieron motivos suficientes y claros para que la parte
demandante comprendiera y conociera los motivos de la decisión.

9.7. La marca CONSUL de su propiedad, que distingue productos de la Clase 34
de la Clasificación Internacional de Niza, y registrada en la República Bolivariana de
Venezuela, a pesar de no ser usada en la República de Colombia, goza de
notoriedad en la región fronteriza colombo-venezolana, nicho del mercado y sector
relevante para la parte demandante.

9.8. Concluyó que el registro del signo nominativo solicitado se encuentra incurso
en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 de
2000, pues la parte demandante, pretende, con el registro y el uso de la marca
CONSUL en la República de Colombia, introducir un producto comercializado por

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ellos, el cual se encuentra bien posicionado en el mercado y, con ello, aprovecharse
de su esfuerzo y prestigio.

Audiencia Inicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 7 de junio de 2019 10: i) convocó
y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se
efectuó el día 2 de julio de 201911, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre
las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la
configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio;
declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas
cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo
control de legalidad.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de febrero de 202212, ordenó
suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió el auto de 27 de julio
de 202313, en la que indicó:

“[…] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial
en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas
andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado de la República de Proceso 85-IP-2022 3 Colombia, dentro del proceso
interno 11001032400020160060400, constituyen un acto aclarado, en los
términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos
interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-
2022 y 344-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas
Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023; y 5154 del
12 de abril de 2023. Adicionalmente, podrá remitirse a los criterios jurídicos
interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 337-IP-2021, la
10 Cfr. Folios 111 a 112
11 Cfr. Folios 124 a 137
12 Cfr. Índice Núm. 65 SAMAI
13 Cfr. Índice Núm. 74 SAMAI

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cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4477
del 26 de mayo de 2022.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple
el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento
jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”.

13. Conforme a lo anterior, se determinaron las interpretaciones prejudiciales que
contienen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que
son aplicables a su juicio.

Reanudación del proceso, audiencia de pruebas y alegatos de conclusión

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 1 de septiembre de
202314, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió
decisión sobre la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del
trámite procesal, prescindió de la audiencia de pruebas y dio traslado para que las
partes presentaran sus alegatos.

Parte demandante

15. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda15.

Parte demandada

16. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de
la demanda16.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

17. El Tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteró los
argumentos señalados en la contestación de la demanda17.

14 Cfr. Folios 181 a 183.
15 Cfr. Índice 88 del aplicativo web “SAMAI”.
16 Cfr. Índice 89 del aplicativo web “SAMAI”.
17 Cfr. Índice 86 del aplicativo web “SAMAI”.

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Concepto del Ministerio Público

18. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal18.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la
normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco
normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la
decisión del Tribunal Andino de Justicia; vii) el marco normativo sobre la distintividad
como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre el riesgo
de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad ix) el marco normativo
sobre el derecho preferente ; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia

20. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del
Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12
de marzo de 201919, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta
Sección es competente para conocer del presente asunto.

21. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a
decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos acusados

22. Los actos acusados son los siguientes:

18 Cfr. Índice 90 del aplicativo web “SAMAI”.
19 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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22.1 La Resolución núm. 100418 de 23 de diciembre 201520, mediante la cual la
Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
declaró infundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el
resultado del proceso y negó el registro como marca del signo CONSUL, para
distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor
de la parte demandante.

22.2 La Resolución núm. 38245 de 7 de junio de 201621, mediante la cual el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de
apelación, en el sentido de revocar el artículo primero de la Resolución Núm.
100418 de 23 de diciembre de 2015 y confirmar los artículos restantes de la
Resolución Núm. 100418 de 23 de diciembre de 2015.

El problema jurídico

23. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda; las contestaciones a
la misma, presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el
resultado del proceso; la fijación del litigio y las Interpretaciones Prejudiciales,
determinar:

23.1. Si las Resoluciones núms. 100418 de 23 de diciembre 2015 y 38245 de 7 de
junio de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante
las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo CONSUL, para
identificar “cigarrillos, tabaco, productos del tabaco, elementos para fumadores,
encendedores y fósforos” productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneraron
los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y
si están falsamente motivadas y, en consecuencia determinar si hay lugar o no a
declarar la nulidad de los actos acusados y el restablecimiento del derecho
solicitado.

20 Cfr. Folios 24 a 27
21 Cfr. Folios 28 a 31

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Núm. único de radicación: 11001032400020160060400

23.2. En este sentido, se analizará, en primer lugar, si la negativa de la parte
demandada para conceder el registro como marca del signo solicitado se ajustó a
derecho y si la causal invocada se encuentra prevista en la normativa comunitaria;

23.3. En segundo lugar, si es posible que el titular de un registro marcario pueda
solicitar y obtener un nuevo registro marcario, cuando exista identidad entre los dos
signos distintivos que identifican los mismos productos y servicios;

23.4 En tercer lugar, se analizará si la parte demandante tenía derecho preferente
en el registro como marca del signo solicitado, derivado de la cancelación del
certificado de registro núm. 223.097, que correspondía a la marca nominativa
CONSUL, para identificar productos de la misma Clase, cuyo titular era el tercero
con interés directo en el resultado del proceso; y

23.5. En cuarto lugar, se estudiará si el signo solicitado se encuentra incurso en la
causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486
de 2000 y, en ese sentido, se analizará si una marca no registrada en la República
de Colombia puede ser el fundamento para configurarse dicha causal y, en caso
afirmativo, si la marca nominativa CONSUL, registrada en la República Bolivariana
de Venezuela, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del
proceso, es notoria y, en ese sentido, si el signo solicitado constituye una
reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de
la marca previamente registrada.

24. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró
aplicables al presente proceso el artículo 134; el literal b) del artículo 135 y el literal
a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

25. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la
nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

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26. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se
ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización
internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena22, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional
Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido
en la Decisión 486 de 200023 de la Comisión de la Comunidad Andina24.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina25

22 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas

exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que
está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.
23 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de

decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena:
i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su
artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros
y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de
Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio”
que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En
cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la
Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que
se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el
mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir
el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre
de 1992;
iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de
1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas,
ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que
anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente;
y
v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a
sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el
procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y
transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
24 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa

su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento
jurídico comunitario andino.
25 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por

el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17
de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado
que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está
en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro
Estado.

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27. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina26 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN.

28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de
los Estados Miembros.

29. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la
Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que
“[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar
su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

30. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán
solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare
la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del
Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

31. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición
establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere
susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y
solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal
[…]”.

32. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,

26 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,

aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretación prejudicial.

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Núm. único de radicación: 11001032400020160060400

no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los
efectos de la interpretación solicitada […]”.

33. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso
deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

34. En sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-
2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022 todas de 13 de marzo de 2023, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reconoció que “la doctrina
interpretativa del acto aclarado” es plenamente compatible con lo establecido en el
segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo
123 de su estatuto.

Interpretaciones Prejudiciales 145-IP-2022 de 13 de marzo de 202327 y 344-IP-
2022 de 11 de abril de 202328

35. La Sala procede a destacar los principales apartes de las Interpretaciones
Prejudiciales mencionadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para
este caso29:

36. Respecto de los artículos 134 y literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de
200030:

“[…] Al respecto resulta pertinente señalar que los artículos 134, 135 (literales
a y b), y 150 de la Decisión 486, así como los temas identificados anteriormente,
ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha
un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto,
contenido y alcance, en los siguientes términos:

[1.] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

Concepto de marca

[1.1] El primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

27 Cfr. Índice Núm. 74 SAMAI:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf
28 Cfr. Índice Núm. 74 SAMAI:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205154.pdf
29 Cfr. Folios 176 a 190
30 Interpretación Prejudicial 344-IP-2022

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“Artículo 134- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse
como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza
del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será
obstáculo para su registro. (…)”

[1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir
que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los
diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado.

[…]

[1.4] Entre las funciones que cumple la marca como medio de protección al
consumidor, se destaca la función distintiva que permite a este identificar los
productos o servicios ofrecidos en el mercado y diferenciarlos de otros. Las
demás funciones se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del
signo, pues sin esta no seria posible registrarlo como marca.

[1.5] Sobre la base de estas precisiones, es posible aseverar que la marca
cumple, además, un papel informativo esencial respecto de la procedencia u
origen empresarial del producto o servicio al que distingue. Esta función
informativa es percibida por el público y los canales comerciales, entre otros, a
través de medios publicitarios.

[…]

Requisitos para el registro de marcas

[1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada
Decisión, los requisitos para el registro de las marcas: son distintividad y
susceptibilidad de representación gráfica.

[…]

[1.15] El registro de un signo como marca se encuentra expresamente
condicionado al hecho que sea distintivo y se susceptible de representación
gráfica. De conformidad con el literal b) del articulo 135 de la Decisión 486. La
distintividad es uno de los elementos constitutivos, como requisito esencial para
su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos
que carezcan de distintividad,

[1.16] Se deberá analizar, en primer lugar, si el signo a registrar cumple con los
requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en
alguna de las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas señaladas en
los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

[2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen
empresarial de una marca.

[…]

[2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar,
individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo
posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada
como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado

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como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla
su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto
o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público
consumidor.31

[2.3] La distintividad tiene un doble aspecto:32

[a)] Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la
capacidad que debe tener el signo para distinguir por si mismo productos o
servicios en el mercado.

[b)] Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina
la capacidad para diferenciarse de otros signos en el mercado.

[…]

[2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca,
adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener
capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo
establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.

El origen empresarial de una marca

[2.9] La distintividad se encuentra vinculada con el origen empresarial. El
consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros, tomando en
cuenta sus cualidades particulares como calidad, precio, presentación, etc.;
y, a, su vez, esa decisión está relacionada con el origen empresarial, en la
medida en que el producto o servicio se vincula con el respectivo productor o
proveedor, así como con el prestigio o reputación que ha adquirido en el
mercado.

[2.10] El origen empresarial juega un juega un papel importante para que el
consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener
claridad acerca de su procedencia y así evitar riesgo de asociación.

[…]

[5.] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

[…]

[5.2] La oficina nacional competente es el órgano administrativo encargado de
realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a
cabo de oficio en todos los casos, inclusive cuando no se hubiesen
presentado oposiciones. La entidad competente en ningún caso queda
eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro
solicitado. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 comprende el análisis de todas
las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo
de los requisitos previstos en el artículo 134 y tomando en consideración las

31 ibidem
32 Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial

del Acuerdo de Cartagena 2726 del 22 de abril de 2016.

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prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los artículos 135 y 136 de
la referida decisión.33

[…]

[5.6] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en
la resolución que conceda o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina
nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en
consecuencia, la resolución que conceda o deniega el registro de marcas, que
en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho
examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública
como es la debida motivación de los actos.

[6.] Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones.

[6.1] Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina
nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado
que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina
se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las
oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que
aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa
comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como en el
Capitulo II del Titulo VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro
de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el
procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

[…]

[6.8] El examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe
ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas
de registro de marcas como en relación con anteriores decisiones proferidas
por la propia oficina, en el sentido que esta debe realizar el examen de
registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo
solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información
recaudada para dicho procedimiento, independientemente de análisis
anteriores respecto de signos idénticos o similares.34

[6.9] No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga
limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias
actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en
cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características
mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada
trámite. Adicionalmente, los límites a la actuación de dichas oficinas se
encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones
judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.35

[…]

[6.11] Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional
competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía y tendrá

33 Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial

del Acuerdo de Cartagena 2323 de 8 de abril de 2014.
34 ibidem
35 Ibidem

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que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a
fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de
confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las
valoraciones que realicen. […].” .

37. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200036:

“[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido
objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio
jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y
alcance, en los siguientes términos:

1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética
conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo
de signos distintivos.

1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y
una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar
la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal
a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios,
o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.

[…]

1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente
en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis
debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los
productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá
verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con
los criterios y reglas antes expuestas.

2. Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de
acuerdo a su naturaleza

2.1 Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta
confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la
comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por

36 Interpretación Prejudicial 145-IP-2022

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elementos denominativos, los cuales están representados por una o mas
palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto.37 . […].” .

Marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de
un signo

38. Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 podrá registrarse como marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y
que sea susceptible de representación gráfica. En este sentido, el artículo citado
señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre
los cuales se encuentran “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”; y “[…] un color
delimitado por una forma, o una combinación de colores […]”.

39. Vistos los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán
constituirse como marcas los signos que no cumplan alguno de los requisitos que
se desprendan del artículo anterior, y no podrán registrarse como marcas los signos
que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca
se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación
gráfica.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal
de irregistrabilidad

40. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán
registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte
indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se
asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de
asociación.

37 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466-IP-2015 de fecha 10 de junio
de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 2754 del 11 de julio de 2016.

21

Núm. único de radicación: 11001032400020160060400

Marco normativo del derecho preferente

41. Visto el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, la persona que obtenga una
resolución favorable respecto de la solicitud de cancelación de un registro marcario
tendrá el derecho preferente frente a dicho registro.

42. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de
cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la
resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa

43. Como se observa, quién haya presentado una solicitud de registro con
anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho
preferente podrá oponerse al ejercicio de este último, con el fin de que su solicitud
sea estudiada primero.

44. Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción de
nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la base errada
de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la
solicitud de registro de la marca presentada con antelación.

45. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial
3337-IP-2021 de 6 de mayo de 202238, al hacer referencia al derecho preferente
originado en la cancelación por no uso de una marca registrada, mencionó:

“[…] 4. Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una
marca registrada.

[…]

4.2 El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de
una marca se encuentra consagrado en el Artículo 168 de la Decisión 486.

[…]

4.4 El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir
para su titular el derecho sobre la misma, de manera que esta quede disponible
para que terceros interesados en ella puedan obtenerla.

38 Cfr. Índice Núm. 74 SAMAI:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf

22

Núm. único de radicación: 11001032400020160060400

4.5 De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado
a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres
meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme
en la vía administrativa.

4.6 A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el
registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que
ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo
ejerce en el tiempo y las forma establecidos, el signo cancelado se convierte en
res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

4.7 Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho
preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de
carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los
elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez
que la cancelación recayó sobre un signo especifico e individualizado y es sobre
ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido. Asimismo, debe distinguir
los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada.

4.8 La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre
la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro,
genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros
que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de
cancelación.

4.9 Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de
cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo,
sino la prelación, derivada del ejercicio de este, pues una vez presentada la
solicitud de registro – se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho
preferente -, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente. Es
decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando
que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de
irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de
presentarse la solicitud de registro. […]”.

Análisis del caso concreto

46. De conformidad con los marcos normativos indicados supra y atendiendo a los
argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés
directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas
jurídicos planteados supra.

47. La Sala advierte que la parte demandante tiene la marca nominativa CONSUL,
previamente registrada, para la misma clase del signo solicitado y amparando los
mismos productos, como se presenta a continuación:

SIGNO SOLICITADO39 MARCA REGISTRADA

39 Cfr. Folio 56

23

Núm. único de radicación: 11001032400020160060400

CONSUL40 CONSUL41
Nominativo Nominativa
Registro: 519906
Solicitante:Edmundo Rueda Acevedo Titular: Edmundo Rueda Acevedo

Clase 34: “Cigarrillos, tabaco, productos Clase 34: “Cigarrillos, tabaco, productos
del tabaco, elementos para fumador, del tabaco, elementos para fumador,
encendedores y fósforos” encendedores y fósforos”

Del cargo de violación de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de
2000

48. La Sala advierte que la parte demandante argumentó que la parte demandada
vulneró el principio de permisión por indebida interpretación del ordenamiento
jurídico, al haber invocado una causal de irregistrabilidad que no se encontraba
regulada en el ordenamiento comunitario para negar el registro como marca del
signo solicitado.

49. Al respecto, la parte demandada, en los actos acusados, argumentó que el
signo solicitado era una reproducción idéntica de una marca vigente previamente
registrada por la parte demandante, por lo que su solicitud de registro careciera de
objeto.

50. Asimismo, el tercero con interés directo en el resultado del proceso precisó que
la facultad para solicitar una misma marca, en más de una ocasión, no existe en la
normativa andina, y que, en ese mismo sentido, en la Decisión 486 de 2000, no
existe una norma que permita inferir o deducir que sobre una marca puedan existir
múltiples registros.

51. De conformidad con lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000,
una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en
el mercado. Asimismo, los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 de 2000 prevén

40 Cfr. Folio 27
41 Cfr. Folio 26

24

Núm. único de radicación: 11001032400020160060400

los requisitos que se deben cumplir para solicitar el registro de un signo como marca,
los cuales deben ser revisados por la Oficina Nacional competente al momento de
efectuar el examen de registrabilidad.

52. Ahora bien, dentro del procedimiento administrativo se puede presentar
oposición a la solicitud de un sigo registro como marca. Sobre el legítimo interés de
los opositores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación
prejudicial 357-IP-2017 de 1 de febrero de 201942, manifestó que:

“[…] Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la
publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez,
oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

[…]

1.4. Este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que el legítimo
interés corresponde ser calificado como tal por la oficina nacional competente.
Pese a ello, es importante manifestar que podrán reclamar legitimo interés
cualquier persona cuando se trate del registro de signos que sean susceptibles
de vulnerar lo dispuesto en los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, es decir, aquellos que presenten causales
de irregistrabilidad absolutas, así como los titulares que pretendan proteger un
derecho amparado por la referida Decisión frente a una solicitud de registro de
una marca; es decir, cualquier persona que pretenda salvaguardar sus derechos
alegando la existencia de alguna de las causales de irregistrabilidad
establecidas en el Artículo 136 de la norma antes citada.

1.5. De este modo, el legítimo interés al que se refiere la normativa andina
deberá ser verificado por la autoridad para cada caso en concreto; sin
embargo, puede considerarse como regla que tendrá legítimo interés para
oponerse cualquier persona cuando la oposición se base en causales
absolutas de irregistrabilidad, así como la persona que pueda verse
afectada por la decisión que adopte la autoridad respecto del registro del
signo solicitado, como por ejemplo aquellas personas que ostenten la
titularidad de derechos de propiedad industrial o de derechos de autor.
[…]”. (Resaltado fuera de texto).

53. Presentada la solicitud de registro, la oficina nacional competente procederá a
realizar el examen de registrabilidad, a pronunciarse sobre los argumentos del
opositor y, si es el caso, los del solicitante, y, finalmente, se pronunciará sobre su
concesión o denegatoria mediante acto administrativo.

42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso357-IP-2017 de 1 de febrero

de 2019, págs. 3 y 4.

25

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54. De conformidad con lo previsto en el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000,
el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá a partir de la concesión del
registro por parte de la oficina nacional competente. Asimismo, la concesión de un
registro marcario confiere a su titular el derecho exclusivo sobre la marca y evita
que terceros sin su consentimiento la utilicen.

55. En este mismo sentido, el artículo 152 de la Decisión 486 de 2000 prevé que
el registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la
fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. Para
ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 ibidem, el titular del registro,
o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la
oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del
registro.

56. Adicionalmente, la norma indicada prevé que se gozará de un plazo de gracia
de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para
solicitar su renovación. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su
plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca
y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original.

57. Ahora bien, en el caso sub examine, la Sala advierte que la parte demandante,
en el escrito de demanda, adujo que la parte demandada, con la expedición de los
actos acusados, vulneró los artículos 134, 135 y 136 al no conceder el registro como
marca de un signo que tiene identidad con una marca previamente registrada, y de
la cual es titular, para identificar los mismos productos.

58. En ese sentido, la Sala considera que una persona puede solicitar el registro
de un signo como marca y, la oficina nacional competente, en este caso, la parte
demandada, deberá efectuar el estudio de registrabilidad para conceder o no el
registro como marca, mediante acto administrativo, de un signo por un periodo de
vigencia de 10 años el cual podrá renovarse por periodos sucesivos de 10 años.

59. Por lo expuesto anteriormente, en el caso sub examine, la Sala considera que,
en una interpretación armónica y sistemática de las normas indicadas supra,

26

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previstas en la Decisión 486 de 2000, la oficina nacional competente, es autónoma
para efectuar el examen de registrabilidad de un signo como marca y, al concederla,
otorga derechos a su titular durante un término de vigencia de 10 años, el cual es
renovable, previo el desarrollo del procedimiento administrativo previsto para ello.
En ese sentido, la Sala considera que la solicitud de un signo idéntico a una marca
ya registrada y la cual se encuentra vigente no resulta procedente.

60. Ahora bien, la Sala advierte, en el caso sub examine, que: i) existe una
identidad entre el solicitante del signo y el titular de la marca previamente registrada;
ii) existe una identidad total respecto de la composición denominativa; iii) existe
identidad respecto de los productos que se pretenden identificar por el signo
solicitado y que ampara la marca; y iv) la marca previamente registrada se
encontraba vigente al momento de la solicitud del registro del signo.

61. Al respecto, la Sala considera que conceder dos registros marcarios respecto
del mismo signo tiene por objeto mantener la claridad, el orden y la integridad en el
registro de Propiedad Industrial, evitando la confusión en el mercado y que los
derechos de propiedad se extiendan injustificadamente. Esto asegura que los
consumidores puedan identificar claramente el origen de los bienes o servicios y
que el sistema de marcas sea transparente.

62. Con base en lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso sub
examine, la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, no vulneró
el principio de permisión por indebida interpretación del ordenamiento jurídico, al no
haber invocado una causal de irregistrabidad que no se encuentra regulada en el
ordenamiento jurídico comunitario y al no citar una norma imperativa de prohibición.

63. En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada,
con la expedición de los actos acusados, no vulneró los artículos 134, 135 y 136 de
la Decisión 486 de 2000, al negar el registro como marca de un signo idéntico a una
marca de su titularidad y que identifica los mismos productos, comoquiera que, en
una interpretación armónica y sistemática de la Decisión 486 de 2000, el registro de
una marca otorga derechos a su titular por una vigencia de 10 años, renovable por
periodos sucesivos de 10 años.

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Del cargo de violación del artículo 168 de la Decisión 486 de 2000

64. La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo que
tenía un derecho preferente en el registro como marca del signo solicitado, derivado
de la cancelación del certificado de registro núm. 223.097, que correspondía a la
marca nominativa CONSUL, cuyo titular era el tercero con interés directo en el
resultado del proceso, con fundamento en su marca CONSUL previamente
registrada.

65. De conformidad con lo previsto en el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000,
la persona que obtenga una resolución favorable en una acción de cancelación
marcaria tendrá un derecho preferente al registro del signo. Al respecto, el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que:

“[…] 3.8. La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro
efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la
cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes
que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad
a la presentación de la acción de cancelación.

3.9. Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la
acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro
automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo,
pues una vez presentada la solicitud de registro – se entiende durante el
plazo para el ejercicio del derecho preferente–, esta deberá ser examinada por
la oficina nacional competente. Es decir, se debe realizar el
correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se
encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad
establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de
registro […]”43. (Destacado fuera del texto)

66. En ese sentido, el derecho preferente no implica un derecho automático sobre
el registro como marca de un signo para quien ejerció la acción de cancelación de
una marca, sino una prelación frente a terceros para efectuar dicho registro. Es así
como, quien solicita el registro de una marca, atendiendo al derecho preferente,
debe esperar a que la oficina nacional competente realice el respectivo examen de
registrabilidad y conceda o niegue el registro.

43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 533-IP-2018 de 1 de

febrero de 2019, págs. 9 y 10

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67. En este sentido, la Sala considera que la parte demanda, con la expedición de
los actos acusados, no vulneró el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000 al no
conceder el registro como marca del signo nominativo CONSUL, solicitado por la
parte demandante. Ello, comoquiera que el derecho preferente no otorga de forma
automática el registro de un signo como marca, sino un derecho de prelación frente
a solicitudes presentadas, después de presentada la acción de cancelación por no
uso.

68. En suma, la Sala considera que los actos acusados no vulneraron el artículo
168 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la parte demandada, en el caso
sub examine, efectuó el análisis de registrabilidad de la solicitud de registro como
marca del signo nominativo CONSUL, teniendo en cuenta lo previsto en la norma
indicada supra, sin desconocer la presentación de la acción de cancelación
presentada, su resultado favorable y el derecho preferente derivado de esta.

De la notoriedad de la marca CONSUL de titularidad del tercero con interés
directo del proceso para identificar productos de la Clase 34 de la
Clasificación Internacional de Niza

69. La Sala advierte que el tercero con interés directo en el resultado del proceso
presentó oposición contra la solicitud de registro como marca del signo CONSUL,
el cual se negado mediante los actos acusados, con fundamento en su marca
CONSUL registrada en la República Bolivariana de Venezuela que identifica
productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido,
el tercero con interés directo en el resultado del proceso adujo que su marca es
notoria y similarmente confundible con el signo solicitado.

70. Al respecto, la Sala advierte que la parte demandada, en la Resolución núm.
38245 de 17 de junio de 2016, resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro
del procedimiento administrativo, en el sentido de revocar el artículo primero y
confirmar los artículos restantes de la Resolución núm. 100418 de 23 de diciembre
de 2015. En ese sentido, indicó que: i) se declaraba fundada la oposición
presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, respecto
del argumento relacionado con la carencia de objeto del registro por existir una

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marca idéntica de titularidad del mismo solicitante; y ii) que no resultaba procedente
pronunciarse respecto de los demás argumentos de la oposición.

71. Al respecto, la Sala considera que, atendiendo a que: i) la República
Bolivariana de Venezuela no es un Estado miembro de la Comunidad Andina; y ii)
laResolución núm. 100418 de 23 de diciembre de 2015 adujo que no era procedente
pronunciarse respecto de los demás argumentos presentados en la oposición, la
Sala no realizará un estudio de notoriedad de la marca del tercero ni el análisis de
confundibilidad entre el signo solicitado y la marca indicada supra.

Conclusión

72. La Sala considera que, en el caso sub examine, en una interpretación
sistemática y armónica de lo previsto en la Decisión 486 de 2000, no es posible
conceder el registro como marca de un signo idéntico a una marca previamente
registrada cuando existe identidad entre el solicitando y el titular. Ello, comoquiera
que la oficina nacional competente, una vez ha realizado el examen de
registrabilidad, puede conceder un registro marcario el cual otorga derechos a su
titular durante una vigencia de 10 años, renovables por periodos sucesivos de 10
años.

73. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que la parte demandada, con
la expedición de los actos acusados, no vulneró, por indebida aplicación, los
artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, al negar el registro como marca
del signo CONSUL, el cual es idéntico a una marca de tu titularidad, para identificar
los mismos productos y la cual se encuentra vigente.

74. Asimismo, no se vulneró el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000,
comoquiera que el derecho preferente derivado del ejercicio de una acción de
cancelación no otorga un registro automático de una marca.

75. Así las cosas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos
formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las

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Resoluciones núms. 100418 de 23 de diciembre de 2015 y 38245 de 17 de junio de
2016 y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

76. Vistos: i) el artículo 188 de la Ley 1437, sobre condena en costas; y ii) el
numeral 8 del artículo 36544 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201245, sobre condena
en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el
expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se
configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en
costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión
500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las
correspondientes anotaciones de ley.

44 Aplicable de conformidad con lo previsto en el artículo 306 de la Ley 1437.
45 ”Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.”

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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