Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00613-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00613-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2016-00613-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Medio de control de nulidad
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00613-00
Demandante: Iván Andrés Páez Páez
Demandada: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Tema: Constituciones Políticas de 1886 y 1991 / control
jurisdiccional de actos administrativos preconstitucionales / tasas de
aprovechamiento de bosques naturales / principio de legalidad /
reserva de ley / competencia administrativa / validez / motivación /
publicidad y eficacia / pérdida de fuerza ejecutoria /
inconstitucionalidad e ilegalidad sobrevinientes / supremacía
constitucional / juicio de legalidad por incompatibilidad
constitucional.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida en contra de
los Acuerdos 48 del 15 de diciembre de 1982 y 036 del 27 de julio 1983 expedidos
por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente –
Inderena, así como de la Resolución 140 del 14 de abril de 1983, emitida por el
Ministerio de Agricultura, hoy Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
1. El señor Iván Andrés Páez Páez, en ejercicio del medio de control de nulidad
prevista en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó
demanda en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de que se hicieran las siguientes
declaraciones:
“[…] PRIMERA - Que se declare la nulidad del Acuerdo No. 48 de 1982 expedido
por la Junta Directiva del INDERENA.
SEGUNDA. - Que se declare la nulidad de la Resolución No. 0140 de 1983
expedida por el Ministerio de Agricultura, mediante la cual se acogió el Acuerdo
No. 48 de 1982.
1 Folios 15 a 51 C pp.
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Demandante: Iván Andrés Páez Páez
Demandada: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural
CUARTA. - (sic) Que se declare la nulidad del Acuerdo No. 036 de 1983 expedido
por la Junta Directiva del INDERENA […]” (mayúscula y negrilla del original)2.
I.1.1. Los hechos de la demanda3
2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los
siguientes:
3. El demandante señaló que, mediante Decreto Ley 133 de 1976, el Presidente de
la República otorgó la facultad al Inderena de fijar y recaudar el monto de las tasas
por concepto de aprovechamiento de los recursos naturales.
4. Indicó que, a través del Acuerdo 48 de 15 de diciembre de 1982, la junta directiva
del Inderena estableció la forma de liquidación y fijó los montos de las diferentes
tasas para el aprovechamiento de los bosques naturales públicos y privados. Afirmó
que dicho acuerdo fue aprobado por el entonces Ministerio de Agricultura mediante
Resolución 140 de 14 de abril de 1983.
5. Anotó que, mediante el Acuerdo 36 de 27 de julio de 1983, el Inderena adicionó
al Acuerdo 48 para establecer las tasas de aprovechamiento forestal persistente en
bosques naturales de dominio privado.
I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación4
I.1.2.1. Fundamentos de derecho
6. La parte demandante propuso los cargos de nulidad referidos a la “falta de
competencia y extralimitación de funciones”, “violación del principio de legalidad”,
“falsa motivación”, “violación de normas superiores a la luz de la legislación vigente
y pérdida de fuerza ejecutoria ” e “ilegalidad por ausencia de requisitos de existencia
de la noma”, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones:
(i) Constitución Política de 1886, artículos 32, 43 y 191; (ii) Constitución Política de
1991, artículos 338 y 380; (iii) Código Fiscal, Ley 110 de 1912, artículos 5°, 122 y
154; (iv) Ley 23 de 1973; (v) Ley 99 de 1993, artículos 42 y 118; (vi) Decreto Ley
2811 de 1974, artículos 18, 220 y 221 y; (vii) Decreto Ley 133 de 1976, artículo 38
numeral 3º, literal g).
I.1.2.2. Concepto de violación
De la falta de competencia y extralimitación de funciones
7. En primer lugar, la parte demandante efectuó un
análisis cronológico de las
normas que se encontraban vigentes para el momento de emisión de los actos
acusados, de la siguiente manera:
2 Folio 16 C pp.
3 Folios 16 a 19 C pp.
4 Folios 19 a 49 C pp.
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8. En este sentido, citó el artículo 32 de la Constitución Política de 1886, el cual
estableció que “[…] en tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propiedad en
todo ni en parte, sino por pena, o apremio, o indemnización, o contribución general,
con arreglo a las leyes. Por graves motivos de utilidad pública, definidos por el
Legislador, podrá haber lugar a enajenación forzosa, mediante mandamiento
judicial, y se indemnizará el valor de la propiedad antes de verificar la expropiación
[…]”.
9. Asimismo, mencionó que en el artículo 154 de la Ley 110 de 1912, Código Fiscal,
se reguló una reserva del establecimiento en materia de impuestos nacionales, el
cual señalaba lo siguiente:
“[…] Artículo 154. Los impuestos nacionales no pueden decretarse en tiempo
de paz sino por medio de Ley. En tiempo de guerra pueden establecerse
transitoriamente los que el Gobierno decrete dentro del radio de las
atribuciones que le confiere la Constitución, o las que tenga a virtud de leyes
especiales […]” (subrayado del original).
10. Anotó que la Ley 23 de 1973 concedió facultades extraordinarias al presidente
de la República para que profiriera el Código de Recursos Naturales y de Protección
al Medio Ambiente. En cumplimiento de ello, se expidió el Decreto Ley 2811 de
1974, el cual, en sus artículos 18, 220 y 221, estableció la posibilidad de cobrar
tasas retributivas y compensatorias por el uso de los recursos naturales.
11. Dijo que, con el Decreto Ley 133 de 1976, el jefe de Estado le confirió facultades
al Inderena para fijar y recaudar los montos del citado tributo. En virtud de ello,
mediante Acuerdo 48 de 1982, dicha entidad reglamentó la forma de liquidación y
definió los valores de las tasas para el aprovechamiento de bosques naturales, tanto
públicos como privados.
12. Sostuvo que el mencionado Acuerdo había sido aprobado con la Resolución 140
de 1983, expedida por el Ministerio de Agricultura y que, posteriormente, el Acuerdo
36 de 1983 adicionó el Acuerdo 48 de 1982, en el sentido de regular las tasas para
aprovechamiento forestal persistente de los bosques de dominio privado.
13. Adujo que el artículo 380 de la Constitución Política de 1991 derogó la Carta
Política de 1886 y todas sus reformas.
14. Señaló que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, reorganizando el sector que se encargaría de la gestión y conservación
del ambiente y los recursos naturales renovables; al igual que el Sistema Nacional
Ambiental, en adelante SINA.
15. Indicó que el artículo 42 ibidem reguló la procedencia de las tasas retributivas y
compensatorias por el uso directo o indirecto del ambiente. Además, su artículo 118
derogó expresamente el artículo 18 del Decreto Ley 2811 de 1974.
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16. En este sentido, expuso que las entidades públicas estaban obligadas a cumplir
las atribuciones que le fueron asignadas conforme a lo estipulado por la ley. Por lo
tanto, las autoridades demandadas no podía reglamentar los elementos del tributo
ni fijar nuevas tasas, ya que ello implicaba una extralimitación en sus funciones y
una falta de competencia material y funcional.
17. Puso de presente que, tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, se
mantuvo el fundamento de la falta de competencia y del desbordamiento de
facultades. En ese sentido, los actos administrativos que se ven incursos en dichas
figuras se encuentran viciados en su validez.
18. De la competencia material para imponer tributos, anotó que, para el momento
de emisión de los Acuerdos 48 de 1982 y 36 de 1983, la norma aplicable era la Ley
110 de 1912, que incluyó dentro del concepto de impuestos las tasas y las
contribuciones.
19. Mencionó que el artículo 154 ibidem previó que la competencia material en
asuntos tributarios recaía en el Legislador. Sin embargo, dicha facultad podría ser
delegada temporalmente y de manera transitoria en el Gobierno, previa declaración
de un estado de emergencia, lo cual no sucedió con los actos acusados.
20. Bajo ese mismo sentido, propuso el cargo de falta de competencia del Inderena,
argumentando que la entidad se encontraba legitimada para fijar las tarifas, siempre
y cuando existiera una ley que definiera los criterios básicos que servirían como
guía para cumplir su finalidad. Por lo tanto, era claro que con los Acuerdos
demandados se había incurrido en una extralimitación de las funciones, porque
determinaron cada uno de los elementos del tributo e incluso impuso unos nuevos,
como son los relacionados con el aprovechamiento de los bosques naturales
públicos y privados.
21. Resaltó que, con el Decreto Ley 133 de 1976, se le delegó a la entidad acusada
exclusivamente las atribuciones de fijación y recaudo del valor de las tasas de
aprovechamiento y mantenimiento de la renovabilidad de los recursos; lo cual fue
incumplido, pues, con los actos acusados, creó la tasa de servicios técnicos,
administrativos y supervisión forestal, la tasa adicional para los permisos de
aprovechamiento forestal único, la destinada a la investigación forestal y la de
aprovechamiento de la Palma Naidí.
22. En ese sentido, el cargo se estructuró sobre la tesis de que el Inderena no se
limitó a ejecutar o reglamentar una ley existente, sino que creó y configuró
integralmente tributos, desbordando las facultades que le habían sido delegadas y
vulnerando la reserva legal en materia fiscal.
Violación del principio de legalidad
23. Mencionó que de los artículos 43 y 191 de la Constitución Política de 1886 se
podía concluir que, para esa época, no existía un marco amplio de regulación de los
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elementos de los tributos y que, a pesar de ello, se debía acatar al pie de la letra lo
que allí se dispusiera.
24. Indicóque la obligación tributaria nace de un deber que está a cargo del
contribuyente a favor del Estado, es decir, de un hecho que esta descrito en la ley.
25. Señaló que el principio de legalidad exigía que los elementos esenciales del
tributo, hecho generador, sujetos, base gravable y tarifa fueran determinados de
manera previa.
26. Con el fin de dar mayor claridad a su argumento, procedió a evidenciar cada uno
de los elementos de las tasas que para él fueron creadas con los Acuerdos 48 de
1982 y 36 de 1983, de la siguiente manera:
27. Acuerdo 48 1982:
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28. Acuerdo 36 de 1983:
29. De lo anterior, advirtió que las tasas antes señaladas carecían de los elementos
del tributo, lo que evidencia que no se cumple con los requisitos de la ley, en la
medida que no tienen los presupuestos de hecho y de derecho propios de la
obligación tributaria. Por lo tanto, se infringe el principio de legalidad, al tener un
contenido vago y carente de los criterios esenciales en la materia y más cuando se
trata de la tasa que reguló el artículo 18 del Decreto Ley 2811 de 1974.
30. En suma, en este cargo se sostiene que los actos administrativos desconocieron
el principio de legalidad tributaria al no definir con precisión y respaldo legal previo
los elementos esenciales de las tasas, generando inseguridad jurídica y ausencia
de fundamento normativo suficiente.
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Falsa motivación
31. Sostuvo que, para la época de expedición de los actos acusados, predominaba
la exigencia de motivar las decisiones que emitía el Gobierno, la cual debía ser
concordante con la realidad.
32. Aseguró que los tributos se derivaban de la prestación de un servicio público y
su determinación no podía ser subjetiva, dado que debía responder a la necesidad
de financiar el mismo, por lo que debía estar plenamente definido y establecido. Por
ello, las tasas ambientales no podían tratarse de un cobro por parte de la
administración como consecuencia del aprovechamiento o uso de los recursos, sino
que únicamente debían obedecer al valor que resulte de la necesidad de solventar
los gastos en los que incurren las entidades al garantizar la renovabilidad de los
recursos.
33. Afirmó que el cobro de la tasa de aprovechamiento forestal no era procedente,
toda vez que el servicio que se prestaba no estaba identificado, ni el valor en el que
se incurría para su prestación, lo que conllevaba a que se concluyera que se trataba
de pagos sin fundamento legal.
34. Sobre la tasa por renovabilidad, mencionó que el servicio que se prestaba en ese
caso hacía referencia a los gastos de la renovabilidad del ambiente. Sin embargo,
los valores no podían surgir de forma arbitraria, sino que tenía que desprenderse de
un cálculo real.
35. Manifestó que el incremento periódico sin estudio técnico previo vulneraría los
principios de legalidad, equidad y proporcionalidad, al imponer una carga
automática sin sustento económico real. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 del Acuerdo 48 de 1982.
36. En síntesis, en el cargo se plantea que los actos demandados presentan una
motivación aparente o insuficiente, en razón a que no demostraron la existencia del
servicio, su costo real ni la razonabilidad de las tarifas fijadas, lo que desvirtúa la
validez del cobro y configura la causal de nulidad por falsa motivación.
Violación de normas superiores a la luz de la legislación vigente y pérdida de
fuerza ejecutoria
37. Resaltó que, con la Constitución Política de 1991 se dispuso que Colombia era
un Estado social de derecho y que dicha norma ostentaba la naturaleza de norma
superior, es decir, que ninguna disposición normativa podía ir en contra de aquella.
38. Advirtió
que, cuando una norma que fue expedida en un régimen anterior
contraría el actual, es necesario que sea verificada, y que las autoridades
competentes se pronuncien sobre su legalidad a la luz de la reglamentación vigente.
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39. Mencionó que con la Constitución de 1991 se amplió lo regulado en la de 1886,
puesto que en materia de tributos se dispuso que debían ser fijados por la ley y,
además, que tenían que definirse los elementos de la obligación tributaria (sujetos
activos y pasivo, hechos, base gravable y tarifa).
40. Indicó que el artículo 338 de la Carta Política de 1991 determinó que era posible
delegar en las autoridades administrativas la facultad de regular las tasas. Sin
embargo, dicha situación debía estar precedida por una ley, acuerdo u ordenanza
en el que se haya identificado el sistema y método para definir los costos y
beneficios de la prestación del servicio.
41. Sostuvo que el artículo 18 del Decreto Ley 2811 de 1974 fundamentó la
expedición de los actos acusados y que, a pesar de haber sido derogado por la Ley
99 de 1993, este seguía produciendo efectos. También resaltó que las tasas de
renovabilidad de los recursos que se encontraban establecidas por dicha norma y
que fueron reguladas con los Acuerdos 48 de 1982 y 36 de 1983 habían
desaparecido, en tanto que en la actualidad en materia ambiental solo existen dos
(2) clases de tasas, la retributiva y la compensatoria.
42. Precisó que el artículo 18 ibidem, en lo relativo a los elementos del tributo,
únicamente mencionó de manera general el hecho generador y el sujeto pasivo, sin
detallar los demás componentes. Además, no estableció disposiciones sobre el
sistema ni el método de cálculo de las tasas ambientales aplicables al
aprovechamiento forestal en bosques de dominio público y privado. En
consecuencia, el Inderena procedió de forma similar al fijar las tasas por
renovabilidad del recurso forestal, servicios técnicos y por investigación forestal, ya
que se limitó a señalar el valor de la tarifa sin contar con un respaldo técnico ni
económico.
43. Expuso que, de acuerdo con lo anterior, era claro que los actos acusados
vulneraban el contenido de la Constitución Política de 1991, específicamente el
artículo 338, en razón a que se están haciendo exigibles unos tributos que no
cumplen con los requisitos legales, ya que carecen de la totalidad de los elementos
del tributo.
44. Advirtió que no podía usarse como excusa que los acuerdos acusados fueron
regulados por el régimen constitucional anterior para mantenerlos vigentes, pues
estarían afectando la seguridad jurídica, los pilares del Estado social de derecho,
los postulados del derecho vigente y el principio de legalidad, ya que siguen
produciendo efectos.
45. Finalmente, afirmó que, al haberse derogado el artículo 18 del Decreto Ley 2811
de 1974 por el artículo 118 de la Ley 99 de 1993, el cual sirvió de fundamento para
la expedición de los actos impugnados, se configuró el fenómeno de la pérdida de
fuerza ejecutoria.
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46. En suma, en el cargo se sostiene que los actos acusados son incompatibles con
la Constitución de 1991, particularmente con el artículo 338, al carecer de definición
legal completa de los elementos del tributo, de sistema y método de cálculo, y al
fundarse en normas derogadas o superadas por el nuevo régimen constitucional y
ambiental.
Ilegalidad por ausencia de requisitos de existencia de la noma
47. Puso de presente que el Acuerdo 36 de 1983 carecía de validez, ya que no había
cumplido el requisito que se definió en su artículo tercero, el cual indicaba lo
siguiente:
“[…] Artículo tercero: El presente acuerdo requiere para su validez de
aprobación del Ministerio de Agricultura, rige a partir de la fecha de su
expedición y debe publicase en el Diario Oficial […]”.
48. Afirmó que efectuó una insistente búsqueda en los Ministerios de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y Agricultura y Desarrollo Rural; así como también radicó una
petición ante la Imprenta Nacional, sin encontrar documento alguno que evidenciara
que el Ministerio de Agricultura había aprobado el Acuerdo 36 de 1983, actuación
de la cual dependía la validez y eficacia de este. Por lo tanto, carece de legalidad y,
en consecuencia, sus efectos no son oponibles y tampoco vinculantes.
II. CONTESTACIONES Y COADYUVANCIA DE LA DEMANDA
II.1. Contestación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible5
49. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contestó la demanda
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Procedió a pronunciarse de
manera conjunta respecto de los cargos de nulidad propuestos por el demandante
de la siguiente manera.
50. Adujo que el artículo 338 de la Constitución Política de 1991 estableció que sólo
el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales o
Municipales pueden imponer contribuciones fiscales y parafiscales. Sin embargo,
tratándose de tasas y contribuciones por servicios prestados o beneficios obtenidos,
se les permite a las autoridades fijar las tarifas, siempre y cuando el sistema y
método para definir costos, beneficios y su distribución, se encuentren previamente
establecidos en una ley, ordenanza o acuerdo.
51. Señaló que el aprovechamiento de bosques naturales generaba beneficios
económicos para los particulares y gastos a la administración para garantizar la
renovabilidad de los recursos afectados, lo que justificaba el cobro de las tasas
reguladas en el artículo 18 del Código de Recursos Naturales Renovables y de
Protección del Medio Ambiente. Asimismo, indicó que los artículos 220 y 221 ibidem
5 Folios 72 a 78 C pp.
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regularon los pagos a cargo de los sujetos que contaban con permisos de
aprovechamiento forestal.
52. Sostuvo que, ante la falta de reglamentación Nacional adicional y la existencia
de un régimen de transición previsto en el Decreto Ley 632 de 1994, que permitía
aplicar normas anteriores que no fuesen contrarias a la Ley 99 de 1993, el Ministerio
de Ambiente le solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
que emitiera concepto respecto de “[…] la viabilidad jurídica del cobro de las tasas
por concepto de aprovechamiento forestal de bosque natural en predios de dominio
privado y colectivo […]”.
53. Recordó que, el 21 de agosto de 2008, la Alta Corte se pronunció señalando que
el Código de Recursos Naturales no asignó directamente la autoridad competente
para fijar las tarifas de las tasas y que el Decreto Ley 133 de 1976 le otorgó esta
función al Inderena, por lo que, a través de la Junta Directiva, expidió los Acuerdos
48 de 1982 y 36 de 1983, en los que se regularon los tributos para
aprovechamientos en bosques públicos y privados.
54. De lo anterior, resaltó que el Consejo de Estado reconoció que el extinto Inderena
era la entidad competente para emitir los actos acusados.
55. Posteriormente, manifestó que la Ley 23 de 1973 le otorgó facultades
extraordinarias al presidente de la República para que expidiera el Código de
Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente.
56. En cumplimiento de dichas funciones se emitió el Decreto Ley 2811 de 1974, en
el que se definieron tres (3) puntos importantes, que fueron: i) el ambiente es
patrimonio común, razón por la cual los particulares y el Estado deben velar por su
preservación y manejo; ii) los recursos naturales renovables son de la Nación, sin
perjuicio de los derechos adquiridos por particulares y de las normas especiales
sobre baldíos, y iii) la propiedad privada sobre los recursos deberá ejercerse de
conformidad con la función social y ecológica que es inherente a la propiedad.
57. Asimismo, comentó que en su artículo 18 se consagró la posibilidad de fijar tasas
para compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad del ambiente, y
en los artículos 212 a 218, se definieron las clases de aprovechamiento forestal,
distinguiéndoles en persistentes, únicos o domésticos, y los modos para acceder a
estos (permiso, autorización, concesiones, uso por ministerio de la ley y asociación).
58. Indicoque, a su vez, los artículos 220 y 221 hicieron referencia a las
contraprestaciones por aprovechamiento forestal, estableciendo que los titulares de
dicho permiso debían pagar por el concepto de participación Nacional una suma
que no excediera el treinta por ciento (30%) del precio del producto bruto en el
mercado más cercano al sitio de aprovechamiento.
59. Referenció que en dichas disposiciones se determinó que los municipios donde
se desarrolle la citada actividad recibirían un veinte por ciento (20%) de la suma
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cancelada por los beneficiarios de la licencia y un monto adicional por metro cúbico
de madera aprovechable, dineros que estarían destinados para financiar los
programas de reforestación.
60. Destacó que el Código de Recursos Naturales había señalado que una autoridad
ambiental sería la responsable del cobro de los mencionados tributos, lo cual fue
regulado posteriormente a través del Decreto Ley 133 de 1976, que creó al
INDERENA, asignándole como funciones las de fijar y recaudar el monto de las
tasas y derechos por concepto del aprovechamiento y el mantenimiento de la
renovabilidad de los recursos naturales cuando su administración no
correspondiese a otra entidad pública. Aspectos que quedaron consignados en los
Acuerdos 48 de 1982 y 36 de 1983.
61. Afirmó que, en el artículo 10 del Acuerdo 48 de 1982, se había identificado que
los dineros recibidos por concepto del porcentaje de participación Nacional de las
tasas de renovabilidad forestal, por investigación forestal, por aprovechamiento
único de bosques de domino público y por aprovechamiento de Palma Naidí, debían
destinarse al desarrollo de los programas de reforestación, tales como viveros,
construcción de infraestructura, establecimiento y manejo de plantaciones y las
labores necesarias para el manejo de bosques naturales.
62. Por su parte, en el artículo 2° del Acuerdo 36 de 1983, los recursos recolectados
por las tasas de renovabilidad e investigación forestales también estarían dirigidos
a esos mismos proyectos y a los estudios correspondientes a la materia en mención.
63. Aseguró que del anterior recuento normativo se extraía que los actos acusados
contaban con un respaldo Constitucional y legal, tanto en su contenido formal como
con relación a que el Inderena era el competente para expedirlos. Por lo tanto, no
habían incurrido en una causal de nulidad.
64. De otra parte, procedió a transcribir apartes del concepto emitido por la Oficina
de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la
presente demanda, para concluir que la tasa forestal del 48 del 15 de diciembre de
1982 se enmarca en la categoría de compensatoria y tiene como finalidades la de
renovar, administrar, supervisar e investigar los bosques naturales que son objeto
de aprovechamiento forestal maderable.
65. Como tercer punto, analizó la falsa motivación, afirmando que las actuaciones
acusadas gozaban de presunción de legalidad, por cuanto estas no contenían
hechos que no coincidieran con la realidad o que fuesen engañosos. Además,
consideró que con la demanda no se logró probar que existieran presupuestos
fácticos y jurídicos que evidenciaran un actuar irregular de la administración.
66. Sobre el cargo relacionado con que los actos carecen de fuerza ejecutoria por el
decaimiento de su fundamento normativo señaló que, si bien el artículo 118 de la
Ley 99 de 1993 había derogado el artículo 18 del Código de Recursos Naturales, lo
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cierto es que la misma norma estableció en su artículo 42 lo relacionado con las
tasas retributivas y compensatorias.
67. Afirmó que el punto de controversia carecía de sustento, pues en la citada norma
se indicó explícitamente que “[…] queda así subrogado el artículo 18 del Decreto
2811 de 1974 […]”, lo que significa que la Ley 99 de 1993 reprodujo casi con
exactitud lo reglamentado en la norma que sirvió de sustento para los actos
acusados.
68. Por último, respecto de la ausencia del requisito que exigía el Acuerdo 36 de
1983, adujo que ello era competencia del Ministerio de Agricultura, por lo que era
esa la entidad encargada de allegar el documento que demostrara el cumplimiento
de la obligación prevista en su artículo tercero y que, en todo caso, la eventual falta
de prueba no afecta su validez.
69. En síntesis, la autoridad administrativa sostuvo que los actos acusados cuentan
con fundamento constitucional y legal suficiente, que el Inderena era competente
para expedirlos, que las tasas tenían respaldo normativo y finalidad ambiental
legítima, que no se configuró falsa motivación ni decaimiento normativo, y que la
eventual falta de prueba sobre la aprobación del Acuerdo 36 no desvirtúa, per se,
su validez.
II.2. Contestación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural6
70. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se opuso a las pretensiones de la
demanda y se pronunció sobre el cargo de ilegalidad del acto administrativo,
argumentando que el presidente de la República le concedió las facultades al
Inderena para fijar, calcular y establecer las tasas de aprovechamiento forestal.
71. Manifestó que, de conformidad con el artículo 135 de la Carta Política de 1886,
dicha autoridad podía delegar determinadas funciones administrativas y, dado que
no se trataban de atribuciones constitucionales sino legales, no era necesario
contar con una ley que dispusiera cuáles eran las facultades que podía
encomendar. Por lo tanto, no se vulneró el principio de legalidad.
72. Expuso que la Constitución Política excepcionalmente permitió que las funciones
relacionadas con las tarifas de las tasas y contribuciones fuesen atribuidas a otras
autoridades, siempre y cuando previamente estén definidos los métodos y sistemas
para su determinación.
73. Sobre el cargo de falsa motivación, adujo que los actos administrativos gozaban
de presunción de legalidad, por lo que era responsabilidad de la persona que
desconoce dicho aspecto demostrar su falta de validez.
6 Folios 94 a 102 C pp.
13
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Demandante: Iván Andrés Páez Páez
Demandada: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural
74. Señaló que el Decreto Ley 2811 de 1974 reguló lo relacionado con las tasas de
servicios ambientales en su título III, y en su artículo 18 se estableció que dicho
tributo tenía como finalidad compensar los gastos de mantenimiento de la
renovabilidad de los recursos naturales. Asimismo, el título IX determinó que los
dineros recaudados serían destinados para a la renovación de los recursos
acuíferos.
75. También mencionó que el Decreto 1541 de 1978, que reglamentó la citada
norma, determinó que la cuantía y la forma de cancelación se fijaría de acuerdo con
las actividades y se cobrarían a quienes utilizaran el agua y sus cauces, de
conformidad con los permisos o concesiones otorgadas.
76. Sostuvo que la Corte Constitucional en la sentencia C-615 de 2013, reiteró que
el principio de legalidad tributaria tenía como características las siguientes: la
representación popular, la predeterminación de los elementos mínimos del tributo,
la soberanía fiscal del Legislador nacional en el marco de la República Unitaria y la
autonomía de las entidades territoriales para gestionar sus recursos y establecer
tributos, siempre dentro del marco legal, y que la Corte ha admitido la remisión al
reglamento para aspectos complementarios como la certificación de precios
agrícolas, exenciones de IVA por insuficiencia de oferta, índices bursátiles y
avalúos catastrales, pero fue enfática en que la definición del sujeto pasivo, hecho
generador y bases gravables debe ser hecha por la ley, no por el reglamento, ya
que su omisión comprometería el principio democrático.
77. Finalmente, afirmó que, los actos acusados no carecían de falsa motivación,
pues se emitieron conforme a la reglamentación vigente y contenían los elementos
necesarios.
II.3. Coadyuvancia Luis Fernando Macías Gómez7
78. Elseñor Luis Fernando Macías Gómez solicitó el reconocimiento como
coadyuvante del demandante, para lo cual señaló que apoyaba las pretensiones de
nulidad por infracción de normas superiores y falsa motivación.
79. Argumentó que los acuerdos proferidos por el INDERENA carecían de
motivación, debido a que los artículos 220 y 221 del Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables fueron tácitamente derogados por el artículo 42 de la Ley 99
de 1993, que regula tasas retributivas y compensatorias. Subsidiariamente, alegó
que, de considerarse vigentes las citadas disposiciones, se debían considerar
inconstitucionales las actuaciones, ya que desconocieron la obligación de contar
con un sistema y método para la fijación del tributo.
80. Mencionó que la sentencia C-1063 de 2003 de la Corte Constitucional resaltó
que el artículo 159 del Decreto Ley 2811 de 1974 había sido derogado tácitamente,
por lo que no debía ser aplicado.
7 Folios 136 a 139 C pp.
14
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00613-00
Demandante: Iván Andrés Páez Páez
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Rural
81. Advirtió que el Decreto 632 de 1994 era de tipo reglamentario, el cual reguló la
transición de las competencias de las autoridades ambientales, la continuidad de
actuaciones administrativas, permisos y concesiones; más no estaba dirigido a
establecer la vigencia de las normas tributarias o regalías.
82. Resaltó que la ausencia de reglamento no podía ser excusa para mantener
vigente una disposición.
83. De otro lado, indicó que el Acuerdo 36 de 1983 no había sido publicado, por lo
que nunca había producido efecto en el ordenamiento jurídico.
84. Finalmente, comentó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
reguló nuevamente el objeto de las decisiones impugnadas en el Decreto 1390 y la
Resolución 1479 de 2018.
III. TRÁMITE
85. El señor Iván Andrés Páez Páez presentó demanda de nulidad el 5 de diciembre
de 20168, en contra de los Acuerdos 48 del 15 de diciembre de 1982 y 36 del 27 de
julio 1983 expedidos por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y del Ambiente – Inderena, así como la Resolución 140 del 14 de abril de 1983,
emitida por el Ministerio de Agricultura, hoy Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
86. Mediante auto de 29 de marzo de 20179 se admitió la demanda y se dispuso
notificar al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural. El 13 de junio de 201710 se fijó en lista el presente proceso por
el término de 30 días.
87. Por auto de 9 de julio de 201811 se decretó la suspensión de los efectos jurídicos
del artículo 11 del Acuerdo 48 de 1982 y se negó las demás peticiones de cautela
solicitadas por el demandante. A lo cual, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural presentó recurso de súplica. Mediante auto de 11 de diciembre de 201812 se
requirió a la parte demandante para que designara un apoderado. A través de auto
de 28 de julio de 202213 se resolvió el recurso de súplica en el sentido de revocar el
auto de 9 de julio de 2018.
88. A través de auto de 29 de junio de 201914 se fijó fecha para llevar a cabo la
audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 20
de septiembre de 201915.
8 Folio 15 C pp.
9 Folios 54 a 55 C pp.
10 Folio 55 vto. C pp.
11 Folios 51 a 56 C medida cautelar.
12 Folios 117 y vto. C medida cautelar.
13 Índice 95 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
14 Folio 128 C pp.
15 Folios 148 a 170 C pp.
15
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Rural
89. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes,
se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las
partes y se fijó fecha para la realización de la audiencia de pruebas prevista en el
artículo 181 de la Ley 1437 para recibir el testimonio del jefe de la Oficina de
Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
que para la fecha ocupe el cargo.
90. Mediante auto de 19 de febrero de 202016 se aplazó la audiencia de pruebas
prevista en el artículo 181 de la Ley 1437 y se fijó nueva fecha, la cual se realizó el
2 de marzo de 202017 para lo cual, por autos de 18 y 20 de febrero de 202018 se
comisionó a un Magistrado Auxiliar.
91. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes y
se recibió el testimonio del señor Jorge Enrique Jiménez Cuacaneme.
92. A través de auto de 10 de septiembre de 202019 se corrió traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto.
93. En el término para alegar de conclusión, el coadyuvante20, la parte demandante21
y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural22, reiteraron sus argumentos de
nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el Ministerio Público guardaron silencio.
IV. CAMBIO DE CONSEJERO PONENTE
94. Realizadas las intervenciones precitadas, el expediente pasó al despacho del
Consejero de Estado ponente, doctor Oswaldo Giraldo López, quien presentó el
respectivo proyecto de sentencia a consideración de la Sala; sin embargo, la
ponencia no obtuvo la mayoría requerida y, en consecuencia, se dispuso que el
expediente pasara al Consejero de Estado que sigue en turno23.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
95. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14924 de la Ley 1437, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de
16
Folios 189 y vto. C pp.
17 Folios 198 a 205 C pp.
18 Folios 177 y 195 C pp.
19 Folio 229 C pp.
20 Folios 250 a 251 C pp.
21 Folios 253 a 260 C pp.
22 Folios 241 a 243 C pp.
23 Índice 123 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
24 “[…] El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones,
subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá
16
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Rural
los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades
del orden nacional, norma que resulta armónica con lo dispuesto en el Acuerdo 80
de 12 de marzo 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024,
que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.
V.2. Problema jurídico
96. En el presente caso, corresponde a la Sala determinar si los Acuerdos 48 del 15
de diciembre de 1982 y 36 del 27 de julio de 1983 y la Resolución 140 del 14 de
abril de 1983, mediante los cuales se estableció y aprobó la forma de liquidación y
se fijaron los montos de las diferentes tasas para el aprovechamiento de los
bosques naturales públicos y privados, incurrieron en los vicios de “falta de
competencia y extralimitación de funciones”, “violación del principio de legalidad”,
“falsa motivación”, “violación de normas superiores a la luz de la legislación vigente
y pérdida de fuerza ejecutoria” e “ilegalidad por ausencia de requisitos de existencia
de la norma”.
97. Para resolver lo anterior y conforme al concepto de violación expuesto por la
parte demandante y el coadyuvante, la Sala abordará metodológicamente los
siguientes aspectos: (i) si los actos acusados perdieron fuerza ejecutoria; (ii) si el
Acuerdo 36 del 27 de julio de 1983 adolece del vicio relacionado con la falta de
publicidad; (iii) si, bajo el régimen constitucional vigente al momento de la expedición
de los actos acusados, esto es, la Constitución Política de 1886 y las normas legales
invocadas, incurrieron en los vicios relacionados con la competencia por
extralimitación de funciones, motivación y expedición irregular; y (iv) si, bajo el
régimen constitucional de la Constitución Política de 1991, se configura la alegada
constitucionalidad e ilegalidad sobreviniente y si resultan manifiestamente
incompatibles con el artículo 338 ibidem.
V.3. La identificación de los actos demandados
98. El señor Iván Andrés Páez Páez presentó demanda de nulidad en contra de los
los Acuerdos 48 del 15 de diciembre de 1982 y 36 del 27 de julio 1983 expedidos
por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente –
Inderena, así como la Resolución 140 del 14 de abril de 1983, emitida por el
Ministerio de Agricultura, hoy Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los actos
administrativos son del siguiente tenor:
Acuerdo 48 del 15 de diciembre de 198225
“[…] Acuerdo No. 48 de 1982
(15 diciembre)
en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional […]”.
25 Folios 4 a 7 C anexos.
17
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Rural
“Por el cual se establece la forma de liquidación y se fijan los montos de las
diferentes tasas, para el aprovechamiento de los bosques naturales, públicos
y privados.”
La Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y del ambiente, INDERENA, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 39 del Decreto 0133 de 1976, establece que el patrimonio del
INDERENA está formado entre otros conceptos por el valor de la participación
nacional que se pague por el aprovechamiento de los recursos naturales y por
las tasas que se recauden para el mantenimiento de la renovabilidad de tales
recursos y por el valor de los servicios técnicos que preste la entidad.
Que de conformidad con los Decretos 133 de 1976 y 2633 de 1977,
corresponde a la Junta Directiva del INDERENA fijar los montos de las tasas
que deben cobrarse por concepto de los aprovechamientos forestales.
Que el artículo 220 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece que el
concesionario o beneficiario de permisos de aprovechamientos forestales en
bosques de dominio público deberán pagar como participación nacional, una
suma que no exceda del 30% del precio del producto forestal en bruto en el
mercado más cercano al sitio de aprovechamiento.
Que el artículo 221 del decreto Ley 2811 de 1974 determina que los permisos
de aprovechamiento forestal único pagarán además de la participación
nacional, una suma adicional por metro cúbico de madera aprovechable en
bosques naturales de dominio público.
Que el numeral 4 del artículo 33 del Decreto 133 de 1976 establece el cobro de
la tasa por concepto de los servicios técnicos que preste el Instituto.
Que en concordancia con los artículos 18 y 222 del decreto Ley 2811 de 1974,
se establece la tasa de renovabilidad del recurso forestal cuando se determine
que el concesionario o el titular del permiso no está en condiciones de cumplir
con las obligaciones técnicas establecidas para tal fin.
Que es conveniente integrar en una norma las diferentes tasas y establecer la
forma de liquidación, con el objeto de facilitar el recaudo de la participación
nacional, las tasas y demás servicios técnicos que preste el INDERENA,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Objetivos del Acuerdo El presente Acuerdo tiene por
objeto:
1. Señalar los precios mínimos de los productos forestales que sirvan de base
para efectuar la liquidación y el recaudo de la participación nacional.
2. Fijar la tasa por concepto de renovabilidad del recurso forestal.
3. Fijar la tasa por los servicios técnicos de administración y supervisión
forestal.
4. Establecer la tasa adicional para los permisos de aprovechamiento forestal
únicos.
5. Fijar la tasa destinada a la investigación forestal.
18
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6. Unificar el procedimiento para la liquidación y recaudo de las tasas antes
enunciadas.
ARTÍCULO SEGUNDO: De la Participación nacional. Fijase en diez por ciento
(10%) el porcentaje que deberán pagar los concesionarios o beneficiarios de
permisos de aprovechamiento forestal persistentes y únicos en bosques de
dominio público, como participación nacional del precio del producto en bruto
en el mercado más cercano al sitio de aprovechamiento, según los valores
básicos de liquidación por metro cúbico y de acuerdo con las categorías que se
determinan en el siguiente artículo.
ARTÍCULO TERCERO: Para efectos de la liquidación del porcentaje de la
participación nacional de que trata el artículo anterior, se fijan los siguientes
precios básicos por metro cúbico de madera en bruto:
1. Especies maderables muy especiales. $2. 000.oo
2. Especies maderables especiales. $600.oo
3. Especies maderables ordinarias. $300.oo
ARTÍCULO CUARTO: Clasificación y definiciones. Para los efectos del
presente artículo se establecen las siguientes clasificaciones y definiciones:
1.Especies maderables muy especiales. Son especies maderables muy
especiales las que, por sus características tecnológicas de calidad, color, lustre,
veteado y demanda en los mercados y uso, constituyen especies de muy alto
valor comercial.
2.Especies maderables especiales. Son especies maderables especiales, las
que por sus características tanto tecnológicas como de calidad y demanda en
los mercados y uso, constituyen especies de alto valor comercial.
3. Especies maderables ordinarias. Pertenecen a esta clasificación las demás
especies maderables no incluidas dentro de las categorías anteriores.
PARÁGRAFO: La Gerencia General mediante resolución determinará las
especies que corresponden a cada una de las clasificaciones establecidas en
el presente artículo.
ARTÍCULO QUINTO: De la renovabilidad del recurso forestal. Fijar en sesenta
y cinco pesos ($65.oo) por metro cúbico de madera en bruto aprovechado, el
monto de renovabilidad del recurso forestal que pagarán al INDERENA tanto
los titulares de concesiones, como los permisionarios del aprovechamiento
forestal en bosques de dominio público.
Parágrafo 1: La tasa a que se refiere el presente artículo es aplicable a los
concesionarios o beneficiarios de permisos de aprovechamiento persistente
que no adelanten los programas de reforestación en cumplimiento de los planes
de ordenación forestal.
Parágrafo 2: Los beneficiarios de permisos de aprovechamiento forestal
persistentes otorgados por un término superior a cinco (5) años, podrán
desarrollar los planes de reforestación, con lo cual quedan eximidos del pago
de derechos por este concepto.
ARTÍCULO SEXTO: De la tasa por Servicios técnicos. Fijase el monto de la
tasa por concepto de los servicios técnicos de administración y supervisión
19
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forestal en los aprovechamientos forestales en bosques de dominio público y
privado destinados al desarrollo de tales servicios, en la siguiente forma:
Para los productores maderables, en cien pesos ($100.oo) por metro cúbico de
madera en bruto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: De la investigación forestal. Fijase en treinta pesos
($30.oo) por metro cúbico en bruto aprovechado, el valor de la tasa destinada
a la investigación del recurso forestal que deberán pagar al INDERENA, los
concesionarios y permisionarios de aprovechamientos forestales de bosques
de dominio público.
ARTÍCULO OCTAVO: De la tasa adicional para beneficiarios de permisos
únicos. Establécese la tasa adicional por concepto de aprovechamientos
forestales únicos en bosques de dominio público, en la cuantía de cincuenta
pesos ($50.oo) por metro cúbico de madera en bruto.
ARTÍCULO NOVENO: De la tasa por aprovechamiento de la Palma Naidí. En
lo correspondiente al cobro de las tasas por concepto de aprovechamientos de
la Palma Naidí, (Euterpe sp.) en bosques de dominio público, se fijan los
siguientes valores por cada estirpe o cogollo aprovechado:
a. Participación nacional. El precio básico de la liquidación será de $3.oo por
estirpe, sobre cuyo valor se cobrará el 10% por participación nacional.
b. Renovabilidad del recurso: $0.60 por estirpe.
c. Investigación forestal: $0.30 por estirpe.
d. Servicios Técnicos de administración forestal: $0.75 por estirpe.
ARTÍCULO DÉCIMO: Los recaudos que se reciban por concepto de las tasas
establecidas en el presente Acuerdo correspondientes a participación nacional,
renovabilidad del recurso forestal y la tasa adicional por concepto de permisos
únicos, estarán dirigidos al desarrollo de programas de reforestación tales
como establecimientos en viveros, construcción de la infraestructura,
establecimiento y manejo de plantaciones y demás labores afines al manejo de
bosques naturales.
ARTÍCULO ONCE: Los precios básicos de liquidación de la participación
nacional y las demás tasas que se determinan en el presente Acuerdo, serán
reajustados anualmente por el INDERENA en un 25% de su valor.
ARTÍCULO DOCE: Facúltese al Gerente General del INDERENA para
establecer los mecanismos administrativos, financieros y fiscales para el
recaudo de las tasas por los diferentes conceptos establecidos y destinar su
producto a los fines señalados y llenar los vacíos, interpretar y reglamentar las
disposiciones del presente Acuerdo dentro de las normas legales vigentes.
ARTÍCULO TRECE: El presente Acuerdo requiere para su validez la
aprobación del ministro de Agricultura, deroga los Acuerdos 05 de 1978 y 03
de 1980, rige a partir de la fecha de su expedición y debe publicarse en el Diario
Oficial.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá D.E., a los 15 días de diciembre de 1982 […]”.
20
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Acuerdo 36 del 27 de julio de 198326
“[…] Acuerdo No. 36 de 27 de julio de 1983
“por el cual se adiciona el Acuerdo No. 048 de 1982”
La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales
Renovables, INDERENA en uso de facultades legales y estatutarias y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 216 del Decreto No. 2811 de 1974 señala que los
aprovechamientos forestales persistentes de bosque naturales o artificiales
en terrenos de propiedad privada requieren autorización.
Que de conformidad con los Decretos Nos. 133 de 1976 y 2683 de 1977
corresponde al INDERNA fijar los montos de las tasas que deben cobrarse
por concepto de los aprovechamientos forestales.
Que mediante Acuerdo No 048 de 1982 se estableció la forma de liquidación
y se fijaron los montos de las diferentes tasas, para aprovechamiento de
bosques naturales, en predios de dominio público y privado.
Que el mencionado Acuerdo estableció solamente para aprovechamiento
realizados en bosque natural de dominio privado, la tasa de servicios técnicos.
Que es necesario unificar el valor de las tasas por el aprovechamiento de
bosques naturales tanto en terrenos de dominio público como privado.
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO. Adicionar el Acuerdo No. 048 de 1982, estableciendo
las siguientes tasas para aprovechamientos forestales persistentes en
bosques naturales es de dominio privado.
a) Por concepto de renovabilidad del recurso forestal la suma de $65.00 por
metro cubico de madera en bruto aprovechado;
b) Por concepto de investigación forestal la suma de $30.00 por metro cubico
de madera en bruto aprovechado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los recaudos que se perciben por concepto de las
tasas a que hace referencia el artículo primero del presente Acuerdo, serán
destinadas a:
1. Tasa de renovabilidad del recurso forestal a programas de reforestación
tales como establecimiento a viveros, construcción de la infraestructura,
establecimiento y manejo de plantaciones y trabajos al manejo de bosques
naturales.
2. Tasa de Investigación Forestal a Programas de Investigación Forestal.
ARTÍCULO TERCERO. - El presente Acuerdo requiere para su validez de la
aprobación del Ministerio de Agricultura, rige a partir de la fecha de su
expedición y debe publicarse en el Diario Oficial.
26 Folios 2 a 3 C anexos.
21
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COMUNIQUESE, PUBLIQUISE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá, D. E, a los 27 de julio de 1983 […]”
Resolución 140 del 14 de abril de 198327
“[…] RESOLUCION NUMERO 140 DE (14 ABR 1983)
"Por la cual se aprueba el Acuerdo No. 0048 de la junta directiva del
INDERNA, se establece la forma de liquidación y se fijan los montos de las
diferentes tasas para el aprovechamiento de los bosques naturales, públicos
y privados"
MINISTERIO DE AGRICULTURA, en uso de sus facultades legales y en
especial da las que le confiare el aparte b) literal e) del artículo 14 del
Decreto 2683 de 1.977 y,
CONSIDERANDO
Que la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente -INDERENA- en-ejercicio de las funciones, que le
confiere el ordinal 3 literal g) del artículo 38 del Decreto ley 133 del 1976 y el
literal e) del aparte b) del artículo 14 del Decreto 2683/77, mediante Acuerdo
No 0048 de diciembre 15 de 1982, establece la forma de liquidación y se fijan
los montos de las diferentes tasas para el aprovechamiento de los bosques
naturales, públicos y privados.
Que de conformidad con el artículo 13 del citado Acuerdo, este requiere para
su validez la aprobación del Ministerio de Agricultura,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el Acuerdo No. 0048 de la Junta Directiva
del Instituto nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente-
INDERENA- que es del siguiente tenor: […]
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá D.E., a los 15 días de diciembre de 1982 […]”.
V.4. Análisis del caso concreto
V.4.1. Pérdida de fuerza ejecutoria
99. Corresponde a la Sala determinar si la alegada pérdida de fuerza ejecutoria de
los actos acusados torna en improcedente el ejercicio del control de legalidad en el
presente medio de control.
100. Al respecto, la Sala pone de presente que la pérdida de fuerza ejecutoria se
relaciona con uno de los atributos del acto administrativo, esto es, su exigibilidad u
obligatoriedad, entendida como la aptitud de la decisión para producir efectos
jurídicos en la relación entre la Administración y el administrado. No obstante, por
27 Folios 8 a 13 C anexos.
22
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alguna de las circunstancias previstas en el artículo 91 de la Ley 1437 28, el acto
puede perder esa fuerza ejecutoria, sin que ello implique su desaparición del orden
jurídico.
101. Cabe resaltar la diferencia entre validez y eficacia de todo acto administrativo,
en tanto que la primera se predica de su conformidad con el ordenamiento jurídico
vigente al momento de su expedición, mientras que la segunda se refiere a su
aptitud para producir efectos jurídicos. Por consiguiente, la pérdida de fuerza
ejecutoria incide únicamente en la eficacia del acto, más no en su validez, razón
por la cual no enerva el ejercicio del control de legalidad que corresponde adelantar
a esta jurisdicción.
102. Lo expuesto permite concluir que el cargo así formulado no impide el análisis
de validez de los actos administrativos, en razón a que esta solo se ve desvirtuada
cuando se acredita la existencia de un vicio en su formación, ya sea por
desconocimiento del orden jurídico superior vigente al momento de su expedición,
por falta de competencia de la autoridad que lo profirió, por falsa motivación, por
expedición sin observancia de los requisitos y del procedimiento establecidos, por
vulneración del debido proceso y del derecho de audiencia y defensa, o por
desviación de poder, tal y como lo señala el artículo 137 inciso 2º de la Ley 1437.
103. En ese sentido, no está llamado a prosperar el argumento orientado a que se
declare la carencia actual de objeto, toda vez que el eventual decaimiento o pérdida
de fuerza ejecutoria de un acto administrativo no excluye el examen de validez del
mismo.
V.4.2. Falta de publicación del Acuerdo 36 del 27 de julio de 1983
104. Corresponde a la Sala determinar si la falta de publicación del Acuerdo 36 del
27 de julio de 1983 constituye una causal de nulidad que afecte su validez en el
marco del presente medio de control.
105. Sobre el particular, y como se expuso en el acápite anterior, la validez del acto
administrativo se relaciona con su conformidad con el ordenamiento normativo
vigente al momento de su expedición, mientras que la eficacia atañe a su aptitud
para producir efectos jurídicos. Es por lo anterior que, la publicación, notificación o
comunicación del acto, no constituye un elemento estructural de validez, sino un
presupuesto para su oponibilidad y exigibilidad.
106. Nótese, que tratándose de actos de carácter general o de actos particulares que
requieren publicación, notificación o comunicación respectivamente, la falta de
28 Artículo 91. “[…] Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes
casos: 1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 3. Cuando al cabo de cinco
(5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. 4.
Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 5. Cuando pierdan vigencia
[…]”.
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publicación incide en su eficacia, mas no en su validez. Por tanto, un cargo de
nulidad sustentado exclusivamente en esa circunstancia no tiene vocación de
prosperidad en el marco del presente medio de control.
107. Tal ha sido la postura que de manera reiterada, pacífica y uniforme ha sostenido
la jurisprudencia contenciosa administrativa y la constitucional, como se observa a
continuación:
“[…] En relación con este punto particular, la Corporación ha expresado en
reiteradas oportunidades que la publicidad de los actos administrativos
tiene interés en cuanto de ella depende su obligatoriedad y su oponibilidad
frente a los particulares, tal como lo establece el inciso primero del precepto
trascrito. En razón de lo anterior, la Sala considera que la ausencia de
publicación de un acto de carácter general, impersonal y abstracto, como el
que aquí es objeto de demanda, no constituye motivo suficiente para
declarar su nulidad, pues tal como lo ha expresado la Sala y lo recuerdan la
entidad demandada y el Ministerio Público, la publicidad de los actos
administrativos es tan solo un requisito del cual depende su eficacia mas
no su validez ni su existencia jurídica. Por lo mismo, el primero de los cargos
no tiene vocación de prosperidad […]”29 (negrilla fuera de texto).
108. En sentencia C-957 de 1999, la Corte Constitucional consideró:
“[…] el acto administrativo, general o particular, existe desde el momento
mismo en que se profiere o expide, pero no produce efectos jurídicos, es
decir, carece de fuerza vinculante mientras no se realice su publicación,
notificación o comunicación […], su fuerza vinculante comienza desde que
se ha producido la publicación o notificación del acto; por lo tanto, la
publicación no constituye un requisito de validez del acto administrativo; se
trata simplemente de una condición para que pueda ser oponible a los
particulares, es decir, de obligatoriedad. En este evento, se está ante un
problema de eficacia de la norma, no de validez; es un aspecto extrínseco del
acto y posterior al mismo […]” (negrilla fuera de texto).
109. En este contexto, tampoco resulta procedente el análisis propuesto según el cual
el Acuerdo 36 del 27 de julio de 1983 sería nulo por falta de publicación, toda vez que
dicha circunstancia, de acreditarse, incidiría en su eficacia más no en su validez, y no
constituye, por sí misma, causal de nulidad en el marco del presente medio de control.
V.4.3. Análisis de los cargos a la luz del régimen de la Constitución Política de
1886 y disposiciones legales vigentes al momento de expedición de los actos
acusados
110. Corresponde a la Sala examinar los cargos de validez propiamente dichos a la
luz del ordenamiento jurídico vigente para la época de expedición de los actos
acusados, esto es, la Constitución Política de 1886, artículos 32, 43 y 191; el Código
Fiscal, Ley 110 de 1912, artículos 5°, 122 y 154; la Ley 23 de 1973; el Decreto Ley
2811 de 1974, artículos 18, 220 y 221; y el Decreto Ley 133 de 1976, artículo 38,
29 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 30 de septiembre de 2010. Rad.: 2007-00203-00. MP.:
Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
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numeral 3°, literal g), normas que sirven de fundamento al juicio de legalidad en el
presente asunto.
111. En este sentido, los argumentos de nulidad formulados por el demandante y el
coadyuvante pueden sistematizarse en tres ejes: (i) la alegada falta de competencia
por extralimitación de funciones del Inderena para fijar las tarifas cuestionadas y el
supuesto desconocimiento de la reserva legal en esta materia; (ii) la presunta
vulneración del principio de legalidad tributaria por ausencia de motivación suficiente
y de soporte técnico que justificara las tasas y los reajustes previstos; (iii) la
expedición irregular del Acuerdo 36 del 27 de julio de 1983 por falta de aprobación
ministerial.
112. Como se precisó en los acápites anteriores, los cargos relativos a la pérdida de
fuerza ejecutoria y a la falta de publicación del mencionado Acuerdo 36 no afectan
la validez de los actos administrativos, sino su eficacia, por lo cual no enervan el
ejercicio del control de legalidad en el marco del medio de control de nulidad.
Falta de competencia
113. La Sala analizará si son nulos por falta de competencia por extralimitación de
funciones los actos acusados, mediante las cuales fijaron y aprobaron las tasas de
renovabilidad del recurso forestal, por servicios técnicos, de investigación forestal,
para beneficiarios de permisos únicos y por aprovechamiento de la palma de Naidí
y el porcentaje de la participación nacional, si esas autoridades administrativas
precisaron todos los elementos del tributo.
114. Pararesolver lo anterior, la Sala considera necesarios referirse al contexto
normativo subyacente al momento de expedir los actos que se censuran, como se
observa a continuación:
115. De acuerdo con el numeral 11 del artículo 76 de la Constitución Política de 1886,
correspondía al Congreso establecer las rentas nacionales, lo que ha llevado a
concluir que para dicho régimen el principio de reserva legal en materia tributaria era
aplicable. La norma en cita era del siguiente tenor:
“[…] Artículo 76.- Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de
ellas ejerce las siguientes atribuciones: […]
11. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración.
En cada legislatura se votará el presupuesto general de unas y otros […]”.
116. Por su parte, el numeral 10º ibidem, establecía la posibilidad de que el órgano
legislativo otorgara facultades extraordinarias al presidente de la República cuando la
necesidad lo determine o la conveniencia pública lo aconseje; veamos:
“[…] Artículo 76.- Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de
ellas ejerce las siguientes atribuciones: […]
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10. Revestir, pro tempore, al Presidente de la República de precisas
facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias
públicas lo aconsejen […]”.
117. En atención a lo dicho y a la comparación efectuada con regímenes
constitucionales previos que preveían tales potestades en contextos de guerra de
independencia o de conmoción interior armada30, se puede concluir que, bajo la
Constitución Política de 1886, no era necesaria una situación de anormalidad para el
otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente de la República.
118. Tales condiciones sí resultaban exigibles en regímenes anteriores, siendo un
primer referente la Constitución de 1821, que consagró las potestades excepcionales
en sus artículos 12831 y 12932, las cuales no eran ejercitables en tiempo de paz33.
119. Esa condición, como se advirtió, varió con el numeral 10º del artículo 76 de la
Constitución Política de 188634, la cual permitió al Congreso revestir al presidente de
precisas facultades extraordinarias, bajo un solo condicionamiento, este es, que la
necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje.
120. Ahora, el artículo 154 ibidem contemplaba las ya tradicionales facultades al
Gobierno en materia tributaria, pero en tiempo de guerra:
“[…] Artículo 154. Los impuestos nacionales no pueden decretarse en
tiempo de paz sino por medio de ley.
En tiempo de guerra pueden establecerse transitoriamente los que el
Gobierno decrete dentro del radio de las atribuciones que le confiere la
Constitución, o las que tenga a virtud de leyes especiales […]”:
121. Así, existió expresa distinción en las atribuciones extraordinarias reconocidas al
ejecutivo, esto es, una para tiempos de paz y, otra, para tiempos de guerra exterior
o de conmoción política interior.
30 La figura de las facultades extraordinarias fue creada con la Constitución de 1821, numeral 25 del artículo 55
y artículo 128. Restrepo Piedrahíta, C. (1973). Facultades extraordinarias. Pequeña historia de una
transfiguración. Universidad Externado de Colombia.
31 Artículo 128. “[…] En los casos de conmoción interior a mano armada que amenace la seguridad de la
República, y en los de una invasión exterior repentina, puede, con previo acuerdo y consentimiento del
Congreso, dictar todas aquellas medidas extraordinarias que sean indispensables y que no esté comprendidas
en la esfera natural de sus atribuciones. Si el Congreso no estuviere reunido, tendrá la facultad por sí solo; pero
le convocará sin la menor demora, para proceder conforme a sus acuerdos. Esta extraordinaria autorización
será limitada únicamente a los lugares y tiempo indispensablemente necesarios […]”. Consideración que quedó
incluida en la Constitución de 1832. Restrepo Piedrahíta, C. (1973). Facultades extraordinarias. Pequeña
historia de una transfiguración. Universidad Externado de Colombia.
32 Artículo 129. “[…] El Presidente de la República, al abrir el Congreso sus sesiones anuales, le dará cuenta
en sus dos Cámaras del estado político y militar de la Nación; de sus rentas, gastos y recursos, y le indicará las
mejoras y reformas que pueden hacerse en cada ramo […]”.
33 “[…] Las sucesivas Constituciones de 1843, 1853, 1858 y 1863 no contuvieron disposición alguna expresa
sobre facultades extraordinarias […]”. Restrepo Piedrahíta, C. (1973). Facultades extraordinarias. Pequeña
historia de una transfiguración. Universidad Externado de Colombia.
34 Artículo 76. “[…] Corresponde al Congreso hacer las leyes. […] 10. Revestir, pro tempore, al Presidente de la
República de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo
aconsejen […]”.
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122. Con fundamento en la autorización prevista en el mencionado numeral 10º, el
Congreso expidió la Ley 28 de 197435, mediante la cual revistió al presidente de la
República de facultades extraordinarias en materia administrativa. En ejercicio de
dichas atribuciones, se expidió el Decreto Ley 133 de 197636, cuyos artículos 37,
38 y 39 disponen lo siguiente:
“[…] Artículo 37. El Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales
Renovables se denominará Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente, INDERENA. Tendrá a su cargo la protección
del ambiente y la administración, conservación y manejo de los recursos
naturales renovables en todo el territorio nacional […]” (negrilla fuera de
texto).
“[…] Artículo 38. El Instituto tendrá las siguientes funciones.
1. Asesorar al Gobierno en la formulación de la Política Nacional en materia de
protección ambiental y de los recursos naturales renovables puestos a su
cuidado.
2. Cooperar en la coordinación y control de la ejecución de la política ambiental,
cuando esta corresponda a otras entidades.
3. Regular el uso, aprovechamiento, comercialización, movilización y en
general el manejo de los recursos naturales renovables en todo el
territorio nacional, para lo cual tendrá a su cargo.
a. El otorgamiento, supervisión, suspensión, declaración de caducidad y
revocación de concesiones, permisos, autorizaciones, licencias y patentes, así
como la supervisión de los usos que se ejercen por ministerio de la ley y del
registro de usuarios de los recursos naturales renovables.
b. Declarar, alinderar, reservar y administrar las áreas que se consideren
necesarias para la adecuada protección de los recursos naturales renovables
y efectuar las sustracciones a que haya lugar.
c. Realizar directamente o por asociación, el aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y desarrollar las actividades relacionadas con la
obtención, transformación, procesamiento, elaboración y comercialización de
sus productos, cuando lo considere conveniente para el adecuado manejo del
recurso. En ejercicio de esta función requiere el concepto favorable del Comité
de Coordinación Ejecutiva del Sector Agropecuario.
d. Sin perjuicio de las funciones que corresponden al Instituto Colombiano de
Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, HIMAT, adelantar las
labores de ordenación de cuencas hidrográficas, encaminadas a su desarrollo
integral, con el fin de obtener los beneficios de la conservación y el
aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
e. Realizar y fomentar actividades de repoblación forestal, de la fauna y la flora
acuática y terrestre.
f. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de
derecho público que se requieran para el cumplimiento de los fines previstos
en los literales b) y d) de este artículo.
35 “[…] Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias en materia
administrativa, y se dictan otras disposiciones […]”.
36 “[…] Por el cual se reestructura el Sector Agropecuario […]”.
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g. Fijar y recaudar el monto de las tasas y derechos que deban cobrarse
por concepto del aprovechamiento y para el mantenimiento de la
renovabilidad de los recursos naturales, cuando su administración y
manejo no corresponde a otra entidad de derecho público.
h. Organizar sistemas adecuados de control y vigilancia para velar por el
cumplimiento de las normas relacionadas con los recursos naturales
renovables e imponer las sanciones correspondientes en caso de
contravención, para lo cual el Instituto estará dotado de funciones policivas.
4. Las demás que se asignen los Decretos reglamentarios del Código Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente (Decreto 2811 de
1974).
Parágrafo. El ejercicio de la función otorgada por el literal b) del numeral 3) del
presente artículo, requerirá la aprobación del Gobierno Nacional […]” (negrilla
fuera de texto).
“[…] Artículo 39. Además de lo previsto en el artículo 76 del presente Decreto,
forman parte de su patrimonio los siguientes recursos.
1. Las sumas que se recaudan por concepto de las tasas y de la
comercialización de los productos de recursos naturales renovables,
cuando el Instituto adelanta directamente el aprovechamiento.
2. El valor de la participación nacional por concepto de aprovechamiento
de los recursos naturales renovables.
3. El valor de los derechos que se establezcan por concepto del
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, así como las
tasas que se recauden por concepto de mantenimiento de la
renovabilidad de los recursos naturales renovables.
4. El valor de los servicios que preste.
5. El producto de los empréstitos internos o externos que contrate […]” (negrilla
fuera de texto).
123. De las disposiciones transcritas se advierte que el Decreto Ley 133 de 1976
asignó al Inderena la administración y manejo de los recursos naturales renovables;
le confirió funciones de regulación y control sobre su aprovechamiento, y;
específicamente, lo facultó para fijar y recaudar el monto de las tasas y derechos
que deban cobrarse por concepto del aprovechamiento y para el mantenimiento de
la renovabilidad de dichos recursos. Asimismo, se previó que tales tasas, derechos
y participaciones formarían parte de su patrimonio.
124. En ese contexto normativo, el Instituto contaba con habilitación competencial
legal para fijar esas tasas y derechos por concepto de aprovechamiento, entre las
cuales podrían incluirse las reprochadas por el demandante y su coadyuvante.
125. Nótese que las tasas cuya legalidad se controvierte, esto es, renovabilidad del
recurso forestal, servicios técnicos, investigación forestal, tasa adicional para
beneficiarios de permisos únicos y participación nacional por aprovechamiento, se
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enmarcan materialmente en la habilitación contenida en el literal g) del artículo 38
del Decreto Ley 133 de 1976, en cuanto todas ellas derivan del aprovechamiento
de recursos naturales renovables o del mantenimiento de su renovabilidad,
materias expresamente asignadas al Inderena por el legislador extraordinario.
126. En tal medida, el presidente de la República actuó con habilitación legislativa
suficiente para establecer el marco normativo del gravamen. Por su parte, el
Inderena, en ejercicio de la competencia atribuida por el referido artículo 38, podía
fijar y recaudar el monto de las tasas correspondientes, dentro de los límites
definidos por dicha norma.
127. Así que, de la revisión sistemática del Decreto Ley 2811 de 1974 y del Decreto
Ley 133 de 1976, se advierte que el legislador extraordinario no solo previó la
procedencia de tasas y derechos por concepto del aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y el mantenimiento de su renovabilidad, sino que identificó
sus elementos, particularmente en lo relativo a la participación nacional y a los
aprovechamientos forestales en bosques de dominio público y privado.
128. En efecto, los artículos 1837, 22038 y 22139 del Decreto Ley 2811 de 1974
establecieron la posibilidad de cobrar tasas destinadas a compensar los gastos de
mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales y regularon la
participación nacional derivada del aprovechamiento forestal, identificando el hecho
generador, los sujetos obligados, el límite porcentual máximo y la destinación
específica de las sumas recaudadas. A su turno, el artículo 38 literal g) del Decreto
Ley 133 de 1976 facultó expresamente al Inderena para fijar y recaudar el monto
de tales tasas y derechos.
129. En este contexto normativo, los Acuerdos 48 del 15 de diciembre de 1982 y 36
del 27 de julio de 1983 no crearon tributos autónomos ni configuraron ex novo sus
elementos esenciales, sino que desarrollaron y concretaron cuantitativamente un
régimen previamente establecido por normas con fuerza material de ley. La Junta
Directiva del Inderena actuó dentro del ámbito de la competencia atribuida por el
legislador extraordinario, al determinar los montos aplicables a las tasas cuya
37 Artículo 18. “[…] La utilización directa o indirecta de la atmósfera, de los ríos, arroyos, lagos, y aguas
subterráneas, y de la tierra y el suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, minero o
industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores, y sustancias nocivas que sean
resultado de actividades lucrativas, podrá sujetarse al pago de tasas retributivas del servicio de eliminación o
control de las consecuencias de las actividades nocivas consecuencias de las actividades nocivas expresadas.
También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos
naturales renovables […]”. Vigente al momento de la expedición de los actos acusados. Como se ha
considerado en esta providencia, la derogatoria posterior incide en la eficacia de la norma, mas no en la validez
de los actos expedidos bajo su vigencia.
38 Artículo 220. “[…] El concesionario o el beneficiario de permiso de aprovechamientos forestales persistentes
o únicos en bosques de dominio público, deberán pagar, como participación Nacional, una suma que no exceda
el treinta por ciento del precio del producto en bruto en el mercado más cercano al sitio de aprovechamiento, y
que se liquidará en cada caso. El municipio en cuya jurisdicción se realice el aprovechamiento forestal recibirá
el veinte por ciento de la suma pagada según el inciso anterior. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo
los beneficiarios de permisos domésticos. Las empresas que tengan mayor proporción de capital Nacional serán
preferidas en el otorgamiento de las concesiones y permisos a que se refiere el presente artículo […]”.
39 Artículo 221. “[…] Los beneficiarios de permisos de aprovechamiento forestal único pagarán, además de la
suma fijada en el artículo precedente, una suma adicional por metro cúbico de madera aprovechable. Las sumas
que se recauden conforme al presente artículo y al anterior se destinarán en su totalidad a programas de
reforestación […]”.
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existencia jurídica ya había sido definida por el ordenamiento superior vigente para
la época.
130. En consecuencia, no se configura la alegada falta de competencia ni la
extralimitación de funciones, en tanto la fijación de las tarifas cuestionadas se
enmarcó en una habilitación legal expresa y suficiente.
131. La consideración expuesta sobre la ilegalidad por violación al artículo 154 de la
Ley 110 de 191240 tampoco enerva lo expuesto, dado que el razonamiento que
condujo a aceptar un principio de reserva de ley en materia tributaria con la
excepción de otorgamiento de facultades extraordinarias deriva de lo que la propia
Constitución Política de 1886 autorizaba, como se precisó con antelación.
132. A este propósito, es pertinente hacer referencia a la sentencia del 14 de mayo de
1915, emitida por la Corte Suprema de Justicia, que para entonces ejercía funciones
de control de constitucionalidad de las leyes, específicamente del artículo 1º41 de la
Ley 126 de 1914, en cuanto revistió al presidente de la República de las facultades
extraordinarias allí enumeradas y lo autorizaba para gravar el consumo de varios
productos nacionales y extranjeros.
133. En dicha oportunidad, se concluyó que bajo la Constitución Política de 1886 el
principio de reserva legal en materia tributaria no excluía la posibilidad de que el
40 Artículo 154. “[…] Los impuestos nacionales no pueden decretarse en tiempo de paz sino por medio de ley.
En tiempo de guerra pueden establecerse transitoriamente los que el Gobierno decrete dentro del radio de las
atribuciones que le confiere la Constitución, o las que tenga a virtud de leyes especiales […]”.
41 Artículo 1º. “[…] Revístese al Presidente de la República, de las facultades extraordinarias que en seguida
enumeran, de las cuales podrá hacer uso hasta el día de la apertura de las próximas sesiones ordinarias del
Congreso. 1.ª Para gravar el consumo: a) Del tabaco extranjero en cualquier forma que se dé al expendio, hasta
con un peso ($1) por cada kilogramo. b) De los licores destilados extranjeros, comprendidos en la Sección Licores,
de la novena agrupación de la Tarifa de Aduanas (Ley 117 de 1913), hasta con un peso ($1) por cada litro o por
cada kilogramo de peso, incluyendo en éste el envase. c) De los vinos y demás bebidas fermentadas extranjeras,
incluidos en la mencionada agrupación de la Tarifa de Aduanas, hasta con veinte centavos ($0-20), por cada litro o
por cada kilogramo de peso, incluyendo en éste el envase. El Gobierno para el efecto de la imposición del derecho
sobre estos artículos, los distribuirá en clases según su costo de fábrica. El vino de Champaña podrá gravarse
hasta con un peso ($1) el litro. d) De los artículos de perfumería, excepto los jabones, enumerados en la vigésima
segunda agrupación de la Tarifa de Aduanas, hasta con cinco pesos ($ 5) por cada kilogramo de peso, incluyendo
en éste el envase o empaque. e) De las barajas de naipes, tanto nacionales como extranjeras, hasta con veinte
centavos ($ 0-20) por cada baraja. 2.ª Para reorganizar la renta de timbre nacional y papel sellado, pudiendo elevar
hasta el duplo el impuesto que actualmente se cobra. 3.ª Para gravar con el uno por ciento (1 por 100) ad valoren
la exportación del oro en polvo, en barras, en monedas o en alhajas, y con dos por ciento (2 por 100) el platino. 4.ª
Para gravar la exportación de maderas hasta con tres pesos ($ 3) por cada metro cúbico. 5.ª Para gravar la pesca
mayor en los mares territoriales de la República. 6.ª Para acuñar con fondos de la Junta de Conversión, en monedas
de plata, hasta dos millones de pesos ($ 2.000,000) más sobre el máximum permitido por las leyes vigentes y
ajustándose al artículo 131 del Código Fiscal. La acuñación prevista en este ordinal, en igualdad de condiciones
comerciales y de tiempo, se hará de preferencia con plata que exista dentro del país, y la operación se practicará
en cuanto sea posible en las Casas de Moneda de Bogotá y Medellín. Los troqueles para los diversos tipos de
moneda de plata que actualmente existan en dichas Casas de Moneda pueden usarse indistintamente para esta
acuñación. 7.ª Para contratar empréstitos en el Interior o en el Exterior hasta por un total de tres millones
($3.000,000) de pesos oro en las condiciones que estime más conveniente para la Nación, tanto respecto del
descuento inicial e interés anual como a los términos del pago; pero no podrá afectar para éste sino hasta el diez
por ciento (10 por 100) del producto de las aduanas de la República. Si el contrato que se celebre se ajusta a las
autorizaciones que confiere la presente Ley, no necesita de la ulterior aprobación legislativa, de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso 14 del artículo 76 de la Constitución. En caso de que al reunirse el primer Congreso, el
Ejecutivo tenga iniciada alguna negociación, con arreglo a las condiciones prescritas en este artículo, sobre
consecución de un empréstito, podrá el Gobierno llevarla a término. 8.ª Para reducir sueldos, suprimir empleos y
reorganizar las oficinas públicas cuando las necesidades lo exijan. 9.ª Para organizar la administración de los
impuestos de que trata esta Ley, crear los empleos respectivos, decretar sus asignaciones y definir las
contravenciones fiscales relativas a esos mismos impuestos y señalar las penas correccionales correspondientes.
10. Para hacer todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley […]”.
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Congreso revistiera al presidente de la República de facultades extraordinarias para
crear o modificar contribuciones. Tales facultades podían ejercerse tanto en tiempo
de guerra como en tiempo de paz, esto es, cuando mediara habilitación expresa
del legislador, sin que ello implicara desconocimiento del régimen constitucional,
pues el Ejecutivo actuaba como legislador extraordinario en virtud de una
autorización de igual jerarquía normativa.
134. Asimismo, se consideró que las restricciones relativas a la entrada en vigencia
o modificación de contribuciones indirectas, como la regla de los seis meses,
admitían excepción cuando el Ejecutivo ejercía facultades extraordinarias
válidamente conferidas. Por ello, tales disposiciones conservaban plena fuerza
obligatoria, y el intérprete no podía desconocer su vigencia bajo el pretexto de una
interpretación restrictiva del alcance de las potestades extraordinarias.
135. En igual sentido se pronunció esta Corporación en sentencia del 29 de abril de
199442, en la que se consideró lo siguiente:
“[…] La naturaleza legislativa de los impuestos y la retención asimilada a
impuesto fue precisada por las sentencias de la Corte Suprema de Justicia,
las cuales en sus apartes pertinentes, expresan:
[…]
“A la luz de estas consideraciones cabe preguntarse sobre si es posible
el otorgamiento de facultades extraordinarias al Gobierno para que, por
medio de decretos leyes, establezca contribuciones.
“Acerca de esta cuestión se pronunció la Corte en fallo del 3 de agosto de
1971, en el que cuando el Gobierno obra como legislador extraordinario
"creando o aumentando contribuciones, por mandato o en ejercicio de
facultades extraordinarias que le otorga el Congreso, con el lleno de
los requisitos señalados en el ordinal 12 del artículo 76, no está
quebrantando el texto, espíritu y antecedentes del artículo 43, sino
desarrollando actividades que le incumben por mandato de preceptos
de igual origen y jerarquía […]” (negrilla fuera de texto).
136. Así mismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 21 de agosto
de 2008, contrario a lo manifestado por el demandante, sí aborda la problemática
relacionada con la competencia para la expedición de los actos que acá se
censuran. Las consideraciones fueron del siguiente tenor:
“[…] Como se dejó señalado, el Código de Recursos Naturales no
determinó la autoridad competente para fijar las tarifas de las tasas y
participaciones que reguló; y se afirmó que ello no era necesario pues
bien podía hacerse por norma separada, conforme al ordenamiento
entonces vigente. Y, en efecto, el legislador extraordinario, mediante el
decreto ley 133 de 1976, artículo 38, asignó al Instituto de Desarrollo de
los Recursos Naturales Renovables, INDERENA43, establecimiento
42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 29 de abril de 1994.
Exp.: 4015. MP.: Dr. Delio Gómez Leyva.
43 El Inderena había sido creado por el artículo 22 del decreto ley 2420 de 1968 (que reestructuró el Sector
Agropecuario, en ejercicio de las funciones conferidas por la ley 65 de 1967), como un establecimiento público,
de cuyo patrimonio formaban parte “[…] el valor de la participación nacional, sobre el monto de los productos
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público del orden nacional, las funciones de "fijar y recaudar el monto
de las tasas y derechos que deban cobrarse por concepto del
aprovechamiento y para el mantenimiento de la renovabilidad de los
recursos naturales, cuando su administración y manejo no
corresponde a otra entidad de derecho público". Los Estatutos del
Instituto fijaron esta función en la Junta Directiva.44
En ejercicio de esas atribuciones, la Junta Directiva del INDERENA
expidió los Acuerdos 48 de 1982, "por el cual se establece la forma de
liquidación y se fijan los montos de las diferentes tasas, para el
aprovechamiento de los bosques naturales, públicos y privados", y 36
de 1983, que extendió a los bosques privados, las tasas de renovabilidad y
para investigación forestal.
El Acuerdo 48 de 1982 reguló la participación nacional y la suma adicional
respecto del aprovechamiento forestal en bosques de dominio
público, con lo cual se ajustó a los artículos 220 y 221 del Código de
Recursos Naturales; incluyó los bosques de dominio público y
dominio privado en las reglas sobre la tasa por servicios técnicos
de administración y supervisión forestal; y reguló las tasas de
renovabilidad del recurso forestal y la tasa de investigación
forestal, para los bosques de dominio público solamente; luego,
mediante el Acuerdo 36 de 1993, amplió estas últimas tasas a los
bosques de dominio privado […]” 45 (negrilla fuera de texto).
137. De lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil se desprende, en primer
término, que bajo el régimen constitucional de 1886 no era indispensable que el
Código de Recursos Naturales determinara directamente la autoridad competente
para fijar las tarifas, dado que ello podía definirse mediante norma posterior con
fuerza legal. En segundo lugar, se reafirma que el Decreto Ley 133 de 1976 asignó
expresamente al Inderena la función de fijar y recaudar el monto de las tasas y
derechos derivados del aprovechamiento de los recursos naturales renovables,
competencia que fue ejercida por su Junta Directiva al expedir los Acuerdos 48 del
15 de diciembre de 1982 y 36 del 27 de julio de 1983. Así, el concepto consultivo
respalda la conclusión según la cual la expedición de los actos acusados se
enmarcó dentro de una habilitación legal válida y suficiente.
138. En ese orden de ideas, la Sala no encuentra vulneración de las disposiciones
invocadas, en tanto el legislador extraordinario estaba constitucionalmente
habilitado para atribuir al Inderena la función de fijar y recaudar el monto de las tasas
y derechos derivados del aprovechamiento y mantenimiento de la renovabilidad de
los recursos naturales.
forestales cuyo aprovechamiento se autorice los recaudos por el aprovechamiento de recursos naturales
renovables.., y.. .el valor de los servicios que preste […]”.
44 Decreto 133 de 1976 (enero 26), “[…] Por la cual se reestructura al Sector Agropecuario […]”, en ejercicio de
las facultades extraordinarias conferidas por la ley 28 de 1974. D. O. No. 34.494 de febrero 20/76.
45 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 21 de agosto de 2008. Rad.: 2008-00031-
00 (1896). CP.: Dr. Enrique José Arboleda Perdomo.
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Falsa motivación
139. La Sala analizará si son nulas por falsa motivación las disposiciones expedidas
por la Junta Directiva del Inderena y el Ministerio de Agricultura, mediante las cuales
fijó y aprobó las tasas de renovabilidad del recurso forestal, por servicios técnicos,
de investigación forestal, para beneficiarios de permisos únicos y por
aprovechamiento de la palma de Naidí y el porcentaje de la participación nacional,
si no existe respaldo legal al no identificar el servicio que se presta y con base en
el cual se cobra el tributo o el derecho.
140. Para resolver lo anterior, la Sala deberá establecer si los actos acusados fueron
expedidos sin respaldo normativo o sin una motivación real y adecuada que permita
identificar el servicio o actividad que justifica el cobro de las tasas y derechos fijados.
141. Sobre el particular, el ente ministerial señaló que el fundamento normativo que
habilita tal cobro se encuentra contenido en los artículos 220 y 221 del Decreto Ley
2811 de 1974 para efectos de la participación nacional y en el 18 para las tasas,
normas estas que son invocadas en la parte motiva de los actos que se impugnan.
Las normas son del siguiente tenor:
“[…] Artículo 220.- El concesionario o el beneficiario de permiso de
aprovechamientos forestales persistentes o únicos en bosques de dominio
público, deberán pagar, como participación Nacional, una suma que no
exceda el treinta por ciento del precio del producto en bruto en el mercado
más cercano al sitio de aprovechamiento, y que se liquidará en cada caso.
El municipio en cuya jurisdicción se realice el aprovechamiento forestal
recibirá el veinte por ciento de la suma pagada según el inciso anterior.
Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los beneficiarios de permisos
domésticos.
Las empresas que tengan mayor proporción de capital Nacional serán
preferidas en el otorgamiento de las concesiones y permisos a que se refiere
el presente artículo […]” (negrilla fuera de texto).
“[…] Artículo 221.- Los beneficiarios de permisos de aprovechamiento
forestal único pagarán, además de la suma fijada en el artículo
precedente, una suma adicional por metro cúbico de madera
aprovechable.
Las sumas que se recauden conforme al presente artículo y al anterior
se destinarán en su totalidad a programas de reforestación […]” (negrilla
fuera de texto).
“[…] Artículo 18.- “La utilización directa o indirecta de la atmósfera, de los
ríos, arroyos, lagos, y aguas subterráneas, y de la tierra y el suelo, para
introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, minero o industriales,
aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores, y sustancias
nocivas que sean resultado de actividades lucrativas, podrá sujetarse al
pago de tasas retributivas del servicio de eliminación o control de las
consecuencias de las actividades nocivas consecuencias de las
actividades nocivas expresadas.
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También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de
mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales
renovables […]” (negrilla fuera de texto).
142. Con fundamento en las normas transcritas, la Sala advierte que no se configura
la alegada falsa motivación, pues los actos acusados encuentran respaldo expreso
en normas con rango legal vigentes para la época.
143. En efecto, los artículos 220 y 221 del Decreto Ley 2811 de 1974 autorizaban el
cobro de la participación nacional y de la suma adicional por aprovechamiento forestal
único, mientras que el artículo 18 ibidem establecía la posibilidad de fijar tasas
destinadas a compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los
recursos naturales renovables, dentro de las cuales se enmarcan las tasas
cuestionadas.
144. La Sala resalta que dichas disposiciones no solo habilitaban el cobro, sino que
identificaban la finalidad que lo justificaba, en particular el mantenimiento de la
renovabilidad de los recursos naturales y la destinación de los recursos a programas
de reforestación, de manera que no puede afirmarse que los actos acusados carezcan
de sustento normativo.
145. Ahora bien, la Sala deberá analizar si las disposiciones acusadas, en cuanto
fijaron el monto de las tasas de renovabilidad del recurso forestal, por servicios
técnicos, de investigación forestal, la suma adicional para beneficiarios de permisos
únicos, el aprovechamiento de la palma de Naidí, así como el porcentaje de ajuste
anual de dichas exacciones y de la participación nacional, adolecen de falsa
motivación por ausencia de un análisis que vincule su cuantificación con el costo del
servicio o con la finalidad que las justifica.
146. Para lo anterior, resulta necesario determinar el alcance de cada una de las
disposiciones a las cuales hace referencia la parte demandante:
147. Acuerdo 48 de 1982:
“[…] ARTÍCULO QUINTO: De la renovabilidad del recurso forestal. Fijar en
sesenta y cinco pesos ($65.oo) por metro cúbico de madera en bruto
aprovechado, el monto de renovabilidad del recurso forestal que pagarán al
INDERENA tanto los titulares de concesiones, como los permisionarios del
aprovechamiento forestal en bosques de dominio público.
Parágrafo 1: La tasa a que se refiere el presente artículo es aplicable a los
concesionarios o beneficiarios de permisos de aprovechamiento persistente
que no adelanten los programas de reforestación en cumplimiento de los
planes de ordenación forestal.
Parágrafo 2: Los beneficiarios de permisos de aprovechamiento forestal
persistentes otorgados por un término superior a cinco (5) años, podrán
desarrollar los planes de reforestación, con lo cual quedan eximidos del pago
de derechos por este concepto.
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ARTÍCULO SEXTO: De la tasa por Servicios técnicos. Fijase el monto de la
tasa por concepto de los servicios técnicos de administración y supervisión
forestal en los aprovechamientos forestales en bosques de dominio público
y privado destinados al desarrollo de tales servicios, en la siguiente forma:
Para los productores maderables, en cien pesos ($100.oo) por metro cúbico
de madera en bruto.
ARTÍCULO SEPTIMO: De la investigación forestal. Fijase en treinta pesos
($30.oo) por metro cúbico en bruto aprovechado, el valor de la tasa
destinada a la investigación del recurso forestal que deberán pagar al
INDERENA, los concesionarios y permisionarios de aprovechamientos
forestales de bosques de dominio público.
ARTÍCULO OCTAVO: De la tasa adicional para beneficiarios de permisos
únicos. Establéese la tasa adicional por concepto de aprovechamientos
forestales únicos en bosques de dominio público, en la cuantía de cincuenta
pesos ($50.oo) por metro cúbico de madera en bruto.
ARTÍCULO NOVENO: De la tasa por aprovechamiento de la Palma Naidí.
En lo correspondiente al cobro de las tasas por concepto de
aprovechamientos de la Palma Naidí, (Euterpe sp.) en bosques de dominio
público, se fijan los siguientes valores por cada estirpe o cogollo
aprovechado:
a. Participación nacional. El precio básico de la liquidación será de $3.oo por
estirpe, sobre cuyo valor se cobrará el 10% por participación nacional.
b. Renovabilidad del recurso: $0.60 por estirpe.
c. Investigación forestal: $0.30 por estirpe.
d. Servicios Técnicos de administración forestal: $0.75 por estirpe.
ARTÍCULO ONCE: Los precios básicos de liquidación de la participación
nacional y las demás tasas que se determinan en el presente Acuerdo, serán
reajustados anualmente por el INDERENA en un 25% de su valor […]”.
148. Acuerdo 036 de 1983
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Adicionar el Acuerdo No. 048 de 1982,
estableciendo las siguientes tasas para aprovechamientos forestales
persistentes en bosques naturales de dominio privado.
Por concepto de renovabilidad del recurso forestal la suma de $65.00 por
metro cubico de madera en bruto aprovechado;
Por concepto de investigación forestal la suma de $30.00 por metro cubico
de madera en bruto aprovechado […]”.
149. Ahora bien, ni el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ni el Ministerio de
Agricultura acreditan la existencia de estudios técnicos, criterios económicos o
metodologías de cálculo que hubiesen servido de fundamento para la determinación
de los valores fijados en las tasas y en el reajuste anual del 25%. De igual forma, en
la parte motiva de los Acuerdos 48 del 15 de diciembre de 1982 y 36 del 27 de julio
de 1983 no se advierte una explicación concreta acerca de los parámetros utilizados
35
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para establecer dichas cuantías, más allá de la invocación general de las normas
habilitantes.
150. En ese contexto, constatada la ausencia de una motivación técnica explícita sobre
los criterios de fijación de las cuantías, corresponde a la Sala determinar si, conforme
al régimen constitucional y legal vigente para los años 1982 y 1983, existía para la
Administración el deber jurídico de expresar tales parámetros en la parte motiva de
los actos administrativos, o si bastaba la invocación de la norma habilitante para tener
por cumplida la exigencia de motivación.
151. Al respecto, la Sala resaltar que los actos acusados se expidieron en vigencia de
la Ley 167 de 1941, conocido como el segundo Código Contencioso Administrativo,
en cuyo artículo 66 definió la acción de nulidad en los siguientes términos:
“[…] ARTICULO 66. Toda persona puede solicitar por sí o por medio de
representante la nulidad de cualquiera de los actos a que se refieren las
anteriores disposiciones, por los motivos en ellas expresados.
Esta acción se llama de nulidad y procede contra los actos administrativos, no
sólo por estos motivos, sino también cuando han sido expedidos en forma
irregular, o con abuso o desviación de las atribuciones propias del
funcionario o corporación que los profiere […]” (negrilla fuera de texto).
152. Como se observa, la causal de nulidad por falsa motivación no se contemplaba
de manera expresa o autónoma, cuestión que sólo vino a ser positivizada con la
adopción del Decreto Ley 01 de 1984 – CCA.
153. Como consecuencia de ello y a manera de reacción a la tradicional influencia
francesa en nuestro ordenamiento jurídico, la jurisprudencia de entonces concibió en
muchos casos esa causal de nulidad como comprendida en la que se denominaba
desviación de poder, pero diferenciando su alcance en el sentido de indicar que se
presentaba cuando quiera que existiera inexactitud en los hechos que se invocaban
en el acto administrativo, es decir, cuando los hechos allí plasmados no se
correspondieran con la realidad.
154. Al respecto, la sentencia de 8 de octubre de 195146 reformuló el entendimiento de
la causal al precisar que la validez del acto administrativo no depende exclusivamente
de los motivos declarados en su texto, sino de los motivos determinantes reales que
condujeron a su expedición. En esa medida, el control judicial debe indagar la
verdadera causa del acto y no limitarse a su formulación aparente.
155. En desarrollo de la teoría de los motivos determinantes, en dicha oportunidad se
consideró que el acto incurre en vicio cuando el motivo es inexistente, materialmente
falso, ilícito o ajeno al interés general que justifica la competencia ejercida. No
obstante, se aclaró que la obligación de motivar solo surge cuando la ley lo exige; sin
46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 8 de octubre de 1951. Exp.: 1191. MP.:
Dr. Eduardo Pineros y Pineros.
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embargo, aun en ausencia de dicha exigencia, el juez contencioso puede examinar
los móviles reales del acto para verificar que correspondan al interés público.
156. Asimismo, se precisó que la inexactitud material de los motivos expresados puede
dar lugar a la nulidad, y que, cuando concurren varios motivos, el acto puede
mantenerse si subsiste uno legítimo y suficiente de interés general que lo respalde.
157. Posteriormente, la jurisprudencia precisó que, a partir del artículo 66 de la Ley
47
167 de 1941, la falsa motivación debe ser entendida como causal de nulidad cuando
el acto administrativo se funda en hechos que no son verdaderos o en circunstancias
inexistentes. Se destacó que la Administración está sometida al principio de veracidad
y legalidad, de manera que no puede amparar sus decisiones en pretextos, artificios
o hechos aparentes para encubrir la realidad o desviar el ejercicio de sus atribuciones.
Cuando ello ocurre, el acto se aparta del ejercicio legítimo de la competencia y se
ubica dentro de las hipótesis de anulación por abuso o desviación de poder48.
158. Ahora, en sentencia del 25 de agosto de 196949, la jurisprudencia consideró que
la falsa motivación no puede confundirse con la expedición irregular del acto, en
consideración a que esta última se refiere a vicios en el procedimiento, mientras
que la primera atañe al contenido mismo de la decisión. Asimismo, señaló que,
aunque el artículo 66 de la Ley 167 de 1941 no consagraba expresamente la falsa
motivación como causal autónoma, su fundamento debía buscarse en el abuso o
desviación de las atribuciones. En consecuencia, para que prospere la nulidad por
esta causa, correspondía al demandante demostrar que el acto se sustentó en
hechos inexactos o que la autoridad desbordó el fin público que justificaba su
competencia.
159. Finalmente, en sentencia de 4 de julio de 198450, esta Sección reiteró que todo
acto administrativo debe fundarse en motivos reales, serios, adecuados y
suficientes, íntimamente vinculados con la decisión adoptada y orientados al interés
general que justifica la competencia.
160. Asimismo, se diferenció entre la existencia del motivo y la obligación de
expresarlo. Como regla general, la Administración no está obligada a motivar sus
actos, salvo cuando la Constitución, la ley o la naturaleza del acto así lo exijan. En
estos casos, la omisión de motivación configura un vicio formal por expedición
irregular. En cambio, cuando el acto es motivado, aun sin existir deber legal de
hacerlo, los motivos expresados quedan sometidos al control jurisdiccional, de
modo que su inexactitud, insuficiencia o desconexión con la finalidad pública puede
dar lugar a la nulidad.
47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 30 de julio de 1959. MP.: Dr. Andrés
Augusto Fernández.
48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 30 de julio de 1959. MP.: Dr. Andrés
Augusto Fernández.
49 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 25 de agosto de 1969. MP.: Dr. Andrés
Holguín Holguín.
50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 4 de julio de 1984. Exp.: 4261. MP.:
Dr. Jacobo Pérez Escobar.
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161. De esta evolución jurisprudencial se desprende que, aun antes de su
consagración expresa en el Decreto Ley 01 de 1984, la falsa motivación era entendida
como causal de nulidad cuando los hechos invocados como fundamento del acto no
se correspondían con la realidad o carecían de entidad suficiente para justificar la
decisión.
162. En suma, para la época de expedición de los actos acusados la nulidad por
omisión de motivación solo procede cuando la Constitución, la ley o la naturaleza del
acto imponían el deber de expresar los motivos, distinto al supuesto de inexactitud
material de los motivos expresados, hipótesis en la cual, aun sin existir obligación
legal de motivar, el acto puede ser anulado si se demuestra que los hechos invocados
no se corresponden con la realidad o no justifican la decisión dentro del marco del
interés público.
163. De cara al asunto sub examine, la Sala advierte que, si bien en la demanda se
planteó la inconformidad bajo la arista de falsa motivación, lo cierto es que debe
analizarse en el contexto del régimen en que fueron expedidos los actos
cuestionados, esto es, bajo la causal de expedición irregular, teniendo en cuenta que
la inconformidad radica en la absoluta ausencia de motivación de la tarifa de las tasas
y el derecho de participación acusados.
164. De tal discernimiento mal podría alegarse vulneración de derecho alguno, porque
sobre el concepto de violación los ministerios tuvieron la oportunidad de presentar sus
alegatos para sustentar la respectiva defensa, de suerte que la variación sobre el
marco en el que se debe analizar el reparo de invalidez no altera el equilibrio procesal.
165. En ese orden, se debe determinar si los Acuerdos 48 del 15 de diciembre de 1982
y 36 del 27 de julio de 1983 y la Resolución 140 de 1983, expedidos por la Junta
Directiva del INDERENA y el Ministerio de Agricultura, respectivamente, debían ser
motivados en cuanto a la exposición de las razones por las cuales, verbigracia, se
exigía el valor de 100 pesos por metro cúbico en madera por concepto de la tasa de
servicios técnicos, o de 30 pesos por metro cúbico aprovechado a título de tasa de
investigación forestal, o de 50 pesos por aprovechamientos para beneficiarios de
permisos únicos, o los definidos en cada uno de esos rubros para el aprovechamiento
de la Palma de Naidí y el consiguiente ajuste anual del 25% para cada uno de esos
derechos, participación nacional, o tributos.
166. Para resolver este punto, la Sala debe recordar los supuestos que las
jurisprudencias en cita trajeron a colación a modo ilustrativo:
“[…] La doctrina y la jurisprudencia sostienen que la expresión de los
motivos debe hacerse, además de los casos exigidos por la
Constitución y la ley, en los siguientes: cuando por el acto se extinga o
modifique una situación jurídica ya creada; cuando se cambie una práctica
administrativa sin que se produzca modificación en el ordenamiento
jurídico; cuando el acto esté en contradicción con actuaciones o
documentos que formen parte del proceso previo a su expedición;
cuando el acto se expide cumpliendo ciertos factores establecidos
como presupuestos del mismo en la ley; cuando el acto se expide
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aplicando normas de excepción o de restrictiva interpretación; cuando
el acto cree situaciones perjudiciales para el administrado. Estos casos
son apenas pautas señaladas por la jurisprudencia, ya que es difícil
determinar con precisión cuándo en un acto deben expresarse los
motivos que lo justifican o sirven de sustento a la decisión en él
contenida. La insuficiencia de los motivos es causal de nulidad del acto
administrativo por desviación de poder, en tanto que la no expresión de
los motivos cuando a ello hubiere lugar es causal también de anulación
del acto pero por vicio de forma, es decir, por expedición irregular del
mismo. Hoy se contempla como causal autónoma de nulidad del acto
administrativo en el nuevo Código Contencioso Administrativo la falsa
motivación (artículo 84) […]”51 (negrilla fuera de texto).
167. De acuerdo con lo anterior, la regla que imperaba para la época era la no exigencia
general de motivación, salvo disposición expresa del legislador o concurrencia de las
hipótesis excepcionales delineadas por la jurisprudencia antes transcrita. En
consecuencia, el análisis debe centrarse en determinar si la fijación de las tarifas
acusadas se encontraba dentro de alguno de esos supuestos que imponían el deber
de expresar los fundamentos del acto.
168. En ese sentido, la Sala no advierte norma de rango legal que hubiese impuesto a
las autoridades demandadas el deber de motivar los actos mediante los cuales fijó y
aprobaron las tasas o el derecho de participación nacional. Tampoco tales decisiones
se enmarcan en los supuestos excepcionales que, para la época, exigían motivación,
en la medida que no se trató de actos que extinguieran o modificaran situaciones
jurídicas individuales, ni de decisiones adoptadas en el marco de un procedimiento
particular, ni de la aplicación de normas de excepción, sino de actos administrativos
de carácter general mediante los cuales se concretó una habilitación legal para fijar
tarifas, sin que la ley hubiera condicionado su validez a la expresión previa de los
estudios técnicos o una motivación específica. Por consiguiente, bajo el régimen de
la Constitución Política de 1886, no se puede concluir la existencia del deber cuya
omisión alega la parte demandante.
169. En consecuencia, no prospera el cargo formulado.
Expedición irregular
170. LaSala se pronunciará acerca del cargo de nulidad relacionada con la
expedición irregular del Acuerdo 36 del 27 de julio de 1983, en cuanto se afirma que
para su validez requería la aprobación de otra autoridad y que dicha aprobación no
obra en el expediente.
171. La parte demandante sostuvo que el propio texto del Acuerdo condicionó su
validez a la aprobación del Ministerio de Agricultura, de manera que la ausencia de
dicha aprobación comporta un vicio de formación. El coadyuvante respaldó este
cargo y señaló que no basta la presunción de legalidad del acto, cuando el mismo
supedita expresamente su validez a un requisito adicional.
51 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de del 4 de julio de 1984.
Exp.: 4261. Exp.: 4261. MP.: Dr. Jacobo Pérez Escobar.
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172. Por su parte, las entidades demandadas no allegaron prueba alguna que
acreditara la expedición del acto aprobatorio, ni desvirtuaron de manera concreta la
afirmación relativa a su inexistencia en el expediente, limitándose a defender la
legalidad general de los actos acusados.
173. El artículo 3º del referido Acuerdo 36 dispuso a la letra lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO TERCERO. - El presente Acuerdo requiere para su
validez de la aprobación del Ministerio de Agricultura, rige a partir de la
fecha de su expedición y debe publicarse en el Diario Oficial […]” (negrilla
fuera de texto).
174. Como se observa, el propio Acuerdo sometió su validez, no su vigencia, a la
aprobación del Ministerio de Agricultura, estableciendo así un requisito adicional
para su perfeccionamiento jurídico.
175. No obstante, como lo anotó el demandante, no obra en el acervo probatorio
documento que acredite la expedición de dicha aprobación. En consecuencia, al
haberse omitido un requisito expresamente previsto para la validez del acto, se
configura el vicio de expedición irregular que impone acceder a la solicitud de
nulidad del Acuerdo 36 del 27 de julio de 1983, como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
V.4.4. Análisis de los cargos a la luz del régimen de la Constitución Política de
1991 y lo relativo a la inconstitucionalidad e ilegalidad sobreviniente
176. Declarada la nulidad del Acuerdo 36 del 27 de julio de 1983 por el vicio de
expedición irregular antes analizado, la Sala abordará el estudio del cargo relativo
a la alegada inconstitucionalidad e ilegalidad sobrevinientes, únicamente respecto
del Acuerdo 48 del 15 de diciembre de 1982 y de la Resolución 140 del 14 de abril
de 1983, en tanto son los actos que permanecen bajo examen.
177. De lo primero que se ocupará la Sala es de poner de presente la posición
jurisprudencial en torno a la procedencia del juicio de nulidad respecto de actos
administrativos expedidos con anterioridad a la Constitución Política de 1991,
cuando se les atribuye infracción de disposiciones constitucionales o legales
posteriores a su emisión.
178. Al respecto, en sentencia del 19 de junio de 2025 52 esta Sección concluyó lo
siguiente:
“[…] De lo expuesto hasta aquí se derivan dos escenarios: el primero, el de la
inconstitucionalidad sobreviniente, que supone el cotejo entre una norma
con rango legal frente a un nuevo régimen constitucional; y el segundo,
el de la ilegalidad sobreviniente, cuya premisa es la contradicción entre
un acto administrativo y una ley.
52 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de junio de
2025. Rad.: 2015-00516.00. MP.: Dr. Oswaldo Giraldo López.
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Así, el supuesto en el que se atribuya a un acto administrativo la violación
de un paradigma constitucional nuevo no se enmarcaría en ninguno de
los escenarios descritos, y daría lugar a un análisis que ha variado
jurisprudencialmente en esta Corporación, como se evidencia de la
siguiente cita:
“La Sala ha venido sosteniendo reiteradamente que los actos
administrativos solamente pueden ser enjuiciados frente a normas
superiores de derecho vigentes y preexistentes al momento de su
expedición. Igualmente, que la incompatibilidad sobreviniente, esto es, la
contrariedad que se presenta con posterioridad a la expedición del acto,
entre éste y una norma constitucional o legal que nace a la vida jurídica
después de él, da lugar a su derogatoria, fenómeno jurídico este para el
cual esta Jurisdicción no está facultada constitucional ni legalmente para
hacer dicha declaratoria, pues solo puede disponer la de nulidad.
No obstante lo anterior, considera que el artículo 4o. de la Constitución
Política es claro al señalar que “En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones
constitucionales”.
Con igual perspectiva jurídica la Ley 153 de 1887 prescribe que “La
Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación
preexistente” (artículo 9o.); y que se estima insubsistente una disposición
legal “por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o
por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la
anterior disposición se refería” (artículo 3o.).
De las reglas de hermenéutica antes reseñadas fluye con meridiana claridad
que la incompatibilidad entre la Constitución y cualquier norma jurídica
produce como consecuencia la inaplicabilidad de esta última en un caso
concreto.
Tratándose del análisis de inconstitucionalidad con efectos erga omnes, como
es el caso de la Acción sub examine (sic), considera la Sala, y con ello rectifica
su posición anterior, que en aras de preservar la supremacía de la Constitución
Política en el ordenamiento jurídico y para dar cabal cumplimiento al principio
fundamental estatuido en su artículo 4º. se impone para el juzgador frente al
fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente disponer la
declaratoria de nulidad del acto administrativo que se encuentra incurso
en ella, a partir de la entrada en vigencia de la norma constitucional”53
De lo dicho se desprende que antes de 1995, la posición de esta
Corporación había negado la posibilidad de que se ejerciera control de
validez de actos administrativos censurados en acción de nulidad, de cara
a un orden constitucional distinto al que estaba vigente al momento de su
expedición.
Sin embargo, el criterio imperante fue modificado con fundamento en el
artículo 4 de la Constitución de 1991 y los artículos 3 y 9 de la Ley 153 de
1887, concluyendo en la procedencia de tal análisis sólo cuando fuere
manifiesta la vulneración a la Constitución vigente al momento del control
de validez.54
53 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 10 de febrero de
1995. Rad.: 2943. MP.: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Sobre el mismo punto, ver: Sección Quinta. Sentencia
de 17 de noviembre de 2005. Rad.: 2004-00030-01(3484). MP.: Dr. Darío Quiñones Pinilla.
54 En la sentencia de 9 de junio de 2022, radicación 2010-00049-00, se analizó la aplicación de la
inconstitucionalidad sobreviniente en actos administrativos expedidos antes de la Constitución de 1991. Se
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No obstante, también se encuentran pronunciamientos sobre el punto que, por
el contrario, evidencian que el criterio primigenio ha estado prevaleciendo. Así,
por ejemplo, en materia tributaria se ha manifestado:
“Al respecto, se advierte que la sola entrada en vigencia de la Constitución
Política de 1991 no derogó en bloque la legislación anterior, pues según
la jurisprudencia constitucional, ante el tránsito normativo entre los
textos de 1886 y 1991, opera el principio general de la subsistencia de la
legislación preexistente y, con fundamento en el artículo 9 de la Ley 153
de 1887, para que aquella desaparezca del ordenamiento jurídico debe
existir, frente a la nueva Carta, un grado de incompatibilidad y una abierta
contradicción entre el contenido material o el espíritu de ambas normas.
Por consiguiente, el hecho de que con la Constitución Política de 1991 se
hubiere producido un cambio normativo en cuanto a los efectos de las
disposiciones de carácter tributario dictadas en virtud de un estado de
excepción, no implica per se que las normas que no se ajustan a las
nuevas condiciones formales sean inconstitucionales, pues esa situación
equivaldría a asignarle efectos retroactivos al nuevo ordenamiento
respecto de actos cuya emisión se produjo al tenor de los requisitos
exigidos por el anterior régimen”.55
[…]
Lo expuesto permite concluir que un reparo así alegado no enerva la
validez del acto administrativo, como quiera que esto solo acontece
cuando se logra acreditar que no están presentes alguno, todos o uno de
los elementos de legalidad, es decir, cuando se evidencia que la decisión
no es consonante con el orden jurídico superior al momento en que fue
expedido, o la autoridad que lo profirió carecía de competencia, o la
motivación es falsa, o existieron irregularidades en el procedimiento
adoptado para su expedición, o se trasgredió el derecho al debido
proceso y el derecho de audiencia y defensa, o no se observaron los fines
para los cuales se erigió. Así lo ha entendido la jurisprudencia de manera
reiterada, pacífica y uniforme […]”56 (negrilla fuera de texto).
concluyó que la validez de estos actos debe evaluarse conforme a la normatividad vigente en el momento de
su expedición y no bajo el nuevo régimen constitucional, salvo que exista una contradicción manifiesta con la
Carta de 1991. En el caso concreto, la Sala confirmó la derogatoria tácita del parágrafo del artículo 2º del
Acuerdo 24 de 1977, aprobado por la Resolución 163 del mismo año, al considerar que dicho precepto era
incompatible con el artículo 63 de la Constitución de 1991, el cual establece la inalienabilidad, imprescriptibilidad
e inembargabilidad de los parques naturales. En la sentencia de 25 de noviembre de 2021, radicación 2008-
00458-00, la Sala reitera que el control de legalidad de los actos administrativos debe realizarse con base en
las normas vigentes al momento de su expedición. En este sentido, se aclara que la inconstitucionalidad
sobreviniente no es aplicable a los actos administrativos, pues su validez se analiza bajo el marco normativo
existente en la fecha en que fueron dictados. Sin embargo, se admite la inaplicación de disposiciones
preconstitucionales si estas resultan manifiestamente incompatibles con la nueva Carta Política, conforme al
artículo 4° de la Constitución de 1991 y a los artículos 3° y 9° de la Ley 153 de 1887. En el caso concreto, la
Sala analizó la legalidad de las Resoluciones 009 y 010 de 1985, expedidas por la Dirección Nacional de
Derecho de Autor, frente a la Constitución de 1991 y la Decisión Andina 351 de 1993. Se concluyó que estas
resoluciones, aunque ajustadas a la normatividad vigente en su momento, resultaban inaplicables debido a la
primacía del derecho comunitario andino y a su incompatibilidad con el nuevo régimen constitucional. La
decisión enfatiza que, aunque la ilegalidad sobreviniente no genera automáticamente la nulidad del acto, sí
puede derivar en su inaplicabilidad cuando contradice normas superiores con efecto inmediato.
55 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de agosto de 2021. Rad.: 2017-02297-01 (24616). MP.:
Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto. En el sentencia del 2 de marzo de 2017, radicación 2009-00102-
01(19976), MP.: Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, se llegó a la misma conclusión. En igual sentido, el
Concepto del 3 de julio de 2018 emitido dentro del proceso con radicación 2018-00054-00, MP.: Dr. Álvaro
Namén Vargas.
56 Los siguientes apartes han sido acogidos en diversos pronunciamientos entre los cuales es de relevancia
resaltar: Sección Quinta. Sentencia del 23 de agosto de 2018. Rad.: 2011-00002 01. MP.: Dr. Alberto Yepes
Barreiro; Sección Primera. Sentencia del 10 de mayo de 2012. Rad.: 2006-00353-01. MP.: Dra. María Claudia
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179. De la providencia transcrita se desprende, en primer término, que la regla
general en materia de control de validez de los actos administrativos consiste en
examinarlos conforme al ordenamiento jurídico vigente al momento de su
expedición. En tal sentido, no resulta procedente enjuiciarlos por infracción de
normas legales posteriores, pues estas no inciden en su legalidad primigenia.
180. Asimismo, la sentencia distingue entre la inconstitucionalidad sobreviniente,
propia del control de normas con rango legal frente a un nuevo texto constitucional,
y la situación de los actos administrativos, respecto de los cuales la incompatibilidad
posterior no determina su nulidad automática, sino que, en su caso, puede dar lugar
al fenómeno del decaimiento, que afecta su eficacia más no su validez inicial.
181. De lo anterior se entiende que no es posible trasladar sin más las categorías
propias del control abstracto de constitucionalidad a los actos administrativos, dado
que estos se presumen válidos y su legalidad se determina a partir de las
condiciones existentes al momento de su expedición. No obstante, la propia
jurisprudencia reconoce que el principio de supremacía constitucional impide que
subsistan actos manifiestamente contrarios al orden superior vigente.
182. Ello obedece a que la Constitución Política, en virtud de su carácter normativo y
su posición de supremacía en el ordenamiento jurídico de conformidad con el
artículo 4º, tiene implicaciones sobre todo el sistema normativo y se impone sobre
cualquier otra disposición, incluso frente a actos expedidos con anterioridad a su
vigencia. En cambio, las leyes posteriores no pueden aplicarse retroactivamente
para desvirtuar la legalidad primigenia de un acto administrativo, puesto que su
expedición debe valorarse conforme al marco normativo vigente al momento en que
fue adoptado.
183. Así, mientras la confrontación con leyes posteriores resulta improcedente por
ausencia de vigencia al tiempo de la expedición del acto, la verificación de
compatibilidad con la Constitución Política de 1991 se justifica en el deber del juez
de garantizar la supremacía e integridad del orden superior, sin que ello implique un
juicio retroactivo de legalidad, sino un examen de coherencia actual con el sistema
constitucional vigente.
184. En consecuencia, la Sala se inhibirá de efectuar el análisis de legalidad del
Acuerdo 48 del 15 de diciembre de 1982 y de la Resolución 140 del 14 de abril de
1983 en lo que respecta a los cargos fundados en la presunta violación de la Ley 99
de 1993, por tratarse de una norma legal posterior que no puede incidir en la
legalidad originaria de actos expedidos bajo el régimen constitucional y legal vigente
Rojas Lasso; Sección Primera. Sentencia del 26 de julio de 2018. Rad.: 2010-00199-00. MP.: Dra. María
Elizabeth García González; Sección Primera. Sentencia del 15 de noviembre de 2019. Rad.: 2000-00163-01.
MP.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez; Sección Tercera. Sentencia del 11 de agosto de 2005. Exp.: 18345. MP.:
Dra. María Elena Giradlo López; Sección Primera. Sentencias de 3 de agosto de 2000. MP.: Dra. Olga Inés
Navarrete Rodríguez. Exp.: 5722; sentencia del 9 de diciembre de 2004. MP.: Dra. María Inés Ortiz Barbosa,
Exp. 14152; sentencia del 4 de noviembre de 2004. MP.: Dra. María Inés Ortiz Barbosa. Exp.: 13822; Sección
Tercera. Rad.: 1995-1215-01. MP.: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Exp.: 11.215.
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para la época. En tales condiciones, dicho reproche no es susceptible de estudio en
sede de control de validez.
185. A diferencia de lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si tales actos
resultan manifiestamente incompatibles con el artículo 338 de la Constitución
Política de 1991, disposición que consagra los principios de legalidad y reserva de
ley en materia tributaria, sin que ello implique otorgar efecto retroactivo al nuevo
orden constitucional, sino ejercer el deber de garantizar su supremacía, como se
precisó con antelación.
186. Cabe advertir que la Sala no abordará el asunto desde la perspectiva de una
eventual derogatoria tácita, por cuanto esta concierne al ámbito de la eficacia
normativa y no al de la validez del acto administrativo, que es el objeto del presente
control.
187. En efecto, conforme al principio general de subsistencia de la legislación
preexistente y a lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 153 de 1887, las normas
anteriores a la Constitución Política de 1991 continúan produciendo efectos
mientras no sean contrarias a la nueva Carta. En tal sentido, corresponde al juez
contencioso administrativo verificar si tales disposiciones resultan o no
manifiestamente incompatibles con el nuevo orden constitucional, a efectos de
definir su permanencia en el ordenamiento jurídico.
188. En este contexto, el artículo 338 de la Constitución Política de 1991 es del
siguiente tenor:
“[…] Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las
bases gravables, y las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las
autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los
contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que
les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el
sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma
de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los
acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la
base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado,
no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de
iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo […]” (negrilla
fuera de texto).
189. Como se observa, la disposición constitucional hizo especial énfasis en el principio
de reserva legal en materia tributaria sobre todos los elementos esenciales, dejando
solo la determinación de la tarifa de las tasas y contribuciones a las autoridades
administrativas bajo el condicionamiento de que la ley, las ordenanzas o los
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acuerdos fijaran previamente el sistema y el método para establecer tales costos,
así como la forma en que serán distribuidos entre los contribuyentes.
190. En ese sentido, en sentencia C-155 de 2003, la Corte Constitucional indicó que,
tratándose de tasas y contribuciones, al legislador le corresponde fijar de forma
general los elementos estructurales y el método y sistema tarifario del tributo,
mientras que a las autoridades administrativas les corresponde desarrollar esos
parámetros, como se observa a continuación:
“[…] sistema y método para que las autoridades administrativas definan
la tarifa
15.- Como ya fue explicado, en materia de tasas y contribuciones
especiales la Constitución autoriza al Congreso, las asambleas y los
concejos, que deleguen a las autoridades administrativas la determinación de
la tarifa. Pero exige a las corporaciones de representación popular el
señalamiento previo del sistema y el método para definir los costos y
beneficios, así como la forma de hacer el reparto.
La jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado,
no ha sido unívoca al respecto, pues en ciertas ocasiones es rigurosa y
demanda absoluta precisión para la regulación del sistema y el método tarifario,
mientras que en otros eventos acude a criterios que de alguna manera resultan
más flexibles. Un recuento histórico ilustra claramente la situación57:
[…]
16.- El anterior recuento jurisprudencial demuestra que no ha sido fácil
precisar el alcance de los términos “sistema” y “método”, particularmente
en aquellos eventos en los cuales la ley, las ordenanzas o los acuerdos,
delegan a las autoridades administrativas la facultad de fijar la tarifa de
tasas y contribuciones especiales. Sin embargo, la Corte considera que a
partir de esta la Sentencia C-1371 de 2000 es posible armonizar dichos
conceptos de manera que el artículo 338 de la Constitución sea
interpretado a la luz del principio de efecto útil de las normas.
Lo primero que la Sala observa es que para determinar las tarifas de tasas
y contribuciones la Constitución no señaló lo que debía entenderse por
“sistema” y “método”, pero reconoció la necesidad de acudir a ellos al
menos en tres momentos: (i) para definir los costos de los servicios, esto
es, los gastos en que incurrió un entidad, (ii) para señalar los beneficios
generados como consecuencia de la prestación de un servicio (donde
naturalmente está incluida la realización de una obra) y, (iii) para
identificar la forma de hacer el reparto de costos y beneficios entre los
eventuales contribuyentes.
Si bien es cierto que la falta de definición se explica por la naturaleza
abierta de las normas constitucionales, así como por la multiplicidad de
tasas y contribuciones que pueden crearse, también lo es que la
significación de esos conceptos no puede desvanecerse a tal punto que
desaparezca su eficacia como norma jurídica. En consecuencia, a juicio
de la Corte, es necesario identificarlos con claridad, pues aunque los
términos guardan cierta relación de conexidad tienen sin embargo
connotaciones distintas.
57 Teniendo en cuenta que las divergencias surgidas al interior del Consejo de Estado guardan estrecha relación
con el tema de la valorización, la Corte hará referencia a ellas al estudiar ese punto específico.
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En efecto, un sistema “se define por el hecho de no ser un simple agregado
desordenado de elementos sino por constituir una totalidad, caracterizada por
una determinada articulación dinámica entre sus partes”58. Supone coherencia
interna para relacionar entre sí los componentes de un conjunto, que en el
ámbito tributario representan la combinación de reglas y directrices necesarias
para determinar los costos y beneficios de una obra o servicio, así como la
forma de hacer su distribución.
Por su parte, el método está referido a los pasos o pautas que deben
observarse para que los componentes del sistema se proyecten
extrínsecamente. Así, constituye el procedimiento a seguir con el objeto de
determinar en concreto el monto de la obligación tributaria.
17.- Frente a las tasas y contribuciones especiales la Corte considera que
tanto el “sistema” como el “método”, referidos en el artículo 338 de la
Constitución, deben ser lo suficientemente claros y precisos a fin de
evitar que los órganos de representación popular desatiendan un expreso
mandato Superior, mas no por ello tienen que hacer una descripción
detallada o rigurosa de cada uno de los elementos y procedimientos a
tener en cuenta para fijar la tarifa, pues en tal caso la facultad
constitucional de las autoridades administrativas perdería por completo
su razón de ser.
Se trata, si se quiere, de una suerte de competencias compartidas, donde el
Congreso, las asambleas y los concejos son los encargados de señalar los
elementos estructurales del método y del sistema tarifario, mientras que a las
autoridades administrativas corresponde desarrollar los parámetros
previamente indicados.
Una exigencia muy fuerte sobre la determinación del método y del sistema
prácticamente haría inocua la posibilidad de delegación, pues la propia
ley estaría fijando la tarifa de la contribución. Por el contrario, una
excesiva indeterminación dejaría en manos de las autoridades
administrativas la regulación absoluta de ese elemento, en contravía del
principio de legalidad, concretado en el de la predeterminación del tributo
y la representación popular. Lo que la ley exige es, más que la simple
enunciación de criterios, la definición de una cierta manera de proceder
en la articulación de esos criterios.
Ahora bien, la anterior exigencia no implica que la ley, las ordenanzas o
los acuerdos, necesariamente deban utilizar las palabras “sistema” y
“método” como fórmulas retóricas sacramentales, porque el criterio
definitorio será siempre de carácter material. Ello se explica en virtud de la
prevalencia del derecho sustancial y de la posibilidad de resolver las dudas
hermenéuticas frente a cualquier clase de norma.59 En consecuencia, “basta
que de su contenido se deduzcan el uno y el otro, es decir, los principios
que deben respetar las autoridades y las reglas generales a que están
sujetas, al definir los costos recuperables y las tarifas
correspondientes”6061 (negrilla fuera de texto).
191. Debe destacarse que la Corte Constitucional ha precisado que el artículo 338
ibidem establece una regla de competencias compartidas en materia de tasas y
58 Corte Constitucional. Sentencia C-251 de 2002. MP.: Dr. Eduardo Montealgre Lynett.
59 Ver fundamento No. 14 de esta sentencia.
60 Corte Constitucional. Sentencia C-482 de 1996. Ver también C-816 de 1999.
61 Corte Constitucional. Sentencia C-155 de 2003. MP.: Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
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contribuciones, en el sentido que corresponde al legislador fijar previamente los
elementos y sistema y el método para determinar los costos y beneficios que sirven
de base a la tarifa, mientras que a las autoridades administrativas les compete
desarrollar tales parámetros y concretar el monto respectivo.
192. La Corte explicó que el “sistema” supone la articulación coherente de reglas y
directrices para identificar y distribuir los costos o beneficios, y que el “método” alude
al procedimiento o pasos para proyectar esos criterios en la determinación concreta
de la obligación. No se exige una descripción minuciosa, pero sí una definición
material suficiente que evite delegaciones abiertas o indeterminadas contrarias al
principio de legalidad tributaria.
193. La Sala pone de presente que al análisis que ahora corresponde efectuar es a
la luz del artículo 338 ibidem, lo cual no implica un juicio retroactivo de legalidad,
sino un examen actual de compatibilidad constitucional en virtud del principio de
supremacía previsto en el artículo 4º ejusdem y en la Ley 157 de 1887.
194. Además, se advierte que el presente control no recae sobre el Decreto Ley 2811
de 1974 ni sobre el Decreto Ley 133 de 1976, cuya validez no es objeto de debate
en este proceso, sino sobre los actos administrativos acusados. No obstante, resulta
indispensable examinar el contenido de dichas disposiciones legales, en tanto
constituyen el fundamento normativo de los actos demandados, para establecer si
fijaron previamente los elementos de las tasas y un sistema y método en los
términos exigidos por el artículo 338. De ello depende determinar si los actos
acusados se limitaron a desarrollar parámetros estructurales definidos por el
legislador o si, por el contrario, configuraron autónomamente la arquitectura tarifaria,
contrariando el nuevo modelo constitucional.
195. En efecto, el artículo 338 no exige que el acto administrativo contenga en sí
mismo el sistema y el método, dado que esa labor es de competencia del legislador,
por lo que a la autoridad administrativa le corresponde únicamente desarrollar los
parámetros previamente fijados y concretar la tarifa dentro del marco estructural
definido por la ley.
196. Por consiguiente, el examen no consiste en verificar si el Acuerdo 48 del 15 de
diciembre de 1982 y la Resolución aprobatoria 140 de 1983 incorporaron un sistema
propio, sino en establecer si actuaron dentro de uno previamente establecido o si
asumieron una potestad que se encontraba reservada a la ley.
197. Como se precisó en el análisis efectuado a la luz de la Constitución de 1886, el
Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto Ley 133 de 1976 preveían: (i) los elementos
del tributo; (ii) la participación nacional por el aprovechamiento forestal; (iii) la
posibilidad de establecer tasas destinadas al mantenimiento de la renovabilidad del
recurso natural; (iv) el cobro por servicios técnicos; y (v) la competencia de la Junta
Directiva del Inderena para fijar sus montos.
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198. Sobre ese marco normativo se estructuró el régimen tarifario desarrollado en el
Acuerdo 48 del 15 de diciembre de 1982, acto que fijó la forma de liquidación y los
montos de las diferentes tasas por aprovechamiento forestal.
199. Cabe advertir que, si bien el legislador de la época no empleó expresamente las
expresiones “sistema” y “método”, la jurisprudencia constitucional ha señalado que
su exigencia es de carácter material y no meramente formal o teórica. En este caso,
las normas legales delimitaban el ámbito del gravamen, su finalidad, su relación con
el recurso natural explotado y, en algunos eventos, establecían parámetros
cuantitativos máximos o condiciones para su exigibilidad, lo cual implica una
estructura normativa que orientaba y limitaba la actuación administrativa.
200. En ese sentido, los actos acusados no crean autónoma e integralmente las
tasas, eso es, sin respaldo legal, sino que constituyen el desarrollo de una
habilitación normativa preexistente que vinculaba las tasas al aprovechamiento
forestal y a los costos derivados de la gestión y recuperación del recurso. Desde
esta perspectiva, no puede afirmarse que la autoridad administrativa hubiese
asumido una competencia absoluta e indeterminada en la fijación de los elementos
y demás componentes de las mismas.
201. Así las cosas, bajo el estándar consagrado en el artículo 338 de la Constitución
Política de 1991, no se advierte una incompatibilidad manifiesta entre los actos
demandados y el principio de reserva de ley en materia tributaria que conlleve a
declarar la nulidad de los actos, en tanto el marco legal preexistente establecía
criterios estructurales suficientes para orientar la determinación de las tasas. La
eventual precisión técnica frente al nuevo modelo constitucional no implica, por sí
misma, la ilegalidad de los actos.
202. En consecuencia, la Sala concluye que no se configura vulneración del artículo
338 superior por ausencia de los elementos y el sistema y método, pues las normas
legales que sirvieron de fundamento a los actos acusados contenían parámetros
materiales que los delimitaban, dentro de un esquema de competencias
compartidas compatible con la interpretación flexible adoptada por la Corte
Constitucional en la sentencia antes citada.
203. Finalmente, teniendo en cuenta lo manifestado por el coadyuvante, la Sala
advierte el análisis que acá se realizó no versa sobre la conveniencia o actualidad
del régimen tarifario forestal, ni sobre su vigencia en el ordenamiento jurídico actual,
sino exclusivamente sobre la validez de los actos administrativos demandados a la
luz del marco normativo que los sustentaba y, del examen de frente al artículo 338
de la Constitución Política de 1991.
204. En ese contexto, en nada altera que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible haya regulado con posterioridad la materia relativa a la tasa por
aprovechamiento forestal en bosques naturales mediante el Decreto 1390 de 2018
y la Resolución 1479 de 2018, disposiciones que establecen hoy el régimen vigente
de la tasa ambiental en esta materia.
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205. Ciertamente, dicha regulación posterior no incide en el presente análisis, por
cuanto el control de legalidad se predica de los actos acusados y debe efectuarse
con base en las normas que les servían de fundamento y en los parámetros
constitucionales aplicables, sin que las modificaciones normativas tengan la
virtualidad de convalidar o invalidar retroactivamente su contenido.
V.5. Conclusión
206. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala concluye que el Acuerdo 48
del 15 de diciembre de 1982 y la Resolución 140 del 14 de abril de 1983 no incurren
en los vicios de nulidad alegados por la parte demandante y el coadyuvante, en
tanto fueron expedidos con fundamento en habilitaciones legales preexistentes,
dentro del marco competencial previsto en el Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto
Ley 133 de 1976 y las disposiciones de la Constitución Política de 1886. Además
no resultan manifiestamente incompatibles con el artículo 338 de la Constitución
Política de 1991, por lo que respecto de ellos se negarán las pretensiones de la
demanda.
207. No ocurre lo mismo respecto del Acuerdo 36 del 27 de julio de 1983, el cual
adolece de un vicio en su expedición, consistente en la ausencia de aprobación
ministerial exigida como requisito de validez. Dicha omisión afecta su existencia
jurídica y conduce a declarar su nulidad, tal y como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta decisión.
208. Finalmente, la Sala no condenará en costas de conformidad con lo consagrado
en el artículo 188 de la Ley 143762, como quiera que el presente asunto fue
promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la
protección del ordenamiento jurídico en abstracto, donde el interés que mueve a la
parte demandante es público y no es otro distinto al de defender en abstracto el
ordenamiento jurídico y la prevalencia del principio de legalidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: INHIBIRSE del análisis de validez del Acuerdo 48 del 15 de diciembre
de 1982 expedido por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
del Ambiente – Inderena, así como de la Resolución 140 del 14 de abril de 1983,
emitida por el Ministerio de Agricultura, hoy Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, respecto del cargo de violación de los artículos 42 y 118 de la Ley 99 de 1993,
62 Artículo 188. “[…] Condena en costas. […] Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil […]”.
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de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Acuerdo 36 del 27 de julio 1983 expedido
por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente –
Inderena, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las
anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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