Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00134-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00134-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2017-00134-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 11001032400020170013400
Demandante: Procaps S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero con interés: Care & Cure S.A.S.
Tema: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad. Se declara la nulidad de los
actos demandados porque se emitieron en contra de lo previsto en los artículos
13, 29 y 61 de la Constitución Política.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad
Procaps S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se
declare la nulidad de las resoluciones núms. 64490 de 29 de septiembre de 2016
y 89396 de 23 de diciembre de 2016.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La sociedad Procaps S.A., en adelante la parte demandante, presentó
demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la
parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
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del derecho1, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 64490 de
29 de septiembre de 2016 expedida por la Superintendencia de Industria y
Comercio a través de la Directora de Signos Distintivos; y 89396 de 23 de
diciembre de 2016, de la misma Superintendencia dictada por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte
demandada conceder el registro del signo nominativo DICLOFEN, solicitado
para identificar productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en
adelante Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones
3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes
pretensiones:
“[…] PRIMERA. Declarar la nulidad de la Resolución No. 89396 del 23 de
diciembre de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial, mediante la cual, resolviendo el recurso de apelación
interpuesto por mi poderdante, revocó la decisión de primera instancia en el
sentido de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CARE
Y CURE S.A.S. y confirmó en sus demás partes la Resolución No. 64490
de 29 de septiembre de 2016, expedida al interior del Expediente
Administrativo No. 15-230613.
SEGUNDA. Declarar la nulidad de la Resolución No. 64490 de 29 de
septiembre de 2016, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la
Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada
la oposición presentada por la sociedad CARE Y CURE S.A.S y negó el
registro de la marca nominativa DICLOFEN, para Identificar productos
comprendidos en la Clase 5 Internacional, solicitada por la sociedad
PROCAPS S.A, al interior del Expediente Administrativo No. 15-230613.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
Restablecimiento del Derecho en beneficio de la sociedad PROCAPS S.A.,
comedidamente solicito:
TERCERA: Se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de la
marca nominativa DICLOFEN, para identificar productos comprendidos en la
clase 5 internacional, a favor de la Sociedad PROCAPS S.A.
1 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
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CUARTA: Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente
inscripción, y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la
Propiedad Industrial.
QUINTA: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas
procesales y agencias en derecho. […]” (Negrilla del texto original).
Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante
4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
4.1. Que es titular de las marcas DICLOFEN MAX y DICLOFEN COMPLEX,
concedidas por la entidad demandada para identificar productos de la clase 5ª
de la Clasificación Internacional de Niza.
4.2. Que solicitó a la parte demandada el registro del signo nominativo
DICLOFEN para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación
Internacional de Niza.
4.3. Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm.
741 de 9 de octubre de 2025, siendo objeto de oposición por la sociedad Care &
Cure S.A.S. con fundamento en su marca DICLOREN GEL.
4.4. Que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016,
resolvió: i) declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Care & Cure
S.A.S.; y ii) negar el registro de la marca nominativa DICLOFEN para distinguir
productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza por estar
comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del
artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, al ser confundible con la marca
DICLOREN GEL previamente registrada.
4.5. Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 64490 de 29
de septiembre de 2016.
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4.6. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la
Resolución núm. 89396 de 23 de diciembre de 2016, resolvió el recurso de
apelación en el sentido de: i) revocar parcialmente la Resolución núm. 64490 de
29 de septiembre de 2016; ii) declarar infundada la oposición presentada por la
sociedad Care & Cure S.A.S.; iii) Confirmar en lo demás la Resolución núm.
64490 de 29 de septiembre de 2016, teniendo en cuenta que la marca solicitada
está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal f) del
artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.
Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la
violación
5. La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 13, 29 y 61 de la
Constitución Política, 134, 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de 2000 y 42 y 80
de la Ley 1437 de 2011 y expuso el concepto de la violación así:
Violación de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política de
Colombia
5.1. Mencionó que con la expedición de los actos administrativos acusados se
vulneraron los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, toda vez que se
le dio un trato discriminatorio a la sociedad PROCAPS S.A. y preferente a la
sociedad Care y Cure S.A.S., comoquiera que al desbordar el derecho realmente
ostentado por la sociedad opositora sobre la expresión DICLOREN GEL, le
reconoció derechos exclusivos y excluyentes respecto de las demás marcas,
sobre la expresión DICLO e incluso sobre la expresión GEL.
5.2. Indicó que en cada una de las actuaciones adelantadas por las autoridades
administrativas, cuya finalidad sea la concesión de registros de marcas a favor
de particulares, ya sea que se trate de personas naturales o jurídicas, la
Administración debe respetar el debido proceso, derecho consagrado como
fundamental en la Constitución Política, el mismo que la Corte Constitucional en
reiteradas ocasiones ha extendido a las personas jurídicas.
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5.3. Adujo que la total inobservancia de las formalidades mínimas por la parte
demandada pone en cuestión la actuación de esta, que no puede ni debe
resolver cuestiones marcarias con base en simples apreciaciones o
presunciones, sin asidero fáctico y jurídico alguno, tiñendo de ilegalidad el
procedimiento administrativo.
5.4. Argumentó que se presentó una clara violación al proceso administrativo,
lo cual trae como consecuencia que los actos acusados se encuentran incursos
en causal de nulidad.
5.5. Expresó que la SIC tenía como deber prever que al registro solicitado por
la parte demandante se le efectuara el correspondiente análisis de
registrabilidad, atendiendo a los criterios de cotejo contemplados para tal fin,
para que de esta manera procediera a conceder el registro marcario.
Violación de los artículos 134, 135, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de
2000, y 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011
5.6. Sostuvo que el signo nominativo DICLOFEN cumple con todos los
requisitos establecidos por la normatividad para ser protegido como marca, pues
es perceptible y susceptible de representación gráfica.
5.7. Anotó que las expresiones DICLO y GEL son partículas de uso común, por
lo que no pueden ser tenidas en cuenta para determinar un posible riesgo de
confusión.
5.8. Señaló que la partícula FEN es un elemento adicional y arbitrario que le
otorga distintividad al signo solicitado DICLOFEN.
5.9. Arguyó que la marca DICLOREN GEL es un signo débil porque pretende
apropiarse de las expresiones de uso común DICLO y GEL, las cuales no pueden
ser de dominio o monopolio absoluto por persona alguna.
5.10. Resaltó que los signos DICOFLEN y DICLOREN GEL pueden converger
pacíficamente en el mercado, dada las marcadas diferencias entre una y otra
expresión.
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5.11. Mencionó que la entidad demandada vulneró el artículo 150 de la Decisión
486 de 2000 al no realizar en debida forma el examen de registrabilidad del signo
solicitado.
Respecto de la violación de los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011
5.12. Indicó que se desconoció el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, ya que la
parte demandada no tuvo en cuenta todas y cada una de las cuestiones
suscitadas con ocasión del registro marcario solicitado.
5.13. Adujo que se quebrantó el artículo 80 de la Ley 1437 de 2011, pues no fue
respetado el derecho de defensa y contradicción toda vez que las pruebas no
fueron valoradas por la Administración, lo que deviene en una irregular
conformación de los actos administrativos demandados.
Contestaciones de la demanda
Parte demandada
6. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas así:
6.1. Arguyó que la revocatoria parcial de la Resolución núm. 64490 de 29 de
septiembre de 2016 se sustentó en que en la primera instancia de la actuación
administrativa se debió hacer un examen del literal f) del artículo 135 de la
Decisión 486 de 2000, encontrando con ello que el signo solicitado carecía de
distintividad intrínseca al ser genérico y, por lo tanto, no tenía vocación de
registro, siendo improcedente entrar a determinar si existía riesgo de confusión
con la marca opositora.
6.2. Argumentó que “En consecuencia, esta Superintendencia encuentra que no
es siquiera procedente entrar a pronunciarnos respecto de los argumentos
esgrimidos en relación con el cotejo marcario entre las marcas DICLOFEN Y
DICLOREN GEL toda vez que, habiendo sido revocados en segunda instancia,
la irregistrabilidad de la marca por encontrarse incurso en la causal del literal a)
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del artículo 136, no es objeto de debate en el presente asunto y mucho menos
lo es, la oposición presentada por la sociedad CARE Y CURE S.A.S. pues esta
fue declarada infundada por medio de Resolución No. 89396 de 2016.”
6.3. Señaló que el signo DICLOFEN no contiene ningún elemento adicional que
le otorgue distintividad, por lo que es un signo genérico; y, de conformidad con
lo establecido en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no es
irregistrable porque carece de distintividad intrínseca, es decir, es incapaz de
individualizar el producto que pretende identificar.
6.4. Mencionó que “Manifiesta el demandante que hubo una indebida aplicación
del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 pues a su parecer las Resoluciones
ocultaron el análisis de registrabilidad realizado a la marca denegada. No
obstante encontramos que tales aseveraciones carecen de fundamento, pues,
de la revisión de la Resolución No. 89396 de 2016 -única resolución en firme-,
se desprende de manera clara que se expusieron los fundamentos jurídicos que
llevaron a concluir que la marca DICLOFEN no es susceptible de registro”.
6.5. Adujo que no se puede hablar de discriminación por reconocer un derecho a
un tercero, porque la negativa del registro no se realizó por la oposición de la
sociedad Care & Cure S.A.S., sino por la carencia de distintividad intrínseca de
la marca solicitada.
6.6. Por último, señaló que la Resolución núm. 64490 de 2016 fue debidamente
señalada, pues en ella se expuso la normatividad aplicable y los motivos por los
cuales el signo DICLOFEN no era susceptible de registro al carecer de
distintividad.
El tercero con interés directo en las resultas del proceso – Sociedad Care
& Cure S.A.S.
7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en
esta oportunidad procesal.
Audiencia Inicial
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8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de mayo de 2021: i)
convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia
inicial se efectuó el día 8 de junio de 2021. En ella, declaró saneado el proceso;
resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de
oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada;
fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró
precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de
pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad
Interpretación Prejudicial, prescindencia de la audiencia de alegaciones y
juzgamiento, y alegatos de conclusión.
9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 22 de mayo de 2025,
determinó: i) dar aplicación a la interpretación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado por
las razones expuestas en la parte motiva de esa providencia; ii) prescindir de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento; iii) correr traslado a las partes para
alegar de conclusión; y iv) informar al Ministerio Público que dentro para la
oportunidad para alegar presentara su concepto, si a bien lo tenía.
Alegatos de conclusión
10. La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda.
11. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la
demanda.
12. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en
este momento procesal.
Concepto del Ministerio Público
13. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) las
interpretaciones prejudiciales aplicables al caso; y v) el análisis del caso
concreto.
Competencia de la Sala
15. De acuerdo con el artículo 149 numeral 8° de la Ley 1437 de 2011 sobre
competencia del Consejo de Estado en única instancia, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 20192 expedido por la Sala Plena de esta
Corporación sobre la distribución de negocios entre las secciones, esta Sección
es competente para conocer del presente asunto.
16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la
Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se
procede a decidir el caso.
Los actos acusados
17. Los actos acusados son las resoluciones núms. 64490 de 29 de septiembre
de 2016, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y 89396 de 23 de
diciembre de 2016, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo
nominativo DICLOFEN solicitado para identificar productos de la clase 5ª de la
Clasificación Internacional de Niza.
El problema jurídico
18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación
de esta, la audiencia inicial y las interpretaciones prejudiciales aplicables al caso,
determinar:
2 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del
Acuerdo 434 de 2024.
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18.1. Si las resoluciones núms. 64490 de 29 de septiembre de 2016 y 89396 de
23 de diciembre de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo
nominativo DICLOFEN para identificar productos de la clase 5ª de la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas, vulneran el artículo 134, los literales b) y f) del artículo 135, el literal a)
del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad
Andina; los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política; y los artículos 42 y
80 de la Ley 1437 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho
solicitado.
18.2. En ese sentido, se analizará en primer lugar si la parte demandada realizó
correctamente el examen de registrabilidad y si se vulneró el debido proceso de
la parte demandante. De igual manera, si los actos administrativos acusados
adolecen de falsa motivación y falta de motivación.
18.3. En segundo lugar, si existe riesgo de confusión o asociación entre el signo
solicitado y la marca nominativa DICLOREN GEL, con registro núm. 513399, que
identifica productos de la misma clase, cuyo titular es el tercero con interés
directo en el resultado del proceso.
18.4. En tercer lugar, si el signo solicitado cumple con los requisitos para ser
registrado como marca.
Interpretaciones prejudiciales aplicables al caso
19. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de mayo de 2025,
atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial3: 391-IP-2022 de 13 de
marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de
marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos
unilaterales de la Comunidad Andina proferidos a través del Tribunal de Justicia,
aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el
3 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en
las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147.
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Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, consideró i) procedente dar
aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto
aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y ii) adoptar los criterios jurídicos
de las interpretaciones prejudiciales núms. 344-IP-20224 y 208-IP-20205
respecto de los artículos 134, 135 literal b) y f), 136 literal a) y 150 de la Decisión
486 de 2000 proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para
dictar la sentencia en el proceso de la referencia.
20. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la
interpretación de los artículos 134, 135 literal b) y f), 136 literal a) y 150 de la
Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte
demandante.
21. Respecto de los artículos 134, literal b) y f) del artículo 135 y 150 de la
Decisión 486 de 20006:
“[…] Al respecto resulta pertinente señalar que los artículos 134, 135
(literales a y b), y 150 de la Decisión 486, así como los temas identificados
anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal,
existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y
coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos:
[1.] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas
Concepto de marca
[1.1] El primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 establece lo
siguiente:
“Artículo 134- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningún caso será obstáculo para su registro. (…)”
4 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el
Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.
5 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el
Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.
6 Interpretación Prejudicial 344-IP-2022
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[1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir
que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los
diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado.
[…]
[1.4] Entre las funciones que cumple la marca como medio de protección al
consumidor, se destaca la función distintiva que permite a este identificar los
productos o servicios ofrecidos en el mercado y diferenciarlos de otros. Las
demás funciones se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del
signo, pues sin esta no sería posible registrarlo como marca.
[1.5] Sobre la base de estas precisiones, es posible aseverar que la marca
cumple, además, un papel informativo esencial respecto de la procedencia u
origen empresarial del producto o servicio al que distingue. Esta función
informativa es percibida por el público y los canales comerciales, entre otros,
a través de medios publicitarios.
[…]
Requisitos para el registro de marcas
[1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada
Decisión, los requisitos para el registro de las marcas: son distintividad y
susceptibilidad de representación gráfica.
[…]
[1.15] El registro de un signo como marca se encuentra expresamente
condicionado al hecho que sea distintivo y se susceptible de representación
gráfica. De conformidad con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.
La distintividad es uno de los elementos constitutivos, como requisito
esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como
marcas los signos que carezcan de distintividad,
[1.16] Se deberá analizar, en primer lugar, si el signo a registrar cumple con
los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso
en alguna de las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas señaladas
en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
[2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen
empresarial de una marca.
[…]
[2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar,
individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo
posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es
considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para
ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para
que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la
calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación
en el público consumidor7.
7 ibidem
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[2.3] La distintividad tiene un doble aspecto:8
[a)] Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina
la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos
o servicios en el mercado.
[b)] Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina
la capacidad para diferenciarse de otros signos en el mercado.
[…]
[2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca,
adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener
capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo
establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.
El origen empresarial de una marca
[2.9] La distintividad se encuentra vinculada con el origen empresarial. El
consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros, tomando en
cuenta sus cualidades particulares como calidad, precio, presentación, etc.;
y, a, su vez, esa decisión está relacionada con el origen empresarial, en la
medida en que el producto o servicio se vincula con el respectivo productor
o proveedor, así como con el prestigio o reputación que ha adquirido en el
mercado.
[2.10] El origen empresarial juega un juega un papel importante para que el
consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener
claridad acerca de su procedencia y así evitar riesgo de asociación.
[…]
[3.] Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y
de uso común
[3.1] Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente
sobre las características o propiedades de los productos, tales como su
calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La
denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo
es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha
pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características,
cualidades o propiedades según se trate.
[3.2] La denominación genérica determina el género del objeto que
identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada
exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede
otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa
palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros
empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación
directa con los productos o servicios de que se trate.
8 Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 2726 del 22 de abril de 2016.
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[3.3] La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la
pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se
responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de
las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna
forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por
sí mismo pueda servir para identificarlo.
[3.4] Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o
servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o
propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para
distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa
con la expresión que se utiliza.
[…]
[5.] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos
[…]
[5.2] La oficina nacional competente es el órgano administrativo encargado
de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse
a cabo de oficio en todos los casos, inclusive cuando no se hubiesen
presentado oposiciones. La entidad competente en ningún caso queda
eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro
solicitado. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 comprende el análisis de
todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca,
partiendo de los requisitos previstos en el artículo 134 y tomando en
consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los
artículos 135 y 136 de la referida decisión.9
[…]
[5.6] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en
la resolución que conceda o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina
nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en
consecuencia, la resolución que conceda o deniega el registro de marcas,
que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho
examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública
como es la debida motivación de los actos.
[6.] Autonomía de la oficina nacional competente para tomar
decisiones.
[6.1] Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina
nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado
que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina
se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las
oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que
aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa
comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como en el
Capítulo II del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro
9 Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 2323 de 8 de abril de 2014.
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de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el
procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
[…]
[6.8] El examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe
ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras
oficinas de registro de marcas como en relación con anteriores decisiones
proferidas por la propia oficina, en el sentido que esta debe realizar el
examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir,
estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la
información recaudada para dicho procedimiento, independientemente de
análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.10
[6.9] No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga
limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias
actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en
cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características
mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada
trámite. Adicionalmente, los límites a la actuación de dichas oficinas se
encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones
judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.
[…]
[6.11] Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional
competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía y tendrá
que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia,
a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de
confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las
valoraciones que realicen. […].” .
22. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200011:
“[…]1-. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica,
fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos.
[…]
1.5 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en
conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse,
para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de
confusión y/o de asociación.
1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad
únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas,
pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios,
10 ibidem
11 Interpretación Prejudicial IP-208-2020
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incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese
sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo
solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.
2. Comparación entre signos denominativos
[…]
2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales,
utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras,
palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran
un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o
concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que
tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones
del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan
conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones
del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su
conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de otros existentes en el mercado.
2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas
se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:
a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su
unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las
silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto,
debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el
mercado.
b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros
son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se
hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo
significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema
deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportlogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado
y que unido a un lexema modifica su definición.
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener
en cuenta lo siguiente:
. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del
consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los
signos en conflicto.
. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.
. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de
confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es
muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar
complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en
los signos en conflicto.
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c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues
si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la
semejanza entre los signos podría ser evidente.
d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran
en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad
de la denominación.
e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte
en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca
en el mercado. […]”.
23. Respecto del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 200012:
“[…]. [3.] Signos conformados por denominaciones descriptivas,
genéricas y de uso común
[3.1] Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente
sobre las características o propiedades de los productos, tales como su
calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La
denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo
es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha
pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características,
cualidades o propiedades según se trate.
[3.2] La denominación genérica determina el género del objeto que
identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada
exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede
otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa
palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros
empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación
directa con los productos o servicios de que se trate.
[3.3] La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la
pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se
responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de
las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna
forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por
sí mismo pueda servir para identificarlo.
[3.4] Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o
servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o
propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para
distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa
con la expresión que se utiliza. […]”.
Análisis del caso concreto
12 Interpretación Prejudicial 344-IP-2022
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Respecto de la vulneración de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución
Política
24. La parte demandada, mediante los actos administrativos acusados, negó el
registro como marca del signo nominativo DICLOFEN para identificar los
siguientes productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza:
“productos farmacéuticos; preparaciones veterinarias; medicamentos para uso
médico; medicamentos para uso veterinario; algodón para uso médico;
desinfectantes para uso higiénico; productos para esterilizar; pañales para
bebés; tampones para la menstruación; paños menstruales; alimentos dietéticos
para uso médico; alimentos para bebés; complementos nutricionales; bebidas
dietéticas para uso médico; emplastos para uso médico; botiquines de primeros
auxilios; artículos para apósitos; materiales para empastes dentales; materiales
para improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales
dañinos; insecticidas; fungicidas; herbicidas”.
25. Sobre el particular, la parte demandante consideró que los actos acusados
desconocieron los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, pues, al
momento de expedirlos, la SIC no tuvo en cuenta la totalidad de antecedentes y
argumentos expuestos durante la actuación administrativa al no conceder el
registro de la marca solicitada, violando con ello los derechos a la igualdad, al
debido proceso y a la protección a la propiedad industrial.
26. La parte actora adujo que la parte demandada actuó con total inobservancia
de las formalidades mínimas al resolver cuestiones marcarias con base en
simples apreciaciones o presunciones, sin asidero fáctico y jurídico alguno,
tiñendo de ilegalidad el procedimiento administrativo.
27. Frente al caso concreto, al revisar los actos administrativos acusados y el
sistema de información SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio 13,
la Sala encuentra que:
13
Consulta realizada en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo
177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y
la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022
y el 12 de agosto de 2024.
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28. La sociedad PROCAPS S.A. solicitó el registro de la marca nominativa
DICOFLEN para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación
Internacional de Niza. La solicitud fue objeto de oposición en la actuación
administrativa por parte de la sociedad Care & Cure S.A.S. con fundamento en
la marca DICLOREN GEL.
29. La parte demandada, mediante la Resolución núm. 64490 de 29 de
septiembre de 2016, resolvió: i) declarar fundada la oposición presentada por la
sociedad Care y Cure S.A.S.; y ii) negar el registro de la marca nominativa
DICLOFEN para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación
Internacional de Niza. En la mencionada resolución se consideró:
“[…] Análisis comparativo
La Dirección, luego de analizar los signos, y con base en los criterios
jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los
mismos enfrentados, después de un primer impacto general, son
susceptibles de crear confusión.
En efecto, a pesar de la debilidad de la expresión DICLO que hace referencia
al compuesto activo diclofenaco, esta Dirección considera que el signo
solicitado es similarmente confundible con la marca previamente registrada,
debido a que ambos signo (sic) complementan el prefijo DICLO con una
sílaba combinada con las letras E y N DICLOFEN / DICLOREN generando
fonemas similares, situación que puede generar riesgo de confusión en el
público consumidor.
Ahora bien la supresión de la partícula GEL no genera una diferencia
sustancial, toda vez que se trata de la forma de presentación del producto.
Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos
encontramos que entre los signos confrontados existen similitudes que los
hacen confundibles entre sí. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa
que son ortográfica, conceptual y fonéticamente similares.
Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin
generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia
empresarial, por lo cual se hace necesario llevar a cabo el estudio frente
la relación de los productos ofrecidos
[…]
La Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican
los signos en conflicto, en lo que se refiere a productos farmacéuticos, no
deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el
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riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud
entre los signos, sino que también concurre al presente caso una
equivalencia entre los productos identificados por los mismos.
Conclusión
En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la
causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]”. (resaltado
fuera de texto).
30. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la
Resolución núm. 89396 de 23 de diciembre de 2016, resolvió el recurso de
apelación en el sentido de: i) revocar el numeral primero de la Resolución núm.
64490 de 29 de septiembre de 2016; ii) declarar infundada la oposición
presentada por la sociedad Care y Cure S.A.S.; y iii) confirmar en lo demás la
Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016. En el mencionado acto
administrativo se lee lo siguiente:
“[…] La expresión solicitada como marca “DICLOFEN” es en realidad gran
parte de la palabra “DICLOFENACO”, la cual hace referencia al nombre de
la molécula de un conocido analgésico, antiinflamatorio y antirreumático,
siendo el nombre de un producto farmacéutico que usualmente se encuentra
incluso en la clase 5ta Internacional.
En el presente caso se tiene que la expresión “DICLOFEN” es en su totalidad,
una partícula de uso común para referirse a la palabra genérica
“DICLOFENACO”. Debido a que la construcción ortográfica y fonética de la
expresión “DICLOFEN” hace referencia a la expresión “DICLOFENACO”, la
cual es genérica al corresponder al nombre de un producto que hace parte
de la clase 5ta internacional, no es posible acceder al registro del mismo.
El signo solicitado en registro, al corresponder a una expresión genérica y de
uso común para designar el producto en el sector farmacéutico, el cual es
especializado, es irregistrable, al no contar con elementos denominativos o
gráficos que le otorguen distintividad al conjunto. El signo mencionado debe
ser de libre uso por todos los empresarios que realizan actividades
comerciales en dicho sector.
Se concluye que el signo solicitado no puede ser registrado como marca, ya
que de otorgar el registro se constituiría una ventaja competitiva en cabeza
de la sociedad solicitante en detrimento de los demás competidores, que se
verían privados de la posibilidad de utilizar una expresión necesaria para
ofrecer sus productos en el mercado, dado que esta hace referencia de forma
general a una (sic) analgésico y antiinflamatorio.
En consecuencia, el signo solicitado consiste exclusivamente en una
expresión que más que individualizar un producto y/o servicio, se encuentra
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llamándolo por su nombre, sin agregar elementos que le otorguen
distintividad, pues con el signo solicitado se estaría indicando un tipo de
producto y/o servicio, pero no el empresario.
Ahora, para poder analizar una marca bajo la causal de irregistrabilidad
consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de
la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, se requiere que en
un primer lugar esta sea capaz de distinguir productos o servicios de
otros iguales o similares dentro del mercado, es decir que tenga
capacidad marcaria o distintividad intrínseca. Debido a que en este
caso la expresión “DICLOFEN” hace alusión al producto mismo, esta
Delegatura considera que estas son expresiones exclusivamente
descriptivas de los productos que pretende distinguir en clase 5ta,
carece de distintividad intrínseca, y por lo tanto no hay lugar a realizar
el análisis de confundibilidad con marca registrada alguna, el cual hace
referencia a un examen de distintividad extrínseca.
3. CONCLUSIÓN
Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está
comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal f) del
artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
[…]” (resaltado fuera de texto).
31. De lo anterior se establece que la parte demandada, mediante la Resolución
núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016, negó inicialmente el registro del signo
nominativo “DICLOFEN” con base en la causal de irregistrabilidad del literal a)
del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, al considerar que el signo solicitado
era confundible con la marca DICLOREN GEL previamente registrada.
32. Ahora bien, la parte demandada, en la Resolución núm. 89396 de 23 de
diciembre de 2016, al resolver el recurso de apelación, modificó su argumento
inicial y varió el fundamento jurídico para negar el registro al determinar que el
signo solicitado carecia de distintividad intrínseca.
33. Sobre el particular, la Sala considera que la parte demandada pasó de
sustentar la irregistrabilidad del signo solicitado en la confundibilidad con una
marca previamente registrada, a la falta de distintividad del signo solicitado, al
considerarla como una expresión genérica de los productos farmacéuticos que
pretendía amparar.
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34. Como ya se mencionó, la parte demandante consideró que la parte
demandada violó las normas constitucionales invocadas al no tener en cuenta
los argumentos y antecedentes planteados en sede administrativa.
35. Lo anterior permite determinar que el cambio de motivación en los actos
administrativos acusados desconoció el debido proceso a la parte demandante,
pues no se le permitió pronunciarse sobre la causal aplicada ni presentar
argumentos o material probatorio frente a la valoración que llevó a considerar la
expresión “DICLOFEN” como genérica.
36. Esta Sección, en relación con el derecho al debido proceso, en sentencia de
23 de junio de 202314 reiteró lo establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-119 de 201615 y, en ese sentido, consideró que:
“[…] El derecho que comprende a todas las personas de acceso a un proceso
justo y adecuado. Es entonces la garantía infranqueable que debe acompañar a
todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas,
castigos o sanciones como establecer prerrogativas. Si bien la preservación de los
intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la
actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se
surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación
que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los
asociados.
La Corte Constitucional, desde la Sentencia T-442 de 1992, desarrolló
ampliamente la esencia del derecho fundamental al debido proceso administrativo,
al señalar que éste se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta
producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo
el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus
objetivos y fines estatales.
De esa manera, el debido proceso cobija todas las manifestaciones de la
administración, en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones
que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus
funciones cada entidad administrativa debe desarrollar.
Conforme a lo anterior, las actuaciones administrativas deben adelantarse
conforme a las reglas previstas en la ley o reglamentos, garantizándose el
debido proceso, obviamente, a quien dentro de lo reglado de una u otra forma se
ha hecho partícipe en la actuación, o que queriéndolo hacer en debida forma, la
administración no se lo permita injustificadamente. Por tanto, a quien no se le
adelanta un proceso ni se hace parte de él o sus resultados no lo involucran, le
resulta impropio concluir que se le puede violentar el derecho consagrado en el
artículo 29 de la Constitución […]”. (Destacado fuera de texto).
14 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 23 de junio
de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00155-00.
15 Corte Constitucional; sentencia de 7 de marzo de 2016; M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; expediente
T5.204.534.
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Número único de radicación: 11001032400020170013400
37. De igual forma, esta Sección, en la sentencia citada supra, reiteró lo
considerado en la sentencia T-324 de 201516, proferida por la Corte
Constitucional, en la cual se consideró que:
“[…] En el campo específico de los procedimientos administrativos, la Corte
ha explicado que las garantías que integran el derecho son, entre otras “i) el
derecho a conocer el inicio de la actuación; ii) a ser oído durante el trámite; iii) a
ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la autoridad competente
y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador;
v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción de
inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción; ix) a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por la parte contraria; x) a
que se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a
xii) promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del
debido proceso […]”.
38. En este sentido, en sentencia de 31 de mayo de 201817 se siguió el criterio
reiterado de la Sección18, considerando que realizar un cambio en la motivación
expuesta en los actos administrativos expedidos al momento de resolver los
recursos interpuestos implicaba una afectación al debido proceso, comoquiera
que imposibilitaba que el administrado fuera escuchado en el trámite del
procedimiento administrativo y, en consecuencia, que ejerciera su derecho de
defensa y contradicción, así como de presentar pruebas e impugnar la decisión
adoptada. Al respecto, esta Sección consideró que:
“[…] II.3.2.4.11.- Resulta claro que la autoridad administrativa, tras constatar que
se había cancelado el registro de la marca opositora, invocó una nueva marca,
«MANIA» (nominativa), con certificado de registro 262.611, la cual fue el sustento
de la autoridad administrativa para negar el registro de la marca «MAYO MANIA»
(nominativa), cuya solicitud de registro fue presentada el día 17 de marzo de 2000,
conforme se acredita con la certificación expedida por la Superintendencia de
Industria y Comercio que reposa al folio 212 del cuaderno principal, esto es, con
posterioridad a la solicitud presentada por la sociedad BESTFOOD para registrar
la marca «MAYO MANIA» (nominativa), que corresponde al día 29 de octubre de
1998. II.3.2.4.12.- Con dicho comportamiento, la Superintendencia de Industria y
Comercio, negó la posibilidad a la precitada sociedad de ser oída en el trámite del
procedimiento administrativo, así como el ejercicio de los derechos de defensa y
contradicción y la posibilidad de presentar pruebas e impugnar la decisión
adoptada, en la medida en que, frente a la nueva situación planteada por la
administración, se negó cualquier tipo de controversia, violándose el debido
16 Corte Constitucional; sentencia de 25 de mayo de 2015; M.P. María Victoria Calle Correa; expediente T-
4664494.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 31 de mayo
de 2018. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente identificado con el número único de radicación
2003-00523-00.
18 Criterio que ya había sido fijado respectivamente por la sala en sentencias de 9 de marzo de 2006 y 1°.
de febrero de 2018, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2001-00061-01 y 2009-
00599-00, C.P. María Claudia Rojas Lasso y C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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proceso de la sociedad precitada, previsto en el artículo 29 de la Carta
Política, como el principio de contradicción establecido en el artículo 3° del CCA,
que indica que «[…] los interesados tendrán la oportunidad de conocer y de
controvertir esas decisiones por los medios legales […]», máxime cuando se
puede evidenciar que se invocó, oficiosamente, como marca opositora, un signo
distintivo cuya solicitud de registro fue presentada con posterioridad a la marca
aquí cuestionada, lo cual resulta contrario a las disposiciones de la Decisión 344
de la Comunidad Andina, tal y como fueron interpretadas en la Interpretación
Prejudicial 137-IP-2012, rendida para este proceso, por lo que el cargo tiene
vocación de prosperidad. […]”
39. En este mismo sentido, la Sección reiteró, en sentencia de 23 de junio de
202319, que:
[…] De lo anterior, se observa que al resolverse el último recurso interpuesto la
autoridad demandada desestimó los fundamentos tenidos en cuenta en la
instancia anterior para denegar el registro del signo cuestionado, en la que se
había argumentado que las palabras que conformaban el mismo eran descriptivas
y que no le otorgaban distintividad alguna para ser registrado como marca, por lo
que se encuadraba en la causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal e), de
la Decisión 486. Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera
instancia, señaló que el análisis debía recaer sobre la integridad de la expresión
cuestionada sin separar sus elementos, pues estos le conferían distintividad, lo
que significaba que “[…] no era exclusivamente descriptiva […]” y que se
configuraba la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a),
ibidem, al encontrar de oficio el signo solicitado similarmente confundible con la
marca nominativa previamente registrada “PORCELANATO”, de propiedad de
COLCERÁMICA S.A.; y que, además, entre los productos que distinguían existía
conexidad competitiva. Así las cosas, para la Sala es claro que la SIC negó la
posibilidad a la parte actora de ser oída en el trámite del procedimiento
administrativo, así como de ejercer su derecho de defensa y el principio de
contradicción y de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada. […]”.
(Destacado fuera de texto).
40. Sobre el asunto, la Sala considera reitera que la parte demandada, al expedir
la Resolución núm. 89396 de 23 de diciembre de 2016, que resolvió el recurso
de apelación interpuesto en el trámite administrativo, modificó el fundamento
para negar el registro del signo solicitado para identificar productos de la clase
5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
41. Lo anterior, teniendo en cuenta que en principio se negó el registro porque,
al realizar el cotejo marcario, se concluyó que el signo estaba incurso en la causal
de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000
19 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 23 de junio
de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00155-00.
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y, posteriormente, con fundamento en la causal de irregistrabilidad absoluta
dispuesta en el artículo 135 literal f) ibidem.
42. Para la sala, el cambio de motivación para negar el registro conllevó una
violación: i) al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, pues se impidió al solicitante del registro de la marca que ejerciera su
defensa y contradicción frente a la nueva causal aplicada; ii) al principio de
igualdad regulado en el artículo 13 ibidem, pues recibió un trato procesal desigual
frente a otros solicitantes en idénticas condiciones, y iii) al derecho a la
protección de la propiedad industrial consagrado en el artículo 61 ejusdem, por
cuanto la actuación de la parte demandada impidió el acceso efectivo a la parte
demandante a la tutela de los signos distintivos en los términos de las normas
comunitarias.
43. De otro lado, la Sala considera que la Superintendencia de Industria y
Comercio no debió confirmar el acto recurrido con base en una nueva causal de
irregistrabilidad sin que el solicitante tuviese la oportunidad para pronunciarse y
ejercer los recursos en la actuación administrativa, incurriendo igualmente con
ello en una falsa motivación, pues la decisión careció de congruencia entre los
fundamentos de hecho y de derecho que inicialmente sustentaron la negativa del
registro y aquellos que finalmente sirvieron de base para confirmarla.
Respecto de los cargos de la violación de los artículos 134, 135, 136 literal
a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, y 42 y 80 de la Ley 1437
44. La Sala considera que, al haberse acreditado la vulneración de los artículos
13, 29 y 61 de la Constitución Política, no efectuará pronunciamiento respecto
de los demás cargos, esto es, los relacionados con la violación de los artículos
134, 135, 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000, así como de lo
dispuesto en los artículos 42 y 80 de la Ley 1437.
Sobre el restablecimiento del derecho
45. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho que
“[…] Se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio CONCEDER el registro de la marca nominativa DICLOFEN,
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para identificar productos comprendidos en la clase 5 internacional, a favor de la
Sociedad PROCAPS S.A. […]”.
46. La Sala considera que corresponde a la oficina nacional de propiedad
industrial efectuar el estudio correspondiente, garantizando el debido proceso
administrativo respecto de la solicitud de registro del signo nominativo
DICOFLEN para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación
Internacional de Niza, presentada por la parte demandante. Por este motivo se
ordenará a la parte demandada, a título de restablecimiento del derecho, que
realice el estudio de la solicitud de registro del precitado signo, tal como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Conclusión
47. En conclusión, en concepto de la Sala, la Superintendencia de Industria y
Comercio, al expedir los actos acusados, desconoció lo previsto en los artículos
13, 29 y 61 de la Constitución Política y, por tanto, declarará la nulidad de las
Resoluciones 64490 de 29 de septiembre de 2016 y 89396 de 23 de diciembre
de 2016, por medio de las cuales negó el registro de la marca nominativa
DICLOFEN para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del
nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A.
48. En consecuencia, la Sala ordenará a la Superintendencia de Industria y
Comercio que proceda a realizar el estudio para determinar la procedencia de
conceder el registro como marca del signo nominativo DICLOFEN para identificar
productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Condena en costas
49. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen
causadas ni probadas; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 8° del artículo 365
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de la Ley 1564 de 12 de julio de 201220, aplicable al caso por remisión del artículo
306 de la Ley 1437 de 2011
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 64490 de 29 de
septiembre de 2016 y 89396 de 23 de diciembre de 2016 expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales negó el
registro de la marca DICLOFEN, cuyo solicitante fue la parte demandante.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la
Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a llevar a cabo el estudio
sobre la procedencia de conceder el registro del signo como marca nominativa
DICLOFEN para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación
Internacional de Niza.
TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada.
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la
Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las
anotaciones a que haya lugar.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
20 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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