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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00136-00

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00136-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Reconocer como apoderados judiciales del Ministerio de Transporte a los abogados Germán León Castañeda, Anderson Mauricio Rincón Castañeda y Héctor Liborio Vásquez Ramírez. CUARTO: Declarar terminado el mandato otorgado por el Ministerio de Transporte a los abogados Flor Alba Gómez Cortés, Germán León Castañeda, Anderson Mauricio Rincón Castañeda y Héctor Liborio Vásquez Ramírez, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1564. QUINTO: Reconocer como apoderado judicial del Ministerio de Transporte al abogado Anderson Mauricio Rincón Castañeda, en los términos del poder que le fue otorgado. SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2017-00136-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia
Demandada: Ministerio de Transporte
Tema: Reglamentación de los rangos de evaluación de las aptitudes
físicas, mentales y de coordinación motriz requeridas para obtener
por primera vez, recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción
• capacidad auditiva.

Sentencia de única instancia

La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad promovida por la
Federación Nacional de Sordos de Colombia en contra del numeral 2. del anexo I
de la Resolución núm. 217 de 31 de enero de 20141, expedida por la ministra de
Transporte.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La demanda2

1. La Federación Nacional de Sordos de Colombia (en adelante FENASCOL),
actuando a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, acudió ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para formular las siguientes
pretensiones:
“[…] III. PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los apartes subrayados del Numeral 2° del Anexo I de
la Resolución 217 de 2014 expedida por el Ministerio de Transporte, por medio del
cual se reglamentan “los rangos de evaluación de las aptitudes físicas, mentales y de
coordinación motriz requeridas para obtener por primera vez, recategorizar y/o
refrendar la licencia de conducción”, por ser contrarias a varias disposiciones de rango
legal y constitucional, aquí enunciadas. […]” (negrilla del texto).

2. La demandante delimitó la norma acusada, en la siguiente forma:

“[…] I. NORMA ACUSADA

1
“[…] Por la cual se reglamenta la expedición de los certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para la
conducción de vehículos y se dictan otras disposiciones […]”.
2
Cfr. Fol. 246-259, cuaderno principal núm. 2.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

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Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

Corresponde a los apartes normativos resaltados del numeral 2° del Anexo I de la
Resolución 217 de 2014 expedida por el Ministerio de Transporte:

“Por la cual reglamenta la expedición de los certificados de aptitud física, mental y de
coordinación motriz para la conducción de vehículos y se dictan otras disposiciones.

(…)

2. Capacidad Auditiva.

Cuando para alcanzar la agudeza auditiva mínima requerida que se indica en el
apartado 2.1. sea necesario la utilización de un audífono, deberá expresarse la
obligación de su uso durante la conducción:

(…)

2.1. Agudeza Auditiva:

(…)

No se admiten:

25-40dB Hipoacusia leve, acpto (sic) con restricción.
45-60dB Hipoacusia moderada (requiere ayuda auditiva).
35-80dB Hipoacusia severa (requiere ayuda auditiva y adaptaciones)”.

Se resaltan los apartes acusados. […]” (negrilla y subrayado del texto).

I.1.1. Los hechos

3. Afirmó que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución núm. 217 de 2014, la
cual derogó la Resolución núm. 12336 de 28 de diciembre de 2012 4, con excepción
del anexo I que continuó vigente.

4. Indicó que la Resolución núm. 217 de 2014 estableció, en el numeral 2. del anexo
I, los rangos de evaluación de las aptitudes físicas, mentales y de coordinación
motriz requeridas para obtener por primera vez, recategorizar o refrendar la licencia
de conducción.

5. Aseveró que los rangos establecidos en el anexo I:

“[…] determinan que las personas con hipoacusia severa solamente podrán obtener
o refrendar su licencia de conducción si cuentan con “ayuda auditiva y adaptaciones”,
escenario que no contempla aquellos casos en los cuales las ayudas auditivas no
resultan ser útiles para recuperar la audición y, no regula lo relacionado con las
personas diagnosticadas con hipoacusia profunda, generando como resultado que
dichas personas no pueden ser titulares de una licencia de conducción. […]” (negrilla
y subrayado del texto).

4
“[…] Por la cual se unifica la normatividad, se establecen las condiciones de habilitación y funcionamiento de los Centros de
Reconocimiento de Conductores y se dictan otras disposiciones. […]”.

3

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Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

6. Destacó que la hipoacusia era:

“[…] la disminución de la sensibilidad auditiva. El grado de hipoacusia que tiene una
persona se clasifica en leve, moderada, severa o profunda5:

 Audición normal:
Puede oír sonidos suaves por encima de 20 dBHL.
 Hipoacusia leve:
Hipoacusia en su mejor oído entre 25 y 39 dBHL.
Le cuesta entender el habla en entornos ruidosos.
 Hipoacusia moderada:
Hipoacusia en su mejor oído entre 40 y 69 dBHL.
Le cuesta entender el habla sin una prótesis auditiva.
 Hipoacusia severa:
Hipoacusia en su mejor oído entre 70 y 89 dBHL.
Necesita prótesis auditivas potentes o un implante.
 Hipoacusia profunda:
Hipoacusia en su mejor oído de más de 90 dBHL.
Tiene que recurrir básicamente a la lectura de los labios y/o lenguaje de señas,
o a un implante. […]”

7. Aseveró que FENASCOL había solicitado al Ministerio de Transporte la
modificación del numeral 2. del Anexo I de la Resolución 217 de 2014, para permitir
que las personas con sordera profunda, es decir, aquellas que no pueden ser
tratadas con dispositivos auditivos, puedan acceder a una licencia de conducción,
siempre que cumplan con unos requisitos específicos en procura de su seguridad.

8. Destacó que FENASCOL “[…] desde el año 2008 […] ha remitido varias peticiones
en físico y por correo electrónico al Ministerio de Transporte con el propósito de
solicitar la modificación de la Resolución 217 de 2014 (antes Resolución 12336 de
2012) […]”, siendo contestadas por esa entidad en el sentido de indicar que
evaluarían la posibilidad de modificar la regulación relativa a la capacidad auditiva
mínima para obtener o refrendar una licencia de conducción.

9. Puso de presente una reunión con el viceministro de transporte realizada el 23 de
enero de 2013 y el envío, el 24 de enero de 2013, de un correo electrónico a una
funcionaria de ese ministerio para efectos de que se iniciaran mesas de trabajo, el
cual fue reiterado el 6 de febrero de 2013.

10. Dio cuenta de la comunicación que remitió, el 30 de julio de 2013, para efectos
de que se establecieran mesas conjuntas entre el gobierno y la sociedad civil, con
el fin de ajustar la regulación a la Convención Internacional por los Derechos de las
Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, “[…] según
lo establece la ley 1346 de 2009” […]”.

11. Subrayó que el 1.º de octubre de 2014 remitió al Ministerio de Transporte,
proyecto de resolución con las modificaciones al anexo I de la Resolución núm. 217
de 2014:

5
http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/es/home/understand/hearing-and-hl/what-is-hearing-loss-/degrees-of-hl

4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

“[…] necesarias para que las personas con sordera profunda pudiesen obtener o
refrendar una licencia de conducción. Sin embargo, la última comunicación enviada
por la Dirección de Transporte fue del 23 de septiembre de 2014 por medio de la cual
le informó a FENASCOL que el Ministerio de Transporte había adelantado un
proyecto para modificar el Anexo I de la Resolución 217 de 2014. No obstante, dicho
proyecto nunca fue adoptado. […]”.

12. Aludió a la respuesta del Ministerio de Transporte, de 3 de marzo de 2016, a la
comunicación que remitió, en la cual:

“[…] “(…) Vale la pena recordarle que efectivamente la discusión sobre la posibilidad
de incluir la posibilidad (sic) de que las personas sordas puedan tramitar o renovar la
licencia fue muy grande y varios de los funcionarios del Ministerio que tenían que
aportar en la toma de la decisión se negaron a aceptar dicha posibilidad haciendo el
análisis de los riesgos en materia de accidentalidad o seguridad vial que ello significa”.
FENASCOL no ha tenido conocimiento de los análisis y estudios que llevó a cabo el
Ministerio de Transporte en materia de riesgos de accidentalidad y seguridad vial y,
por esta razón la decisión del Ministerio de Transporte sería infundada a priori. […]”.

13. Anotó que fue presentada una acción de tutela en contra del Ministerio de
Transporte, en la cual participó como coadyuvante y se profirió, por parte de la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá, sentencia de 8 de julio de 2016 en la que se
indicó que no existió vulneración a los derechos fundamentales a la igualdad,
libertad de locomoción y trabajo, teniendo en cuenta que el accionante contaba con
otros mecanismos judiciales para controvertir la constitucionalidad de la Resolución
núm. 217 de 2014 y que “[…] el Ministerio de Transporte se encontraba estudiando
la posibilidad de otorgarle licencias de conducción a la población con hipoacusia
severa o profunda. […]”.

14. Mencionó que existe una gran cantidad de Estados que han permitido que la
población que sufre con hipoacusia severa o profunda pueda obtener o refrendar la
licencia o permiso de conducción y añadió que los avances tecnológicos han
permito que ese sector de la población pueda conducir, utilizando parámetros
especiales, sin necesidad de que se les impida el desarrollo de la actividad.

I.1.2. El concepto de la violación

15. Realizó unas consideraciones preliminares señalando que haría referencia en la
demanda al aparte de “[…] la Ley 769 de 2002 denominado: “parámetros y límites
internacionales” que hace referencia a los estándares de capacidad auditiva que
deben acreditar aquellos ciudadanos que soliciten una licencia o permiso de
conducción […]”.

16. Indicóque la legislación de una gran cantidad de estados permitía que la
población que sufre de hipoacusia severa o profunda pueda obtener o refrendar la
licencia de conducción, mencionando que, de acuerdo con la Federación Mundial

5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

de Sordos, 336 países de 93 consultados prohíben a la población sorda obtener una
licencia de conducción.

17. Aludió a los Estados de Florida y Nueva York, de los Estados Unidos de América,
en los cuales se requeriría únicamente una ayuda visual adicional para mejorar la
visibilidad de los conductores e igualmente al Código de Tránsito de la Provincia de
Buenos Aires -República Argentina- y a la legislación de la República Oriental del
Uruguay, según el cual se otorga licencia de conducción a las personas sordas en
general siempre que se instalen en el vehículo dispositivos de protección.

i) “[…] PRIMER CARGO. Contradicción con las normas de rango legal
inspiradas en mandatos constitucionales en las que debe fundarse
la norma demandada. Artículos 18 y 19 Ley 769 de 2002 y artículos 3
y 21 de la Ley 1891 de 2010 […]” (negrilla del texto)

18. Citó los artículos 187, 198 y 21 de la Ley 769 de 6 de julio de 20029, para colegir
de su contenido que los ciudadanos que quieran obtener una licencia de conducción
para vehículos diferentes a los destinados al servicio público, deben obtener una
certificación de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedida por un
centro de reconocimiento de conductores habilitado por el Ministerio de Transporte,
como resultado de la aprobación del examen nacional de aptitud y conocimientos
específicos de conducción.

19. Anotó que la población en condición de discapacidad debe demostrar su aptitud
física, de conformidad con los parámetros y límites internacionales, para el
desarrollo de la actividad de conducción de vehículos particulares y que los criterios
y el procedimiento para expedir la certificación aludida fueron establecidos en la
Resolución núm. 217 de 2014, en particular en el anexo I.

20. Subrayó que una de las aptitudes físicas evaluadas, de acuerdo con el anexo I
de la Resolución núm. 217 de 2014, es la capacidad auditiva y puso de presente
que los parámetros para los niveles mínimos de audición establecidos en el numeral
2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de 2014, señalan:

“[…] cuál es la capacidad auditiva para autorizar a una persona para conducir un
vehículo. Dichos parámetros determinan que la población diagnosticada con
hipoacusia severa que no pueda ser tratada mediante dispositivos audiométricos (sic)
no podrá obtener o refrendar su licencia de conducción.

6
Hizo referencia a Bolivia, Ecuador, Paraguay, Haití, Nicaragua, República Armenia, Ucrania, Laos, Nepal, Egipto, Mauritiana,
Marruecos, Emiratos Árabes, Yemen, Burundi, Etiopia, Eritrea, Malawi, Mozambique, Ruanda, Sudan, Zambia, Cabo Verde,
Chad, Gabón, Níger, Senegal y Togo.
7
Modificado por el artículo 2. ° de la Ley 1397 de 14 de julio de 2010 “[…] Por medio de la cual se modifica la Ley 769 de
2002. […]” y por el artículo 195 del Decreto 19 de 10 de enero de 2012 “[…] Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. […]”.
8
Modificado por el artículo 5. ° de la Ley 1383 de 16 de marzo de 2010, “[…] Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 -
Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones. […]”; por el artículo 3. ° de la Ley 1397; por el artículo 196 del
Decreto 19 de 2012; por el artículo 119 del Decreto 2106 de 22 de noviembre de 2019, “[…] Por el cual se dictan normas para
simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. […]”;
y por el artículo 7. ° de la Ley 2251 de 14 de julio de 2022 “[…] Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación
de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones Ley Julián Esteban. […]”. .
9
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. […]”.

6

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Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

Igualmente, el citado numeral 2°del Anexo I de la Resolución No. 217 de 2014 excluye
a la población diagnosticada con hipoacusia profunda de ser titulares de una licencia
de conducción toda vez que dicha población no fue contemplada dentro de la
regulación mencionada con lo cual, por omisión, el Ministerio de Transporte les negó
de plano el derecho a obtener o refrendar una licencia de conducción. […]”.

21. Indicó que, a pesar del mandato legal establecido en el parágrafo 1. del artículo
19 de la Ley 769 que ordena que la aptitud física de las personas que solicitan una
licencia de conducción sea evaluada de conformidad con los parámetros y límites
internacionales:

“[…] el Ministerio de Transporte en ninguna ocasión le ha comunicado a FENASCOL
de manera oficial y con el debido acervo probatorio cuáles son los estándares
internacionales que utilizó para expedir la Resolución 217 de 2014.

Por el contrario, tal y como se señaló en el aparte preliminar del presente documento,
FENASCOL ha podido constatar que los parámetros y límites internacionales sobre
la materia sostienen que las personas en condición de discapacidad diagnosticadas
con sordera severa y profunda pueden ser titulares de una licencia de conducción con
la sencilla exigencia de que se adopten unas modificaciones menores en los vehículos
que conducirán en procura de la seguridad vial.

En todo caso, de no tener en cuenta los “parámetros y límites internacionales”
indicados en el aparte preliminar, debe tener presente el fallador que el Ministerio de
Transporte tampoco ha manifestado en ningún momento con base en qué estándares
internacionales profirió la Resolución 217 de 2014 y, ello daría pie (…) para sostener
que la Resolución precitada no se encuentra motivada de la forma como el legislador
lo estableció a la luz de la Ley 769 de 2002. […]”.

ii) “[…] SEGUNDO CARGO. Violación de los artículos 5 y 14 de la Ley
1618 de 2013; artículo 31 Ley 982 de 2005; Art. 13 de la Constitución;
Tratados que integran el bloque de constitucionalidad: El Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; El
Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales10. Desconocimiento de los derechos de la población en
situación de discapacidad. […]” (negrilla del texto)

22. Citó el artículo 13 de la Carta Política e indicó que la protección especial de los
derechos de la población con discapacidad se encontraba regulada, en el ámbito
internacional, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra Personas con
Discapacidad.

10
Instrumentos incluidos en sentencias: T-568-99 MP: Carlos Gaviria Díaz, C-551-03 MP: Eduardo Montealegre Lynett, T-
642-04 MP: Rodrigo Uprimny Yepes, T-666-04, T-697-04 MP: Rodrigo Uprimny Yepes y T-827-04 MP: Rodrigo Uprimny
Yepes.

7

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23. Destacó, en el ámbito local, la Ley 1618 de 27 de febrero de 2013 11, la cual habría
incorporado al sistema normativo colombiano varias disposiciones para garantizar
el pleno ejercicio de las personas con discapacidad mediante la adopción de
medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y la eliminación de
toda forma de discriminación por razón de la condición de discapacidad.

24. Citó apartes de los artículos 5. ° y 14 de la Ley 1618 y el artículo 31 de la Ley
982 de 2 de agosto de 200512, para indicar que la población con discapacidad es
sujeto de una especial protección por parte del Estado Colombiano, el cual debe
velar por la efectiva garantía de los derechos de esta población mediante la
eliminación de cualquier barrera de orden físico o jurídico que impida el ejercicio de
sus derechos.

25. Citó las sentencias T-933 de 2013 y C-605 de 2012, proferidas por la Corte
Constitucional y señaló que el numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de
2014 no fue expedido teniendo en cuenta la especial protección de la que es titular
la población en condición de discapacidad:

“[…] toda vez que la misma no se compadece de los presupuestos de los que el
prenotado derecho está conformado. La norma demandada no es otra cosa que un
impedimento para garantizar los derechos de la población con discapacidad,
erigiéndose como un gran obstáculo para alcanzar la igualdad material que ordenan
las normas antes citadas. […]”.

iii) “[…] CARGO TERCERO: Violación del artículo 13 de la Constitución
Política […]” (negrilla del texto)

26. Citó la sentencia C-178 de 2014 proferida por la Corte Constitucional y señaló
que el Ministerio de Transporte, en el numeral 2. del anexo I de la Resolución núm.
217 de 2014, desconoció la igualdad material y la prohibición de discriminación.

27. Alegó que el derecho a la igualdad, para la población con discapacidad, implica
la garantía de recibir un trato especial en consideración a las circunstancias
particulares de esa población, para asegurar el efectivo ejercicio de los derechos
reconocidos a sus integrantes en su condición de individuos sujetos a un régimen
especial de protección.

28. Apuntó que aquella garantía llevaba implícita la eliminación de todas las formas
de discriminación en contra de la población con discapacidad que surjan con
ocasión del mismo estado de discapacidad en el que se encuentran.

29. Citó la sentencia T-288 de 1995, proferida por la Corte Constitucional, y destacó
que:

11
“[…] Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad. […]”.
12
“[…] Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y
sordociegas y se dictan otras disposiciones. […]”.

8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

“[…] todos los miembros de la población en situación de discapacidad tienen derechos
a ser tratados frente a la ley y las autoridades de manera igual que a nuestros
congéneres no pertenecientes a esta población (igualdad formal), pero en razón a la
especial situación en la que nos encontramos, también están legitimados para exigir
de la ley y las autoridades un trato especial que garantice de manera efectiva dicho
trato uniforma (sic) (igualdad material). Asimismo, con ocasión del mencionado trato
especial, la población con discapacidad tiene derechos a exigir que se elimine o
suspenda cualquier trato discriminatorio que se de en razón de la circunstancia
especial de su condición de discapacidad para con ello garantizar la igualdad de esta
población. […]”.

30. Se refirió a las sentencias C-605 de 2012 y T-340 de 2010 y afirmó que:

“[…] la norma acusada viola el derecho a la igualdad, toda vez que con la misma
autoriza a dar un tratamiento discriminatorio y diferenciado a la población con sordera
severa o profunda al negarles la posibilidad de tramitar y obtener por primera vez, o
a refrendar, su licencia de conducción.

El Ministerio de Transporte, en ejercicio de la facultad regulatoria que le fue conferida,
elevó al nivel normativo consideraciones discriminatorias en contra de la población
con sordera severa o profunda pues a pesar de que se ha evidenciado que con las
medidas adicionales consistentes en adecuar el vehículo de transporte con cierto
aditamentos que mejoren la visibilidad del mismo, la entidad considera que solo
aquellas personas con ciertos niveles de audición pueden obtener una licencia de
conducción, sin aducir cuáles son las justificaciones técnicas por las cuales tomó
dicha postura. […]”.

iv) “[…] CARGO CUARTO: Desconocimiento del derecho a la libertad.
Violación del artículo 24 de la Constitución Política. […]” (negrilla del
texto)

31. Aludió a la sentencia C-885 de 2010 proferida por la Corte Constitucional, para
afirmar que las limitaciones al derecho a la libre locomoción son viables si atienden
a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad y, en el caso de la
regulación demandada, está “[…] basada en una consideración discriminatoria
como antes se señaló, razón por la cual no puede encontrar ningún asidero jurídico
en el cual apoyarse. […]”.

v) “[…] CARGO QUINTO: Violación del derecho al trabajo, consagrado
en los artículos 25 de la Constitución Política […]” (negrilla del texto)

32. Citó el artículo 25 de la Carta Política y la sentencia C-066 de 2013 y mencionó
que la norma demandada vulnera el derecho al trabajo puesto que impide que las
personas en condición de discapacidad, diagnosticadas con sordera severa o
profunda, “[…] hallen en la posibilidad de conducir un vehículo particular, un medio
de sustento y trabajo digno y justo y con eso, que no se les permita decidir de
manera efectiva la manera como desarrollan su estilo de vida. […]”.

9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

I.2. Trámite de la demanda

33. A través de auto de 26 de septiembre de 2017 13, se admitió la demanda y, en
consecuencia, i) se ordenó notificar la providencia por estado a la parte actora y
personalmente a la demandada, al agente del Ministerio Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado; ii) se corrió traslado de la demanda, por
el término de treinta (30) días, para los efectos previstos en el artículo 172 de la Ley
1437; y iii) se advirtió a la demandada que durante el término de traslado debería
allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes del acto
administrativo demandado, conforme el artículo 175 de la Ley 1437.

I.3. La contestación de la demanda14

34. El Ministerio de Transporte contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos.

35. Como razón de defensa expuso, luego de referirse a los hechos de la demanda,
que mediante la Ley 769 se expidió el Código Nacional de Tránsito, cuyas normas
rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación, entre otros, de los
conductores, por las vías públicas o privadas abiertas al público, así como la
actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.

36. Apuntó que dentro de los principios rectores de este código se encuentra el de la
seguridad de los usuarios y resaltó que el artículo 21 de la citada norma, la persona
que padezca una limitación física parcial puede obtener la licencia de conducción,
cuando además de dar estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en el
Código para dicho efecto -artículo 18-, demuestre con un examen médico que se
encuentra habilitado para conducir con esa limitación.

37. Indicóque el artículo 19 de la Ley 769 estableció, como requisito para la
obtención de la licencia de conducción, el certificado de aptitud física y mental para
conducir, expedido por un médico debidamente registrado ante el “[…] Ministerio de
Salud […]”.

38. Mencionó que el artículo 18 de la Ley 769 le impuso al Ministerio de Transporte
la obligación de reglamentar el examen nacional de aptitud y conocimientos
específicos de conducción, cuya presentación y aprobación es requisito para la
expedición o refrendación de la licencia de conducción.

39. Subrayó que:

“[…] fue el propio legislador el que determinó que la persona que padezca una
discapacidad física puede obtener la licencia de conducción, siempre que utilice los
instrumentos ortopédicos formulados por el especialista que le capaciten para el

13
Cfr. Fol. 264, cuaderno principal núm. 2.
14
Cfr. Fol. 273-283, cuaderno principal núm. 2.

10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

ejercicio de la conducción, es decir, aquellos mecanismos que le permitan corregir la
disminución de la agudeza auditiva logrando los rangos mínimos establecidos para
garantizar el desarrollo de la actividad de conducción en condiciones de seguridad
personal y colectiva.

De igual forma, el legislador determinó la viabilidad de otorgar licencia de conducción
a las personas que presenten discapacidad física, haciéndola extensiva para manejar
vehículos de servicio público, pero únicamente de servicio individual, con lo cual
quedó restringida la posibilidad no solo de que el Ministerio de Transporte a través de
acto administrativo excluya a determinadas personas con discapacidad auditiva del
uso de las ayudas auditivas que le sean formuladas por el especialista, sino que
adicionalmente estableció una restricción frente al tipo de vehículos de transporte
público que se habilita que dichas personas puedan operar.

Es necesario resaltar que el acto de la conducción requiere unas capacidades físicas
y mentales mínimas que deben ser cumplidas por los conductores; las cuales deben
ser objeto de verificación y certificación por parte de los Centros de Reconocimiento
de Conductores, dichas condiciones no pueden ser siempre reemplazadas por el uso
de otros elementos y/o adaptaciones en el vehículo, teniendo en cuenta la interacción
que debe tener la persona con el medio en el que conduce, lo cual hace necesario el
uso de todos los sentidos para alertar sobre los diferentes peligros señales que se
presenten en desarrollo de la actividad. […]”.

40. Puso de presente que el ejercicio de ciertas actividades, por el riesgo social que
implican, requieren del establecimiento de ciertos requisitos para su
implementación, máxime cuando se está frente a una actividad que esta jurisdicción
ha considerado como peligrosa, sin que esto conlleve automáticamente a una
discriminación entre grupos poblacionales puesto que la realización del examen
para acreditar la aptitud física, responde a la necesidad social de contar con una
certificación de un profesional médico que acredite el cumplimiento de las
condiciones mínimas para el desarrollo de esa actividad peligrosa.

41. Adujo que la libertad de locomoción tenía límites y para el efecto citó la sentencia
SU-257 de 1997, proferida por la Corte Constitucional e hizo hincapié en que el
legislador estableció requisitos para obtener la licencia de conducción entre los que
se encuentra el previsto en el numeral 4. del artículo 19 de la Ley 769 consistente
en el certificado de aptitud física y mental para conducir expedido por un médico
debidamente registrado por el “[…] Ministerio de Salud […]”.

42. Anotó que el Ministerio de Transporte, en ejercicio de su potestad reglamentaria,
debe tener en cuenta los requisitos fijados por el legislador:

“[…] y determinar los rangos mínimos que se deben acreditar para la expedición de
las licencias de conducción, sin que ello implique un modo alguno vulneración a
derechos fundamentales como la no discriminación, la igualdad o la libertad de
locomoción, por cuanto lo que se busca es conciliar con otros derechos, como el
derecho fundamental a la vida y la integridad personal o con los principios rectores de
todo el sistema. […]”.

43. Expuso que, en atención a que se ha considerado la conducción de vehículos
como una actividad peligrosa, el artículo 7.° de la Ley 769 dispuso que las
autoridades de tránsito velarían por la seguridad de las personas y las cosas en la

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vía pública y privadas abiertas al público y que sus funciones serían de carácter
regulatorio y sancionatorio y sus acciones debían ser orientadas a la prevención y
a la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

44. Advirtió que:

“[…] para garantizar el ejercicio de los diferentes derechos de los usuarios de las vías,
estos deben ser conciliados y armonizados con los de las personas que se encuentren
en algún estado de discapacidad, con lo cual el legislador estableció una serie de
requisitos para obtener la licencia de conducción, pues el desarrollo de dicha actividad
por personas no aptas generaría un peligro inminente para otros derechos
fundamentales de los demás usuarios de las vías.

Es decir, que la libertad en el ejercicio de ciertos derechos fundamentales tiene límites
cuando estos colisionan con el ejercicio de otros derechos fundamentales de mayor
importancia como la vida.

En este caso el derecho particular e individual debe ceder ante el interés general que
se busca proteger. Si bien es cierto a través de la imposición de requisitos y
limitaciones para la obtención de la licencia de conducción se puede estar
restringiendo el ejercicio de derechos fundamentales de un grupo determinado de la
población, dicha prohibición no se realiza de manera caprichosa o arbitraria, pues
ésta se sustenta, única y exclusivamente en aras de propender por la garantía de la
seguridad de las personas y por ende del goce efectivo del derecho a la vida y la
integridad personal de quienes desarrollan la actividad de conducción. […]”.

45. Aseveró que no era viable dejar a la discrecionalidad del profesional médico que
realice el examen de reconocimiento a los conductores determinar la agudeza
auditiva que se debe acreditar para el otorgamiento de la licencia de conducción,
pues se vulneraría el derecho a la igualdad al existir la posibilidad de que se emitan
conceptos distintos respecto de personas con el mismo grado de deficiencia
auditiva, razón por la cual era necesario que la autoridad de tránsito fijara los
parámetros mínimos y objetivos que deben ser acreditados por los aspirantes a
obtener la licencia de conducción y a los cuales deben ceñirse los profesionales
médicos.

46. Citó el artículo 19 de la Ley 769 y aseguró que, según la ley colombiana:

“[…] los requisitos para demostrar la aptitud física deben encontrarse dentro de los
rangos establecidos por el Ministerio de Transporte según los parámetros y límites
internacionales, entre otros: por las capacidades de visión y orientación auditiva, la
agudeza visual y campimetría, los cuales no son excluyentes entres sí, sino que
cualquier persona que desee obtener la licencia de conducción debe acreditar el
cumplimiento de cada uno de ellos, pues los mismos resultan ser necesarios en su
conjunto para poder acreditar las aptitudes mínimas que permitan desarrollar la
actividad de conducción.

Lo anterior significa que conforme con la normatividad actual, no serían de recibo los
argumentos expuestos por la parte demandante, debido a que fue el propio legislador
quien determinó que cada una de las condiciones debían ser acreditadas en los
rangos mínimos que estableciera el Ministerio de Transporte, con lo cual es viable
concluir que dichas condiciones deben ser acreditadas en forma independiente y que
la acreditación de una de ellas en condiciones óptimas no puede llegar a excluir la

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obligación que existe de acreditar las demás, pues se trata de parámetros que se
estimó resultaban necesarios que se acreditaran para el ejercicio de una actividad
catalogada de vieja data como peligrosa. […]”.

47. Apuntó que, a través del acto administrativo acusado, se reglamentó la Ley 769
y en dicho acto se estableció el procedimiento que debe surtirse ante el centro de
reconocimiento de conductores y en el cual se establece la realización de
valoraciones y entrevista médica para determinar si existe enfermedad o deficiencia
que suponga la incapacidad para conducir.

48. Explicó que, para el caso de la capacidad auditiva, se realiza una audiometría
para establecer los niveles de audición y su orientación auditiva, de acuerdo con los
parámetros fijados en la resolución demandada.

49. Manifestó que en caso de que exista duda en los resultados de los exámenes
frente a los factores evaluados o se haya evidenciado en la entrevista médica una
limitación para conducir, el profesional del área respectiva podrá solicitar al
aspirante que aporte pruebas adicionales que sirvan de apoyo al diagnóstico.

50. Mencionó que en el caso de que el aspirante a obtener la licencia de conducción
presente una discapacidad, este deberá demostrar que se encuentra habilitado para
conducir y si requiere de instrumentos ortopédicos para conducir, así debería estar
especificado en el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz y,
para el caso de limitaciones físicas progresivas se indicará en el certificado la
vigencia máxima que se recomienda otorgar la licencia de conducción.

51. Aseguró que:

“[…] Según lo establecido en el artículo 21 de la Ley 769 de 2002, una persona con
limitación física parcial, podrá obtener su licencia de conducción, demostrando estar
adiestrado y habilitado para el efecto, si no cumple con estas condiciones no podrá
obtener dicho documento y en consecuencia no podrá ejercer la actividad de la
conducción de vehículos. Así las cosas, es procedente concluir que quien padezca
de sordera profunda no podrá desarrollar la actividad de la conducción y por ende no
se le otorgará la licencia de conducción respectiva.

Para reglamentar el Código Nacional de Tránsito en lo relacionado con el Certificado
de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz, se contó con la colaboración y
participación de los diferentes actores entre ellos: Ministerio de la Protección Social,
Ministerio de Educación Nacional, médicos, fonoaudiólogos, Instituto Nacional de
Sordos -INSOR-, Instituto Nacional para Ciegos, Asociación Nacional de Sicólogos,
Colegio de Psicólogos y Universidades Santo Tomás y Católica de Colombia
Facultades de Psicología y el resultado de ello fue la Resolución 1555 de 2005, por
usted mencionada, en la cual se fijaron los parámetros mínimos, la utilización de
aparatos ortopédicos y las adaptaciones que deben realizarse al vehículos que
conducirá, cuando se trate de una hipoacusia severa, a los que deberá dar
cumplimiento el aspirante en comento.

Como quiera que las personas con discapacidad auditiva que obtienen el certificado
de aptitud física, mental y de coordinación motriz, en el cual se consigna
expresamente la respectiva restricción para conducir, documento que es expedido

13

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por el Centro de reconocimiento de Conductores elegido por el interesado, el cual
reporta dicha información directamente al Registro Nacional de Conductores y al
Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT, por expresa disposición legal, es
preciso concluir que la persona que no cumpla con el mínimo nivel de audición y que
además de los aparatos ortopédicos y adaptaciones del vehículo, no logre demostrar
que se encuentra adiestrada y habilitada para conducir, no podrá por ningún motivo
obtener su licencia de conducción utilizando los otros sentidos como usted lo
manifiesta en la demanda y por ende ejercer la actividad de la conducción,
considerada peligrosa y en la que se requiere de la utilización integral de los sentidos
del conductor.

En consecuencia no es de recibo que mediante una interpretación subjetiva de la
Resolución 217 de 2014, se le quiera dar un alcance diferente al requisito mismo y a
la norma que lo fundamenta, sobre la base de buscar su espíritu, cuando de su texto
literal se pretende acomodar una interpretación para la búsqueda de una nulidad que
no existe. […]”.

“[…] NO EXPEDICIÓN IRREGULAR DE LA
52. Formuló las excepciones de i)
RESOLUCION 00217 DE 2014, COMO CAUSAL DE NULIDAD CONTEMPLADA
EN EL ARTÍCULO 137 DEL CPACA […]”; ii) “[…] LEGALIDAD EN LA
EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCION No. 217 DEL 31 DE ENERO DE 2014 […]”; y
iii) “[…] EXCEPCION GENERICA, CUALQUIER OTRA QUE EN JUICIO SE
PROBARE […]”.

53. Indicó, en relación con las excepciones formuladas, que la Resolución núm. 217
de 2014 fue expedida por autoridad competente en ejercicio de sus funciones y
agotado el procedimiento para su expedición.

54. Manifestó, igualmente, que el acto administrativo demandado no desconoció las
normas enunciadas en la demanda y se encuentra debidamente motivada. Solicitó,
igualmente, que se declarara cualquier otra excepción que se encuentre probada.

I.4. Trámite del proceso

55. En auto de 14 de agosto de 201815 se negó la suspensión provisional del acto
administrativo demandado.

56. Mediante auto de 13 de junio de 201916 se fijó el día 9 de agosto de 2019, hora
8 a.m., para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 18017 de la
Ley 1437.

57. La audiencia inicial18 se llevó a cabo el mencionado día -9 de agosto de 2019- y
en desarrollo de esta se resolvió lo correspondiente a las excepciones formuladas
y se fijó el litigio, de la siguiente forma:

15
Cfr. Fol. 27-32, cuaderno de medidas cautelares.
16
Cfr. Fol. 287, cuaderno principal núm. 2.
17
Modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2025 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
18
Cfr. Fol. 296-308, cuaderno principal núm. 2.

14

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
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“[…] V. DECISIÓN DE EXCEPCIONES

(…)

DR. GIRALDO: Gracias señor Secretario. Procede entonces el Despacho a resolver
las excepciones tituladas “NO EXPEDICIÓN IRREGULAR DE A (sic) RESOLUCIÓN
No. 217 DEL 2014, COMO CAUSAL DE NULIDAD CONTEMPLADA EN EL
ARTÍCULO 137 DEL CPACA”, “LEGALIDAD EN LA EXPEDICIÓN DE LA
RESOLUCION No. 217 DEL 31 DE ENERO DE 2014” y “EXCEPCIÓN GENERICA,
CUALQUIER OTRA QUE EN JUICIO SE PROBARE” formuladas por el Ministerio de
Transporte, respecto de las cuales advierte que se trata de formulaciones que tienen
relación directa con la defensa de fondo sobre la pretensión de nulidad, de las que se
ocupará la Sala al momento de resolver el litigio en la sentencia.

(…)

VI. FIJACIÓN DEL LITIGIO

DR. GIRALDO: El Despacho observa que las partes concuerdan en el contenido y
alcance del acto que ha sido demandado y en la autoridad que lo expidió, así como
en la vigencia del mismo, por lo que no hay hechos relevantes en discusión. Desde
esta perspectiva, y teniendo en cuenta la demanda y su contestación, observa la Sala
Unitaria que deberá resolverse:

7.1. En relación con la infracción de normas superiores

7.1.1. La Sala deberá resolver, previo el estudio del cumplimiento de la carga
argumentativa que corresponde al actor, si el numeral 2 del anexo I de la Resolución
número 217 de 31 de enero de 2014, expedida por el Ministerio de Transporte, infringe
uno, varios o todas las siguientes disposiciones: artículos 13, 24 y 25 de la
Constitución Política, 18 y 19 de la Ley 769 de 2002, 31 de la Ley 982 de 2005, 3 y
21 de la Ley 1891 de 2010 y 21 de la Ley 1897 de 2010 y 5 y 14 de la Ley 1618 de
2013.

7.1.2. Si la respuesta al interrogante anterior es afirmativa, deberá la Sala
pronunciarse sobre la pretensión de nulidad.

7.1.3. Así mismo, la Sala deberá resolver, previo el estudio del cumplimiento de la
carga argumentativa que corresponde al actor, si el numeral 2 del anexo I de la
Resolución número 217 de 31 de enero de 2014, expedida por el Ministerio de
Transporte, infringe uno, varios o todas las siguientes disposiciones: (i) Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (ii) Protocolo de San
Salvador sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, (iii) La Convención de
la ONU sobre los derechos con discapacidad (sic), (iv) La Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra Personas con
Discapacidad.

7.1.4. Si la respuesta al interrogante anterior es afirmativa, deberá la Sala
pronunciarse sobre la pretensión de nulidad. […]” (negrilla y subrayado del texto).

58. En la citada diligencia judicial, se decretaron las pruebas del proceso, se
prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y de alegaciones y
juzgamiento y se concedió a las partes el término común de diez (10) días para
presentar alegatos de conclusión, término durante el cual agente del Ministerio
Público podría rendir su concepto.

15

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
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59. La parte accionada presentó alegatos de conclusión 19, en los cuales reiteró los
argumentos expuestos durante el proceso.

60. El agente del Ministerio Público presentó el concepto núm. 0041 de 26 de agosto
de 2019, en el cual solicitó declarar la legalidad de la Resolución núm. 217 de 2014,
en el cual estimó, frente al problema jurídico, lo siguiente:

“[…] esta agencia del Ministerio Público bajo el entendido que la conducción es una
actividad peligrosa, y por tanto conlleva un riesgo implícito que tiene la potencialidad
de causar daño, requiere de las condiciones físicas, mentales y emocionales para ser
desplegada, por lo cual, contrario a lo que se asevera en la demanda, sí existe
razonabilidad, proporcionalidad y justificación en que las licencias de conducción se
rechacen a quienes no logren demostrar que su limitación auditiva no es una
condición que ponga en riesgo su vida y la de otros. Razón por la cual se justifica que
la exigencia de los mínimos auditivos que fueron fijados en un acto diverso al
acusado, como antes se explicó, en donde la hipoacusia severa en primer grado con
una limitación de audición hasta de 80 decibeles impide que la licencia se expida.

2.3. Respuesta a los interrogantes planteados en el problema jurídico

Lo expuesto en el acápite anterior, permite a esta agencia del Ministerio Público
señalar que la norma acusada no vulnera los derechos a la igualdad, trabajo y libre
locomoción, en tanto se encuentra ajustada a derecho la limitación impuesta a
quienes sufren de hipoacusia auditiva severa grado 2 o no tiene ninguna facultad
auditiva, en protección de su propia vida y la de terceros dado el riesgo que lleva
implícito la actividad de conducción. De tal manera que la disposición se entiende
como justa, razonable y proporcional.

En cuanto a la violación de los artículos 18 y 19 de la Ley 769 de 2002 -Código
Nacional de Tránsito Terrestre-, no encuentra esta Delegada infracción a la norma
superior, normativa que, por demás, dispone la competencia y el deber del Ministerio
de Transporte para reglamentar lo concerniente al certificado de aptitud física, mental
y de coordinación motriz para conducir. […]”.

61. La parte accionante presentó alegatos de conclusión, en los cuales solicitó que
se accediera a las pretensiones de la demanda, en la siguiente forma:

61.1. Indicó que el acto administrativo demandado desconocía los artículos 13, 24 y
25 de la Carta Política.

61.2. Aseguró que el acto administrativo demandado trasgredió la igualdad material
y la prohibición de discriminación, tal como se había expuesto en la demanda, toda
vez que declaró incapaces para conducir a un grupo de ciudadanos por su condición
de discapacidad.

61.3. Aseveró que el Ministerio de Transporte incorporó, a nivel normativo,
consideraciones discriminatorias en contra de la población con hipoacusia severa o
profunda, estableciendo que solo aquellas personas con ciertos niveles de audición
pueden obtener una licencia de conducción, sin aducir cuales son las justificaciones
técnicas por las cuales adoptó tal postura.

19
Cfr. Fol. 310-318, cuaderno principal núm. 2.

16

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
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61.4. Mencionó que el Ministerio de Transporte, para garantizar el derecho a la
igualdad, ha debido incluir en los parámetros establecidos en la Resolución núm.
217 de 2014:

“[…] mecanismos especiales que permitan demostrar la capacidad de conducción a
las personas con hipoacusia severa (cuyas ayudas auditivas contempladas en la
resolución no resultan ser suficientes) y a las personas que presentan hipoacusia
profunda; razón por la que la norma acusada genera una violación al derecho a la
igualdad, toda vez que se evidencia que la misma significa una exclusión injustificada
a la población con hipoacusia severa o profunda del goce de un derecho. […]”.

61.5. Manifestó que el acto administrativo demandado limita a las personas que
presentan hipoacusia severa y les niega de plano el derecho a las personas con
hipoacusia profunda el ejercicio su libertad de locomoción, toda vez que, al no
poderse valer por sí mismas para conducir un vehículo, se verán condicionadas a
depender de otras personas y medios de transporte para movilizarse libremente por
el territorio nacional, carga que no tiene que asumir el resto de la población.

61.6. Señaló que la disposición demandada no permite que las personas en condición
de discapacidad, por haber sido diagnosticadas con hipoacusia severa o profunda,
puedan elegir, como actividad para obtener su sustento, la conducción de vehículos
y, adicionalmente, establece un límite injustificado para que las personas en
condición de hipoacusia puedan desplazarse a sus lugares de trabajo.

61.7. Expuso que el acto administrativo demandado desconoce los artículos 18, 19 y
21 de la Ley 769, si se tiene en cuenta que los parámetros y límites internacionales
sobre la materia sostienen que las personas en condición de discapacidad
diagnosticados con sordera severa y profunda pueden ser titulares de una licencia
de conducción con la sencilla exigencia de que se adopten modificaciones menores
en los vehículos, en procura de la seguridad vial.

61.8. Indicó que, por medio del acto administrativo demandado, se adoptaron unos
parámetros para otorgar la licencia de conducción a las personas en condición de
discapacidad, no obstante, no estuvieron acorde con los parámetros y límites
internacionales establecidos por la Ley 769.

61.9. Alegó que, si no fueron suficientes los parámetros y límites internacionales
recopilados como anexos a la demanda, se debe tener en cuenta el Ministerio de
Transporte no estableció con base en qué estándares internacionales profirió la
Resolución núm. 217 de 2014.

61.10. Puso de presente que el acto administrativo demandado desconoció los
artículos 5 y 14 de la Ley 1618, puesto que condena a las personas con hipoacusia
severa e hipoacusia profunda a no poder acceder a una licencia de conducción,
pese a que se trata de población objeto de especial protección por parte del Estado

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Colombiano, que debe velar por la eliminación de barreras que impidan el ejercicio
de sus derechos.

61.11. Estimó que el acto administrativo demandado trasgredió el artículo 31 de la
Ley 982 puesto que no demostró, fehacientemente, que la escucha es
imprescindible para la actividad de conducción, negando injustificadamente el
acceso a una licencia.

61.12. Advirtió,
igualmente, que la Resolución núm. 217 de 2014 presenta una
contradicción puesto que, si bien en su artículo 23 se expandió el margen de acción
para que las personas en condición de discapacidad puedan obtener o refrendar la
licencia de conducción, en el numeral 2. del anexo I se proponen:

“[…] límites injustificados y descontextualizados al ejercicio de la actividad de
conducción a ciertas personas, por considerar que las personas con hipoacusia
severa solamente podrán obtener o refrendar su licencia de conducción si cuenta con
“ayuda auditiva y adaptaciones” ignorando de plano, aquellos escenarios en los
cuales las ayudas no resultan ser útiles para recuperar la audición y en similar sentido
omite regular el caso de las personas que presentan hipoacusia profunda, generando
como resultado que no puedan ser titulares de una licencia de conducción. […]”.

61.13. Mencionó que los instrumentos internacionales incluidos en el texto de la
demanda daban desarrollo a garantías fundamentales como el derecho a la
igualdad, la libertad de locomoción y el derecho al trabajo y estimó que el Ministerio
de Transporte, al expedir la reglamentación demandada, había desconocido los
artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y
Culturales; 7.° del Protocolo de San Salvador; 4.° de la Convención de la
Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad; y 3.° de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra Personas con Discapacidad.

62. En auto de 17 de febrero de 202520 se decretó, como prueba de oficio:

“[…] PRIMERO: ORDENAR al Ministerio de Transporte que, dentro de los tres (3)
días siguientes a la notificación de esta providencia, remita copia de los antecedentes
administrativos de la Resolución no. 0012336 de 28 de diciembre de 2012, “Por la
cual se unifica la normatividad se establecen las condiciones de habilitación y
funcionamiento de los Centros de Reconocimiento de Conductores y se dictan otras
disposiciones”.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera que, una vez sea
cumplido lo anterior, corra el traslado respectivo a las partes. […]”.

63. El Ministerio de Transporte, en comunicación de 24 de febrero de 2025 21, dio
respuesta a lo ordenado en el auto de 17 de febrero de 2025. De los documentos

20
Cfr. Índice 56, SAMAI.
21
Cfr. Índices 60 y 61, SAMAI.

18

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
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allegados se corrió el traslado dispuesto en la providencia 22, sin que conste
manifestación alguna.

64. En auto de 17 de julio de 202523, se ordenó, en la medida en que la ponencia
registrada para la Sala24 no obtuvo la mayoría necesaria, se remitiera el expediente
al despacho del consejero de Estado que seguía en turno.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

65. Esta sala de decisión, para desatar la presente controversia, abordará: i) la
competencia; ii) el acto administrativo demandado; iii) el problema jurídico; y, iv) el
caso concreto.

II.1. La competencia

66. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única
instancia, de los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos por
autoridades del orden nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237
de la Constitución Política, en el artículo 3625 de la Ley 270 de 7 de marzo de 199626,
en el numeral 1. del artículo 149 de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80
de 12 de marzo de 201927.

67. Agotados los procedimientos inherentes al medio de control de nulidad, sin que
se observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a
decidir el presente asunto.

II.2. El acto administrativo demandado

68. El acto administrativo demandado corresponde a los siguientes apartes del
numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de 31 de enero de 2014, “[…] “Por
la cual reglamenta la expedición de los certificados de aptitud física, mental y de
coordinación motriz para la conducción de vehículos y se dictan otras disposiciones”
[…]”, cuyo contenido es el siguiente:

“[…] LA MINISTRA DE TRANSPORTE

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 19
de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 5 de la Ley 1383 de 2010, el artículo
3 de la Ley 1397 de 2010, y el artículo 196 del Decreto Nacional número 019 de 2012
y los numerales 6.1. y 6.2. del artículo 6 del Decreto 087 de 2011.

22
Cfr. Índice 64, SAMAI.
23
Cfr. Índice 70, SAMAI.
24
Cfr. Índice 67, SAMAI.
25
Modificada por el artículo 15 de la Ley 2430 de 9 de octubre de 2024, “[…] Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 -
Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones. […]”.
26
“[…] ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA […]”
27
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”. Modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “[…] Por
medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.

19

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CONSIDERANDO

Que los artículos 196 y 197 del Decreto 019 de 2012, señalan:

(…)

Que mediante la Resolución 0012336 de diciembre 28 de 2012, modificada por la
Resolución 3328 de agosto 23 de 2013, se unificó la normatividad, se establecieron
las condiciones de habilitación y funcionamiento de los Centros de Reconocimiento
de Conductores y se dictaron otras disposiciones.

Que el Ministerio de Transporte para mejorar la prestación del servicio de los centros
de reconocimiento de Conductores (sic) y facilitar el proceso de renovación de
Licencias de Conducción considera necesario ajustar la reglamentación para la
expedición de los certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para
la conducción de vehículos y dejar sin efecto la reglamentación existente.

Que el contenido del proyecto de la presente resolución fue publicado en la página
web del Ministerio de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el literal 8
(sic) del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, desde el día 22 al 26 de enero 2014, con
el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Recibidos los
comentarios fueron evaluados, atendidos y los pertinentes fueron incorporados en el
contenido de la presente versión.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 1°- Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto
reglamentar la expedición de los certificados de aptitud física, mental y de
coordinación motriz para la conducción de vehículos, emitidos por los Centros de
Reconocimiento de Conductores habilitados por el Ministerio de Transporte.

El Viceministerio de Transporte del Ministerio de Transporte expedirá el acto
administrativo mediante el cual se establezcan las condiciones y requisitos para que
las instituciones prestadoras de salud realicen los exámenes para la expedición del
Certificado de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz, así como los
protocolos para la conexión con el Sistema RUNT.

(…)

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 29°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga
las resoluciones 12336 de 2012 y 3328 de 2013, con excepción de los anexos, los
cuales se integran al presente acto administrativo.

(…)

ANEXO I

“Rangos de Evaluación de los Aptitudes Físicas, Mentales y de Coordinación Motriz
requeridos para obtener por primera vez, recategorizar y/o refrendar la licencia de
conducción”.

20

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Enfermedades y deficiencias que serán causa de denegación o de adaptaciones,
restricciones de circulación y otras limitaciones para obtener por primera vez,
recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción.

(…)

2. CAPACIDAD AUDITIVA

Cuando para alcanzar la agudeza mínima requerida que se indica en el apartado 2.1.
sea necesaria la utilización de audífono, deberá expresarse la obligación de su uso
durante la conducción.

Exploración Criterios de aptitud para obtener, Adaptaciones, restricciones y otras
(1) recategorizar y/o refrendar la licencia de limitaciones a las personas, los
conducción vehículos o de circulación a tener en
cuenta en las licencias de conducción
sujetas a condiciones restrictivas
Grupo 1 (2) Grupo (2) Grupo 1 (4) Grupo 2 (5)
2.1. Agudeza La evaluación La evaluación No se admiten
auditiva auditiva debe auditiva debe
realizarse en medio realizarse en medio
sonoamortizado sonoamortizado
con un rango con un rango
frecuencial entre frecuencial entre
250 y 8000 Hz 250 y 8000 Hz.

La audición debe La audición debe
ser normal, 0-20 dB ser normal, 0-20 dB
25-40 dB 25-40 dB Requiere Requiere
Hipoacusia leve, Hipoacusia leve, exámenes de exámenes de
apto con apto con restricción control anuales control anuales
restricción
45-60 dB 45-60 dB Requiere ayuda Requiere ayuda
Hipoacusia Hipoacusia auditiva auditiva
moderada moderada (audífono) y (audífono) y
(requiere ayuda (requiere ayuda control auditivo control auditivo
auditiva) auditiva) semestral semestral
65-80 dB 65-80 dB Requiere ayuda Requiere ayuda
Hipoacusia Hipoacusia severa auditiva auditiva tipo
severa (requiere (requiere ayuda (audífono) y audífono, y
ayuda auditiva y auditiva y también ayuda también ayuda
adaptaciones) adaptaciones) visual con visual con
modificaciones en modificaciones en
los espejos los espejos
laterales y el laterales y el
retrovisor retrovisor
panorámico. panorámico,
Control auditivo control auditivo
anual semestral.

[…]” (negrilla y subrayado fuera del texto).

II.3. El problema jurídico

69. El problema jurídico que se debe resolver en presente proceso, fue expuesto en
la audiencia inicial de 9 de agosto de 2019, en la siguiente forma:

“[…] Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta la demanda y su contestación,
observa la Sala Unitaria que deberá resolverse:

7.1. En relación con la infracción de normas superiores

21

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

7.1.1. La Sala deberá resolver, previo el estudio del cumplimiento de la carga
argumentativa que corresponde al actor, si el numeral 2 del anexo I de la Resolución
número 217 de 31 de enero de 2014, expedida por el Ministerio de Transporte, infringe
uno, varios o todas las siguientes disposiciones: artículos 13, 24 y 25 de la
Constitución Política, 18 y 19 de la Ley 769 de 2002, 31 de la Ley 982 de 2005, 3 y
21 de la Ley 1891 de 2010 y 21 de la Ley 1897 de 2010 y 5 y 14 de la Ley 1618 de
2013.

7.1.2. Si la respuesta al interrogante anterior es afirmativa, deberá la Sala
pronunciarse sobre la pretensión de nulidad.

7.1.3. Así mismo, la Sala deberá resolver, previo el estudio del cumplimiento de la
carga argumentativa que corresponde al actor, si el numeral 2 del anexo I de la
Resolución número 217 de 31 de enero de 2014, expedida por el Ministerio de
Transporte, infringe uno, varios o todas las siguientes disposiciones: (i) Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (ii) Protocolo de San
Salvador sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, (iii) La Convención de
la ONU sobre los derechos con discapacidad (sic), (iv) La Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra Personas con
Discapacidad.

7.1.4. Si la respuesta al interrogante anterior es afirmativa, deberá la Sala
pronunciarse sobre la pretensión de nulidad. […]”.

70. Se debe precisar que, de acuerdo con los cargos formulados por la parte
demandante, el aparte normativo controvertido del numeral 2. del anexo I de la
Resolución núm. 217 de 2014 es el relativo a la hipoacusia severa y, además, se
cuestiona que no se haya mencionado, para efectos de la obtención,
recategorización y refrendación de la licencia de conducción, la hipoacusia
profunda.

II.4. El caso concreto

II.4.1. El numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de 2014 trasgredió
normas de orden internacional.

71. En la audiencia inicial se fijó el litigio y se indicó que, teniendo en cuenta la
demanda y su contestación, en el presente proceso, se debería resolver:

“[…] 7.1. En relación con la infracción de normas superiores:

(…)

7.1.3. Así mismo, la Sala deberá resolver, previo el estudio del cumplimiento de la
carga argumentativa que corresponde al actor, si el numeral 2 del anexo I de la
Resolución número 217 de 31 de enero de 2014, expedida por el Ministerio de
Transporte, infringe uno, varios o todas las siguientes disposiciones: (i) Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (ii) Protocolo de San
Salvador sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, (iii) La Convención de
la ONU sobre los derechos con discapacidad, (iv) La Convención Interamericana para
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra Personas con
Discapacidad.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

7.1.4. Si la respuesta al interrogante anterior es afirmativa, deberá la Sala
pronunciarse sobre la pretensión de nulidad. […]”.

72. La parte demandante, en el cargo segundo de la demanda, aseveró que el
numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de 2014 había trasgredido los
citados instrumentos internacionales, en la siguiente forma:

“[…] SEGUNDO CARGO. Violación de los artículos 5 y 14 de la Ley 1618 de 2013;
artículo 31 Ley 982 de 2005; Art. 13 de la Constitución; Tratados que integran el
bloque de constitucionalidad: El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; El Protocolo de San Salvador sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. 28 Desconocimiento de los derechos de la
población en situación de discapacidad.

(…)

Por su parte, la protección especial de los derechos de la población discapacidad se
encuentra también regulada en el ámbito del derecho internacional en los siguientes
instrumentos internacionales ratificados e incorporados por el Estado Colombiano:

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
 El Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
 La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
 La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra Personas con Discapacidad.

El artículo 4° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que: “Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas
con discapacidad sin discriminación por motivos de discapacidad”. […].

73. Se evidencia que la parte accionante, luego de listar los instrumentos
internacionales que estimó desconocidos, citó el artículo 4. ° de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin exponer los argumentos por
los cuales la disposición demandada desconocía esos tratados internacionales.

74. El numeral 4. del artículo 162 de la Ley 1437 señala que:

“[…] ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá
dirigirse a quien sea competente y contendrá:

(…)

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la
impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y
explicarse el concepto de su violación. […]”

28
Instrumentos incluidos en sentencias: T-568-99 MP: Carlos Gaviria Díaz, C-551-03 MP: Eduardo Montealegre Lynett, T-
642-04 MP: Rodrigo Uprimny Yepes, T-666-04, T-697-04 MP: Rodrigo Uprimny Yepes y T-827-04 MP: Rodrigo Uprimny
Yepes.

23

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

75. Esta Sección, en sentencia de 12 de septiembre de 201929, destacó que:

“[…] Lo primero que valga precisar es que el actor citó como transgredidos los
artículos 13, 48, 49 y 121 Superiores; sin embargo, respecto de los artículos 13 y 21
no sustentó las razones por las cuales resultan vulnerados, por lo que frente a éstos
no es posible hacer ningún juicio de legalidad.

Igualmente, aludió como normas legales infringidas los artículos 2, 9, 153, 156, 172,
177, 178 y 218 de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993 30; no obstante, salvo lo
previsto en los artículos 2 y 153, se limitó a enlistarlos sin explicar el motivo de
violación, lo que releva a la Sala de hacer ningún análisis frente a éstos.

La misma situación ocurre con lo señalado por el artículo 14 de la Ley 1122 del 8 de
enero de 200731 y el Decreto 519 del 5 de marzo de 200332,33 que nada tienen que
ver con la materia.

En ese sentido, toda vez que no fueron explicadas las razones de la vulneración
invocada frente a las citadas disposiciones ni se cumplen los requisitos de claridad,
certeza, especificidad y pertinencia, exigencia que está contenida en el artículo 137
del C.C.A., según el cual “cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo
deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación” (se
destaca), no le corresponde a la Sala hacer análisis alguno de aquellas. […]”
(Subrayado del texto).

76. La demanda no cumplió con el requisito consistente en explicar el concepto de
violación de los tratados internacionales listados, de tal forma que no es posible
realizar el juicio de legalidad del numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217
de 2014 en relación con estos.

II.4.2. El numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de 2014 se expidió
con infracción de las normas en que debió fundarse.

77. En la audiencia inicial se fijó el litigio y se indicó que, teniendo en cuenta la
demanda y su contestación, en el presente proceso, se debería resolver:

“[…] 7.1. En relación con la infracción de normas superiores:

7.1.1. La Sala deberá resolver, previo el estudio del cumplimiento de la carga
argumentativa que corresponde al actor, si el numeral 2 del anexo I de la Resolución
número 217 de 31 de enero de 2014, expedida por el Ministerio de Transporte, infringe
uno, varios o todas las siguientes disposiciones: artículos 13, 24 y 25 de la
Constitución Política, 18 y 19 de la Ley 769 de 2002, 31 de la Ley 982 de 2005, 3 y
21 de la Ley 1891 de 2010 y 21 de la Ley 1897 de 2010 y 5 y 14 de la Ley 1618 de
2013.

7.1.2. Si la respuesta al interrogante anterior es afirmativa, deberá la Sala
pronunciarse sobre la pretensión de nulidad. […]”

29
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo
López. Sentencia de 12 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2011-00136-00.
30
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”
31
“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones.”
32
“Por el cual se suprimen, se transforman y se crean unas consejerías y programas presidenciales”.
33
Derogado por el artículo 25 del Decreto 3445 del 17 de septiembre de 2010, “Por el cual se crean unas Altas Consejerías
en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.

24

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

78. Laparte demandante formuló cinco (5) cargos en la demanda, que fueron
agrupados en la fijación del litigio, los cuales serán abordados en la forma en que
fueron expuestos en la demanda.

i) “[…] PRIMER CARGO. Contradicción con las normas de rango legal
inspiradas en mandatos constitucionales en las que debe fundarse
la norma demandada. Artículos 18 y 19 Ley 769 de 2002 y artículos 3
y 21 de la Ley 1891 de 2010 […]” (negrilla del texto)

79. La parte accionante indicó que, de acuerdo con los artículos 18, 19 y 21 de la
Ley 769, los ciudadanos que quieran obtener una licencia de conducción para
vehículos diferentes a los destinados al servicio público, deben obtener una
certificación de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedida por un
centro de reconocimiento de conductores habilitado por el Ministerio de Transporte,
como resultado de la aprobación del examen nacional de aptitud y conocimientos
específicos de conducción.

80. Anotó que la población en condición de discapacidad debe demostrar su aptitud
física, de conformidad con los parámetros y límites internacionales, para el
desarrollo de la actividad de conducción de vehículos particulares y que los criterios
y el procedimiento para expedir la certificación aludida fueron establecidos en la
Resolución núm. 217 de 2014, en particular en el anexo I.

81. Subrayó que una de las aptitudes físicas evaluadas, de acuerdo con el anexo I
de la Resolución núm. 217 de 2014, es la capacidad auditiva y puso de presente
que los parámetros para los niveles mínimos de audición establecidos en el numeral
2. del mencionado anexo de la Resolución núm. 217 de 2014, señalan cuál es la
capacidad auditiva para autorizar a una persona para conducir vehículos.

82. Aseveró que, de los parámetros contenidos en el numeral 2. del anexo I de la
Resolución núm. 217 de 2014, puede colegirse que la población diagnosticada con
hipoacusia severa que no pueda ser tratada mediante “[…] dispositivos
audiométricos (sic) […]” no podrá obtener o refrendar su licencia de conducción.

83. Subrayó que, asimismo, el numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de
2014 excluía a la población diagnosticada con hipoacusia profunda de ser titulares
de una licencia de conducción puesto que no está mencionada en la disposición,
con lo cual, por omisión, se les negó de plano el derecho a obtener o refrendar una
licencia de conducción.

84. Indicó que, a pesar del mandato legal establecido en el parágrafo 1. del artículo
19 de la Ley 769 que ordena que la aptitud física de las personas que solicitan una
licencia de conducción sea evaluada de conformidad con los parámetros y límites
internacionales, el Ministerio de Transporte no les comunicó, de manera oficial y con

25

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

el debido acervo probatorio cuáles son los estándares internacionales que empleó
para expedir la Resolución núm. 217 de 2014.

85. Apuntó que había constatado que los parámetros y límites internacionales sobre
la materia habrían sostenido que las personas en condición de discapacidad
diagnosticadas con sordera severa y profunda pueden ser titulares de una licencia
de conducción con la sencilla exigencia de que se adopten unas modificaciones
menores en los vehículos que conducirán en procura de la seguridad vial.

86. Aseveró que, en caso de no tenerse en cuenta los parámetros y límites
internacionales, el fallador debía tener presente que el Ministerio de Transporte
tampoco manifestó con base en qué estándares internacionales profirió la
Resolución núm. 217 de 2014, con lo cual podía sostenerse que la resolución
precitada no se encuentra motivada de la forma como el legislador lo estableció.

87. El contenido de las normas desconocidas, vigentes al momento de expedir la
Resolución núm. 217 de 2014, es el siguiente:

 Los artículos 18 y 19 de la Ley 769, modificados por los artículos 195 y 196
del Decreto 19 de 10 de enero de 201234:

“[…] ARTÍCULO 195. FACULTAD DEL TITULAR. El artículo 18 de la Ley 769 de 2002,
modificado por el artículo 2 de la Ley 1397 de 2010, quedará así:

"Artículo 18. Facultad del titular. La licencia de conducción habilitará a su titular para
conducir vehículos automotores de acuerdo con las categorías que para cada
modalidad establezca la reglamentación que adopte el Ministerio de Transporte,
estipulando claramente si se trata de un conductor de servicio público o particular."

ARTÍCULO 196. REQUISITOS DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN. El artículo 19 de
la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 5o de la Ley 1383 de 2010, modificado
por el artículo 3 de la Ley 1397 de 2010 quedará así:

"Artículo 19. Requisitos. Podrá obtener una licencia de conducción para vehículos
automotores, quien acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Para vehículos particulares:

a. Saber leer y escribir.

b. Tener dieciséis (16) años cumplidos.

c. Aprobar exámenes teórico y práctico de conducción para vehículos particulares,
ante las autoridades públicas o privadas que se encuentren debidamente habilitadas
para ello e inscritas ante el RUNT, de conformidad con la reglamentación que expida
el Ministerio de Transporte.

34
“[…] Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública. […]”.

26

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

d. Obtener un certificado de aptitud en conducción otorgado por un Centro de
Enseñanza Automovilística habilitado por el Ministerio de Transporte e inscrito ante el
RUNT.

e. Presentar certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para
conducir expedido por una Institución Prestadora de Salud o por un Centro de
Reconocimiento de Conductores, de conformidad con la reglamentación que expida
el Ministerio.

Para vehículos de servicio público:

Se exigirán los requisitos previstos en los numerales 1, 4 y 5 anteriormente señalados.
Adicionalmente, tener por lo menos dieciocho (18) años cumplidos y aprobar un
examen teórico y práctico de conducción referido a vehículos de transporte público
conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte.

Los conductores de servicio público deben recibir capacitación y obtener la
certificación en los temas que determine el Ministerio de Transporte.

PARÁGRAFO. Para obtener la licencia de conducción por primera vez, o la
recategorización, o la renovación de la misma, se debe demostrar ante las
autoridades de tránsito la aptitud física, mental y de coordinación motriz, valiéndose
para su valoración de los medios tecnológicos sistematizados y digitalizados
requeridos, que permitan medir y evaluar dentro de los rangos establecidos por el
Ministerio de Transporte según los parámetros y límites internacionales entre otros:
las capacidades de visión y orientación auditiva, la agudeza visual y campimetría, los
tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento, la capacidad de coordinación
entre la aceleración y el frenado, la coordinación integral motriz de la persona, la
discriminación de colores y la phoria horizontal y vertical.” […]”.

 El artículo 21 de la Ley 769 dispuso:

“[…] ARTÍCULO 21. LIMITADOS FÍSICOS. Quien padezca una limitación física
parcial podrá obtener la licencia de conducción si, además del cumplimiento de los
requisitos que en este Código se señalan, demuestra durante el examen indicado en
el parágrafo único del artículo 18, que se encuentra habilitado y adiestrado para
conducir con dicha limitación.

Cuando se requiera el empleo de instrumentos ortopédicos y el vehículo esté provisto
de mecanismos u otros medios auxiliares que previa demostración y constatación le
capaciten para el ejercicio de la conducción, bajo su propia responsabilidad, también
podrá obtener la licencia para manejar vehículos de servicio público, pero únicamente
de servicio individual. […]”.

88. El artículo 19 de la Ley 769, modificado por el artículo 196 del Decreto 19 de
2012, vigente para el momento en que fue expedida la Resolución núm. 217 de
2014, reguló los requisitos para obtener la licencia de conducción de vehículos
automotores.

89. Dentro de los requisitos señalados por la norma se encuentra la presentación de
un certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir
expedido por una institución prestadora de salud o por un centro de reconocimiento
de conductores, de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de
Transporte.

27

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

90. Del parágrafo del citado artículo se colige que:

90.1. Para obtener la licencia de conducción de vehículos por primera vez y para su
recategorización o renovación es necesario demostrar, ante las autoridades de
tránsito, la aptitud física, mental y de coordinación motriz.

90.2. Entre las aptitudes que se deben evaluar se encuentran las capacidades de
visión y orientación auditiva, la agudeza visual y campimetría, los tiempos de
reacción y recuperación al encandilamiento, la capacidad de coordinación entre la
aceleración y el frenado, la coordinación integral motriz de la persona, la
discriminación de colores y la phoria horizontal y vertical.

90.3. Se emplearían los medios tecnológicos sistematizados y digitalizados
requeridos para la medición y evaluación de las citadas aptitudes, dentro de los
rangos establecidos por el Ministerio de Transporte según los parámetros y límites
internacionales.

91. Le correspondía al Ministerio de Transporte fijar los rangos para la medición y
evaluación de las aptitudes indicadas en la norma, siguiendo para el efecto los
parámetros y límites internacionales.

92. La Resolución núm. 217 de 2014, en consonancia con lo dispuesto en la ley, se
refirió, entre otras materias, al procedimiento y expedición del certificado de aptitud
física, mental y de coordinación motriz y mencionó las aptitudes que debe ser
evaluadas y las pruebas que deben realizarse, en la siguiente forma:

“[…] ARTÍCULO 17. EVALUACIÓN DEL CANDIDATO. Agotado el procedimiento de
identificación, los profesionales de la salud, valorarán:

1. Capacidades de visión y orientación auditiva,

2. La agudeza visual y campimetría,

3. Los tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento,

4. La capacidad de coordinación entre la aceleración y el frenado,

5. La coordinación integral motriz de la persona,

6. La discriminación de colores y la phoria horizontal y vertical.

Una vez finalizado el examen de Aptitud Física y de Coordinación Motriz, el candidato
deberá registrar nuevamente la huella para la autenticación, validación y cargue del
examen en el sistema RUNT.

ARTÍCULO 18. PRUEBAS. Los profesionales de cada área deberán realizar las
siguientes pruebas, para la expedición del certificado.

1. Capacidad mental y de coordinación motriz. Se deberá realizar pruebas de:

28

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

a) Capacidad mental. Capacidad que tiene el aspirante de responder a un estímulo
como resultado de un proceso cerebral producto del aprendizaje, de forma que se
encuentre en condiciones de relacionarse con su entorno, mantener el sentido de la
realidad, de la orientación temporo-espacial, de la comprensión y discernimiento para
la construcción de pensamiento lógico; y

b) Coordinación integral motriz. Destreza del candidato para ejecutar acciones
precisas y rápidas utilizando la visión, la audición y los miembros superiores y/o
inferiores en forma simultánea. Incluye la coordinación manual, bimanual y la
coordinación entre la aceleración y el frenado.

2. Capacidad de visión. Se evaluarán las condiciones mínimas de visión del individuo
para conducir un vehículo automotor de manera segura.

3. Capacidad auditiva. Se determinarán los niveles mínimos de audición que tiene la
persona en cada uno de los oídos y su orientación auditiva.

4. Capacidad física general. Una vez efectuadas las pruebas anteriores, el candidato
deberá someterse a una evaluación de medicina general, en la que además de las
pruebas físicas generales, el profesional de la salud indagará al solicitante, ayudado
con una entrevista estructurada, sobre su historial médico o diagnóstico clínico.

ARTÍCULO 19. REPETICIÓN. Cuando se presenten dudas en algunos de los factores
evaluados durante la entrevista médica, el profesional de la salud del área respectiva
podrá solicitar la repetición de cualquiera de las pruebas.

ARTÍCULO 20. INFORME DE LA EVALUACIÓN. Los Centros de Reconocimiento de
Conductores, conservará en medio físico o magnético los resultados, parciales y
consolidados de las exploraciones y valoraciones efectuadas para medir la capacidad
de visión, capacidad auditiva, capacidad mental y de coordinación motriz y capacidad
física general.

Estos resultados, parciales y totales, al igual que la entrevista de antecedentes
referidos al historial médico o diagnóstico clínico del examinado, se diligenciarán en
medio físico, magnético o digital en el formato “Informe de Evaluación Física, Mental
y de Coordinación Motriz”, el cual se deberá ajustar a lo determinado en el Anexo 1
de la presente resolución.

ARTÍCULO 21. LIMITACIONES. En caso de que los médicos evaluadores detecten
durante la valoración que el candidato posee limitaciones que le impiden conducir, se
abstendrán de expedir el certificado e ingresarán en el sistema la razón del rechazo.

PARÁGRAFO. El uso de los elementos que permitan superar la limitación, deberán
ser descritos en el certificado.

(…)

ARTÍCULO 23. PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD. Cuando se
trate de un candidato en condiciones de discapacidad, este deberá demostrar durante
las evaluaciones hechas por los profesionales, que se encuentra capacitado para
conducir con dicha limitación.

La Institución o Entidad autorizada por el Ministerio de Transporte para prestar los
servicios como Centro de Reconocimiento de Conductores, deberá asegurarse que
el candidato realice las pruebas médicas con los instrumentos ortopédicos o ayudas
mecánicas necesarias, de acuerdo a la discapacidad que presente y el Certificado de

29

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz, especificará el empleo de estos
instrumentos, cuando sean requeridos.

PARÁGRAFO. Para limitaciones físicas progresivas, el profesional de la salud deberá
especificar en su informe y en el Certificado de Aptitud Física, Mental y de
Coordinación Motriz, la vigencia máxima de la licencia de conducción, a partir de la
cual el interesado deberá someterse a la práctica de una nueva evaluación de aptitud.
Esta validación se realizará dentro de los cuatro meses siguientes a la expedición de
la presente resolución, momento en el cual se desplegará en el sistema RUNT el
ajuste en la funcionalidad. […]”.

93. El artículo 29 de la Resolución núm. 217 de 2014, al referirse a la entrada en
vigor del acto administrativo, indicó que regiría a partir de su publicación y derogaría
las Resoluciones números 12336 de 28 de diciembre de 201235 y 3328 de 23 de
agosto de 201336, con excepción de los anexos, los cuales se integraron a la citada
resolución.

94. El numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de 2014, se refirió a la
capacidad auditiva y estableció los criterios de aptitud para obtener, recategorizar y
refrendar la licencia de conducción para los grupos37 1 y 2.

95. En relación con la agudeza auditiva, el anexo se refirió a la audición normal
[pérdida entre 0-20dB], a la hipoacusia leve [pérdida entre 25-40 dB], moderada
[pérdida entre 45-60 dB] y severa [pérdida entre 65-80 dB], señalando, para el caso
de la hipoacusia severa que requiere de ayuda auditiva (audífonos), ayuda visual
con modificaciones en los espejos laterales y el retrovisor panorámico y control
auditivo anual.

96. Elanexo no mencionó la hipoacusia profunda, de tal forma que, como lo
mencionó la demandada en su contestación, “[…] es procedente concluir que quien
padezca de sordera profunda no podrá desarrollar la actividad de la conducción y
por ende no se le otorgará la licencia de conducción respectiva. […]”.

97. Se advierte que el artículo 1. ° de la Ley 982, para los efectos de esa ley, se refirió
a la hipoacusia, en la siguiente forma:

“[…] 1. "Hipoacusia". Disminución de la capacidad auditiva de algunas personas, la
que puede clasificarse en leve, mediana y profunda.

Leve. La que fluctúa aproximadamente entre 20 y 40 decibeles.

Mediana. La que oscila entre 40 y 70 decibeles.

35
“[…] Por la cual se unifica la normatividad, se establecen las condiciones de habilitación y funcionamiento de los Centros
de Reconocimiento de Conductores y se dictan otras disposiciones. […]”.
36
“[…] Por la cual se modifican los artículos 3°, 8°, los numerales 4 y 5 del artículo 9° y el parágrafo del artículo 19 de la
Resolución 12336 del 28 de diciembre de 2012 y se dictan otras disposiciones. […]”.
37
Conforme el Anexo I de la resolución demandada, el grupo 1 corresponde a las siguientes categorías: “[…] A1. Motocicletas
con cilindrada hasta 125 cc. (…) A2. Motocicletas, motociclos y mototriciclos con cilindrada mayor a 125 cc. (…) B1.
Motocarros, cuatrimotos, automóviles, camperos camionetas y microbuses, de servicio particular. […]” y el grupo 2
corresponde a las siguientes categorías: “[…] B2. Camiones rígidos, busetas y buses de servicio particular (…) B3. Vehículos
articulados de servicio particular (…) C1. Automóviles, camperos camionetas y microbuses, de servicio público. (…) C2.
Camiones rígidos, busetas y buses de servicio públicos. (…) C3. Vehículos articulados de servicio público. […]”.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

Profunda. La que se ubica por encima de los 80 decibeles y especialmente con curvas
auditivas inclinadas. […]”.

98. La parte demandante estima que las disposiciones acusadas no están conforme
a los parámetros y límites internacionales a los que alude el artículo 19 de la Ley
769 y a los cuales debe sujetarse para la fijación de los rangos para la medición y
evaluación de las aptitudes mencionadas en la norma, entre ellas, la capacidad
auditiva, por lo que estima que no estarían motivadas en la forma en que el
legislador lo estableció.

respecto, esta Corporación38, en relación con la motivación de los actos
99. Al
administrativos generales, ha indicado lo siguiente:

“[…] Clasificación de los actos administrativos de acuerdo con su contenido
particular o general.

(…)

b) Actos administrativos generales. Respecto de los actos administrativos de
carácter general, en razón a su naturaleza y alcance, por regla general es
suficiente tener como motivación en ellos la indicación de sus fundamentos
legales y de su objeto, salvo que exista una disposición en la ley que ordene una
motivación diferente, tal como lo precisado la jurisprudencia de esta Corporación 39.

La Sala, reitera que los actos administrativos generales son aquellos que crean,
modifican o extinguen una situación jurídica abstracta o impersonal, que no puede
vincularse en forma directa e inmediata con una persona determinada o
determinable. […]” (negrilla del texto).

100. La Resolución núm. 217 de 2014 fue expedida por la ministra de Transporte, en
ejercicio de sus atribuciones legales, en especial, las conferidas por el artículo 19
de la Ley 769, modificado por el artículo 5. ° de la Ley 1383, el artículo 3. ° de la Ley
1397 y el artículo 196 del Decreto 19 de 2012, así como de lo previsto en los
numerales 6.1. y 6.2. del artículo 6. ° del Decreto 087 de 17 de enero de 201140.

101. Del contenido del artículo 19 de la Ley 769 no puede colegirse que se le haya
exigido a la autoridad administrativa una motivación del acto administrativo distinta
de la indicación de los fundamentos y su objeto, toda vez que el parágrafo del
artículo mencionado solo indica que le corresponde al Ministerio de Transporte

38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero ponente: Gabriel
Valbuena Hernández. Sentencia de 5 de julio de 2018. Radicación núm.: 11001-03-25-000-2010-00064-00(0685-10).
Reiterada en Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Diecisiete Especial de Decisión. Consejero
ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sentencia de 18 de agosto de 2020. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2020-
02083-00.
39
Entre otros pronunciamientos de esta Corporación que expresan este criterio se encuentran los siguientes: En la Sección
Primera, Sentencias de 28 de octubre de 1999 (Exp. 3443, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa); 26 de julio de 2001 (Exp. 6717,
C.P. Manuel S. Urueta Ayola); 13 de marzo de 2003 (Exp. 6708-6780, C.P. Manuel S. Urueta Ayola); y 17 de abril de 2008
(Exp. 11001-0324-000-2004-00202-01, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón). En la Sección Tercera, Auto de 12 de diciembre de
2004 (Exp. 29.754, C.P. Ruth Stella Correa Palacio). Y en la Sección Cuarta, Sentencia de 29 de mayo de 2003 (Exp. 13104,
C.P. Germán Ayala Mantilla).
40
“[…] Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias.
[…]”.

31

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

establecer los rangos, siguiendo parámetros y límites internacionales, para la
medición y evaluación de, entre otras aptitudes, la capacidad de orientación
auditiva.

102. En cuanto a si el Ministerio de Transporte, para la fijación de rangos a los que
alude el citado artículo, siguió los parámetros y límites internacionales, en la
contestación de la demanda, el ministerio allegó el expediente contentivo de los
antecedentes administrativos41, en los cuales consta:

102.1. La presentación de observaciones al proyecto de acto administrativo.

102.2. Proyecto de modificación de la Resolución núm. 12336 de 2012.

102.3. Actuación especial de fiscalización de la Contraloría General de la República.

102.4. Copia del acto administrativo acusado.

102.5. Propuestas para la modificación de la Resolución 12336 de 2012.

102.6. Proyecto de modificación del artículo 3 y el parágrafo del artículo 19 de la
Resolución núm. 12336 de 2012.

102.7. Observaciones al proyecto de resolución por la cual se adiciona un parágrafo,
los artículos 3 y 5 y se modifica el artículo 27 de la Resolución 12336 de 2012.

102.8. Documentos relativos con la modificación de la Resolución núm. 217 de 2014,
en relación con las personas que padecen hipoacusia severa, y propuesta de
modificación del mencionado acto administrativo.

102.9. Respuestas del Ministerio de Transporte a solicitudes de aclaración de la
Resolución núm. 217 de 2014.

102.10. Aclaraciones del Ministerio de Transporte frente a la Resolución núm. 217 de
2014, dirigidas a alcaldes, gobernadores, representantes legales de los organismos
de tránsito, centros de reconocimiento de conductores, Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia y a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

102.11. Proyectosde modificación de la Resolución núm. 217 de 2014 y sus
respectivos anexos.

102.12. Copia del proyecto de acto administrativo demandado con modificaciones.

102.13. Propuestas de modificación de la Resolución núm. 217 de 2014.

41
“[…] ANEXO 1 FEDERACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA VISIBLE FOLIO (273) EXPEDIENTE No. 2017-
00136 […]”.

32

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

102.14. Solicitudes de implementación de horario para un centro de reconocimiento
de conductores y de ampliación de horario y solicitud de control y vigilancia frente
al cumplimiento de la Resolución núm. 217 de 2014.

102.15. Comunicación de 7 de mayo de 2015 dirigida al Ministerio de Transporte por
parte del Instituto Nacional para Sordos.

102.16. Respuesta del Ministerio de Transporte a una solicitud de interpretación de
los artículos 18, 19 y 21 de la Ley 769 presentada por FENASCOL, de 15 de
diciembre de 2008.

102.17. Copia de los siguientes documentos: i) “[…] Personas Sordas y Derechos
Humanos […]”; ii) “[…] Manual del conductor de Tennessee […]”; iii) presentación
de FENASCOL relativa a la obtención de licencia de conducción por personas
sordas; iv) “[…] Manual para el conductor DE NUEVA JERSEY […]”; y v) “[…]
INFORME RED PRO BONO INTERNACIONAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS DE CONDUCIR A PERSONAS SORDAS E HIPOACÚSICAS EN
AMÉRICA […]”.

103. Mediante auto de 17 de febrero de 2025 se decretó como prueba de oficio, la
siguiente:

“[…] Estando el presente asunto pendiente de resolver la demanda instaurada en
ejercicio del medio de control de nulidad promovido por la Federación Nacional de
Sordos de Colombia en contra de una parte del numeral 2.1 del anexo I de la
Resolución no. 217 de 31 de enero de 2014, “Por medio de la cual reglamenta la
expedición de los certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para
la conducción de vehículos y se dictan otras disposiciones”, expedida por el
Ministerio de Transporte, se observa que los elementos materiales probatorios
obrantes en el expediente no son suficientes para esclarecer los hechos en disputa;
por ende, de conformidad con lo previsto en el artículo 213 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA1), el Despacho ordenará la siguiente prueba de oficio:

PRIMERO: ORDENAR al Ministerio de Transporte que, dentro de los tres (3) días
siguientes a la notificación de esta providencia, remita copia de los antecedentes
administrativos de la Resolución no. 0012336 de 28 de diciembre de 2012, “Por la
cual se unifica la normatividad se establecen las condiciones de habilitación y
funcionamiento de los Centros de Reconocimiento de Conductores y se dictan otras
disposiciones”. […]” (negrilla del texto).

104. El Ministerio de Transporte dio respuesta al requerimiento 42 y remitió copia de
la Resolución núm. 12336 de 2012 y sus anexos.

105. De los antecedentes administrativos de las resoluciones núm. 12336 de 2012 y
217 de 2014 no es posible establecer si el Ministerio de Transporte, para la fijación
de los rangos para la medición y evaluación de las aptitudes mencionadas en la

42
Cfr. Índice 60 y 61, SAMAI.

33

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

norma, entre ellas, la capacidad auditiva, siguió los parámetros y límites
internacionales.

106. No obstante, debe tenerse en cuenta que el artículo 88 de la Ley 1437, establece
que los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Frente al alcance de esta
presunción, esta Corporación43 ha resaltado que:

“[…] El acto administrativo, entendido como manifestación de la voluntad de la
administración con miras a producir efectos jurídicos, goza de presunción de legalidad
en todos sus aspectos, lo que se traduce en entender que fue expedido en el ejercicio
de competencias previamente conferidas, sujeto a las normas constitucionales y
legales que rigen la materia, fundado en el cumplimiento de las funciones previstas
en la ley y conforme con la realización de los fines institucionales de que se trata; sin
perjuicio de que, previo el ejercicio de las acciones de ley, se demuestre lo contrario.

(…)

Partiendo de lo expuesto, puede afirmarse que, en principio, los actos de la
administración responden a las reglas y respetan las normas que enmarcan las
funciones otorgadas y las competencias preestablecidas. Presunción de legalidad
necesaria para su exigibilidad e inmediata aplicación y que impone a quien pretende
controvertirla la carga de desvirtuar la validez que las acompaña. […]”.

107. Le corresponde a la parte accionante, en consecuencia, la carga de la prueba
de la supuesta ilegalidad, conforme el artículo 167 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201244, esto es, acreditar que el Ministerio de Transporte, al establecer los rangos
para la medición y evaluación de las aptitudes mencionadas en la norma, entre ellas,
la capacidad auditiva, no siguió los parámetros y límites internacionales.

108. Para ese efecto, con la demanda, la parte demandante allegó45:

108.1. Copia de la Resolución núm. 12336 de 2012 y sus anexos.

108.2. Copia del acto administrativo demandado.

108.3. Proyecto de modificación de la Resolución núm. 217 de 2014, preparado por
FENASCOL.

108.4. Comunicaciones dirigidas al Ministerio de Transporte por parte de FENASCOL
para realizar mesas de trabajo para abordar el otorgamiento de licencias de
conducción para las personas sordas y la modificación de la Resolución núm. 217
de 2014.

108.5. Concepto del Ministerio de Transporte de 15 de diciembre de 2008.

43
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Consejera ponente: Stella
Conto Díaz del Castillo. Sentencia de 1.° de agosto de 2016. Radicación núm.: 11001-03-26-000-2006-00037-00(33027).
44
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”
45
Cfr. Cuaderno principal núm. 1 y cuaderno principal núm. 2, folios 210-245.

34

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

108.6. Declaración de la Federación Mundial de Sordos en relación con los derechos
de la población sorda de 31 de marzo de 2009, en idioma inglés.

108.7. Carta de apoyo a Colombia de la Federación Mundial de Sordos, en idioma
inglés.

108.8. Ley núm. 68 de 2012 de Puerto Rico.

108.9. Manual de Conductores de La Florida [2013], Estados Unidos de
Norteamérica.

108.10. Documento que al parecer corresponde al sistema de licencias para conducir
de la ciudad de New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, en idioma inglés y
español.

108.11. Ley 17.535 de 21 de marzo de 1972 de la República Oriental del Uruguay.

108.12. Decreto 2719 de 1994, reglamentación de la Ley 11430 – Código de Tránsito
de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina.

108.13. Ley para las personas con discapacidad de la República Bolivariana de
Venezuela.

108.14. Texto de legislación en idioma francés.

108.15. Resolución núm. 171-DIR-2010-CNTTTSV relativa licencias de conducir para
personas con discapacidad auditiva, expedida por la Comisión Nacional del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Ecuador.

108.16. Documento en idioma inglés “[…] Deaf People and Human Rights […]”.

109. Mediante auto proferido en el curso de la audiencia inicial realizada el 9 de
agosto de 2019, se decidió frente al decreto y práctica de las pruebas del proceso,
lo siguiente:

“[…] 10.1. Parte demandante:

10.1.1. En los términos y valor que corresponda, se tiene como prueba los
documentos enlistados en los numerales 3 a 6 del acápite “PRUEBAS” de la demanda
(folio 259 del Cuaderno Principal), vistos a folios 42 a 245 del Cuaderno Principal.

10.1.2. Respecto de los documentos enlistados en los numerales 7 a 9 del mismo
acápite, observa el Despacho que los documentos obrantes a folios 82 a 83, 183 a
207 y 210 a 245 se encuentran en idioma inglés y francés, sin que de ellos se
encuentre la traducción realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, un
intérprete oficial o por un traductor, para que sea procedente su valoración probatoria,
como lo ordena el artículo 251 del Código General del Proceso, aplicable a esta

35

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

Jurisdicción por disposición expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(…)

En tal escenario, ante el incumplimiento de la referida disposición, el Despacho se
abstendrá de tener como pruebas los referidos documentos.

En lo que se refiere a los documentos igualmente relacionados en estos numerales,
y que sí se encuentran en idioma castellano vistos a folios 84 a 182 y 208 a 209, en
los términos y valor que corresponda, se tienen como prueba. […]”.

110. Losdocumentos que se encuentran en idioma inglés y francés, en
consecuencia, no pueden ser objeto de valoración.

111. Lo mismo ocurre con las normas de las legislaciones extranjeras toda vez que,
de acuerdo con el artículo 177 de la Ley 1564, la copia total o parcial de la ley
extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país, por el
cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país,
formalidad que no se cumplió en el presente caso.

112. De esta manera, la parte demandante, conforme a las pruebas allegadas a este
proceso y que de acuerdo con la ley pueden ser valoradas, no acreditó que el
Ministerio de Transporte, al establecer los rangos para la medición y evaluación de
las aptitudes mencionadas en la norma, entre ellas, la capacidad auditiva, no siguió
los parámetros y límites internacionales, por lo que el cargo no tiene vocación de
prosperidad.

ii) “[…] SEGUNDO CARGO. Violación de los artículos 5 y 14 de la Ley
1618 de 2013; artículo 31 Ley 982 de 2005; Art. 13 de la Constitución;
Tratados que integran el bloque de constitucionalidad: El Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; El
Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales46. Desconocimiento de los derechos de la población en
situación de discapacidad. […]” (negrilla del texto)

113. La parte demandante destacó que la Ley 1618 incorporó al sistema normativo
colombiano varias disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de las personas
con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa
y de ajustes razonables y la eliminación de toda forma de discriminación por razón
de la condición de discapacidad.

114. Citó apartes de los artículos 5. ° y 14 de la Ley 1618 y el artículo 31 de la Ley
982, para indicar que la población con discapacidad es sujeto de una especial
protección por parte del Estado Colombiano, el cual debe velar por la efectiva

46
Instrumentos incluidos en sentencias: T-568-99 MP: Carlos Gaviria Díaz, C-551-03 MP: Eduardo Montealegre Lynett, T-
642-04 MP: Rodrigo Uprimny Yepes, T-666-04, T-697-04 MP: Rodrigo Uprimny Yepes y T-827-04 MP: Rodrigo Uprimny
Yepes.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

garantía de los derechos de esta población mediante la eliminación de cualquier
barrera de orden físico o jurídico que impida el ejercicio de sus derechos.

115. Señaló que el numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de 2014 no fue
expedido teniendo en cuenta la especial protección de la que es titular la población
en condición de discapacidad:

“[…] toda vez que la misma no se compadece de los presupuestos de los que el
prenotado derecho está conformado. La norma demandada no es otra cosa que un
impedimento para garantizar los derechos de la población con discapacidad,
erigiéndose como un gran obstáculo para alcanzar la igualdad material que ordenan
las normas antes citadas. […]”.

116. Los artículos 5. ° y 14 de la Ley 1618 y 31 de la Ley 982, son del siguiente
contenido:

 Artículos 5 y 14 de la Ley 1618:

“[…] ARTÍCULO 5o. GARANTÍA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE TODOS LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN. Las
entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, en
el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real
y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las
políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos,
de conformidad con el artículo 3o literal c), de Ley 1346 de 2009. Para tal fin, las
autoridades públicas deberán, entre otras, implementar las siguientes acciones:

1. Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones
adquiridas, según el artículo 4o de la Ley 1346 de 2009.

2. La Nación, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo con
sus competencias, así como todas las entidades estatales de todos los órdenes
territoriales, incorporarán en sus planes de desarrollo tanto nacionales como
territoriales, así como en los respectivos sectoriales e institucionales, su respectiva
política pública de discapacidad, con base en la Ley 1145 de 2007, con el fin de
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, y
así mismo, garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad y
sus familias a los diferentes servicios sociales que se ofrecen al resto de ciudadanos.

3. Asegurar que en el diseño, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de sus
planes, programas y proyectos se incluya un enfoque diferencial que permita
garantizar que las personas con discapacidad se beneficien en igualdad de
condiciones y en términos de equidad con las demás personas del respectivo plan,
programa o proyecto.

4. Incorporar en su presupuesto y planes de inversiones, los recursos necesarios
destinados para implementar los ajustes razonables que se requieran para que las
personas con discapacidad puedan acceder a un determinado bien o servicio social,
y publicar esta información para consulta de los ciudadanos.

5. Implementar mecanismos para mantener actualizado el registro para la localización
y caracterización de las personas con discapacidad, integrados en el sistema de
información de la protección social, administrado por el Ministerio de Salud y
Protección Social.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

6. Tomar las medidas tendientes a incentivar y orientar las estrategias de cooperación
internacional e inversión social privada para generar programas y proyectos
tendientes a mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, así como en
la implementación de ajustes razonables y acciones de inclusión social de las
personas con discapacidad, bajo la coordinación de la agencia colombiana de
cooperación internacional o quien haga sus veces.

7. Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la participación plena de
las personas con discapacidad en la formulación de las diferentes políticas públicas.

8. Todos los Ministerios, en concordancia con la directriz del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, elaborarán un plan
interinstitucional en un término no mayor a dos (2) años en el que, se determinen los
recursos requeridos para la protección de los derechos de las personas con
discapacidad. El Gobierno Nacional apropiará los recursos necesarios en
concordancia con el Acto Legislativo número 03 de 2011.

9. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de
Planeación, elaborarán anualmente los estudios económicos requeridos que permitan
establecer progresivamente, en el marco fiscal de mediano plazo, los montos de los
recursos necesarios a incluir dentro del presupuesto nacional destinados al
cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos que garanticen el
ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. En
concordancia con las obligaciones adquiridas por Colombia en los numerales 1o literal
a, y 2o, del artículo 4o, Ley 1346 de 2009.

10. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y
local incluirán en sus presupuestos anuales, en forma progresiva, en el marco fiscal
a mediano plazo, las partidas necesarias para hacer efectivas las acciones contenidas
en favor del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

11. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el
Ministerio de Trabajo, o quienes hagan sus veces dispondrán los mecanismos
necesarios para la integración de un Consejo para la Inclusión de la Discapacidad.

12. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) adoptará las medidas pertinentes
para que cuando las familias tengan una o varias personas con discapacidad, el
puntaje en la clasificación socioeconómica esté acorde al tipo de discapacidad y al
grado de deficiencia otorgado por la instancia autorizada, con el fin de que se facilite
el registro de estos grupos familiares en el Sisbén y en consecuencia el acceso a los
programas sociales.

13. Las administraciones territoriales deben incluir en sus planes de desarrollo
acciones para fortalecer el Registro de Localización y Caracterización de las Personas
con Discapacidad (Rlcpcd), integrado al Sistema de Información de la Protección
Social (Sispro), e incorporar la variable discapacidad en los demás sistemas de
protección social y sus registros administrativos.

(…)

ARTÍCULO 14. ACCESO Y ACCESIBILIDAD. Como manifestación directa de la
igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente de
las personas con discapacidad, las entidades del orden nacional, departamental,
distrital y local garantizarán el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones,
al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, el espacio público, los

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

bienes públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas
urbanas como rurales. Para garantizarlo se adoptarán las siguientes medidas:

1. Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de
los servicios públicos, de cualquier naturaleza, tipo y nivel, desarrollar sus funciones,
competencias, objetos sociales, y en general, todas las actividades, siguiendo los
postulados del diseño universal, de manera que no se excluya o limite el acceso en
condiciones de igualdad, en todo o en parte, a ninguna persona en razón de su
discapacidad. Para ello, dichas entidades deberán diseñar, implementar y financiar
todos los ajustes razonables que sean necesarios para cumplir con los fines del
artículo 9o de la Ley 1346 de 2009.

2. El servicio público del transporte deberá ser accesible a todas las personas con
discapacidad. Todos los sistemas, medios y modos en que a partir de la promulgación
de la presente ley se contraten deberán ajustarse a los postulados del diseño
universal.

Aquellos que funcionan actualmente deberán adoptar planes integrales de
accesibilidad que garanticen un avance progresivo de estos postulados, de manera
que en un término de máximo 10 años logren niveles que superen el 80% de la
accesibilidad total. Para la implementación de ajustes razonables deberán ser
diseñados, implementados y financiados por el responsable de la prestación directa
del servicio.

3. Las entidades municipales y distritales, con el apoyo del gobierno departamental y
nacional, y respetando la autonomía de cada región, deberán diseñar, en un término
no mayor a 1 año, un plan de adecuación de vías y espacios públicos, así como de
accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos de su circunscripción. En dicho
plan deberán fijarse los ajustes razonables necesarios para avanzar progresivamente
en la inclusión de las personas con discapacidad, establecer un presupuesto y un
cronograma que, en no más de 10 años, permita avanzar en niveles de accesibilidad
del 80% como mínimo. Dicho plan deberá fijar los criterios de diseño universal que
deberán ser acatados en todas las obras públicas y privadas de la entidad pública a
partir de su adopción.

4. Implementar las medidas apropiadas para identificar y eliminar los obstáculos y
para asegurar la accesibilidad universal de todas las personas con discapacidad al
ambiente construido, transporte, información y comunicación, incluyendo las
tecnologías de información y comunicación y otros servicios, asegurando las
condiciones para que las personas con discapacidad puedan vivir
independientemente.

5. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la construcción o
adecuación de las obras que se ejecuten sobre el espacio público y privado, que
presten servicios al público debiendo cumplir con los plazos señalados.

6. Asegurar que todos los servicios de baños públicos sean accesibles para las
personas con discapacidad.

7. Todas las entidades públicas o privadas atenderán de manera prioritaria a las
personas con discapacidad, en los casos de turnos o filas de usuarios de cualquier
tipo de servicio público o abierto al público.

8. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o quien haga sus veces, deberá
establecer un mecanismo de control, vigilancia y sanción para que las alcaldías y
curadurías garanticen que todas las licencias y construcciones garanticen la
accesibilidad de las personas con discapacidad. Así mismo, establecerá medidas de

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

coordinación interinstitucional para que las entidades territoriales garanticen rutas y
circuitos accesibles para las personas con discapacidad, articulados con los
paraderos y demás sistemas de transporte local.

9. Las entidades de educación superior adecuarán sus campus o instalaciones para
garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

10. Los teatros, auditorios, cines y espacios culturales destinados para eventos
públicos, adecuarán sus instalaciones para garantizar la accesibilidad de las personas
con discapacidad.

11. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en escenarios
deportivos, recreativos y culturales en la construcción o adecuación de las obras
existentes o por realizar.

PARÁGRAFO. Las disposiciones del presente artículo se implementarán en
concordancia con la Ley 1287 de 2009 y las demás normas relacionadas con la
accesibilidad de la población con discapacidad. […]”

 Artículos 31 de la Ley 1618:

“[…] ARTÍCULO 31. Al sordo o sordociego no se le podrá negar, condicionar o
restringir una licencia para ejercer actividad u oficio alguno arguyendo su falta de
audición o visión, a menos que se demuestre fehacientemente que dicha función es
imprescindible para la actividad que habría de realizar. […]”.

117. La Corte Constitucional47, en relación con las personas con limitaciones
auditivas, de habla o visión graves, ha resaltado que la Carta Política:

“[…] establece una protección constitucional reforzada orientada al establecimiento
de condiciones reales de inclusión social (arts. 13, 47 y 54; art.2)48, lo que se extiende
a: (i) la proscripción de medidas discriminatorias o excluyentes; (ii) la remoción de
obstáculos y barreras de acceso a sus derechos de ciudadanía política, civil y social;
(iii) las acciones afirmativas o de discriminación positiva, que les permitan acceder,
en igualdad de condiciones, al goce de sus derechos fundamentales; y (iv) las
políticas de prevención, rehabilitación e integración social.49 Se trata entonces de una
equiparación efectiva de oportunidades para el goce de los derechos que se
reconocen a toda persona50.

47
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 2008. MP: Mauricio González Cuervo.
48
Declaración de Derechos de los Impedidos. Resolución 3447 de 1975, Asamblea General de la ONU: “3. El impedido tiene
esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana. El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la
gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma
edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible. (se
subraya)
49
Sentencia C- 076 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
50
Art. 2 Ley 1145 de 2002: “Equiparación de oportunidades: Conjunto de medidas orientadas a eliminar las barreras de acceso
a oportunidades de orden físico, ambiental, social, económico y cultural que impiden al discapacitado el goce y disfrute de
sus derechos”.

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Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

Este mandato constitucional de igualación a través de acciones afirmativas de
diferenciación positiva, se ha desarrollado, entre otras, en las Leyes 361 de 1997 51,
982 de 200552 y 1145 de 200753. […]”.

118. La Corte Constitucional54, igualmente, ha reconocido que la actividad de
conducir vehículos automotores es considerada como una actividad peligrosa, en
los siguientes términos:

“[…] 71. Recuerda la Sala que la actividad de conducir vehículos automotores ha sido
considerada por la jurisprudencia constitucional 55, como por la especializada en la
materia, como una actividad peligrosa que en sí misma sitúa a la comunidad “ante
inminente peligro de recibir lesión” 56.

72. En ese mismo sentido, la jurisprudencia ha señalado que si bien es cierto que “el
tránsito automotor es una actividad que es trascendental en las sociedades
contemporáneas pues juega un papel muy importante en el desarrollo social y
económico y en la realización de los derechos fundamentales” 57, también lo es que
tal actividad implica riesgos importantes y por lo tanto puede ser regulada por el
legislador para asegurar el cumplimiento del deber que tienen las autoridades de la
República de proteger a todas las personas, en su vida, honra, bienes, y derechos y
libertades, y de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Al respecto, la
Corte ha sostenido que “la importancia y el carácter riesgoso del tránsito vehicular
justifican entonces que esta actividad pueda ser regulada de manera intensa por el
Legislador, quien puede señalar reglas y requisitos destinados a salvaguardar la vida
e integridad de las personas, así como a proteger los bienes y propiedades. Por ello
esta Corte ha resaltado que el tránsito es una actividad “frente a la cual se ha
considerado legítima una amplia intervención policiva del Estado, con el fin de
garantizar el orden y proteger los derechos de las personas. El control constitucional
ejercido sobre las regulaciones de tránsito debe entonces ser dúctil, a fin de no
vulnerar esa amplitud de la libertad de configuración y de las facultades del Legislador
para regular el tránsito, debido a su carácter riesgoso”58. […]”.

119. Esta Corporación59, en el mismo sentido, ha indicado:

“[…] 54. No puede perderse de vista que la actividad de conducción de vehículos
automotores es una actividad riesgosa, de ahí que a sus ejecutores se les exija el
mayor cuidado y diligencia en su despliegue y, en tratándose de transporte terrestre,

51
Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.
El artículo 2 de la ley, integra además, la aplicación de la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones
Unidas en el año 1948, en la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental aprobada por la ONU el 20 de diciembre de
1971, en la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la misma
organización, del 9 de diciembre de 1975, en el Convenio 159 de la OIT, en la Declaración de Sund Berg de Torremolinos,
Unesco 1981, en la Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación de 1983 y en la
recomendación 168 de la OIT de 1983.
52
“Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas”
53
Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones.
54
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-276 de 2024. MP: Antonio José Lizarazo Ocampo. En el mismo sentido Corte
Constitucional, Sentencia T-609 de 2014. MP: Jorge Iván Palacio Palacio.
55
Sentencia C-468 de 2011, C-1090 de 2003.
56
Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia del 25 de octubre de 1999. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Ver,
entre otras, la sentencia del 5 de octubre de 1997, M.P. Nicolás Bechara Simanca y sentencia del 13 de diciembre de 2000,
del mismo Magistrado. De igual manera, del Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de junio de 1999, con
ponencia del Consejero Daniel Suárez Hernández.
57
Sentencia C-529 de 2003.
58
Sentencia C-309 de 1997
59
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Consejero ponente: José
Roberto Sáchica Méndez. Sentencia de 9 de abril de 2021. Radicación núm.: 05001-23-31-000-1998-01212-02(50999).

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que se les demande el cumplimiento de las normas de tránsito, con miras a impedir
la concreción de los riesgos gestados por esta actividad y, por ende, la configuración
de daños como en el que esta oportunidad apareja este juicio. […]” (negrilla del texto).

120. Se agrega a lo expuesto que la Ley 769, en su artículo 7., establece que las
autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la
vía pública y privadas abiertas al público.

121. Delcontenido de las normas que se estiman cuestionadas, no es posible
establecer que el numeral 2. del anexo I de la Resolución 217 de 2014 las
desconozca.

122. En lo que se refiere a los artículos 5. ° y 14 de la Ley 1618, la parte accionante
no establece con precisión en qué consiste la trasgresión de tales normas.

123. Elartículo 5. ° de la Ley 1618 enuncia una serie de acciones que deben
implementar las autoridades para lograr la inclusión real y efectiva de las personas
con discapacidad, pero la parte demandante no se refiere, en concreto, a ninguna
de ellas.

124. El artículo 14 de la Ley 1618 resalta que, como manifestación directa de la
igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente
de las personas con discapacidad, las entidades del orden nacional, departamental,
distrital y local garantizarán el acceso de estas personas, entre otros, al transporte
y en relación con este, al servicio público de transporte, lo cual no es objeto de
discusión en el presente proceso.

125. En lo atinente al artículo 31 de la Ley 982, es la Ley 769 la que establece que
una de las aptitudes que debe evaluarse para obtener, refrendar y renovar la licencia
de conducción de vehículos automotores es precisamente la capacidad de
orientación auditiva, de tal forma que su evaluación es imprescindible para la
conducción de vehículos automotores.

126. En todo caso, la parte accionante no allega elementos probatorios que permitan
evidenciar que el condicionamiento y restricción, respectivamente, para la obtención
de la licencia de conducción a las personas con hipoacusia moderada [pérdida entre
45-60 dB] y profunda [pérdida mayor a 80 dB60], sea arbitrario, si se tiene en cuenta
que, como se mencionó anteriormente, la actividad de conducción de vehículos
automotores es considerada una actividad peligrosa que sitúa a la comunidad ante
un inminente peligro de recibir lesión. La acusación en consecuencia no puede
prosperar.

60
Conforme al artículo 1. ° de la Ley 982.

42

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iii) “[…] CARGO TERCERO: Violación del artículo 13 de la Constitución
Política […]” (negrilla del texto)

127. La parte accionante señaló que el Ministerio de Transporte, en el numeral 2. del
anexo I de la Resolución núm. 217 de 2014, desconoció la igualdad material y la
prohibición de discriminación.

128. Alegó que el derecho a la igualdad, para la población con discapacidad, implica
la garantía de recibir un trato especial en consideración a las circunstancias
particulares de esa población, para asegurar el efectivo ejercicio de los derechos
reconocidos a sus integrantes en su condición de individuos sujetos a un régimen
especial de protección.

129. Apuntó que aquella garantía llevaba implícita la eliminación de todas las formas
de discriminación en contra de la población con discapacidad que surjan con
ocasión del mismo estado de discapacidad en el que se encuentran.

130. Destacó que:

“[…] todos los miembros de la población en situación de discapacidad tienen derechos
a ser tratados frente a la ley y las autoridades de manera igual que a nuestros
congéneres no pertenecientes a esta población (igualdad formal), pero en razón a la
especial situación en la que nos encontramos, también están legitimados para exigir
de la ley y las autoridades un trato especial que garantice de manera efectiva dicho
trato uniforma (igualdad material). Asimismo, con ocasión del mencionado trato
especial, la población con discapacidad tiene derechos a exigir que se elimine o
suspenda cualquier trato discriminatorio que se de en razón de la circunstancia
especial de su condición de discapacidad para con ello garantizar la igualdad de esta
población. […]”.

131. Afirmó que:

“[…] la norma acusada viola el derecho a la igualdad, toda vez que con la misma
autoriza a dar un tratamiento discriminatorio y diferenciado a la población con sordera
severa o profunda al negarles la posibilidad de tramitar y obtener por primera vez, o
a refrendar, su licencia de conducción.

El Ministerio de Transporte, en ejercicio de la facultad regulatoria que le fue conferida,
elevó al nivel normativo consideraciones discriminatorias en contra de la población
con sordera severa o profunda pues a pesar de que se ha evidenciado que con las
medidas adicionales consistentes en adecuar el vehículo de transporte con cierto
aditamentos que mejoren la visibilidad del mismo, la entidad considera que solo
aquellas personas con ciertos niveles de audición pueden obtener una licencia de
conducción, sin aducir cuáles son las justificaciones técnicas por las cuales tomó
dicha postura. […]”.

132. Como lo destacó la Corte Constitucional 61, el artículo 13 de la Carta Política
establece el derecho a la igualdad a partir de dos facetas. En un sentido impersonal
y abstracto, ordena que las normas sean aplicadas a todas las personas sin

61
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-286 de 2025. MP: José Fernando Reyes Cuartas.

43

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diferencias o discriminaciones y, en su lógica material, implica que el legislador y
las autoridades administrativas deban establecer mecanismos de acceso a
derechos y servicios, garantizando que todas las personas puedan participar y
beneficiarse de manera justa y equitativa, sin distinción por su raza, credo, ideología
o sexo.

133. Esa Corporación62, para identificar:

“[…] si es constitucionalmente admisible que una medida otorgue un trato o protección
diferenciado o desigual a diversos grupos poblacionales, la Corte se ha apoyado en
la dogmática del juicio integrado de igualdad63. Para emplear esta herramienta, el
tribunal ha dispuesto que la igualdad de trato requiere de la realización de los
siguientes mandatos: (i) trato igualitario a circunstancias idénticas; (ii) trato
enteramente diferenciado a situaciones que no comparten elementos comunes; (iii)
trato paritario a quienes presenten situaciones similares o diferentes, pero cuyas
similitudes son más relevantes a pesar de las diferencias; y (iv) trato diferenciado a
quienes se encuentren en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en
cuyo caso las diferencias son más relevantes que las similitudes.

(…)

36. El juicio integrado de igualdad ha sido principalmente utilizado por la Corte en el
ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. Sin embargo, no ha sido óbice
para que en el control concreto pueda también emplearse. Esto, como una
herramienta para analizar principalmente si medidas de carácter administrativo han
cercenado el derecho a la igualdad de sujetos de especial protección constitucional o
grupos históricamente discriminados64. […]” (negrilla del texto).

134. La parte demandante estima que el numeral 2. del anexo I de la Resolución
núm. 217 de 2014 estableció una medida discriminatoria para las personas con
hipoacusia severa y profunda al negarles la posibilidad de tramitar y obtener por
primera vez y refrendar la licencia de conducción, considerando que la entidad
demandada estima que solo aquellas personas con ciertos niveles de audición
pueden obtener licencias de conducción sin aducir justificaciones técnicas por las
cuales adoptó esa postura.

135. El numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de 2014 establece, para la
hipoacusia severa [pérdida entre 65-80 dB] que, para obtener la licencia de
conducción se requiere de ayudas auditivas, ayudas visuales con modificaciones en

62
Ibidem.
63
Corte Constitucional, Sentencias C-673 de 2001, C-624 de 2008, C-313 de 2013, C-601 de 2015, C-220 de 2017, C-389
de 2017 y C-535 de 2017, T-027 de 2018 y T-091 de 2018.
64
Por ejemplo, en la Sentencia T-042 de 2020, con base en el juicio integrado de igualdad, determinó que los menores de
edad entregados en custodia legal tienen derecho a ser incluidos como beneficiarios en el subsistema de salud del magister io.
En igual sentido, en la decisión T-171 de 2022 lo usó para analizar si el comportamiento de una clínica que negó la posibilidad
de que dos hombres homosexuales que sostenían relaciones entre ellos donaran sangre, era discriminatorio o no. Igualmente,
en la Sentencia T-010 de 2023 aplicó el juicio integrado de igualdad para revisar si una decisión administrativa que negó la
participación de un particular dentro de un concurso de méritos vulneró su derecho a la igualdad y no discriminación. En esta
oportunidad la Sala expresó: “[s]i bien el juicio o test integrado de igualdad es la metodología que la Corte Constitucional ha
aplicado especialmente para el control abstracto de constitucionalidad de las leyes, nada obsta para que dicha metodología
se aplique en el control concreto efectuado en los procesos de tutela, claro está, adaptándolo a las circunstancias propias de
este tipo de control, con el objetivo de poder valorar la adecuación de las actuaciones u omisiones de la administración a es te
principio constitucional”.

44

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los espejos laterales y el retrovisor panorámico y control auditivo anual, de tal forma
que, contrario a lo señalado por la parte demandante, las personas con tal
discapacidad pueden acceder a la obtención, recategorización y refrendación de la
licencia de conducción, con las adaptaciones, restricciones y controles que allí se
aluden.

136. El numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de 2014 no mencionó la
hipoacusia profunda, esto es, conforme al artículo 1. ° de Ley 982, la disminución
de la capacidad auditiva que “[…] se ubica por encima de los 80 decibeles y
especialmente con curvas inclinadas […]”, por lo que las personas que presenten
tal nivel de discapacidad auditiva no pueden obtener ni recategorizar ni refrendar la
licencia de conducción.

137. La Carta Política, respecto de las personas con limitaciones auditivas, de habla
o de visión graves, establece una protección constitucional reforzada orientada,
como se indicó anteriormente, al establecimiento de condiciones reales de inclusión
social [artículos 13, 47 y 54 de la Constitución Política], lo cual se extiende a la
proscripción de medidas discriminatorias o excluyentes y la remoción de obstáculos
y barreras de acceso a sus derechos de ciudadanía política, civil y social.

138. No obstante, la exclusión para las personas con hipoacusia profunda de la
posibilidad de obtener, recategorizar y refrendar la licencia de conducción persigue
una finalidad constitucional imperiosa65, en la medida en que, de acuerdo con el
artículo 2. ° de la Carta Política, las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

139. Como se indicó, anteriormente esta Corporación66 como la Corte
Constitucional67, han reconocido que la conducción de vehículos automotores es
considerada como una actividad peligrosa que implica riesgos importantes, por lo
que puede ser regulada de manera intensa por el legislador para señalar reglas y
requisitos destinados a salvaguardar la vida e integridad de las personas, así como
proteger sus bienes y propiedades.

140. La Resolución núm. 217 de 2014 cumple con el mandato constitucional y,
asimismo, con el mandato legal del artículo 7.° de la Ley 769, que, se reitera,
establece que las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas
y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público, permitiendo que solo las
personas que se encuentren en adecuadas condiciones físicas y mentales puedan

65
Ibidem. Como parte del juicio de igualdad de intensidad estricta, se analiza si la finalidad perseguida con el trato diverso es
constitucionalmente imperiosa.
66
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Consejero ponente: José
Roberto Sáchica Méndez. Sentencia de 9 de abril de 2021. Radicación núm.: 05001-23-31-000-1998-01212-02(50999).
67
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-276 de 2024. MP: Antonio José Lizarazo Ocampo. En el mismo sentido Corte
Constitucional, Sentencia T-609 de 2014. MP: Jorge Iván Palacio Palacio.

45

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desarrollar la actividad de conducción de vehículos automotores. El cargo, en
consecuencia, no tiene vocación de prosperidad.

iv) “[…] CARGO CUARTO: Desconocimiento del derecho a la libertad.
Violación del artículo 24 de la Constitución Política. […]” y “[…]
CARGO QUINTO: Violación del derecho al trabajo, consagrado en los
artículos 25 de la Constitución Política […]” (negrilla del texto)

141. La parte demandante, en cuanto a la violación del artículo 24 de la Carta Política,
afirmó que las limitaciones al derecho a la libre locomoción son viables si atienden
a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad y, en el caso de la
regulación demandada, está “[…] basada en una consideración discriminatoria
como antes se señaló, razón por la cual no puede encontrar ningún asidero jurídico
en el cual apoyarse. […]”.

142. En cuanto a la violación del artículo 25 de la Carta Política mencionó que la
norma demandada vulnera el derecho al trabajo puesto que impide que las personas
en condición de discapacidad, diagnosticadas con sordera severa o profunda, “[…]
hallen en la posibilidad de conducir un vehículo particular, un medio de sustento y
trabajo digno y justo y con eso, que no se les permita decidir de manera efectiva la
manera como desarrollan su estilo de vida. […]”.

143. El artículo 24 de la Carta Política establece que todo colombiano, con las
limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en el país. La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha resaltado que:

“[…] en relación con la libertad de locomoción deben resaltarse dos aspectos 68. Su
eficacia opera de manera interdependiente con otros derechos constitucionales, entre
ellos la educación, el trabajo o la salud. De igual manera, es posible imponer
limitaciones a este derecho, a condición de que sean razonables, proporcionadas,
cumplan con fines constitucionales discernibles y cumplan con el requisito de reserva
de ley. En referencia puntual a dichos límites, ese mismo precedente ha señalado que
los mismos no pueden llevar a la anulación del derecho fundamental, sin que tampoco
tengan una naturaleza tal que lo hagan impracticable o que atenten contra su núcleo
esencial69. Más recientemente la Corte también ha señalado que es un derecho en el
cual la Constitución, al adscribirlo a los colombianos, confiere un grado de protección
más intenso para los nacionales, pudiéndose establecer restricciones legales de
mayor alcance para los extranjeros, fundadas en razones de orden público, siempre
a condición de que sean proporcionadas y no incurran en tratamientos
discriminatorios injustificados70. […]”.

144. Se reitera que la restricción y exclusión, respectivamente, a las personas con
hipoacusia severa y profunda para la obtención, recategorización y refrendación de

68
Sentencia C-361 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, C-468 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa y C-018 de
2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
69
Sentencia C-511 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, fundado a su vez en lo explicado en la sentencia SU-257 de 1997,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
70
Sentencia C-157 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera.

46

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la licencia de conducción son medidas razonables y proporcionadas en relación con
la peligrosidad que conlleva el desarrollo de la actividad de conducción de vehículos
automotores y que cumplen un fin constitucional consistente en la protección a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares, que deben dispensar las autoridades.

145. En relación con el derecho al trabajo, la Corte Constitucional ha destacado que:

“[…] Derecho fundamental al trabajo. El Constituyente primario definió el trabajo como
“toda actividad humana libre, consciente y noble, necesaria para la vida y generadora
de capital y de instrumento de labores. Es bien del hombre y de la humanidad. De ahí
su valor humano.”71 Dado su carácter consustancial al ser humano, no solo como
medio para realizarse como persona sino como instrumento para garantizar otros
derechos72, el trabajo se encuentra previsto en el ordenamiento constitucional como
valor fundante del Estado Social de Derecho, principio rector del sistema jurídico y
derecho fundamental.73 La Corte Constitucional, por su parte, ha indicado que “el
marco de protección Estatal no solamente se agota en la defensa de los derechos de
los trabajadores dependientes sino también en la efectividad de su ejercicio
independiente. En efecto, si se entiende el trabajo como un instrumento para obtener
los recursos necesarios para lograr una vida digna y como un mecanismo de
realización personal y profesional, es lógico concluir que son objeto de garantía
superior tanto el empleo como todas las modalidades de trabajo lícito.”74

Al referirse al trabajo como garantía fundamental, la Corte, retomando lo dicho
expresamente por el Constituyente primario, ha indicado que “toda persona tiene
derecho a que no se le impida trabajar.”75 Esto implica para el Estado un deber de
abstenerse obstaculizar desempeño de labores productivas; sin embargo, tal
prerrogativa no es absoluta, sino que admite restricciones, siempre que existan
razones también de orden constitucional que así lo ameriten. En este sentido, por
ejemplo, es válido que el Legislador prohíba la realización de actividades ilícitas para
salvaguardar la seguridad pública, como también que regule las condiciones para el
desempeño de determinadas labores, con el fin de proteger el orden público
económico76. En todo caso, es claro que cualquier regulación legal que incida en esta
garantía fundamental, debe respetar los principios mínimos fundamentales del trabajo
fijados por el artículo 53 superior. […]”.

146. Las posibles restricciones que podría acarrear lo dispuesto en el numeral 2. del
anexo I de la Resolución núm. 217 de 2014, como se indicó y se insiste, están
justificadas en la obligación que tienen las autoridades de la República de proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias,

71
Ponencia “Sobre el trabajo y el trabajador” de los constituyentes Guillermo Guerrero Figueroa, Jamie Benítez, Angelino
Garzón, Guillermo Perry Rubio, Tulio Cuevas e Iván Marulanda. Gaceta Constitucional No. 45 del 13 de abril de 1991, P. 5.
En: https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/3785
72
Esta corporación, en sentencia C-107 de 2002, reiterada en sentencia C-405 de 2005, señaló que “dentro de la nueva
concepción del Estado como Social de Derecho, debe entenderse la consagración constitucional del trabajo no sólo como
factor básico de la organización social sino como principio axiológico de la Carta; y además, que constituye la actividad libre
y lícita del hombre, que no sólo contribuye a su desarrollo y dignificación personal sino también al progreso de la sociedad,
bien que se trate de una actividad independiente o subordinada.”
73
Corte Constitucional, sentencia C-536 de 2019.
74
Corte Constitucional, sentencia C-614 de 2009. En similar sentido, sentencias C-107 de 2002 y C-593 de 2014.
75
Corte Constitucional, sentencia T-475 de 1992.
76
En sentencia C-619 de 1996, la Corte señaló que “tanto el derecho al trabajo (C.P. art. 25), como la libertad de escoger
profesión u oficio (C.P., art. 26), pueden ser regulados y modulados por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando
tales intervenciones sean razonables y proporcionales al interés que se busca proteger.”

47

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
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y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares, ante los riesgos que implica el ejercicio de
la conducción de vehículos automotores, por lo que se exige a quienes la ejecutan
el mayor cuidado y diligencia en su despliegue, para lo cual deben contar con las
condiciones físicas y mentales adecuadas.

147. En consecuencia, no se evidencia desconocimiento de los artículos 24 y 25 de
la Carta Política.

II.5. Conclusión

148. La
Sala, acorde con los razonamientos expuestos, constató que la parte
demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las disposiciones
demandadas, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda.

II.6. Condena en costas

149. No se condenará en costas en razón a que se trata del ejercicio de un medio de
control público en el que se ventila un asunto de esa índole -público-, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437.

II.7. Reconocimiento de apoderados judiciales

150. En relación con la parte accionada, en el expediente se encuentra renuncia77 de
la apoderada de esa entidad, abogada Flor Alba Gómez Cortés 78, al poder que le
fue otorgado, así como los poderes -y documentos anexos- otorgados a los
abogados Germán León Castañeda79, Anderson Mauricio Rincón Castañeda80 y
Héctor Liborio Vásquez Ramírez81.

151. Conforme a lo anterior, se declarará terminado el mandato otorgado a la
abogada Flor Alba Gómez Cortés; se reconocerán como apoderados judiciales del
Ministerio de Transporte a los abogados Germán León Castañeda82, Anderson
Mauricio Rincón Castañeda83 y Héctor Liborio Vásquez Ramírez84 en los términos
de los poderes que les fueron otorgados y se declararán terminados sus mandatos
conforme el artículo 76 de la Ley 1564; y se reconocerá como apoderado judicial
del Ministerio de Transporte al abogado Anderson Mauricio Rincón Casteñeda en
virtud del poder que le fuera otorgado, nuevamente, por parte de ese Ministerio85.

77
Cfr. Índice 46, SAMAI.
78
Cfr. Fol. 297-298, cuaderno principal núm. 2. Se le reconoció personería para actuar en representación del Ministerio de
Transporte en la audiencia inicial realizada el 9 de agosto de 2019.
79
Cfr. Índice 48, SAMAI.
80
Cfr. Índice 53 y 68, SAMAI.
81
Cfr. Índice 60, SAMAI.
82
Cfr. Índice 48, SAMAI.
83
Cfr. Índice 53, SAMAI.
84
Cfr. Índice 60, SAMAI.
85
Cfr. Índice 68, SAMAI.

48

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: Reconocer como apoderados judiciales del Ministerio de Transporte a
los abogados Germán León Castañeda, Anderson Mauricio Rincón Castañeda y
Héctor Liborio Vásquez Ramírez.

CUARTO: Declarar terminado el mandato otorgado por el Ministerio de Transporte
a los abogados Flor Alba Gómez Cortés, Germán León Castañeda, Anderson
Mauricio Rincón Castañeda y Héctor Liborio Vásquez Ramírez, de conformidad con
el artículo 76 de la Ley 1564.

QUINTO: Reconocer como apoderado judicial del Ministerio de Transporte al
abogado Anderson Mauricio Rincón Castañeda, en los términos del poder que le
fue otorgado.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las
anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

49

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00
Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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