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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00165-00

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00165-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 18 Dicha posición ha sido reiterada por la Sala, entre otras, en sentencia de 31 de agosto de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2015-00207-00. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00165-00 Actora: JACOB HOLM & SONS AG. TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2017-00165-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00165-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: JACOB HOLM & SONS AG.

TESIS: PARA INICIAR EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LA
SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN, DEBE PEDIRSE,
EXPRESAMENTE, QUE SE EXAMINE SI LA SOLICITUD ES
PATENTABLE, ASÍ COMO PAGAR LA RESPECTIVA TASA DENTRO
DEL PLAZO DE 6 MESES CONTADOS DESDE LA PUBLICACIÓN DE
ESA SOLICITUD. DE LO CONTRARIO, DARÁ LUGAR A QUE SE
DECLARE EL ABANDONO DE ESTA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

sociedad JACOB HOLM & SONS AG. mediante apoderado y en

ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el

artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes

declaraciones:

1ª. La nulidad de las resoluciones núms. 21933 de 28 de abril de

2016, "Por la cual se declara abandonada una solicitud de

patente"; y 77228 de 8 de noviembre de 2016, "Por la cual se

resuelve un recurso de reposición", expedidas por el

Superintendente de Industria y Comercio.

2

Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00165-00
Actora: JACOB HOLM & SONS AG.

2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, se ordene a la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1 continuar

con el trámite de la solicitud de patente de la invención titulada

“MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UNA RED HIDROENREDADA Y

COLOCADA CON AIRE Y PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA

MISMA”.

3ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la

Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en

síntesis, los siguientes:

1°: Que el 8 de julio de 2015 solicitó el otorgamiento del privilegio de

patente a la invención titulada: “MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE

UNA RED HIDROENREDADA Y COLOCADA CON AIRE Y

PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA MISMA”.

2°: Que el 9 de octubre de 2015 fue publicada la solicitud en la

Gaceta de la Propiedad Industrial, sin que se hubieran presentado

oposiciones por parte de terceros; y que dicha publicación se efectuó,

por error, en el título de “Signos Distintivos” de dicha gaceta, razón

1
En adelante SIC.

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Actora: JACOB HOLM & SONS AG.

por la cual no fue posible cumplir con el término legal para el pago y

posterior solicitud del examen de patentabilidad.

3º: Indicó que mediante la Resolución núm. 21933 de 28 de abril de

2016, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, se

declaró abandonada la solicitud del privilegio de patente, por lo que

interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera

confirmatoria a través de la Resolución núm. 77228 de 8 de

noviembre de ese año, emanada del citado funcionario.

I.2. Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 40

y 44 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión

de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486; 3º, 42 y 80 del

CPACA; y 29, 61 y 209 de la Constitución Política, por indebida

aplicación, por cuanto, a su juicio, al encontrarse la invención

solicitada en el capítulo de “Signos Distintivos” de la Gaceta de la

Propiedad Industrial, en la que se publicó, fue que no pudo solicitar ni

pagar en tiempo el examen de patentabilidad correspondiente.

Alegó que debe prevalecer el derecho sustancial sobre las

formalidades; y que, además, es labor de la administración remover

dicho tipo de obstáculos, por lo que era obligación de la entidad

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demandada continuar con el trámite de la invención cuestionada y no

declarar el abandono, como en efecto lo hizo.

Alegó que se vulneró su derecho al debido proceso, por cuanto por

un error en la publicación de la solicitud cuestionada en la Gaceta de

la Propiedad Industrial, pues la invención aparecía en el título de

“Signos Distintivos”, no pudo solicitar ni pagar el examen de

patentabilidad.

Agregó que la SIC, al resolver el recurso de reposición en el trámite

administrativo, no se pronunció respecto de sus argumentos

relacionados con el error de dicha entidad que le impidieron solicitar

y pagar el examen de patentabilidad.

Indicó que si bien es cierto que no cumplió con el deber legal de

pagar el valor correspondiente al examen de patentabilidad y solicitar

el correspondiente estudio dentro del término señalado para el

efecto, también lo es que dicha omisión es atribuible única y

exclusivamente a la entidad demandada si se tiene en cuenta que la

base de datos que contiene la publicación de las gacetas sobre

propiedad industrial no se encontraba debidamente actualizada dado

que presentaba inconsistencias que nunca le fueron informadas. Ello,

debido a que, insistió, la invención cuestionada aparecía en el aparte

de “Signos Distintivos” y no en el de “Nuevas Creaciones”.

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Sostuvo que la expedición de los actos demandados, que implican el

abandono de la solicitud de patente, trae como consecuencia lógica

que la invención reivindicada pase a dominio público generándole

cuantiosas pérdidas económicas y un resultado inocuo de todo el

proceso desarrollado por los investigadores que participaron en el

proyecto de la nueva creación.

Concluyó que desde el momento en que la solicitud entró en fase

inicial en Colombia, ha actuado con diligencia y demostrado interés

en el cumplimiento de los requisitos exigidos; y que la omisión en el

pago y la solicitud de estudio de la invención reivindicada se debió a

un error ajeno a su voluntad, razón por la cual no es procedente la

aplicación de la sanción consistente en el abandono de la patente

solicitada.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para

el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos

demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en

las normas legales vigentes en materia marcaria.

Mencionó que dentro del trámite administrativo iniciado como

consecuencia de la solicitud de privilegio de patente de invención,

surge para su solicitante una carga positiva, la cual consiste en

requerirle a ella que lleve a cabo el examen de patentabilidad junto

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con el pago de la tasa respectiva, dentro del plazo de seis meses

contados a partir de la publicación de dicha solicitud en la gaceta de

la propiedad industrial.

Adujo que el incumplimiento de la mencionada obligación acarrea

para su solicitante la declaratoria del abandono, con lo cual se hace

inviable obtener el derecho de privilegio de patente de invención.

Alegó que ninguna excusa justifica la no solicitud y pago del

examen de patentabilidad cuando sí tuvo suficiente tiempo para

realizarlo, pues el plazo otorgado, de conformidad con el artículo 44

de la Decisión 486, fue de seis (6) meses contados a partir de la

publicación de la solicitud, término suficientemente amplio para

atender dicha disposición.

Expresó que sólo hasta el 7 de junio de 2016 la actora presentó el

escrito de petición de examen de patentabilidad junto con el pago

de la tasa establecida, cuando ya había operado el abandono de la

solicitud, fecha que resultaba extemporánea al plazo concedido de

6 meses.

Sostuvo que, contrario a lo alegado por la actora, la publicación de

la solicitud de patente objeto de controversia fue efectuada en la

Gaceta núm. 741 de 9 de octubre de 2015, sin que se observe

algún error en la misma, toda vez que los datos bibliográficos

corresponden perfectamente con la solicitud cuestionada, la cual se

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tramitó bajo el expediente administrativo núm. 15-156915, en la

que también se advierte que aparece la apoderada de la actora,

esto es, la doctora Carolina Mercedes Daza Montalvo, plenamente

identificada.

Que, por lo anterior, el término para solicitar el examen de

patentabilidad empezó a correr a partir de dicha publicación, esto

es, del 9 de octubre de 2015 y fenecía el 9 de abril de 2016, tiempo

suficiente para que la sociedad solicitante se cerciorara del estado

de su solicitud y presentara la petición para la realización del

examen de fondo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486,

junto con el recibo que acreditara el pago de la tasa respectiva; y

que el no haberlo hecho oportunamente generó el abandono de la

solicitud.

Adujo que, como se desprende de los mismos hechos de la

demanda, fue tiempo después de haber acaecido el abandono de la

solicitud, en virtud de lo expuesto en el artículo 44, ibidem, que la

actora solicitó y pagó el examen de patentabilidad, lo que

demuestra que no cumplió con la carga establecida en la citada

norma, con la consecuencia lógica de que se declarara abandonada

la solicitud; y que mal podría trasladársele a ella una carga que,

conforme al citado artículo 44, le corresponde asumir al solicitante.

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Aclaró que el hecho de que la solicitud de patente cuestionada

hubiese quedado en el acápite denominado “Título de Signos

Distintivos” en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no constituye

un error de publicación, porque, en todo caso, el extracto de la

publicación de dicha solicitud coincide integralmente en sus datos

bibliográficos con los contenidos en el expediente núm. 15-156916;

y que, además, su ubicación en la Gaceta en nada afecta la

búsqueda de la misma, porque para la época en que la sociedad

actora ha debido realizar la búsqueda para verificar el estado del

trámite, la publicación ya era electrónica, de tal manera que la

demandante tenía a su disposición el modelo de búsqueda virtual,

el cual permite buscar de varias formas y con diferentes criterios

las solicitudes que se tramitan ante su entidad, como por ejemplo:

i) por el número de radicado del expediente; o ii) por ejemplar y

fecha de publicación; iii) en la opción capítulo o tipo de trámite:

solicitudes de patente de invención PCT, entre otros.

Que, como puede observarse, cuando ésta se ejecuta, en las

formas señaladas de consulta, se puede verificar los datos

bibliográficos de la solicitud, lo relativo a su publicación e incluso

permite consultarla de manera completa.

Explicó que el proceso de publicación, para la época de la consulta,

ya se realizaba de forma automática y la información presentada se

encontraba disponible al público y simplemente se accedía a la

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misma ingresando a su página web www.sic.gov.co, en la pestaña

de propiedad industrial, opción gacetas electrónicas de la 695 a

741, lo que fácilmente se puede corroborar en las siguientes

imágenes:

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Folios 105 y 106 del cuaderno físico principal.

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Que se trata de un ejercicio sencillo de consulta y que de manera

cotidiana realizan los interesados para hacer seguimiento de sus

solicitudes o bien para ejercer sus derechos.

Mencionó que en este caso la actora no consultó adecuadamente su

página web o simplemente no la consultó dentro de los 6 meses

siguientes a la publicación, por lo que no se enteró oportunamente

de la publicación realizada; y que no se evidencia irregularidad

alguna en la publicación que llevara a la demandante a incurrir en

algún error que impidiera hacer una consulta correcta del

expediente, además de que la información siempre ha estado

disponible en la página de la SIC para su consulta.

Arguyó que lo que en el presente caso ocurrió fue el incumplimiento

de una disposición comunitaria dentro del proceso de otorgamiento

de la patente, que la misma actora ha reconocido expresamente,

por lo que ella misma debe asumir su error y no atribuírselo a la

administración, porque lo que estuvo dentro de su cargo, esto es: i)

la publicación de la solicitud una vez agotada de modo favorable la

etapa de forma; y ii) que dicha publicación contenga la información

veraz y completa de las solicitudes, lo efectuó en debida forma y

sin afectar derecho alguno.

Señaló que no dejó de analizar las pruebas allegadas junto con el

recurso de reposición, pues como se advierte de la Resolución

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acusada núm. 77228 de 2016, sí se resolvió el argumento del error

en la publicación al indicársele que “[…] la publicación sí se dio

efectivamente en la gaceta de la propiedad industrial No. 741 de

fecha 09 de octubre de 2015 de tal suerte que la declaratoria de

abandono se ajustó a lo prescrito en la normativa aplicable […]”.

Llamó la atención respecto de que los documentos allegados con la

demanda no demuestran error alguno en la publicación hecha en la

gaceta de la propiedad industrial núm. 741, comoquiera que

corresponden a unas fotocopias de algunos apartes de dicha

publicación, los cuales, por el contrario, permiten corroborar que los

datos bibliográficos concuerdan perfectamente con los consignados

en la solicitud de la invención cuestionada; y que su ubicación en la

gaceta en nada afecta su consulta, debido a que se encuentra

descrita como “SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN PCT”,

ordenada a publicar en octubre de 2015.

Insistió en que los datos para efectuar los criterios de búsqueda

coincidían perfectamente con los de la solicitud de la invención

objeto de controversia, por lo que perfectamente ha podido buscar

por número de solicitud y encontrar que esta se encontraba

efectivamente publicada en la gaceta de la propiedad industrial.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

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Mediante providencia de 30 de septiembre de 2020, se ordenó

prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el

artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1

del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20203, adicionado

por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20214, toda vez

que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no

se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que

practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran

documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas,

no se adoptó decisión al respecto.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto

fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda,

los documentos aportados por las partes.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso

para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría

de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

3
“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a
los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica.”.
4
“Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los
procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

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IV.1.- La actora solicitó acceder a las súplicas incoadas en la

demanda. Para el efecto, señaló que debe prevalecer el derecho

sustancial sobre las formalidades, por lo que tiene derecho a que se

le conceda la presente invención como patente, una vez se surta el

trámite administrativo correspondiente.

Manifestó que el hecho de no haberse pagado a tiempo la tasa o

solicitarse el examen de patentabilidad es un aspecto puramente

formal que a la luz de las reglas y principios procesales y

jurisprudenciales es absolutamente subsanable, más cuando la

entidad demandada aceptó el pago de las tasas oficiales.

Manifestó que el hecho de que la SIC le haya recibido el pago del

examen de patentabilidad, junto con el recurso de reposición,

configura una declaración de que este sí era procedente; y que si se

insistía en que procedía el abandono, se constituía un pago de lo no

debido.

IV.2.- La SIC insistió en denegar las pretensiones de la demanda,

toda vez que la actora no cumplió con las exigencias

procedimentales previstas en el artículo 44 de la Decisión 486, al no

presentar, dentro del término establecido, la solicitud de examen de

patentabilidad junto con el pago de la tasa establecida generando

con ello el abandono de la solicitud en trámite.

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Que dicha norma establece la obligación del solicitante de presentar

oportunamente la solicitud de examen de patentabilidad para que

se continúe con el examen de fondo y, posteriormente, determinar

si la invención solicitada es patentable o no, por lo que al no

presentar la petición de patentabilidad dentro del término

establecido y de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable,

la solicitud caerá en abandono.

Reiteró que en este caso la demandante tuvo un plazo de seis (6)

meses desde la fecha de la publicación de la solicitud, término

dentro del cual no elevó la solicitud de estudio de patentabilidad,

por lo que la solicitud se consideró abandonado acorde con el

mencionado precepto legal; y que, además, dicha solicitud solo se

presentó hasta 7 de junio de 2016, cuando ya había operado el

abandono.

IV.3.- En esta etapa procesal el agente del Ministerio Público

guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el

Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de

las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda,

concluyó5:

5
Proceso 239-IP-2020.

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“[…] 1. La manifestación del solicitante para la
realización del examen de patentabilidad. Abandono de
la solicitud de patente.

1.1. En su contestación a la demanda la SIC afirmó que Jacob
Holm & Sons AG solicitó de forma extemporánea la realización
del estudio de patentabilidad y pago de la tasa respectiva,
petición que venció el 9 de abril de 2016, generando con esto
el abandono de la solicitud de patente en trámite, por lo cual
resulta pertinente abordar el presente tema.

1.2. En el Articulo 44 de la Decisión 486 se establece que el
examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el
solicitante, dentro del plazo de seis (6) meses contados desde
la publicación de la solicitud, pida expresamente que se
examine si la materia de la solicitud es patentable,
independientemente de que se hubieren presentado o no
oposiciones. Asimismo, establece que la consecuencia a la
inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la
solicitud.

1.3. Además del requisito de la petición expresa, se prescribe
el cobro de tasas para la realización del examen de
patentabilidad. Si los países miembros optan por dicho cobro,
la petición expresa del examen debe ir aparejada del pago de
la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna
indique. Esto quiere decir que para que la oficina de patentes
realice el examen de patentabilidad se necesitan dos
requisitos:

i. La petición expresa: y,

ii. El pago de las respectivas tasas si están previstas.

1.4. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las
tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como
tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por
lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas corno una
petición implícita para la realización del examen de
patentabilidad.

1.5. En ese sentido, la no cancelación del pago de la tasa
imposibilita la realización del examen de patentabilidad,
generando un efecto similar al hecho de no haberse solicitado
el mencionado examen dentro del término previsto en la
norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud.

1.6. De conformidad con lo anteriormente analizado, los
requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda
a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la
Decisión 486, son los siguientes:
i. Publicación de la solicitud de patente.

ii. Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los
seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para

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que la Oficina de Patentes realice el examen de
patentabilidad.

iii. Pago de las tasas, si fuere del caso, para la, realización del
examen de patentabilidad, dentro de los seis meses
siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones
que establezca la regulación interna.

1.7. Sobre la base de este pronunciamiento para resolver la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho deberá
verificar si la declaratoria de abandono de la solicitud de
patente se funda en algún defecto en su presentación o en la
falta de cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en
la normativa del régimen común sobre propiedad industrial.
[…]”.

VI.-CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante las resoluciones núms. 21933 de 28 de abril

de 2016 y 77228 de 8 de noviembre de ese año, declaró el

abandono de la solicitud de patente de la invención titulada

“MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UNA RED HIDROENREDADA Y

COLOCADA CON AIRE Y PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA

MISMA”.

Sobre el particular, la actora señaló que debe prevalecer el derecho

sustancial sobre las formalidades, además, es labor de la

administración remover dicho tipo de obstáculos, por lo que era

obligación de la entidad demandada continuar con el trámite de la

invención cuestionada y no declarar el abandono, como en efecto lo

hizo.

Mencionó que se vulneró su derecho al debido proceso, habida

cuenta que por un error en la publicación de la solicitud cuestionada,

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en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la invención en mención

aparecía en el título de “Signos Distintivos”, por lo que no pudo

solicitar ni pagar el examen de patentabilidad.

Agregó que la SIC, al resolver el recurso de reposición en el trámite

administrativo, no se pronunció respecto de sus argumentos

relacionados con el error de dicha entidad, que le impidieron solicitar

y pagar el examen de patentabilidad.

Indicó que si bien es cierto es que no cumplió con el deber legal de

pagar el valor correspondiente al examen de patentabilidad y solicitar

el correspondiente estudio dentro del término señalado para ello,

también lo es que dicha omisión es atribuible única y exclusivamente

a la entidad demandada, toda vez que la base de datos que contiene

la publicación de las gacetas sobre propiedad industrial no se

encontraba debidamente actualizada, dado que presentaba

inconsistencias que nunca le fueron informadas; y que la invención

cuestionada aparecía en el aparte de “Signos Distintivos” y no en el

de “Nuevas Creaciones”.

Por su parte, la SIC adujo que, contrario a lo alegado por la actora,

la publicación de la solicitud de patente objeto de controversia se

efectuó en la Gaceta núm. 741 de 9 de octubre de 2015, sin que se

observe algún error en la misma, toda vez que los datos

bibliográficos corresponden perfectamente con la solicitud

cuestionada, la cual se tramitó bajo el expediente administrativo

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núm. 15-156915, en la que también se advierte que aparece la

apoderada de la actora, esto es, la doctora Carolina Mercedes Daza

Montalvo, plenamente identificada.

Que, por lo anterior, el término para solicitar el examen de

patentabilidad empezó a correr a partir de dicha publicación, esto

es, el 9 de octubre de 2015, de tal suerte que dicho plazo fenecía el

9 de abril de 2016, tiempo suficiente para que la sociedad

solicitante se cerciorara del estado de su solicitud y presentara la

petición para la realización del examen de fondo previsto en el

artículo 45 de la Decisión 486, junto con el recibo que acreditara el

pago de la tasa respectiva; y que el hecho de no hacerlo

oportunamente, fue lo que generó el abandono de la solicitud.

Adujo que, como se desprende de la demanda, fue tiempo después

de haber acaecido el abandono de la solicitud, en virtud de lo

expuesto en el artículo 44, ibidem, que la actora solicitó y pagó el

examen de patentabilidad, lo que demuestra que no cumplió con la

carga establecida en la citada norma, con la consecuencia lógica de

que se declarara abandonada la solicitud; y que mal podría

trasladársele a ella una carga que, conforme al citado artículo 44, le

corresponde asumir al solicitante.

Aclaró que el hecho de que la solicitud de patente cuestionada

hubiese quedado en el acápite denominado “Título de Signos

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Distintivos” en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no constituye

un error de publicación, porque, en todo caso, el extracto de la

publicación de dicha solicitud coincide integralmente en sus datos

bibliográficos con los contenidos en el expediente núm. 15-156916;

y que, además, su ubicación en la Gaceta en nada afecta la

búsqueda de la misma, porque para la época en que la sociedad

actora ha debido realizar la búsqueda para verificar el estado del

trámite la publicación ya era electrónica, de tal manera que la

demandante tenía a su disposición el modelo de búsqueda virtual,

el cual permite buscar de varias formas y con diferentes criterios

las solicitudes que se tramitan ante su entidad, como por ejemplo:

i) por el número de radicado del expediente; o ii) por ejemplar y

fecha de publicación; iii) en la opción capítulo o tipo de trámite:

solicitudes de patente de invención PCT, entre otros.

Que, como puede observarse, cuando esta se ejecuta, en las

formas señaladas de consulta, se puede verificar los datos

bibliográficos de la solicitud, lo relativo a su publicación e incluso

permite consultarla de manera completa.

Explicó que el proceso de publicación, para la época de la consulta,

ya se realizaba de forma automática y la información presentada se

encontraba disponible al público y simplemente se accedía a la

misma ingresando a su página web www.sic.gov.co, en la pestaña

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de propiedad industrial, opción gacetas electrónicas de la 695 a

741.

VI.-1. Problema jurídico

Teniendo en cuenta lo anterior, el asunto por dilucidar se centra en

establecer la legalidad de las resoluciones núms. 21933 de 28

de abril de 2016 y 77228 de 8 de noviembre de 2016, por

medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO declaró el abandono de la solicitud de patente de

invención a la creación titulada “MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE

UNA RED HIDROENREDADA Y COLOCADA CON AIRE Y

PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA MISMA”; y si estas vulneran o

no lo previsto en los artículos 40 y 44 de la Decisión 486.

V.II.2.- La normativa aplicable

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta

Corporación consideró que para el caso sub examine era viable la

interpretación del artículo 44 de la Decisión 486 “[…] por ser

pertinente […]”, no así la del artículo 406, ibidem, toda vez que “[…]

no es objeto de controversia el carácter público que tendrá el

expediente o la facultad que tiene la oficina nacional competente de

la publicación de la solicitud […]”.

6
Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por el Tribunal, la Sala se abstendrá de realizar
su estudio.

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Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente:

“[…] Decisión 486

Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados
desde la publicación de la solicitud, independientemente
que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante
deberá pedir que se examine si la invención es patentable.
Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la
realización de este examen.

Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera
pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en
abandono […]”.

V.II.3.- Análisis del caso concreto

El examen de patentabilidad

De conformidad con lo previsto en la Decisión 486, el trámite

relacionado con las solicitudes de patentes, desde su etapa de

publicación, es el siguiente:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486, se

pueden otorgar patentes para invenciones que “[…] sean de

producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología,

siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean

susceptibles de aplicación industrial […]”.

Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de

presentación de la solicitud en el Estado Miembro o cuando sea el

caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el

expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado.

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De conformidad con el artículo 40 de la Decisión 486, la oficina

nacional competente ordenará la publicación de la solicitud en la

gaceta de la propiedad industrial. No obstante lo anterior, el

solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier

momento, siempre que se haya concluido el examen de forma. En

tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.

Dentro del plazo de sesenta (60) días siguientes a la fecha de la

publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una

sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la

patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina

nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional

de sesenta días (60) para sustentar la oposición.

Si se presentó oposición, la oficina nacional competente notificará al

solicitante para que dentro de los sesenta (60) días siguientes haga

valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte

nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si

lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional

competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de

sesenta días para la contestación.

Ahora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Decisión

486, dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la

publicación de la solicitud en la gaceta de la propiedad industrial,

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independientemente de que se hayan presentado oposiciones, el

solicitante deberá pedir que se examine si la invención es

patentable.

Adicionalmente, los Estados Miembros podrán cobrar una tasa para

la realización de este examen. La solicitud caerá en abandono si

transcurre dicho plazo sin que el solicitante pida que se realice el

examen y pague la tasa, si es del caso.

Si la oficina nacional competente encuentra que la invención no es

patentable o que no cumple con alguno de los requisitos

establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente, lo

notificará al solicitante, quien deberá responder a la notificación

dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la

notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por

un período de treinta (30) días adicionales.

También se advierte que cuando la oficina nacional competente

estime que sea necesario, para los fines del examen de

patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces. Si el

solicitante no responde a la notificación dentro del plazo señalado,

o si a pesar de la respuesta subsisten los impedimentos para la

concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

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De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y al

requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante

proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más

de los siguientes documentos relativos a una o más de las

solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma

invención que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de

patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese

concedido con base en esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese

rechazado o denegado la solicitud extranjera; o

e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese

anulado o invalidado la patente u otro título de protección

concedido con base en la solicitud extranjera. Si el solicitante no

presenta los documentos requeridos dentro del plazo señalado la

oficina nacional competente denegará la patente.

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Si el examen definitivo es favorable se otorgará el título de la

patente. Si es parcialmente favorable, se otorgará el título

solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si es desfavorable la

patente se denegará conforme al mandato contenido en el artículo

48 de la Decisión 486.

Particularmente, respecto del examen de patentabilidad, la

Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal en el caso sub

examine enfatiza en que el citado artículo 44 de la Decisión 486

establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y

cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados

desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se

examine si la solicitud es patentable, independientemente de

que se hubieren presentado o no oposiciones. Asimismo, señala que

la consecuencia a la inactividad del solicitante es la

declaración de abandono de la solicitud.

Además, indica que “[…] es muy importante tener en cuenta que el

pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así

como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por

lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una

petición implícita para la realización del examen de

patentabilidad […]” (Destacado fuera de texto).

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De acuerdo con lo anterior, es necesario considerar los requisitos

para proceder a iniciar el examen de patentabilidad, aludidos en la

precitada interpretación prejudicial:

“[…] De conformidad con lo anteriormente analizado, los
requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva
proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad
con la Decisión 486, son los siguientes:

1. Publicación de la solicitud de patente.

2. Petición expresa del solicitante, formulada dentro
de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la
solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el
examen de patentabilidad.

3. Pago de las tasas, si fuere del caso, para la
realización del examen de patentabilidad dentro de los
seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en
las condiciones que establezca la regulación interna
[…]”. (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, no basta efectuar la solicitud y el pago por fuera del

término legal y pretender que con dicho actuar se cumplió con la

carga de demostrar su interés o intención para la realización del

examen porque, como se dijo anteriormente, debe ajustarse al

procedimiento que lo regula, es decir, debe existir la petición

expresa del solicitante en tal sentido dentro del término

previsto para tal efecto.

Por consiguiente, el pago de la respectiva tasa debe ir aparejada

con la petición del examen, requisitos estos que no se cumplieron

en el presente caso.

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Ahora bien, es necesario tener en cuenta que la Decisión 486, en su

artículo 4°, en lo referente a términos y plazos, dispone:

“[…] Artículo 4o.- Los plazos relativos a trámites previstos
en la presente Decisión sujetos a notificación o publicación
se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se
realice la notificación o publicación del acto de que se
trate, salvo disposición en contrario de la presente
Decisión […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, la Decisión 486, en su artículo 44, señala:

“[…] Dentro del plazo de seis meses contados desde la
publicación de la solicitud, independientemente que se
hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir
que se examine si la invención es patentable […].”

En atención a que el artículo 4° de la citada Decisión 486, en lo

referente a los plazos relativos a trámites sujetos a publicación

establece una excepción, dispone que “salvo disposición en

contrario de la presente Decisión” y que el artículo 44 ibidem prevé

de manera específica un plazo con respecto a la solicitud del

examen de patentabilidad, se debe aplicar este último, que prevé

un plazo de seis (6) meses contados desde la fecha de

publicación de la solicitud.

En el caso objeto de estudio, de los documentos allegados, se tiene

que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la

Propiedad Industrial núm. 741 de 9 de octubre de 2015, fecha en

que se inició el plazo, el que culminó el 9 de abril de 2016, período

dentro del cual la actora no allegó la petición del examen de

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patentabilidad ni el pago de la tasa correspondiente a que hace

referencia la norma anteriormente transcrita.

Ahora, la Sala advierte que la actora también alegó que si bien es

cierto que no cumplió con el deber legal de pagar el valor

correspondiente al examen de patentabilidad y solicitar el

correspondiente estudio dentro del término señalado para ello,

también lo es que dicha omisión es atribuible única y exclusivamente

a la entidad demandada, toda vez que la base de datos que contiene

la publicación de las gacetas sobre propiedad industrial no se

encontraba debidamente actualizada, dado que presentaba

inconsistencias que nunca le fueron informadas. Ello, debido a que,

insistió, la invención cuestionada aparecía en el aparte de “Signos

Distintivos” y no en el de “Nuevas Creaciones”.

De la revisión de los antecedentes administrativos7, la Sala observa

que la actora allegó junto con el recurso de reposición, en contra de

la Resolución núm. 21933 de 2016, las siguientes imágenes, que

corresponden a la consulta que realizó en la gaceta electrónica de la

propiedad industrial núm. 741 de 9 de octubre de 2015, a través de

la página web de la SIC, cuya búsqueda se encontraba filtrada por

apoderado:

7
CD visible a folio 98 del cuaderno físico principal.

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A su turno, se evidencia que la SIC, junto con la contestación de la

demanda allegó las siguientes imágenes, para demostrar que no es

cierto que exista un error atribuible a ella pues, a su juicio, la

invención cuestionada fue debidamente publicada en la gaceta

electrónica para la propiedad industria núm. 741 de 9 de octubre de

2015, en la que se advierte que los datos bibliográficos del extracto

de la publicación de dicha invención coinciden perfectamente con

los registrados en el expediente núm. 15156915:

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8

8
Folios 105 y 106 del cuaderno físico principal.

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De lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón a la actora

porque de las mismas imágenes que ella allegó se observa

claramente que la invención denominada “MÉTODO DE

PRODUCCIÓN DE UNA RED HIDROENREDADA Y COLOCADA

CON AIRE Y PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA MISMA” fue

debidamente publicada en la gaceta de la propiedad industrial núm.

741 de 9 de octubre de 2015, pues: i) la información bibliográfica

de la solicitud resulta concordante y coincidente con los datos

consignados en el expediente núm. 15-156915; ii) se encuentra

ubicada en el acápite denominado “Solicitudes de patente de

invención PCT”; y iii) se le informa, adicionalmente, que “[…] a

partir de la fecha de publicación de esta gaceta el solicitante cuenta

con un plazo de seis (6) meses para pedir que se practique el

examen de patentabilidad de la solicitud, anexando el recibo de

pago de la tasa correspondiente a tal fin. De no procederse así la

solicitud caerá en abandono (Art. 44 de la Decisión 486 […]”.

También se advierte que aunque en dichas imágenes obra un título

denominado “Título de Signos Distintivos”, debajo de este se

encuentra un listado de diferentes marcas publicadas en la gaceta

núm. 741, sin que por ello exista un error en la publicación de la

patente cuestionada, pues es evidente que ese título se encontraba

allí consignado porque la búsqueda efectuada por la actora de dicha

gaceta electrónica se encontraba filtrada por apoderado, de manera

que era lógico que primero aparecieran los signos distintivos de los

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que era apoderada la doctora CAROLINA DAZA MONTALVO y,

posteriormente, otro acápite denominado “Solicitudes de

patentes PCT”, en la que se encontraba la invención objeto de

controversia con los datos bibliográficos correspondientes los

cuales, se insiste, eran totalmente correctos y coincidentes con lo

consignado en el expediente núm. 15156915.

En ese orden de ideas, no podría señalarse que hubo un error en la

publicación comoquiera que la solicitud de patente fue debidamente

publicada en la gaceta de la propiedad industrial núm. 741 de 9 de

octubre de 2015, toda vez que los datos bibliográficos allí

consignados coincidían totalmente con la información obrante en el

expediente núm. 15-156915.

Además, no puede perderse de vista que para la fecha en que fue

publicada la solicitud de patente cuestionada (9 de octubre de

2015), las gacetas de la propiedad industrial ya eran electrónicas,

por lo que la actora debía consultar, a través de la página web de la

entidad demandada, el estado de la solicitud cuestionada y pudo

también, durante el término de seis (6) meses que estuvo

publicada la solicitud, a través de los diferentes filtros de búsqueda

(no solo por apoderado) haberse percatado que la solicitud sí había

sido debidamente publicada y proceder a solicitar y pagar del

examen de patentabilidad.

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Por lo tanto, al no cumplirse con la carga consistente en que la

solicitante de la patente formulara petición expresa y realizara el

pago de la tasa correspondiente, dentro de los seis (6) meses

contados desde la fecha de publicación de la solicitud, para que se

practicara el examen de patentabilidad de la invención, la SIC podía

legalmente declarar abandonada la solicitud de patente de

invención, como en efecto lo hizo a través de los actos demandados

en los términos dispuestos en el artículo 44 de la Decisión 4869.

Ahora, en cuanto al argumento de la actora relativo a que debe

prevalecer el derecho sustancial respecto de lo meramente

procedimental, pues, aunque haya sido extemporáneo, sí presentó

la solicitud y el pago correspondiente del examen de patentabilidad,

la Sala pone de presente que la demandante no puede pretender

que se desconozca la ley vigente, la cual considera que las normas

procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento, sin

que exista una situación jurídica particular para desconocerlas, así

se haya obrado de buena fe, habida cuenta que “[…] la prevalencia

del derecho sustancial no es un principio absoluto que implique

prescindir de las disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos,

discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que estas

desarrollan también un principio que a su vez constituye un

derecho fundamental, cual es el del debido proceso, de modo que la

9
En el mismo sentido se pronunció la jurisprudencia de esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de 2018, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020110031500.

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aplicación de aquél requiere ponderar y armonizar ambos principios

o derechos en el caso concreto […]”10.

En efecto, la Sala debe precisar que la exigencia sobre la cual la

entidad demandada se fundamentó, para declarar el abandono a la

invención titulada “MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UNA RED

HIDROENREDADA Y COLOCADA CON AIRE Y PRODUCTOS

OBTENIDOS DE LA MISMA”, no puede considerarse como un

riguroso formalismo, con el cual la Administración pretendió

desconocer sus derechos, sino más bien el cumplimiento de las

normas aplicables, vale decir, el artículo 44 de la Decisión 486 y la

consecuencia prevista por su no observancia, conforme lo señaló

esta Sección en la sentencia de 16 de febrero de 201711, que ahora

se prohíja, en la que se expresó lo siguiente:

“[…] En primer lugar, debe la Sala señalar que la
prevalencia del derecho sustancial no puede
interpretarse como la inexistencia o la ineficacia de las
normas de procedimiento, dado que éstas constituyen
instrumentos necesarios para que el Derecho material
se realice objetivamente y en su oportunidad.

Sobre el particular, esta Sección en la sentencia de 5 de junio
de 2014 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2009-00202-00,
Actor: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., consejero ponente
doctor Guillermo Vargas Ayala), expresó:

“6.5.2. Ahora bien, se cuestiona en la demanda que se
privilegió la aplicación de las formalidades sobre el
derecho sustancial, en desconocimiento de lo dispuesto
en el artículo 228 de la C.P., al no tenerse en cuenta los

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
enero de 2010, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 11001-03-24-000-
2004-00170-01.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
febrero de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2007-00383-00.
Reiterado en sentencia de 21 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de
radicación 2008-00329-00.

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memoriales de 28 de marzo de 2008 y 15 de abril de 2008
mediante los cuales subsanó el error formal de no haber dado
contestación al requerimiento efectuado en el Oficio núm.
14160 dentro de la oportunidad legal consagrada en el
artículo 39 de la Decisión 486.

La Sala en Sentencia de 28 de enero de 200812 desestimó una
acusación similar a la aquí examinada con las siguientes
consideraciones que ahora se prohíjan por resultar aplicables
a este asunto, en tanto que en ambos casos se discutió la
legalidad de actos administrativos que declararon el abandono
de la solicitud de patente por no completar los requisitos
indicados por la Oficina Nacional Competente dentro de la
oportunidad prevista en la normativa andina:

“[…] la prevalencia del derecho sustancial no es un
principio absoluto que implique prescindir de las
disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos,
discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que
éstas desarrollan también un principio que a su vez
constituye un derecho fundamental, cual es el del
debido proceso, de modo que la aplicación de aquél requiere
ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso
concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho
sustancial tuvo la primacía que correspondía a las
circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales
que hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a
la actora.

Según las disposiciones transcritas13 es claro que los
términos que prevé son preclusivos y la intervención en la
actuación requiere de apoderado debidamente constituido, y
como quiera que en este caso no había apoderado
debidamente constituido y no se allegó el instrumento que
lo constituyera dentro del plazo único y prorrogado que
le fue dado, se concluye que la interesada no respondió
a tales observaciones, y la consecuencia jurídica de ello
no es otra que la declaración de abandono de la
solicitud.

Por lo anterior se impone hacer efectiva la
consecuencia de esa omisión, que es la de declarar
abandonada la solicitud, según lo pone de presente el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a lo
cual la entidad demandada no tenía opción distinta, de
modo que la decisión acusada está acorde con las normas
comunitarias en comento, en especial con el artículo 22 en
cita.”14 (Resalta la Sala)

12
Proferida en el proceso con radicación núm. 11001 0324 000 2004 00170 01, Consejero Ponente Dr.
Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
13
Se refiere a los artículos 14 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
cuyas previsiones normativas son equivalentes a las de los artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina.
14
Este criterio jurisprudencial fue reiterado por la Sala en Sentencia de 4 de julio de 2013, proferida
en el proceso con radicación núm. 2008 00071 00, Consejera Ponente Dra. María Elizabeth García
González.

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Actora: JACOB HOLM & SONS AG.

Además, como lo ha precisado la Corte Constitucional
en distintos pronunciamientos, la prevalencia del
derecho sustancial no puede interpretarse como la
inexistencia o la ineficacia de las normas adjetivas o de
procedimiento o como el desconocimiento de los
términos y plazos procesales. Así por ejemplo en
Sentencia C-446 de 1997 sostuvo al respecto que:

“La primacía del derecho sustancial prevista por el
artículo 228 de la Constitución, no puede interpretarse
como la inexistencia de las normas procesales. No, el
entendimiento cabal del precepto constitucional apenas
conduce a definir las normas procesales, y el proceso
en sí, como un medio para realizar el derecho, para que
la norma jurídica se aplique al caso concreto.
Recuérdese lo dicho por la Corte Constitucional, al decidir
una demanda contra el artículo 373 del Código de
Procedimiento Civil, norma semejante a la acusada ahora:
“Al declarar el inciso cuarto del artículo 273 del Código de
Procedimiento Civil que en caso de no reunir la demanda los
requisitos formales que le exige la ley, se declarará desierto el
recurso y se ordenará devolver el expediente al tribunal de
origen, sólo se está en presencia de unos efectos
sancionatorios, originados en el incumplimiento de una norma
de carácter procesal por el accionante, y no en la hipótesis de
hacer prevalecer una norma adjetiva sobre la sustantiva”.
(Corte Constitucional, sentencia C-215 de abril 28 de 1994,
magistrado ponente, doctor Fabio Morón Díaz).

El mismo argumento que sirve de base a la demanda, o uno
similar, serviría para demandar la declaración de
inconstitucionalidad de todas las normas procesales, o de su
inmensa mayoría.

Es claro, en síntesis, que la norma demandada15 no quebranta
el artículo 228 ni ninguna otra disposición de la Constitución.
En consecuencia, será declarada exequible.” (negrillas ajenas
al texto original)

Posteriormente, en un pronunciamiento en sede de tutela
contenido en la Sentencia T-323 de 1999 afirmó sobre el
particular que:

“f) La Corte ha proclamado, con arreglo al artículo 228 de la
Constitución, el postulado de prevalencia del Derecho
sustancial, que implica el reconocimiento de que las finalidades
superiores de la justicia no pueden resultar sacrificadas por
razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a

15
Decreto 2700 de 1991 “Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal”. “Artículo 226.
Resolución sobre la admisibilidad del recurso. Si la demanda no reúne los requisitos, se declarará
desierto el recurso y se devolverá el proceso al tribunal de origen. En caso contrario se correrá
traslado al procurador delegado en lo penal por un término de 20 días para que obligatoriamente
emita concepto.”

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consideraciones de forma no indispensables para resolver en el
fondo el conflicto del que conoce el juez.

Pero debe dejarse en claro que el enunciado principio
constitucional que rige las actuaciones judiciales no
implica la inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda
norma legal obligatoria para quienes participan en los
procesos, o la eliminación, per se, de las formas
indispensables para que los juicios lleguen a su
culminación -pues allí está comprometido el derecho
sustancial de acceso a la administración de justicia-, ni,
para el asunto del que ahora se trata, puede significar la
absoluta pérdida del carácter perentorio de los términos
procesales. Todos estos elementos integran la "plenitud
de las formas propias de cada juicio", contemplada como
factor esencial del debido proceso, según el artículo 29
de la Carta Política, y por lo tanto no constituyen
simplemente reglas formales vacías de contenido sino
instrumentos necesarios para que el Derecho material se
realice objetivamente y en su oportunidad.

g) En el caso concreto, está probada la extemporaneidad en la
presentación del documento de sustentación del recurso. Si la
extensión de ella fue mayor o menor, en minutos u otra medida
de tiempo, es algo indiferente respecto del hecho
incontrovertible de que los términos judiciales vencen en un día
y a una hora predeterminados. Es obligación de la autoridad
judicial velar por el exacto sometimiento de las partes e
intervinientes a los plazos que la ley concede en las distintas
fases de la actuación procesal.” (negrillas de la Sala)

Y luego, en la Sentencia C-1512 de 2000 dijo que:

“La prevalencia del derecho sustancial, según el mandato del
artículo 228 de la Carta, constituye un imperativo dentro del
ordenamiento jurídico y, muy especialmente, en lo relativo a
las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial,
pues permite realizar los fines estatales de protección y
realización del derecho de las personas, así como de otorgar
una verdadera garantía de acceso a la administración de
justicia pronta y cumplida.

Lo anterior no significa que se pueda caer en el
permanente error de considerar el principio de la
primacía del derecho sustancial sobre el formal como
un postulado constitucional excluyente que impide la
coexistencia de las normas sustantivas y formales,
pues, como se ha visto, con éstas se logra dar vigencia
a principios que encuentran sustento constitucional.
Sobre este tema la Corte se pronunció16 y aclaró lo siguiente:

“...Si bien este principio constitucional adquiere una gran
trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y

16
Sentencia C-215 de 1994.

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especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere
decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan
de valor o significación. Hay una tendencia en este
sentido, que pretende discutir la validez de las normas
que establecen requisitos y formalidades, y que es
preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en
estas materias constitucionales, y concluir entonces
que, no obstante, la aludida prevalencia, dichas normas
cuentan también con firme fundamento constitucional y
deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los
jueces...””. (Se resalta)

Por ende, esta acusación no tiene vocación de prosperidad.

6.5.3. Así mismo en la demanda se aduce que la
actuación de la Superintendencia de Industria y
Comercio desatendió el principio de eficacia que
gobierna las actuaciones administrativas establecido en
los artículos 209 de la Constitución Política y 2º y 3º
(inciso 5) del Código Contencioso Administrativo, en
concordancia con el artículo 4º del Código de
Procedimiento Civil17.

La eficacia está contenida en varios preceptos constitucionales
como perentoria exigencia de la actividad pública, entre otros,
en el artículo 2º al prever como uno de los fines esenciales
del Estado garantizar la efectividad de los principios, deberes
y derechos consagrados en la Constitución Política, y en el
artículo 209 como principio en virtud del cual se desarrolla la
función administrativa.

En el artículo 2º del Código Contencioso Administrativo se
reitera la previsión constitucional antes mencionada en el
sentido de señalar que los funcionarios deberán tener en
cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto “…la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados,
reconocidos por la ley”. Y en el artículo 3 inciso 5º de ese
mismo se consagra la eficacia como principio orientador de las
actuaciones administrativas y se dispone que en virtud del
mismo “…se tendrá en cuenta que los procedimientos deben
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos
puramente formales y evitando decisiones inhibitorias…”.

Este principio, sin embargo, no supone en modo alguno
el desconocimiento de las normas procesales, pues
como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia
atrás citada éstas no constituyen simplemente reglas
formales vacías de contenido sino instrumentos
necesarios para que el Derecho material se realice
objetivamente y en su oportunidad.

17
“Artículo 4º.- Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. […]”

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Por lo anterior, so pretexto de la aplicación de este principio, no
pueden pasarse por alto los términos establecidos en la
normativa andina para completar los requisitos de las
solicitudes de patente de invención.” (Las negrillas y subrayas
fuera de texto)”. […]” (Destacado fuera de texto).

Aunado a lo anterior, debe puntualizarse que, como bien lo ha

reiterado la citada jurisprudencia del Consejo de Estado, es

principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de su

primacía o prevalencia sobre los ordenamientos jurídicos internos

de cada uno de los Estados Miembros, de manera que las normas

aplicables al presente caso son las de la Decisión 486,

particularmente, en su artículo 44.

De allí que tampoco se advierta vulneración de los artículos 3º, 42 y

80 del CPACA y 29, 61 y 209 de la Constitución Política, pues, como

quedó visto, la SIC, con la expedición de los actos administrativos

acusados, no vulneró los derechos de propiedad industrial ni el

debido proceso de la actora al declarar el abandono de la solicitud

de patente cuestionada, ya que esta era la consecuencia lógica al

no solicitarse el examen de patentabilidad expresamente ni pagar la

tasa correspondiente por parte de la sociedad JACOB HOLM &

SONS AG., durante el plazo establecido para ello.

Ahora, la actora en los alegatos de conclusión manifestó que el

hecho de que la SIC le haya recibido el pago del examen de

patentabilidad, junto con el recurso de reposición, configura una

declaración de que éste sí era procedente; y que si entonces insistía

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en que procedía el abandono, se constituía un pago de lo no

debido. Al respecto, la Sala considera que no es dable traer a

colación argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito

contentivo de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho

estudio18.

En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas

invocadas como vulneradas por la sociedad demandante, razón

suficiente para que se mantenga incólume la presunción de

legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el

artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

18
Dicha posición ha sido reiterada por la Sala, entre otras, en sentencia de 31 de agosto de 2023,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2015-00207-00.

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TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente,

previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de junio de

2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Aclara voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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