Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00165-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00165-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2017-00165-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
26 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00165-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: JACOB HOLM & SONS AG.
TESIS: PARA INICIAR EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LA
SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN, DEBE PEDIRSE,
EXPRESAMENTE, QUE SE EXAMINE SI LA SOLICITUD ES
PATENTABLE, ASÍ COMO PAGAR LA RESPECTIVA TASA DENTRO
DEL PLAZO DE 6 MESES CONTADOS DESDE LA PUBLICACIÓN DE
ESA SOLICITUD. DE LO CONTRARIO, DARÁ LUGAR A QUE SE
DECLARE EL ABANDONO DE ESTA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la
sociedad JACOB HOLM & SONS AG. mediante apoderado y en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el
artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes
declaraciones:
1ª. La nulidad de las resoluciones núms. 21933 de 28 de abril de
2016, "Por la cual se declara abandonada una solicitud de
patente"; y 77228 de 8 de noviembre de 2016, "Por la cual se
resuelve un recurso de reposición", expedidas por el
Superintendente de Industria y Comercio.
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Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00165-00
Actora: JACOB HOLM & SONS AG.
2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, se ordene a la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1 continuar
con el trámite de la solicitud de patente de la invención titulada
“MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UNA RED HIDROENREDADA Y
COLOCADA CON AIRE Y PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA
MISMA”.
3ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la
Propiedad Industrial de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en
síntesis, los siguientes:
1°: Que el 8 de julio de 2015 solicitó el otorgamiento del privilegio de
patente a la invención titulada: “MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE
UNA RED HIDROENREDADA Y COLOCADA CON AIRE Y
PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA MISMA”.
2°: Que el 9 de octubre de 2015 fue publicada la solicitud en la
Gaceta de la Propiedad Industrial, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros; y que dicha publicación se efectuó,
por error, en el título de “Signos Distintivos” de dicha gaceta, razón
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En adelante SIC.
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Actora: JACOB HOLM & SONS AG.
por la cual no fue posible cumplir con el término legal para el pago y
posterior solicitud del examen de patentabilidad.
3º: Indicó que mediante la Resolución núm. 21933 de 28 de abril de
2016, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, se
declaró abandonada la solicitud del privilegio de patente, por lo que
interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera
confirmatoria a través de la Resolución núm. 77228 de 8 de
noviembre de ese año, emanada del citado funcionario.
I.2. Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 40
y 44 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión
de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486; 3º, 42 y 80 del
CPACA; y 29, 61 y 209 de la Constitución Política, por indebida
aplicación, por cuanto, a su juicio, al encontrarse la invención
solicitada en el capítulo de “Signos Distintivos” de la Gaceta de la
Propiedad Industrial, en la que se publicó, fue que no pudo solicitar ni
pagar en tiempo el examen de patentabilidad correspondiente.
Alegó que debe prevalecer el derecho sustancial sobre las
formalidades; y que, además, es labor de la administración remover
dicho tipo de obstáculos, por lo que era obligación de la entidad
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demandada continuar con el trámite de la invención cuestionada y no
declarar el abandono, como en efecto lo hizo.
Alegó que se vulneró su derecho al debido proceso, por cuanto por
un error en la publicación de la solicitud cuestionada en la Gaceta de
la Propiedad Industrial, pues la invención aparecía en el título de
“Signos Distintivos”, no pudo solicitar ni pagar el examen de
patentabilidad.
Agregó que la SIC, al resolver el recurso de reposición en el trámite
administrativo, no se pronunció respecto de sus argumentos
relacionados con el error de dicha entidad que le impidieron solicitar
y pagar el examen de patentabilidad.
Indicó que si bien es cierto que no cumplió con el deber legal de
pagar el valor correspondiente al examen de patentabilidad y solicitar
el correspondiente estudio dentro del término señalado para el
efecto, también lo es que dicha omisión es atribuible única y
exclusivamente a la entidad demandada si se tiene en cuenta que la
base de datos que contiene la publicación de las gacetas sobre
propiedad industrial no se encontraba debidamente actualizada dado
que presentaba inconsistencias que nunca le fueron informadas. Ello,
debido a que, insistió, la invención cuestionada aparecía en el aparte
de “Signos Distintivos” y no en el de “Nuevas Creaciones”.
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Sostuvo que la expedición de los actos demandados, que implican el
abandono de la solicitud de patente, trae como consecuencia lógica
que la invención reivindicada pase a dominio público generándole
cuantiosas pérdidas económicas y un resultado inocuo de todo el
proceso desarrollado por los investigadores que participaron en el
proyecto de la nueva creación.
Concluyó que desde el momento en que la solicitud entró en fase
inicial en Colombia, ha actuado con diligencia y demostrado interés
en el cumplimiento de los requisitos exigidos; y que la omisión en el
pago y la solicitud de estudio de la invención reivindicada se debió a
un error ajeno a su voluntad, razón por la cual no es procedente la
aplicación de la sanción consistente en el abandono de la patente
solicitada.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para
el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos
demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en
las normas legales vigentes en materia marcaria.
Mencionó que dentro del trámite administrativo iniciado como
consecuencia de la solicitud de privilegio de patente de invención,
surge para su solicitante una carga positiva, la cual consiste en
requerirle a ella que lleve a cabo el examen de patentabilidad junto
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con el pago de la tasa respectiva, dentro del plazo de seis meses
contados a partir de la publicación de dicha solicitud en la gaceta de
la propiedad industrial.
Adujo que el incumplimiento de la mencionada obligación acarrea
para su solicitante la declaratoria del abandono, con lo cual se hace
inviable obtener el derecho de privilegio de patente de invención.
Alegó que ninguna excusa justifica la no solicitud y pago del
examen de patentabilidad cuando sí tuvo suficiente tiempo para
realizarlo, pues el plazo otorgado, de conformidad con el artículo 44
de la Decisión 486, fue de seis (6) meses contados a partir de la
publicación de la solicitud, término suficientemente amplio para
atender dicha disposición.
Expresó que sólo hasta el 7 de junio de 2016 la actora presentó el
escrito de petición de examen de patentabilidad junto con el pago
de la tasa establecida, cuando ya había operado el abandono de la
solicitud, fecha que resultaba extemporánea al plazo concedido de
6 meses.
Sostuvo que, contrario a lo alegado por la actora, la publicación de
la solicitud de patente objeto de controversia fue efectuada en la
Gaceta núm. 741 de 9 de octubre de 2015, sin que se observe
algún error en la misma, toda vez que los datos bibliográficos
corresponden perfectamente con la solicitud cuestionada, la cual se
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tramitó bajo el expediente administrativo núm. 15-156915, en la
que también se advierte que aparece la apoderada de la actora,
esto es, la doctora Carolina Mercedes Daza Montalvo, plenamente
identificada.
Que, por lo anterior, el término para solicitar el examen de
patentabilidad empezó a correr a partir de dicha publicación, esto
es, del 9 de octubre de 2015 y fenecía el 9 de abril de 2016, tiempo
suficiente para que la sociedad solicitante se cerciorara del estado
de su solicitud y presentara la petición para la realización del
examen de fondo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486,
junto con el recibo que acreditara el pago de la tasa respectiva; y
que el no haberlo hecho oportunamente generó el abandono de la
solicitud.
Adujo que, como se desprende de los mismos hechos de la
demanda, fue tiempo después de haber acaecido el abandono de la
solicitud, en virtud de lo expuesto en el artículo 44, ibidem, que la
actora solicitó y pagó el examen de patentabilidad, lo que
demuestra que no cumplió con la carga establecida en la citada
norma, con la consecuencia lógica de que se declarara abandonada
la solicitud; y que mal podría trasladársele a ella una carga que,
conforme al citado artículo 44, le corresponde asumir al solicitante.
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Aclaró que el hecho de que la solicitud de patente cuestionada
hubiese quedado en el acápite denominado “Título de Signos
Distintivos” en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no constituye
un error de publicación, porque, en todo caso, el extracto de la
publicación de dicha solicitud coincide integralmente en sus datos
bibliográficos con los contenidos en el expediente núm. 15-156916;
y que, además, su ubicación en la Gaceta en nada afecta la
búsqueda de la misma, porque para la época en que la sociedad
actora ha debido realizar la búsqueda para verificar el estado del
trámite, la publicación ya era electrónica, de tal manera que la
demandante tenía a su disposición el modelo de búsqueda virtual,
el cual permite buscar de varias formas y con diferentes criterios
las solicitudes que se tramitan ante su entidad, como por ejemplo:
i) por el número de radicado del expediente; o ii) por ejemplar y
fecha de publicación; iii) en la opción capítulo o tipo de trámite:
solicitudes de patente de invención PCT, entre otros.
Que, como puede observarse, cuando ésta se ejecuta, en las
formas señaladas de consulta, se puede verificar los datos
bibliográficos de la solicitud, lo relativo a su publicación e incluso
permite consultarla de manera completa.
Explicó que el proceso de publicación, para la época de la consulta,
ya se realizaba de forma automática y la información presentada se
encontraba disponible al público y simplemente se accedía a la
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misma ingresando a su página web www.sic.gov.co, en la pestaña
de propiedad industrial, opción gacetas electrónicas de la 695 a
741, lo que fácilmente se puede corroborar en las siguientes
imágenes:
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Folios 105 y 106 del cuaderno físico principal.
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Que se trata de un ejercicio sencillo de consulta y que de manera
cotidiana realizan los interesados para hacer seguimiento de sus
solicitudes o bien para ejercer sus derechos.
Mencionó que en este caso la actora no consultó adecuadamente su
página web o simplemente no la consultó dentro de los 6 meses
siguientes a la publicación, por lo que no se enteró oportunamente
de la publicación realizada; y que no se evidencia irregularidad
alguna en la publicación que llevara a la demandante a incurrir en
algún error que impidiera hacer una consulta correcta del
expediente, además de que la información siempre ha estado
disponible en la página de la SIC para su consulta.
Arguyó que lo que en el presente caso ocurrió fue el incumplimiento
de una disposición comunitaria dentro del proceso de otorgamiento
de la patente, que la misma actora ha reconocido expresamente,
por lo que ella misma debe asumir su error y no atribuírselo a la
administración, porque lo que estuvo dentro de su cargo, esto es: i)
la publicación de la solicitud una vez agotada de modo favorable la
etapa de forma; y ii) que dicha publicación contenga la información
veraz y completa de las solicitudes, lo efectuó en debida forma y
sin afectar derecho alguno.
Señaló que no dejó de analizar las pruebas allegadas junto con el
recurso de reposición, pues como se advierte de la Resolución
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acusada núm. 77228 de 2016, sí se resolvió el argumento del error
en la publicación al indicársele que “[…] la publicación sí se dio
efectivamente en la gaceta de la propiedad industrial No. 741 de
fecha 09 de octubre de 2015 de tal suerte que la declaratoria de
abandono se ajustó a lo prescrito en la normativa aplicable […]”.
Llamó la atención respecto de que los documentos allegados con la
demanda no demuestran error alguno en la publicación hecha en la
gaceta de la propiedad industrial núm. 741, comoquiera que
corresponden a unas fotocopias de algunos apartes de dicha
publicación, los cuales, por el contrario, permiten corroborar que los
datos bibliográficos concuerdan perfectamente con los consignados
en la solicitud de la invención cuestionada; y que su ubicación en la
gaceta en nada afecta su consulta, debido a que se encuentra
descrita como “SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN PCT”,
ordenada a publicar en octubre de 2015.
Insistió en que los datos para efectuar los criterios de búsqueda
coincidían perfectamente con los de la solicitud de la invención
objeto de controversia, por lo que perfectamente ha podido buscar
por número de solicitud y encontrar que esta se encontraba
efectivamente publicada en la gaceta de la propiedad industrial.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
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Mediante providencia de 30 de septiembre de 2020, se ordenó
prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el
artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1
del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20203, adicionado
por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20214, toda vez
que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no
se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que
practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran
documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas,
no se adoptó decisión al respecto.
El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto
fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda,
los documentos aportados por las partes.
Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso
para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría
de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
3
“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a
los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica.”.
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“Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los
procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
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IV.1.- La actora solicitó acceder a las súplicas incoadas en la
demanda. Para el efecto, señaló que debe prevalecer el derecho
sustancial sobre las formalidades, por lo que tiene derecho a que se
le conceda la presente invención como patente, una vez se surta el
trámite administrativo correspondiente.
Manifestó que el hecho de no haberse pagado a tiempo la tasa o
solicitarse el examen de patentabilidad es un aspecto puramente
formal que a la luz de las reglas y principios procesales y
jurisprudenciales es absolutamente subsanable, más cuando la
entidad demandada aceptó el pago de las tasas oficiales.
Manifestó que el hecho de que la SIC le haya recibido el pago del
examen de patentabilidad, junto con el recurso de reposición,
configura una declaración de que este sí era procedente; y que si se
insistía en que procedía el abandono, se constituía un pago de lo no
debido.
IV.2.- La SIC insistió en denegar las pretensiones de la demanda,
toda vez que la actora no cumplió con las exigencias
procedimentales previstas en el artículo 44 de la Decisión 486, al no
presentar, dentro del término establecido, la solicitud de examen de
patentabilidad junto con el pago de la tasa establecida generando
con ello el abandono de la solicitud en trámite.
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Que dicha norma establece la obligación del solicitante de presentar
oportunamente la solicitud de examen de patentabilidad para que
se continúe con el examen de fondo y, posteriormente, determinar
si la invención solicitada es patentable o no, por lo que al no
presentar la petición de patentabilidad dentro del término
establecido y de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable,
la solicitud caerá en abandono.
Reiteró que en este caso la demandante tuvo un plazo de seis (6)
meses desde la fecha de la publicación de la solicitud, término
dentro del cual no elevó la solicitud de estudio de patentabilidad,
por lo que la solicitud se consideró abandonado acorde con el
mencionado precepto legal; y que, además, dicha solicitud solo se
presentó hasta 7 de junio de 2016, cuando ya había operado el
abandono.
IV.3.- En esta etapa procesal el agente del Ministerio Público
guardó silencio.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el
Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de
las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda,
concluyó5:
5
Proceso 239-IP-2020.
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“[…] 1. La manifestación del solicitante para la
realización del examen de patentabilidad. Abandono de
la solicitud de patente.
1.1. En su contestación a la demanda la SIC afirmó que Jacob
Holm & Sons AG solicitó de forma extemporánea la realización
del estudio de patentabilidad y pago de la tasa respectiva,
petición que venció el 9 de abril de 2016, generando con esto
el abandono de la solicitud de patente en trámite, por lo cual
resulta pertinente abordar el presente tema.
1.2. En el Articulo 44 de la Decisión 486 se establece que el
examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el
solicitante, dentro del plazo de seis (6) meses contados desde
la publicación de la solicitud, pida expresamente que se
examine si la materia de la solicitud es patentable,
independientemente de que se hubieren presentado o no
oposiciones. Asimismo, establece que la consecuencia a la
inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la
solicitud.
1.3. Además del requisito de la petición expresa, se prescribe
el cobro de tasas para la realización del examen de
patentabilidad. Si los países miembros optan por dicho cobro,
la petición expresa del examen debe ir aparejada del pago de
la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna
indique. Esto quiere decir que para que la oficina de patentes
realice el examen de patentabilidad se necesitan dos
requisitos:
i. La petición expresa: y,
ii. El pago de las respectivas tasas si están previstas.
1.4. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las
tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como
tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por
lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas corno una
petición implícita para la realización del examen de
patentabilidad.
1.5. En ese sentido, la no cancelación del pago de la tasa
imposibilita la realización del examen de patentabilidad,
generando un efecto similar al hecho de no haberse solicitado
el mencionado examen dentro del término previsto en la
norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud.
1.6. De conformidad con lo anteriormente analizado, los
requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda
a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la
Decisión 486, son los siguientes:
i. Publicación de la solicitud de patente.
ii. Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los
seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para
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que la Oficina de Patentes realice el examen de
patentabilidad.
iii. Pago de las tasas, si fuere del caso, para la, realización del
examen de patentabilidad, dentro de los seis meses
siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones
que establezca la regulación interna.
1.7. Sobre la base de este pronunciamiento para resolver la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho deberá
verificar si la declaratoria de abandono de la solicitud de
patente se funda en algún defecto en su presentación o en la
falta de cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en
la normativa del régimen común sobre propiedad industrial.
[…]”.
VI.-CONSIDERACIONES DE LA SALA
La SIC, mediante las resoluciones núms. 21933 de 28 de abril
de 2016 y 77228 de 8 de noviembre de ese año, declaró el
abandono de la solicitud de patente de la invención titulada
“MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UNA RED HIDROENREDADA Y
COLOCADA CON AIRE Y PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA
MISMA”.
Sobre el particular, la actora señaló que debe prevalecer el derecho
sustancial sobre las formalidades, además, es labor de la
administración remover dicho tipo de obstáculos, por lo que era
obligación de la entidad demandada continuar con el trámite de la
invención cuestionada y no declarar el abandono, como en efecto lo
hizo.
Mencionó que se vulneró su derecho al debido proceso, habida
cuenta que por un error en la publicación de la solicitud cuestionada,
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en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la invención en mención
aparecía en el título de “Signos Distintivos”, por lo que no pudo
solicitar ni pagar el examen de patentabilidad.
Agregó que la SIC, al resolver el recurso de reposición en el trámite
administrativo, no se pronunció respecto de sus argumentos
relacionados con el error de dicha entidad, que le impidieron solicitar
y pagar el examen de patentabilidad.
Indicó que si bien es cierto es que no cumplió con el deber legal de
pagar el valor correspondiente al examen de patentabilidad y solicitar
el correspondiente estudio dentro del término señalado para ello,
también lo es que dicha omisión es atribuible única y exclusivamente
a la entidad demandada, toda vez que la base de datos que contiene
la publicación de las gacetas sobre propiedad industrial no se
encontraba debidamente actualizada, dado que presentaba
inconsistencias que nunca le fueron informadas; y que la invención
cuestionada aparecía en el aparte de “Signos Distintivos” y no en el
de “Nuevas Creaciones”.
Por su parte, la SIC adujo que, contrario a lo alegado por la actora,
la publicación de la solicitud de patente objeto de controversia se
efectuó en la Gaceta núm. 741 de 9 de octubre de 2015, sin que se
observe algún error en la misma, toda vez que los datos
bibliográficos corresponden perfectamente con la solicitud
cuestionada, la cual se tramitó bajo el expediente administrativo
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núm. 15-156915, en la que también se advierte que aparece la
apoderada de la actora, esto es, la doctora Carolina Mercedes Daza
Montalvo, plenamente identificada.
Que, por lo anterior, el término para solicitar el examen de
patentabilidad empezó a correr a partir de dicha publicación, esto
es, el 9 de octubre de 2015, de tal suerte que dicho plazo fenecía el
9 de abril de 2016, tiempo suficiente para que la sociedad
solicitante se cerciorara del estado de su solicitud y presentara la
petición para la realización del examen de fondo previsto en el
artículo 45 de la Decisión 486, junto con el recibo que acreditara el
pago de la tasa respectiva; y que el hecho de no hacerlo
oportunamente, fue lo que generó el abandono de la solicitud.
Adujo que, como se desprende de la demanda, fue tiempo después
de haber acaecido el abandono de la solicitud, en virtud de lo
expuesto en el artículo 44, ibidem, que la actora solicitó y pagó el
examen de patentabilidad, lo que demuestra que no cumplió con la
carga establecida en la citada norma, con la consecuencia lógica de
que se declarara abandonada la solicitud; y que mal podría
trasladársele a ella una carga que, conforme al citado artículo 44, le
corresponde asumir al solicitante.
Aclaró que el hecho de que la solicitud de patente cuestionada
hubiese quedado en el acápite denominado “Título de Signos
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Distintivos” en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no constituye
un error de publicación, porque, en todo caso, el extracto de la
publicación de dicha solicitud coincide integralmente en sus datos
bibliográficos con los contenidos en el expediente núm. 15-156916;
y que, además, su ubicación en la Gaceta en nada afecta la
búsqueda de la misma, porque para la época en que la sociedad
actora ha debido realizar la búsqueda para verificar el estado del
trámite la publicación ya era electrónica, de tal manera que la
demandante tenía a su disposición el modelo de búsqueda virtual,
el cual permite buscar de varias formas y con diferentes criterios
las solicitudes que se tramitan ante su entidad, como por ejemplo:
i) por el número de radicado del expediente; o ii) por ejemplar y
fecha de publicación; iii) en la opción capítulo o tipo de trámite:
solicitudes de patente de invención PCT, entre otros.
Que, como puede observarse, cuando esta se ejecuta, en las
formas señaladas de consulta, se puede verificar los datos
bibliográficos de la solicitud, lo relativo a su publicación e incluso
permite consultarla de manera completa.
Explicó que el proceso de publicación, para la época de la consulta,
ya se realizaba de forma automática y la información presentada se
encontraba disponible al público y simplemente se accedía a la
misma ingresando a su página web www.sic.gov.co, en la pestaña
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de propiedad industrial, opción gacetas electrónicas de la 695 a
741.
VI.-1. Problema jurídico
Teniendo en cuenta lo anterior, el asunto por dilucidar se centra en
establecer la legalidad de las resoluciones núms. 21933 de 28
de abril de 2016 y 77228 de 8 de noviembre de 2016, por
medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO declaró el abandono de la solicitud de patente de
invención a la creación titulada “MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE
UNA RED HIDROENREDADA Y COLOCADA CON AIRE Y
PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA MISMA”; y si estas vulneran o
no lo previsto en los artículos 40 y 44 de la Decisión 486.
V.II.2.- La normativa aplicable
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta
Corporación consideró que para el caso sub examine era viable la
interpretación del artículo 44 de la Decisión 486 “[…] por ser
pertinente […]”, no así la del artículo 406, ibidem, toda vez que “[…]
no es objeto de controversia el carácter público que tendrá el
expediente o la facultad que tiene la oficina nacional competente de
la publicación de la solicitud […]”.
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Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por el Tribunal, la Sala se abstendrá de realizar
su estudio.
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Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente:
“[…] Decisión 486
Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados
desde la publicación de la solicitud, independientemente
que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante
deberá pedir que se examine si la invención es patentable.
Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la
realización de este examen.
Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera
pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en
abandono […]”.
V.II.3.- Análisis del caso concreto
El examen de patentabilidad
De conformidad con lo previsto en la Decisión 486, el trámite
relacionado con las solicitudes de patentes, desde su etapa de
publicación, es el siguiente:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486, se
pueden otorgar patentes para invenciones que “[…] sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicación industrial […]”.
Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud en el Estado Miembro o cuando sea el
caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el
expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado.
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De conformidad con el artículo 40 de la Decisión 486, la oficina
nacional competente ordenará la publicación de la solicitud en la
gaceta de la propiedad industrial. No obstante lo anterior, el
solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier
momento, siempre que se haya concluido el examen de forma. En
tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.
Dentro del plazo de sesenta (60) días siguientes a la fecha de la
publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una
sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la
patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina
nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional
de sesenta días (60) para sustentar la oposición.
Si se presentó oposición, la oficina nacional competente notificará al
solicitante para que dentro de los sesenta (60) días siguientes haga
valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte
nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si
lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional
competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de
sesenta días para la contestación.
Ahora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Decisión
486, dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la
publicación de la solicitud en la gaceta de la propiedad industrial,
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independientemente de que se hayan presentado oposiciones, el
solicitante deberá pedir que se examine si la invención es
patentable.
Adicionalmente, los Estados Miembros podrán cobrar una tasa para
la realización de este examen. La solicitud caerá en abandono si
transcurre dicho plazo sin que el solicitante pida que se realice el
examen y pague la tasa, si es del caso.
Si la oficina nacional competente encuentra que la invención no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos
establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente, lo
notificará al solicitante, quien deberá responder a la notificación
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por
un período de treinta (30) días adicionales.
También se advierte que cuando la oficina nacional competente
estime que sea necesario, para los fines del examen de
patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces. Si el
solicitante no responde a la notificación dentro del plazo señalado,
o si a pesar de la respuesta subsisten los impedimentos para la
concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.
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De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y al
requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante
proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más
de los siguientes documentos relativos a una o más de las
solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma
invención que se examina:
a) copia de la solicitud extranjera;
b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de
patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese
concedido con base en esa solicitud extranjera;
d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese
rechazado o denegado la solicitud extranjera; o
e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese
anulado o invalidado la patente u otro título de protección
concedido con base en la solicitud extranjera. Si el solicitante no
presenta los documentos requeridos dentro del plazo señalado la
oficina nacional competente denegará la patente.
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Si el examen definitivo es favorable se otorgará el título de la
patente. Si es parcialmente favorable, se otorgará el título
solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si es desfavorable la
patente se denegará conforme al mandato contenido en el artículo
48 de la Decisión 486.
Particularmente, respecto del examen de patentabilidad, la
Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal en el caso sub
examine enfatiza en que el citado artículo 44 de la Decisión 486
establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y
cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados
desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se
examine si la solicitud es patentable, independientemente de
que se hubieren presentado o no oposiciones. Asimismo, señala que
la consecuencia a la inactividad del solicitante es la
declaración de abandono de la solicitud.
Además, indica que “[…] es muy importante tener en cuenta que el
pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así
como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por
lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una
petición implícita para la realización del examen de
patentabilidad […]” (Destacado fuera de texto).
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De acuerdo con lo anterior, es necesario considerar los requisitos
para proceder a iniciar el examen de patentabilidad, aludidos en la
precitada interpretación prejudicial:
“[…] De conformidad con lo anteriormente analizado, los
requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva
proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad
con la Decisión 486, son los siguientes:
1. Publicación de la solicitud de patente.
2. Petición expresa del solicitante, formulada dentro
de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la
solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el
examen de patentabilidad.
3. Pago de las tasas, si fuere del caso, para la
realización del examen de patentabilidad dentro de los
seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en
las condiciones que establezca la regulación interna
[…]”. (Destacado fuera de texto).
Así las cosas, no basta efectuar la solicitud y el pago por fuera del
término legal y pretender que con dicho actuar se cumplió con la
carga de demostrar su interés o intención para la realización del
examen porque, como se dijo anteriormente, debe ajustarse al
procedimiento que lo regula, es decir, debe existir la petición
expresa del solicitante en tal sentido dentro del término
previsto para tal efecto.
Por consiguiente, el pago de la respectiva tasa debe ir aparejada
con la petición del examen, requisitos estos que no se cumplieron
en el presente caso.
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Ahora bien, es necesario tener en cuenta que la Decisión 486, en su
artículo 4°, en lo referente a términos y plazos, dispone:
“[…] Artículo 4o.- Los plazos relativos a trámites previstos
en la presente Decisión sujetos a notificación o publicación
se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se
realice la notificación o publicación del acto de que se
trate, salvo disposición en contrario de la presente
Decisión […]” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, la Decisión 486, en su artículo 44, señala:
“[…] Dentro del plazo de seis meses contados desde la
publicación de la solicitud, independientemente que se
hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir
que se examine si la invención es patentable […].”
En atención a que el artículo 4° de la citada Decisión 486, en lo
referente a los plazos relativos a trámites sujetos a publicación
establece una excepción, dispone que “salvo disposición en
contrario de la presente Decisión” y que el artículo 44 ibidem prevé
de manera específica un plazo con respecto a la solicitud del
examen de patentabilidad, se debe aplicar este último, que prevé
un plazo de seis (6) meses contados desde la fecha de
publicación de la solicitud.
En el caso objeto de estudio, de los documentos allegados, se tiene
que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial núm. 741 de 9 de octubre de 2015, fecha en
que se inició el plazo, el que culminó el 9 de abril de 2016, período
dentro del cual la actora no allegó la petición del examen de
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patentabilidad ni el pago de la tasa correspondiente a que hace
referencia la norma anteriormente transcrita.
Ahora, la Sala advierte que la actora también alegó que si bien es
cierto que no cumplió con el deber legal de pagar el valor
correspondiente al examen de patentabilidad y solicitar el
correspondiente estudio dentro del término señalado para ello,
también lo es que dicha omisión es atribuible única y exclusivamente
a la entidad demandada, toda vez que la base de datos que contiene
la publicación de las gacetas sobre propiedad industrial no se
encontraba debidamente actualizada, dado que presentaba
inconsistencias que nunca le fueron informadas. Ello, debido a que,
insistió, la invención cuestionada aparecía en el aparte de “Signos
Distintivos” y no en el de “Nuevas Creaciones”.
De la revisión de los antecedentes administrativos7, la Sala observa
que la actora allegó junto con el recurso de reposición, en contra de
la Resolución núm. 21933 de 2016, las siguientes imágenes, que
corresponden a la consulta que realizó en la gaceta electrónica de la
propiedad industrial núm. 741 de 9 de octubre de 2015, a través de
la página web de la SIC, cuya búsqueda se encontraba filtrada por
apoderado:
7
CD visible a folio 98 del cuaderno físico principal.
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A su turno, se evidencia que la SIC, junto con la contestación de la
demanda allegó las siguientes imágenes, para demostrar que no es
cierto que exista un error atribuible a ella pues, a su juicio, la
invención cuestionada fue debidamente publicada en la gaceta
electrónica para la propiedad industria núm. 741 de 9 de octubre de
2015, en la que se advierte que los datos bibliográficos del extracto
de la publicación de dicha invención coinciden perfectamente con
los registrados en el expediente núm. 15156915:
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8
8
Folios 105 y 106 del cuaderno físico principal.
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De lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón a la actora
porque de las mismas imágenes que ella allegó se observa
claramente que la invención denominada “MÉTODO DE
PRODUCCIÓN DE UNA RED HIDROENREDADA Y COLOCADA
CON AIRE Y PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA MISMA” fue
debidamente publicada en la gaceta de la propiedad industrial núm.
741 de 9 de octubre de 2015, pues: i) la información bibliográfica
de la solicitud resulta concordante y coincidente con los datos
consignados en el expediente núm. 15-156915; ii) se encuentra
ubicada en el acápite denominado “Solicitudes de patente de
invención PCT”; y iii) se le informa, adicionalmente, que “[…] a
partir de la fecha de publicación de esta gaceta el solicitante cuenta
con un plazo de seis (6) meses para pedir que se practique el
examen de patentabilidad de la solicitud, anexando el recibo de
pago de la tasa correspondiente a tal fin. De no procederse así la
solicitud caerá en abandono (Art. 44 de la Decisión 486 […]”.
También se advierte que aunque en dichas imágenes obra un título
denominado “Título de Signos Distintivos”, debajo de este se
encuentra un listado de diferentes marcas publicadas en la gaceta
núm. 741, sin que por ello exista un error en la publicación de la
patente cuestionada, pues es evidente que ese título se encontraba
allí consignado porque la búsqueda efectuada por la actora de dicha
gaceta electrónica se encontraba filtrada por apoderado, de manera
que era lógico que primero aparecieran los signos distintivos de los
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que era apoderada la doctora CAROLINA DAZA MONTALVO y,
posteriormente, otro acápite denominado “Solicitudes de
patentes PCT”, en la que se encontraba la invención objeto de
controversia con los datos bibliográficos correspondientes los
cuales, se insiste, eran totalmente correctos y coincidentes con lo
consignado en el expediente núm. 15156915.
En ese orden de ideas, no podría señalarse que hubo un error en la
publicación comoquiera que la solicitud de patente fue debidamente
publicada en la gaceta de la propiedad industrial núm. 741 de 9 de
octubre de 2015, toda vez que los datos bibliográficos allí
consignados coincidían totalmente con la información obrante en el
expediente núm. 15-156915.
Además, no puede perderse de vista que para la fecha en que fue
publicada la solicitud de patente cuestionada (9 de octubre de
2015), las gacetas de la propiedad industrial ya eran electrónicas,
por lo que la actora debía consultar, a través de la página web de la
entidad demandada, el estado de la solicitud cuestionada y pudo
también, durante el término de seis (6) meses que estuvo
publicada la solicitud, a través de los diferentes filtros de búsqueda
(no solo por apoderado) haberse percatado que la solicitud sí había
sido debidamente publicada y proceder a solicitar y pagar del
examen de patentabilidad.
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Por lo tanto, al no cumplirse con la carga consistente en que la
solicitante de la patente formulara petición expresa y realizara el
pago de la tasa correspondiente, dentro de los seis (6) meses
contados desde la fecha de publicación de la solicitud, para que se
practicara el examen de patentabilidad de la invención, la SIC podía
legalmente declarar abandonada la solicitud de patente de
invención, como en efecto lo hizo a través de los actos demandados
en los términos dispuestos en el artículo 44 de la Decisión 4869.
Ahora, en cuanto al argumento de la actora relativo a que debe
prevalecer el derecho sustancial respecto de lo meramente
procedimental, pues, aunque haya sido extemporáneo, sí presentó
la solicitud y el pago correspondiente del examen de patentabilidad,
la Sala pone de presente que la demandante no puede pretender
que se desconozca la ley vigente, la cual considera que las normas
procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento, sin
que exista una situación jurídica particular para desconocerlas, así
se haya obrado de buena fe, habida cuenta que “[…] la prevalencia
del derecho sustancial no es un principio absoluto que implique
prescindir de las disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos,
discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que estas
desarrollan también un principio que a su vez constituye un
derecho fundamental, cual es el del debido proceso, de modo que la
9
En el mismo sentido se pronunció la jurisprudencia de esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de 2018, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020110031500.
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aplicación de aquél requiere ponderar y armonizar ambos principios
o derechos en el caso concreto […]”10.
En efecto, la Sala debe precisar que la exigencia sobre la cual la
entidad demandada se fundamentó, para declarar el abandono a la
invención titulada “MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UNA RED
HIDROENREDADA Y COLOCADA CON AIRE Y PRODUCTOS
OBTENIDOS DE LA MISMA”, no puede considerarse como un
riguroso formalismo, con el cual la Administración pretendió
desconocer sus derechos, sino más bien el cumplimiento de las
normas aplicables, vale decir, el artículo 44 de la Decisión 486 y la
consecuencia prevista por su no observancia, conforme lo señaló
esta Sección en la sentencia de 16 de febrero de 201711, que ahora
se prohíja, en la que se expresó lo siguiente:
“[…] En primer lugar, debe la Sala señalar que la
prevalencia del derecho sustancial no puede
interpretarse como la inexistencia o la ineficacia de las
normas de procedimiento, dado que éstas constituyen
instrumentos necesarios para que el Derecho material
se realice objetivamente y en su oportunidad.
Sobre el particular, esta Sección en la sentencia de 5 de junio
de 2014 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2009-00202-00,
Actor: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., consejero ponente
doctor Guillermo Vargas Ayala), expresó:
“6.5.2. Ahora bien, se cuestiona en la demanda que se
privilegió la aplicación de las formalidades sobre el
derecho sustancial, en desconocimiento de lo dispuesto
en el artículo 228 de la C.P., al no tenerse en cuenta los
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
enero de 2010, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 11001-03-24-000-
2004-00170-01.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
febrero de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2007-00383-00.
Reiterado en sentencia de 21 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de
radicación 2008-00329-00.
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memoriales de 28 de marzo de 2008 y 15 de abril de 2008
mediante los cuales subsanó el error formal de no haber dado
contestación al requerimiento efectuado en el Oficio núm.
14160 dentro de la oportunidad legal consagrada en el
artículo 39 de la Decisión 486.
La Sala en Sentencia de 28 de enero de 200812 desestimó una
acusación similar a la aquí examinada con las siguientes
consideraciones que ahora se prohíjan por resultar aplicables
a este asunto, en tanto que en ambos casos se discutió la
legalidad de actos administrativos que declararon el abandono
de la solicitud de patente por no completar los requisitos
indicados por la Oficina Nacional Competente dentro de la
oportunidad prevista en la normativa andina:
“[…] la prevalencia del derecho sustancial no es un
principio absoluto que implique prescindir de las
disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos,
discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que
éstas desarrollan también un principio que a su vez
constituye un derecho fundamental, cual es el del
debido proceso, de modo que la aplicación de aquél requiere
ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso
concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho
sustancial tuvo la primacía que correspondía a las
circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales
que hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a
la actora.
Según las disposiciones transcritas13 es claro que los
términos que prevé son preclusivos y la intervención en la
actuación requiere de apoderado debidamente constituido, y
como quiera que en este caso no había apoderado
debidamente constituido y no se allegó el instrumento que
lo constituyera dentro del plazo único y prorrogado que
le fue dado, se concluye que la interesada no respondió
a tales observaciones, y la consecuencia jurídica de ello
no es otra que la declaración de abandono de la
solicitud.
Por lo anterior se impone hacer efectiva la
consecuencia de esa omisión, que es la de declarar
abandonada la solicitud, según lo pone de presente el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a lo
cual la entidad demandada no tenía opción distinta, de
modo que la decisión acusada está acorde con las normas
comunitarias en comento, en especial con el artículo 22 en
cita.”14 (Resalta la Sala)
12
Proferida en el proceso con radicación núm. 11001 0324 000 2004 00170 01, Consejero Ponente Dr.
Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
13
Se refiere a los artículos 14 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
cuyas previsiones normativas son equivalentes a las de los artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina.
14
Este criterio jurisprudencial fue reiterado por la Sala en Sentencia de 4 de julio de 2013, proferida
en el proceso con radicación núm. 2008 00071 00, Consejera Ponente Dra. María Elizabeth García
González.
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Además, como lo ha precisado la Corte Constitucional
en distintos pronunciamientos, la prevalencia del
derecho sustancial no puede interpretarse como la
inexistencia o la ineficacia de las normas adjetivas o de
procedimiento o como el desconocimiento de los
términos y plazos procesales. Así por ejemplo en
Sentencia C-446 de 1997 sostuvo al respecto que:
“La primacía del derecho sustancial prevista por el
artículo 228 de la Constitución, no puede interpretarse
como la inexistencia de las normas procesales. No, el
entendimiento cabal del precepto constitucional apenas
conduce a definir las normas procesales, y el proceso
en sí, como un medio para realizar el derecho, para que
la norma jurídica se aplique al caso concreto.
Recuérdese lo dicho por la Corte Constitucional, al decidir
una demanda contra el artículo 373 del Código de
Procedimiento Civil, norma semejante a la acusada ahora:
“Al declarar el inciso cuarto del artículo 273 del Código de
Procedimiento Civil que en caso de no reunir la demanda los
requisitos formales que le exige la ley, se declarará desierto el
recurso y se ordenará devolver el expediente al tribunal de
origen, sólo se está en presencia de unos efectos
sancionatorios, originados en el incumplimiento de una norma
de carácter procesal por el accionante, y no en la hipótesis de
hacer prevalecer una norma adjetiva sobre la sustantiva”.
(Corte Constitucional, sentencia C-215 de abril 28 de 1994,
magistrado ponente, doctor Fabio Morón Díaz).
El mismo argumento que sirve de base a la demanda, o uno
similar, serviría para demandar la declaración de
inconstitucionalidad de todas las normas procesales, o de su
inmensa mayoría.
Es claro, en síntesis, que la norma demandada15 no quebranta
el artículo 228 ni ninguna otra disposición de la Constitución.
En consecuencia, será declarada exequible.” (negrillas ajenas
al texto original)
Posteriormente, en un pronunciamiento en sede de tutela
contenido en la Sentencia T-323 de 1999 afirmó sobre el
particular que:
“f) La Corte ha proclamado, con arreglo al artículo 228 de la
Constitución, el postulado de prevalencia del Derecho
sustancial, que implica el reconocimiento de que las finalidades
superiores de la justicia no pueden resultar sacrificadas por
razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a
15
Decreto 2700 de 1991 “Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal”. “Artículo 226.
Resolución sobre la admisibilidad del recurso. Si la demanda no reúne los requisitos, se declarará
desierto el recurso y se devolverá el proceso al tribunal de origen. En caso contrario se correrá
traslado al procurador delegado en lo penal por un término de 20 días para que obligatoriamente
emita concepto.”
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consideraciones de forma no indispensables para resolver en el
fondo el conflicto del que conoce el juez.
Pero debe dejarse en claro que el enunciado principio
constitucional que rige las actuaciones judiciales no
implica la inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda
norma legal obligatoria para quienes participan en los
procesos, o la eliminación, per se, de las formas
indispensables para que los juicios lleguen a su
culminación -pues allí está comprometido el derecho
sustancial de acceso a la administración de justicia-, ni,
para el asunto del que ahora se trata, puede significar la
absoluta pérdida del carácter perentorio de los términos
procesales. Todos estos elementos integran la "plenitud
de las formas propias de cada juicio", contemplada como
factor esencial del debido proceso, según el artículo 29
de la Carta Política, y por lo tanto no constituyen
simplemente reglas formales vacías de contenido sino
instrumentos necesarios para que el Derecho material se
realice objetivamente y en su oportunidad.
g) En el caso concreto, está probada la extemporaneidad en la
presentación del documento de sustentación del recurso. Si la
extensión de ella fue mayor o menor, en minutos u otra medida
de tiempo, es algo indiferente respecto del hecho
incontrovertible de que los términos judiciales vencen en un día
y a una hora predeterminados. Es obligación de la autoridad
judicial velar por el exacto sometimiento de las partes e
intervinientes a los plazos que la ley concede en las distintas
fases de la actuación procesal.” (negrillas de la Sala)
Y luego, en la Sentencia C-1512 de 2000 dijo que:
“La prevalencia del derecho sustancial, según el mandato del
artículo 228 de la Carta, constituye un imperativo dentro del
ordenamiento jurídico y, muy especialmente, en lo relativo a
las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial,
pues permite realizar los fines estatales de protección y
realización del derecho de las personas, así como de otorgar
una verdadera garantía de acceso a la administración de
justicia pronta y cumplida.
Lo anterior no significa que se pueda caer en el
permanente error de considerar el principio de la
primacía del derecho sustancial sobre el formal como
un postulado constitucional excluyente que impide la
coexistencia de las normas sustantivas y formales,
pues, como se ha visto, con éstas se logra dar vigencia
a principios que encuentran sustento constitucional.
Sobre este tema la Corte se pronunció16 y aclaró lo siguiente:
“...Si bien este principio constitucional adquiere una gran
trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y
16
Sentencia C-215 de 1994.
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especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere
decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan
de valor o significación. Hay una tendencia en este
sentido, que pretende discutir la validez de las normas
que establecen requisitos y formalidades, y que es
preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en
estas materias constitucionales, y concluir entonces
que, no obstante, la aludida prevalencia, dichas normas
cuentan también con firme fundamento constitucional y
deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los
jueces...””. (Se resalta)
Por ende, esta acusación no tiene vocación de prosperidad.
6.5.3. Así mismo en la demanda se aduce que la
actuación de la Superintendencia de Industria y
Comercio desatendió el principio de eficacia que
gobierna las actuaciones administrativas establecido en
los artículos 209 de la Constitución Política y 2º y 3º
(inciso 5) del Código Contencioso Administrativo, en
concordancia con el artículo 4º del Código de
Procedimiento Civil17.
La eficacia está contenida en varios preceptos constitucionales
como perentoria exigencia de la actividad pública, entre otros,
en el artículo 2º al prever como uno de los fines esenciales
del Estado garantizar la efectividad de los principios, deberes
y derechos consagrados en la Constitución Política, y en el
artículo 209 como principio en virtud del cual se desarrolla la
función administrativa.
En el artículo 2º del Código Contencioso Administrativo se
reitera la previsión constitucional antes mencionada en el
sentido de señalar que los funcionarios deberán tener en
cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto “…la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados,
reconocidos por la ley”. Y en el artículo 3 inciso 5º de ese
mismo se consagra la eficacia como principio orientador de las
actuaciones administrativas y se dispone que en virtud del
mismo “…se tendrá en cuenta que los procedimientos deben
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos
puramente formales y evitando decisiones inhibitorias…”.
Este principio, sin embargo, no supone en modo alguno
el desconocimiento de las normas procesales, pues
como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia
atrás citada éstas no constituyen simplemente reglas
formales vacías de contenido sino instrumentos
necesarios para que el Derecho material se realice
objetivamente y en su oportunidad.
17
“Artículo 4º.- Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. […]”
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Por lo anterior, so pretexto de la aplicación de este principio, no
pueden pasarse por alto los términos establecidos en la
normativa andina para completar los requisitos de las
solicitudes de patente de invención.” (Las negrillas y subrayas
fuera de texto)”. […]” (Destacado fuera de texto).
Aunado a lo anterior, debe puntualizarse que, como bien lo ha
reiterado la citada jurisprudencia del Consejo de Estado, es
principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de su
primacía o prevalencia sobre los ordenamientos jurídicos internos
de cada uno de los Estados Miembros, de manera que las normas
aplicables al presente caso son las de la Decisión 486,
particularmente, en su artículo 44.
De allí que tampoco se advierta vulneración de los artículos 3º, 42 y
80 del CPACA y 29, 61 y 209 de la Constitución Política, pues, como
quedó visto, la SIC, con la expedición de los actos administrativos
acusados, no vulneró los derechos de propiedad industrial ni el
debido proceso de la actora al declarar el abandono de la solicitud
de patente cuestionada, ya que esta era la consecuencia lógica al
no solicitarse el examen de patentabilidad expresamente ni pagar la
tasa correspondiente por parte de la sociedad JACOB HOLM &
SONS AG., durante el plazo establecido para ello.
Ahora, la actora en los alegatos de conclusión manifestó que el
hecho de que la SIC le haya recibido el pago del examen de
patentabilidad, junto con el recurso de reposición, configura una
declaración de que éste sí era procedente; y que si entonces insistía
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en que procedía el abandono, se constituía un pago de lo no
debido. Al respecto, la Sala considera que no es dable traer a
colación argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito
contentivo de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho
estudio18.
En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas
invocadas como vulneradas por la sociedad demandante, razón
suficiente para que se mantenga incólume la presunción de
legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el
artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
18
Dicha posición ha sido reiterada por la Sala, entre otras, en sentencia de 31 de agosto de 2023,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2015-00207-00.
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TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente,
previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de junio de
2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Aclara voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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