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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00219-00

Fecha
23 de junio de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00219-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: 45 Cfr. Índice núm. 66 aplicativo web “SAMAI”. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020170021900 PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2017-00219-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

23 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad relativa
Número único de radicación: 11001032400020170021900
Demandante: Shenzhen Zhongfuneng Electric Equipment Co
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero con interés: Full Minería S.A.S.

Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la
Comisión de la Comunidad Andina. Reiteración jurisprudencial

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Shenzhen
Zhongfuneng Electric Equipment Co. Ltd contra la Superintendencia de Industria y
Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 84225 de 28 de
octubre de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

0. Shenzhen Zhongfuneng Electric Equipment Co. Ltd 2, en adelante la parte
demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y
Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad,
adecuada3 a la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la

1 La Sala, mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el

Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.
2 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 6 a 12.
3 Cfr. Folios 405 a 407.

2

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Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad
Andina4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 84225 de 28 de
octubre de 2015, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Directora de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

1. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte
demandada cancelar el registro de la marca mixta WISDOM, que identifica servicios
de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, en adelante Calificación Internacional de Niza, cuyo titular
es Full Minería S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

2. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes
pretensiones5:

“[…] Que se declare la NULIDAD de la siguiente decisión de la Superintendencia de
Industria y Comercio:

1.- Resolución No. 84225 de 28 de octubre de 2015 que concedió el Registro de la
Marca tipo mixta ‘WISDOM’ para distinguir servicios de la clase 35
‘COMERCIALIZACIÓN, COMPRA Y VENTA DE HERRAMIENTAS, MINERALES, Y
METALES COMUNES, MÁQUINAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA
MINERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN’ a nombre de ROSIBET VANEGAS
HERNÁNDEZ, y actualmente de titularidad de FULL MINERÍA S.A.S.

2.- Como consecuencia de lo anterior, que se ordene a la Superintendencia de
Industria y Comercio cancelar el registro de la Marca tipo mixta ‘WISDOM’ para
distinguir servicios de la clase 35 ‘COMERCIALIZACIÓN, COMPRA Y VENTA DE
HERRAMIENTAS, MINERALES, Y METALES COMUNES, MÁQUINAS,
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MINERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN’ a
nombre de ROSIBET VANEGAS HERNÁNDEZ, quien posteriormente cede la
titularidad de la marca “WISDOM” a FULL MINERÍA S.A.S.

3.- Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, que dentro de los
treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, adopte las medidas
necesarias para su cumplimiento, tal como establece el artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

4.- Finalmente, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio,
publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el
presente proceso […]”

Presupuestos fácticos

4 “Régimen común de propiedad industrial”.
5 Cfr. Folio 336.

3

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3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

4.1. La señora Rosibet Vanegas Hernández solicitó, el 10 de marzo de 2015, el
registro como marca del signo mixto WISDOM para distinguir servicios de la Clase
35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 4 de abril de 2015, en la Gaceta de la
Propiedad Industrial núm. 725, sin que fuera objeto de oposición por parte de
terceros.

4.3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante la Resolución núm. 84225 de 28 de octubre de 2015, concedió
el registro de la marca mixta WISDOM para distinguir servicios de la Clase 35 de la
Clasificación Internacional de Niza.

4.4. La señora Rosibet Vanegas Hernández, mediante acto inscrito en la
Superintendencia de Industria y Comercio el 18 de octubre de 2016, transfirió la
marca mixta WISDOM que distingue servicios de la Clase 35 de la Clasificación
Internacional de Niza a Full Minería S.A.S., tercero con interés directo en el
resultado del proceso.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales a) y d) del artículo 136,
los artículos 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006; y los
artículos 8 y 12 de la Convención de Washington de 19297.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:

6.1. Manifestó que la parte demandada, con la expedición del acto administrativo
acusado, violó los artículos 8 y 12 de la Convención de Washington, toda vez que,

6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.
7 Incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 59 de 25 de marzo de 1936, “[…] Por la cual se

aprueba una Convención sobre protección marcaria y comercial […]”

4

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a su juicio, era evidente la mala fe del tercero con interés directo en el resultado del
proceso, comoquiera que, tenía conocimiento de la existencia de la marca WISDOM
de titularidad de la parte demandante en otras jurisdicciones, dada la relación
comercial entre ambos y: i) presentó la solicitud de registro como marca del signo
mixto WISDOM en Colombia, a través de la señora Rosibet Vanegas Hernández,
quien, una vez concedido el registro, le realizó la correspondiente transferencia; y
ii) presentó oposición a la solicitud de registro como marca del signo mixto
WISDOM, realizada por la parte demandante en Colombia8.

6.2. Adujo que ostentaba la calidad de legítimo titular de una marca registrada en
otros Estados miembros de la Convención de Washington, por lo que estaba en
plena facultad de solicitar la nulidad del registro de la marca mixta WISDOM,
otorgado al tercero con interés directo en el resultado del proceso, en la medida en
que cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Convención de
Washington 9.

6.3. Afirmó que, con la expedición del acto administrativo acusado, la parte
demandada le facilitó al tercero con interés directo en el resultado del proceso que
se aprovechara de la marca de propiedad de la parte demandante, lo que, a su
juicio, constituyó un indicio grave de competencia desleal, vulnerando lo previsto en
los artículos 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de 200010.

6.4. Señaló que la parte demandada violó el literal d) del artículo 136 de la Decisión
de 2000, comoquiera que, por un lado, las marcas en conflicto eran idénticos, y por
el otro, que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, de manera
previa a la presentación de la solicitud de registro de la marca concedida mediante
el acto administrativo acusado, era el distribuidor oficial en Colombia de los
productos identificados y comercializados con la marca WISDOM de titularidad de
la parte demandante11 .

6.5. Indicó que la parte demandada, con la expedición del acto administrativo
acusado, violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez
omitió el hecho que la parte demandante, previamente, había solicitado el registro
como marca del signo mixto WISDOM para identificar productos de la Clase 11 de

8 Cfr. Folio 359.
9 Cfr. Folios 360 y 361.
10 Folios 361 a 364.
11 Cfr. Folios 365 y 370.

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la Clasificación Internacional de Niza. Añadió que, a su juicio, existe conexidad
competitiva entre dichos productos y los servicios de la Clase 35, identificados con
la marca concedida mediante el acto administrativo acusado12.

Contestaciones de la demanda

La parte demandada

7. La parte demandada13 contestó la demanda14 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

7.1. Indicó que la expedición del acto administrativo acusado no violó los literales
a) y d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la marca
concedida mediante el acto administrativo acusado cumple con todos los
requisitos legales y, en ese sentido, no existe riesgo de confusión en los
consumidores, ni que se violan los derechos de propiedad industrial de terceros.

7.2. Manifestó que, a su juicio, la parte demandante debió oponerse a la solicitud
de registro como marca del signo mixto WISDOM para identificar servicios de la
Clase 35, presentada por la señora Rosibet Vanegas Hernández, o haber
interpuesto recurso de apelación en contra del acto administrativo acusado,
demostrando los hechos en que fundamenta haber tenido un mejor derecho
sobre la marca mixta WISDOM 15.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. Full Minería S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso,
contestó la demanda 16; el cual se opuso a las pretensiones así:

8.1. Adujo que, a su juicio, la parte demandada, al realizar el examen de
registrabilidad, aplicó correctamente los supuestos previstos en las disposiciones
de la Decisión 486 de 2000, en razón a que la marca solicitada previamente a
registro por la parte demandante fue negada con fundamento en otra marca

12 Cfr. Folios 370 a 382.
13 Por intermedio de apoderada.
14 Cfr. Folios 453 a 464.
15 Cfr. Folio 461 a 463.
16 Por intermedio de apoderado Cfr. Folio 435.

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diferente a la marca obtenida mediante el acto administrativo acusado, por lo que
este goza de presunción de legalidad, teniendo en cuenta que en el momento en el
que se decidió conceder el registro de la marca WISDOM, no había ningún
obstáculo legal que impidiera su concesión.17

Audiencia Inicial

9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 8 de julio de 201918, convocó y
fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial
realizada el 15 de julio de 2019, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las
excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la
configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio;
declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas
cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, decretando unas
pruebas documentales; y realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de octubre de 201919, resolvió
sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas y el control de legalidad.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 8 de octubre de 201920,
ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la
Comisión de la Comunidad Andina.

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación
Prejudicial 575-IP-2019 de 7 de octubre de 202021, en adelante la Interpretación
Prejudicial, en la que consideró:

17 Cfr. Folio 426.
18 Cfr. Folios 473 y 474.
19 Cfr. Folios 525 y 526.
20 Cfr. Folios 527 y 528.
21 Cfr. Folios 539 a 551.

7

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“[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos
136 Literales a) y d), 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina los cuales proceden por ser pertinentes. La interpretación
del Artículo 259 de la Decisión antes mencionada se limitará al Literal a) […]”22.

13. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia
comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudación del proceso, alegatos de conclusión y otras actuaciones

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de febrero de 202223: i) resolvió
reanudar el proceso; ii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; y
iii) corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10)
días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que,
dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía.

15. Durante el término legal, la parte demandante, la parte demandada y el tercero
con interés directo en el resultado del proceso, presentaron sus alegaciones y
reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la
demanda, respectivamente.

16. El Ministerio Público allegó el concepto correspondiente, mediante el cual
manifestó que el acto administrativo acusado no violó las disposiciones de la
Decisión 486 de 2000, toda vez que. Precisó que, en el caso sub examine, no se
logró demostrar la mala fe en la obtención del registro, por lo que la parte
demandada, al momento de efectuar el análisis de registrabilidad de la marca
WISDOM para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional
de Niza, aplicó correctamente lo previsto en los literales a) y d) del artículo 136 de
la Decisión 486 de 200024.

17. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202325, ordenó a la
Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de
Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del
estado actual del registro marcario núm. 527.027 de la marca mixta WISDOM, cuyo
titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

22 Cfr. Folio 542.
23 Cfr. Índice núm. 47 aplicativo web “SAMAI”.
24 Cfr. Índice núm. 55 aplicativo web “SAMAI”.
25 Cfr. Índice núm. 61 aplicativo web “SAMAI”.

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Núm. único de radicación: 11001032400020170021900

18. La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 21 de marzo de
202326 dio cumplimiento a lo ordenado supra, lo incorporó al expediente y corrió
traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, término dentro
del cual las partes y los intervinientes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico;
iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco
normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 575-IP-2019 de 7 de octubre de 2020; vii) el
marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; viii) el
marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca; ix) desarrollos
jurisprudenciales; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

20. Vistos el numeral 8.º27 del artículo 14928 de la Ley 1437 de 18 de enero de
201129, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201930, sobre distribución de procesos
entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

21. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a
decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

El acto administrativo acusado

26 Cfr. Índice núm. 66 aplicativo web “SAMAI”.
27 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales,
con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes
asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”.
28 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se

Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y
se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción
[…]”
29 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
30 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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22. El acto administrativo acusado es el siguiente:

22.1. Resolución núm. 84225 de 28 de octubre de 201531, mediante la cual la
Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
concedió el registro de la marca mixta WISDOM, para identificar servicios de la
Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico

23. Le corresponde a la Sala determinar:

23.1 Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión
486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de cancelación del
registro marcario núm. 527.027 de la marca mixta WISDOM que identifica servicios
de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con
interés directo en el resultado del proceso;

23.2 En caso de no serlo, si la Resolución núm. 84225 de 28 de octubre de 2015,
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se
concedió el registro de la marca mixta WISDOM, para identificar servicios de
“Comercialización, compra y venta de herramientas, minerales, y metales comunes,
maquinas, accesorios y herramientas para la minería y la construcción”, de la Clase
35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los literales a) y d) del artículo
136, y los artículos 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de 2000; y los artículos 8 y 12
de la Convención de Washington.

23.3 En este sentido, se analizará si la marca concedida:

i) Es idéntica o se asemeja, a una marca anteriormente solicitada para registro por
la parte demandante, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales se puede generar riesgo de confusión o de
asociación;

ii) Si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca
WISDOM, registrada en otros Estados de titularidad de la parte demandante;

31 Cfr. Folios 36 y 37.

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Núm. único de radicación: 11001032400020170021900

iii) Si el tercero con interés directo en el resultado del proceso es o fue un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por la parte
demandante para el uso de la marca WISDOM en la República de Colombia; y

iv) Si el registro marcario se obtuvo de mala fe, y en tal sentido se vulneraron los
artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de 2000.

23.4. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó
el artículo 136 literales a) y d), 137, 258 y 259 literal a) del de la Decisión 486 de
2000.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

24. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha
producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización
Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena32, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

32 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas

exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que
está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

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Núm. único de radicación: 11001032400020170021900

Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido
en la Decisión 486 de 200033 de la Comisión de la Comunidad Andina34.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina35

25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados
Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina36.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

33 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de

decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena:
El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo
27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre
otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena
expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era
necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento
de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual
contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la
que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes
de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el
artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre
de 1992;
Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994,
en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el
campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba
y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a
sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el
procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y
transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
34 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa

su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento
jurídico comunitario andino.
35 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por

el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17
de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado
que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está
en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro
Estado.
36 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,

aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretación prejudicial.

12

Núm. único de radicación: 11001032400020170021900

de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de
los Estados Miembros37.

Interpretación Prejudicial 575-IP-2019 de 7 de octubre de 2020

27. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
interpretó los literales a) y d) del artículo 136, los artículos 137 y 258, y el literal a)
del artículo 259 de la Decisión 486 de 2000, exponiendo las reglas y criterios
jurisprudenciales aplicables en el caso sub examine38.

Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca

28. Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de
los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca
por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la
nulidad.

Marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca

29. Vistos: i) el inciso 1.° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, sobre la
cancelación del registro, dispone que la oficina nacional competente cancelará un
registro marcario cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado, en
al menos uno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, durante los tres
años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación;
y ii) el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000, sobre cancelación del registro por
notoriedad, que prevé que en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la
oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a petición del titular
legítimo, cuanto esta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente
conocida al momento de solicitarse el registro.

Desarrollos jurisprudenciales

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

37 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la
interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.
38 Cfr. Folios 539 a 551.

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Núm. único de radicación: 11001032400020170021900

30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples pronunciamientos39
ha determinado que debe darse aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la
Decisión 486 de 2000, cuando los hechos que posibilitaron fundamentar la acción
de nulidad relativa en alguna causal han desaparecido. Al respecto, en la
interpretación prejudicial 50-IP-2013 de 25 de abril de 2013 se estableció: “[…] el
Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender
lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por
cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la
ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la
marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su
caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. […]”.

Consejo de Estado

31. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del
inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la
nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables
al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo
no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones
de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de
registro […]”40.

32. En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada
jurisprudencia41, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486
de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos
supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable,
al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede

39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos

05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, 95-IP-2013 de 11 de septiembre de 2013 y 183-IP-2013 de 8 de octubre de
2013.
40 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de

2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de

2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia
de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación
11001032400020110045500.

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Núm. único de radicación: 11001032400020170021900

pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo
que concede el derecho de registro42.

33. La Sala, en el marco de la cancelación de un registro marcario y respecto a la
aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado
que “[…] cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del
término legal, o la Oficina Nacional lo cancela por cualquiera de las causales
legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de
nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción […]”43.

34. En ese mismo sentido, esta Sala consideró que: “[…] la existencia de cualquiera
de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad
relativa, como sería la cancelación, por no uso, de un registro marcario, tiene como
efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con
fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar
a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe un derecho
subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba
ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó
la marca en cuestión. […]”44.

Análisis del caso concreto

35. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es
procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de
2000, en relación con la configuración de la causal de cancelación del registro
marcario núm. 527.027 de la marca mixta WISDOM que identifica servicios de la
Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con
interés directo en el resultado del proceso.

36. La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente
del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de

2021, MP. Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300,
11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300.
43 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de junio de
2022; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020110002300.
44 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de
2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 11001032400020150015400.

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Núm. único de radicación: 11001032400020170021900

de Información para la Propiedad Industrial – SIPI- de la parte demandada, el
registro marcario núm. 527.027 de la marca mixta WISDOM, cuyo titular es el
tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra cancelado45.

37. La Sala considera que, de conformidad con los artículos 165 y siguientes de la
Decisión 486 de 2000, la consecuencia jurídica de la cancelación del registro de una
marca genera que los derechos que tenía el tercero con interés directo en el
resultado del proceso se hayan extinguido.

38. Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que la marca
mixta WISDOM, con registro marcario núm. 527.027, que identifica servicios de la
Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra cancelada, esta Sala
considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la
demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos
fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo
que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista.

39. En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los
supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el
examen sobre la presunta vulneración los literales a) y d) del artículo 136, y los
artículos 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de 2000; y los artículos 8 y 12 de la
Convención de Washington de 1929, formulada en el acápite del problema jurídico
de esta providencia.

40. La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso
y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

45 Cfr. Índice núm. 66 aplicativo web “SAMAI”.

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Núm. único de radicación: 11001032400020170021900

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el
inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin
al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión
500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de
la referencia, previas las anotaciones de ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
VALDÉS
Consejera de Estado
Presidente (E)
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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