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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2017-00257-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2017-00257-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar la nulidad del texto normativo «salvo que exista renuncia expresa a los beneficios del acuerdo» incluido en el literal c) del artículo 1 del Decreto 2264 de 2013 «[p]or el cual se reglamentan los artículos 400 del Código Sustantivo del Trabajo y 68 de la Ley 50 de 1990», de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Con salvamento de voto Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. YSB Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-24-000-2017-00257-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicado: 11001-03-24-000-2017-00257-00 (7178-2023)
Demandante: Óscar Sánchez Pinto
Demandada: Nación, Ministerio de Trabajo

Temas: Legalidad del literal c) del artículo 1 del Decreto 2264 de 2013

Sentencia de única instancia

ASUNTO

La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1. Óscar Sánchez Pinto presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo2 en orden a que se declarara la nulidad parcial
del literal c) del artículo 1 del Decreto 2264 de 2013 «[ p]or el cual se reglamentan
los artículos 400 del Código Sustantivo del Trabajo y 68 de la Ley 50 de 1990», en el
apartado que se resalta a continuación:

«[…] Artículo 1°. Con el fin de garantizar que las organizaciones sindicales
puedan recaudar oportunamente las cuotas fijadas por la ley y los estatutos
sindicales para su funcionamiento, el empleador tiene la obligación de:

a) Efectuar sin excepción la deducción sobre los salarios de la cuota o cuotas
sindicales y ponerlas a disposición del sindicato o sindicatos, cuando los
trabajadores o empleados se encuentren afiliados a uno o varios sindicatos.
b) Retener y entregar directamente a las organizaciones de segundo y tercer
grado, las cuotas federales y confederales que el sindicato afiliado esté obligado a
pagar en los términos del numeral 3 del artículo 400 del Código Sustantivo del
Trabajo y de este decreto.

1 Índice 39, Samai. Folios 5 a 8 del expediente [Folios 6 a 9 del archivo PDF].
2 En adelante CPACA.

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Radicado: 11001 03 24 000 2017 00257 00 (7178-2023)
Demandante: Óscar Sánchez Pinto

c) Retener y entregar a la organización sindical las sumas que los trabajadores no
sindicalizados deben pagar a estas por beneficio de la convención colectiva en los
términos del artículo 68 de la Ley 50 de 1990, salvo que exista renuncia expresa
a los beneficios del acuerdo.
d) Retener y entregar a la organización sindical las sumas que los empleados
públicos no sindicalizados autoricen descontar voluntariamente y por escrito para
el sindicato, por reciprocidad y compensación, en razón de los beneficios recibidos
con ocasión del Acuerdo Colectivo obtenido por el respectivo sindicato, para lo cual
se habilitarán los respectivos códigos de nómina […]» [resaltado de la Sala y objeto
de demanda].

1.1.1. Normas violadas y concepto de violación

2. Como tales, se señalaron los artículos 189.11 de la Constitución Política, 68 de
la Ley 50 de 1990; 471 del Código Sustantivo del Trabajo y las sentencias T-619
de 2013 y T-084 de 2012.

3. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente:

3.1. El gobierno nacional expidió el Decreto 2264 de 2013 con el propósito de
regular lo relacionado con el pago y consignación de las cuotas sindicales a las
organizaciones de trabajadores de primer, segundo y tercer grado.

3.2. La disposición normativa «salvo que exista renuncia expresa a los beneficios del
acuerdo» incluida en el literal c) del artículo 1 del decreto ha sido utilizada por los
empleadores para incentivar a los trabajadores a renunciar a los beneficios
convencionales «mediante el ofrecimiento de dádivas», lo que ha afectado el
derecho de los sindicatos a recibir las cuotas sindicales.

3.3. Lo expuesto ha producido la reducción de la capacidad de negociación de los
sindicatos «porque al disminuirlos de la tercera parte le da viabilidad de fomentar la
existencia de pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados conforme el artículo
480 del código sustantivo del trabajo» [sic].

3.4. Elartículo 68 de la Ley 50 de 1990 en manera alguna permitió a los
trabajadores no sindicalizados renunciar a los beneficios de la convención
colectiva para eximirse del pago de la cuota sindical.

3.5. El artículo no previó tal posibilidad porque los beneficios convencionales son
derechos laborales mínimos e irrenunciables3. Por lo tanto, la Corte
Constitucional determinó que la renuncia a los beneficios de las convenciones
colectivas era «ineficaz».

3.6. La renuncia a los beneficios convencionales que permitió la norma
demandada buscó eludir el pago de la cuota sindical a que están obligados los
trabajadores no sindicalizados cuando el sindicato alcanza más de la tercera
parte de los trabajadores de la empresa por virtud del artículo 471 Código
Sustantivo del Trabajo. Esta norma tampoco consintió renunciar a tales
prerrogativas.

3 Sobre el concepto de derechos mínimos irrenunciables citó el texto de la sentencia C-356 de

1994.

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Demandante: Óscar Sánchez Pinto

3.7. Aunque el Decreto 2351 de 1965 en su artículo 39 admitía la renuncia de los
trabajadores a los beneficios de la convención colectiva, tal norma fue derogada
por el artículo 68 de la Ley 50 de 1990. Por lo tanto, la disposición normativa
enjuiciada, a través de un decreto, pretendió imponer un mandato que ya había
sido derogado en virtud de la ley.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Presidencia de la República-Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República4

4. La entidad contestó la demanda y se opuso a las pretensiones con fundamento
en las siguientes razones:

4.1. La expresión demandada del literal c) del artículo 1 del Decreto 2264 de 2013
buscó armonizar el derecho a asociarse en sus fases positiva y negativa. La
primera como el derecho a asociarse en sindicatos de los trabajadores y la
segunda como el derecho a no hacerlo. Su expedición obedeció a la concertación
entre el gobierno nacional y las confederaciones y federaciones CUT, CTC, CGT,
Fenaltrase, Fenaser, Fecotraservipúblicos, Utradec, Únete y Fecode.

4.2. La regla que contiene el aparte demandado según la cual los trabajadores no
sindicalizados pueden renunciar a los beneficios de la convención y como
consecuencia de ello a exonerarse del pago de la cuota sindical correspondía a
su derecho a no formar parte de las asociaciones sindicales de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 38 Constitucional. Esta garantía podía verse vulnerada
si el gobierno nacional obligaba a tales trabajadores a hacer tal pago y a
mantener un beneficio al cual podían renunciar.

4.3. Aunque los derechos convencionales podrían considerarse garantías
irrenunciables «no es prudente arropar toda clase de beneficios en esta categoría,
porque pueden existir ventajas convencionales que excedan ese mínimo y que por ende
puedan ser materia de renuncia libre y voluntaria».

4.4. En la demanda se afirmó que la norma acusada atentaba contra el derecho
de los sindicatos a recaudar sus cuotas, lo que evidenció que el interés de la
demanda era «de simple conveniencia que no puede ser aceptado, porque se trata de
un interés particular que desconoce el núcleo esencial de la libertad negativa de
asociación».

4.5. Se configuró la excepción de «indebida representación judicial de la Nación». Ello
por cuanto el presidente de la República no podía ser convocado a juicio a través
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República porque según
el artículo 159 del CPCA solo debía acudir en procesos contenciosos
contractuales. En su lugar, a quien correspondía llamarse para responder la
demanda era al ministerio que expidió el acto administrativo acusado, en este
caso el del Trabajo.

4 índice 39, Samai. Folios 19 a 28 del expediente [Folios 22 a 31 del archivo PDF].

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Demandante: Óscar Sánchez Pinto

1.2.2. Ministerio del Trabajo 5

5. La entidad contestó la demanda, se opuso a las pretensiones y expuso las
siguientes razones de defensa:

5.1. El acto administrativo demandado permitió el ejercicio del derecho al libre
desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 16 Constitucional en virtud
del cual cada persona es libre de renunciar o no a los beneficios obtenidos en un
acuerdo sindical. Este derecho dotó a la persona de una autonomía solo limitable
por el Estado si entra en conflicto con la de otra o afecta su libertad. En ese
sentido, la autonomía conlleva a que «los asuntos que sólo a la persona atañen, solo
por ella deben ser decididos»6.

5.2. En igual sentido, «[r]econocer y garantizar el libre desarrollo de la personalidad,
pero fijándole como limites el capricho del legislador, es un truco ilusorio, para negar lo
que se afirma»7.

5.3. Por lo anterior, la norma acusada reglamentó la forma en que podía ejercerse
tal derecho por los trabajadores no sindicalizados de dejar de hacerse participes
de los beneficios obtenidos por una organización sindical en ejercicio de su
autonomía y libertad personal.

5.4. Se configuraron las siguientes excepciones:

5.4.1. «Excepción de legalidad de la expresión»: la norma acusada estaba investida
de la presunción de legalidad hasta tanto no fuera declarada nula.

5.4.2. «Excepción de ausencia probatoria»: los hechos expuestos en la demanda
carecían de fundamento probatorio que demostrara «que no tiene soporte legal, que
no sea constitucionalmente válida ni que afecte el fin mismo del Decreto 2264 de 2013»
[sic].

1.3. Trámite del proceso

6. Mediante auto del 12 de enero de 2018 la Sección Primera de esta corporación
admitió la demanda8 y con auto del 27 de junio de igual año9 negó la suspensión
provisional del acto administrativo demandado con las siguientes razones:

«[…] Ahora bien, el Decreto 2264 de 2013 fue expedido, según lo prevé el artículo
1°, con el fin de garantizar que las cuotas sindicales sean efectivamente
recaudadas de manera oportuna, comprometiendo a los empleadores a la
respectiva deducción de los salarios de los trabajadores; es decir que el Decreto
que contiene la expresión demandada conserva el mismo objeto que las normas
superiores mencionadas, como es proteger el derecho a constituir sindicatos,
garantizando la recolección de las cuotas sindicales. Al comparar la norma
acusada con las superiores, para la Sala Unitaria, el acto acusado no vulnera prima

5 índice 39, Samai. Folios 30 a 37 del expediente [Folios 33 a 40 del archivo PDF].
6 Citó partes del texto «A theory of justice» de Jhon Rawls y de «El miedo a la libertad» de Erich

From.
7 Citó el texto de la sentencia C-404 de 998 que desarrolló el derecho al libre desarrollo de la

personalidad.
8 Índice 39, Samai. Folios 11 a 15 del expediente [Folios 12 a 14 del archivo PDF].
9 Índice 39, Samai. Archivo «Cuaderno medida cautelar». Folios 40 a 46 del expediente [Folios

54 a 67 del archivo PDF].

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facie las disposiciones de carácter superior a que alude el actor, en tanto la
expresión demandada no hace referencia a trabajadores no sindicalizados que
desean renunciar a los beneficios obtenidos por el sindicato, cuestión de la que no
tratan directamente las normas en que debe fundarse, por lo cual, al no reunirse
los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA, se denegará la medida
cautelar solicitada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia […]» [sic].

7. A través de auto del 12 de octubre de 202310 la Sección Primera ordenó remitir
el proceso a la Sección Segunda del Consejo de Estado al considerar que el
decreto demandado era de naturaleza laboral, de conformidad con las reglas de
distribución de los procesos entre las secciones previstas en el artículo 13 del
Reglamento del Consejo de Estado [Acuerdo 080 de 2019].

8. Con auto del 26 de febrero de 202411, la Sección Segunda avocó el
conocimiento del proceso. En providencia del 29 de mayo de ese año 12 declaró
probada la excepción previa propuesta por la Nación, Presidencia de la
República-Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
denominada «indebida representación judicial de la Nación».

9. Lo anterior al considerar que el artículo 159 del CPACA estableció que, cuando
se trata de la demanda contra actos administrativos expedidos por el gobierno
nacional, este debe comparecer al proceso a través de los ministerios «sin que se
requiera la presencia del presidente de la República a través del Departamento
Administrativo de la Presidencia, salvo la excepción prevista en el inciso 5 del citado
artículo aplicable exclusivamente en contratación estatal».

10. Finalmente, mediante auto del 30 de septiembre de 202413 se adoptó el trámite
para proferir sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA,
al encontrarse acreditado que en el presente caso se debatía un asunto de puro
derecho. De este modo, se incorporaron al proceso las pruebas documentales
allegadas, se dispuso su traslado en los términos del artículo 110 del CGP y se
fijó el litigio de la siguiente manera:

«[…] el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar si la expresión
“salvo que exista renuncia expresa a los beneficios del acuerdo” contenida en el
literal c), artículo 1 del Decreto 2264 de 2013 fue expedida con desconocimiento
de las normas en las que debía fundarse […]»

11. En la providencia también se ordenó correr traslado por el término de 10 días
para que las partes presentaran los alegatos de conclusión. En tal oportunidad
intervinieron los siguientes sujetos procesales:

11.1. La parte demandante se ratificó en todos los argumentos expuestos en la
demanda14. En su intervención precisó que la convención colectiva era una
norma de orden público laboral que fijaba un piso mínimo en los derechos
laborales que eran irrenunciables. Por tal razón, la norma demandada vulneró los
artículos 53 de la Constitución Política de 1991 que prescribió la irrenunciabilidad
de los derechos mínimos; y 13 y 14 del Código Sustantivo de Trabajo que

10 Índice 42, Samai.
11 Índice 51, Samai.
12 Índice 56, Samai.
13 Índice 61, Samai.
14 Índice 66, Samai.

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determinaron que los derechos mínimos individuales eran inderogables por
acuerdos individuales.

11.2. El Ministerio del Trabajo no se pronunció en esta etapa procesal y el
Ministerio Público no rindió concepto.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

12. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le
corresponde a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decidir en única instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los
actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional.
Asimismo, por el criterio de especialidad, los artículos 1315, modificado por el
artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del
12 de marzo de 201916 señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos
de carácter laboral.

2.2. Problema jurídico

13. Sin desconocer la fijación del litigio realizada en auto del 30 de septiembre de
2024, en atención a los planteamientos de la demanda, se considera necesario
efectuar unos ajustes para mayor precisión conceptual, para señalar que el
problema jurídico se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿El gobierno nacional excedió la potestad reglamentaria prevista en el
artículo 189.11 al incluir en el literal c) del artículo 1 del Decreto 2264 de
2013 la disposición normativa «salvo que exista renuncia expresa a los
beneficios del acuerdo» por no estar ello previsto en el artículo 68 de la Ley
50 de 1990 que reglamentó?

2.2.1. Ejercicio de la potestad reglamentaria
14. El sistema jurídico colombiano tiene una organización jerárquica entre la
distinta normativa que lo compone. Tal estructura escalonada conlleva a la
existencia de subordinación de unas normas respecto de otras con la
Constitución como la superior de todas ellas, según lo establece en su artículo
4 al prescribir que «[l]a Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».

15. Tal estructura del sistema permite su coherencia interna al impedir que se
contradigan unas disposiciones normativas con otras17. Al respecto, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que «[l]a unidad del sistema jurídico, y
su coherencia y armonía, dependen de la característica de ordenamiento de tipo

15 Reglamento interno del Consejo de Estado.
16 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y

se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de marzo de 2020.

Radicado: 11001-03-25-000-2016-01159-00 (5211-16).

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jerárquico de que se reviste. La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango
superior, con la Carta Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que
les siguen en dicha escala jerárquica. Las de inferior categoría, deben resultar
acordes con las superiores, y desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de grado
más particular […]»18.

16. En ese contexto, la validez de las disposiciones emitidas por las autoridades
que tienen facultades de producción normativa está sometida a su sujeción a
la normativa de rango superior. Así también debe actuar el presidente cuando
ejerza su facultad reglamentaria otorgada por el artículo 189.11 de la Carta
Política.

17. Ciertamente, esta norma le otorgó la facultad reglamentaria como jefe del
gobierno y suprema autoridad administrativa, en los siguientes términos:

«[…] Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

(…)

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes […]».

18. De esta manera, la Carta Política le asignó la facultad de proferir
disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto con el propósito
específico de lograr la «ejecución de las leyes». La finalidad de la potestad es
«desarrollar las reglas generales consagradas [en la ley], explicitar sus contenidos,
hipótesis y supuestos, e indicar la manera de cumplir lo reglado, es decir, hacerla
operativa»19.

19. Sobre el particular se ha precisado que la facultad reglamentaria del
presidente de la República reviste varias características:

19.1. su ejercicio implica el cumplimiento de la función administrativa, puesto
que el artículo 189.11 se la atribuye como suprema autoridad administrativa.
En ese sentido, no es una actividad legislativa sino de naturaleza
administrativa que debe sujetarse «a la observancia de normas superiores como
son la Constitución Política y la ley»20;

19.2. envirtud de su ejercicio solo pueden proferirse normas generales y
abstractas para la ejecución de la ley21 «mediante la precisión y puntualización de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar y de aquellos aspectos concretos que son
indispensables para garantizar su cabal cumplimiento y ejecución»22.

19.3. La facultad reglamentaria es un mecanismo de colaboración entre los
poderes legislativo y ejecutivo, por cuanto facilita el funcionamiento de la

18 Sentencia C-037 de 2000.
19 Sentencia C-028 de 1997.
20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 21 de agosto de 2014.

Radicado11001-03-06-000-2014000120-00 (2213). Ver la sentencia C-056 de 2021.
21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 19 de septiembre de 2017.

Radicado11001-03-06-000-2016-00220-00 (2318).
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 18

de febrero de 2016. Radicado: 1100103-24-000-2013-00018-00.

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administración y permite el entendimiento de la ley23.

19.4. La potestad no es absoluta. Su ejercicio se ve limitado por dos criterios:

(i) el de «competencia», según el cual el presidente de la República en ejercicio
de tal facultad no puede introducir disposiciones que adicionen la ley, la
modifiquen, la amplíen, la restrinjan en su alcance o finalidad o la contraríen24.
En consecuencia, la norma expedida siempre deberá estar subordinada al
contenido de la ley reglamentada25 y solo puede desarrollar las reglas y
principios que se fijaron en ella y únicamente la puede completar « en aquellos
detalles y pormenores necesarios que permiten su aplicación»26.

(ii) el de «necesidad», que indica que el despliegue de la potestad depende de
que la ley requiera ser precisada para ser aplicada. El ejercicio de la potestad
encuentra entonces el límite en la existencia de una ley con disposiciones que
por su claridad y precisión no demanda de una reglamentación adicional para
que pueda ser ejecutada. Esto también conlleva que la competencia se vea
restringida por el grado de detalle de la ley, lo cual plantea una relación inversa
de proporcionalidad, puesto que «entre más detallada sea la norma expedida por
el legislador, menor será el ámbito de acción de la administración para reglamentar
la norma»27.

19.5. Sobre el punto anterior la jurisprudencia ha señalado lo siguiente:

«[…] Así mismo, la Sala ha identificado dos criterios que contribuyen a determinar
los límites y alcance del poder reglamentario, como son: el de competencia y el de
necesidad, los cuales han sido entendidos así: Corresponde al Presidente de la
República como Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad
administrativa: Ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los
decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las
leyes. Fija así la norma básica los límites y alcances de este poder al enmarcarlo
dentro de dos criterios expresamente señalados: el de competencia y el de
necesidad. Criterio de competencia o atribución que si bien responde a la
obligación del Gobierno de hacer cumplir la ley, tiene sus propios límites en la ley
reglamentada y no puede el Presidente de la República, so pretexto de
reglamentarla crear una nueva norma no contenida en aquella, ni modificarla para
restringir o extender su alcance ni contrariar su espíritu o finalidad. El criterio de
"necesidad" consagrado expresamente en el artículo citado (189-11 de la
Constitución Política) enmarca el poder reglamentario a aquellos casos en que la
ley por ser oscura, condicional o imprecisa lo exija. De manera que no es
procedente hacer uso del poder reglamentario cuando la ley contiene

23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 21 de agosto de 2014.

Radicado 11001-03-06-000-2014-000120-00(2213).
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 6

de junio de 2013. Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00284-00.
25 Sobre el particular se ha indicado «[l]a actividad reglamentaria se encuentra limitada y

encausada por la norma legal y por ello debe respetar tanto su texto como su espíritu. Dicho en
otras palabras, so pretexto de hacer eficaz y plenamente operante la norma superior de derecho,
el Presidente de la República no puede llegar al extremo de reducir o extender lo que en ella se
dispone». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia
del 18 de febrero de 2016. Radicado 11001-03-24-000-2013-00018-00.
26 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 14 de septiembre de 2016.

Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00066-00(2291).
27 «La potestad otorgada al Ejecutivo encuentra su límite en la forma en que el Congreso ejerza

su poder de producción normativa, de suerte que a más detalle legislativo menor competencia
ejecutiva para reglamentar y, contrario sensu, a menor ejercicio legislativo mayor amplitud
reglamentaria». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 9 de marzo de 2016. Radicado 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312)A.

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Radicado: 11001 03 24 000 2017 00257 00 (7178-2023)
Demandante: Óscar Sánchez Pinto

ordenamientos precisos, claros e incondicionados que no requieren de regulación
adicional para su ejecución […]»28.

2.2.2. Regulación de la cuota por beneficio convencional para los
trabajadores no sindicalizados. Contenido e interpretación del artículo 68 de
la Ley 50 de 1990

20. El artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo regló la retención de cuotas
sindicales para los trabajadores afiliados a los sindicatos. Así, estableció que toda
asociación sindical tenía derecho a solicitar a los empleadores la deducción de
sus salarios del valor «de las cuotas ordinarias o extraordinarias con que aquéllos
deben contribuir». La norma regló el procedimiento para que ello pudiera
realizarse.

21. Asimismo, los artículos 470 y 471 ejusdem regularon la extensión de los
beneficios de las convenciones colectivas a los trabajadores no afiliados a los
sindicatos. La primera disposición prescribió que «[l]as convenciones colectivas
entre {empleadores} y sindicatos cuyo número de afiliados no exceda de la tercera
parte del total de los trabajadores de la empresa, solamente son aplicables a los
miembros del sindicato que las haya celebrado, y a quienes adhieran a ellas o
ingresen posteriormente al sindicato […]» (resaltado).

22. De igual forma, la norma determinó que los trabajadores que pretendan
beneficiarse de la convención suscrita por un sindicato que tenga una cantidad
de afiliados inferior a la tercera parte del total de los trabajadores debe afiliarse
al sindicato o adherirse a la convención, esto último a través de un pacto
colectivo29.

23. Por su parte el artículo 471 ibidem [invocado como vulnerado en la demanda]
regló la extensión de los beneficios de las convenciones colectivas a los
trabajadores no afiliados a los sindicatos, pero bajo un supuesto diferente al
artículo 400 ibidem, según se explica a continuación.

24. La norma ha sido objeto de modificaciones desde su expedición de la
siguiente manera:

Decreto legislativo 2663 Decreto legislativo 18 de Decreto legislativo 2351
de 195030 195831, artículo 2 de 196532, artículo 38,

[norma original] [primera modificación [norma vigente]
del artículo 471 del CST]

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29

de agosto de 2013. Radicado 11001-03-26-000-2005-00076-00(32293).
29 C-710 de 1996.
30 «Código Sustantivo del Trabajo». Fue expedido por el gobierno nacional en virtud del Decreto

3518 de 1949 que declaró turbado el orden público y en estado de sitio.
31 «Por el cual se dictan unas disposiciones de carácter laboral» expedido en virtud del Decreto

3518 de 1949 que declaró turbado el orden público y en estado de sitio.
32 «Por el cual se hacen unas reformas al Código Sustantivo del Trabajo». Fue expedido en virtud

de las facultades previstas en el artículo 121 de la Constitución Política de 1886 que regulaba los
estados de excepción, y en virtud del Decreto legislativo 1288 de 1965 que declaró turbado el
orden público y en estado de sitio el territorio nacional.

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«Articulo 471. Extensión a «Artículo 2º. La «Artículo 471. Extensión
terceros. convención colectiva de a terceros.
trabajo que celebre un
1. Cuando en la Sindicato sólo se aplica a 1. Cuando en la
convención colectiva sea sus afiliados. Los convención colectiva sea
parte un sindicato o trabajadores no parte un sindicato cuyos
agrupación de sindicatos sindicalizados que quieran afiliados excedan de la
cuyos afiliados excedan a beneficiarse de ella tercera parte del total de
la tercera parte del total de deberán pagar al Sindicato los trabajadores de la
los trabajadores de las durante su vigencia una empresa, las normas de la
empresas o suma igual a la mitad de la convención se extienden a
establecimientos cuota ordinaria con que todos los trabajadores de
respectivos, las normas de contribuyen los afiliados a la misma, sean o no
la convención se extienden la organización. El patrono sindicalizados.
a todas las personas, sean deberá retener del valor de
o no sindicalizadas, que los salarios de tales 2. Lo dispuesto en este
trabajen o lleguen a trabajadores la cuota artículo se aplica también
trabajar en ellos. correspondiente» cuando el número de
afiliados al sindicato
2. Lo dispuesto en el inciso Quedan en estos términos llegare a exceder del limite
1 rige también cuando el modificados los indicado, con posterioridad
número de afiliados del artículos 470 y 471 del a la firma de la
sindicato o sindicatos Código Sustantivo del convención».
llegue a exceder del límite Trabajo».
indicado».

25. Como se advierte, el legislador al expedir el artículo 471 del CST original
pretendió extender de manera automática los efectos de la convención colectiva
a los trabajadores no sindicalizados por el simple hecho de que el acuerdo se
hubiese suscrito entre el patrono y un sindicato o agrupación de sindicatos con
afiliados en número mínimo de la tercera parte del total de los trabajadores de la
empresa. Ello a diferencia del artículo 470 ibidem que regló supuestos diferentes
definidos en el número de afiliados al sindicato y la forma de beneficiarse de la
convención, pues exige la adhesión voluntaria a ella por parte del trabajador no
sindicalizado.

26. En la primera modificación de que fue objeto el artículo 471 con el Decreto 18
de 1958 se varió ese reconocimiento automático al que se ha hecho referencia.
En su lugar, estableció como regla general que los beneficios de la convención
colectiva únicamente debían aplicarse a los afiliados al sindicato y condicionó
que pudieran hacerse extensivos a los trabajadores no afiliados, siempre que
pagaran parte de la cuota sindical ordinaria. Es decir, ya no era la cantidad de
afiliados al sindicato negociador el que definía la extensión automática del
derecho por mandato legal.

27. Finalmente, la última modificación acogida mediante el artículo 38 del Decreto
2351 de 1965, y que rige en la actualidad, retomó el criterio adoptado
originalmente en el Decreto 2663 de 1950. De esta manera, determinó que los
efectos de la convención colectiva cuando en su celebración fue parte un
sindicato cuyos afiliados excedían la tercera parte del total de los trabajadores de
la empresa, se extendían de manera automática por virtud de la ley a los
trabajadores no sindicalizados.

28. La norma utilizó la expresión imperativa «se extienden», por lo que tales
trabajadores se hacen beneficiarios de lo convenido en la negociación colectiva
si se cumple con el requisito del número de afiliados del sindicato negociador y

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sin necesidad de que medie acuerdo diferente con el empleador o la observancia
de otra condición distinta de la fijada en el artículo 471 del CST.

29. El recuento de las modificaciones introducidas al artículo 471 del CST permite
concluir que desde el principio el legislador extraordinario quiso extender en favor
de los trabajadores no sindicalizados los beneficios de la convención colectiva de
trabajo supeditado únicamente al número de afiliados del sindicato. Si bien en la
primera reforma cambió el condicionamiento, es razonable deducir que lo retomó
en aras de garantizar en mayor medida los derechos laborales de estos
trabajadores. Por tal razón, en la actualidad es un derecho que les otorga de
manera directa la ley si se cumplen las condiciones de la norma. No es, por tanto,
producto de un acuerdo entre el trabajador no sindicalizado y el empleador.

30. Esto último diferencia la norma del contenido del artículo 470 ibidem que regló
el supuesto en el que el sindicato tiene un número inferior de afiliados a la tercera
parte del total de trabajadores, pues este sí supeditó el beneficio para los
trabajadores no sindicalizados a su adhesión a la convención mediante pacto
colectivo o con la afiliación al sindicato.

31. Ahora, el Decreto 2351 de 1965 también regló en su artículo 39 la denominada
«[c]uota por beneficio de la convención». La norma creó la obligación a cargo de
los trabajadores no sindicalizados de pagar la cuota ordinaria con la que los
afiliados al sindicato contribuían si se beneficiaban de la convención colectiva
que este suscribió con el empleador. Al respecto previó lo siguiente:

«[…] Artículo treinta y nueve. Cuota por beneficio de la convención

1. Cuando el sindicato sólo agrupe la tercera parte o menos del total de
trabajadores de la empresa, los trabajadores no sindicalizados que se beneficien
de la convención deberán pagar al sindicato, durante su vigencia, una suma igual
a la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al sindicato.

2. Cuando el sindicato agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores de
la empresa, los trabajadores no sindicalizados, por el hecho de beneficiarse de
la convención, deberán pagar al sindicato durante su vigencia, una suma igual a
la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al sindicato, a menos que el
trabajador no sindicalizado renuncie expresamente a los beneficios de la
convención.

3. Las cuotas o porcentajes que se establezcan serán siempre uniformes para
todos los trabajadores […]» (se resalta).

32. Como se advierte, la norma regló las dos situaciones que pudieran
presentarse para los trabajadores no sindicalizados. La prevista en el artículo 470
del CST cuando se adhieren voluntariamente a la convención y la del 471 ibidem
cuando el beneficio opera por virtud del número de afiliados del sindicato que
negoció la convención [numeral 2]. En este último caso, la disposición
preceptuaba una excepción al deber de pagar la cuota sindical para los
trabajadores no sindicalizados. Así, señaló que si estos renunciaban a los
beneficios de la convención colectiva de trabajo se liberarían de cumplir la
obligación.

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33. El artículo citado fue modificado luego por la Ley 50 de 199033 que reformó el
Código Sustantivo del Trabajo. En el artículo 68 de la nueva ley se determinó lo
siguiente:

«Artículo 68. El artículo 39 del Decreto 2351 de 1965 quedará así:

Cuota por beneficio convencional. Los trabajadores no sindicalizados, por el
hecho de beneficiarse de la convención colectiva, deberán pagar al sindicato,
durante su vigencia, una suma igual a la cuota ordinaria con que contribuyen los
afiliados al sindicato […]»

34. De esta forma, el legislador estableció una única obligación para los
trabajadores no sindicalizados beneficiarios de la convención colectiva del trabajo
sin distinguir si se trataba de los que se adhirieron a ella [artículo 470 del CST] o
de los que obtuvieron su derecho de forma automática porque el sindicato que la
suscribió tenía un número de afiliados superior a la tercera parte de los
trabajadores de la empresa [artículo 471 ibidem].

35. En esas condiciones la norma derogó expresamente la excepción al pago de
la cuota que establecía el numeral 2 del artículo 39 original del Decreto 2351 de
1965, que exoneraba a los trabajadores no sindicalizados que renunciaran a los
beneficios de la convención colectiva obtenidos por virtud de lo reglado en el
artículo 471 del CST.

36. En ese sentido, la nueva ley precisó sin distinción y sin establecer excepciones
que la cuota sindical debía pagarla el trabajador no sindicalizado «por el hecho de
beneficiarse de la convención colectiva». En ningún lugar regló la posibilidad de que
pudiera exonerarse del pago si renunciaba al derecho.

37. Por el recuento normativo realizado, es claro que la interpretación del artículo
68 de la Ley 50 de 1990, especialmente del aparte incluido entre comillas en el
párrafo anterior, debe hacerse en armonía con los artículos 470 y 471 del Código
Sustantivo del Trabajo y, en general, con todas las normas de esta codificación,
especialmente, con los artículos 13 y 14 que se refieren a los mínimos derechos
laborales y sus garantías pues deben gobernar toda relación laboral.

38. Ello, porque pertenecen al mismo cuerpo normativo que regula el derecho al
trabajo, esto es, son normas que conforman el Código Sustantivo del Trabajo y,
por ende, no pueden ser analizadas de manera aislada al conformar una unidad
normativa y, en cambio debe hacerse una interpretación sistemática34 de todas.

39. Así las cosas, de la interpretación bajo esa óptica de los artículos 470 y 471
del CST y 68 de la Ley 50 de 1990 se puede concluir lo siguiente:

33 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones».
34 El método sistemático de interpretación legal o por contexto ha sido definido como «[…] el cual

considera a la norma como parte de un todo cuyo significado y alcance debe entonces fijarse en
función del sistema jurídico al cual pertenece, es decir, que supone una lectura de la norma que
se quiere interpretar, en conjunto con las demás que conforman el ordenamiento en el cual
aquella está inserta». El artículo 30 de la Ley 57 de 1887 al respecto regló que «[…] El contexto
de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre
todas ellas la debida correspondencia y armonía». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Radicación número: 15001-33-33-010-2013-00134-01(3828-
14) CE-SUJ2-001-16. Providencia del 14 de abril de 2016.

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39.1. El primer artículo [470 del CST] prescribió un derecho para los trabajadores
no sindicalizados de beneficiarse de la convención colectiva si se adhieren
voluntariamente a sus disposiciones o se afilian al sindicato. Esto siempre que la
organización no hubiese tenido un número de afiliados superior a la tercera parte
de los trabajadores de la empresa;

39.2. el segundo artículo [471 del CST], desde su versión inicial, estableció el
derecho laboral automático para los trabajadores no sindicalizados a beneficiarse
de la convención colectiva, si se cumple con el supuesto de hecho objetivo de
que esta hubiese sido suscrita por el empleador y un sindicato o agrupación de
sindicatos cuyos afiliados excedan la tercera parte del total de los trabajadores
de la empresa. Es decir, por virtud de la ley se hacen beneficiarios de lo
convenido;

39.3. el tercer artículo [68 de la Ley 50 de 1990] fijó una obligación, también
automática, a cargo de los trabajadores no sindicalizados surgida en virtud del
derecho que los artículos 470 y 471 del CST les otorgaron en caso de cumplirse
con las condiciones en ellos señaladas. Tal deber implicaba pagar la cuota
sindical «por el hecho de beneficiarse de la convención colectiva»;

39.4. ninguno de los tres artículos estableció alguna excepción para que los
trabajadores no sindicalizados que accedieron al beneficio de la convención
colectiva, sea de manera voluntaria [artículo 470 del CST] o por virtud del
cumplimiento del supuesto de la ley [artículo 471 ibidem], se exoneraran del pago
de la cuota sindical.

2.2.3. Análisis de la Sala sobre la legalidad del literal c) del artículo 1 del
Decreto 2264 de 2013 demandado

40. Previo a analizarse la legalidad de la disposición normativa demandada, se
advierte que dos de los argumentos expuestos en la demanda no pueden servir
de parámetro para ello.

41. El primero es el alegato según el cual la expresión « salvo que exista renuncia
expresa a los beneficios del acuerdo» incluida en el literal c) del artículo 1 del decreto
enjuiciado ha sido utilizada por los empleadores para incentivar a los trabajadores
a renunciar a los beneficios convencionales en perjuicio del derecho de los
sindicatos a recibir las cuotas sindicales.

42. El segundo aludió a que tal apartado de la norma ha producido la reducción
de la capacidad de negociación de los sindicatos, por cuanto causa su
disminución al fomentar la existencia de pactos colectivos con los trabajadores
no sindicalizados.

43. Los argumentos expuestos no pueden ser tomados como puntos de partida
para estudiar la legalidad de la norma enjuiciada porque (i) no se subsumen en
las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA; (ii) son
suposiciones del demandante y no hechos sustentados en pruebas; y (iii) se
alega que con lo prescrito en la norma desfinancian los sindicatos; sin embargo,
ello no se relaciona con su contenido, pues esta ordenó al empleador abstenerse

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de recaudar las cuotas sindicales de los trabajadores no sindicalizados
beneficiarios de una convención colectiva que renunciaron a ella, es decir, de
aquellos que no hacen parte del sindicato y, por lo tanto, que no definen su
conformación y tampoco su sustento al seguir este a cargo de los sindicalizados.

44. Por lo anterior, el estudio de legalidad de la expresión « salvo que exista renuncia
expresa a los beneficios del acuerdo» incluida en el literal c) del artículo 1 del
Decreto 2264 de 2013 se limitará a examinar los demás argumentos de la
demanda. En esa dirección se hará el respectivo análisis a continuación.

45. Pues bien, el presidente de la República ejerció la facultad de reglamentar el
artículo 400 del Código Sustantivo de Trabajo que fijó el deber para el empleador
de retener el valor de las cuotas sindicales para los trabajadores afiliados a los
sindicatos; y sobre el artículo 68 de la Ley 50 de 1990 que lo hizo respecto de los
no afiliados a través del Decreto 2264 de 201335. Este en su artículo 1 regló lo
siguiente:

«Artículo 1°. Con el fin de garantizar que las organizaciones sindicales puedan
recaudar oportunamente las cuotas fijadas por la ley y los estatutos sindicales para
su funcionamiento, el empleador tiene la obligación de:

a) Efectuar sin excepción la deducción sobre los salarios de la cuota o cuotas
sindicales y ponerlas a disposición del sindicato o sindicatos, cuando los
trabajadores o empleados se encuentren afiliados a uno o varios sindicatos.

b) Retener y entregar directamente a las organizaciones de segundo y tercer
grado, las cuotas federales y confederales que el sindicato afiliado esté obligado a
pagar en los términos del numeral 3 del artículo 400 del Código Sustantivo del
Trabajo y de este decreto.

c) Retener y entregar a la organización sindical las sumas que los trabajadores
no sindicalizados deben pagar a estas por beneficio de la convención
colectiva en los términos del artículo 68 de la Ley 50 de 1990, salvo que exista
renuncia expresa a los beneficios del acuerdo.

d) Retener y entregar a la organización sindical las sumas que los empleados
públicos no sindicalizados autoricen descontar voluntariamente y por escrito para
el sindicato, por reciprocidad y compensación, en razón de los beneficios recibidos
con ocasión del Acuerdo Colectivo obtenido por el respectivo sindicato, para lo cual
se habilitarán los respectivos códigos de nómina […]» (negrilla fuera del texto
original).

46. El decreto reglamentario en el literal c) de su artículo 1 al reglar el deber del
empleador para retener la cuota sindical a los trabajadores no sindicalizados
introdujo la excepción que antes preveía el artículo 39, numeral 2, del Decreto
Legislativo 2351 de 1965 que había sido derogada por el artículo 68 de la Ley 50
de 1990 y que regía para los beneficiarios de la convención en virtud del artículo
471 del CST. Así, incluyó que la cuota se cobraría « salvo que exista renuncia
expresa a los beneficios del acuerdo».

47. Lo anterior significa que el presidente de la República al proferir el decreto
desbordó la facultad que le otorgó el artículo 189.11 Constitucional, por lo
siguiente:

35 «Por el cual se reglamentan los artículos 400 del Código Sustantivo del Trabajo y 68 de la Ley

50 de 1990».

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48. (i) actuó sin acatar la competencia que la norma constitucional le confirió.

49. Elpresidente de la República incluyó una excepción que en la ley
reglamentada no estaba contenida, pues determinó que el empleador debía
abstenerse de retener la cuota sindical cuando el trabajador no sindicalizado
renunciara a los beneficios de la convención colectiva.

50. Si bien es cierto que el artículo 68 de la Ley 50 de 1990 estableció que la cuota
debía pagarla el trabajador no sindicalizado «por el hecho de beneficiarse de la
convención colectiva», ello no podía dar lugar a deducir que le permitió renunciar
al derecho que ya hubiese adquirido. Por el contrario, y según se explicó antes,
la interpretación de esta norma debía hacerse en armonía con las demás
disposiciones del CST del cual hace parte.

51. Así, su interpretación en conjunto con los artículos 13 y 14 de tal codificación
lo que permite inferir es que una vez el trabajador no sindicalizado obtuvo el
reconocimiento de los derechos establecidos en la convención colectiva por
virtud del cumplimiento de los requisitos en los artículos 470 o 471 ibidem, no le
era posible renunciar a ellos.

52. Ciertamente, el derecho a estos trabajadores de beneficiarse de la convención
surgió directamente de estas últimas normas una vez cumplidas las condiciones
previstas en ellas. Por tal razón, acreditadas las exigencias pasan a integrar los
derechos mínimos laborales que no pueden desconocerse por ninguna expresión
de la voluntad.

53. En efecto, el artículo 13 del CST estableció que «[l]as disposiciones de este
Código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los
trabajadores. No produce efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o
desconozca este mínimo […]» (se resalta).

54. Asimismo, el artículo 14 prescribió que las normas laborales son de orden
público y regló el principio de irrenunciabilidad al señalar que «[l]as disposiciones
legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los
derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos
expresamente exceptuados por la ley […]» (negrilla fuera de texto).

55. En virtud de las normas citadas no producen efecto las estipulaciones en las
que se desconozca o afecte un derecho de los mínimos establecidos en el CST
y procede su renuncia, únicamente, cuando la ley lo autoriza expresamente.

56. En esa medida, toda vez que el derecho para los trabajadores no afiliados a
un sindicato de beneficiarse de la convención colectiva suscrita entre su
empleador y el sindicato de su empresa surge directamente de los artículos 470
y 471 del CST una vez satisfechos los requisitos en ellos establecidos, se
convierten en derechos y garantías laborales mínimos que no pueden
desconocerse o renunciarse. Solo la ley podría permitirlo.

57. Ahora, si bien la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia profirió
providencias en las que sostuvo que era posible que un trabajador no
sindicalizado renunciara a los beneficios de la convención colectiva en ejercicio

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del derecho de libre asociación previsto en el artículo 39 Constitucional36 y porque
los derechos irrenunciables solo provenían de la ley, lo cierto es que no analizó
lo expuesto en precedencia.

58. Ciertamente, la jurisprudencia no examinó que el beneficiarse de la
convención colectiva para estos trabajadores también tiene su origen en la ley,
específicamente en los artículos 470 y 471 del CST, cuando cumplen con los
supuestos establecidos en ellos. En tal virtud, se convierte en un derecho
irrenunciable en los términos de los artículos 13 y 14 ibidem. Además, la
jurisprudencia en pronunciamientos posteriores ha reconocido que la convención
colectiva es una verdadera norma que reconoce derechos laborales que una vez
reconocidos al trabajador son irrenunciables.

59. En efecto, la jurisprudencia ha indicado que, aunque la convención colectiva
de trabajo no tiene la categoría de ley37, sí es un «acto regla» que crea derechos
laborales38o un «acto regulador de los contratos de trabajo»39 en virtud del artículo
467 del CST40 que se caracteriza por contener un elemento normativo y otro
obligacional. Al respecto se ha explicado cada uno del siguiente modo:

« […] Los elementos referidos, esto es, el normativo y el obligacional, han sido
explicados por esta Corporación, así:

“[E]l elemento normativo de la convención se traduce en una serie de
disposiciones, con vocación de permanencia en el tiempo, instituidas para
regular las relaciones de trabajo individual en la empresa; en virtud de dichas
disposiciones se establecen anticipadamente y en forma abstracta las
estipulaciones que regirán las condiciones individuales para la prestación de los
servicios, esto es, los contratos individuales de trabajo. Las cláusulas
convencionales de tipo normativo constituyen derecho objetivo, se
incorporan al contenido mismo de los contratos de trabajo y, en tal virtud,

36
Ver sentencia de la Sala de Casación Laboral SL4375-2016, radicado 46268 del 16 de marzo
de 2016. En esta providencia se juzgó la posibilidad de que un trabajador sindicalizado renunciara
a los beneficios de la convención colectiva. Sobre el particular, la Corte preció que solo eran
irrenunciables los derechos reconocidos en la ley. Al respecto precisó: «De ahí que son esos
beneficios mínimos, establecidos en las leyes que regulan el trabajo, respecto de los cuales las
partes no pueden disponer con miras a derogarlos, reducirlos o restarles efectos, ya sea por acto
unilateral, bilateral o colectivo. Luego, si los derechos de los que se despoja un trabajador están
por encima de aquellos, su decisión es válida, en el entendido que tal actuación fue libre,
espontánea y consciente, tal como lo dedujo el Tribunal que ocurrió en el sub lite».
37 En la sentencia C-009 de 1994 la Corte Constitucional precisó que « […] la convención colectiva

de trabajo, aun cuando puede ser considerada como fuente formal de derecho, no es una
verdadera ley, con el valor y la significación que ésta tiene a la luz de los textos constitucionales,
por las siguientes razones: - La convención, por su origen, proviene de una relación contractual
surgida entre partes, cuya finalidad no es propiamente producir, como sucede con la ley, una
innovación en el ordenamiento jurídico por vía general, dado que su ámbito de aplicación es
restringido, a una o varias empresas, e inclusive cuando es extendida su vigencia por acto
gubernamental a las empresas de una misma rama industrial en una determinada región
económica, conforme al art. 472 del C.S.T. - La convención, no corresponde propiamente a la
potestad legislativa del Estado, que se manifiesta a través de la ley que expide el Congreso (art.
150 C.P.), o de los decretos con fuerza de ley que puede expedir el Gobierno, cuando es investido
de precisas facultades extraordinarias, o cuando pone en vigencia el plan Nacional de Inversiones
Públicas (arts. 150-10 y 341 C.P.), o de los decretos legislativos, o con fuerza de ley, que
igualmente puede dictar el Gobierno dentro de los estados de excepción, en los casos de guerra
exterior, conmoción interior y emergencia económica (arts. 212, 213, 214 y 215 C.P.)[…]».
38 Ibidem.
39 C-902 de 2003.
40 «Artículo 467. Definición. Convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o

varios {empleadores} o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o
federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los
contratos de trabajo durante su vigencia».

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contienen las obligaciones concretas del patrono frente a cada uno de los
trabajadores, como también, las obligaciones que de modo general adquiere el
patrono frente a la generalidad de los trabajadores, vgr., las que fijan la jornada de
trabajo, los descansos, los salarios, prestaciones sociales, el régimen disciplinario,
o las que establecen servicios comunes para todos los trabajadores en el campo
de la seguridad social, cultural o recreacional.

Se distingue igualmente en la convención colectiva, por la doctrina y la
jurisprudencia, el denominado elemento obligatorio o aspecto obligacional,
que está conformado por aquellas cláusulas que señalan deberes u
obligaciones recíprocos de las partes, destinadas a asegurar la efectividad
de las normas convencionales, como son, por ejemplo, las cláusulas que
establecen las comisiones o tribunales de conciliación y arbitraje, las que fijan
sanciones por la violación de las estipulaciones que constituyen la parte normativa,
o las que establecen mecanismos para garantizar la libertad sindical”41 […]»42 ( se
resalta).

60. En consonancia con lo trascrito, la jurisprudencia ha dicho que la convención
colectiva es un acto jurídico de forzoso cumplimiento para quienes cobija, por
tratarse de una disposición que fija las reglas de las condiciones de los contratos
de trabajo43.

61. Por tal razón, se ha considerado que, aun cuando la convención colectiva no
es propiamente la ley laboral, sí contiene derechos que son irrenunciables al
tratarse de normas que se entienden incorporadas al contrato laboral y, por ende,
que tienen poder normativo y vinculante.

62. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral
manifestó lo que a continuación se cita:

«[…] Al respecto, debe señalar la Sala, que frente a la posibilidad de renuncia de
las prerrogativas plasmadas en la convención por parte del trabajador, se ha dicho
que si bien por antonomasia los derechos irrenunciables son aquellos consagrados
en las normas de orden legal, tal y como se desprende de los artículos 13 y 14 del
CST, ello también puede predicarse y extenderse a los beneficios que tengan
una fuente distinta como es el caso de las pactadas extralegalmente.

En efecto, esta Corte en la reciente sentencia CSJ SL983-2021, se sostuvo que
no resultaba admisible que a través de documentos privados suscritos entre
el trabajador y el empresario, se renuncie a los derechos consagrados en una
convención colectiva, en tanto que ello significaría desconocer su carácter
normativo y los efectos vinculantes, lo que a no dudarlo limita la autonomía de las
partes, por cuanto ese convenio colectivo constituye un derecho objetivo que
se entiende incorporado al contrato laboral, de tal suerte que toda desmejora
o cercenamiento de los beneficios producto de una negociación regulados
en un instrumento extralegal, que se lleve a cabo en forma directa por el
empleado y por fuera de los cauces legales en detrimento del debido
proceso, carece de eficacia por infringir o desconocer el carácter de orden
público de las normas laborales y el mínimo de prerrogativas, lo que hace
que tales pactos extralegales sean irrenunciables, como de manera reiterada
lo ha sostenido mayoritariamente la Sala, lo que lógicamente también se hace
extensivo frente a aquellos casos en que la abdicación provenga de documento
suscrito únicamente por parte del trabajador, como aquí sucede, puesto que de
igual forma, tales prerrogativas están cobijadas dentro de la renunciabilidad que
predica el artículo 14 del CST […]»44 (negrilla fuera del texto original).

41 Corte Constitucional, sentencia C-009 de 1994.
42 Corte Constitucional, sentencia C-902 de 2003.
43 Ibidem.
44 Corte Suprema de Justicia, sentencia CSJ SL1953-2021 del 19 de mayo de 2021.

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Demandante: Óscar Sánchez Pinto

63. El carácter irrenunciable de los derechos acordados en la convención colectiva
impide entonces que esta se modifique por acuerdo individual entre empleadores
y trabajadores, salvo que sea para mejorar los derechos reconocidos por ser
irrenunciables45.

64. Así lo ha establecido la jurisprudencia laboral al indicar «[…] que los acuerdos
modificatorios únicamente son válidos en la medida que mejoren las condiciones
pactadas en la convención, en tanto nada impide que los trabajadores o sus
representantes, en caso de ser sindicalizados, pacten con sus empleadores
prerrogativas superiores a las legal o convencionalmente establecidas […]»46. Se ha
dicho también que la modificación puede ser para mejorar las condiciones
pactadas o para hacer la convención más inteligible o aclarar aspectos
confusos47.

65. La Corte Constitucional también ha señalado al examinar la posibilidad de
denuncia de la convención colectiva regulada en el artículo 479 del CST 48
entendida como «la manifestación escrita, procedente de cualquiera de las partes o de
ambas, que expresa la voluntad de dar por terminada la convención colectiva de
trabajo», que su terminación solo procede en la medida en que se firme una
nueva. Ello lo dedujo del contenido del artículo mencionado que en su numeral 2
prescribió que «2. Formulada así la denuncia de la convención colectiva, ésta
continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención»49 (negrilla de la
Sala).

66. Precisamente, al examinar los efectos de la normativa citada, la Corte precisó
que «[…] los efectos de la denuncia sobre la convención denunciada son limitados:
primero, no le resta eficacia jurídica a lo pactado, ya que la convención continua vigente;
segundo, la vigencia de la convención denunciada no tiene término legal fijo; tercero, la
continuidad de la convención está supeditada a que se firme una nueva convención,
lo cual supone un nuevo acuerdo entre las partes en lugar de la imposición
unilateral de condiciones laborales diferentes […]»50.

45 La Corte Suprema de Justicia ha manifestado: «[…]esta Corporación tiene adoctrinado de

tiempo atrás que los derechos laborales ciertos e indiscutibles no son exclusivamente los
contemplados en normas legales, sino también los previstos en convenciones, laudos o cualquier
otro instrumento colectivo de carácter vinculante […]». Sentencia CSJ SL3071-2020.
46 Corte Suprema de Justicia, sentencia CSJ SL12575-2017. En igual sentido sentencia

CSJSL2105-2015.
47 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL122-2023 del 23 de enero de 2023.
48 «[…] Articulo 479. Denuncia. <Artículo modificado por el artículo 14 del Decreto 616 de 1954.

El nuevo texto es el siguiente:>1. Para que sea válida la manifestación escrita de dar por
terminada una convención colectiva de trabajo, si se hace por una de las partes, o por ambas
separadamente, debe presentarse por triplicado ante el Inspector del Trabajo del lugar, y en su
defecto, ante el Alcalde, funcionarios que le pondrán la nota respectiva de presentación,
señalando el lugar, la fecha y la hora de la misma. El original de la denuncia será entregado al
destinatario por dicho funcionario, y las copias serán destinadas para el Departamento Nacional
de Trabajo y para el denunciante de la convención. 2. Formulada así la denuncia de la convención
colectiva, ésta continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención […]».
49 Corte Constitucional, sentencia C-1050 de 2001.
50 Ibidem. Cabe precisar que n virtud del artículo 480 del CST sí es posible revisar el contenido

de las convenciones colectivas, pero por supuestos precisos. Al respecto dice la norma «Artículo
480. Revisión. Las convenciones colectivas son revisables cuando quiera que sobrevengan
imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo entre
las partes acerca de la revisión fundada en tales alteraciones, corresponde a la justicia del Trabajo
decidir sobre ellas; y entretanto estas convenciones siguen en todo su vigor».

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67. Portodo lo expuesto, a través del Decreto 2264 de 2013 no se podía
establecer la posibilidad de que los trabajadores no sindicalizados renunciaran al
derecho a beneficiarse de la convención colectiva porque:

67.1. no tiene la categoría normativa de ley a través de la cual sí puede permitirse
ello, sino apenas de decreto reglamentario. Por lo tanto, al no establecerse tal
posibilidad en el artículo 68 de la Ley 50 de 1990 no podía el decreto incluirla;

67.2. los derechos previstos en los artículos 470 y 471 del CST al estar reglados
en esta normativa son derechos laborales mínimos irrenunciables por virtud de
los articulo 13 y 14 ibidem y estas normas tampoco previeron la opción de
renunciar a ellos una vez que se concedieran; y

67.3. una vez obtenidos los derechos establecidos en la convención colectiva
también son irrenunciables por ser esta parte integral del contrato de trabajo y
norma laboral con carácter vinculante.

68. Así las cosas, el presidente de la República al incluir en el literal c) del artículo
1 del Decreto 2264 de 2013 la expresión «salvo que exista renuncia expresa a los
beneficios del acuerdo» adicionó sin competencia el artículo 68 de la Ley 50 de
1990 que reglamentó, al incluir la posibilidad de que los trabajadores no
sindicalizados renunciaran al derecho obtenido por virtud de los artículos 470 y
471 del CST y la convención colectiva para exonerarse del pago de la cuota
sindical, aspecto no incluido en tal norma.

69. Además, también desbordó su competencia porque por su naturaleza de
derechos irrenunciables, solo podía definirse la posibilidad de su renuncia
mediante una norma de rango superior, según lo prescribe el artículo 14 del CST.

70. (ii) El presidente de la República al expedir la norma demandada no tuvo en
cuenta el alcance del criterio de necesidad para ejercer la potestad reglamentaria.

71. En efecto, al revisar el texto del artículo 68 de la Ley 50 de 1990 se advierte
con claridad que su fin era imponer a los trabajadores no sindicalizados el pago
de la cuota sindical cuando resultaran beneficiarios de la convención colectiva.
En ese sentido, la norma reglamentaria debió dirigirse exclusivamente a
determinar el modo, método o procedimiento para que pudiera recaudarse, pues
era el tema no desarrollado en la ley y necesario para su ejecución.

72. Lo anterior delimitaba entonces los puntos sobre los cuales podía ejercerse la
facultad reglamentaria, puesto que la ley no necesitaba que se aclararan otros
para ser aplicada. En ese orden, al incluir en ella que al empleador le estaba
vedado retener la cuota a los trabajadores no sindicalizados cuando hubiesen
renunciado a los beneficios de la convención, el presidente de la República fue
más allá de la fijación del trámite que requería la ley para recolectar la cuota
ordenada y, extralimitando su función, definió quién podía exonerarse de pagarla.

73. De esta manera, la autoridad reglamentaria al incluir la parte demandada del
literal c) del artículo 1 del Decreto 2264 de 2013 extralimitó la facultad prevista
en el artículo 189.11 y ejerció labores propias del legislador al adicionar la ley
reglamentada.

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2.3. Conclusión

74. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el presidente de la
República excedió la potestad reglamentaria prevista en el artículo 189.11 al
incluir en el literal c) del artículo 1 del Decreto 2264 de 2013 la disposición
normativa «salvo que exista renuncia expresa a los beneficios del acuerdo» por no
estar ello previsto en el artículo 68 de la Ley 50 de 1990 que reglamentó, de
acuerdo con las razones expuestas en precedencia.

75. Por lo tanto, el acto administrativo en la parte que fue demandada se profirió
con infracción de las normas en que debía fundarse. En consecuencia, se
declarará nulidad del texto normativo demandado.

76. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Declarar la nulidad del texto normativo «salvo que exista renuncia expresa
a los beneficios del acuerdo» incluido en el literal c) del artículo 1 del Decreto 2264
de 2013 «[p]or el cual se reglamentan los artículos 400 del Código Sustantivo del
Trabajo y 68 de la Ley 50 de 1990», de conformidad con las razones expuestas en
esta providencia.

Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Con aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
YSB

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