Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00417-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00417-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2017-00417-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 24 000 2017 00417 00
Demandante: Caja de Compensación Familiar – Comfamiliar Atlántico
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Actos administrativos sancionatorios
Decisión: Niega nulidad de los actos acusados
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovida por la Caja de Compensación Familiar – Comfamiliar Atlántico en
contra de la Resolución núm. PARL 002023 de 19 de abril de 2016; la Resolución núm.
PARL 000011 de 11 de enero de 2017 y la Resolución núm. 000415 de 10 de marzo de
2017 expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las pretensiones1
El 17 de octubre de 2017, la Caja de Compensación Familiar – Comfamiliar Atlántico, por
conducto de apoderado, radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la
que formuló las siguientes pretensiones:
[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución Número PARL 002023
del 19 de abril de 2016, expedida por la Superintendente Delegada de Procesos
Administrativos de la Superintendencia Nacional de Salud […] por medio de la cual
se resuelve una investigación administrativa contra la entidad Caja de
Compensación Familiar “COMFAMILIAR ATLÁNTICO”.
1 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
0324 000 2017 00417 00.
Radicado: 11001 03 24 000 2017 00417 00
Demandante: Caja de Compensación Familiar – Comfamiliar Atlántico
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución Número PARL 000011 del
11 de enero de 2017 expedida por la Superintendente Delegada de Procesos
Administrativos de la Superintendencia Nacional de Salud […], por la cual se
resuelve recurso de reposición interpuesto por la Caja de Compensación Familiar
“COMFAMILIAR ATLÁNTICO” […] en contra de la Resolución núm. PARL 00203
del 19 de abril de 2016.
TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución Número 000415 del 10 de
marzo de 2017, expedida por el Superintendente Nacional de Salud […] por medio
de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm.
PARL 002023 de 19 de abril de 2016 por la Caja de Compensación Familiar
“COMFAMILIAR ATLÁNTICO”, Exp: 0910 – 2014 – 08483.
CUARTA: Que a título de restablecimiento del derecho la Superintendencia
Nacional de Salud elimine, deje sin efectos y se abstenga de inscribir en el Sistema
de Información y/o Registro de Bases de Datos que adelanta el órgano de
inspección, vigilancia y control la respectiva sanción decretada en forma irregular.
QUINTA: Que a título de restablecimiento del derecho y como medida de reparación
integral, la Superintendencia Nacional de Salud, por conducto del señor
Superintendente Nacional de Salud, ofrezca excusas públicas al Director
Administrativo de la Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR ATLÁNTICO
por haber sancionado a la Caja sin existir ningún fundamento jurídico para tal efecto
[…]. (Mayúsculas y negrillas originales).
1.2. Fundamentos de hecho y de derecho2
La demandante aseguró que, mediante la Resolución núm. PARL 002023 de 19 de abril de
2016, la Superintendente Delegada de Procesos Administrativos de la Superintendencia
Nacional de Salud resolvió sancionar a la Caja de Compensación Familiar «Comfamiliar
Atlántico» con amonestación escrita por incumplir la «supuesta obligación de realizar la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para las entidades públicas que prestan el
servicio de salud».
Indicó que en contra de la precitada decisión interpuso recursos de reposición y apelación
y que mediante la Resolución núm. PARL 000011 de 11 de enero de 2017 se resolvió no
reponer la decisión.
Agregó que mediante la Resolución núm. 000415 de 10 de marzo de 2017 se decidió el
recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. PARL 002023 de 19 de
abril de 2016.
2 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
0324 000 2017 00417 00.
2
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Demandante: Caja de Compensación Familiar – Comfamiliar Atlántico
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
En el acápite de fundamentos de derecho, expuso lo siguiente:
«1) Violación de la ley por infracción de las normas en las que debían fundarse los actos
administrativos demandados y por desconocer la naturaleza jurídica de la Caja de
Compensación Familiar - Comfamiliar Atlántico»
Adujo que la autoridad demandada consideró de manera equivocada que el inciso segundo
del artículo 103 de la Constitución Política imponía a Comfamiliar Atlántico la obligación de
rendir informes de su gestión como una entidad que administra y maneja recursos y
servicios públicos.
Sostuvo que no era aplicable al caso el artículo 270 de la Constitución Política, puesto que,
dicha norma regula la gestión pública, por lo que no se «aplicaría para entidades de derecho
privado organizadas como corporación en la forma prevista en el Código Civil, como es el
caso de las cajas de compensación familiar en general y de Comfamiliar Atlántico en
particular».
Precisó que «el hecho de que Comfamiliar Atlántico administre unos recursos parafiscales
atípicos o sui generis […] no le da el carácter de público a estas instituciones, ni muta su
naturaleza jurídica al sector público, así como tampoco se les puede atribuir el ejercicio de
funciones públicas o el desarrollo de gestión pública».
Alegó que se configuró una infracción del artículo 109 de la Ley 1438 de 2011, por cuanto:
[…] la Caja de Compensación Familiar – COMFAMILIAR ATLÁNTICO – le argumentó a la
Superintendencia Nacional de Salud la improcedencia de realizar audiencia pública de
rendición de cuentas para la vigencia 2013 y 2014, toda vez que dicha obligación reca
únicamente sobre entidades públicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de
la Ley 1438 de 2011 y no sobre entidades de naturaleza privada.
[…]
La Superintendencia Nacional de Salud, por conducto de la Superintendente Delegada de
Procesos Administrativos, no puede mediante una simple circular, vulnerar el contenido
normativo de la Ley, específicamente lo señalado en la Ley 1438 de 2011, la cual dispone
en su artículo 109 con absoluta claridad (la misma claridad que alega la Superintendente
Delegada contiene la Circular Única) que todas las Entidades Promotoras de Salud y
Empresas Sociales del Estado del sector salud y las Instituciones Prestadoras de Salud
públicas, tienen la obligación de realizar audiencias públicas, por lo menos una vez al año,
con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la
formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión. Para ello deberán presentar
sus indicadores en salud, gestión financiera, satisfacción de usuarios y administración.
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Demandante: Caja de Compensación Familiar – Comfamiliar Atlántico
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Las instituciones privadas prestadoras de servicios de salud deberán publicar anualmente
por internet sus indicadores de calidad y de gestión en la forma que establezca el
reglamento.
No puede entonces la Superintendencia Nacional de Salud, so pretexto de reglamentar y
ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control vulnerar el contenido normativo
señalado por el legislador, pues estaría usurpando la cláusula general de competencia
normativa atribuida al Congreso de la República […]. (Subrayas ajenas)
«2) Vulneración del derecho al debido proceso y configuración de una vía de hecho
administrativa al fundamentar la decisión administrativa sancionatoria sin el suficiente
material probatorio y darle un tratamiento jurídico distinto al previsto en la normatividad
aplicable a la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico»
Sostuvo que «la Superintendente Delegada de Procesos Administrativos ha incurrido en un
grave defecto sustantivo, toda vez que su decisión se basó en normas claramente
inaplicables al caso concreto».
En ese sentido, insistió que la decisión atacada se fundamentó en la «aplicación de los
artículos 103 y 207 de la Constitución Política, los cuales son aplicables a las entidades
públicas que ejercen gestión pública, situación fáctica y jurídica que no corresponde con la
naturaleza de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico».
Anotó que se desconoció el artículo 109 de la Ley 1438 de 2011 «que regula la
obligatoriedad para las instituciones prestadoras de salud públicas para realizar la audiencia
pública de rendición de cuentas -mas no privadas» y, agregó que «así como la
interpretación restrictiva y desfavorable que hace la Circular Única expedida por la
Superintendencia Nacional de Salud, al concluir que la Caja de Compensación Familiar
– Comfamiliar Atlántico, como Institución Prestadora del Servicio Público de Salud
privada, está en la obligación de realizar audiencia pública de rendición de cuentas».
Explicó que la Superintendente Delegada de Procesos Administrativos de la
Superintendencia Nacional de Salud «se apoyó en pruebas que no lograban demostrar los
hechos afirmados en el respectivo pliego de cargos formulado».
Indicó que la autoridad demandada «adoptó una medida restrictiva y sancionatoria sin
fundamentar su decisión en pruebas válidamente decretadas, practicadas y valoradas
dentro de la respectiva actuación administrativa, aspecto que vulnera en forma palmaria el
derecho al debido proceso», y, que «con fundamento en las insuficientes pruebas e
inadecuada valoración de las mismas efectuada por la Superintendencia Nacional de Salud,
se ha configurado una arbitraria violación del derecho al debido proceso».
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Demandante: Caja de Compensación Familiar – Comfamiliar Atlántico
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
«3) Vulneración de los principios de autonomía y confianza legítima de la Caja de
Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico»
En relación con el principio de autonomía, sostuvo que los actos acusados vulneran el
principio de autonomía que la Ley 789 de 2002 le garantiza a Comfamiliar Atlántico, debido
a que, se impuso la sanción de amonestación escrita por el incumplimiento de una
obligación que no está contenida en la ley.
Adujo que «la Superintendencia Nacional de Salud no puede limitar y desconocer la
autonomía de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico, obligándola a
realizar y ejecutar la actividad de rendición pública de cuentas, toda vez que el legislador no
les atribuyó dicha obligación a las entidades de derecho privado».
De otro lado, manifestó que se vulneró el principio de confianza legítima, por cuanto:
[…] i) Existía una expectativa seria y fundada por parte de las Cajas de Compensación
respecto de la posibilidad de desarrollar de manera autónoma su objeto social.
ii) Las expectativas de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico se
encontraban fundamentadas en circunstancias objetivas atribuibles al Estado, en el caso en
concreto contenidas en las Leyes 21 de 1982,789 de 2002 y 1438 de 2011, que le atribuyeron
a las Cajas de Compensación Familiar cierto margen de autonomía en el desarrollo de su
objeto social, incluido todo lo relacionado con su actuación en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
iii) En aplicación de la normatividad vigente, la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar
Atlántico desarrolla actividades propias de su objeto social que estarían en contradicción con
las Resoluciones demandadas, las cuales se fundan a su vez en la Circular Única expedida
por la Superintendencia Nacional de Salud, que contradice abiertamente lo dispuesto por la
Ley 1438 de 2011, artículo 109.
iv) El Estado defraudó la confianza de Comfamiliar Atlántico al modificar de manera
intempestiva la normatividad referente a la Autonomía de las Cajas de Compensación
Familiar contenida en la Ley 1438 de 2011, artículo 109, mediante una simple Circular
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.
v) En las Resoluciones demandadas, así como en la Circular Única que les sirve de
fundamento, no se adoptaron medidas de transición para que la Caja de Compensación
Familiar Comfamiliar Atlántico pueda adaptarse a la nueva situación jurídica.
vi) En este caso no se realizó labor de ponderación alguna que permitiera evidenciar la
necesidad de modificar la normatividad vigente en materia de autonomía de la Caja de
Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico.
[…]
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Demandante: Caja de Compensación Familiar – Comfamiliar Atlántico
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Con base en los anteriores lineamientos jurisprudenciales, no cabe duda que con la
expedición de las Resoluciones demandadas, las cuales a su tumo se basan en la Circular
Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, esta última entidad en forma
palmaria ha vulnerado los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica de la Caja
de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico al introducir modificaciones intempestivas
en nuestro ordenamiento jurídico, que afectan la autonomía de Comfamiliar Atlántico […].
«4) Indebida, insuficiente y falsa motivación de los actos administrativos sancionatorios, al
fundamentarse la sanción impuesta en una norma abierta ilegal e inconstitucional»
Afirmó que la Superintendencia Nacional de Salud no demostró la ilicitud sustancial,
«elemento esencial de la responsabilidad en un proceso administrativo sancionatorio».
Precisó que «la supuesta actuación de Comfamiliar Atlántico, que le sirvió de fundamento
a la Superintendencia Nacional de Salud para estructurar los cargos indebidamente
formulados, carece de ilicitud sustancial toda vez que nunca se puso en riesgo la prestación
del servicio público de salud a su cargo».
Aludió que «el hecho de que Comfamiliar Atlántico no hubiese informado acerca de la
realización de la audiencia de rendición pública de cuentas, así como tampoco la hubiese
llevado a cabo -por no estar obligado a ello- no afectó de ninguna manera la prestación del
servicio público de salud por conducto de sus instituciones prestadores de salud».
Por otra parte, señaló que los actos acusados no desarrollaron un análisis sobre la
culpabilidad que se le reprochó a Comfamiliar Atlántico, así como, de la legalidad de las
sanciones. A lo que acotó que la motivación del acto administrativo constituye una
obligación ineludible.
II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
2.1. La demanda fue radicada el 17 de octubre de 2017 en la Secretaría de la Sección
Primera del Consejo de Estado y por auto de 15 de marzo de 2018 se admitió y se ordenó
notificar a la Superintendencia Nacional de Salud.
2.2. La apoderada de la Superintendencia Nacional de Salud contestó la demanda en
los siguientes términos3:
[…] La parte actora tenía la obligación de cumplir con el numeral 3 del Capítulo Segundo
«Participación Ciudadano» (sic) de la Circular Única expedida por la Superintendencia
3 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
0324 000 2017 00417 00.
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Demandante: Caja de Compensación Familiar – Comfamiliar Atlántico
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Nacional de Salud, en donde se dispone que las entidades administradoras o prestadoras
de servicios de salud están obligadas a reportar en la página web de la Superintendencia de
Salud la información sobre la audiencia pública de rendición de cuentas que debe realizar
cada año, teniendo como fecha límite para informar la programación de la audiencia el día
10 de abril de cada año siguiente a la vigencia respecto de la cual se va a rendir información
[…]
Expuso que «no es cierto, que por su naturaleza privada no tenga el deber de programar,
informar y realizar audiencias de rendición de cuentas y a su vez el deber de informar el
resultado de estas mismas, pues […] es a través de la Circular Única que se le establece
ese deber a las entidades que presten servicios de salud, sin importar cuál sea su naturaleza
jurídica, sea pública, privada o mixta».
Propuso como excepción la que denominó «inexistencia de causal de nulidad y en
consecuencia ausencia de título jurídico que fundamente el restablecimiento del derecho»,
en la que explicó que no existía ninguna causal de nulidad que afectara la presunción de
legalidad de los actos acusados, por cuanto, «los hechos que sirvieron de fundamento para
la expedición de las resoluciones existieron y fueron debidamente demostrados en la
investigación administrativa».
2.3. El 10 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se concedió a
las partes el término de diez (10) días para presentar los alegatos de conclusión.
2.4. El apoderado de la parte demandante descorrió el traslado en oportunidad, para lo cual
reiteró lo dicho en la demanda.
2.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 21 de enero de 20194.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con el artículo 237 de la Constitución Política, el artículo 149 de la Ley 1437
de 20115 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el
4 Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
0324 000 2017 00417 00.
5 La norma vigente para la fecha en la que se admitió la demanda era el numeral 2 del artículo 149 de la
Ley 1437 de 2011 que establecía: «El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que
la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 2. De los de nulidad de los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho
privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden […].
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Demandante: Caja de Compensación Familiar – Comfamiliar Atlántico
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Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
es competente para conocer, en única instancia, los procesos de nulidad y restablecimiento
del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos
expedidos por autoridades del orden nacional.
3.2. Los actos administrativos demandados
La parte actora pretende que se declare la nulidad de la Resolución núm. PARL 002023 de
19 de abril de 2016, «por medio de la cual se resuelve una investigación administrativa
contra la entidad Caja de Compensación Familiar - Comfamiliar Atlántico», expedida por la
Superintendente Delegada de Procesos Administrativos de la Superintendencia Nacional
de Salud en la que se dispuso:
[…] ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR a la entidad vigilada CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR “COMFAMILIAR ATLÁNTICO” […] con AMONESTACIÓN
ESCRITA de conformidad con lo previsto en la parte motiva de este acto administrativo
[…] (Negrillas y mayúsculas originales)
Igualmente, pretende que se declare la nulidad de la Resolución núm. PARL 000011 de 11
de enero de 2017, «por la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto por la Caja de
Compensación Familiar “Comfamiliar Atlántico” […] en contra de la Resolución núm. PARL
002023 del 19 de abril de 2016», en la que se señaló:
[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución núm. PARL
002023 del 19 de abril de 2016 que sancionó a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
“COMFAMILIAR ATLÁNTICO” […].
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación interpuesto en forma
subsidiaria por el recurrente. En consecuencia, dar traslado del expediente al
Superintendente Nacional de Salud para lo de su competencia […] (Negrillas y
mayúsculas originales)
Por último, también pidió la nulidad de la Resolución núm. 000415 de 10 de marzo de 2017,
«por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución
PARL núm. 002023 de 19 de abril de 2016 por la Caja de Compensación Familiar –
Comfamiliar Atlántico», en la que se indicó:
[…] Artículo 1. CONFIRMAR la Resolución PARL 002023 del 19 de abril de 2016,
posteriormente confirmada mediante Resolución PARL núm. 000011 del 11 de enero de
2017, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo […]
(Negrillas y mayúsculas originales)
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3.3. Análisis de la Sala
La parte demandante pretende la nulidad de los actos acusados con fundamento en que:
(i) la autoridad demandada hizo una indebida aplicación del inciso segundo del artículo
103 y del artículo 270 de la Constitución Política; (ii) los actos cuestionados infringieron
el artículo 109 de la Ley 1438 de 2011; (iii) existió vulneración del debido proceso por
una indebida valoración probatoria; (iv) se infringieron los principios de autonomía y
confianza legitima; (v) no se demostró la ilicitud sustancial de la conducta, ni se hizo un
análisis sobre la culpabilidad de la demandante; y, alegó (vi) que se configuró una
indebida, insuficiente y falsa motivación de los actos administrativos sancionatorios, al
fundamentarse la sanción impuesta en una norma abierta ilegal e inconstitucional
Para resolver, la Sala se pronunciará sobre cada uno de los reparos expuestos por la
parte demandante.
3.1. Sobre la indebida aplicación del inciso segundo del artículo 103 y del artículo 270
de la Constitución Política
La parte demandante alegó que la entidad demandada fundamentó la sanción impuesta en
el inciso segundo del artículo 103 de la Constitución Política y que erróneamente interpretó
que dicha disposición «le impone a la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico
la obligación de rendir informes de su gestión en forma diligente y oportuna, como entidad
que gestiona, administra y maneja recursos y servicios públicos».
También adujo que no era aplicable al caso el artículo 270 de la Constitución Política «pues
se aplica a la gestión pública, la cual es realizada por autoridades públicas o por particulares
que ejercen funciones públicas […] mas no aplicaría para entidades de derecho privado
organizadas como corporación en la forma prevista en el Código Civil, como es el caso de
las Cajas de Compensación Familiar».
Teniendo en cuenta lo señalado por la parte demandante, la Sala, para resolver, estima
pertinente remitirse a las actuaciones que se surtieron en el proceso administrativo
sancionatorio:
(i) Mediante la Resolución núm. PARL 2014 001006 de 7 de octubre de 2014, «por el cual
se ordena la iniciación de procedimiento administrativo sancionatorio contra la entidad Caja
de Compensación Familiar - Comfamiliar Atlántico», expedida por la Superintendente
Delegada de Procesos Administrativos (E), se dispuso:
[…] 4. NORMAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS
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4.1. Numeral 3 del Capítulo Segundo “Participación Ciudadana” del título VII
“PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA” de la Circular
Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud (Circular Externa núm. 047 de
2007, modificada mediante las Circulares Externas: 049, 050, 051 y 052 de 2008; 057,
058 de 2009; 059, 060, 061, 062, 065 de 2010, 0002 y 0005 de 2011).
4.2. Artículo 109 de la Ley 1438 de 2011.
4.3. Numerales 130. 7 y 130.12 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011.
[…]
RESUELVE
Artículo 1. ORDENAR la iniciación de procedimiento administrativo sancionatorio en
contra de la entidad CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR “COMFAMILIAR
ATLÁNTICO” […] de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente auto.
Artículo 2. FORMULAR en contra de la entidad CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
“COMFAMILIAR ATLÁNTICO” […] los siguientes cargos:
CARGO PRIMERO: Presuntamente incumplió a título de culpa los numerales
130.7 y 130.12 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011 y el numeral 3 del Capítulo
Segundo “Participación Ciudadana” del título VII “PROTECCIÓN DE LOS
USUARIOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA” de la Circular Única expedida
por la Superintendencia Nacional de Salud, en razón a que no reportó
oportunamente la fecha de programación y lugar de realización de la audiencia
pública de rendición de cuentas para la vigencia 2013. Lo anterior en los términos
señalados en la parte motiva del presente auto.
CARGO SEGUNDO: Presuntamente incumplió a título de culpa los numerales
130.7 y 130.12 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011 y el numeral 3 del Capítulo
Segundo “Participación Ciudadana” del título VII “PROTECCIÓN DE LOS
USUARIOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA” de la Circular Única expedida
por la Superintendencia Nacional de Salud, en razón a que no reportó
oportunamente la fecha de programación y lugar de realización de la audiencia
pública de rendición de cuentas para la vigencia 2014. Lo anterior en los términos
señalados en la parte motiva del presente auto.
CARGO TERCERO: Presuntamente incumplió a título de culpa los numerales
130.7 y 130.12 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011 y el numeral 3 del Capítulo
Segundo “Participación Ciudadana” del título VII “PROTECCIÓN DE LOS
USUARIOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA” de la Circular Única expedida
por la Superintendencia Nacional de Salud, en razón a que no reportó
oportunamente la realización y resultados de la audiencia pública de rendición de
cuentas realizada en la vigencia 2013. Lo anterior en los términos señalados en la
parte motiva del presente auto […].
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En este punto es pertinente acotar que del precitado acto administrativo se desprende que
entre los cargos formulados a Comfamiliar Atlántico no se le endilgó el incumplimiento del
numeral segundo del artículo 103 y del artículo 270 de la Constitución Política.
(ii) Mediante la Resolución núm. PARL 002023 de 19 de abril de 2016, expedida por la
Superintendente Delegada de Procesos Administrativos de la Superintendencia Nacional
de Salud, se dispuso a sancionar a Comfamiliar Atlántico con amonestación escrita, con
fundamento en lo siguiente:
[…] Respecto a los argumentos de descargos de la entidad, esta Delegada ha de
manifestar que a la investigada, como entidad que gestiona, administra y maneja recursos
y servicios públicos, le asiste el deber institucional y legal de rendir informe de su gestión
en forma diligente y oportuna conforme los mandatos constitucionales establecidos en los
artículos 103 inciso 2° y 270 que tratan de la vigilancia y control de la gestión pública;
además la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de propender por el ejercicio
del buen manejo de los servicios y recursos de la salud, ejerce las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control conferidas a ella por mandato legal.
Conforme lo antes expuesto, esta Delegada se permite hacer unas precisiones. El
argumento que arguye la investigada, como cita textual de la Circular Única de la
Superintendencia Nacional de Salud, no es más que una interpretación personal
acomodada para los argumentos de la defensa, que riñen con el querer ser de la norma
superior, lo anterior queda de manifiesto por el desconocimiento que hace el apoderado
de la Investigada de lo establecido por el numeral 3 del Capítulo Segundo “Participación
Ciudadana” de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, en
el que se dispone que las entidades administradoras o prestadoras de servicios de salud
están obligadas a reportar en la página web de la Supersalud la información sobre la
audiencia pública de rendición de cuentas que deben realizar éstas cada año, teniendo
como fecha límite para informar la programación de la audiencia el día 10 de abril de cada
año siguiente a la vigencia respecto de la cual se va a rendir información; y dentro de los
30 días siguientes a la fecha de realización de la audiencia antes mencionada, se debe
informar a la Superintendencia, también a través del canal habilitado en su página web
para ello, se debe informar acerca de la realización y el resultado de la misma.
Es ese mismo numeral 3 del Capitulo Segundo “Participación Ciudadana” de la Circular
Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, el que sirve de fundamento
de los cargos planteados en la Resolución No. PARL 2014-001006 por medio de la cual
se dio inicio a la presente investigación disciplinaria, y es a esa norma a la que debe
atenerse toda aquella entidad que preste servicios de salud, siendo que esta establece el
deber institucional de cumplir con los informes y realización de audiencias aquí
mencionados.
Entonces, no resulta de recibo el argumento único de la investigada cuando afirma que
por su naturaleza privada no tienen el deber de programar, informar y realizar audiencias
de rendición de cuentas, y a su vez el deber de informar el resultado de estas mismas;
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pues como ya quedo ampliamente aclarado, es a través de la Circular Única que se le
establece ese deber a las entidades que presten servicios de salud, independientemente
de cuál sea su naturaleza jurídica, sea pública, privada o mixta.
Corolario a lo anterior, menos aceptable viene a ser la afirmación hecha por la investigada
en la que se indica que no debe aplicarse la Circular Única por jerarquía Kelseniana, pues
a su juicio es excluyente con lo establecido en el artículo 109 de la ley 1438 de 2011, por
exigirle que realice audiencia de rendición de cuentas, sin haber norma que así la obligue;
pues como ya se ha reiterado, la norma que le impone el deber a COMFAMILIAR DEL
ATLÁNTICO es el numeral 3 del Capítulo Segundo “Participación Ciudadana” de la
Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, norma la cual fue
expedida en desarrollo de las facultades que otorga la misma ley a la Supersalud para
que pueda ejercer correctamente sus potestades de control y vigilancia respecto de todos
los elementos que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
[…]
En el numeral 3° del Capítulo Segundo “Participación Ciudadana” del Título VII
“PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA” de la Circular
Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, se determina la obligación de
realizar la rendición de cuentas de la siguiente manera:
“3. Rendición de cuentas
Las entidades Administradoras o prestadoras del servicio deberán reportar a través
del enlace que para tal fin se publique en la página de la Superintendencia
www.supersalud.gov.co la información de la fecha de programación y lugar de
realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, a más tardar el día 10
del mes de abril de cada año y sus modificaciones en las mismas condiciones,
inmediatamente suceda el cambio.
En las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, se dará información sobre la
gestión adelantada en la prestación del servicio de salud, el manejo presupuestal,
financiero y administrativo, los avances y logros obtenidos como producto de las
reuniones concertadas con las asociaciones respectivas y las acciones correctivas
tomadas por el ejercicio del proceso veedor.
La realización y resultado de la Audiencia Pública de rendición de cuentas deberán
ser informadas por las EAPB y prestadoras de servicios a la Superintendencia
Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana de la
Superintendencia Nacional de Salud, a través del mismo enlace, dentro de los
treinta (30) días calendario siguientes a la celebración en el formato técnico anexo
a la presente circular (...)”.
Esta instrucción se fundamenta, además del numeral 3 del Capítulo Segundo
“Participación Ciudadana” de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional
de Salud, en lo señalado en el artículo 109 de la Ley 1438 de 2011, que dispone que:
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“Todas las Entidades Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado del
sector salud y las Instituciones Prestadoras de Salud públicas, tienen la obligación
de realizar audiencias públicas, por lo menos una vez al año, con el objeto de
involucrar a los ciudadanos, y organizaciones de la sociedad civil en la formulación,
ejecución, control y evaluación de su gestión”.
De lo anterior se colige que, la omisión en el reporte de la mencionada información da
lugar a la imposición de sanciones por parte del órgano de control porque podría obstruir
el cumplimiento de las funciones otorgadas a la Superintendencia Nacional de Salud, que
es la responsable de verificar si las entidades obligadas están dando cumplimiento a estas
normas; y además, afectando el derecho que tienen los ciudadanos a involucrarse en la
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión de las entidades administradoras
de planes de beneficios, las empresas sociales del Estado y de las instituciones
prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública […] (Subrayas ajenas)
De lo dicho en precedencia, se evidencia que la Superintendencia sancionó a Comfamiliar
Atlántico por incumplir, específicamente, la obligación establecida en la Circular Única,
consistente en informar la fecha en la que se llevaría a cabo la audiencia de rendición de
cuentas, así como el reporte de su resultado, lo que según indicó la autoridad demandada,
estaba en consonancia con el artículo 109 de la Ley 1438 de 2011.
(iii) En la Resolución núm. PARL 000011 de 11 de enero de 2017, «por la cual se resuelve
recurso de reposición interpuesto por la Caja de Compensación Familiar “Comfamiliar
Atlántico” […] en contra de la Resolución núm. PARL 002023 del 19 de abril de 2016», se
explicó lo siguiente:
[…] También resulta imperioso resaltar que la Circular Única expedida por esta
Superintendencia, goza de presunción de legalidad, lo cual significa que mientras la
misma no sea anulada por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene que ser
acatada por las Entidades Vigiladas entre ellas LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
“COMFAMILIAR ATLÁNTICO”.
[…]
Ahora bien, en aras de garantizar el Derecho al Debido Proceso de la vigilada, esta
Delegada procederá a entrar a estudiar lo referente argumento en el que la vigilada refiere
que no está obligada a realizar lo correspondiente a la Audiencia de rendición de cuentas.
En este giro, en primera medida se procederá a citar tanto lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 1438 de 2011 y la norma de la Circular Única endilgada en la Resolución de
Apertura, con el fin de que se determine si únicamente las IPS públicas son quienes se
encuentran en la obligación de realizar y reportar la Audiencia de Rendición de cuentas:
[…]
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Ahora bien, de las anteriores disposiciones normativas, se esgrime que tanto en la Ley
como en la Circular Única proferida por esta Superintendencia se está generando la
obligación de realizar lo correspondiente con la rendición de cuentas, a las aseguradoras
y prestadoras de manera general y sin hacer distinción alguna entre entes públicos o
privados.
En segunda medida, es pertinente indicarle a la apoderada de la entidad recurrente, que
no es de recibo su argumento, en la medida en que la fuente de la obligación de la
rendición de cuentas de COMFAMILIAR ATLANTICO como entidad privada, deriva de la
delegación que el Estado hizo a los aseguradores y prestadores de la prestación del
servicio público de salud de conformidad con los artículos (sic) 48 Superior.
Asimismo, resulta imperioso indicar a la vigilada que la obligación de realizar lo atinente a
la rendición de cuentas, radica en el hecho de que tanto las IPS como EPS públicas y
privadas manejan recursos parafiscales, es decir públicos y con destinación específica.
Es por todo lo anterior, que el argumento del recurrente en el que manifiesta que no se
encuentra obligada a hacer la audiencia de rendición de cuentas y su correspondiente
reporte por ser un ente privado, no es de recibo, en consecuencia, se procederá confirmar
lo dispuesto en la Resolución recurrida.
[…]
No obstante, este Despacho en garantía del derecho a la defensa de la vigilada, se indica
que cuando se procede a analizar lo referente al principio de buena fe en el caso sub
examine con relación a lo antes esbozado, evidencia que ni las pruebas ni los argumentos
expuestos por la entidad vigilada logran desvirtuar las conductas endilgadas, es decir, no
demuestran que se reportó la información requerida relacionada con la rendición de
cuentas, y que el actuar de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR “COMFAMILIAR
ATLÁNTICO”, se encuentre enmarcado en el principio de buena fe, ya que conforme el
proceder de la EPS no fue encaminado a reportar a más tardar el 10 de abril de 2013 la
fecha de programación para la realización de audiencia de rendición de cuentas, ni
tampoco el reporte de los resultados de la rendición de cuentas, de manera oportuna,
eficaz y continua; no puede pasarse por alto dicho incumplimiento porque lo importante y
trascendental del caso son los derechos que se colocan en riesgo con la tardanza de la
entidad para reportar dicha información […]. (Subrayas ajenas)
Conforme con lo expuesto, se precisa que los actos acusados son claros en señalar que
la obligación de informar la fecha en la que se llevaría a cabo la audiencia de rendición
de cuentas, así como el reporte de su resultado, estaba prevista en la Circular Única
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, en consonancia con el artículo 109
de la Ley 1438 de 2011, por lo que, es evidente que la imposición de la sanción tuvo
como fundamento legal el incumplimiento de las referidas disposiciones, en particular, de
la Circular Única.
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Ahora, es de anotar que, si bien la resolución que impuso la sanción aludió al numeral
segundo del artículo 103 y al artículo 270 de la Constitución Política, dichas disposiciones
no fueron las que la Superintendencia Nacional de Salud consideró inobservadas por la
demandante y, en consecuencia, tampoco constituyen la razón por la que se impuso la
sanción.
En efecto, del contenido de la Resolución núm. PARL 002023 de 19 de abril de 2016,
mediante la cual se impuso la sanción a Comfamiliar Atlántico, se evidencia que la alusión
a las precitadas normas [numeral segundo del artículo 103 y artículo 270 de la
Constitución Política] obedeció a que se indicó que Comfamiliar Atlántico administra y
maneja recursos parafiscales, presupuesto éste último que la demandante no
controvierte en este proceso, y, a partir del cual se desprendió el deber constitucional de
«rendir informe de su gestión» atendiendo lo previsto en el numeral segundo del artículo
103 y el artículo 270 de la Constitución Política.
Al respecto, el numeral segundo del artículo 103 de la Constitución Política establece:
[…] ARTICULO 103. […]
El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común
no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan
mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación,
concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan […].
(Subrayas ajenas)
A su turno, el artículo 270 de la Constitución Política prevé que: «La ley organizará las
formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública
que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados». (Subrayas
ajenas)
La Corte Constitucional ha explicado que las precitadas disposiciones tienen que ver con
la vigilancia ciudadana de la gestión pública6:
[…] El concepto de “representación” del que da cuenta el artículo 103 de la Carta, no
corresponde al mismo criterio de representación en el ejercicio del control político y que
se expresa mediante el voto, sino como una forma de proyección de la comunidad
organizada a través de sus delegados en diferentes escenarios. El criterio de
representación previsto en esa norma debe armonizarse con el criterio participativo
referido en el artículo 270 de la Constitución, en cuanto tiene que ver con la vigilancia
ciudadana de la gestión pública […]
6 Corte Constitucional. Sentencia C 292 de 8 de abril de 2003. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.
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Asimismo, ha expuesto que la «expresión “gestión pública” debe comprenderse en una
perspectiva amplia, de manera que incluya no sólo la prestación de un servicio público, o
de una función pública, sino también toda actividad del Estado encaminada al
cumplimiento de sus fines esenciales, en algunos casos desarrollada por los
particulares».
Luego, el contenido y alcance del inciso segundo del artículo 103 y del artículo 270 de la
Constitución Política está en consonancia con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 1438
de 2011 que establece que todas las entidades promotoras de salud y empresas
sociales del Estado del sector salud y las instituciones prestadoras de salud
públicas, tienen la obligación de realizar audiencias públicas con el objeto de
involucrar a los ciudadanos, y organizaciones de la sociedad civil en la formulación,
ejecución, control y evaluación de su gestión.
Por consiguiente, no se observa una indebida interpretación o aplicación del inciso
segundo del artículo 103 y del artículo 270 de la Constitución Política, dado que, por un
lado, no fueron las normas que se indicaron como infringidas para imponer la sanción, y,
por el otro, su alusión obedeció a que se refieren a la vigilancia ciudadana de la gestión
pública, circunstancia que precisamente busca promover la obligación contenida en la
Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud y el artículo 109 de la Ley 1438
de 2011 relativa a realizar audiencias de rendición de cuentas.
Valga precisar que, la demandante sostuvo que el inciso segundo del artículo 103 y del
artículo 270 de la Constitución Política no son aplicables porque las Cajas de
Compensación son organismos de derecho privado y no ejercen gestión pública; sin
embargo, como quedó visto en los actos administrativos, la cita de las referidas
disposiciones no atendió a la naturaleza de las entidades, sino a que las Cajas de
Compensación Administran recursos parafiscales, presupuesto que la demandante no
controvierte.
3.2. Sobre la infracción del artículo 109 de la Ley 1438 de 2011
En este aspecto, la parte demandante aseguró:
[…] La Superintendencia Nacional de Salud, por conducto de la Superintendente
Delegada de Procesos Administrativos, no puede mediante una simple circular, vulnerar
el contenido normativo de la Ley, específicamente lo señalado en la Ley 1438 de 2011, la
cual dispone en su artículo 109 con absoluta claridad (la misma claridad que alega la
Superintendente Delegada contiene la Circular Única) que todas las Entidades
Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado del sector salud y las Instituciones
Prestadoras de Salud públicas, tienen la obligación de realizar audiencias públicas, por lo
menos una vez al año, con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de
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la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión. Para ello
deberán presentar sus indicadores en salud, gestión financiera, satisfacción de usuarios
y administración.
Las instituciones privadas prestadoras de servicios de salud deberán publicar anualmente
por internet sus indicadores de calidad y de gestión en la forma que establezca el
reglamento.
No puede entonces la Superintendencia Nacional de Salud, so pretexto de reglamentar y
ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control vulnerar el contenido normativo
señalado por el legislador, pues estaría usurpando la cláusula general de competencia
normativa atribuida al Congreso de la República […]. (Subrayas ajenas)
La parte demandante también anotó que se desconoció el artículo 109 de la Ley 1438 de
2011 «que regula la obligatoriedad para las instituciones prestadoras de salud públicas
para realizar la audiencia pública de rendición de cuentas -mas no privadas», y, agregó
que «así como la interpretación restrictiva y desfavorable que hace la Circular Única
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, al concluir que la Caja de
Compensación Familiar – Comfamiliar Atlántico, como Institución Prestadora del Servicio
Público de Salud privada, está en la obligación de realizar audiencia pública de rendición
de cuentas».
Para resolver este cargo, la Sala comienza por precisar que la parte demandante se
refiere indistintamente a que la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional
de Salud infringe el artículo 109 de la Ley 1438 de 2011 y a que los actos acusados
también vulneran el artículo 109 ibidem.
Siendo así, la Sala considera que lo que debe ser objeto de examen, en este cargo, se
circunscribe a determinar si los actos administrativos que sancionaron a Comfamiliar
Atlántico transgredieron el artículo 109 de la Ley 1438 de 2011, puesto que, lo alegado
frente a la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud excede la litis, por no
tratarse del acto demandado en esta oportunidad.
Aclarado lo anterior y con el fin de resolver el cargo propuesto, se recuerda que el artículo
109 de la Ley 1438 de 2011, establece que:
[…] ARTÍCULO 109. OBLIGATORIEDAD DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE ENTIDADES
PROMOTORAS DE SALUD Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. Todas las
Entidades Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado del sector salud y las
Instituciones Prestadoras de Salud públicas, tienen la obligación de realizar audiencias
públicas, por lo menos una vez al año, con el objeto de involucrar a los ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de
su gestión. Para ello deberán presentar sus indicadores en salud, gestión financiera,
satisfacción de usuarios y administración.
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Las instituciones privadas prestadoras de servicios de salud deberán publicar anualmente
por internet sus indicadores de calidad y de gestión en la forma que establezca el
reglamento […]
El precitado artículo está contenido en el capítulo VII de la Ley 1438 de 2011 referido a
la «calidad y sistemas de información». Dicho capítulo comienza con el artículo 107
ibidem que prevé lo siguiente:
[…] ARTÍCULO 107. GARANTÍA DE CALIDAD Y RESULTADOS EN LA ATENCIÓN EN
EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD. En desarrollo del principio
de calidad del Sistema General de Seguridad Social de Salud establecido en la presente
ley, y en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud,
se definirá e implementará un plan nacional de mejoramiento de calidad, con clara
orientación hacia la obtención de resultados que puedan ser evaluados. Dicho plan
contendrá como mínimo:
[…]
107.3 El fortalecimiento del sistema de información para la calidad, a través de indicadores
que den cuenta del desempeño y resultados de los prestadores de servicios de salud y
Entidades Promotoras de Salud, con el fin de que los ciudadanos puedan contar con
información objetiva para garantizar al usuario su derecho a la libre elección […].
De lo anterior, se desprende que, el sistema de información persigue desarrollar el
principio de calidad del Sistema General de Seguridad Social de Salud consagrado en el
numeral 3.8 del artículo 3 de la Ley 1438 de 2011, el cual se refiere a que: «Los servicios
de salud deberán atender las condiciones del paciente de acuerdo con la evidencia
científica, provistos de forma integral, segura y oportuna, mediante una atención
humanizada».
En el mismo capítulo VII de la Ley 1438 de 2011 relativo a la «calidad y sistemas de
información», y, seguidamente del artículo 109, se advierte que el artículo 114 ibidem
estableció la obligación a las cajas de compensación de reportar la información requerida
en los términos establecidos por el reglamento, así:
[…] ARTÍCULO 114. OBLIGACIÓN DE REPORTAR. Es una obligación de las Entidades
Promotoras de Salud, los prestadores de servicios de salud, de las direcciones territoriales
de salud, las empresas farmacéuticas, las cajas de compensación, las administradoras de
riesgos profesionales y los demás agentes del sistema, proveer la información solicitada
de forma confiable, oportuna y clara dentro de los plazos que se establezcan en el
reglamento, con el objetivo de elaborar los indicadores. Es deber de los ciudadanos
proveer información veraz y oportuna […].
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Por último, el artículo 116 de la Ley 1438 de 2011 faculta a las autoridad para imponer
sanciones por la falta de reportes oportunos de la información requerida:
[…] ARTÍCULO 116. SANCIONES POR LA NO PROVISIÓN DE INFORMACIÓN. Los
obligados a reportar que no cumplan con el reporte oportuno, confiable, suficiente y con
la calidad mínima aceptable de la información necesaria para la operación del sistema de
monitoreo, de los sistemas de información del sector salud, o de las prestaciones de salud
(Registros Individuales de Prestación de Servicios), serán reportados ante las autoridades
competentes para que impongan las sanciones a que hubiera lugar. En el caso de las
Entidades Promotoras de Salud y prestadores de servicios de salud podrá dar lugar a la
suspensión de giros, la revocatoria de la certificación de habilitación. En el caso de los
entes territoriales se notificará a la Superintendencia Nacional de Salud para que obre de
acuerdo a su competencia […]
Ahora, en la Resolución núm. 000415 de 10 de marzo de 2017, mediante la cual se
resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución núm. PARL
002023 de 19 de abril de 2016, se indicó que el artículo 109 de la Ley 1438 de 2011 era
aplicable a las cajas de compensación por las siguientes razones:
[…] 3.2. Del caso concreto
3.2.1 Sobre la excepción de inconstitucionalidad
[…]
Vista la diferencia, ahora corresponde a este despacho evaluar esta situación en concreto
a fin de verificar si existe alguna trasgresión a alguna norma constitucional que deba ser
resuelta.
La ley 1438 de 2011, indica lo siguiente sobre la obligación de las IPS de realizar audiencia
de rendición de cuentas.
"Artículo 109. Obligatoriedad de audiencias públicas de Entidades Promotoras de
Salud y Empresas Sociales del Estado. Todas las Entidades Promotoras de Salud
y Emprestas Sociales del Estado del sector salud y las Instituciones Prestadoras
de Salud públicas tienen la obligación de realizar audiencias públicas […]
Como se observa, la norma hace relación a que TODAS las EMPRESAS PROMOTORAS
DE SALUD, lo cual comprende a las Cajas de Compensación como EAPB, como se
estudiará más adelante, deben realizar audiencias públicas de rendición de cuentas, sin
distingo si se trata de EPS públicas o privadas; misma obligación que tienen las E.S.E y
las instituciones prestadoras de salud públicas.
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En ese orden de ideas, la Circular Única de esta Superintendencia, en el capítulo II, título
VII “PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA” numeral
3, dispuso lo siguiente:
“3. Rendición de Cuentas (Titular modificado por la Circular 052 de 2008) Las
entidades administradoras o prestadoras del servicio deberán reportar a través del
enlace que para tal fin se publique en la página de la Superintendencia
www.supersaiud.gov.co la información de la fecha de programación y lugar de
realización de la audiencia pública de rendición de cuentas a más tarde el día 10
del mes de abril cada año y sus modificaciones en las mismas condiciones
inmediatamente suceda el cambio.
En las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, se dará información sobre la
gestión adelantada, en la prestación del servicio de salud, el manejo presupuestal,
financiero y administrativo, los avances y logros obtenidos como producto de las
reuniones concertadas con las asociaciones respectivas y las acciones correctivas
tomadas por el ejercicio del proceso veedor.
La realización y resultado de la Audiencia Pública de rendición de cuentas deberá
ser informado por las EAPB y prestadoras de servicios a la Superintendencia
Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana de la
Superintendencia Nacional de Salud, a través del mismo enlace, dentro de los
treinta (30) días calendario siguientes a la celebración en el formato técnico anexo
a la presente circular”.
Visto lo anterior, este despacho no encuentra cómo la Circular Única de la
Superintendencia Nacional de Salud pueda transgredir la Constitución, pues, dicha norma,
no va en contravía ni de lo prescrito legalmente, ni contra algún precepto constitucional
[…]
Por lo anterior, queda claro que todas las EPS deben cumplir sus obligaciones frente al
deber de rendir de cuentas, sin que dicho compromiso contradiga la ley o la Constitución.
3.2.2 Sobre el código asignado a las Entidades Promotoras de Salud y la
clasificación de Caja de Compensación Familiar
[…]
Ahora bien, en cuanto a prestación de servicios de salud, al revisar el Registro Especial
de Prestadores de Servicios de Salud – REPS, se encuentra lo siguiente:
[…]
Como se observa, es evidente que COMFAMILIAR ATLANTICO está habilitada para la
prestación de servicios de salud, como emana de la Circular única de esta
Superintendencia que prescribe en su título II lo siguiente:
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Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
“En relación con las Cajas de Compensación Familiar el Superintendente Nacional
de Salud podrá autorizar el funcionamiento de aquellas Entidades Promotoras de
Salud que se creen por efecto de la asociación o convenio entre las cajas o
mediante programas o dependencias especiales previamente existentes y
patrocinados por tas Cajas de Compensación…”
(…)
Teniendo en cuenta que el parágrafo del Artículo 4o. del Decreto 1018 de 2007
determina “Se entiende por Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de
Salud (EAPB) las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y
Subsidiado, Empresas Solidarias de Salud, las Asociaciones Mutuales en sus
actividades de Salud, las Entidades Promotoras de Salud indígenas, las Cajas de
Compensación Familiar en sus actividades de salud, las Entidades que
administren planes adicionales de salud, las entidades obligadas a compensar, las
entidades adaptadas de Salud, las entidades pertenecientes al régimen de
excepción de salud y las universidades en sus actividades de salud” (Subrayado
fuera dei texto).
En razón de lo anterior, no resulta aceptable que la Caja de Compensación Familiar
“COMFAMILIAR ATLÁNTICO”, argumente que no presta servicios de salud, pues tanto
de la normatividad como del REPS, emana la habilitación que tiene para ello […].
(Subrayas y mayúsculas originales)
De lo transcrito en precedencia, se desprende que la Superintendencia Nacional de Salud
consideró que era aplicable al asunto el artículo 109 de la Ley 1438 de 2011 porque
«hace relación a que TODAS las EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD, lo cual
comprende a las Cajas de Compensación como EAPB […] deben realizar audiencias
públicas de rendición de cuentas, sin distingo si se trata de EPS públicas o privadas».
Es de anotar que las EAPB son las denominadas entidades administradoras de planes
de beneficio. El artículo primero de la Resolución 33747 de 27 de diciembre de 20008,
vigente para la época de los hechos, definía a las EAPB como «las entidades
responsables de la prestación de servicios de salud a una población especifica, en razón
de un plan de aseguramiento o por disposición del SGSSS».
Además, aunque en el precitado acto se citó el Decreto 1018 de 2007, el mismo fue
derogado por el artículo 37 del Decreto 2462 de 2013, «por medio del cual se modifica la
estructura de la Superintendencia Nacional de Salud», normativa que estaba vigente para
7
«Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud
y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados».
8
Derogada por el artículo 14 de la Resolución 1036 de 2022.
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la época en la que se expidieron los actos sancionatorios, y que en el artículo 6, numeral
17, señaló lo siguiente:
[…] ARTÍCULO 6. Funciones. La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las
siguientes funciones:
[…]
17. Velar por la idoneidad de los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud a
través, entre otras, de la autorización o revocatoria del funcionamiento y la habilitación de
las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud - EAPB, de conformidad
con lo establecido en la normativa vigente. Para efectos del presente decreto se entiende
por Entidades Administradoras de Planes de Beneficiarios de Salud - EAPB, las
enunciadas en el numeral 121.1 del artículo 121 de la Ley 1438 de 2011 y las normas que
las modifiquen o adicionen […] (Subrayas ajenas)
A su turno, el numeral 121.1 del artículo 121 de la Ley 1438 de 2011, señala que:
[…] ARTÍCULO 121. Sujetos de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia
Nacional de Salud. Serán sujetos de inspección, vigilancia y control integral de la
Superintendencia Nacional de Salud:
121.1 Las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las
Empresas Solidarias, las Asociaciones Mutuales en sus actividades de Salud, las Cajas
de Compensación Familiar en sus actividades de salud, las actividades de salud que
realizan las aseguradoras, las Entidades que administren planes adicionales de salud, las
entidades obligadas a compensar, las entidades adaptadas de Salud, las administradoras
de riesgos profesionales en sus actividades de salud. Las entidades pertenecientes al
régimen de excepción de salud y las universidades en sus actividades de salud, sin
perjuicio de las competencias de la Superintendencia de Subsidio Familiar […]. (Subrayas
ajenas)
De otro lado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado lo siguiente en relación
con la naturaleza jurídica de las entidades administradoras de planes de beneficio –
EAPB9:
[…] b) Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB. Naturaleza
jurídica.
El Ministerio de Salud –hoy Ministerio de la Protección Social– en ejercicio de las
facultades legales conferidas por los numerales 3 y 7 del artículo 173 de la Ley 100 de
9
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de
27 de mayo de 2015. Expediente radicación núm. 11001 0326 000 2010 00090 00. C.P.: Hernán Andrade
Rincón.
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1993, profirió la Resolución 3374 de 2000 y en su artículo 1° definió a las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios –EAPB–, en los siguientes términos:
“Son las entidades responsables de la prestación de servicios de salud a una
población específica, en razón de un plan de aseguramiento o por disposición del
SGSSS, tales como: Las Entidades Promotoras de Salud -EPS- y las que se les asimilen,
para el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo; las Administradoras del
Régimen Subsidiado, ARS, para el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado; las
direcciones departamentales, distritales y locales de salud para los servicios de salud
cubiertos con recursos de oferta; las Compañías de Seguros para accidentes de tránsito,
pólizas de hospitalización y cirugía o cualesquiera otra protección en salud; el Fondo de
Solidaridad y Garantía de la Salud, Fosyga, para accidentes de tránsito y eventos
catastróficos y las administradoras de planes de beneficios en regímenes especiales de
seguridad social” (Negritas fuera del texto original).
Posteriormente, el Presidente de la República profirió el Decreto 1011 de 2006, a través
del cual estableció el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud
del Sistema General de Seguridad Social en Salud; en su artículo segundo definió a tales
entidades en los siguientes términos:
“Se consideran como tales, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo
y del Régimen Subsidiado (Administradoras del Régimen Subsidiado), Entidades
Adaptadas y Empresas de Medicina Prepagada”.
A su turno, el parágrafo del artículo 4° del Decreto 1018 de 2007, expedido por el
Ministerio de la Protección Social, describió a tales entidades en los siguientes términos:
“Parágrafo: Se entiende por Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de
Salud (EAPB) las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado,
Empresas Solidarias de Salud, las Asociaciones Mutuales en sus actividades de Salud,
las Entidades Promotoras de Salud Indígenas, las Cajas de Compensación Familiar en
sus actividades de salud, las Entidades que administren planes adicionales de salud,
las entidades obligadas a compensar, las entidades adaptadas de Salud, las entidades
pertenecientes al régimen de excepción de salud y las Universidades en sus actividades
de salud”.
De igual forma, la Superintendencia de Salud las ha definido de la siguiente forma:
“Las EAPB son entidades administradoras de beneficios; en esta categoría se
incluyen las entidades promotoras de salud tanto del régimen contributivo como
subsidiado, las empresas solidarias de salud, las asociaciones mutuales en sus
actividades de salud, las entidades promotoras de salud indígenas, las cajas de
compensación familiar en sus actividades de salud, las entidades que administren
planes adicionales de salud, las entidades obligadas a compensar, las entidades
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adaptadas de salud, las entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud y las
universidades en sus actividades de salud” (Negritas fuera del texto original).
Así las cosas, de los anteriores preceptos normativos la Sala observa que la figura jurídica
de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios –EAPBs– corresponde a
un concepto genérico o categórico que agrupa a diversas instituciones o entidades
anteriormente referenciadas, de carácter público o privado, responsables de la prestación
de servicios de salud, en razón de un plan de aseguramiento o por disposición del Sistema
General de Seguridad Social en Salud […] (Subrayas y negrillas ajenas)
Tenido en cuenta lo señalado, se recuerda que, del contenido de los actos administrativos
se desprende que, la Superintendencia consideró aplicable el artículo 109 de la Ley 1438
de 2011 porque dicha disposición se refería a que «TODAS las EMPRESAS
PROMOTORAS DE SALUD, lo cual comprende a las Cajas de Compensación como
EAPB […] deben realizar audiencias públicas de rendición de cuentas, sin distingo si se
trata de EPS públicas o privadas», y, en efecto, lo que se advierte del recuento normativo
es que las cajas de compensación están catalogadas como EAPB.
Aunado a lo dicho, se observa que el numeral 3° del capítulo segundo «Participación
Ciudadana» del título VII «protección de los usuarios y la participación ciudadana» de la
Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud establece que, las
entidades administradoras o prestadoras del servicio, sin que diferencie la naturaleza
pública o privada, deberán reportar la fecha de programación y lugar de realización de la
audiencia pública y agrega en el inciso final que «la realización y resultado de la Audiencia
Pública de rendición de cuentas deberán ser informadas por las EAPB y prestadoras de
servicios a la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación
Ciudadana de la Superintendencia Nacional de Salud».
Al efecto, se recuerda que en la Resolución núm. PARL 2014 001006 de 7 de octubre de
2014, «por el cual se ordena la iniciación de procedimiento administrativo sancionatorio
contra la entidad Caja de Compensación Familiar - Comfamiliar Atlántico», expedida por
la Superintendente Delegada de Procesos Administrativos (E), se indicó que las normas
presuntamente incumplidas eran, entre otras, el «Numeral 3 del Capítulo Segundo
“Participación Ciudadana” del título VII “PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS Y LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA” de la Circular Única expedida por la Superintendencia
Nacional de Salud (Circular Externa núm. 047 de 2007, modificada mediante las
Circulares Externas: 049, 050, 051 y 052 de 2008; 057, 058 de 2009; 059, 060, 061, 062,
065 de 2010, 0002 y 0005 de 2011) ». (Subrayas fuera del texto)
Es de precisar que, según lo señalado en la propia Circular Única núm. 047 de 2007 de
la Superintendencia Nacional de Salud, el objetivo y alcance que persigue dicha
normatividad son los siguientes:
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[…] 1. Objetivo y Alcance
Con fundamento en las facultades Constitucionales y Legales de la Superintendencia
Nacional de Salud, se expide la Circular Única, acto administrativo en el cual se reúnen
en un solo cuerpo normativo todas las instrucciones de la entidad que se encuentran
vigentes, con los siguientes propósitos:
• Recopilar, modificar y actualizar todas las Circulares Externas y Cartas Circulares
expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud.
• Facilitar a los destinatarios de su misión de inspección, vigilancia y control, el
cumplimiento, comprensión y consulta de las instrucciones expedidas por esta
Superintendencia.
• Proporcionar a sus funcionarios un instrumento jurídico unificado y coherente que
determine con precisión las reglas aplicables a las situaciones concretas que se inscriben
dentro de su ámbito de competencia […] (Subrayas fuera del texto)
En ese entendimiento, la Sala advierte que la obligación incumplida y por la que se
impuso la sanción fue incluida en la Circular Única núm. 047 de 2007 a través de la
Circular Externa núm. 52 de 12 de diciembre de 2008 que establecía lo siguiente:
[…] CIRCULAR EXTERNA No. 052
(Dic 12/2008)
Diario Oficial No. 47206 de dic 17/2008 – págs. 4-18
PARA: Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo y subsidiado,
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza privada, pública y
mixta, Entidades Territoriales, y usuarios de la salud.
DE: Superintendente Nacional de Salud (E.)
ASUNTO: Adiciones, modificaciones y exclusiones de la circular única 47 de 2007
modificada por las circulares 48, 49, 50 y 51 de 2008
[…]
3. Rendición de Cuentas
Inciso primero
Las entidades administradoras o prestadoras del servicio deberán reportar a través del
enlace que para tal fin se publique en la página de la Superintendencia
www.supersalud.gov.co la información de la fecha de programación y lugar de realización
de la audiencia pública de rendición de cuentas a más tarde el día 10 del mes de abril
cada año y sus modificaciones en las mismas condiciones, inmediatamente suceda el
cambio.
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Inciso tercero:
La realización y resultado de la Audiencia Pública de rendición de cuentas deberá ser
informado por las EAPB y prestadoras de servicios a la Superintendencia Delegada para
la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana de la Superintendencia Nacional de
Salud, a través del mismo enlace, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a
la celebración en el formato técnico anexo a la presente circular.
[…] (Negrillas originales, subrayas fuera del texto)
De lo explicado, se desprende que la obligación por la que fue sancionada Comfamiliar
Atlántico estaba contenida en la Circular Externa núm. 052 de 2008, que adicionó la
Circular Única en la que se compilan todas las instrucciones proferidas por la
Superintendencia Nacional de Salud; y, en ese sentido, debe tenerse en cuenta que
según se lee en la mencionada Circular Externa núm. 052 de 2008, aquella estaba
dirigida expresamente a todas las Empresas Promotoras de Salud e Instituciones
Prestadores de Servicios de Salud de naturaleza privada, pública o mixta, y, por su parte,
en los actos administrativos acusados se indicó precisamente que las cajas de
compensación como EAPB estaban comprendidas como empresas promotoras de salud,
sin que en la demandada se controvierta dicha interpretación.
Cabe agregar que la autoridad demandada sancionó a Comfamiliar Atlántico por el
incumplimiento de la obligación contenida en la Circular Única, y, por considerar que
desatendió los artículos 130. 7 y 130.12 del artículo 13010 de la Ley 1438 de 2011 que
señalaban, para el momento de la imposición de la sanción, lo siguiente:
[…] ARTÍCULO 130. CONDUCTAS QUE VULNERAN EL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y EL DERECHO A LA SALUD. La Superintendencia
Nacional de Salud, impondrá multas en las cuantías señaladas en la presente ley o
revocará la licencia de funcionamiento, si a ello hubiere lugar, a las personas naturales y
jurídicas que se encuentren dentro del ámbito de su vigilancia, así como a título personal
a los representantes legales de las entidades públicas y privadas, directores o secretarios
de salud o quien haga sus veces, jefes de presupuesto, tesoreros y demás funcionarios
responsables de la administración y manejo de los recursos del sector salud en las
entidades territoriales, funcionarios y empleados del sector público y privado de las
entidades vigiladas por dicha Superintendencia, cuando violen las disposiciones del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre otras, por incurrir en las siguientes
conductas:
[…]
10 El artículo 130 de la Ley 1438 de 2011 fue modificado por el artículo 3 de la Ley 1949 de 2019.
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130.7 Incumplir las instrucciones y órdenes impartidas por la Superintendencia, así como
por la violación de la normatividad vigente sobre la prestación del servicio público de salud
y el Sistema General de Segundad Social en Salud.
[…]
130.12 No reportar oportunamente la información que se le solicite por parte del Ministerio
de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, por o por la Comisión de
Regulación en Salud o quien haga sus veces […]
En ese contexto, se evidencia que la aludida Circular Única, adicionada por la Circular
Externa núm. 052 de 2008, imponía la obligación de llevar a cabo la audiencia de
rendición de cuentas e informar a la Superintendencia Nacional de Salud su realización
y los resultados de esta, y, comoquiera que la demandante no cumplió con dicha
obligación, también infringió lo previsto en los numerales del artículo 130.7 y 130.12 de
la Ley 1438 de 2011, disposiciones éstas últimas que la demandante no cuestionó.
En este punto, vale la pena traer a colación la naturaleza jurídica de las cajas de
compensación familiar11:
[…] Las Cajas de Compensación Familiar son personas jurídicas de derecho privado, sin
ánimo de lucro, organizadas como corporaciones en la forma prevista en el Código Civil;
cumplen funciones de seguridad social y están sometidas al control y vigilancia del Estado,
en la forma establecida por la Ley 21 de 1982, en su artículo 39; son entidades de origen
legal y de naturaleza especial, que pueden crear los particulares con fines sociales y sin
ánimo de lucro.
En las actividades de las Cajas de Compensación existe un interés público, por lo cual su
regulación y orientación compete al Estado; obtienen su personería jurídica ante la
Superintendencia del Subsidio Familiar y están sometidas a su inspección y vigilancia […].
En ese orden, se observa que el artículo 62 de la Ley 21 de 1982 establece:
[…] Artículo 62. Las obras y programas sociales que emprendan las Cajas de
Compensación con el fin de atender el pago del subsidio en servicios o especie, se
realizarán exclusivamente en los campos y en el orden de prioridades que a continuación
se señala:
1º. Salud
11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 15 de
noviembre de 2012. Expediente radicación núm. 63001 2331 000 2008 00074 01. C.P.: Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez.
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2º. Programas de nutrición y mercadeo de productos alimenticios y otros que compongan
la canasta familiar para ingresos bajos (obreros), definida por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
3º. Educación integral y continuada; capacitación y servicios de biblioteca.
4º.Vivienda.
5º. Crédito de fomento para industrias familiares.
6º Recreación Social.
7º. Mercadeo de productos diferentes a los enunciados en el ordinal 2º. El cual se hará de
acuerdo con la reglamentación que expida posteriormente el Gobierno Nacional […]
(Subrayas ajenas)
Lo anterior significa que, las cajas de compensación familiar están facultadas para
adelantar programas sociales en el campo de la salud, como primer orden de prioridades,
lo que está en consonancia con lo explicado en precedencia, en el sentido que, de
conformidad con la ley, las cajas de compensación son entidades administradoras de
beneficios – EAPB en sus actividades de salud.
En la misma línea, debe tenerse en cuenta que el artículo 41 de la Ley 21 de 1982 señala
las funciones que desarrollaran las cajas de compensación familiar, entre las que se
destaca las siguientes:
[…] Artículo 41. Las Cajas de Compensación Familiar tendrán entre otras, las siguientes
funciones:
[…]
2. Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago del
subsidio familiar en especie o servicios, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 62
de la presente Ley.
3. Ejecutar, con otras Cajas o mediante vinculación con organismos y entidades públicas
o privadas que desarrollen actividades de seguridad social, programas de servicios,
dentro del orden de prioridades señalado por la ley […].
Por su parte, la Ley 789 de 2002 amplió las funciones antes mencionadas, con las
siguientes:
[…] ARTÍCULO 16. Funciones de las Cajas de Compensacion. El artículo 41 de la Ley 21
de 1982 se adiciona, con las siguientes funciones:
1. Ejecutar actividades relacionadas con sus servicios, la protección y la seguridad social
directamente, o mediante alianzas estratégicas con otras Cajas de Compensación o a
través de entidades especializadas públicas o privadas, conforme las disposiciones que
regulen la materia […].
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Las funciones señaladas por el legislador permiten evidenciar que, las cajas de
compensación tienen competencia para desarrollar actividades de seguridad social, entre
las que se encuentra el campo de la salud, ámbito en que la ley las enlista como una
EAPB.
Por las razones anotadas, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
3.3. Sobre la vulneración al debido proceso
En este punto, la parte demandante alegó que (i) «la Superintendente Delegada de
Procesos Administrativos de la Superintendencia Nacional de Salud […] se apoyó en
pruebas que no lograban demostrar los hechos afirmados en el respectivo pliego de cargos
formulados»; (ii) «adoptó una medida restrictiva y sancionatoria sin fundamentar su
decisión en pruebas válidamente decretadas, practicadas y valoradas dentro de la
respectiva actuación administrativa, aspecto que vulnera en forma palmaria el derecho al
debido proceso», y, (iii) que «con fundamento en las insuficientes pruebas e inadecuada
valoración de las mismas efectuada por la Superintendencia Nacional de Salud, se ha
configurado una arbitraria violación del derecho al debido proceso».
Sin embargo, la demandante para fundamentar la infracción del derecho al debido
proceso omitió indicar y precisar cuáles eran las pruebas que no demostraban los hechos
por los que fue sancionada; qué pruebas no fueron válidamente decretadas, y, qué
pruebas fueron inadecuadamente valoradas, lo que daría cuenta de la alegada
vulneración al debido proceso y permitiría abordar el estudio del cargo.
Cabe anotar que, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional el debido
proceso probatorio se compone de las siguientes garantías12:
[…] La Sala Plena ha indicado que el debido proceso probatorio supone un conjunto de
garantías en cabeza de las partes en el marco de toda actuación judicial o administrativa.
De este modo, ha afirmado que estas tienen derecho (i) a presentar y solicitar
pruebas; (ii) a controvertir las que se presenten en su contra; (iii) a la publicidad de las
evidencias, en la medida en que de esta forma se asegura la posibilidad de contradecirlas,
bien sea mediante la crítica directa a su capacidad demostrativa o con apoyo en otros
elementos; (iv)a que las pruebas sean decretadas, recolectadas y practicadas con base
en los estándares legales y constitucionales dispuestos para el efecto, so pena su
nulidad; (v) a que el funcionario que conduce la actuación decrete y practique de oficio los
elementos probatorios necesarios para asegurar el principio de realización y efectividad
de los derechos (Arts. 2 y 228 C.P.); y (vi) a que se evalúen por el juzgador las pruebas
incorporadas al proceso […]
12 Corte Constitucional. Sentencia C 163 de 10 de abril de 2019. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
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En este caso, la parte demandante no alegó, ni sustentó que alguna de las garantías que
compone el debido proceso haya sido vulnerada por la Superintendencia Nacional de
Salud, puesto que, no controvirtió que se le hubiese impedido presentar o solicitar
pruebas, o controvertir las allegadas en su contra; tampoco indicó qué pruebas no fueron
decretadas, ni respecto de cuáles se omitió su valoración, circunstancias que podrían
afectar el derecho al debido proceso probatorio.
Sumado a lo anterior, en la Resolución núm. PARL 002023 de 19 de abril de 2016, que
impuso la sanción de amonestación escrita, se explicó en relación con el material
probatorio lo siguiente:
[…] Respecto de las pruebas aportadas por la investigada, visibles de folios 27 a 30 del
expediente, vale acotar que las mismas no desvirtúan los cargos planteados, ni dan
certeza del cumplimiento oportuno del reporte de la información requerida en las fechas
antes indicadas. Además se tiene, que al revisar el link donde se carga la información que
suministran para el efecto las vigiladas, se evidenció por parte de la Oficina de
Tecnologías de la Información, adscrita a la Superintendencia Nacional de Salud, que la
investigada no realizó el reporte para la vigencia 2013 en la fecha indicada, ni el reporte
de la programación para celebrar la audiencia de la vigencia fue en la fecha 2014 (sic); lo
que demuestra el incumplimiento por parte de COMFAMILIAR ATLÁNTICO al no realizar
el cargue de la información en el término con que contaba para el cumplimiento del deber
establecido por la Supersalud.
De acuerdo con lo precedente y teniendo en cuenta las pruebas documentales obrantes
en el expediente, esta Delegada considera que se encuentra plenamente demostrado que
la entidad vigilada no reportó oportunamente, es decir, el 10 de abril de los años
respectivos, las fechas de programación y lugar de realización de la audiencia pública de
rendición de cuentas para las vigencias 2013 y 2014, que correspondían a la gestión
realizada durante los años 2012 y 2013. Se precisa que respecto de la realización y
resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2014, estos
tampoco fueron reportados.
Igualmente, no reportó la realización y resultados de la audiencia pública de rendición de
cuentas para la vigencia 2013 […].
En ese sentido, se evidencia que la Superintendencia valoró las pruebas aportadas por
la ahora demandante y concluyó que no estaba acreditado que cumplió con la obligación
de reportar la información sobre la fecha en la que se celebraría la audiencia pública de
rendición de cuentas, ni los resultados de la rendición de cuentas para la vigencia 2013;
a lo que se agrega que, en sede judicial, la interesada tampoco indicó con qué pruebas
se podría acreditar el acatamiento de la obligación ya anotada. Por consiguiente, este
cargo no prospera.
3.4. Sobre la vulneración de los principios de autonomía y confianza legítima
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3.4.1. Infracción del principio de confianza legítima
La parte demandante argumentó que se vulnera el principio de confianza legítima con
fundamento en lo siguiente:
[…] iii) En aplicación de la normatividad vigente, la Caja de Compensación Familiar
Comfamiliar Atlántico desarrolla actividades propias de su objeto social que estarían en
contradicción con las Resoluciones demandadas, las cuales se fundan a su vez en la
Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, que contradice
abiertamente lo dispuesto por la Ley 1438 de 2011, artículo 109.
iv) El Estado defraudó la confianza de Comfamiliar Atlántico al modificar de manera
intempestiva la normatividad referente a la autonomía de las Cajas de Compensación
Familiar contenida en la Ley 1438 de 2011, artículo 109, mediante una simple Circular
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.
v) En las Resoluciones demandadas, así como en la Circular Única que les sirve de
fundamento, no se adoptaron medidas de transición para que la Caja de Compensación
Familiar Comfamiliar Atlántico pueda adaptarse a la nueva situación jurídica.
[…]
Con base en los anteriores lineamientos jurisprudenciales, no cabe duda que con la
expedición de las Resoluciones demandadas, las cuales a su tumo se basan en la Circular
Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, esta última entidad en forma
palmaria ha vulnerado los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica de la
Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico al introducir modificaciones
intempestivas en nuestro ordenamiento jurídico, que afectan la autonomía de Comfamiliar
Atlántico […].
En los términos expuestos, se observa que el demandante finca la vulneración del
principio de confianza legitima en lo que estima fue la «modificación» «intempestiva» que
se introdujo al artículo 109 de la Ley 1438 de 2011 con ocasión de la Circular Única
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, la cual, como indicó, sirvió de
fundamento para expedir los actos aquí acusados y que impusieron la sanción.
En ese sentido, la alegada vulneración del principio de confianza legitima, el demandante
la predica de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud,
disposición que aseguró «modificó» el precitado artículo 109 de la Ley 1438 de 2011; sin
embargo, debe tenerse en cuenta que la legalidad de la mencionada circular no fue
controvertida en este proceso.
Con todo, se precisa que el principio de confianza legitima «no implica la inmutabilidad o
intangibilidad de las relaciones jurídicas entre los particulares y la administración, pues, de
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todos modos, la administración puede justificadamente cambiar las decisiones o
reglamentos que adopta»13.
Por el contrario, la jurisprudencia ha señalado que el principio de confianza legítima «se
ha aplicado cuando al administrado se le ha generado una expectativa seria y fundada
de que las actuaciones posteriores de la administración, y en casos excepcionales de los
particulares, serán consecuentes con sus actos precedentes, lo cual genera una
convicción de estabilidad en sus acciones»14
En este caso, el demandante no explicó, ni identificó cuáles eran las actuaciones
precedentes a la expedición de los actos administrativos acusados y que impusieron la
sanción de amonestación escrita, que le generaron una expectativa que se traduciría en
la afectación de la confianza legítima. Por lo tanto, este cargo no tiene vocación de
prosperidad.
3.4.2. Infracción del principio de autonomía
La parte demandante sostuvo que los actos acusados vulneran el principio de autonomía
que la Ley 789 de 2002 les garantiza a las cajas de compensación familiar, en particular,
a Comfamiliar Atlántico, debido a que, se impuso la sanción de amonestación escrita por
el incumplimiento de una obligación que no está contenida en la ley.
Al respecto, expuso que: «la Superintendencia Nacional de Salud no puede limitar y
desconocer la autonomía de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico
obligándola a realizar y ejecutar la actividad de rendición pública de cuentas, toda vez
que el legislador no les atribuyó dicha obligación a las entidades de derecho privado».
Para resolver, se recuerda que la jurisprudencia de la Corporación ha explicado que la
autonomía de la gozan las cajas de compensación familiar no tiene un carácter absoluto,
por lo que las autoridades administrativas sí cuentan con un margen de intervención15:
[…] b. El carácter no absoluto de la autonomía de las cajas de compensación
familiar.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. Sentencia
de 31 de marzo de 2016. Expediente radicado núm. 11001 0315 000 2016 00402 00 (AC). C.P.: William
Hernández Gómez.
14 Corte Constitucional. Sentencia T 206 de 30 de junio de 2021. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de
noviembre de 2014. Expediente radicación núm. 11001 0324 000 2013 00252 00. C.P.: Guillermo Vargas
Ayala.
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[…]
No resulta admisible considerar que cualquier clase de injerencia estatal en el ámbito de
esta autonomía resulte ilegítima. Dado el carácter no absoluto de este atributo y a las
acentuadas razones de interés general que subyacen a dicho ámbito, si bien éste no
puede ser anulado ni restringido de manera irrazonable ni desproporcionada, no hay duda
que éste constituye un espacio frente al cual las autoridades cuentan con un amplio
margen de intervención.
Como ha sido reconocido por esta Sala de Decisión en relación con dicha autonomía, se
trata de un principio que “no tiene vocación de ser absoluto frente a la administración y
gestión de recursos parafiscales destinados a los fines sociales que aquí se han
anunciado, sino que, necesariamente deben observar ciertas regulaciones tendientes a
optimizar su manejo” 16 Es por esto que en normas como las leyes 25 de 1981, 21 de 1982
y 789 de 2002 el legislador ha establecido distintas previsiones orientadas a enmarcar
tanto la organización como la gestión y funcionamiento de estas entidades, delimitando
así su campo de acción y creando condiciones y controles adecuados para asegurar el
cumplimiento de su importante cometido social.
[…]
Para la Sala no puede desconocerse que se trata de entes jurídicos de naturaleza muy
particular, pues pese a su personería jurídico privada y a la garantía constitucional de un
ámbito de autonomía para el ejercicio de sus actividades, éste debe entenderse
enmarcado y condicionado por la pluralidad de intereses públicos que lo circundan e
informan. Como se ha señalado ya de manera precedente, son las actividades de interés
general que desarrollan y los bienes que están a su cargo lo que hace de las cajas de
compensación familiar sujetos de especial atención y configuración por parte del legislador
[…].
De este modo, no se advierte las razones por las que la obligación relacionada con la
rendición de cuentas implica una afectación del principio de autonomía de Comfamiliar
Atlántico, más aún cuando la autoridad demandada explicó en los actos acusados que
se trata de una obligación contenida en el artículo 109 de la Ley 1438 de 2011 y en la
Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, que precisamente tiene por
objeto que la ciudadanía lleve a cabo la vigilancia de la gestión pública debido al interés
general que subyace en el ámbito de las cajas de compensación. Por lo tanto, este cargo
tampoco prospera.
3.5. Sobre el cargo de ilicitud sustancial y la falta de análisis de la culpabilidad
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de
diciembre de 2012. Expediente radicado núm. 11001-03-24-000-2005-00231-01. C.P.: Marco Antonio
Velilla Moreno.
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La parte demandante adujo que la Superintendencia Nacional de Salud no demostró la
ilicitud sustancial, «elemento esencial de la responsabilidad en un proceso administrativo
sancionatorio».
Además, precisó que «la supuesta actuación de Comfamiliar Atlántico, que le sirvió de
fundamento a la Superintendencia Nacional de Salud para estructurar los cargos
indebidamente formulados, carece de ilicitud sustancial toda vez que nunca se puso en
riesgo la prestación del servicio público de salud a su cargo».
Para resolver, la Sala precisa que el concepto de ilicitud sustancial es propio del régimen
disciplinario de los servidores públicos. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el
artículo 9 del Código General Disciplinario establece en relación con la ilicitud sustancial
que: «la conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber
funcional sin justificación alguna».
Sin embargo, en este evento, los actos acusados se profirieron con fundamento en la
facultad de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud y
con ocasión de un proceso administrativo sancionatorio que se inició en contra de
Comfamiliar Atlántico, por lo que las reglas del régimen disciplinario no son aplicables a
este asunto. Por lo tanto, no le era exigible a la Superintendencia demostrar la ilicitud
sustancial de la conducta que sancionó.
Por último, la parte demandante señaló que los actos acusados no desarrollaron un análisis
sobre la culpabilidad que se le reprochó a Comfamiliar Atlántico, así como, de la legalidad
de las sanciones. A lo que acotó que, la motivación del acto administrativo constituye una
obligación ineludible.
No obstante, revisada la Resolución núm. PARL 002023 de 19 de abril de 2016 se observa
que allí están consignadas las consideraciones relativas a la falta de diligencia con la que
actuó Comfamiliar Atlántico y el fundamento legal para imponer la sanción de amonestación
escrita:
[…] V. LA SANCIÓN
De acuerdo con lo anterior y una vez evaluada la conducta de la entidad vigilada CAJA
DE COMPENSACIÓN FAMILIAR “COMFAMILIAR DEL ATLANTICO” se desprende un
incumplimiento cierto del numeral 3° del Capítulo Segundo “Participación Ciudadana” del
Título VII “PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA” de
la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, en cuanto no
reportó las fechas de programación y lugar de realización de la audiencia pública de
rendición de cuentas para las vigencias 2013 y 2014; e igualmente no reportó la
realización y resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia
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2013, infringiendo con esta conducta los numerales 130.7 y 130.12 de la Ley 1438 de
2011.
Luego entonces, se evidencia que la entidad vigilada no fue diligente con el cumplimiento
de sus obligaciones respecto de la Rendición de Cuentas, cuestión que tiene importancia
social dado que afecta directamente a los ciudadanos en su derecho a informarse,
participar y realizar seguimiento a la gestión, de modo que se genere mayor
transparencia, publicidad y control ciudadano respecto de las actividades de la entidad.
No obstante, la Superintendencia Nacional de Salud, tiene como imperativo efectuar un
estudio frente a cada caso en particular previo a imponer la sanción, con base a criterios
de proporcionalidad y razonabilidad que procuren el equilibrio entre la falta cometida en el
caso concreto y la sanción.
Por lo tanto, para este caso en particular resulta adecuado imponer la sanción de
amonestación escrita, en cuanto la misma se muestra razonable y a la específica falta
cometida y una vez analizadas todas las pruebas que obran en el expediente. Así las
cosas, a juicio de la Superintendente Delegada de Procesos Administrativos se trata de
una medida ponderada, proporcional a los hechos que sirven de causa y adecuada a los
fines y objetivos perseguidos con las normas trasgredidas.
De acuerdo con lo enunciado se considera que el llamado de atención como primera
medida a través de una amonestación escrita, es un medio de disuasión para el
cumplimiento estricto de las instrucciones que dicte la Superintendencia Nacional de
Salud, y permite adecuar la conducta del investigado para evitar futuros incumplimientos
que ocasionen un mayor daño social […]. (Subrayas ajenas)
Por consiguiente, este argumento tampoco tiene vocación de prosperidad porque no es
cierto como lo afirma la parte demandante que en los actos acusados no exista un análisis
sobre la culpabilidad y la legalidad de la sanción, por cuanto, frente al primer punto se
advirtió la falta de diligencia de Comfamiliar Atlántico en el cumplimiento de sus
obligaciones, y, respecto del segundo aspecto, la sanción se impuso con fundamento en
los dispuesto en los artículos 130.7 y 130.12 de la Ley 1438 de 2011.
3.6. Sobre el cargo de indebida, insuficiente y falsa motivación de los actos
administrativos sancionatorios, al fundamentarse la sanción impuesta en una norma
abierta ilegal e inconstitucional
En cuanto a los conceptos de falsa motivación y falta motivación, la jurisprudencia de la
Corporación ha explicado lo siguiente17:
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de agosto
de 2018. Expediente radicación núm. 11001 0324 000 2008 00388 00. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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[…] debe precisarse que una cosa es la falsa motivación y otra la falta de motivación: la
primera, es un evento sustancial, que atañe a la realidad fáctica y jurídica del acto
administrativo, y la segunda, es un aspecto procedimental, formal, ya que ésta es la
omisión en hacer expresos o manifiestos en el acto administrativo los motivos del mismo.
La falsa motivación plantea para el juzgador un problema probatorio, de confrontación de
dos extremos, como son lo dicho en el acto y la realidad fáctica atinente al mismo, con
miras a comprobar la veracidad; también plantea un juicio lógico de correspondencia entre
la realidad constatada y la consecuencia jurídica que se pretende desprender de ella,
cuando la primera resulta demostrada. De otro lado, la falta de motivación le significa un
problema de valoración directa del cuerpo o contenido del acto sobre si se expresan o
indican razones para su expedición, y si lo dicho es suficiente como para tenerse como
motivación […].
Frente al cargo de falsa motivación, la Sala advierte que la parte demandante no alegó,
ni demostró que los hechos en los que se fundamentó la sanción no correspondieran con
lo probado en el proceso administrativo sancionatorio, y, se reitera lo dicho en acápites
precedentes, en el sentido que, la Superintendencia impuso la sanción porque no estaba
acreditado que la demandante cumplió con la obligación de reportar la información sobre
la fecha en la que se celebraría la audiencia pública de rendición de cuentas para los
años 2013 y 2014, ni los resultados de la rendición de cuentas para la vigencia 2013; a
lo que se agrega que, en sede judicial, la interesada tampoco indicó con qué pruebas se
podría acreditar el acatamiento de la obligación.
En relación con el argumento sobre la indebida e insuficiente motivación del acto, la Sala
estima que del contenido de los actos acusados se desprende las razones de hecho y de
derecho por el que se le impuso la sanción de amonestación escrita a Comfamiliar
Atlántico, y, como se indicó en precedencia, no existió una indebida interpretación o
aplicación del inciso segundo del artículo 103 y del artículo 270 de la Constitución Política,
dado que no fueron las normas que se indicaron como infringidas para imponer la
sanción, y, su alusión obedeció a que se refieren a la vigilancia ciudadana de la gestión
pública.
En conclusión, la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los
actos acusados, por lo que la Sala negará la nulidad de la Resolución núm. PARL 002023
de 19 de abril de 2016; de la Resolución núm. PARL 000011 de 11 de enero de 2017 y
de la Resolución núm. 000415 de 10 de marzo de 2017 expedidas por la
Superintendencia Nacional de Salud.
3.7. Condena en costas
La Sala advierte que los presupuestos previstos en el artículo 188 del CPACA y en el
artículo 365 del CGP, sobre condena en costas, no se configuran, porque no se acreditó
su causación en el expediente.
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Demandante: Caja de Compensación Familiar – Comfamiliar Atlántico
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la nulidad de la Resolución núm. PARL 002023 de 19 de abril de
2016; de la Resolución núm. PARL 000011 de 11 de enero de 2017 y de la Resolución
núm. 000415 de 10 de marzo de 2017 expedidas por la Superintendencia Nacional de
Salud.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, ARCHIVAR el expediente
previas las anotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 12 de
febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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