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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2018-00011-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2018-00011-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR las pretensiones de nulidad de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia. TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2018-00011-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

26 de marzo de 2026

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00011 00
Demandante: Dayron de Jesús Gómez Mejía y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2018 00011 00
Actor: Dayron de Jesús Gómez Mejía y otros
Demandados: Presidencia de la República y Ministerio de Transporte
Tema: Registro Único Nacional de Desintegración Física de
Vehículos e Ingreso de Nuevos Vehículos de Transporte
Terrestre Automotor de Carga – RUNISTAC. Procedimiento
administrativo de formación del acto. Esquema de reposición
de vehículos.
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda.

SENTENCIA NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de
nulidad promovido por el señor Dayron de Jesús Gómez Mejía y la Asociación de
Transportadores de Carga (ATC) contra el Decreto 1517 del 22 de septiembre de 2016,
“Por el cual se crea el Registro Único Nacional de Desintegración Física de Vehículos e
Ingreso de Nuevos Vehículos de Transporte Terrestre Automotor de Carga – RUNISTAC-
y se adicionan unos artículos a la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1079 de 2015”, expedido por el Presidente de la República – Ministerio
de Transporte.

I. LA DEMANDA

El 14 de diciembre de 2017, el señor Dayron de Jesús Gómez Mejía y la Asociación de
Transportadores de Carga (ATC) contra el Decreto 1517 del 22 de septiembre de 2016
presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo
137 de la Ley 1437, contra el Decreto 1517 del 22 de septiembre de 2016, expedido por
la Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte, con el objeto de que se
accedan a las siguientes:

1.1. Pretensiones

6.1. Declarar la nulidad del Decreto 1517 del 22 de septiembre de 2016.

6.2. Se reconozca costas y agencias en derecho1.

1.2. El acto demandado

DECRETO 1517 DE 2016

(septiembre 22)

1 El expediente se encuentra digitalizado en el índice 72 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Radicado: 11001 03 24 000 2018 00011 00
Demandante: Dayron de Jesús Gómez Mejía y otros

Por el cual se crea el Registro Único Nacional de Desintegración Física de
Vehículos e Ingreso de Nuevos Vehículos de Transporte Terrestre Automotor de
Carga - RUNISTAC - y se adicionan unos artículos a la Sección 7 del Capítulo 7 del
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de la
consagrada en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política Nacional, el
artículo 3, numeral 6, inciso 5, de la Ley 105 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que los numerales 1 y 2 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993 establecen que la
operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación
del Estado, el cual ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada
prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. Así mismo, disponen
que corresponde a las autoridades competentes diseñar y ejecutar políticas dirigidas
a fomentar el uso de los medios de transporte, “racionalizando los equipos apropiados
de acuerdo con la demanda”.

Que los artículos 5 y 66 de la Ley 336 de 1996 prevén que el servicio de transporte
prestado por las empresas de transporte es un servicio público esencial bajo la
regulación del Estado, y que este deberá garantizar su prestación y la protección de
los usuarios, mediante, entre otras medidas, la regulación del ingreso de vehículos
por incremento al servicio público.

Que mediante el Decreto 3525 de 2005, derogado por el artículo 3.1.1 del Decreto
1079 de 2015, se estableció que el ingreso de vehículos al servicio público de
transporte terrestre automotor de carga se efectuaría mediante reposición o
incremento y que en el caso de que el adquiriente de un nuevo vehículo de carga no
realizara inmediatamente la reposición, podría ingresar el automotor presentando a
favor del Ministerio de Transporte una caución consistente en garantía bancaria o
mediante póliza de seguros, vigente en ambos casos por un término de dieciocho (18)
meses, la cual debía ser aprobada por el Ministerio de Transporte antes de la
matrícula del nuevo vehículo.

Que en la disposición antes referida se dispuso que si vencido el término de la caución
bancaria o de seguros sin que el garante realizara la desintegración del vehículo, el
Ministerio de Transporte debía declarar la ocurrencia del siniestro y la exigibilidad de
la garantía, lo que en ambos casos exoneraba al adquirente de la obligación de
reponer.

Que mediante el Decreto 1347 de 2005, el cual tuvo una vigencia de quince (15)
meses desde su publicación, se dispuso que el ingreso de vehículos al parque de
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga se haría por reposición,
previa demostración de que el o los vehículos repuestos fueran sometidos al proceso
de desintegración física total, la cancelación de su licencia de tránsito y del Registro
Nacional de Carga; igualmente, por reposición en caso de pérdida total o por hurto.
Así mismo, el citado decreto previó que los organismos de tránsito podían efectuar el
registro inicial cuando se contara con la certificación de cumplimiento de requisitos
para el registro inicial, expedida por el Ministerio de Transporte.

Que el 1° de octubre del año 2007, se expidió el documento CONPES 3489, mediante
el cual se definió la Política Nacional de Transporte Público Automotor de Carga, En
dicho documento se indicó que el 57% del parque automotor de carga en Colombia
correspondía a vehículos con más de 20 años de vida útil, con un promedio de 24.4
años de edad, y se propuso que los ministerios de Transporte y Hacienda, y el

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Departamento Nacional de Planeación, estudiaran medidas conducentes a la
modernización del parque automotor del servicio público de carga, a través del diseño
e implementación de un programa integral de reposición.

Que el Decreto 2085 de 2008 -posteriormente compilado con sus respectivas
modificaciones en la Sección 7, Capítulo 7, Título 1, Parte 2, Libro del Decreto 1079
de 2015- reglamentó el ingreso de vehículos de transporte público y particular de
carga, mediante los mecanismos de reposición por desintegración física total o
caución, y previó que el Ministerio de Transporte sería el encargado de determinar
“las condiciones y procedimientos para el registro inicial y desintegración física de
vehículos de transporte terrestre automotor de carga de servicio público y particular
por reposición, pérdida o destrucción total o hurto”.

Que, adicionalmente, la citada norma determinó que para el registro inicial de un
vehículo de transporte terrestre automotor de carga de servicio particular y público se
debía demostrar que se había desintegrado totalmente uno o varios vehículos cuya
capacidad de carga o que la sumatoria de las capacidades originales en toneladas
fuera igual al cien por ciento (100%) o superior a la capacidad de carga del vehículo
objeto de registro inicial. Así mismo, estableció que para los vehículos registrados
mediante el uso de la caución, el plazo para reponer sería de seis (6) meses.

Que el Decreto 2450 de 2008 modificó parcialmente el Decreto 2085 de 2008 y
estableció las medidas para el ingreso de vehículos de carga al servicio particular y
público de transporte terrestre automotor de carga aplicables a los vehículos con
capacidad de carga superior a tres (3) toneladas. Además, redujo a tres meses el
plazo para realizar el proceso de desintegración en los casos en los que el solicitante
hubiera constituido garantía bancaria o póliza de seguros y modificó el valor de las
cauciones.

Que el Decreto 1131 de 2009, por el cual se modificó parcialmente el Decreto 2085
de 2008, definió que las medidas para el ingreso de vehículos de servicio público
particular de carga serían aplicables a todos los vehículos con Peso Bruto Vehicular
(PBV) superior a diez mil quinientos kilogramos (10.500 Kg), mediante los
mecanismos de reposición por desintegración física total o caución y modificó los
valores de las cauciones.

Que el CONPES 3759 de 2013 declaró la importancia estratégica del Programa de
Promoción para la Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga.

Que los Decretos 486 y 1250 de 2013 suspendieron provisionalmente el ingreso de
vehículos de carga mediante la caución que preveía el artículo 6 del Decreto 2085 de
2008, y, posteriormente, el Decreto 1769 de 2013 derogó los artículos 6, 7 y 8 del
Decreto 2085 de 2005 (sic), con lo cual el ingreso de vehículos de carga quedó
autorizado únicamente mediante la reposición por desintegración física total o hurto.

Que el Decreto 2944 de 2013 modificó los artículos 1 y 3 del Decreto 2085 de 2008,
a su vez modificado por los Decretos 2450 de 2008, 1131 de 2009 y 1769 de 2013,
en el sentido de establecer que el ingreso de vehículos rígidos descritos en el citado
decreto estarían exentos de la condición de ingreso por reposición por desintegración
física total, por lo que no podían ser objeto de cambio en sus condiciones iniciales de
ingreso; y que para el registro inicial de un vehículo nuevo de transporte terrestre
automotor de carga de servicio particular y público por reposición de otro, ambos con
peso bruto vehicular superior a 10.500 kilogramos, se tendrían en cuenta las
equivalencias allí previstas.

Que mediante el Decreto 1079 de 2015 se expidió el Decreto Único Reglamentario
del Sector Transporte, el cual, en la Parte 2 , Título 1, Capítulo 7, Sección 7, adopta
las medidas para el ingreso de vehículos al servicio particular y público de transporte
terrestre automotor de carga con Peso Bruto Vehicular (PBV) superior a diez mil

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quinientos (10.500) kilogramos, mediante el mecanismo de reposición por
desintegración física total o hurto, y dispone que el Ministerio de Transporte es la
autoridad encargada de determinar las condiciones y procedimientos para el registro
inicial y desintegración física de vehículos de transporte terrestre automotor de carga
de servicio público y particular por reposición, pérdida o destrucción total o hurto.

Que mediante las resoluciones 1347, 1150, 3625 y de 2005, y 2085, 2450 y 3253 de
2008 y 7036 de 2012, el Ministerio de Transporte estableció los requisitos que se
debían cumplir para el registro inicial de vehículos de carga ante los organismos de
tránsito, relacionados particularmente con la exigencia de la expedición de un
certificado de cumplimiento de requisitos o la aprobación de la caución por parte de
dicho Ministerio.

Que con el fin de garantizar que los recursos del Programa de Promoción para la
Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga, se destinen efectivamente
a la ejecución de la política de renovación y reposición del parque automotor y facilitar
la obtención de la información sobre el tamaño de la flota de automotores destinados
al trasporte de carga, se hace necesario, crear el Registro Único Nacional de
Desintegración Física de Vehículos e Ingreso de Nuevos Vehículos de Transporte
Terrestre Automotor de Carga - RUNISTAC - con PBV mayor a 10.5 toneladas.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1. Adición del Decreto 1079 de 2015. Adiciónese los siguientes artículos a la
Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de
2015, la cual quedará así:

“Artículo 2.2.1.7.7.9. Condiciones del Programa de Promoción para la Reposición y
Renovación del Parque Automotor de Carga. La Reposición de vehículos destinados
al transporte de carga de que trata el artículo 2.2.1.7.7.1 de la presente Sección se
efectuará en una relación de uno a uno hasta que se dé una de las siguientes
condiciones:

1) Que se ejecute la totalidad de los recursos del Programa de Promoción para la
Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga, determinados en el
documento CONPES 3759 de 2013.

2) Que se equilibren las condiciones de oferta y demanda del mercado asociado a la
comercialización de vehículos destinados al servicio público de transporte terrestre
automotor de carga. Esta circunstancia deberá ser acreditada por el Ministerio de
Transporte con base en estudios técnicos.

Parágrafo. Una vez se cumpla alguna de las condiciones establecidas en el presente
artículo, el Ministerio de Transporte dará apertura definitiva al mercado de vehículos
destinados al servicio público de transporte terrestre automotor de carga.

Artículo 2.2.1.7.7.10. Registro Único Nacional de Desintegración Física de Vehículos
e Ingreso de Nuevos Vehículos de Transporte Terrestre Automotor de Carga -
RUNISTAC. Créase de forma transitoria el Registro Único Nacional de Desintegración
Física de Vehículos e Ingreso de Nuevos Vehículos de Transporte Terrestre
Automotor de Carga - RUNISTAC - con PBV mayor a 10.5 toneladas, con el objeto
de facilitar la obtención de información sobre el tamaño de la flota de automotores
destinados al trasporte de carga.

Parágrafo. El RUNISTAC operará hasta que ocurra una de las dos condiciones
señaladas en el artículo 2.2.1.7.7.9 de la presente Sección y será administrado y

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operado por el Ministerio de Transporte con el soporte tecnológico y operativo de la
plataforma RUNT.

Artículo 2.2.1.7.7.11. Contenido del RUNISTAC. El RUNISTAC contendrá la
información de los vehículos desintegrados y del ingreso de nuevos vehículos de
Transporte Terrestre Automotor de Carga, una numeración consecutiva, la fecha de
la desintegración física o del ingreso de nuevos vehículos y demás elementos que el
Ministerio de Transporte reglamente.

Parágrafo. El Ministerio de Transporte velará porque el RUNISTAC cuente con
estándares internacionales de seguridad, transparencia y eficiencia.

Artículo 2.2.1.7.7.12. Certificación de Cancelación de Matrícula. Por cada cancelación
de matrícula derivada de un trámite de desintegración física con reconocimiento
económico sin fines de reposición, el Ministerio de Transporte expedirá un Certificado
de Cancelación de Matrícula-CCM, el cual tendrá los efectos de una Autorización de
Registro Inicial de Vehículo Nuevo y su control se hará a través del RUNISTAC.

Parágrafo. El Ministerio de Transporte determinará los mecanismos a través de los
cuales se redimirán las Certificaciones de Cancelación de Matrícula-CCM como
condición para la matrícula de un vehículo nuevo. En todo caso se garantizará que
los criterios de asignación se inspiren en factores objetivos y de transparencia.

Artículo 2.2.1.7.7.13. Pérdida de vigencia. Las Autorizaciones de Registro Inicial de
Vehículo Nuevo tendrán una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la
fecha de su otorgamiento. En su reemplazo, el Ministerio de Transporte expedirá una
Certificación de Cancelación de Matrícula-CCM.

Artículo 2.2.1.7.7.14. Disponibilidad y ejecución de recursos. El Ministerio de
Transporte coordinará con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la ejecución de
los recursos determinados en el Programa de Reposición y Renovación del Parque
Automotor de Carga contemplado en el CONPES 3759 de 2013 En cualquier caso,
dichos recursos deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2018.

Artículo 2.2.1.7.7.15. Reglamentación. El Ministerio de Transporte reglamentará las
condiciones, requisitos y procedimientos necesarios para el funcionamiento del
RUNISTAC, así como para la expedición de la certificación de cancelación de
matrícula.

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.2

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Infracción de norma superior

Sostuvo que, pese a la existencia de un observatorio de transporte de carga por carretera,
reglamentado por el Ministerio de Transporte por medio de la Resolución 10106 de 2012,
el Gobierno Nacional no facilitó la participación de los transportadores en el proceso que
culminó con la expedición del acto demandado, quienes resultaron seriamente afectados
en la medida en que la problemática que se pretendía solucionar, la sobreoferta vehicular,
en realidad se agudizó. Desde esa perspectiva, alegó la vulneración del principio de
participación que ubicó en el artículo 2 de la Carta Política.

2 Se realiza la transcripción con los probables errores de forma de la redacción original.

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Además, indicó que se desconocieron los principios de acceso al transporte y libertad de
empresa, establecidos en el literal c) del numeral 1 y el numeral 6 del artículo 3 de la Ley
105 de 1993, respectivamente, comoquiera que el Decreto 1517 de 2016 abrió la
posibilidad de autorizar el ingreso de nuevos vehículos sin condiciones técnicas de oferta
y demanda que justificaran la ampliación del parque automotor de carga, cuando las
condiciones reglamentarias vigentes con anterioridad a la expedición del acto
cuestionado establecían un esquema de reposición vehicular de carga bajo la modalidad
“uno a uno”, consistente en supeditar el ingreso de vehículos nuevos a la salida previa
de un vehículo que hubiese cumplido su vida útil.

En ese mismo sentido, señaló que carecía de sustento que se dispusiera que “por cada
cancelación de matrícula derivada de un trámite de desintegración física con
reconocimiento económico sin fines de reposición, el Ministerio de Transporte expedirá
un Certificado de Cancelación de Matrícula (CCM), el cual tendrá los efectos de una
autorización de registro inicial de vehículo nuevo, cuyo control se realizará a través del
RUNIS-TAC”, pues con ello se desatendía el principio de racionalización del parque
automotor e incentivaba la sobreoferta vehicular.

Sostuvo que, mediante el documento CONPES 3759 de 2013, el Consejo Nacional de
Política Económica y Social fijó los lineamientos de política para la modernización del
transporte automotor de carga y declaró la importancia estratégica del programa de
reposición y renovación del parque automotor. Precisó que dicho instrumento parte de la
premisa según la cual el número de vehículos debe guardar correspondencia con las
toneladas de carga efectivamente disponibles para su transporte, con base en
información proveniente de estudios técnicos objetivos. Asimismo, se definió como regla
que el ingreso de un vehículo nuevo implicaba, necesariamente, la salida de otro, en
atención a la situación de sobreoferta vehicular existente en el país.

En este contexto, declaró que la sobreoferta vehicular en el sector del transporte público
de carga generaba un desequilibrio en el mercado que obligaba a los propietarios y
conductores a operar en condiciones deficitarias, lo que propiciaba prácticas abusivas
por parte de los generadores de carga y empresas transportadoras.

Con esa idea, afirmó que el Decreto 1517 de 2016 profundizaba la problemática antes
mencionada al favorecer el ingreso de nuevos vehículos en un mercado saturado, sin
respaldo en condiciones reales de demanda. Lo cual incidía directamente en la reducción
de los ingresos de los transportadores, hasta el punto de no permitir que se cubrieran
siquiera los costos de operación.

Falsa motivación

Argumentó que, de manera errónea, en el último párrafo de la parte motiva del acto
atacado se aseveró que “con el fin de garantizar que los recursos del Programa de
Promoción para la Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga, se destinen
efectivamente a la ejecución de la política de renovación y reposición del parque
automotor y facilitar la obtención de la información sobre el tamaño de la flota de
automotores destinados al trasporte de carga, se hace necesario, crear el Registro Único
Nacional de Desintegración Física de Vehículos e Ingreso de Nuevos Vehículos de
Transporte Terrestre Automotor de Carga”, cuando el Ministerio de Transporte, mediante
la Resolución 7036 del 31 de julio de 2012, ya había definido las condiciones y
procedimientos para el reconocimiento económico por desintegración física total de
vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor de carga, así como para
el registro inicial de vehículos por reposición.

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Valoró como falsa la afirmación según la cual la creación del RUNISTAC resultaba
necesaria para garantizar la destinación efectiva de los recursos del programa u obtener
información sobre el tamaño de la flota de transporte de carga, pues dichas finalidades
ya se encontraban cubiertas mediante instrumentos previamente existentes y en
funcionamiento.

De forma puntual, trajo a colación el artículo 8 de la Ley 769 de 2002, que dispuso que el
Ministerio de Transporte por medio del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT),
incorporaría, entre otros, el Registro Nacional de Automotores, en coordinación
obligatoria con todos los organismos de tránsito del país. Así, comprendió que la creación
de un registro paralelo como el RUNISTAC desconocía el diseño legal del sistema de
información en materia de tránsito y transporte, al introducir un mecanismo redundante
contrario al marco legal.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

2.1. La Presidencia de la República solicitó la negativa de las pretensiones de la
demanda.

Comenzó por destacar que el artículo 3 de la Ley 105 de 1993 estableció que la operación
del transporte público en el país se encuentra sujeta a la regulación del Estado, quien se
encarga del control y la vigilancia necesaria para la adecuada prestación del servicio en
condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. A renglón seguido recordó que la misma
disposición determina que corresponde a las autoridades competentes el diseño y
ejecución de las políticas públicas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte
“racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda”.

Más adelante, trajo a colación los artículos 5 y 66 de la Ley 336 de 1996, para resaltar
que, entre otros aspectos, el Estado se encarga de regular el ingreso de vehículos, en
pro de la garantía en la prestación del servicio y la protección de los usuarios, cuando se
advierten escenarios de sobreoferta e informalidad que generan inestabilidad en el
mercado.

En relación con la problemática de la informalidad, aseguró que el Gobierno Nacional ha
adoptado diversas medidas orientadas a fortalecer y depurar los registros de matrículas,
con el propósito de prevenir actuaciones al margen de la ley y erradicar prácticas
corruptas e ilegales que han permitido la incorporación de vehículos de carga que no
cumplen con los requisitos exigidos para su ingreso y operación, en detrimento de la libre
y leal competencia en el sector.

En cuanto a la sobreoferta vehicular, afirmó que el Gobierno Nacional ha diseñado tres
mecanismos principales para su control: (i) la desintegración física del vehículo con
reconocimiento económico y cancelación de la matrícula; (ii) la reposición acompañada
de reconocimiento económico, dirigida especialmente a pequeños propietarios; y (iii) la
desintegración con reposición sin reconocimiento económico, aplicable a grandes
propietarios y empresas transportadoras.

De forma puntual, sobre el decreto demandado, sostuvo que persigue establecer las
condiciones del Programa de Promoción para la Reposición y Renovación del Parque
Automotor de Carga, así como la creación del Registro Único Nacional de Desintegración
Física de Vehículos e Ingreso de Nuevos Vehículos de Transporte Terrestre Automotor
de Carga - RUNIS-TAC, cuyo propósito es facilitar la obtención de información precisa

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sobre el tamaño de la flota destinada al transporte de carga y centralizar el control de
estas operaciones, trasladando su registro al sistema RUNT.

No obstante, evidenció que algunos actores del sector no han cumplido adecuadamente
con el esquema de reposición “uno a uno” ni con las obligaciones asociadas al ingreso
de nuevos vehículos, lo que ha dado lugar a prácticas ilegales, tales como la duplicación
indebida de pólizas o la omisión en los procesos de desintegración física. Estas
irregularidades han desnaturalizado el programa, contribuyendo al incremento de la
sobreoferta vehicular y a la consecuente disminución de los fletes, situación que afecta
de manera especial a los pequeños transportadores, quienes deben asumir condiciones
económicas desfavorables.

Con todo, recalcó que el mercado colombiano se rige por los principios de libertad de
empresa y libre competencia, de manera que la intervención estatal solo procede en los
términos previstos por la ley. Bajo esa premisa, acotó que, si bien el Estado debe
propender por el equilibrio del mercado, también le corresponde garantizar los intereses
de los consumidores finales, quienes se benefician de condiciones de competencia que
se reflejan en menores costos de los bienes y servicios.

Respecto de los cargos de la demanda, precisó que, si bien existe un Observatorio de
Transporte de Carga por Carretera concebido como una instancia de discusión
participativa en asuntos relacionados con el sector, lo cierto es que ello no condiciona ni
restringe la competencia del Gobierno Nacional para ejercer su potestad reglamentaria.
Aunado a lo anterior, alegó que existieron múltiples espacios de diálogo e interlocución
entre el Gobierno y los gremios del transporte de carga, en los cuales se debatieron, entre
otras, la regulación acusada. Por esa razón, calificó de infundada la vulneración del
principio de participación.

Añadió que no era válido pretender que el Estado asumiera la garantía de un
funcionamiento perfecto del mercado ni que, mediante la reglamentación, supla las
falencias derivadas del comportamiento de los propios agentes económicos.

En la misma línea, señaló que la supuesta condición de “debilidad manifiesta” de los
transportadores de carga, en particular de los propietarios de los vehículos, no resulta
atendible, en la medida en que dicha categoría constitucional se encuentra prevista para
sujetos que enfrentan condiciones estructurales de vulnerabilidad, distintas de aquellas
alegadas por el demandante y el sector económico que representa.

Finalmente, advirtió que los argumentos de la demanda se sustentaban en apreciaciones
de conveniencia y opiniones sobre la política pública que debería adoptarse en esta
materia, observaciones que, por su naturaleza, resultaban ajenas al control de legalidad
que corresponde ejercer en el presente asunto.

2.2. El Ministerio de Transporte contestó la demanda para solicitar que se negaran
las pretensiones del libelo introductorio.

Frente al desconocimiento del principio de participación manifestó que el 20 de
septiembre de 2016 publicó en la página web de la entidad el proyecto que contenía el
acto controvertido. Ello, con el objetivo de garantizar el conocimiento de la reglamentación
a todos los ciudadanos y recibir los comentarios o recomendaciones correspondientes.

Refirió que, en el Acuerdo para la Reforma Estructural del Transporte de Carga por
Carretera, suscrito por el Gobierno Nacional con la participación, entre otros sectores, de
las asociaciones de transportadores de carga ACT, ACC, ANT y CCT, junto con los

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representantes de los conductores, se evidencia que el gremio transportador participó
activamente y expresó su conformidad con las políticas de renovación del parque
automotor de carga por carretera.

Sostuvo que en dicho acuerdo se estableció que el proceso de renovación debía
adelantarse a través del mecanismo de reposición, manteniendo la relación 1 a 1, hasta
tanto se ejecutaran los recursos destinados a la reposición vehicular o se lograra el
equilibrio en las condiciones de oferta y demanda del mercado. De lo anterior, concluyó
que el gremio fue efectivamente escuchado, vinculado al proceso de toma de decisiones
y atendido en sus planteamientos, los cuales fueron objeto de evaluación por parte de la
administración.

Por consiguiente, indicó que durante el trámite de expedición de la norma acusada se
materializó el principio constitucional de participación ciudadana, en la medida en que se
brindó al sector transportador la oportunidad de intervenir en la definición de las políticas
que orientarían la reforma estructural del transporte de carga por carretera. Asimismo,
mediante la publicación del proyecto normativo, se garantizó que dichas asociaciones
conocieran su contenido y pudieran formular observaciones.

Respecto de la vulneración de los principios de la Ley 105 de 1993, expuso que en el
Decreto 1517 de 2016 “el proceso de reposición siempre se realizaría 1 a 1, es decir por
un vehículo desintegrado, ingresaba un vehículo nuevo al parque automotor de
transportadores de carga, hasta tanto existieran los recursos para el proceso de
reposición determinados por el Conpes 3759 de 2013, o se hubiese realizado estudios
técnicos que acreditaran el equilibrio entre la oferta y demanda. Precisamente las
condiciones establecidas en el citado artículo propendían al equilibrio del mercado
existente para este sector y contrarrestaban la sobre oferta vehicular”.

Sobre la falsa motivación alegó que el RUNISTAC fue creado para registrar
temporalmente una información específica atinente al Programa de Promoción para la
Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga, hasta tanto se ejecutaran la
totalidad de los recursos de dicho programa.

Como otras razones de defensa de la legalidad del acto objeto del presente trámite
mencionó que su expedición obedeció al cumplimiento de las políticas determinadas en
el documento CONPES 3759 de 2013, inspiradas en la necesidad de modernización y
renovación del parque automotor de los vehículos de carga.

Además, explicó que, como medida orientada a fortalecer la efectividad del Programa de
Promoción para la Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga, el Gobierno
Nacional creó el Registro Único Nacional de Desintegración Física de Vehículos e Ingreso
de Nuevos Vehículos de Transporte Terrestre Automotor de Carga (RUNISTAC). Esta
herramienta permitió ejercer un control integral sobre los procesos de desintegración
física, reposición y renovación del parque automotor, con el propósito de evitar las
prácticas irregulares que anteriormente se presentaban y que impedían garantizar el
cumplimiento efectivo de los objetivos trazados en el documento CONPES ya citado.

En este sentido, insistió en que el RUNISTAC sirvió como mecanismo de seguimiento y
control de los recursos destinados a la reposición vehicular, así como para consolidar
información precisa sobre el número de vehículos habilitados para la prestación del
servicio público de transporte de carga en el país.

Reiteró que el RUNISTAC corresponde a un instrumento de carácter operativo y
transitorio, orientado a registrar los vehículos desintegrados y los nuevos vehículos

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incorporados al sistema, permitiendo así conocer la composición de la flota de transporte
de carga y la destinación de los recursos invertidos en el programa.

Para cerrar, aclaró que la norma acusada no se pronunció sobre la apertura definitiva del
mercado de vehículos.

III. FIJACIÓN DEL LITIGIO

Por medio de providencia del 2 de noviembre de 2021 se fijó el litigio en los siguientes
términos:

Los cargos de nulidad planteados son los de infracción de las normas en que debía
fundarse y falsa motivación. En consecuencia, previa verificación de la carga de
argumentación que corresponde al demandante y teniendo en cuenta la congruencia
de que trata el artículo 187 del CPACA y 281 del CGP, así como las excepciones que
de oficio se encontraren probadas, en los términos del artículo 282 del mismo código,
la Sala deberá determinar si las resoluciones enjuiciadas adolecen de estos vicios, en
la forma que se indica a continuación:

II.2.2.1. Infracción de las normas en que debía fundarse

II.2.2.1.1. La Sala deberá determinar si el Decreto 1517 del 22 de septiembre de 2016,
“Por el cual se crea el Registro Único Nacional de Desintegración Física de Vehículos
e Ingreso de Nuevos Vehículos de Transporte Terrestre Automotor de Carga –
RUNISTAC – y se adicionan unos artículos a la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015”, proferido por el Presidente de la
República y el ministro de Transporte, fue emitido en contravía de las disposiciones
contenidas en los artículos 2, 13, 25 y 333 de la Constitución Política, el literal c) del
numeral 1 y el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, el artículo 65 de la Ley
336 de 1996, la Resolución 10106 de 2012 y el documento CONPES 3759 de 2013.

II.2.2.1.2. De advertirse que las disposiciones demandadas se profirieron infringiendo
una, algunas o todas las normas superiores, se deberá determinar si ello conduce a
declarar la nulidad del acto cuestionado.

II.2.2.2. Cargo de falsa motivación

La parte actora adujo que el cargo en cita se configuraba en tanto que los motivos en
que se funda el Decreto 1517 del 22 de septiembre de 2016, son contrarios a la
realidad, circunstancia que impone fijar el litigio en relación con cada uno de ellos,
así:

La Sala deberá establecer si es cierto que se requería el acto administrativo
demandado para garantizar que los recursos del programa de promoción para la
reposición y renovación del parque automotor de carga se destinen efectivamente a
la ejecución de la política de renovación y reposición del parque automotor, y a facilitar
la obtención de información sobre el tamaño de la flota de automotores destinados al
transporte de carga.

Dilucidado lo anterior, y de encontrar negativa la respuesta, tendrá que resolverse si
ello se enmarca dentro de la causal de nulidad por falsa motivación. Y de ser así, si
conduce a estimar las pretensiones por esa razón3.

3 Visible a índice 54 de Samai.

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IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte actora, la Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte descorrieron
el traslado para alegar de conclusión reiterando los argumentos expuestos de forma
previa en el proceso.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público rindió concepto en el cual solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda.

En su criterio, el Gobierno Nacional, en ejercicio de sus competencias legales, no excedió
su potestad reglamentaria en la medida en que el acto demandado respondía al
desarrollo de políticas públicas en materia de transporte. Dichas políticas comprendían
la fijación de condiciones operativas, administrativas y financieras orientadas a facilitar el
acceso a los programas de reposición y a los procesos de desintegración de los vehículos
retirados del servicio público.

Añadió que el decreto cuestionado buscaba combatir de manera eficiente los grupos
criminales organizados dedicados a la falsificación y suplantación para acceder a los
beneficios del Programa de Promoción para la Reposición y Renovación del Parque
Automotor de Carga Nacional.

En ese sentido, resultaba válida la finalidad perseguida por el Decreto 1517 de 2016, dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 336 de 1996, particularmente en lo relativo a la
necesidad de armonizar las relaciones entre los distintos actores del mercado de
transporte de carga.

VI. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el
asunto sub-lite, previas las siguientes

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo núm. 080
de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por la
Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia en única instancia.

7.2. Planteamiento

De la demanda, las contestaciones y la fijación del litigio, la Sala advierte que la
controversia gira en torno a la legalidad del Decreto 1517 del 22 de septiembre de 2016,
“Por el cual se crea el Registro Único Nacional de Desintegración Física de Vehículos e
Ingreso de Nuevos Vehículos de Transporte Terrestre Automotor de Carga – RUNISTAC-
y se adicionan unos artículos a la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del

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Libro 2 del Decreto 1079 de 2015”, expedido por el Presidente de la República – Ministerio
de Transporte.

Las discrepancias entre la parte actora y las entidades demandadas se concentran en la
presunta infracción de las normas en que debía fundarse el acto y la alegada falsa
motivación del decreto acusado.

Sobre la presunta infracción de normas superiores

La parte actora sostuvo que el Decreto 1517 de 2016 fue expedido en contravía de los
artículos 2, 13, 25 y 333 de la Constitución Política; del literal c) del numeral 1 y del
numeral 6 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993; del artículo 65 de la Ley 336 de 1996; del
artículo 1 de la Resolución 10106 de 2012 y del documento CONPES 3759 de 2013.

Relacionó las normas invocadas con el desconocimiento del principio de participación,
en tanto no facilitó la intervención efectiva del gremio transportador en el proceso que
culminó con la expedición del acto acusado, pese a existir un Observatorio de Transporte
de Carga por Carretera concebido como espacio de discusión participativa en asuntos
propios del sector.

De igual modo, con apoyo de las mencionadas disposiciones, adujo que la regulación
demandada vulneró los principios de acceso al transporte, libertad de empresa y
racionalización de los equipos de transporte porque alteró el esquema de reposición
vehicular “uno a uno” que, hasta entonces, impedía el ingreso de vehículos nuevos sin la
previa salida de otros automotores del parque de carga.

En su criterio, el decreto abrió la posibilidad de incorporar nuevos vehículos sin que
existieran condiciones técnicas objetivas de oferta y demanda que justificaran el aumento
del parque automotor, especialmente al prever que la reposición en relación uno a uno
cesaría no solo cuando se acreditara, mediante estudios técnicos, el equilibrio del
mercado, sino también cuando se ejecutaran totalmente los recursos definidos en el
CONPES 3759 de 2013.

Además, cuestionó la legalidad de la disposición conforme a la cual, por cada cancelación
de matrícula derivada de un trámite de desintegración física con reconocimiento
económico sin fines de reposición, el Ministerio de Transporte expediría un Certificado de
Cancelación de Matrícula (CCM) con efectos de autorización para el registro inicial de un
vehículo nuevo. Entendió que tal medida desconoce el propósito de racionalizar el parque
automotor, favorece la sobreoferta vehicular y resulta incompatible con los lineamientos
de política pública fijados en el documento CONPES 3759 de 2013.

Por su parte, las entidades demandadas controvirtieron integralmente esa lectura.
Coincidieron en señalar que el decreto acusado constituye una expresión legítima de la
potestad reglamentaria y de las competencias de intervención, regulación, control y
vigilancia atribuidas al Estado en materia de transporte público, con fundamento en la
Ley 105 de 1993 y la Ley 336 de 1996.

En particular, la Presidencia de la República sostuvo que el acto demandado se orientó
a enfrentar problemas estructurales del sector, tales como la informalidad, la sobreoferta
vehicular y las irregularidades en los procesos de ingreso y reposición de automotores
de carga. Bajo esa óptica, afirmó que las medidas adoptadas no desconocen la libertad
de empresa ni los demás principios invocados por la parte actora, sino que buscan
racionalizar el mercado y fortalecer los mecanismos de control, en protección tanto del

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sector transportador como de los usuarios del servicio y de los intereses generales
comprometidos.

A su turno, el Ministerio de Transporte adujo que el principio de participación no fue
desconocido, pues el proyecto normativo fue publicado previamente para comentarios de
la ciudadanía y, además, la regulación acusada tuvo como antecedente espacios de
concertación y diálogo con organizaciones representativas del gremio transportador,
dentro de los cuales se discutieron las bases de la reforma estructural del transporte de
carga por carretera.

De igual manera, ambas entidades sostienen que el decreto no eliminó de manera
inmediata e incondicionada el sistema de reposición “uno a uno”, sino que lo mantuvo
hasta que ocurriera alguna de las condiciones expresamente previstas en la norma, una
de ellas asociada a la ejecución total de los recursos del programa de reposición y otra
al equilibrio entre oferta y demanda, este último acreditable con base en estudios
técnicos. En su criterio, lejos de propiciar una apertura arbitraria del mercado, el acto
acusado diseñó un mecanismo gradual y reglado, encaminado a ordenar la transición del
esquema de reposición dentro del marco de la política pública definida para el sector.

Sobre la presunta falsa motivación

La parte actora calificó de falsa la afirmación según la cual resultaba necesario crear el
RUNISTAC para garantizar que los recursos del Programa de Promoción para la
Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga se destinaran efectivamente a
la ejecución de la política de renovación y reposición, así como para facilitar la obtención
de información sobre el tamaño de la flota de automotores destinados al transporte de
carga.

Lo anterior, porque antes de la expedición del decreto demandado, ya existían normas
que cumplían esas finalidades. En particular, alegó que la Resolución 7036 del 31 de julio
de 2012 había definido las condiciones y procedimientos para el reconocimiento
económico por desintegración física total y para el registro inicial de vehículos por
reposición, y que, a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), ya era posible
ejercer control sobre las operaciones vinculadas al programa de reposición y renovación
del parque automotor de carga.

A lo dicho, agregó que el artículo 8 de la Ley 769 de 2002 atribuyó al RUNT la función de
incorporar, entre otros, el Registro Nacional de Automotores, en coordinación con los
organismos de tránsito del país.

Las entidades demandadas desestimaron ese reproche. El Ministerio de Transporte
indicó que el RUNISTAC fue concebido como un instrumento de carácter transitorio,
específico y operativo, destinado a consolidar y registrar información particularmente
relevante para la ejecución del Programa de Promoción para la Reposición y Renovación
del Parque Automotor de Carga, así como para el seguimiento de los procesos de
desintegración física e ingreso de nuevos vehículos. En esa línea, manifestó que su
creación respondió a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad
frente a prácticas irregulares que se venían presentando en el sector y que afectaban la
efectividad del programa.

A su vez, la Presidencia de la República resaltó que el decreto buscó centralizar, depurar
y hacer más eficiente el manejo de la información asociada a la reposición y renovación
del parque automotor, en un contexto en el que las irregularidades detectadas justificaban
la adopción de herramientas adicionales de seguimiento y control.

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Con ese panorama, se abordará el estudio del asunto.

7.3. Análisis de la Sala

7.3.1. De la carga argumentativa

De entrada, la Sala observa que, aunque fueron invocados como desconocidos los
artículos 13, 25 y 333 de la Constitución Política; en realidad la demanda no sustentó el
concepto de su violación, comoquiera que la parte actora se limitó a mencionar tales
disposiciones, dicho sea de paso, a pie de página, sin precisar las razones por las cuales
las entidades demandadas debieron atenderlas al momento de expedir el acto
cuestionado, o los motivos puntuales por los cuales el acto cuestionado transgredió tales
normas.

Lo expuesto es relevante pues, cuando se alega que la expedición de un determinado
acto administrativo desconoció un marco normativo, es carga del demandante explicar
de forma clara y concreta cómo se configura el citado desconocimiento al orden jurídico;
ello, so pena de que no pueda abordarse de fondo el análisis correspondiente. Sobre el
particular, esta Sección, en providencia del 12 de septiembre de 20194, refirió:

Lo primero que valga precisar es que el actor citó como transgredidos los artículos
13, 48, 49 y 121 Superiores; sin embargo, respecto de los artículos 13 y 21 no
sustentó las razones por las cuales resultan vulnerados, por lo que frente a éstos no
es posible hacer ningún juicio de legalidad.

Igualmente, aludió como normas legales infringidas los artículos 2, 9, 153, 156, 172,
177, 178 y 218 de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993; no obstante, salvo lo
previsto en los artículos 2 y 153, se limitó a enlistarlos sin explicar el motivo de
violación, lo que releva a la Sala de hacer ningún análisis frente a éstos.

La misma situación ocurre con lo señalado por el artículo 14 de la Ley 1122 del 8 de
enero de 2007 y el Decreto 519 del 5 de marzo de 2003, que nada tienen que ver con
la materia.

En ese sentido, toda vez que no fueron explicadas las razones de la vulneración
invocada frente a las citadas disposiciones ni se cumplen los requisitos de claridad,
certeza, especificidad y pertinencia, exigencia que está contenida en el artículo 137
del C.C.A., según el cual “cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo
deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación”, no le
corresponde a la Sala hacer análisis alguno de aquellas.

Así las cosas, es claro que la litis se encuentra limitada a la confrontación del acto
enjuiciado con las disposiciones respecto de las cuales se cumplió la carga
argumentativa.

7.3.2. De la presunta vulneración de norma superior

7.3.2.1. La Sala deberá determinar si es nulo, por vulneración de norma superior, el
acto por medio del cual se creó el Registro Único Nacional de Desintegración Física de
Vehículos e Ingreso de Nuevos Vehículos de Transporte Terrestre Automotor de Carga
– RUNISTAC, si, en criterio de la parte actora, no se propició la participación del gremio

4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 12 de
septiembre de 2019. Proceso radicado número: 11001 03 24 000 2011 00136 00. Consejero Ponente:
Oswaldo Giraldo López.

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transportador en el proceso de formación del acto, puntualmente, por medio del
Observatorio de Transporte de Carga por Carretera.

Pues bien, el artículo 2 de la Constitución Política establece que la participación se erige
como uno de los fines esenciales del Estado en la medida en que impacta en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación. Sin embargo, de esa previsión
no se desprende, por sí sola, que toda actuación de carácter reglamentario deba
sujetarse a un procedimiento específico de concertación con los distintos sectores
interesados, y tampoco que la legalidad del acto quede condicionada a que la
administración agote una determinada instancia de conversación sobre la materia.

Ahora, la Resolución 10106 de 20125 constituyó el Observatorio de Transporte de Carga
por Carretera, definido como una “instancia de discusión participativa” en la que se
analizarían asuntos asociados al transporte público de carga y se efectuaría el monitoreo,
seguimiento y validación de las fuentes de información que se estimaran necesarias para
atender las actividades propias del mercado. Y previó que el observatorio actuaría de
acuerdo con la invitación que efectuara el Ministerio de Transporte, de manera oficiosa o
por solicitud de los participantes.

Lo anterior deja ver que el observatorio no se concibió como un escenario obligatorio para
la expedición de toda regulación relativa al mercado de transporte de carga. Por el
contrario, su diseño normativo muestra que se trata de un espacio de interlocución,
análisis y seguimiento, útil para ilustrar la adopción de decisiones públicas, pero no de un
procedimiento decisorio cuya omisión vicie, por sí misma, la legalidad de los actos
reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional o por el Ministerio de Transporte.

Esa conclusión se refuerza con lo previsto en el artículo 8 de la Resolución 10106 de
20126, conforme al cual las actuaciones del observatorio servirán de puntos de referencia
para la toma de decisiones, pero no condicionan la adopción de las decisiones que
corresponden con exclusividad al Ministerio de Transporte. La disposición es clara en
reconocer que las deliberaciones y análisis surtidos en dicha instancia tienen valor
orientador, mas no constituyen presupuesto de legalidad de las decisiones regulatorias.

En todo caso, en el expediente7 quedó demostrado que el proyecto normativo fue
publicado por el Ministerio de Transporte el 20 de septiembre de 2016, con el propósito
de que la ciudadanía conociera su contenido y formulara comentarios.

5 “Artículo 1. Constitución del Observatorio de Transporte de Carga por Carretera. Constitúyase en el

Ministerio de Transporte el Observatorio de Transporte de Carga por Carretera, como instancia de
discusión participativa en el que se analizarán los asuntos asociados al transporte público de carga y donde
igualmente se efectuará el monitoreo, el seguimiento y la validación de las fuentes de información que se
considere necesario consultar a efectos de atender las actividades propias del mercado.
El Observatorio que se constituye mediante esta resolución actuará de acuerdo con la invitación que
efectúe el Ministerio de Transporte de manera oficiosa o por solicitud de los participantes en el mismo”.
6 “Artículo 8o. Facultades del ministerio de transporte. Las actuaciones del Observatorio de Transporte de

Carga por Carretera servirán de puntos de referencia para la toma de las decisiones, no obstante, no
condicionan la adopción de las decisiones que corresponden con exclusividad al Ministerio de Transporte”.
7 Índice 36 de Samai.

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En consecuencia, la Sala concluye que no se acreditó la vulneración del principio de
participación en la expedición del Decreto 1517 de 2016, por desconocimiento del artículo
2 de la Constitución Política ni del artículo 1 de la Resolución 10106 de 2012, comoquiera
que no resultaba obligatoria la discusión del borrador de la reglamentación a través del
Observatorio de Transporte de Carga por Carretera, de modo que, si bien dicho escenario
no se propició, cuestión que las entidades demandadas no discutieron, lo cierto es que
tal omisión no tiene la entidad suficiente para infirmar la presunción de legalidad del acto
demandado.

Por consiguiente, el cargo no prospera.

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7.3.2.2. La Sala deberá definir si es nulo, por infracción de norma superior, el acto
por medio del cual se creó el RUNISTAC, si, en criterio de la parte actora, alteró el
esquema de reposición vehicular al abrir la posibilidad de incorporar nuevos automotores
sin que existieran condiciones técnicas objetivas de oferta y demanda que justificaran el
aumento del parque automotor.

Conforme al literal c) del numeral 1 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, que establece
como principio del transporte público el acceso al transporte, las autoridades
competentes deben diseñar y ejecutar políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios
de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda.

Del mismo modo, el numeral 6 de la misma disposición, fija como principio la libertad de
empresa y prevé, entre otros aspectos, que, a través del Ministerio de Transporte o sus
organismos adscritos, reglamentará las condiciones de carácter técnico u operativo para
la prestación del comentado servicio, con base en estudios de demanda potencial y
capacidad transportadora, al tiempo que precisa que el transporte de carga será prestado
por personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas y que el Gobierno Nacional
regulará su funcionamiento.

En igual sentido, el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 dispone que el Gobierno expedirá
los reglamentos correspondientes para armonizar las relaciones equitativas entre los
distintos elementos que intervienen en la contratación y prestación del servicio público de
transporte, con criterios que impidan la competencia desleal y promuevan la
racionalización del mercado de transporte.

De las normas invocadas como transgredidas se desprenden dos premisas relevantes
para resolver el cargo. La primera, que el legislador atribuyó al Gobierno Nacional un
amplio margen de configuración reglamentaria en materia de transporte de carga,
particularmente para fijar condiciones técnicas y operativas encaminadas a racionalizar
el mercado. La segunda, que la intervención estatal en esta materia se orienta a ordenar
la prestación del servicio, evitar distorsiones del mercado y preservar condiciones de
seguridad, eficiencia y equilibrio sectorial.

Hecha esa precisión, es indispensable regresar al contenido del acto demandado, pues
el cargo se fundamenta en la afirmación de que el decreto habría autorizado el ingreso
de nuevos vehículos sin estudios técnicos y sin condicionamiento alguno, alterando de
manera arbitraria el esquema previo de reposición.

El artículo 1° del Decreto 1517 de 2016, que adicionó el Decreto 1079 de 2015 con el
artículo 2.2.1.7.7.9., estableció que la reposición de vehículos destinados al transporte
de carga se efectuaría en una relación de uno a uno hasta que ocurriera una de dos
condiciones:

(i) que se ejecutara la totalidad de los recursos del Programa de Promoción para
la Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga, determinados en
el documento CONPES 3759 de 2013, o

(ii) que se equilibraran las condiciones de oferta y demanda del mercado asociado
a la comercialización de vehículos destinados al servicio público de transporte
terrestre automotor de carga, circunstancia que debía ser acreditada por el
Ministerio de Transporte con base en estudios técnicos.

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El parágrafo añadió que, una vez se cumpliera alguna de esas condiciones, el Ministerio
de Transporte daría apertura definitiva al mercado de vehículos destinados al servicio
público de transporte terrestre automotor de carga.

Así las cosas, la Sala considera que el decreto no eliminó de manera inmediata el
esquema de reposición “uno a uno”, sino que, por el contrario, lo mantuvo expresamente
mientras no se verificara alguna de las condiciones establecidas en la regulación. No
resulta, entonces, acertado afirmar que el acto abrió desde su expedición y sin
restricciones el ingreso de nuevos vehículos al parque automotor de carga.

Lo anterior constituye razón suficiente para sostener que no es cierta la premisa que
sustenta el cargo y, por ende, este no prospera.

Sin embargo, es oportuno destacar que el acto demandado previó un esquema de
transición normativa sometido a condiciones objetivas previamente definidas. Una de
ellas consistía en el equilibrio de las condiciones de oferta y demanda del mercado,
supuesto que, según el propio texto normativo, debía ser acreditado por el Ministerio de
Transporte con base en estudios técnicos. De esta forma, al menos respecto de esa
hipótesis, el decreto no solo no prescindió del sustento técnico exigido por la Ley 105 de
1993, sino que lo incorporó expresamente como requisito para la apertura del mercado.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que el Decreto 1517 de 2016 no se limitó a
regular una eventual apertura del mercado, sino que creó el RUNISTAC como mecanismo
de información, seguimiento y control de los procesos de desintegración física e ingreso
de nuevos vehículos, lo cual se relaciona directamente con los fines de racionalización,
trazabilidad y control administrativo del parque automotor de carga. Desde esta
perspectiva, la norma acusada no aparece encaminada a propiciar una apertura
irreflexiva del mercado, sino a ordenar, monitorear y administrar una fase transitoria de
la política pública sectorial.

En este punto la Sala evidencia, como lo puso de presente una de las entidades
demandadas, que los reproches formulados por la parte actora se dirigen, en buena
medida, a cuestionar la conveniencia de la opción regulatoria adoptada por el Gobierno
Nacional, por entender que esta podía agravar la sobreoferta vehicular. Sin embargo, ese
tipo de reparos, aun cuando puedan ser relevantes en el plano del debate de política
pública, no bastan por sí solos para desvirtuar la presunción de legalidad del reglamento,
mientras no se demuestre de manera suficiente su contradicción objetiva con una norma
superior, lo cual no ocurrió en este caso.

En consecuencia, la Sala concluye que el Decreto 1517 de 2016 no alteró el esquema de
reposición vehicular en contravía de las normas superiores invocadas, ni abrió sin
condiciones el ingreso de nuevos vehículos al mercado de transporte de carga.

7.3.2.3. La Sala deberá definir si es nula, por infracción de norma superior, la
disposición conforme a la cual, por cada cancelación de matrícula derivada de un trámite
de desintegración física con reconocimiento económico sin fines de reposición, el
Ministerio de Transporte expediría un Certificado de Cancelación de Matrícula (CCM) con
efectos de autorización para el registro inicial de un vehículo nuevo.

En primer lugar, debe precisarse que la censura parte de asumir que la expedición del
CCM constituye, por sí misma, una autorización sin condiciones para ampliar el parque
automotor. No obstante, para la Sala esa premisa es equivocada. Veamos:

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Radicado: 11001 03 24 000 2018 00011 00
Demandante: Dayron de Jesús Gómez Mejía y otros

En efecto, el artículo 2.2.1.7.7.12 del acto demandado no puede interpretarse de manera
aislada, sino en armonía con el conjunto de disposiciones introducidas por el Decreto
1517 de 2016 y con el marco regulatorio preexistente sobre reposición y renovación del
parque automotor de carga. Así las cosas, el CCM aparece como un instrumento de
control y trazabilidad dentro del esquema transitorio diseñado para administrar los efectos
de la desintegración física con reconocimiento económico sin fines de reposición, de
manera que la cancelación de matrícula correspondiente pudiera traducirse en un
mecanismo controlado de habilitación para el registro inicial de un vehículo nuevo, bajo
la administración y seguimiento del Ministerio de Transporte a través del RUNISTAC.

Dicho de otro modo, la norma no consagra una facultad abierta e inmediata de ingreso
indiscriminado de automotores, sino un mecanismo administrativo de sustitución y control
documental de las autorizaciones de registro inicial, articulado con un sistema específico
de seguimiento de la información sobre desintegración e ingreso de nuevos vehículos.

En segundo término, no resulta acertado afirmar que el CCM desconozca el objetivo de
racionalización del parque automotor. Por el contrario, el decreto acusado muestra que
el instrumento fue concebido precisamente dentro de la lógica de administración de la
reposición y renovación del parque automotor de carga, esto es, en el contexto de un
programa dirigido a depurar, modernizar y controlar la composición de la flota. La
expedición del certificado no opera al margen del sistema, sino como parte de él, y su
control debe realizarse a través del RUNISTAC, registro creado justamente para
concentrar y administrar la información relativa a los vehículos desintegrados y al ingreso
de nuevos vehículos.

En esa medida, la sola existencia de un certificado con efectos de autorización de registro
inicial no permite concluir, sin más, que el reglamento hubiera renunciado a la
racionalización del mercado o que hubiera propiciado la sobreoferta vehicular. Tal
conclusión requeriría demostrar que el mecanismo regulado hacía posible, en términos
normativos, el aumento descontrolado del parque automotor o la ruptura de la relación
entre salida e ingreso de vehículos, carga argumentativa que no fue satisfecha en el
presente caso.

En tercer lugar, la Sala tampoco advierte contradicción con el literal c) del numeral 1 ni
con el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, ni con el artículo 65 de la Ley 336
de 1996. Como se indicó en el acápite anterior, estas disposiciones reconocen al
Gobierno Nacional competencias de regulación e intervención en el mercado del
transporte de carga, con el fin de racionalizarlo, armonizar las relaciones entre sus
distintos actores y fijar condiciones técnicas y operativas para la prestación del servicio.

Dentro de ese ámbito de configuración normativa, no resulta extraño ni ajeno a la ley que
el reglamento establezca instrumentos documentales y mecanismos de control para
gestionar la reposición o el ingreso de vehículos, máxime cuando ello se inscribe en una
política de renovación del parque automotor.

Ahora bien, en cuanto al documento CONPES 3759 de 2013, la Sala observa que la
motivación del Decreto 1517 de 2016 pone de presente que la regulación acusada
justamente se adoptó en el marco del Programa de Promoción para la Reposición y
Renovación del Parque Automotor de Carga cuya importancia estratégica fue declarada
en dicho documento. Desde esa óptica, la creación del RUNISTAC y la previsión del CCM
fueron presentadas por la administración como herramientas de apoyo operativo y de
control para la ejecución de esa política pública.

Bajo esa comprensión, el cargo no prospera.

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7.3.3. De la presunta falsa motivación

Sobre el alcance de la causal de nulidad por falsa motivación, la jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado: “i) se presenta ante la inexistencia de fundamentos de hecho
o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los
supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o
por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos
de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de
fundamento al acto no justifiquen la decisión8”.

El cargo de la demanda se fundamenta en la existencia de disposiciones previas con las
cuales, en criterio de la parte actora, era dable que la administración lograra la finalidad
pretendida con la norma demandada, lo cual, en estricto sentido, no sustenta una falsa
motivación ni responde a un argumento que sirva para su configuración, pues el examen
de tal yerro se concentra en determinar si en el acto acusado: (a) faltan motivos fácticos
o jurídicos, (b) se afirmaron hechos contrarios a la realidad, (c) se amplió indebidamente
el alcance de los motivos invocados, o (d) las razones expresadas no justifican la decisión
adoptada. Que la regulación del sector establezca mecanismos relacionados con la
desintegración física de vehículos o con el registro de automotores no impide o se opone
en modo alguno a que la administración diseñe otras formas para fortalecer el control, la
trazabilidad y la gestión de la información en el sector.

Así, la creación del RUNISTAC no puede ser calificada con falsa motivación y desvirtuada
por la existencia de normas anteriores del sector transporte que compartan los objetivos
constitucionales y legales a cargo del Estado, máxime cuando no se ataca la valoración
sobre la suficiencia, eficacia o alcance de los instrumentos reglamentarios preexistentes,
los cuales, en todo caso, forman parte del ámbito de apreciación y configuración de la
administración en el diseño de la política pública y de los mecanismos para su ejecución.

La Sala advierte que la administración partió de un diagnóstico del sector, relacionado
con la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, información y seguimiento del
programa de reposición, y, a partir de allí, adoptó una medida reglamentaria consistente
en la creación de un registro específico: RUNISTAC para atender esas necesidades.

Adicionalmente, el hecho de que el comentado registro opere con el soporte tecnológico
y operativo de la plataforma RUNT, según lo dispone el propio decreto, refuerza la
conclusión de que no se trató de la creación de un sistema completamente ajeno o
incompatible con el marco legal existente, sino de un instrumento complementario y
articulado con el sistema nacional de información en materia de tránsito y transporte.

En otras palabras, el reparo de la parte actora no demuestra que la motivación del acto
sea falsa, sino que expresa una discrepancia frente a la decisión administrativa de crear
un nuevo instrumento de control, por calificar los existentes como suficientes. Sin
embargo, esa diferencia de criterio no configura, por sí misma, la causal de nulidad
invocada.

Por lo dicho, este cargo tampoco está llamado a prosperar.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de abril de

2016, número de radicado: 25000 2324 000 2008 00265 01, actor: Judith Amparo Sierra de Chávez y María
T. González de Zamora, demandado: Municipio de la Vega, C.P. María Claudia Rojas Lasso.

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Radicado: 11001 03 24 000 2018 00011 00
Demandante: Dayron de Jesús Gómez Mejía y otros

Costas

Visto el artículo 188 del CPACA9, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena
en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio del medio
de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento jurídico en
abstracto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de nulidad de la demanda, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.

TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 26 de
marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

9 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”.

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