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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2018-00023-00

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2018-00023-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva. 27 “[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”. 28 “[…] ARTÍCULO 5º.Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: En única instancia. […] b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00023-00 Actor: MAURICIO HERNANDO SUÁREZ GUERRA SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte demandante y en favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV al momento de la ejecutoria de esta decisión, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte demandante. CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2018-00023-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00023-00
Actor: MAURICIO HERNANDO SUÁREZ GUERRA

TESIS: NIEGA CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS OTORGADOS EN
EL EXTERIOR

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor

MAURICIO HERNANDO SUÁREZ GUERRA, a través de apoderado

judicial, tendiente a que se declare la nulidad de las resoluciones 11180

de 3 de junio de 2016, «por medio de la cual se resuelve una

solicitud de convalidación”; 04419 de 14 de marzo de 2017, «por

medio de la cual se decide el recurso de reposición interpuesto

contra la Resolución 11180»; y 16366 de 17 de agosto de 2017,

«por la cual se resuelve un recurso de apelación», expedidas por

el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL1.

1
En adelante, el Ministerio

2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00023-00
Actor: MAURICIO HERNANDO SUÁREZ GUERRA

I.- LA DEMANDA

I.1. El ciudadano MAURICIO HERNANDO SUÁREZ GUERRA, actuando

por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo ⎯CPACA⎯2 presentó demanda ante esta Corporación

tendiente a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

«[…] Primero: Declare nulas las resoluciones 11180 DE 3 DE
JUNIO DE 2016 y 16366 DEL 17 DE AGOSTO DE 2017.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior y a manera de
restablecimiento del derecho ordene al Ministerio de Educación
Nacional que convalide el título como MAESTRO EN CIRUGÍA
ESTÉTICA obtenido por el Doctor Mauricio Hernando Suarez
Guerra, aplicando el 1° criterio de convalidación del artículo 3° de
la RESOLUCIÓN 21707 de 2014.

Tercero: En caso de considerar que la pretensión anterior no
procede, ordene al Ministerio de Educación que convalide el título
de MAESTRO EN CIRUGIA ESTETICA obtenido por el Doctor
Mauricio Hernando Suarez Guerra, aplicando específicamente el
criterio 2 de convalidación del artículo 3° de la RESOLUCIÓN
21707 de 2014, llamado CASO SIMILAR.

Cuarto Ordene al Ministerio de Educación Nacional que se
abstenga de hacer exigencias fuera de la Ley dentro del proceso
de convalidación del título de MAESTRO EN CIRUGÍA ESTÉTICA
obtenido por el Doctor Mauricio Hernando Suarez Guerra» (sic
en todo el texto).

I.2.- El actor señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

2
En adelante CPACA.

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3

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Actor: MAURICIO HERNANDO SUÁREZ GUERRA

Que es médico titulado de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas,

especialista en Otorrinolaringología de la Fundación San Martín, y

maestro en Cirugía Estética del Instituto de Estudios Superiores en

Medicina de Xalapa, México; asimismo, que para la fecha de radicación

de la demanda había culminado el primer año de especialización en

Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva en la Universidad de Brasil

y, además, hace parte de las sociedades de Otorrinolaringología,

Cirugía Plástica Facial, Academia Colombiana de Cirugía Cosmética,

Academia Americana de Cirugía Cosmética y Sociedad

Latinoamericana de Cirugía Plástica Facial, títulos que le merecieron el

premio como «mejor cirujano del año» que otorga la Sociedad

Colombiana de Cirugía Plástica Facial en los años 2010, 2011, 2016 y

2017.

Indicó que cursó el programa de MAESTRÍA EN CIRUGÍA ESTÉTICA

en el INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN MEDICINA de

Xalapa, México, entre los años 2012 y 2014, y recibió el

correspondiente título el 22 de marzo de 2014.

Mencionó que en mayo de 2015 inició el proceso de convalidación del

referido título ante el MINISTERIO, bajo la regulación contenida en la

Resolución 21707 de 2014.

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Actor: MAURICIO HERNANDO SUÁREZ GUERRA

Manifestó que a través de la Resolución 11180 de 2016, confirmada

mediante las resoluciones 04419 de 14 de marzo y 16366 de 2017, el

MINISTERIO denegó la solicitud de convalidación del título

MAESTRÍA EN CIRUGÍA ESTÉTICA, al advertir que los estudios

cursados son inferiores en tiempo y contenido a lo exigido en

programas homólogos nacionales y que el récord quirúrgico aportado

no permitía establecer su actuación como cirujano.

I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

• Del principio de buena fe — confianza legítima: sostuvo que

el MINISTERIO no actuó conforme a la política de convalidación

establecida en la Resolución 5547 de 2005, lo cual impidió la

convalidación del título debido a la existencia de un convenio con el

país otorgante.

Destacó que la elección del programa académico no fue arbitraria, sino

que obedeció a la expectativa legítima de que el proceso de

convalidación se desarrollaría exitosamente, dado que México

mantiene convenios vigentes con el Estado colombiano para tales

efectos.

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Actor: MAURICIO HERNANDO SUÁREZ GUERRA

• Del debido proceso: explicó que tanto la institución que otorgó

el título como el programa académico que cursó fueron reconocidos a

través de la Resolución ES/019/2007 expedida por la Secretaría de

Educación del Estado de Veracruz, que según la Ley Orgánica núm. 58

del Poder Ejecutivo, es la dependencia responsable de coordinar la

política educativa.

Anotó que si el MINISTERIO hubiese seguido el orden de evaluación

previsto en el artículo 3° de la Resolución 21707 de 2014, en caso de

considerar que no se acreditó la institución o del programa a

convalidar, debió aplicar el segundo criterio denominado «caso similar»

y no dar paso al criterio de «evaluación académica», como lo hizo.

Advirtió que el MINISTERIO, a través de la Resolución 3353 de 3 de

abril de 2012, convalidó el título de MAESTRÍA EN CIRUGÍA ESTÉTICA

otorgado al doctor Germán Rojas Duarte por el Instituto de Estudios

Superiores de Medicina de Xalapa, México, caso de supuestos fácticos

iguales al suyo, razón por la cual debió aplicarse el criterio de caso

similar y proceder en el mismo sentido.

Por último, afirmó que el MINISTERIO basó su decisión únicamente

en la recomendación hecha por la Comisión Nacional Intersectorial para

el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

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Actor: MAURICIO HERNANDO SUÁREZ GUERRA

⎯CONACES⎯3, la cual carece de sustento legal y es inexacta, si se

tiene en cuenta que en Colombia no existe la maestría en cirugía

estética y los programas de cirugía plástica y estética ofertados en el

país no tienen un número de horas exigidas para sus estudiantes.

• Del principio de legalidad: adujo que al aplicar el criterio de

evaluación académica para la convalidación del título (ignorando el

orden dado en la Resolución 21707 de 2014), la entidad le impuso una

serie de requisitos adicionales distintos a los establecidos en la ley,

cuyas exigencias son mayores a las de cualquier programa cursado en

el territorio nacional.

• Del derecho a la igualdad: insistió en que la no aplicación del

criterio de caso similar deriva en un trato diferenciado por parte de la

Administración, por cuanto cumple los tres supuestos de hecho

exigidos a saber: i) el programa cursado fue el mismo, ii) el título fue

otorgado por la misma institución, y iii) pasaron menos de ocho años

entre el otorgamiento de un título y el otro.

• De la libertad de oficio: sostuvo que le asiste el legítimo

derecho a escoger libremente su profesión u oficio, además de la faceta

del derecho a la dignidad representada en la autodeterminación y el

3
En adelante CONACES.

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libre desarrollo de su plan de vida en la toma de la decisión de

desempeñarse como cirujano estético sin ninguna restricción

injustificada por parte de la administración.

II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1. Admisión. Mediante proveído de 21 de junio de 20184 se admitió

la demanda de la referencia.

II.2. Medida cautelar. Con la demanda, el actor solicitó la suspensión

provisional de los efectos de los actos acusados, medida cautelar que

fue denegada mediante auto de 9 de agosto de 2024,5 en atención a

que no se cumplían los requisitos señalados en el artículo 231 del

CPACA para su procedencia.

II.3.- Contestación. El MINISTERIO no hizo manifestación alguna

durante el término de traslado del auto admisorio de la demanda.

II.4. Audiencia inicial. El despacho sustanciador, mediante proveído

de 6 de septiembre de 2024,6 dio aplicación a lo previsto en el artículo

182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo

42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021, por lo que prescindió de

4
Visible en el índice 46 del expediente digital, folio 287.
5
Visible en el índice 49 del expediente digital.
6
Visible en el índice 54 del expediente digital.

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realizar la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, fijó

el litigio7 y resolvió sobre las pruebas aportadas por el demandante.

Posteriormente, en auto de 11 de octubre de 20248 corrió traslado a las

partes y al Ministerio Público, para que presentaran sus alegatos de

conclusión.

II.5. Alegatos de conclusión

II.5.1- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN9 afirmó que existen

diferencias sustanciales entre el programa sometido a estudio de

convalidación y aquellos que se ofrecen en el país. Agregó que dentro

de la demanda se trae a colación un acto administrativo que resolvió

convalidar un título como precedente en aras de que sea favorable la

convalidación solicitada por el actor; no obstante, no es posible realizar

dicho análisis desde el principio de igualdad, ya que la decisión allí

adoptada tuvo como fundamento una normativa diferente a la aplicable

en su caso.

7
El litigio se fijó en los siguientes términos:
“[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda,
consiste en determinar si las resoluciones núms. 11180 de 2016; 04419 de 14 de 2017 y 16366 de 2017,
expedidas por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, vulneran o no los artículos 13, 23, 29 y 84 de la
Constitución Política, conforme a lo expuesto por el actor a folios 240 a 266 del cuaderno principal y 1 a 5 del
cuaderno de la medida cautelar […].
8
Visible en el índice 62 del expediente digital.
9
Visible en el índice 68 del expediente digital.

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II.5.2- El apoderado del demandante reiteró los argumentos

esgrimidos en la demanda y agregó que en respuesta a las

recomendaciones adicionales dadas por el MINISTERIO en la

Resolución 4419 de 2017, el señor Suárez Guerra optó por realizar

estudios complementarios en cirugía plástica, estética y reconstructiva

en Brasil. Lo anterior, a su juicio constituye una prueba sobreviniente,

pues no contaba con la certificación de finalización de los estudios

complementarios ni al momento de presentación de la demanda ni

durante la oportunidad procesal para reformarla, ya que dichos

estudios fueron concluidos posteriormente.

Afirmó que la prueba es útil y pertinente, ya que permitirá llegar a la

conclusión de que no existen fundamentos válidos para justificar la

negativa en la convalidación del título, considerando que el actor no

solo cumplió con los requisitos originales, sino que, además, ha

desplegado esfuerzos adicionales para acreditar su idoneidad

profesional, en atención a las recomendaciones formuladas por el

MINISTERIO.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Los actos acusados

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En el caso en concreto, se solicitó la nulidad de los siguientes actos

administrativos:

«RESOLUCIÓN NÚMERO 11180
(03 DE JUNIO DE 2016)

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le
confiere el artículo 29 del Decreto 5012 de 2009 y la Resolución
No. 5515 del 16 de mayo de 2013

CONSIDERANDO

(…)
3. CONCEPTO TÉCNICO

No convalidar

Argumentación:

La Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES
recomienda al Ministerio de Educación Nacional no convalidar,
teniendo en cuenta que, en Colombia, la Cirugía Estética hace parte
de la especialidad en cirugía plástica y reconstructiva, por lo que
se requiere de competencias en estas áreas que no las suple el
título de otorrinolaringología. La especialización en Cirugía Plástica
Reconstructiva y Estética tiene en Colombia una duración mínima
de 4 años o tres años en caso de tener título convalidado de cirugía
general, con un número mayor de 240 créditos académicos y una
intensidad superior a 11.520 horas, siendo todos bajo la modalidad
de residencia de tiempo completo presencial. Lo cursado por el
convalidante es inferior en tiempo y contenidos a lo exigido en
Colombia para desarrollar las competencias necesarias que le
permitan el ejercicio de esta especialidad en este país. así mismo,
el récord quirúrgico ampliado aportado por el convalidante,
desarrollado durante su formación, no permite establecer su
actuación como cirujano principal o ayudante, con énfasis en el
componente estético. No se aporta información académica
adicional relacionada con el tiempo de exposición del convalidante
a su proceso formativo, que permita establecer equivalencia con lo

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exigido en los programas de especialización en Cirugía Plástica
Reconstructiva y Estética, ofrecidos en Colombia. "

Que con fundamento en las anteriores consideraciones y después
de haber estudiado la documentación presentada, se concluye que
no es procedente la convalidación solicitada.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO – Negar la convalidación del título de
MAESTRO EN CIRUGÍA ESTÉTICA, otorgado el 28 de marzo de
2014, por el INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN MEDICINA,
MÉXICO, a MAURICIO HERNANDO SUÁREZ GUERRA, ciudadano
colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.378.677
[…]».

«RESOLUCIÓN NÚMERO 04419
(14 DE MARZO DE 2017)

Por medio de la cual se decide el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución 11180 del 03 de junio de 2016

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

en ejercicio de sus atribuciones legales y en especia las que le
confiere el Decreto 5012 de 2009 y la Resolución 02422 del 22 de
febrero de 2017

CONSIDERANDO

(…)

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR lo dispuesto en la Resolución
11180 del 03 de junio de 2016, por medio de la cual el Ministerio
de Educación Nacional decidió “Negar la convalidación del título de
MAESTRO EN CIRUGÍA ESTÉTICA, otorgado el 28 de julio de 2009,
por la (sic) INSTITUTO DE ESTUDIO SUPERIORES EN MEDICINA,
MÉXICO, A MAURICIO HERNANDO SUÁREZ GUERRA ciudadano
colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.378.677.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación ante la
Dirección de Calidad para la Educación Superior y remitir el
expediente CNV-2016-00003621 para el efecto […]».

«RESOLUCIÓN NÚMERO 16366

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(17 DE AGOSTO DE 2017)

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA DIRECTORA DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las
conferidas en el Decreto 5012 de 2009, y

CONSIDERANDO

(…)

RESUELVE

Artículo 1. Confirmar en todas sus partes las Resoluciones No.
11180 del 03 de junio de 2016, así como la Resolución No. 04419
del 14 de marzo de 2017, por medio de las cuales la Subdirectora
de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior,
resolvió negar la convalidación del título de MAESTRO EN CIRUGÍA
ESTÉTICA, otorgado el 22 de marzo de 2014 por el INSTITUTO DE
ESTUDIOS SUPERIORES EN MEDICINA, MÉXICO, a MAURICIO
HERNANDO SUÁREZ GUERRA, ciudadano colombiano identificado
con la cédula de ciudadanía No. 98.378.677».

2. Problema jurídico

El asunto a dilucidar se centra en establecer la legalidad de las

Resoluciones 11180 de 3 de junio de 2016, «Por medio de la cual

se resuelve una solicitud de convalidación”; 04419 de 14 de

marzo de 2017, «Por medio de la cual se decide el recurso de

reposición interpuesto contra la Resolución 11180» y 16366 de

17 de agosto de 2017, «Por la cual se resuelve un recurso de

apelación», expedidas por el MINISTERIO.

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A juicio del demandante, los actos administrativos vulneraron sus

derechos constitucionales al debido proceso, a la igualdad y a la libre

escogencia de profesión u oficio, y controvierten los principios de

legalidad y buena fe, pues para la convalidación de su título de

«MAESTRO EN CIRUGÍA ESTÉTICA» le exigieron requisitos adicionales

que no están previstos en la ley y que tampoco le fueron requeridos a

otros profesionales en sus mismas condiciones.

3. La convalidación de títulos académicos otorgados en el

extranjero

De conformidad con los artículos 2610 y 6711 de la Constitución Política,

el Estado tiene la responsabilidad de inspeccionar y vigilar la educación

y el ejercicio de las profesiones. Con el fin de lograr dicho cometido, la

10
ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que
impliquen un riesgo social.
Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el
funcionamiento de éstos deberán ser democráticos.
La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.
11
ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores
de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y
los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación
básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos
a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de
velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física
de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los
servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

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Ley 30 de 28 de diciembre de 199212 definió diferentes mecanismos de

evaluación de calidad de las instituciones y de los programas de

educación superior y conservó la potestad de revisar la equivalencia

entre los estudios cursados en instituciones extranjeras de educación

superior y sus homólogos nacionales.

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 30 de 1992, el Instituto

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES tiene la

labor de homologar y convalidar títulos de estudios cursados en el

exterior, competencia que posteriormente fue trasladada al Ministerio

de Educación Nacional, mediante los Decretos 2230 de 2003, 4675 de

2006, 1306 de 2009 y 5012 de 2009.

En virtud de lo anterior, desde el año 2005 el Ministerio de Educación

Nacional ha expedido una serie de resoluciones en aras de definir el

trámite y requisitos exigibles para la convalidación de títulos de

educación superior otorgados en el extranjero.

En ese orden, la Resolución 21707 de 22 de diciembre de 2014, «por

medio de la cual se define el trámite y los requisitos para la

convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación

superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la

12
Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.

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autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de

educación superior», aplicable al caso concreto, dispuso puntualmente

los requisitos para convalidar títulos de programas académicos en el

área de la salud, en los siguientes términos:

«Artículo 3°. Convalidación de títulos oficiales de pregrado
y posgrado. Sin perjuicio de lo dispuesto más adelante respecto
de los programas del área de la salud y de pregrado en derecho,
contaduría y educación, para efectos del trámite de la convalidación
de títulos de pregrado y de posgrado, se deberá realizar una
evaluación legal de la información y en su orden verificar cuál de
los siguientes criterios le es aplicable:

1) Programa o institución acreditada, o su equivalente en el país
de procedencia. Se encuentra dentro de este criterio cuando el
título que se solicita convalidar cuente con alguna de las dos
siguientes condiciones:

a) Si la institución que otorgó el título que se somete a
convalidación se encuentra acreditada, o cuenta con un
reconocimiento equivalente por parte de una entidad certificadora
o evaluadora de alta calidad, reconocida en el país de origen o a
nivel internacional.

b) Si el programa académico cursado por el solicitante se encuentra
acreditado, o cuenta con un reconocimiento equivalente por parte
de una entidad certificadora o evaluadora de alta calidad,
reconocida en el país de origen o a nivel internacional.

Para la aplicación del criterio de convalidación por acreditación, la
fecha de obtención del título debe estar comprendida dentro del
término de vigencia de la acreditación del programa o de la
institución que otorgó el título que se pretende convalidar.

Si la solicitud presentada por el interesado se encasilla dentro de
este primer criterio, se procederá a convalidar el título. El trámite
de convalidación se adelantará en un término no mayor a dos (2)
meses contados a partir del recibo en debida forma de la
documentación requerida.

2) Caso similar. Se encuentra dentro de este criterio cuando el
título que se somete a convalidación corresponde a un programa
académico que hubiera sido evaluado con anterioridad por el

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Ministerio de Educación Nacional o por el Icfes, siempre que se
cumpla con las siguientes condiciones:

a) Debe tratarse del mismo programa académico, es decir tener la
misma denominación.

b) Debe tratarse de la misma institución que otorgó el título.

c) Debe existir una diferencia entre las fechas de otorgamiento de
los dos títulos y su respectiva resolución no superior a ocho (8)
años.

En este evento, una vez verificadas las condiciones señaladas
anteriormente, la solicitud de convalidación se resolverá en el
mismo sentido de la decisión que sirvió como referencia.

El trámite de convalidación se adelantará en un término no mayor
a dos (2) meses contados a partir del recibo en debida forma de la
documentación requerida.

Una decisión de convalidación realizada por aplicación del criterio
de caso similar no podrá servir de soporte a otra convalidación.

3) Evaluación académica. Si el título que se somete a convalidación
no se enmarca en ninguno de los criterios señalados anteriormente
o si no existe certeza sobre el nivel académico de los estudios que
se están convalidando, o su denominación, se someterá la
documentación a proceso de evaluación académica ante la
Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior — CONACES—. Este trámite se
adelantará en un término no mayor a cuatro (4) meses contados a
partir del recibo en debida forma de la documentación requerida.

Parágrafo. Para la convalidación de títulos provenientes de países
con los cuales el Estado colombiano haya ratificado convenios de
convalidación de títulos, se tendrán en cuenta los criterios definidos
en este artículo».

[…]

Artículo 5°. Requisitos para a Convalidación de Títulos de
Programas en el Área de la Salud. Para efectos de la
convalidación de títulos en el área de la salud, todos estos
deberán someterse a evaluación académica por parte de la
Sala del Área de Ciencias de la Salud de la Comisión Nacional
Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior –Conaces– sin perjuicio de que el Ministerio

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pueda solicitar un concepto adicional a las asociaciones, órganos y
pares evaluadores cuando así se requiera.

Para efectos de la convalidación de títulos en el área de la salud,
además de los requisitos señalados en el artículo 2° de esta
resolución, se deberá acreditar lo siguiente:

1. Para títulos de pregrado: la certificación de cumplimiento del
internado rotatorio, debidamente legalizado o apostillado.

2. Para títulos de posgrado. Se debe anexar lo siguiente:

a) Récord quirúrgico o de consulta expedido por las
entidades o instituciones facultadas para desarrollar
actividades académicas o asistenciales en el área de la
salud, debidamente legalizado o apostillado.

b) Documentos que acrediten actividades académicas y
asistenciales, debidamente legalizado o apostillado.

Los documentos señalados en los numerales 1 y 2 del presente
artículo, que se encuentren escritos en idioma distinto del
castellano, deberán ser traducidos por traductor o intérprete oficial,
reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en los
términos del artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, en
concordancia con el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012.

El trámite de convalidación se adelantará dentro de un término no
mayor a cuatro (4) meses, contados a partir de la radicación en
debida forma de la documentación» (negrilla de la Sala).

4. Caso concreto

Para resolver el problema jurídico planteado en precedencia, sea lo

primero advertir que el actor solicitó la convalidación de su título en

vigencia de la Resolución 21707 de 22 de diciembre de 2014, pues

radicó la petición el 12 de mayo de 2015.13 En ese orden, esa norma

13
Visible en el índice 46 del expediente digital, folio 82.

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es la que determina los criterios aplicables para atender el

requerimiento en aplicación del principio de legalidad que rige las

actuaciones administrativas.

Así las cosas, aun cuando el actor hubiere cursado el programa

académico con anterioridad a la entrada en vigor de dicha resolución

ello no constituye un derecho o expectativa que diera lugar a la

aplicación de normas anteriores (en este caso la Resolución 5547 de

2005 invocada por el actor). De suerte que el primer reparo alegado

en contra de los actos demandados —vulneración del principio de

buena fe y confianza legítima— no encuentra vocación de prosperidad.

Ahora, el demandante señaló que se vulneró su derecho al debido

proceso, por cuanto el MINISTERIO no estaba habilitado para aplicar

el criterio de evaluación académica, por encima de los parámetros de

«programa o institución acreditada» o «caso similar» previstos en el

artículo 3° de la Resolución 21707 de 2014; aunado a que le exigió

requisitos adicionales que no están previstos en las normas que

regulan la materia.

Frente a ello, estima la Sala que en relación con los criterios aplicables

para la convalidación de títulos de pregrado y postgrado, el artículo 3°

de la aludida resolución determina que sin perjuicio de lo dispuesto

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respecto de los programas del área de la salud «se deberá realizar

una evaluación legal de la información y en su orden verificar cuál de

los siguientes criterios le es aplicable» a saber: i) programa o

institución acreditados, o su equivalente en el país de procedencia; ii)

caso similar; y iii) evaluación académica.

Por su parte, el artículo 5° ibidem establece que, para efectos de la

convalidación de títulos en el área de la salud, «todos estos deberán

someterse a evaluación académica» por parte de la Sala del Área

de Ciencias de la Salud de la CONACES, sin perjuicio de que el

MINISTERIO pueda solicitar un concepto adicional a las asociaciones,

órganos y pares evaluadores cuando así se requiera. Además, la norma

establece que a la petición se deben anexar i) el récord quirúrgico o de

consulta expedido por las entidades o instituciones facultadas para

desarrollar actividades académicas o asistenciales en el área de la

salud y ii) los documentos que acrediten actividades académicas y

asistenciales.

En esa medida, se advierte que en la parte considerativa de la

Resolución 11180 de 3 de junio de 2016 el MINISTERIO señaló que

tratándose de una solicitud de convalidación de títulos del área de la

salud debía darse aplicación a lo previsto en el referido artículo 5°, por

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cuanto dicho análisis debe estar precedido de una evaluación

académica.

Así las cosas, no cabe duda de que las solicitudes de convalidación de

títulos de programas académicos del área de la salud deben someterse

a la evaluación académica llevada a cabo por la CONACES, por

consiguiente, la Sala considera que, contrario a lo afirmado por el

actor, el MINISTERIO estaba habilitado por los artículos 3° y 5° de la

Resolución 21707 de 2014 para aplicar el criterio de evaluación

académica para resolver su petición.

En concordancia con ello, se evidencia que mediante evaluación de 24

de junio de 2015 la Sala de Evaluación de Salud de la CONACES

recomendó al MINISTERIO no convalidar el título por la siguiente

razón:

«La Cirugía Estética en Colombia hace parte de la especialidad en
cirugía plástica y reconstructiva por lo que se requiere de
competencias en estas áreas que no las suplen el título de
Otorrinolaringología y tienen una duración mínima de 4 años o tres
años en caso de tener título convalidado de cirugía general, con un
número mayor de 240 créditos académicos y una intensidad
superior a 11.520 horas, siendo todos bajo la modalidad de
residencia con tiempo competo presencial y dedicación exclusiva,
lo cursado por el convalidante es inferior en tiempo y contenidos
para desarrollar las competencias necesarias que le permitan el
ejercicio de esta especialidad en Colombia. Se recomienda al
convalidante acercarse a una IES reconocida por el MEN para
homologar los saberes, completar la formación y obtener la
titulación correspondiente.»

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Ahora, en armonía con lo anterior, no le asiste razón al demandante al

indicar que el MINISTERIO vulneró la garantía del debido proceso,

pues le exigió requisitos adicionales que no están previstos en las

normas que regulan la materia, ya que las peticiones en el área de la

salud deben estar acompañadas del récord quirúrgico o de consulta

expedido por las entidades o instituciones facultadas para desarrollar

actividades académicas o asistenciales en el área de la salud.

Revisada la actuación se observa que al analizar los documentos que

fueron aportados al trámite administrativo, la Sala de Evaluación de

Salud de CONACES, el 30 de marzo de 2016, determinó que aunque

se allegó el récord de procedimientos quirúrgicos realizados en la

Clínica del Pacífico de Cali entre marzo y diciembre de 2013, como

prácticas del primer al cuarto semestre del programa no se tenía

evidencia de supervisión por parte de docente calificado en el área;

aunado a que aquello «no es coherente ni con la duración ni con la

secuencia del plan de estudios presentado: tampoco se entiende cómo

un programa de modalidad presencial desarrollado en México realiza

sus prácticas formativas en Colombia»,14 razones por las cuales

nuevamente recomendó no convalidar.

14
Visible en el índice 46 del expediente digital, folio 284.

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Adicionalmente, se indicó que se adjuntaron constancias de

participación en múltiples cursos en diferentes campos, pero que no

forman parte integral del programa que se pretende convalidar;

además, se allegaron registros de procedimientos realizados en clínicas

que, aunque pueden acreditar la experiencia profesional, tampoco

hacen parte del programa realizado.

En atención a ello, en la Resolución 4419 de 2017 se refirieron los

siguientes argumentos para confirmar la negativa de la convalidación:

«[…] Así las cosas, en el asunto materia de estudio, la valoración
académica surtida se hizo con observancia de la documentación
efectivamente aportada por el convalidante, en la que se tuvo en
cuenta los aspectos académicos y técnicos que determinaron que
no había lugar a la procedencia de la convalidación del título, por
cuanto no se encuentra demostrado equivalencia y
correspondencia con programas académicos ofertados en el país.

[…]

Bajo la premisa mencionada, se tiene que para surtir el análisis
sobre el título de idoneidad del convalidante, el Ministerio de
Educación Nacional se soportó en el criterio de expertos
académicos de la CONACES, que poseen el conocimiento requerido
y la amplia experiencia para determinar si el título sometido a
convalidación tiene la formación que en Colombia se exige
(considerando todos los aspectos como duración, formación previa
cuando sea requerido, contenidos curriculares, metodología,
orientación de las asignaturas, prácticas y procedimientos
desarrollados, entre otros) y así poder establecer si la titulación
que ostenta el convalidante es asimilable a las que se ofertan en el
país, y en caso de ser así, determinar si con el programa académico
cursado se desarrollaron las amplias competencias necesarias para
acreditar la idoneidad del título.

En relación a la supuesta exigencia de alguna participación
calificada en el record quirúrgico, y profundizando lo esbozado por
la Sala de Salud de la Comisión, se aclara que la exigencia de

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aportar el record al inicio del trámite del procedimiento de
convalidación se debe a aspectos eminentemente académicos
encaminados a verificar el grado de participación quirúrgica sólo
con el fin determinar la curva de aprendizaje, el recurrente no
puede pasar por alto que todas las especialidades clínicas ofertadas
en Colombia exigen dentro del desarrollo de los programas la
efectiva implicación guiada en procedimientos afines al área del
conocimiento cursada, por tanto no es ilegal bajo ninguna
circunstancia que el Ministerio exija la aportación del record con el
propósito de verificar la idoneidad de la formación práctica del título
de Cirujano Estético en desarrollo de la evaluación académica,
máxime cuando las profesiones médicas son las que representan
el mayor riesgo social y ameritan mayor rigurosidad en la
contestación de equivalencias.

[…]

En consecuencia, se destaca que la decisión adoptada por este
Ministerio referente a la no convalidación del título que ostenta el
señor MAURICIO HERNANDO SUÁREZ GUERRA obedece al
mandato constitucional del artículo 26, en tanto que la ley puede
exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones, todo
esto acompasado con lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 y en la
Resolución 21707 del 22 de diciembre de 2015.

Con el análisis técnico-académico que surtió la CONACES, esta
Subdirección descartó la procedencia de la convalidación del título
de Maestro en Cirugía Estética, por cuanto no se pudo establecer
razonada correspondencia entre lo cursado y los programas
académicos ofertados en Colombia […]».

Así las cosas, bajo la argumentación expuesta por la Subdirección de

Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior del

MINISTERIO, no es posible advertir la exigencia de requisitos

adicionales a los previstos en las normas citadas que regulan los

trámites de convalidación de títulos en el exterior.

Siguiendo con el análisis del cargo, respecto del criterio denominado

«caso similar», el actor alega que el MINISTERIO la Resolución 3393

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de 3 de abril de 2012, por medio de la cual resolvió «convalidar y

reconocer para todos los efectos académicos y legales en Colombia, el

título de MAESTRO EN CIRUGÍA ESTÉTICA, otorgado el 22 de marzo de

2010 por el INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN MEDICINA,

MÉXICO, a GERMÁN GUILLERMO ROJAS DUARTE (…) como equivalente

al título de MAGISTER EN CIRUGÍA ESTÉTICA», fue analizado en

vigencia de la Resolución 5547 de 2005.

Lo primero que destaca la Sala es que, en materia de convalidación de

títulos académicos de las especialidades de la salud, el criterio de

convalidación por caso similar no aplica a estudios de posgrado,

conforme a la norma vigente al momento de la expedición de las

resoluciones demandadas.

En el presente asunto se advierte que la Resolución 21707 de 2014

reconoció un trato diferenciado en la convalidación de títulos debido a

los altos estándares profesionales que exige la medicina. Precisamente,

el artículo 3° ibidem indicó que el criterio general de convalidación de

caso similar no aplica cuando se trata de la homologación de títulos del

área de la salud. La norma en cita señaló lo siguiente:

«Artículo 3°. Convalidación de títulos oficiales de pregrado
y posgrado. Sin perjuicio de lo dispuesto más adelante respecto
de los programas del área de la salud y de pregrado en derecho,

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contaduría y educación, para efectos del trámite de la convalidación
de títulos de pregrado y de posgrado, se deberá realizar una
evaluación legal de la información y en su orden verificar cuál de
los siguientes criterios le es aplicable

2) Caso similar. Se encuentra dentro de este criterio cuando el
título que se somete a convalidación corresponde a un programa
académico que hubiera sido evaluado con anterioridad por el
Ministerio de Educación Nacional o por el Icfes, siempre que se
cumpla con las siguientes condiciones:

a) Debe tratarse del mismo programa académico, es decir tener la
misma denominación.

b) Debe tratarse de la misma institución que otorgó el título.

c) Debe existir una diferencia entre las fechas de otorgamiento de
los dos títulos y su respectiva resolución no superior a ocho (8)
años.» (Negrilla fuera del texto).

Por su parte, el artículo 5° estableció que los títulos de programas en

el área de la salud deben ser evaluados por la Sala de Ciencias de la

Salud de la CONACES y, si es necesario, el MINISTERIO podrá pedir

opiniones adicionales a expertos, a partir de la documentación

específica que allí se enlista.

En ese orden, es dable afirmar que el criterio de convalidación por caso

similar no resulta aplicable a los estudios de posgrado en el área de la

salud, dado que estos requieren una evaluación técnica especializada

por parte de la Sala de Ciencias de la Salud de la CONACES, conforme

a lo establecido en la normativa vigente.

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Cabe señalar que, incluso, si dicho criterio fuese aplicable esta Sección

en su jurisprudencia ha precisado que debe existir identidad fáctica

entre los actos administrativos citados como precedentes y la solicitud

respectiva, en cuanto a: i) el contenido del programa15; ii) la

universidad que otorgó la titulación; y iii) el nivel de convalidación

pretendido16

Sin embargo, de la lectura de la Resolución 3393 de 3 de abril de 2012

se extrae que para resolver ese caso, el MINISTERIO utilizó el criterio

de evaluación académica; advirtió que el solicitante es especialista en

cirugía plástica facial del Instituto de Ciencias de la Salud de Colombia

y en cirugía plástica reconstructiva y estética de la Fundación

Universitaria San Martin; y que la CONACES expidió concepto

favorable señalando que el título obtenido es equivalente al de

magister en cirugía estética. Adicionalmente, la CONACES dejó claro

que:

«no se puede utilizar este concepto como referente de caso similar
en virtud de los siguientes argumentos: no constituye una
especialidad medico quirúrgica bajo la cual se pueda calificar en las
competencias de un especialista clínico lo cual suple el convalidante
por las especialidades clínico quirúrgicas previamente realizadas y
ya que la denominación del programa coincide con la de la
especialidad medico quirúrgica correspondiente y su otorgamiento
automático bajo el mecanismo de caso similar podría propiciar la
práctica clínica sin contar con las competencias quirúrgicas

15
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 13 de marzo de 2014
número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00166-00.
16
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia de 6 de noviembre
de 2020, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00215-00.

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requeridas bajo el sistema de garantía en la calidad de la educación
superior».

Por consiguiente, la Sala encuentra que no se vulneró el derecho a la

igualdad en el proceso de convalidación que se analiza, ya que, por la

naturaleza misma de la formación en medicina, existen diferencias

inherentes entre las prácticas clínicas, incluso de los conocimientos y

títulos adquiridos previamente, que impiden realizar una comparación

automática entre solicitantes. Dichas particularidades son

precisamente las que evalúa la CONACES como órgano competente

para estudiar la documentación, verificar la equivalencia académica y

determinar si el título extranjero cumple con los estándares nacionales.

En consecuencia, para la Sala resultan disímiles las circunstancias de

la convalidación que invoca el actor como análoga, aunado al hecho de

que, en estos casos, se reitera, resulta obligatorio realizar la evaluación

académica de que trata el artículo 5° de la Resolución 21707 de 2014,

luego no es dable inferir, como se propone en la demanda, que ante la

existencia de un caso similar al que se pretende homologar

correspondía de forma automática acceder a la solicitud de

convalidación.

Conviene traer a colación lo mencionado por la Sala en un caso de

similares presupuestos al que se estudia, en el cual se alegaba la

vulneración del derecho de igualdad por parte del MINISTERIO al

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otorgar un trato diferenciado frente a estudios de posgrado de

medicina que fueron convalidados por esa entidad. Así, en la sentencia

de 2 de octubre de 202517, la Sala precisó:

«La Resolución 0695018 reconoció un trato diferenciado en la
convalidación de títulos en el área de la salud debido a los altos
estándares profesionales que exige la medicina. Estos
especialistas atienden la salud del público en general, según lo
previsto en la Ley 23 de 18 de febrero de 1981, lo cual implica
una responsabilidad mayor y la necesidad de garantizar que los
conocimientos, las competencias y los procedimientos médicos
cumplan con los criterios de calidad y seguridad.

(…)

En este contexto probatorio se destaca que el criterio de
convalidación por caso similar no aplicaba a los estudios de
posgrado del área de salud conforme a la norma vigente al
momento de la expedición de las Resoluciones 11270 y 19287
de 2018. Incluso, si dicho criterio fuese aplicable, esta Sección
en su jurisprudencia ha precisado que debe existir identidad
fáctica entre los actos administrativos citados como
precedentes y la solicitud respectiva, en cuanto a: i) el
contenido del programa; ii) la universidad que otorgó la
titulación; y iii) el nivel de convalidación pretendido. Sin
embargo, las universidades y los planes de estudios objeto de
comparación son diferentes al programa cursado por el
demandante.

En consecuencia, las Resoluciones 11270 y 19287 de 2018 no
vulneraron el derecho a la igualdad pues el trato diferenciado
ordenado en la Resolución 06950 de 2015, atiende a la
responsabilidad inherente de quienes ejercen la medicina, en
donde la protección del bienestar público exige una evaluación
rigurosa e independiente de los programas y títulos
extranjeros».

17
Consejo de Estado, Sección Primera, número único de radicación 2019-00230-00. C.p. GERMÁN
EDUARDO OSORIO CIFUENTES.

18
Si bien en dicho caso la regulación del Ministerio aplicable era la Resolución 06950 de 2015, la Resolución
21707 de 2014 también estableció in trato diferenciado para la convalidación de los programas de salud.

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Actor: MAURICIO HERNANDO SUÁREZ GUERRA

La parte actora también afirma que los actos acusados desconocieron

su derecho a la libre escogencia de profesión y oficio, por cuanto le

impidieron desarrollar de manera libre su plan de vida en la toma de la

decisión de desempeñarse como cirujano estético sin ninguna

restricción injustificada por parte de la administración.

Al respecto, debe señalarse que, como lo ha explicado esta Sección, la

decisión del Ministerio de Educación Nacional de no convalidar títulos

académicos cuando quiera que se advierte que no reúnen los requisitos

legales para ello, no implica, per se, la violación de garantías

individuales como la libertad de escogencia de profesión o el derecho

al trabajo, habida consideración de que no se cuestiona la formación

profesional del administrado ni el título escogido, sino que, en todo

caso, es deber de la administración llevar a cabo «[…] un riguroso

examen de legalidad y una valoración académica de los estudios

cursados, a efectos de determinar la naturaleza jurídica de la

institución de educación superior en la cual se cursaron los estudios, el

pénsum adelantado, la intensidad horaria y la metodología bajo la cual

se desarrolló el programa académico cursado, todo lo cual se dirige a

garantizar la idoneidad académica del solicitante previa comprobación

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Actor: MAURICIO HERNANDO SUÁREZ GUERRA

de que los títulos que ostentan son equivalentes a los conferidos en

nuestro país [...]»19

En este orden, ante la carencia de vocación de prosperidad de los

cargos formulados en la demanda, se mantiene la legalidad que

ampara las resoluciones acusadas, y la Sala habrá de denegar las

pretensiones de la demanda.

5. Condena en costas

Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con lo

previsto en el artículo 18820 del CPACA en armonía con el numeral 8

del artículo 365 del CGP21, esto es, en aplicación de un criterio objetivo

valorativo22, la Sala condenará a la parte actora, en los términos de los

19
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2014, C.p. Guillermo Vargas Ayala,
número único de radicación. 11001-03-24- 000-2010-00166-00.
20
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
21
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
22
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo al
resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.

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Actor: MAURICIO HERNANDO SUÁREZ GUERRA

numerales 1 y 2 del artículo 36523 ibidem, al pago de las costas en esta

instancia.

Las costas, según el artículo 361 del CGP, se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso24 y por las agencias en derecho25”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el componente

de agencias en derecho al verificarse en esta instancia la intervención

de la parte demandada a través de apoderado judicial. Frente a las

expensas y los gastos del proceso, su fijación se sujetará a la

liquidación26 que realice el secretario de esta corporación y según la

comprobación de que se incurrieron en estos.

23
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos
en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella
[…]”.
24
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como el
valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros, pólizas,
etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
25
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del
proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios
sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben corresponder a los
honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
26
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de esta
Corporación, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem.

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Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del artículo

366 del CGP27, se fijan como agencias en derecho, la suma de un (1)

salario mínimo legal mensual vigente a favor del MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL. Lo anterior, de conformidad con las tarifas

establecidas en el artículo 5°28 del Acuerdo núm. PSAA16-10554 de 5 de

agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, según

la naturaleza del proceso, la calidad y duración de la gestión realizada por

la parte vencedora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de

conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva.

27
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada
en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto
por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior
de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que
litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder
el máximo de dichas tarifas. […]”.
28
“[…] ARTÍCULO 5º.Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: En única instancia. […] b. En aquellos
asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.”

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SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte

demandante y en favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV al

momento de la ejecutoria de esta decisión, la cual deberá incluirse en

la liquidación de costas a pagar por la parte demandante.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las

anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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