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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2018-00178-00

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2018-00178-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar la nulidad parcial de los artículos primero del Acuerdo CSJA- SA-128 del 23 de junio de 2010; segundo del Acuerdo CSJAA15-777 del 24 de abril de 2015; primero (numeral 6) del CSJAA15-1015 del 8 de septiembre de 2015; primero, y tercero de la Resolución DESAJMR15-5414 del 26 de octubre de 2015. La nulidad dispuesta en esta providencia se refiere exclusivamente a la situación del señor Alejandro Sanín Botero, específicamente a su inclusión en el registro de elegibles y en el listado de candidatos, así como el posterior nombramiento en el cargo de profesional universitario, grado 11, Área Administrativa, adscrito a la Dirección Seccional de Administración Judicial Antioquia – Chocó, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-24-000-2018-00178-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

3 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-24-000-2018-00178-00 (5569-2018)
Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandado: Alejandro Sanín Botero

Temas: Inscripción a concurso de mérito sin cumplimiento de requisitos

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso
promovido por la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra el señor Alejandro Sanín
Botero.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 la entidad antes mencionada, por conducto de apoderada, solicitó declarar

i) la nulidad parcial de los siguientes Acuerdos: a) CSJA-SA-128 del 23 de junio de
2010, que decidió sobre la admisión al concurso de méritos destinado a la

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-24-000-2018-00178-00 (5569-2018)
Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

conformación del registro seccional de elegibles para los cargos de empleados de
carrera de las Salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia y de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Medellín – Chocó, convocado mediante Acuerdo 440 de 2009; b) CSJAA15-777 del
24 de abril de 2015, por medio del cual se conforman los registros de elegibles; c)
CSJAA15-1015 del 8 de septiembre de 2015, que conformó la lista de candidatos; y

ii) la nulidad total de la Resolución DESAJMR15-5414 del 26 de octubre de 2015,
que nombró en propiedad al señor Alejandro Sanín Botero en el cargo de
profesional universitario, grado 11, Área Administrativa, adscrito a la Dirección
Seccional de Administración Judicial Antioquia - Chocó.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la demandante señaló los siguientes:

i) El 9 de septiembre de 2009, por Acuerdo 440, la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia convocó a concurso de méritos para
proveer los cargos adscritos a dicha dependencia y a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín - Chocó.

ii) En el marco del referido certamen, el señor Alejandro Sanín Botero se inscribió
para ocupar el cargo de profesional universitario, grado 11, Área administrativa,
para lo cual diligenció el correspondiente formulario e indicó que egresó de la
Universidad de Antioquia, cursó y aprobó el décimo semestre de la carrera de
derecho y terminó materias el 9 de julio de 2008.

iii) El empleo al cual aspiró el accionado exigía la «terminación y aprobación de las
materias que conforman el pensum académico en derecho, administración de
empresas, administración pública, economía o ingeniería industrial y un (1) año de
experiencia profesional relacionada».

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Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

iv) El del 23 de junio de 2010, mediante Acuerdo CSJA-SA-128, se admitió al
accionado al referido proceso de selección.

v) El 24 de abril de 2015 y el 8 de septiembre de 2015, por Acuerdos CSJAA15-777
y CSJAA15-1015, respectivamente, se conformaron los registros de elegibles y la
lista de candidatos para proveer los empleos ofertados, dentro de los que se
incluyó el nombre del señor Alejandro Sanín Botero.

vi) El 26 de octubre de 2015, Resolución DESAJMR15-5414, se nombró en
propiedad al demandado en el cargo de profesional universitario, grado 11, Área
Administrativa, adscrito a la Dirección Seccional de Administración Judicial
Antioquia - Chocó.

vii) El 10 de marzo de 2016, por Oficio DESAJM16-1695, la jefe del Área de Talento
Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional Medellín le informó al director
ejecutivo que en la hoja de vida del señor Sanín Botero no reposaba la
documentación que acreditara la terminación y aprobación de las materias del
pensum de derecho para la fecha en que se efectuó la convocatoria al concurso.

viii) El 13 de junio de 2016, mediante Oficio VDER-714, el Vicedecano de la
Universidad de Antioquia certificó que el demandado ostenta el título de abogado y
que el décimo semestre de derecho lo finalizó el 10 [sic] de diciembre de 2010.
Esta información fue ratificada y ampliada el 23 de febrero de 2017.

ix) El señor Alejandro Sanín Botero indujo a error a la autoridad administradora del
concurso y al nominador, pues aportó información tendiente a demostrar que para
la fecha en que se convocó el concurso contaba con los requisitos para ocupar el
cargo al cual aspiraba, pese a que los reunió con posterioridad.

x) El 13 de julio de 2016, por Oficio 2016 EE0088593, en atención a una denuncia
ciudadana, la Contraloría General de la República reportó un hallazgo con

3

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Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

presunta connotación fiscal y disciplinaria, con fundamento en hechos análogos a
los antes descritos.

xi) El 10 de mayo de 2017, por Oficio DESAJME17-3200, se requirió al accionado
para que autorizara la revocatoria del nombramiento que se efectuó
irregularmente; sin embargo, el interesado respondió de manera negativa a la
solicitud.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante sostuvo que los actos acusados quebrantaron los artículos
2, 4, 6, 121, 122, 123 y 209 de la Constitución Política; 3 de la Ley 489 de 1998; y
Ley 270 de 1996.

Al desarrollar el concepto de violación, la demandante planteó los siguientes
cargos de nulidad contra los actos demandados:

i) El acto de nombramiento acusado se encuentra viciado de nulidad, porque para
el momento de la inscripción al concurso de méritos convocado por el Acuerdo
400 de 2009, el señor Alejandro Sanín Botero no reunía los requisitos para ocupar
el cargo al cual aspiraba, pues no había cursado y aprobado el pensum
académico del programa de derecho, ni contaba con 1 año de experiencia
profesional relacionada.

ii) La anterior irregularidad evidencia un actuar engañoso por parte del ciudadano
que atenta contra los principios orientadores de la función pública, especialmente
los de moralidad e igualdad de oportunidades para el acceso a los empleos
oficiales.

iii) Los actos enjuiciados se encuentran falsamente motivados, pues la
administración fue inducida a error para su expedición y se fundó en documentos
aportados por el aspirante, pero que no se ajustaban a la realidad.

4

Radicación: 11001-03-24-000-2018-00178-00 (5569-2018)
Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

1.2. Contestación de la demanda

El señor Alejandro Sanín Botero se abstuvo de contestar la demanda.

1.3. Sentencia anticipada

Por auto del 27 de octubre de 2022, el magistrado conductor del proceso
evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los
términos del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080
de 2021. En consecuencia, se prescindió de la audiencia inicial prevista en el
artículo 180 ibidem y se fijó el litigio en la siguiente forma:2

Teniendo en cuenta las pretensiones y los argumentos de la demanda, el objeto de
la controversia que se presenta en el caso sub judice consiste en determinar si los
Acuerdos CSJA-SA-128 del 23 de junio de 2010, CSJAA15-777 del 24 de abril de 2015
y CSJAA15-1015 del 8 de septiembre de 2015, en lo relacionado con el señor
Alejandro Sanín Botero, así como la Resolución DESAJMR15-5414 del 26 de octubre
de 2015, se expidieron o no con falsa motivación.

1.4. Alegatos de conclusión

El señor Alejandro Sanín Botero guardó silencio. La parte actora reiteró los
argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso.3

1.5. El Ministerio Público

La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el sentido de solicitar que se acceda a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes razonamientos:4

2 Folios 41 a 43.
3 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
4 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

5

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Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

i) Para la fecha en que el señor Alejandro Sanín Botero se inscribió en el concurso
de méritos, convocado por el Acuerdo 440 de 2009, no cumplía con los requisitos
para desempeñar el cargo de Profesional Universitario, grado 11.

ii) Pese a lo anterior, el mencionado ciudadano afirmó que sí acreditaba la
formación académica y la experiencia requeridas, por lo que indujo a un error a la
administración que valoró esa información y le permitió continuar con el proceso
de selección e inclusive lo nombró en el empleo al cual aspiró. De este modo, se
hace necesario anular los actos enjuiciados.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si los actos administrativos
demandados se encuentran viciados de nulidad por falsa motivación, en lo que
respecta a la admisión, conformación del registro de elegibles y nombramiento del
señor Alejandro Sanín Botero en el concurso de méritos convocado por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante Acuerdo 440 del 9 de
septiembre de 2009.

2.2. Marco normativo

El artículo 256 de la Constitución política, derogado parcialmente por el artículo
17 del Acto Legislativo 2 de 2015, dispuso que al Consejo Superior de la
Judicatura le corresponde administrar la carrera judicial.

A su vez, el artículo 257 ibidem precisó que dicha corporación debía dictar los
reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de
justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los
distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se

6

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Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el
legislador.

En desarrollo de los anteriores mandatos, el artículo 85 de la Ley 270 de 1996
asignó múltiples competencias a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, de las cuales se destacan las siguientes:

✓ Determinar la estructura y las plantas de personal de las corporaciones y
juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos
en la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para
su desempeño que no hayan sido fijados por la ley.

✓ Dictar los reglamentos relacionados con la organización y funciones
internas asignadas a los distintos cargos.

✓ Administrar y reglamentar la carrera judicial de acuerdo con las normas
constitucionales y la Ley 270 de 1996.

A partir del citado marco normativo, la Corte Constitucional ha indicado que la
facultad del Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar la carrera judicial,
atañe a la denominada «potestad reglamentaria de los órganos constitucionales» y
se concreta en la expedición de las normas de carácter general que sean
necesarias para desarrollar el sentido de la Ley 270 de 1996 y hacerla ejecutable.5
Al respecto, se ha sostenido lo siguiente:6

Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, es claro que (i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad
reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la
facultad de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla
ejecutable, en este caso la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la
potestad en cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales

5 Sentencias C-917 de 2002 y SU-553 de 2015.
6 Sentencia SU-539 de 2012.

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Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

asignadas al Consejo Superior, lo que implica que no puede “suplantar las
atribuciones propias del legislador”7.

7.8 De la anterior exposición se colige que las funciones de la Sala administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura son estrictamente administrativas y no pueden
ser otras que las predicables del manejo de los recursos económicos, fiscales y
humanos de la rama judicial; en ese sentido, a esa Sala le asiste la facultad de
reglamentar algunos aspectos del sistema especial de carrera de la rama judicial,
siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador,
en los términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Carta Política; y su
actividad en esta materia debe estar orientada a procurar la vinculación a la rama
judicial de los ciudadanos más idóneos, así como a garantizar las condiciones
laborales más propicias para el desempeño de las funciones propias de cada cargo.

De acuerdo con lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura tiene una función
de alta relevancia para el cumplimiento de los fines estatales, pues debe dictar los
reglamentos tendientes a disponer los recursos humanos y físicos necesarios para
que el servicio de la administración de justicia se preste bajo altos estándares de
eficiencia, moralidad, corrección e idoneidad en aras de cumplir la misión
institucional que se ha asignado a la Rama Judicial, esto es, «hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de
realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional».8

En consonancia con dicho cometido, el Consejo Superior de la Judicatura tiene
facultades para fijar las directrices que rigen los concursos de méritos, así como
establecer la estructura organizacional de los empleos de la Rama Judicial,
asignar sus funciones y precisar los requisitos para su ejercicio, todo ello con
respeto de la ley que rija la materia.

2.3. Hechos probados9

• El 9 de septiembre de 2009, por Acuerdo 440 de 2009, el Consejo Seccional de
la Judicatura de Antioquia convocó a concurso de méritos destinado a conformar

7 Sentencia C-037 de 1996, mediante la cual la Corte revisó la constitucionalidad del proyecto de ley número 58 de 1994

(Senado) y 264 de 1995 (Cámara), hoy Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.
8 Artículo 1 de la Ley 270 de 1996. Frente a las competencias del Consejo Superior de la Judicatura puede consultarse la

siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de marzo de 2016, radicado:
110010325000201500010600 (0238-2015).
9 Los documentos que se citan en este acápite pueden consultarse en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

8

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Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

el Registro Seccional de Elegibles para los cargos de empleados de carrera
adscritos a dicho consejo y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Medellín-Chocó. Para el efecto, se dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO SEGUNDO.- La convocatoria es norma obligatoria y reguladora de este
proceso de selección y se ceñirá estrictamente a las condiciones y términos que se
relacionan a continuación:

1. CARGOS EN CONCURSO

Número Denominación Grado Requisitos mínimos Dependencia
cargos
planta
[…] […] […] […] […]
1 Profesional 11 Terminación y aprobación de las Dirección
Universitario materias que conforman el Seccional área
pensum académico en derecho, Administrativa -
administración de empresas, grupo servicios
administración pública, administrativos
economía o ingeniería industrial
y un (1) año de experiencia
profesional relacionada.
[…] […] […] […] […]
Ibidem Ibidem Ibidem Ibidem Dirección
Seccional área
Administrativa -
grupo almacén.
[…] […] […] […] […]
[…]
2. REQUISITOS

2.1. Requisitos Generales

Los aspirantes, en el término de inscripción, deberán acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos:

• Presentar solicitud de inscripción en la forma y dentro de los términos que más
adelante se señalan.
• Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles.
• No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad
• Reunir las condiciones y requisitos que para cada cargo establezca la ley y los
acuerdos expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
• No haber llegado a la edad de retiro forzoso (65 años).

2.2. Requisitos Específicos

Los aspirantes deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en el numeral 1°
del artículo segundo del presente acuerdo.

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Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

3. INSCRIPCIONES
[…]

3.3 Lugar y término

Las inscripciones deben hacerse en el periodo comprendido entre el 14 y 18
de septiembre de 2009.

Las inscripciones deben hacerse mediante la entrega del formulario debidamente
diligenciado y firmado, acompañado de todos los documentos que acrediten el
cumplimiento de los requisitos exigidos, y aquellos que se deseen aportar para
efectos de su valoración en la etapa clasificatoria, en el primer piso del edificio José
Felix de Restrepo, área de inscripciones, ubicado en el Centro Administrativo La
Alpujarra, Carrera 52 No. 42-73 de Medellín.
[…]

3.4 Documentación

Con el formulario de inscripción deberán allegarse, debidamente clasificados y en el
orden que se indica, los siguientes documentos:

3.4.1 Formulario de inscripción debidamente diligenciado y firmado.
[…]

3.4.4 Constancias o certificaciones expedidas por instituciones oficialmente
reconocidas, para aquellos cargos que exijan la aprobación de estudios de
educación media y otro tipo de formación académica.
[…]

4. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS

Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, una vez
verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en la respectiva
convocatoria, decidirán mediante resolución, sobre la admisión o rechazo al
concurso, indicando en esta última los motivos que dieron lugar a la decisión.
[…]

La ausencia de requisitos para el cargo determinará el retiro inmediato del proceso
de selección, cualquiera que sea la etapa en que el aspirante se encuentre.
[…]

7. REGISTRO DE ELEGIBLES

7.1 Registro:

Concluida la etapa clasificatoria, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia procederá a conformar los correspondientes Registros
Seccionales de Elegibles, según orden descendente de puntajes por cada uno de
los cargos.
[…]

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Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

12. EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Será causal de retiro del proceso de selección, el fraude comprobado en la
realización del concurso o el error evidente en el proceso de selección. (Decreto 52
de 1987, artículo 28 y Ley 270 de 1996, artículo 204).

• El 16 de septiembre de 2009, el accionado se inscribió al referido proceso de
selección y optó al cargo de profesional universitario, grado 11. Además, el
aspirante informó que cursó estudios de pregrado en el área de derecho, en la
Universidad de Antioquia y que aprobó el 10° semestre. Además, anexó la
siguiente certificación, suscrita por el Departamento de Admisiones y Registro de
dicha institución académica:

Que ALEJANDRO SANÍN BOTERO identificado […] estuvo matriculado en el semestre
académico 2008/1, en el programa DERECHO (PRESENCIAL) en jornada diurna,
programado del 05/12/2007 al 09/07/2008.

A la fecha tiene aprobados *189* créditos, correspondientes al *10* semestre del
programa

Asistió 3 horas semestrales, por 15 semanas, para un total de 45 horas en el
semestre.

El programa tiene una duración de 10 semestres académicos y fue aprobado
mediante código ICFES 120143400000500111100.

Este certificado se expide en Medellín, a los 14 días del mes de septiembre de
2009.

• El 23 de junio de 2010, por Acuerdo CSJA-SA-128, el actor fue admitido al referido
proceso de selección bajo la descripción «04-PROFESIONAL UNIVERSITARIO –
(Derecho, Adm. Empresas, Adminis. Pública, Econom, Ing. Industrial) - Grado
11)».

• El 24 de abril de 2015, mediante Acuerdo CSJAA15-777, se conformó el registro
de elegibles para los cargos convocados en el proceso de selección de la
referencia y se incluyó al demandado con la siguiente información:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 11, QUE HACE PARTE DEL GRUPO 5, DIRECCIÓN SECCIONAL
ÁREA ADMINISTRATIVA

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Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

No Cédula Prueba de Experiencia Capacitación Entrevista Total
Aptitudes y y Docencia adicional y
Prueba de adicional publicaciones
Conocimiento
[…] […] […] […] […] […] […]
2 --- 371,81 115,00 0,00 150,00 636,81
[…] […] […] […] […] […] […]

• El 8 de septiembre de 2015, por Acuerdo CSJAA15-1015, se conformó la lista de
candidatos destinada a proveer los cargos de carrera del aludido certamen,
tomada del registro de elegibles, teniendo en cuenta a quienes optaron por las
sedes vacantes publicadas en el mes de agosto de 2015. En este listado el
ciudadano accionado ocupó el primer lugar para desempeñar el empleo al que
concursó.

• El 26 de octubre de 2015, mediante Resolución DESAJMR15-5414, el director
ejecutivo seccional de Administración judicial de Medellín nombró en propiedad al
señor Alejandro Sanín Botero en el cargo de profesional universitario, grado 11,
Área Administrativa, adscrito a la Dirección Seccional de Administración Judicial
Antioquia – Chocó, «en atención a los preceptos legales, requisitos y perfiles
exigidos en el Acuerdo N° 440 de 2009».

• El 13 de junio de 2016, el vicedecano de la Universidad de Antioquia hizo constar
que «el egresado Alejandro Sanín Botero, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas programa de derecho código 344, obtuvo el título de abogado el día 11
de abril de 2012 según acta 83429. La fecha de inicio de sus estudios fue en el
semestre 1992-2 y egresó el semestre 2010-1 que finalizó el 6 de diciembre de
2010».

• El 26 de enero de 2017, el jefe de la Sección Técnica de Información -
Departamento de Admisiones y Registro de la Universidad de Antioquia informó lo
siguiente:

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Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

1. La información consignada en el certificado de estudios expedido el día 14 de
septiembre de 2009 por la Universidad de Antioquia, corresponde a la información
registrada en nuestro sistema de información para la fecha de expedición.

2. Quien suscribe el documento, ostentaba en ese momento el cargo de Jefe del
Departamento de Admisiones y Registro y era la persona competente para suscribir
el documento.

Le informo que para el día 16 de septiembre del año 2009, el señor ALEJANDRO
SANÍN BOTERO, identificado […], no había terminado todas ls materias que
conformaban su pensum académico. El señor ALEJANDRO SANÍN BOTERO terminó las
materias en el semestre académico 2010-1.

• El 23 de febrero de 2017, el jefe de la Sección Técnica de Información -
Departamento de Admisiones y Registro de la Universidad de Antioquia informó lo
siguiente:

1. Para el año 2009, el plan de estudios vigente del programa de Derecho exigía
200 créditos.

2. El plan de estudios que debía cumplir el señor ALEJANDRO SANIN BOTERO,
identificado […], para el programa de Derecho, exigía cumplir con 200 créditos
terminados y aprobados para poder afirmarse que: “Terminó y aprobó las materias
que conforman el pensum académico en derecho”

Al revisar en nuestro sistema de información, para el año 2009, el señor ALEJANDRO
SANIN BOTERO, identificado […], no estaba matriculado en la Universidad de
Antioquia y no había terminado todas las materias que conformaban su pensum
académico. El señor ALEJANDRO SANIN BOTERO terminó las materias de su plan de
estudios en el semestre académico 2010-1.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

La entidad accionante afirmó que los actos administrativos demandados se
encuentran falsamente motivados, toda vez que el señor Alejandro Sanín Botero
logró su admisión, inclusión en el registro de elegibles y en el listado de
candidatos, así como el nombramiento en el cargo de profesional universitario,
grado 11, bajo la premisa equivocada de que, al momento en que se inscribió en
el referido certamen, cumplía los requisitos para desempeñar el empleo.

Es pertinente resaltar que la falsa motivación ha sido abordada desde el deber que
tienen los servidores públicos de indicar las razones que conducen a adoptar las

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Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

determinaciones a su cargo. Además, no basta con expresar los motivos, sino que
estos deben ser veraces. De esta manera se garantizan los principios de
transparencia, moralidad e imparcialidad en las actuaciones de la administración y
se les permite a los asociados conocer los fundamentos de hecho y de derecho de
las decisiones llamadas a tener efectos en el ordenamiento jurídico, con lo que se
facilita su control y se materializa el derecho al debido proceso.

Esta Subsección ha sostenido que el vicio de nulidad en comento se configura
«cuando se expresan los motivos de la decisión total o parcialmente, pero los
argumentos expuestos no están acordes con la realidad fáctica y probatoria, lo
que puede suceder en uno de dos eventos a saber: primero, cuando los motivos
determinantes de la decisión adoptada por la administración se basaron en hechos
que no se encontraban debidamente acreditados o, segundo, cuando habiéndose
probado unos hechos, estos no son tenidos en consideración aunque habrían
podido llevar a que se tomara una decisión sustancialmente distinta».10

Ahora bien, el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 establece las directrices que
rigen los concursos de méritos en la carrera judicial, de las cuales se destacan las
siguientes reglas básicas:

i) En los certámenes puede participar cualquier ciudadano colombiano que
reúna los requisitos del cargo por proveer.

ii) La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de selección.

iii) Las solicitudes de los aspirantes que no reúnan las calidades señaladas en
la convocatoria o que no acrediten el cumplimiento de todos los requisitos en
ella exigidos, se rechazarán mediante resolución motivada contra la cual no
proceden recursos.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado: 11001-03-25-

000-2019-00763 00 (5728-2019).

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Radicación: 11001-03-24-000-2018-00178-00 (5569-2018)
Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

De acuerdo con estos lineamientos, le asiste razón a la parte actora en el sentido
de indicar que el señor Alejandro Sanín Botero, para el momento en que se
inscribió a la convocatoria efectuada por el Acuerdo 440 de 2009, debía acreditar
que cumplía los requisitos para desempeñar el cargo al cual aspiró.

En lo que atañe al sub lite, la convocatoria especificaba que para desempeñar el
empleo de profesional universitario grado 11, era indispensable demostrar la
terminación y aprobación de las materias que conforman el pensum académico en
derecho, administración de empresas, administración pública, economía o
ingeniería industrial y 1 año de experiencia profesional relacionada.

Por ende, el accionado estaba obligado a suministrar la documentación que
otorgara suficiente certeza a la administración de que para el momento de la
inscripción el interesado cumplía con los presupuestos de formación académica y
experiencia antes señalados. Al respecto, esta corporación ha explicado lo
siguiente:11

En este sentido, se encuentra que los requisitos mínimos habilitantes eran de
obligatorio cumplimiento, motivo por el cual, según las reglas señaladas en la
convocatoria, los documentos que dieran cuenta de tales exigencias, debían
ser aportados al momento de la inscripción, pues se reitera, los lineamientos
previstos por la administración en dicha etapa, son la base del concurso y por tanto,
se deben seguir a cabalidad, con el fin de que se dé aplicación a los principios que
rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y se
respeten los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo
de quienes participaron en el concurso.
[…]

En consecuencia, las formalidades de la convocatoria en materia de concursos de
méritos tienen una finalidad en este caso, la cual es buscar una igualdad de
oportunidades para todos, esto es, un valor material […].

Conforme a ello se puede establecer que la convocatoria, como norma orientadora y
rectora del concurso de méritos, señala con claridad que la exigencia de requisitos
mínimos, es una condición obligatoria que debe satisfacerse para participar en
esta, y que dicha condición puede ser verificada y constatada en cualquier etapa del
proceso de selección, para en caso de no cumplirse, generar el retiro del aspirante.

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2021, radicado 52001-23-33-000-

2015-00393-01 (3210-17).
En similar sentido pueden consultase la sentencia del 14 de septiembre de 2015, radicado 05001-23-33-000-2015-
01371-01 (AC).

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Radicación: 11001-03-24-000-2018-00178-00 (5569-2018)
Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

[…]

Asimismo, se observa que si bien en un primer momento el participante fue admitido
y aprobó la prueba eliminatoria de aptitudes de competencias básicas, ello no obsta
para que, como lo autoriza el inciso final del artículo 29 del Acuerdo contentivo de la
Convocatoria 245 de 2012, se pueda verificar la información relacionada con la
acreditación de requisitos mínimos en cualquier etapa del concurso, bien para retirar
a quien no los satisfaga o corroborar aquel que los cumple.

De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo, en armonía con el artículo
164 de la Ley 270 de 1996, la convocatoria es norma reguladora de los concursos
que se surten para proveer los cargos de carrera judicial, de manera que obliga a
la administración y a los aspirantes.

En este caso el Acuerdo 440 de 2009, que convocó al concurso de méritos en el
cual participó el señor Alejandro Sanín Botero, fue claro en determinar lo siguiente:
i) los participantes, en el término de inscripción, debían allegar todos los
documentos tendientes a demostrar que reunían los requisitos previstos para el
cargo al cual aspiraban; ii) la admisión al certamen estaba condicionada a que
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia encontrara que la aludida
documentación se ajustaba a los términos de la convocatoria; y iii) la «ausencia de
requisitos para el cargo determinará el retiro inmediato del proceso de selección,
cualquiera que sea la etapa en que el aspirante se encuentre».

De esta manera, se concluye que los aspirantes a dicho proceso de selección
debían aportar al momento de la inscripción los documentos tendientes a
demostrar que reunían los requisitos para aspirar a los empleos allí ofertados.
Esta exigencia permite materializar el principio del mérito que orienta el acceso a
la función pública y también salvaguarda los derechos a la igualdad de
oportunidades, buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima de todos los
interesados.

En este orden de ideas, el señor Alejandro Sanín Botero debía allegar los
documentos demostrativos de que acreditaba los requisitos de estudio y

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Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
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experiencia establecidos en el acto de convocatoria para ocupar el cargo de
profesional universitario, grado 11, al cual se estaba postulando.

Ahora bien, con el formulario de inscripción, el accionado aportó una certificación
expedida por la Universidad de Antioquia en la que se indicaba que «estuvo
matriculado en el semestre académico 2008/1, en el programa DERECHO», que
para ese entonces tenía «aprobados *189* créditos, correspondientes al *10*
semestre del programa» y que el programa tenía «una duración de 10 semestres
académicos».

Una vez revisada la anterior certificación, se observa que no establece
expresamente que el actor hubiera terminado las materias y los créditos
correspondientes al programa de derecho.

En efecto, las certificaciones expedidas con posterioridad evidencian que dicho
programa de pregrado estaba compuesto por 200 créditos, mientras que el actor
tenía aprobados 189 para el momento en que se inscribió al certamen; además,
que no estaba matriculado en el año 2009, lo cual coincide con la información del
documento que aportó en la inscripción, pues allí se especificó que estuvo
matriculado en el primer semestre de 2008.

Es por ello que la Universidad de Antioquia expidió una última certificación en la
que de manera clara e inequívoca indicó que, para el año 2009, el señor Alejandro
Sanín Botero «no había terminado todas las materias que conformaban su
pensum académico» y que dicho egresado «terminó las materias de su plan de
estudios en el semestre académico 2010-1».

Es decir, que el participante cumplió los requisitos para aspirar al cargo de
profesional universitario, grado 11, en el año 2010, esto es, con posterioridad a las
fechas de inscripciones al concurso en comento, que iban del 14 al 18 de
septiembre de 2009.

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Radicación: 11001-03-24-000-2018-00178-00 (5569-2018)
Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Bajo este escenario, el demandado no cumplió con las reglas previstas en la
convocatoria al concurso de méritos, contenida en el Acuerdo 440 de 2009, motivo
por el que se concluye que su admisión e inclusión en el registro de elegibles y en
el listado de candidatos, así como el posterior nombramiento, quedaron viciados
de nulidad, en tanto la administración partió del supuesto equivocado de que el
interesado sí había terminado las materias del programa de derecho, conforme lo
exigía el referido acuerdo.

En este orden de ideas, se configuró la causal de anulación de falsa motivación
alegada por la parte actora y, por lo tanto, resulta procedente acceder a las
súplicas de la demanda, con la aclaración de que los actos se anularán
únicamente en lo que concierne al señor Alejandro Sanín Botero, pues solamente
respecto de él se predica la irregularidad antes descrita.

2.5. La condena en costas

En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.12

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y en el acervo probatorio, se
concluye que la entidad accionante logró desvirtuar la legalidad de los actos
enjuiciados en lo que atañe a la situación del señor Alejandro Sanín Botero.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

12 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

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Radicación: 11001-03-24-000-2018-00178-00 (5569-2018)
Demandante: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
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F A L L A:

Primero. Declarar la nulidad parcial de los artículos primero del Acuerdo CSJA-
SA-128 del 23 de junio de 2010; segundo del Acuerdo CSJAA15-777 del 24 de abril

de 2015; primero (numeral 6) del CSJAA15-1015 del 8 de septiembre de 2015;
primero, y tercero de la Resolución DESAJMR15-5414 del 26 de octubre de 2015. La
nulidad dispuesta en esta providencia se refiere exclusivamente a la situación del
señor Alejandro Sanín Botero, específicamente a su inclusión en el registro de
elegibles y en el listado de candidatos, así como el posterior nombramiento en el
cargo de profesional universitario, grado 11, Área Administrativa, adscrito a la
Dirección Seccional de Administración Judicial Antioquia – Chocó, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg

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