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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2018-00270-00

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2018-00270-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Negar la pretensión de nulidad de la Resolución 061 del 17 de abril de 2013 proferida por la Contraloría General de Risaralda; y de los acuerdos 456 del 2 de octubre de 2013; 495 del 25 de octubre de 2013; 522 de 29 de julio de 2014 y las Resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138 y 2139 del 28 de abril de 2015, proferidos por la CNSC, formulada en la demanda interpuesta por Nadia Gandur Gandur. Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai. Tercero. Reconocer personería a Diana Milena Rocha Suárez portadora de la tarjeta profesional de abogada 259570 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Contraloría General de Risaralda, en los términos y para los efectos del poder conferido. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-24-000-2018-00270-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad simple
Radicación: 11001 03 24 000 2018 00270 00 (0297-2022)
Demandante: Nidia Gandur Gandur
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil1 y Contraloría General de
Risaralda

Temas: Competencias de las asambleas para la creación de las plantas
de personal de las contralorías generales de los departamentos.
Competencias de los contralores para el ajuste o modificación de
los manuales de funciones y requisitos y de competencias
laborales.
Sentencia

Asunto

La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta por Nidia Gandur Gandur en contra
de la Resolución 061 del 17 de abril de 2013 proferida por la Contraloría General de
Risaralda; de los acuerdos 456 del 2 de octubre de 2013; 495 del 25 de octubre de
2013; 522 de 29 de julio de 2014; y de las resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136,
2137, 2138 y 2139 del 28 de abril de 2015, proferidos por la CNSC.

1. Antecedentes

1.1. Demanda

1.1.1. Las pretensiones2

1. Nidia Gandur Gandur presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de Resolución 061
del 17 de abril de 2013, proferida por la Contraloría General de Risaralda « por medio
de la cual se ajustan los manuales de funciones y requisitos y de competencias laborales para
los empleados de la planta de personal de la Contraloría General de Risaralda y se dictan
otras disposiciones».

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se declarara la nulidad de los
siguientes actos administrativos que fueron expedidos con base en la citada
Resolución 061 del 17 de abril de 2013: i) el Acuerdo 456 del 2 de octubre de 2013 a

1 En adelante CNSC.

2 Folio 5 en el cuaderno 1.

3 En lo que sigue CPACA.

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Demandante: Nidia Gandur Gandur

través del cual se creó la Convocatoria 279 de 2013 para la provisión de cargos de
carrera administrativa en la Contraloría General de Risaralda; ii) el Acuerdo 495 del 25
de octubre de 2025 en el que se modificó el Acuerdo 456; iii) el Acuerdo 522 del 29 de
julio de 2013 en el que se dejó parcialmente sin efectos la Convocatoria 279 de 2013;
y iv) las resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138 y 2139 del 28 de abril
de 2015 que conformaron las listas de elegibles de los cargos ofertados. Los anteriores
actos administrativos fueron dictados por la CNSC.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes4:

3.1. Por medio de la Ordenanza 31 del mes de noviembre de 2005 la Asamblea
Departamental de Risaralda previó la organización y funcionamiento de la Contraloría
General de esa entidad territorial. En ese mismo mes y año expidió la Ordenanza 32
en la que fijó la planta de personal de la Contraloría General de Risaralda en un total
de 41 empleos y dispuso que el contralor departamental modificaría, por medio de
resolución, el manual de requisitos y competencias laborales y el manual de funciones.

3.2. Los citados manuales fueron ajustados por medio de las resoluciones 214 y 215 de
2005, proferidas por el contralor general de Risaralda, en cumplimiento de la
autorización concedida.

3.3. El 3 de febrero y el 13 de abril de 2011, la Asamblea Departamental profirió las
ordenanzas 7 y 13 en las que creó 5 nuevos empleos para la Contraloría General de
Risaralda y fijó directamente las funciones y requisitos mínimos para su ejercicio.

3.4. El 17 de abril de 2013, el contralor general de Risaralda expidió la Resolución 061
a través de la cual ajustó los manuales de funciones y requisitos y competencias
laborales y modificó la planta global de la entidad en el sentido de suprimir y crear
cargos. A través del Oficio 40300 del 26 de agosto de esa anualidad la entidad reportó
a la CNSC los empleos vacantes.

3.5. El 2 de octubre de 2013, la CNSC emitió el Acuerdo 456 por medio del cual creó la
Convocatoria 279 de ese año y ofertó los empleos reportados por la Contraloría
General de Risaralda con las condiciones y requisitos dispuestos en la Resolución 061.
La convocatoria fue modificada por medio del Acuerdo 495 del 25 de octubre de 2013
y revocada parcialmente por conducto del Acuerdo 522 del 29 de julio de 2014.

3.6. Una vez surtidas todas las etapas del concurso de méritos, la CNSC profirió las
resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138 y 2139 del 28 de abril de 2015
en las que conformó las listas de elegibles de los cargos ofertados.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se citaron los artículos 1, 2, 4, 6, 25, 29, 228 y 300 de la Constitución
Política; 3, 8, 37, 55, 56, 57 65, y 91 de la Ley 1437 de 2011.

4 Folios 1 al 4 reverso, en el cuaderno 1.

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Demandante: Nidia Gandur Gandur

5. El concepto de violación de las normas invocadas se sustentó en los siguientes
argumentos5:

5.1. El contralor general de Risaralda extralimitó sus funciones al expedir la Resolución
061 del 17 de abril de 2013, pues en ella modificó los manuales de funciones y
requisitos y de competencias laborales para los empleos de la entidad, pues dicha
atribución era propia de la Asamblea Departamental en los términos del artículo 300
de la Constitución Política, tal como se hizo por medio de las ordenanzas 31 y 32 de
noviembre de 2005.

5.2. La expedición de la citada resolución se basó en las facultades otorgadas por medio
de las ordenanzas 31 y 32 de 2005, pero dicha autorización se entendió agotada luego
de la emisión de las resoluciones 214 y 215 de 2005, es decir que no puede entenderse
que la habilitación contenida en aquellas ordenanzas pueda ejercerse de manera
indeterminada.

5.3. El artículo 8 de la Resolución 061 de 2013 derogó expresamente todas las
disposiciones que fueren contrarias, lo que implicó que se dejara sin efectos lo
dispuesto no solo en las ordenanzas 31 y 32 de 2005 sino también es las ordenanzas
7 y 13 de 2011 en los que la Asamblea creó 4 nuevos cargos para la entidad de control
fiscal.

5.4. El Grupo de Control Fiscal estaba conformado por 2 abogados, 2 ingenieros y 1
contador público, pero a partir de la resolución demandada está compuesto por 1
abogado, 1 ingeniero y 2 contadores públicos. Para el empleo de profesional
universitario 219-10 se podían postular graduados de múltiples carreras afines, pero
desde la modificación introducida al manual de funciones y requisitos solo pueden
postularse abogados. Las mencionadas modificaciones están por fuera de la órbita de
competencia del contralor general, en tanto están constitucionalmente asignadas a la
Asamblea Departamental.

5.5. La expedición del acto cuestionado incumplió el principio de publicidad pues la
publicación en la página web de la entidad se realizó solo hasta el 31 de julio de 2014,
es decir, más de 1 año después de su expedición y con posterioridad al reporte de
empleos vacantes efectuado a la CNSC y a la emisión de los acuerdos por medio de
los cuales se realizó la Convocatoria 279 de 2013.

5.6. Por su parte, los acuerdos 456 del 2 de octubre de 2013, 495 del 25 de octubre de
2013; y 522 del 29 de julio de 2014 proferidos por la CNSC, adolecen de nulidad por
haber sido proferidos con fundamento en la Resolución 061 de 2013, pues los empleos
y requisitos allí fijados no corresponden a los establecidos por la Asamblea
Departamental de Risaralda, sino a las modificaciones irregularmente efectuadas por
el contralor general del departamento.

5.7. En esa línea las resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138 y 2139 del
28 de abril de 2015 a través de las cuales se fijaron las listas de elegibles también son
nulas por ser el resultado de un concurso público de méritos que se convocó con base
en disposiciones que no deben hacer parte del ordenamiento jurídico.

5 Folios 2 al 9, en el cuaderno 1.

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Demandante: Nidia Gandur Gandur

5.8. La Oficina de Control Interno de la Contraloría General de Risaralda rindió un
informe de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad en el mes de marzo de 2015
en el que concluyó que se «[presumía] la ilegalidad de la Resolución 061 de 2013» pues
para su expedición el contralor se abrogó una facultad que es propia de la Asamblea
del departamento.

1.2. Contestación de la demanda

6. La CNSC solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda por las siguientes
razones6:

6.1. Las resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138 y 2139 del 28 de abril
de 2015 son actos administrativos de carácter particular y concreto que no pueden ser
cuestionados a través del medio de control de nulidad, mientras que los acuerdos 456
del 2 de octubre de 2013, 495 del 25 de octubre de 2013 y 522 del 29 de julio de 2014
son actos de trámite que no están sujetos a control judicial. Finalmente, propuso las
siguientes excepciones de mérito:

6.1.1. «Legalidad de los actos administrativos demandados» por no haberse desvirtuado
la presunción de legalidad de que trata el artículo 88 del CPACA. La parte demandante
tiene un claro propósito personal porque no pretende un simple control de legalidad
sobre los actos acusados, sino que es claro que tiene un interés particular razón por
la que no debió adelantarse un proceso de nulidad, sino de nulidad y restablecimiento
del derecho.

6.1.2. El único argumento expuesto por la demandante en relación con la supuesta
nulidad de los actos proferidos por la CNSC obedece a que se profirieron con base en
la Resolución 061 de 2013, pero no se expuso el incumplimiento de los presupuestos
normativos en relación con los actos emitidos por la entidad.

6.1.3. «Avocación de la competencia y ausencia de revocatoria de delegación», en atención
a que el ejercicio de las competencias del contralor general de Risaralda no puede
interpretarse como una extralimitación y mucho menos como una intervención en las
funciones propias de la Asamblea Departamental toda vez que la delegación de
funciones no fue expresamente revocada. En tal sentido, el mencionado servidor
retomó transitoriamente la autorización concedida por la asamblea en el año 2005 para
«[integrar] nuevos empleos con funciones específicas en la planta de personal» y ajustar el
manual de funciones de la entidad.

6.2. Propuso las excepciones de caducidad, habérsele dado a la demanda un trámite
de un proceso diferente al que corresponde, falta de legitimación en la causa por
pasiva, no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios e inepta
demanda.

7. LaContraloría General de Risaralda también se opuso a la prosperidad del
presente medio de control de acuerdo con lo siguiente7:

6 Folios 200 al 222, en el cuaderno 2.

7 Folios 236 al 256 reverso.

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7.1. La planta global de la Contraloría General de Risaralda no está definida por la
Ordenanza 13 de 2011, pues en ese acto se adoptaron las condiciones especiales
para el pago de impuestos de conformidad con lo previsto en la Ley 1430 de 2010.
Tampoco es cierto que la Resolución 061 de 2013 haya modificado los empleos de la
entidad.

7.2. La Resolución 214 de 2005, por medio de la cual se ajustó el manual de requisitos
y competencias laborales, no se expidió por la facultad otorgada por la Asamblea
Departamental a través de la Ordenanza 32 de 2005, sino en ejercicio de la potestad
dispuesta en el artículo 267 de la Constitución Política y en los términos del artículo 15
de la Ley 909 de 2004. En tal sentido, la expedición de la Resolución 061 de 2013
también fue proferida en pleno ejercicio de las citadas facultades y no por la
autorización del cuerpo colegiado como afirma la parte demandante.

7.3. Laacusada resolución fue expedida como consecuencia de un proceso
administrativo que tuvo como propósito aclarar a la CNSC los empleos vacantes que
podían ofrecerse para el concurso público de méritos. Lo anterior obedece a la
autonomía administrativa y financiera de la que gozan las contralorías territoriales para
modificar los manuales para determinar los requisitos específicos y funciones de los
empleos necesarios para su correcto funcionamiento.

7.4. De conformidad con el artículo 300 de la Constitución Política, las asambleas
departamentales pueden facultar a los gobernadores para que ejerzan funciones que
le son propias, pero no es correcto afirmar que dicha delegación puede recaer sobre
el contralor o sobre cualquier otro servidor.

7.5. De acuerdo con la sentencia C-447 de 1996, los manuales específicos de funciones
deben ser elaborados por el jefe del organismo y la limitación en su elaboración
corresponde a que no pueden contrariar normas superiores.

7.6. No es cierto que a través de la Resolución 061 de 2013 se hayan creado o
suprimido cargos de la Contraloría General de Risaralda pues actualmente
permanecen los 46 cargos que fueron creados por la Asamblea Departamental a
través de las ordenanzas 32 de noviembre de 2005, 7 de febrero de 2011 y 13 de abril
de ese año. La referida resolución fue debidamente publicada en la página web de la
entidad, en cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1712 de 2014.

7.7. Por último, propuso las excepciones de «prueba ineficaz, improcedente e
inconducente», «presentación de prueba conseguida ilegalmente con violación a la ley» y
«fuerza ejecutoria del acto administrativo».

1.3. Medida cautelar

8. A través de auto del 6 de octubre de 2015 se negó el decreto de la medida cautelar
de suspensión provisional de las resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137,
2138 y 2139 del 28 de abril de 2015, proferidos por la CNSC. La providencia indicó lo
siguiente8:

8 Folios 110 al 113 del cuaderno de la solicitud de suspensión provisional.

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8.1. Del simple contraste entre los actos administrativos cuya suspensión se solicitó y
el sustento normativo invocado no se logró establecer el evidente desconocimiento del
ordenamiento jurídico por parte de la CNSC, que actuó de conformidad con la
información suministrada por la Contraloría General de Risaralda.

8.2. Establecer lo anterior requiere un cuidadoso estudio sobre el material probatorio,
de modo que pueda definirse si los actos administrativos citados fueron proferidos en
derecho. En el sustento de la solicitud de suspensión provisional no se acreditó que la
decisión de no conceder la medida cautelar causara un perjuicio que tornara en
nugatorio el sentido de la decisión de presente asunto; así, la simple manifestación de
urgencia resulta insuficiente para acceder a lo pedido por la parte demandante.

1.4. Decisión sobre excepciones previas

9. En el auto del 1 de marzo de 2024 se resolvieron las excepciones previas y se
declararon no probadas las de caducidad, habérsele dado a la demanda un trámite de
un proceso diferente al que corresponde, falta de legitimación en la causa por pasiva,
no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios e inepta demanda
propuestas por la CNSC.

10. Del mismo modo declararon no probadas las de «prueba ineficaz, improcedente e
inconducente», «presentación de prueba conseguida ilegalmente con violación a la ley» y la
de «fuerza ejecutoria del acto administrativo» propuestas por la Contraloría General de
Risaralda y las de «legalidad de la generalidad de actos administrativos demandados» y
«avocación de la competencia y ausencia de revocatoria de delegación» presentadas por
las CNSC, por no ser medios exceptivos previos, sino argumentos de defensa
relacionados con el fondo del asunto9.

1.5. Trámite de sentencia anticipada

11. Con auto del 22 de mayo de 2024 se impartió el trámite de sentencia anticipada10.
Con esa finalidad, se admitieron todas las pruebas documentales aportadas por las
partes, se negaron las solicitudes probatorias presentadas por la demandante y la
Contraloría General de Risaralda por ser innecesarias y se ordenó oficiar a la citada
entidad para que suministrara el certificado de publicación de la Resolución 061 de
2013, requerimiento que fue satisfecho según memorial visible en el índice 87 de
Samai.

12. Posteriormente se fijó el litigio y se establecieron los siguientes problemas jurídicos:

«¿La Resolución 061 del 17 de abril de 2013, proferida por la Contraloría General de
Risaralda fue expedida sin competencia y vulneró el principio de publicidad en razón a
la fecha en que fue publicado este acto administrativo?

¿Los actos administrativos demandados desconocieron las normas en que debían
fundarse, en especial los artículos 1, 2, 4, 6, 25, 29, 122, 228 у 300 de la Constitución
Política; y 8, 9, 65 y 91 del CPACA, así como los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, responsabilidad, transparencia,

9 Documento 114 en el índice 51 de Samai.

10 Documento 126 en el índice 70.

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publicidad, eficacia, autonomía de las entidades territoriales y de sujeción de las
autoridades públicas a los mandatos constitucionales?»

13. Por último, ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de
conclusión.

1.6. Alegatos de conclusión

14. Solo la CNSC se alegó de conclusión. Los argumentos son del siguiente orden11:

14.1. LaCNSC cumplió con el deber de comunicarle a la Contraloría General de
Risaralda la obligación de remitir el manual de funciones vigente para iniciar con el
proceso de planeación del proceso de selección. En ese sentido, lo ofertado en la
Convocatoria 279 de 2013 guarda estricta correspondencia con aquellos enlistados en
la Oferta Pública de Empleos de Carrera certificados por la entidad beneficiaria.

14.2. La CNSC no tiene ningún tipo de responsabilidad en el proceso de creación,
expedición, ejecución y actualización del manual de funciones de las entidades
públicas y la parte demandante no expuso cuáles son las garantías presuntamente
desconocidas por la Comisión, lo que implica el incumplimiento del deber de «presentar
una acusación clara, cierta, pertinente y conducente» que permita realizar el estudio de
legalidad pretendido.

14.3. Los actos demandados fueron proferidos en cumplimiento de los artículos 130 de
la Constitución Política; 11, 12 y 30 de la Ley 909 de 2004; y 2.2.6.1. y 2.2.6.3. del
Decreto 1083 de 2015. De acuerdo con lo anterior, los cargos propuestos no deben
prosperar.

1.7. El ministerio público

15. Elagente delegado del ministerio público ante el Consejo de Estado rindió
concepto en el que solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución 061 de 2013
por las siguientes razones12:

15.1. La planta de personal de la Contraloría General de Risaralda fue creada y
modificada por la Asamblea Departamental, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3 de la Ley 330 de 1966, que dispone que la estructura, planta de personal,
funciones por dependencias y escalas de remuneración de las contralorías deben ser
establecidas por las respectivas asambleas.

15.2. Si bien es cierto que el cuerpo de diputados puede autorizar a los contralores
generales de los departamentos para que ejerzan pro tempore algunas funciones
precisas relacionadas con la estructura de la administración departamental, dicho aval
debe consignarse de manera expresa a través de una ordenanza, lo cual no ocurrió
en esta oportunidad. En tal sentido, las citadas autorizaciones no pueden ejercerse de
manera indefinida, al paso que la otorgada en la Ordenanza 032 de 2005 se entiende
ejercida con la expedición de las resoluciones 214 y 215 de ese año.

11 Documento 132 en el índice 82 de Samai.

12 Documento 134 en el índice 83 de Samai.

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15.3. Con la Resolución 061 de 2013 el contralor general de Risaralda se atribuyó una
facultad constitucional y legal propia de la asamblea, que no le fue expresamente
autorizada lo que implica que el acto acusado fue expedido sin competencia.

15.4. Ahora, en cuanto a la supuesta falta de publicidad del acto cuestionado, dicha
exigencia se entiende satisfecha con la divulgación efectuada por la CNSC en su
página web con ocasión del concurso de méritos de la Convocatoria 279 de 2013. En
esa línea, la falta de publicidad del acto administrativo de carácter general está
relacionada con la oponibilidad, pero no con su eficacia como lo pretende hacer ver a
parte demandante13.

15.5. En conclusión, la Resolución 061 de 2013 debe ser declarada nula por haber sido
expedida sin competencia, pero no por la falta de publicación, pues ello no es un cargo
de nulidad.

1.8. Saneamiento del proceso

16. Por auto del 22 de mayo de 2024, se efectuó el control de legalidad y no se advirtió
la necesidad de adoptar medidas de saneamiento. Contra esa decisión no se
presentaron recursos.

17. Con posterioridad la Contraloría General de Risaralda allegó la prueba por la que
se le ofició, de la cual se le corrió traslado a las partes sin que se pronunciaran sobre
el particular. El proceso ingresó al despacho el 30 de octubre de 202414.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

18. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde a
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única
instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos administrativos
expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el criterio de
especialidad, los artículos 1315, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de
diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 16 señalan que la
Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.

2.2. Problemas jurídicos

19. En atención a los argumentos expuestos por los sujetos procesales, los problemas
jurídicos se contraen a resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Si la Resolución 061 del 17 de abril de 2013, proferida por la Contraloría
General de Risaralda fue expedida sin competencia y vulneró el principio de

13 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de mayo de 2014, radicado 11001-03-28-000-

2011-00059-00 y sentencia C-957 de 1999.
14 Índice 96de Samai.

15 Reglamento interno del Consejo de Estado.

16 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le

adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».

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publicidad por haber sido publicada en la página web de la entidad más de un
año después de su expedición y con posterioridad al reporte de la oferta pública
de empleos de carrera del 26 de agosto de 2013?

20. En caso de que la anterior cuestión sea resuelta de manera afirmativa, se
establecerá:

• ¿Si los actos administrativos demandados desconocieron las normas en que
debían fundarse, en especial los artículos 1, 2, 4, 6, 25, 29, 122, 228 у 300 de
la Constitución Política; y 8, 9, 65 y 91 del CPACA, así como los principios del
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, responsabilidad,
transparencia, publicidad, eficacia, autonomía de las entidades territoriales y de
sujeción de las autoridades públicas a los mandatos constitucionales?

21. Para resolver los anteriores cuestionamientos se abordarán los siguientes aspectos:
i) la planta de personal de las contralorías territoriales y el manual de funciones y
compentencias laborales de las entidades públicas; ii) la Comisión Nacional del
Servicio Civil y las unidades de personal; y iii) la Oferta Pública de Empleos de Carrera.
Con fundamento en lo anterior, se resolverá sobre la legalidad de los actos acusados
de conformidad con los argumentos expuestos por los sujetos procesales.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La planta de personal de las contralorías territoriales y el manual de
funciones y competencias laborales de las entidades públicas

22. Toda entidad pública tiene dispuesto un número determinado de empleos para el
desarrollo de las funciones que le han sido asignadas por el ordenamiento jurídico con
el propósito de materializar los fines del Estado. Este concepto responde a lo que en
materia de función pública se conoce como planta de personal. Su creación y
regulación está determinado por las necesidades del servicio y su definición clara
permite un diseño de la estructura organizacional a nivel global lo que, a su vez,
concretar su cantidad, naturaleza y el contenido funcional de los requeridos por medio
de su respectiva clasificación.

23. De acuerdo con el inciso 4 del artículo 272 de la Constitución Política la organización
de las contralorías departamentales y municipales es una atribución otorgada a las
respectivas asambleas y concejos. En esa línea, de acuerdo con el artículo 300, ordinal
7, ibidem, las asambleas departamentales tienen la potestad de establecer al
estructura de la administración, sus funciones y las escalas de remuneración.

24. La anterior previsión constitucional fue reproducida en el inciso segundo del artículo
65 de la Ley 42 de 1993 sobre la organización del sistema de control fiscal y financiero.
A pesar de que dicha previsión normativa fue derogada de manera expresa por medio
del Decreto Ley 403 de 2020, permanecía vigente para el momento de expedición de
los actos administrativos acusados en esta oportundiad.

25. A su turno, el artículo 3 de la Ley 330 de 1996 indica que la estructura y planta de
personal de las contralorías departamentales debe ser fijada por las respectivas
asambleas. En dicha facultad se dispuso también la fijación de la « planta de personal,

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funciones por dependencias y escalas de remuneración» de conformidad con las distintas
categorías de los empleos.

26. Seguidamente, en el ordinal 10 del artículo 9 de la citada norma se estableció como
una atribución de los contralores departamentales, entre otras, la de «proveer mediante
concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la Asamblea
Departamental».

27. De acuerdo con lo indicado, la creación de los cargos y la fijación de la planta global
de las contralorías departamentales es una facultad asignada constitucional y
legalmente al cuerpo de diputados del respectivo departamento, quienes deberán
establecer no solo el número de servidores, sino su distribución de acuerdo con las
dependencias y la escala de remuneración respectiva.

28. Ahora bien, en cuanto al fundamento constitucional y legal de los manuales de
funciones, los artículos 122, inciso 1, y 125, inciso 3, de la Constitución Política y 19
de la Ley 909 de 2004 permiten establecer la importancia y tracendencia del
instrumento jurídico en cuestión que además de estar relacionado con el cumplimiento
de los fines estatales tiene la virtualidad de afectar las situaciones particulares y
concretas de quienes son designados para el desarrollo de las funciones públicas.

29. De ahí que el manual de funciones y competencias laborales sea una herramienta
de gestión que establece las responsabilidades, labores y facultades propias de cada
cargo que integra la planta de personal que ya ha sido previamente definida por la
asamblea. Igualmente contiene las exigencias de conocimientos, experiencia y otros
aspectos que permitan acreditar las aptitudes y condiciones requeridas para
desempeñar las labores encomendadas.

30. Por su parte, el artículo 20 de la Ley 909 de 2004 se refiere a los «cuadros funcionales
de empleos» como un ejercicio de agrupación de cargos que tengan semejanzas en
cuanto a la naturaleza general de sus funciones, responsabilidades, requerimientos de
conocimientos y competencias. Esta medida persigue la optimización de la gestión del
recurso humano; la posibilidad de llevar a cabo el acceso, el ascenso, la retribución y
la capacitación, así como de cubrir plazas de uno o varios organismos, en función de
los requisitos que se exijan.

31. Ahora, el Decreto Unico Reglamentario 1083 del 26 de mayo de 2015 compilatorio
de las normas del sector de la función pública, aplicable a las entidades de la Rama
Ejecutiva17, en el artículo 2.2.2.6.1. prevé lo siguiente:

«ARTÍCULO 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el
presente Título expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales
describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y
determinando los requisitos exigidos para su ejercicio.

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se
efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en el presente Título.

17 Artículo 2.1.1.2 del Decreto 1083 de 2015.

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Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o
entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del
manual de funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las
disposiciones aquí previstas» (sic) [Se resalta].

32. Asimismo, el parágrafo 2 de la norma en mención dispone que el Departamento
Administrativo de la Función Pública brindará la asesoría técnica necesaria, además
de señalar las pautas e instrucciones para la adopción, adición, modificación o
actualización de los manuales específicos.

33. Por su parte, el artículo 2.2.2.6.2. ibidem precisa el contenido mínimo del manual
específico de funciones y competencias laborales, al indicar que debe incluir:

1. La identificación y ubicación del empleo.

2. El contenido funcional, dentro del cual debe señalarse el propósito y la
descripción de funciones esenciales del empleo.

3. Los conocimientos básicos o esenciales.

4. Los requisitos de formación académica y de experiencia.

34. En virtud de lo explicado, es claro que lo atinente a la conformación y descripción
de la planta de personal de las contralorías departamentales es un ejercicio de
colaboración interadministartivo en el que la creación y fijación de empleos esta a
cargo de la asamblea departamental, mientras que la elaboración de los manuales de
funciones que describen las caracteristicas aptitudinales, su ejercicio y acceso es una
facultad dada a la entidad misma que deberá ejecerlas con estricto apego a los
principios de la función pública.

2.3.2. La Comisión Nacional del Servicio Civil y las unidades de personal

35. Para cumplir con sus fines esenciales18, el Estado desarrolla sus funciones a través
de sus diferentes órganos. Si bien cada uno de aquellos tiene labores específicas, lo
cierto es que deben colaborar de forma coordinada y armónica en el ejercicio de las
labores que les asignan la ley y los reglamentos19. En atención a la trascendencia de
las funciones públicas, como regla general, la Carta Política ordena que el personal
que las desarrolla esté vinculado a través del sistema de carrera administrativa20.

36. Lo anterior supone el cumplimiento de requisitos y condiciones previamente
delimitadas, con el propósito de determinar el mérito y las calidades de cada aspirante.

18 El artículo 2 de la Constitución Política prevé: «Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en
la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.»
19 Artículo 113 de la Constitución Política: «[…] Los diferentes órganos del Estado tienen funciones

separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.»
20 Artículo 125 de la Constitución Política: «Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de

carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. […]»

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Con estas medidas se busca garantizar que la actividad estatal se desenvuelva bajo
los principios de moralidad administrativa, imparcialidad política de los funcionarios,
igualdad de oportunidades para quienes aspiren a ocupar empleos públicos y la
estabilidad en ellos21. La finalidad de la selección de acuerdo con el principio del mérito
fue reconocida por la jurisprudencia constitucional, en los siguientes términos:

«[B]usca que la administración pública cuente con servidores de las más altas calidades
para enfrentar con éxito las responsabilidades que la Constitución y las leyes han confiado
a las entidades del Estado22, responsabilidades que exigen, para su adecuado
cumplimiento, “la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública que
posibiliten la realización de los fines y objetivos estatales más próximos, como lo son el
servicio a la comunidad, la satisfacción del interés general y la efectividad de los principios,
derechos y deberes que la propia constitución reconoce a todos y cada uno de los
habitantes del territorio nacional” 23»24.(sic)

37. Con esa orientación, el artículo 130 de la Constitución Política creó una entidad
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos,
con excepción de las de carácter especial. Se trata de la CNSC cuya naturaleza se
encuentra descrita en el artículo 7 de la Ley 909 de 200425 en los siguientes términos:

«Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional del
Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la
administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, es un
órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los
términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel nacional,
independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio.

Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público
de carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo
con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. […]». (sic)

38. Lasfunciones concretas de la CNSC para la administración de la carrera
administrativa están descritas en el artículo 11 de la Ley 909 en mención, así:

«a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales con que
se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera
administrativa de las entidades a las cuales se aplica la presente ley;

b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de conformidad
con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para contratar los concursos, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de la presente ley;

c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de
carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el
reglamento;

d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre
evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;

e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el Banco de
Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan sido suprimidos y que

21 Sentencia C-1230 de 2005.

22 En la providencia se citó: «Sentencias C-479/92, C-195 de 1994 y C-1079 de 2002»

23 En la sentencia se citó: «Sentencia C-1079 de 2002»

24 Sentencia C-1320 de 2005

25 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y se dictan otras disposiciones»

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hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de Datos de empleados de carrera
desplazados por razones de violencia;

f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores, las listas
de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera administrativa que se
encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la información que repose en los
Bancos de Datos a que se refiere el literal anterior;

g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos en carrera
administrativa y expedir las certificaciones correspondientes;

h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que regulan la
carrera administrativa;

i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las
universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para
tal fin;

j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la gestión del
empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las carreras y la evaluación
del desempeño;

k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera administrativa». (sic)

39. De otra parte, las labores propias de la atribución de vigilancia de aplicación de las
normas sobre carrera administrativa que debe atender la CNSC son las siguientes:

«a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en cualquier
momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de verificación y control de la
gestión de los procesos con el fin de observar su adecuación o no al principio de mérito; y,
dado el caso, suspender cautelarmente el respectivo proceso, mediante resolución
motivada;

b) Dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selección cuando se compruebe la
ocurrencia de irregularidades, siempre y cuando no se hayan producido actos
administrativos de contenido particular y concreto relacionados con los derechos de carrera,
salvo que la irregularidad sea atribuible al seleccionado dentro del proceso de selección
impugnado;

c) Recibir las quejas, reclamos y peticiones escritas, presentadas a través de los medios
autorizados por la ley y, en virtud de ellas u oficiosamente, realizar las investigaciones por
violación de las normas de carrera que estime necesarias y resolverlas observando los
principios de celeridad, eficacia, economía e imparcialidad. Toda resolución de la Comisión
será motivada y contra las mismas procederá el recurso de reposición26;

d) Resolver en segunda instancia las reclamaciones que sean sometidas a su conocimiento
en asuntos de su competencia;

e) Conocer de las reclamaciones sobre inscripciones en el Registro de Empleados Públicos,
de los empleados de carrera administrativa a quienes se les aplica la presente ley;

f) Velar por la aplicación correcta de los procedimientos de evaluación del desempeño de
los empleados de carrera;

g) Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos constitutivos de
violación de las normas de carrera, para efectos de establecer las responsabilidades
disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar;

26 Literal declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1265 de 2005,
únicamente por los cargos formulados.

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h) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta aplicación de los
principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la carrera de los
empleados públicos, de acuerdo a lo previsto en la presente ley;

i) Presentar un informe ante el Congreso de la República dentro de los diez (10) primeros
días de cada legislatura, o cuando este lo solicite, sobre sus actividades y el estado del
empleo público, en relación con la aplicación efectiva del principio de mérito en los distintos
niveles de la Administración Pública bajo su competencia.

Parágrafo 1º. Para el correcto ejercicio de sus competencias en esta materia, la Comisión
Nacional del Servicio Civil estará en contacto periódico con las unidades de personal de las
diferentes entidades públicas que ejercerán sus funciones de acuerdo con lo previsto en la
presente ley.

Parágrafo 2º. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá imponer a los servidores
públicos de las entidades nacionales y territoriales sanciones de multa, previo el debido
proceso, cuando se compruebe la violación a las normas de carrera administrativa o la
inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por ella. La multa deberá observar
el principio de gradualidad conforme el reglamento que expida la Comisión Nacional del
Servicio Civil, cuyos mínimos serán cinco (5) salarios mínimos legales vigentes y máximos
veinticinco (25) salarios mínimos legales vigentes»27. (sic)

40. El artículo 15 de la Ley 909 de 2004 establece que las unidades de personal de las
entidades son la unidad básica de la gestión de recursos humanos en la administración
pública, para lo cual tienen las siguientes funciones específícas:

«a) Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos;

b) Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de
la Función Pública, información que será utilizada para la planeación del recurso
humano y la formulación de políticas;

c) Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de funciones y
requisitos, de conformidad con las normas vigentes, para lo cual podrán contar con la
asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública, universidades públicas o
privadas, o de firmas especializadas o profesionales en administración pública;

d) Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso de
selección por méritos;

e) Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo
previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y capacitación;

f) Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de su entidad,
que permita la formulación de programas internos y la toma de decisiones. Esta información
será administrada de acuerdo con las orientaciones y requerimientos del Departamento
Administrativo de la Función Pública;

g) Implantar el sistema de evaluación del desempeño al interior de cada entidad, de acuerdo
con las normas vigentes y los procedimientos establecidos por la Comisión Nacional del
Servicio Civil;

h) Todas las demás que le sean atribuidas por la ley, el reglamento o el manual de
funciones.» (sic) [se resalta].

41. En línea con lo anterior, el artículo 17 de la misma ley establece como uno de los
instrumentos de ordenación del empleo público los planes de previsión de recursos

27 Artículo 12 de la Ley 909 de 2004.

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humanos, elaborados y actualizados anualmente por las unidades de personal. Dicho
instrumento debe contener:

«a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles
profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de atender
a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias;

b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de
personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso,
capacitación y formación;

c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el
aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado» (sic).

42. Esa norma señala que todas las entidades deben mantener actualizadas las plantas
de personal que requieren para cumplir de forma eficiente sus funciones de acuerdo
con las medidas de racionalización del gasto. Esta labor implica, al mismo tiempo,
observar el concepto de «empleo público» así como los aspectos que se deben tener
en cuenta para su diseño, materias que están desarrolladas en el artículo 19 de la Ley
909 de 2004.

43. En efecto, el empleo público se traduce en el «conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas
a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines
del Estado». De ahí que en su diseño, se deban tener en cuenta la descripción de las
funciones que tendrá a su cargo, así como el perfil de competencias requeridas para
su desempeño.

44. Ahora, el plan anual de previsión de recursos humanos, elaborado y actualizado por
las unidades de personal se constituye a su vez en un insumo para que el
Departamento Administrativo de la Función Pública elabore el plan anual de vacantes
y lo traslade a la CNSC, según lo dispuesto en el artículo 14, literal d) de la Ley 909 de
2004. Sobre esta obligación la Sección Segunda concluyó:

«Así pues, en criterio de esta Sala, las entidades cuyos sistemas de carrera sean
administrados por la CNSC, están en la obligación de reportar a esta y al DAFP de manera
anual, la totalidad de los cargos de carrera administrativa que requieran ser provistos
mediante concurso público de méritos, así como a priorizar el gasto para adelantar el
respectivo proceso de selección»28.

2.3.3. El principio de colaboración para la expedición del acto de convocatoria a
concurso de méritos

45. Como antes se mencionó, la CNSC es la entidad encargada de la elaboración de
las convocatorias a concurso para el acceso al desempeño de empleos públicos. Esta
compentencia se reitera en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, con la precisión de
los costos que genere el proceso de selección que estarán a cargo de la entidad para
la cual se adelante. Esta labor se desarrolla a través de contratos o convenios
interadministativos suscritos con universidades o instituciones de educación superior
acreditadas para ello.

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 7 de marzo de 2019, radicado: 11001-03-25-000-

2017-00326-00 (1563-2017), demandante: Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo (CNIT).

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46. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, para que una persona
logre su inscripción en el escalafón de carrera administrativa, deberá superar las
etapas del concurso de méritos, estas son: convocatoria, reclutamiento, práctica de
pruebas, elaboración de lista de elegibles y nombramiento en período de prueba.

47. En lo relevante al particular, es importante precisar que el numeral 1 del citado
artículo 31 de la Ley 909 dispone: «[l]a convocatoria, que deberá ser suscrita por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora
de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la
realización del concurso y a los participantes». La expresión destacada ha sido objeto de
estudio por esta coporación y por la Corte Constitucional.

48. En relación con la suscripción de la convocatoria a concurso por parte del jefe de la
entidad como requisito de la validez del acto, la sentencia del 31 de enero de 201929
de la Sección Segunda consideró que la «ausencia formal de este requisito» podía
subsanarse. En este sentido, era necesario que con otros medios probatorios pudiera
verificarse la participación de la entidad beneficiaria del proceso de selección de
personal en el «iter administrativo que culminó con la convocatoria pública».

49. Sobre el punto, el fallo destacó que, aunque la CNSC es la encargada de
adminsitrar los concursos públicos de méritos, el órgano beneficiario del proceso debe
participar activamente en el proceso de planeación y preparación del instrumento
jurídico. Esta intervención se considera cumplida cuando el último firma el documento
o realiza actuaciones que demuestran su colaboración activa y coordinada en su
emisión30.

50. Esta posición se reiteró en el auto del 7 de marzo de 201931. En esta providencia
esta Sección hizo un recuento de las tesis que hasta ese momento se habían expuesto
sobre la interpretación del artículo 31.1 de la Ley 909 y destacó la validez del criterio
adoptado en la sentencia del 31 de enero de ese año.

51. En esta línea, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la
expresión «el Jefe de la entidad u organismo» en la sentencia sentencia C-183 del 8 de
mayo de 2019, en los siguientes términos:

«Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “el jefe de la entidad u
organismo”, contenida en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, bajo el
entendido de que, (i) el jefe de la entidad u organismo puede suscribir el acto de
convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica, y (ii) en todo caso
la Comisión Nacional de Servicio Civil no puede disponer la realización de un concurso sin
que previamente se hayan cumplido en la entidad destinataria los presupuestos de
planeación y presupuestales previstos en la ley, en los términos del fundamento jurídico
4.6.2. de esta sentencia». (sic)

52. Precisamente, el fundamento jurídico 4.6.2. de la providencia en mención consideró
que pese a que la CNSC era la única competente para fijar la norma reguladora del

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de enero de 2019, radicación: 11001-03-25-

000-2016-01017-00, demandante: Ginna Johanna Riaño García.
30 Cfr. Ibidem.

31 Op. Cit. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 7 de marzo de 2019, radicado: 11001-03-25-

000-2017-00326-00 (1563-2017), demandante: Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo (CNIT).

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concurso, algunos elementos necesarios para la expedición del acto de convocatoria
correspondían a otras entidades. Entre ellos, la elaboración del plan anual de empleos
vacantes era responsabilidad del Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP) y las Unidades de Personal de las Entidades (UPE), mientras que la
financiación de los costos del concurso correspondía a cada entidad u organismo.

53. Las UPE tenían responsabilidades como determinar los perfiles de los cargos,
elaborar los planes de vacantes y los manuales de funciones, y estimar los costos de
cubrir dichos cargos. Por su parte, el DAFP se encargaba de la política, planeación y
coordinación del recurso humano, y de apoyar a la CNSC cuando fuera necesario.

54. Igualmente, la Corte destacó que la financiación adecuada era un requisito
indispensable para la realización del concurso, y la falta de disponibilidad presupuestal
podría hacer inviable el concurso. Sin embargo, el jefe de la entidad u organismo no
tenía competencia sobre el contenido de la convocatoria, aunque sí debía garantizar
la financiación del concurso.

55. En suma, la convocatoria era competencia exclusiva de la CNSC y la colaboración
armónica entre las diferentes entidades es esencial para el cumplimiento de los fines
del Estado. En este sentido, la sentencia C-645 de 2017 indicó que la competencia del
jefe de la entidad (en ese caso el INPEC) para hacer la convocatoria era exequible,
bajo el entendido de que concurría «como participante para planear y presupuestar la
convocatoria, pero la competencia relacionada con asegurar la implementación y velar por el
adecuado funcionamiento de la realización del concurso, así como su administración y
vigilancia recae exclusivamente sobre la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC».

56. Finalmente, la sentencia C-183 de 2019 concluyó que la firma de la convocatoria
por parte del jefe de la entidad u organismo no afectaba su validez, puesto que la
competencia para elaborar y administrar la convocatoria recaía exclusivamente en la
CNSC.

57. De acuerdo con lo anterior, la convocatoria al concurso de méritos supone el
ejercicio de funciones separadas e independientes de la CNSC y de las entidades
beneficiarias de aquel. Sin embargo, aquellas deben coordinarse de forma armónica
con el fin de desarrollar la actuación administrativa que permita la selección del
personal más idóneo para el desarrollo de las funciones públicas.

2.3.4. La Oferta Pública de Empleos de Carrera

58. La oferta pública de empleos de carrera32 es el acto por medio del cual la
administración le comunica al ente responsable de la elaboración del concurso de
méritos los cargos que se encuentran vacantes definitivamente, con la finalidad de que
sean provistos a través del respectivo proceso de selección. Este instrumento se
instituye en parámetro para la elaboración de las pruebas e instrumentos del proceso
de selección. A su vez deben ser proporcionales a las condiciones que se exigen para
el desempeño de cada cargo, tal y como lo prevé el artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083
de 2015:

32 En adelante OPEC.

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«ARTÍCULO 2.2.6.13 Pruebas o instrumentos de selección. Las pruebas o instrumentos
de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y potencialidad de los
aspirantes y establecer una clasificación de los mismos, respecto de las competencias
requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y las responsabilidades de
un cargo. La valoración de estos factores se hará mediante pruebas orales, escritas, de
ejecución, análisis de antecedentes, entrevistas, evaluación final de cursos efectuados
dentro del proceso de selección y otros medios técnicos que respondan a criterios de
objetividad e imparcialidad con parámetros de calificación previamente determinados.
En los concursos se aplicarán mínimo dos pruebas, una de las cuales será escrita o de
ejecución, dependiendo de la naturaleza de las funciones de los empleos a proveer.»
(sic) [Se resalta]

59. Una vez elaborada la lista de elegibles deben cubrirse las vacantes para las cuales
se efectuó el concurso33, aspecto que depende de la oferta de empleos remitida por la
entidad previamente a la iniciación del concurso, sin perjuicio de lo previsto para la
utilización del Banco Nacional de Listas de Elegibles.

60. En lo relacionado con los parámetros de su reporte, el parágrafo del artículo 29 de
la Ley 909 de 2004 señala que la CNSC es el ente responsable de dictar el
procedimiento y los lineamientos para que las diferentes entidades informen sobre las
plazas vacantes, con la finalidad de hacer viables los concursos.

61. Más adelante, el Decreto 4500 del 5 de diciembre de 200534 indicó que, tanto en la
fase de preselección como en la específica, la CNSC puede modificar cualquier
aspecto de la convocatoria «hasta antes de la fecha de iniciación de inscripciones, o de la
escogencia del empleo en la segunda fase o específica»35. Dentro de los aspectos referidos
por la norma susceptibles de modificación se incluye la OPEC de manera que no
podrán producirse concluidas las etapas allí previstas.

62. Más adelante, el Decreto 051 del 16 de enero de 2018 36, en el artículo 3, adicionó
el artículo 2.2.6.34 al Decreto 1083 de 2015, para regular la periodicidad del reporte
de vacantes de forma definitiva, según las indicaciones de la CNSC, enfatizar el
proceso planeación conjunta y armónica del concurso de méritos y la actualización de
los manuales de funciones y compentencias laborales, así:

«ARTÍCULO 2.2.6.34. Registro de los empleos vacantes de manera definitiva. Los
jefes de personal o quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas
general de carrera y especifico o especial de origen legal vigilados por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, deberán reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el
aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta establezca.
Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en el proceso de
planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La convocatoria deberá ser
firmada por la Comisión Nacional de Servicio Civil y por el jefe de la entidad pública
respectiva.
Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener actualizado su manual
de funciones y competencias laborales y definir los ejes temáticos.

33 Ley 909 de 2004, artículo 31, numeral 4, el cual más adelante fue modificado por el artículo 6 de la

Ley 1960 de 2019.
34 «Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y la Ley 909 de 2004»

35 Artículo 1, parágrafo 2, del Decreto 4500 de 2005.

36 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector

Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009».

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En la asignación de las cuotas sectoriales las dependencias encargadas del manejo del
presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto de los recursos destinados
para adelantar los concursos de méritos.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto
• EOP y el techo del Marco de Gasto de Mediano Plazo, las entidades del nivel nacional
deberán priorizar el gasto para adelantar los concursos de méritos. Igualmente, los cargos
que se sometan a concurso deberán contar con el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal, de acuerdo con lo establecido en el EOP». (sic)

2.4. Análisis de legalidad de la Resolución 061 de 2013

63. La parte demandante aseguró que la Resolución 061 de 2013 está viciada de
nulidad por 3 razones principales a saber: i) fue proferida sin competencia; ii) modificó
la planta de personal de la Contraloría General de Risaralda y los requisitos de los
empleos, particularmente los del cargo de profesional universitario, código 219, grado
10; y iii) no se cumplió en debida forma con el principio de publicidad. Los anteriores
reparos fueron desarrollados del siguiente modo:

64. En cuanto al argumento de la competencia, el contralor general de Risaralda emitió
la citada resolución en ejercicio de la autorización concedida por la Asamblea
Departamental por medio de las ordenanzas 031 y 032 de 2005, habilitación que no
es indefinida y que ya había sido ejercida por el contralor de la época por medio de las
resoluciones 214 y 215 de ese año en las que se modificaron los manuales de
funciones y requisitos y competencias laborales.

65. En relación con el segundo reparo, la planta de personal de la Contraloría General
de Risaralda solo puede ser modificada por la Asamblea Departamental, de acuerdo
con las facultades de los artículos 272 y 300 de la Constitución Política. En tal sentido,
el acto cuestionado no podía modificar los empleos ni los requisitos para acceder a
ellos, especialmente los relativos a las carreras profesionales afines.

66. Finalmente, laContraloría incumplió con el deber de publicidad por cuanto el
discutido acto administrativo solo fue publicado en la página web de la entidad más de
1 año después de su expedición e incluso con posterioridad al reporte enviado a la
CNSC sobre las vacantes a ofertar y con el cual se elaboró la Convocatoria 279 de
2013.

67. Pues bien, para resolver el primer problema jurídico planteado es necesario indicar
que la planta de personal de la Contraloría General de Risaralda se encontraba
prevista en la Ordenanza 032 del 29 de noviembre de 2005. En el artículo 2 se dispuso
lo siguiente:

Número Denominación del Cargo Código Grado Nivel
1 (UNO) Contralor 010 14 Directivo
1 (UNO) Secretario General de Organismo de 073 13 Directivo
Control
1 (UNO) Jefe de Oficina Asesora 115 12 Asesor
2 (DOS) Jefe de Oficina 006 11 Directivo
1 (UNO) Conductor 480 02 Asistencial
1 (UNO) Profesional Universitario 219 12 Profesional
19 Profesional Universitario 2019 10 Profesional
(DIECINUEVE)
1 (UNO) Técnico Operativo 314 09 Técnico
5 (CINCO) Técnico Operativo 314 08 Técnico
2 (DOS) Técnico Operativo 314 07 Técnico

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1 (UNO) Técnico Operativo 314 06 Técnico
2 (DOS) Técnico Operativo 314 05 Técnico
1 (UNO) Secretario Ejecutivo 425 04 Asistencial
2 (DOS) Secretario 440 03 Asistencial
1 (UNO) Auxiliar de Servicios Generales 470 01 Asistencial
41 TOTAL PLANTA DE PERSONAL

través de la Ordenanza 007 del 3 de febrero de 2011 37 la
68. Posteriormente, a
Asamblea de Risaralda creó 4 cargos en la Contraloría General de ese departamento,
del siguiente modo:

Artículo 1: Crear en la planta global de la Contraloría General de Risaralda, los
siguientes empleos:

No. DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO Asignación básica 2011
2 Profesional Universitario 219 10 $2.441.081
1 Técnico Operativo 314 05 $1.409.496
1 Secretaria 440 03 $1.179.467

69. En la citada ordenanza se indicó su propósito principal, la descripción de funciones,
los criterios de desempeño y resultados, los conocimientos básicos esenciales, los
requisitos de estudio y experiencia y las habilidades y aptitudes necesarias.

70. Posteriormente, se profirió la Ordenanza 013 del 13 de abril de 201338 por medio
de la cual se creó un cargo adicional de conductor, código 480, grado 02, a cargo de
la Secretaría General de la entidad.

71. Por su parte, en cuanto a los requisitos mínimos para ejercer el cargo de profesional
universitario, código 219, grado 10, del Grupo de Control Fiscal Integrado de la
Secretaría General de la Contraloría, por medio del manual de requisitos y
competencias laborales fijado a través de la Resolución 214 de 2005, se previó que el
cargo podría ser ejercido por profesionales con educación formal en «áreas económicas,
administrativas, contables, ingenierías, derecho, estadísticas, comunicación social o demás
áreas afines».

72. Ahora bien, al analizar la Resolución 061 de 2013 la Sala advierte que el contralor
general de Risaralda «[ajustó] los Manuales de Funciones y Requisitos y de Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal» de esa entidad. Las decisiones más
importantes de ese acto administrativo fueron las siguientes: i) modificó los requisitos
exigidos para los cargos de profesional universitario, código 219, grado 10, asignados
al Grupo de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, de jefe de oficina asesora
y técnico operativo, código 314, grado 05; ii) dispuso que al menos 1 profesional
universitario, código 219, grado 10, de la Oficina Administrativa y Financiera debe ser
contador público; iii) reorganizó el Grupo de Control Fiscal que deberá conformarse
por 2 contadores, 1 ingeniero civil y 1 abogado; iv) adicionó la profesión de
comunicación social para el cargo de profesional universitario, código 219 grado 10,
de la Oficina de Participación Ciudadana y Jurídica; y v) agregó el cargo de conductor,
código 480 grado 02, recientemente creado por medio de la Ordenanza 013.

37 Folios 75 al 80.

38 Folios 299 y reverso en el cuaderno 2.

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73. En cuanto a la primera modificación, explicó que del total de 21 cargos de
profesional universitario, código 219 grado 10, 4 de ellos harían parte del Grupo de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y que, en atención al desempeño
eminentemente jurídico de ese equipo, esos 4 cargos debían ser ejercidos por
abogados. En tal sentido, para tales empleos solo se previó como requisito de
educación formal ser profesional en derecho. En cuanto al requisito de experiencia se
mantuvo lo dispuesto inicialmente en la Resolución 214 de 2005.

74. Frente al cargo de jefe de oficina asesora lo cierto es que al comparar los requisitos
en uno y otro decreto no se advierten diferencias en cuanto a los estudios y experiencia
ni en habilidades y aptitudes. En relación con el cargo de técnico operativo, código
314, grado 08, se eliminó la posibilidad de haber cursado 3 años de estudios
profesionales en cualquier carrera y se limitó a acreditar estudios técnicos en sistemas,
además se disminuyó la experiencia laboral de 1 año a 6 meses.

75. En relación con la segunda variación antes citada, en la Resolución 061 de 2013
se indicó que por lo menos un profesional universitario código 219 grado 10 de la
Oficina Administrativa y Financiera debe acreditar estudios en contaduría pública en
atención a las necesidades del citado grupo de trabajo. Lo mismo ocurrió con la tercera
y cuarta decisión, las cuales obedecieron a las exigencias profesionales de los
equipos de Control Fiscal y Participación Ciudadana que requieren, según se indicó,
la aplicación diferenciada de aptitudes y conocimientos que se adecúan de mejor
manera con las profesiones de contaduría y comunicación social, respectivamente.

76. Finalmente, la quinta modificación no es más que la inclusión del nuevo cargo de
conductor, código 480 grado 02, creado por la Asamblea Departamental para que
prestara sus servicios en la Secretaría General de la entidad. Por último, se indicó que
«los demás requisitos para los diferentes cargos de la planta global de la Contraloría General
de Risaralda [quedarían] iguales a los enunciados en la Resolución 214 del 30 de diciembre
de 2005».

77. Visto lo anterior, para la Sala no es cierto que la Resolución 061 de 2013 haya
modificado la estructura o la planta global de la Contraloría General de Risaralda. Lo
anterior es así porque no se advierte variación alguna en el número de empleos que
conforman el capital humano de la entidad, tampoco se observa ningún tipo de
modificación en las denominaciones, los grados o la remuneración, aspectos que sí
pertenecen a la órbita de competencia de las asambleas departamentales.

78. De acuerdo con el artículo 267 de la C.P. la Contraloría General de la República es
una entidad con autonomía administrativa y presupuestal, atribuciones que mantienen
las contralorías territoriales en virtud de la desconcentración de que trata el artículo 10
de la Ley 267 del 2000.

79. La citada autonomía administrativa, entendida como la capacidad de auto
gestionarse organizacionalmente, es uno de los más grandes pilares del
funcionamiento de la Contraloría General de la República tanto en el nivel central como
en el desconcentrado y está regida por una serie de principios entre los que sobresalen
la tecnificación, la delegación y la desconcentración administrativa y financiera, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 9 ibidem.

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80. En desarrollo de la citada autonomía administrativa, las contralorías delegadas
generales, como la demandada en esta oportunidad, tienen una serie de atribuciones
legales que les permiten determinar el modo en que cumplirán sus propósitos
misionales. Al respecto, el artículo 6 del Decreto Ley 267 del 2000 dice lo siguiente:

ARTÍCULO 6º. Autonomía administrativa. En ejercicio de su autonomía administrativa le
corresponde a la Contraloría General de la República definir todos los aspectos
relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios
consagrados en la Constitución y en este decreto.

81. En concordancia con lo anterior, el artículo 70 ibidem prevé como una facultad de
las direcciones de talento humano la de «diseñar y actualizar el manual de funciones,
competencias laborales y requisitos mínimos de los empleos de la Contraloría General de la
República, en coordinación con las dependencias de la entidad». La anterior atribución tiene
como propósito que la entidad, en ejercicio de la citada autonomía administrativa,
defina sus grupos de trabajo y el nivel de tecnificación de acuerdo con sus propósitos
misionales.

82. En tal sentido, el diseño y actualización de los manuales de funciones y requisitos
y de competencias laborales es una atribución legal plena de la propia Contraloría
General de Risaralda que también está prevista en los artículos 2.2.2.6.1. y 2.2.2.6.2.
del Decreto compilatorio 1083 de 2015. De ese modo, la facultad de ajustar los citados
manuales en relación con la organización interna de la entidad y el nivel profesional
requerido no está sujeta a autorizaciones de la asamblea de ese departamento.

83. Tal como se indicó en el marco normativo, la competencia de las asambleas recae
únicamente en la fijación de la estructura de las autoridades departamentales y, más
específicamente para el caso concreto, en la creación de la planta de personal de las
contralorías respectivas; sin embargo, lo atinente a la elaboración de los manuales de
funciones y requisitos es una competencia legal de cada entidad. En tal sentido, no es
el órgano colegiado quien debe definir cómo se desarrollan las funciones de control
fiscal, cuáles deben ser los requisitos para acceder a los empleos ni cómo deben
conformarse las oficinas para el cumplimiento de los objetivos misionales.

84. Por tales razones, la Contraloría General de Risaralda no requiere la autorización
de la Asamblea Departamental para la elaboración, modificación o ajuste de sus
manuales internos como afirma la demandante, toda vez que ello es una previsión de
carácter legal que no está sometida a ningún tipo de aprobación parlamentaria, ni
siquiera para el año 2005 cuando se expidió la Resolución 214 de ese año, momento
en el cual ya se encontraban vigentes los artículos 15 y 17 de la Ley 909 de 2004,
según los cuales son los manuales de funciones de las entidades los que contienen
los requisitos y perfiles profesionales necesarios para el ejercicio de sus competencias.

85. Además, al revisar la resolución cuestionada se advierte que la entidad demandada
no eliminó empleos, no modificó sus grados o códigos ni la remuneración mensual. Se
advierte que solo se encausaron los perfiles profesionales del personal de acuerdo con
las necesidades del servicio, las cuales, a su vez, están determinadas por las
funciones de control fiscal que le asigna la Constitución Política.

86. En vista de lo anterior, no tiene vocación de prosperidad el argumento según el cual
en la Resolución 061 de 2013 se modificó la planta de personal de la Contraloría

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General de Risaralda que ya había sido fijada por la Asamblea Departamental, pues
lo que ocurrió fue un ajuste de los manuales que definen, entre otros, los grupos de
trabajo y los perfiles profesionales de algunos de los empleos de acuerdo con las
funciones a cumplir.

87. En otras palabras, a través del acto cuestionado no se varió la planta de personal,
en tanto el número de empleos, sus denominaciones y remuneración siguen siendo
los mismos. En ese sentido, al no existir la alegada modificación de los empleos
tampoco es correcto afirmar que el citado acto fuera emitido sin la competencia legal
para ello, toda vez que la modificación de los manuales sí es una facultad legal prevista
para cada entidad.

88. Ahora, en cuanto al incumplimiento del deber de publicidad, al proceso se allegó la
certificación número 20240814-1630-I39 de la Contraloría General de Risaralda en la
que se indicó que en el año 2018 se realizó una migración de su página web al « nuevo
ambiente ofrecido por el» Ministerio de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación, por lo que debieron realizar una copia de seguridad de toda la
información que para ese momento reposaba en el portal. Como prueba de lo anterior
aportó una serie de impresiones de pantalla en las que se observa la ruta de acceso
al contenido que para esa fecha reposaba en la página.

89. No obstante, como dicha copia fue realizada en el año 2018, la fecha de todas las
carpetas corresponde a ese año, es decir, alrededor de 5 años después de la
expedición de la Resolución 061 de 2013. Aun así, la Contraloría alega que, si para el
año 2018 el acto ya se encontraba en la página web de la entidad, quiere decir que su
publicación tuvo lugar antes de esa fecha y «en la vigencia 2013».

90. Al margen de lo anterior, la Sala encuentra superado el asunto de la publicidad del
acto con una constancia visible en el folio 310 del expediente, en la que se observa un
formato de «solicitud de publicación en la página web» del mes de agosto de 2013 suscrito
por el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana y Jurídica en donde se consigna
como «documento a publicar: Resolución 061 de 2013» y «fecha y hora de inicio de la
publicación: 14/8/2013». En la parte final del oficio reposa la firma del técnico operativo
encargado de la publicación.

91. En tal virtud, la mencionada prueba resulta ser idónea para probar la publicación de
la Resolución 061 de 2013, al paso que la captura de pantalla suministrada por la parte
demandante en la que se observa un documento titulado «RESOLUCIÓN No. 061.PDF»
con una fecha correspondiente al 31 de julio de 2014 y 4:45:57 horas, que según afirma
es la fecha de publicación en la página web, no ofrece certeza sobre dicho asunto,
pues la aludida fecha aparece en un aparte titulado «última modificación», además se
observan otros actos administrativos de otras anualidades, pero con la misma data y
hora de registro. Tampoco existe certeza del origen de la mencionada página ni de
que los datos allí contenidos correspondan a los de la Contraloría General de
Risaralda.

92. Por tal razón, la constancia suministrada por la entidad demandada prueba de mejor
manera lo relativo a la publicidad del acto. En todo caso, tal como indicó el Ministerio

39 Documento 139 en el índice 87 de Samai.

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Público, la publicidad de un acto administrativo no puede ser entendido como un cargo
de nulidad en tanto ello solo afecta su oponibilidad, pero no su validez.

93. De conformidad con las razones expuestas se negará la nulidad de la Resolución
061 de 2013 por no encontrar probado que haya sido proferida sin competencia y
porque la supuesta falta de publicidad no afecta su validez, aun así quedó demostrado
en el presente asunto que el acto acusado sí fue publicado en la página web de la
entidad antes de efectuarse el reporte de la oferta pública de empleos de carrera que
dio origen a la Convocatoria 279 de 2013, lo cual ocurrió por medio del Oficio 40300
del 26 de agosto de ese año.

94. De otro lado, tal como manifestó la CNSC la pretensión de nulidad de los acuerdos
456 del 2 de octubre de 2013; 495 del 25 de octubre de 2013; 522 de 29 de julio de
2014 y las Resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138 y 2139 del 28 de
abril de 2015 se desprende únicamente de la supuesta ilegalidad de la Resolución 061
de 2013, lo que implica que al no encontrar probada la invalidez de ese acto no habría
lugar a abordar el segundo problema jurídico planteado, pues es cierto que no se
efectuó reproche directo e independiente en relación con las decisiones de la
Comisión.

95. Sin embargo, la Sala estima valido reiterar que el manual de funciones y
competencias laborales de las entidades públicas es un acto autónomo e
independiente de los acuerdos por medio de los cuales se expiden las convocatorias
a los concursos de méritos. En efecto, la Subsección A de la Sección Segunda de esta
corporación ha concluido que ambos instrumentos no integran un acto administrativo
complejo en atención a que las decisiones en mención no guardan una relación de
interdependencia ni cumplen con las características de unidad de finalidad u objeto y
contenido40. Sobre el punto, la providencia explicó:

«[E]n cuanto a la carencia de unidad de contenido, finalidad u objeto, se pone de presente
que, por un lado, el manual específico de funciones y competencias laborales de una
entidad es una herramienta de gestión del empleo que establece las responsabilidades,
labores y facultades propias de cada cargo que compone la planta de personal de esta, al
igual que las exigencias para su desempeño, las cuales están referidas a conocimientos,
experiencia y otros factores con los que se miden las aptitudes requeridas para ocupar un
determinado empleo41. En ese sentido, no obstante que estos manuales son de suma
relevancia para las convocatorias de carrera administrativa, ya que a partir de ellos se
estructura la OPEC y las pruebas del concurso, su objeto no se agota allí, pues estos
también sirven de parámetro para otras formas de provisión de los empleos y, en general,
para el cumplimiento de las funciones de cualquier empleado público, tal y como lo consagra
el artículo 122 de la Constitución42.

Por otro lado, el objeto de la norma reglamentaria de la convocatoria de carrera
administrativa se circunscribe a la determinación de disposiciones que garanticen la
transparencia y la objetividad en los procesos de selección para ocupar los cargos vacantes
de esta naturaleza, la cual, si bien como se dijo resulta influida por el contenido de los
manuales de funciones a través de la OPEC, aborda otros temas que la diferencian de

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2013, radicado:

11001032500020210020900 (1324-2021).
41 La providencia citó: «Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de julio de 2022, rad. 11001-03-25-000-2020-00724-00 (2125-
2020)»
42 La providencia citó: «CP, art. 122: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en

ley o reglamento […]”».

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dichos actos administrativos y que son propios de la regulación de un concurso abierto de
méritos, como son la inscripción, las pruebas del certamen y las reclamaciones y recursos
que se pueden presentar en él […]». (sic)

96. Pues bien, en atención a la naturaleza y carácterísticas del manual de funciones
previamente explicadas, que reflejan su autonomía e independencia, en armonía con
la tesis expuesta, se infiere que su contenido no invalidaba per se la convocatoria de
cara al concurso de méritos. Ciertamente, el carácter de acto adminsitrativo conllevaba
los atributos de presunción de legalidad, ejecutoriedad, obligatoriedad y ejecutividad43.

2.4. Conclusión

97. La Resolución 061 de 2013 de la Contraloría General de Risaralda no fue proferida
sin competencia ni desconoció el principio de publicidad por las siguientes razones:

• La competencia de las Asambleas Departamentales recae únicamente sobre la
fijación de la estructura de las respectivas contralorías y la creación,
categorización y definición de la remuneración de sus empleos, mientras que la
atribución de elaborar los manuales de funciones y requisitos y competencias
laborales es exclusiva de las citadas entidades de control.

• La Resolución 061 de 2013 de la Contraloría Departamental de Risaralda no
modificó la planta global de la entidad en tanto que no creó, suprimió o varió la
nomenclatura de los cargos; por el contrario, solo reestructuró los grupos de
trabajo y definió las exigencias profesionales de algunos cargos de acuerdo con
las necesidades del servicio. En tal sentido, la entidad ejerció las competencias
que la ley le otorga y no es cierto que usurpara la facultad de la Asamblea del
departamento.

• De acuerdo con la constancia aportada por la entidad de control fiscal, el citado
acto fue publicado en la página web de la entidad el 14 de agosto de 2013 y no
en el año 2014 como afirmó la demandante.

98. No hay lugar a declarar la nulidad de los acuerdos 456 del 2 de octubre de 2013;
495 del 25 de octubre de 2013; 522 de 29 de julio de 2014 y las Resoluciones 2132,
2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138 y 2139 del 28 de abril de 2015, de conformidad
con lo siguiente:

• La parte demandante no expuso argumentos de nulidad en contra de dichos
actos, sino que sujetó su supuesta ilegalidad a la de la Resolución 061 de 2013.

• Los actos relacionados con el concurso de mérito no conforman un acto
administrativo complejo con el acto que establece el manual de funciones de la
entidad por medio del cual se establece la Oferta Pública de Empleos de
Carrera.

99. En consecuencia, se negará la pretensión de nulidad formulada por la demandante.

43 En este mismo sentido, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 10 de julio de 2024, radicación 11001-03-25-000-2021-00316-00 (1717-2021).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Radicado: 11001 03 24 000 208 00270 00 (0297-2022)
Demandante: Nidia Gandur Gandur

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Negar la pretensión de nulidad de la Resolución 061 del 17 de abril de 2013
proferida por la Contraloría General de Risaralda; y de los acuerdos 456 del 2 de
octubre de 2013; 495 del 25 de octubre de 2013; 522 de 29 de julio de 2014 y las
Resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138 y 2139 del 28 de abril de
2015, proferidos por la CNSC, formulada en la demanda interpuesta por Nadia Gandur
Gandur.

Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai.

Tercero. Reconocer personería a Diana Milena Rocha Suárez portadora de la tarjeta
profesional de abogada 259570 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderada de la Contraloría General de Risaralda, en los términos y para los efectos
del poder conferido.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

MLBC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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