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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2018-00502-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2018-00502-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 9 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00502 00 Demandante: Edwin Yezid Sierra Fajardo PRIMERO. NEGAR las pretensiones de nulidad de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia. TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2018-00502-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

19 de junio de 2025

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Radicado: 11001 03 24 000 2018 00502 00
Demandante: Edwin Yezid Sierra Fajardo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2018 00502 00
Actor: Edwin Yezid Sierra Fajardo
Demandado: Ministerio de Transporte
Tesis: No es cierto que la resolución por medio de la cual el Ministerio de
Transporte adicionó el reglamento que fijó la tasa de uso que los terminales de
transporte terrestre automotor de pasajeros deben cobrar a las empresas de
transporte intermunicipal de pasajeros, constituyera una modificación a la
estructura del tributo, prevista en una norma superior.
No es cierto que la norma superior que estructuró la tasa de uso estableciera una
prerrogativa en favor del terminal en el recaudo del tributo, por concepto de las
pruebas de alcoholimetría, para que el dinero ingresara a su patrimonio.
No es cierto que la resolución por medio de la cual el Ministerio de Transporte
adicionó el reglamento que fijó la tasa de uso tenga efectos retroactivos que afecten
los convenios o contratos suscritos con anterioridad a su vigencia, entre los
terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros y las empresas de
transporte intermunicipal de pasajeros.

NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control
de nulidad por el señor Edwin Yezid Sierra Fajardo en contra de la Resolución núm.
2734 del 11 de julio de 2018, “Por la cual se adiciona el artículo 2 de la Resolución
2222 del 21 de febrero de 2002 del Ministerio de Transporte”, expedida por el
Ministerio de Transporte.

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Radicado: 11001 03 24 000 2018 00502 00
Demandante: Edwin Yezid Sierra Fajardo

I. LA DEMANDA

1.1. Pretensión

Figura como pretensión la siguiente:

“Que se declare la nulidad de la Resolución 2734 de 2018, de 11 de julio de
2018, expedida por el Ministro de Transporte, mediante la cual se adicionó el
artículo 2 de la Resolución 2222 del 21 de febrero de 2002 del Ministerio de
Transporte.”1.

1.2. El acto cuestionado

A continuación, se transcribirá el acto acusado, de la siguiente manera:

“RESOLUCIÓN NÚMERO 0002734 DE 2018
11JUL2018

“Por la cual se adiciona el artículo 2 de la Resolución 2222 del 21 de febrero
de 2002 del Ministerio de Transporte”

EL MINISTRO DE TRANSPORTE

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las
conferidas por el literal b) del artículo 2º de la Ley 105 de 1993, los artículos
2.2.1.7.5.3, y 2.2.1.6.3.3, del Decreto 1079 de 2015 y los numerales 6.2, 6.4 y
6.18 del artículo 6º del Decreto 87 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, establece que el
Estado mantendrá la regulación, control y vigilancia de los servicios públicos,
en procura de garantizar el mejoramiento continuo en la prestación de dichos
servicios y la satisfacción del interés social.

Que el numeral 2 del artículo 3º de la Ley 105 de 1993, prevé que: “La operación
del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del
Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada
prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad”.

Que en concordancia con lo anterior, los artículos 4º y 5º de la Ley 336 de 1996,
señalan que el transporte es un servicio público esencial sometido a la dirección,
regulación y control del Estado y que en consecuencia en la prestación del
servicio y en la protección a los usuarios prima el interés general sobre el
particular.

1 Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 24 de Samai.

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Demandante: Edwin Yezid Sierra Fajardo

Que el parágrafo 2º del artículo 17 de la Ley 105 de 1993, determina que la
política sobre terminales de transporte terrestre en cuanto a su regulación,
tarifas y control operativo, será ejercida por el Ministerio de Transporte.

Que el artículo 2.2.1.4.10.1.1 del Decreto 1079 de 2015 establece que el
Ministerio de Transporte es la autoridad para la regulación, autorización,
reglamentación de la operación de las terminales de transporte y fijación de la
tasa de uso y la Superintendencia de Puertos y Transporte para la inspección,
control y vigilancia de la operación de los terminales de transporte, y del
desarrollo de programas de seguridad en la operación del transporte.

Que el artículo 2.2.1.4.10.4.1 del Decreto 1079 de 2015 contiene las
obligaciones a cargo de los terminales de transporte terrestre y determina entre
otros asuntos, que éstas deberán suministrar al Ministerio de Transporte de
manera oportuna la información relacionada con la operación del transporte de
pasajeros de acuerdo con los formatos, plazos y medios que para este fin
establezca el ministerio y cobrar las tasas de uso fijadas por el Ministerio de
Transporte.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.10.2 del Decreto
1079 de 2015, las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros con
sus instalaciones y sistemas adecuados prestan un servicio público que sirve
de apoyo a las empresas de transporte habilitadas por el Ministerio de
Transporte, para que mejore la calidad del servicio prestado a sus usuarios.

Que el artículo 2.2.1.4.10.3.1 del Decreto 1079 de 2015 define las tasas de uso
como el valor que deberá cancelar lis (sic) empresas de transporte terrestre de
pasajeros por carretera a la empresa terminal del transporte por el uso de las
áreas operativas de los terminales de transporte.

Que el artículo 2.2.1.4.10.3.2 del Decreto 1079 de 2015, señala que el Ministerio
de Transporte fijará las tasas de uso que deben cobrar los terminales de
transporte terrestre, autorizados por este, a las empresas de transporte
intermunicipal de pasajeros usuarias de los mismos, la cual se compone de dos
partes: una suma que se destinará al desarrollo de los programas atinentes a la
seguridad definidos en el numeral 8 del artículo 2.2.1.4.10.4.1 del Decreto 1079
de 2015, la cual será recaudada por los terminales de transporte y transferida
íntegramente a la entidad administradora de los mencionados programas y la
otra parte restante ingresará a la empresa terminal de transporte.

Que el numeral 8 del artículo 2.2.1.4.10.4.1 del Decreto 1079 de 2015 establece
como obligación de las terminales de transporte en operación, disponer dentro
de las instalaciones físicas de cada terminal de transporte, los equipos, el
personal idóneo y un área suficiente para efectuar exámenes médicos
generales de aptitud física y practicar la prueba de alcoholimetría a una muestra
representativa de los conductores que estén próximos a ser despachados del
respectivo terminal.

Que conforme lo anterior, el Ministerio de Transporte mediante Resolución 2222
del 21 de febrero de 2002, “por la cual se fijan las tasas de uso que deben cobrar
los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera
homologados o habilitados por el Ministerio de Transporte”, estableció el valor
de la prueba de alcoholimetría por cada despacho de origen y que este valor es
un componente de la tasa de uso para el desarrollo de los programas de
seguridad en la operación de transporte definidos en el artículo 2.2.1.4.10.3.2
del Decreto 1079 de 2015.

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Demandante: Edwin Yezid Sierra Fajardo

Además establece que los referidos recursos serán recaudados por el terminal
y depositados diaria e íntegramente en la cuenta que para el efecto establezca
el organismo administrador del programa creado por las entidades gremiales
nacionales del transporte terrestre intermunicipal de pasajeros.

Que la inspección, control y vigilancia de la operación de los terminales de
transporte, y del desarrollo de programas de seguridad en la operación del
transporte corresponde a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Que la Superintendencia de Puertos y Transporte inició desde el año 2016 una
estrategia para recibir información de los despachos en los terminales de
transporte del país, y el primer trimestre del año 2016 realizó auditorías al
programa de seguridad en la operación de transporte, encontrando hallazgos
entre otros, respecto del recaudo con destino al programa de seguridad en la
operación de transporte, los cuales fueron informados al Ministerio de
Transporte.

Que dentro de las funciones del Ministro de Transporte se encuentran las de
orientar, dirigir, coordinar, planificar, controlar y evaluar el cumplimiento de las
funciones a cargo del sector, en materia de transporte, tránsito e infraestructura
de todos los modos, por lo que una vez realizado el análisis del informe de
auditorías de la superintendencia de los dineros recaudados con destino al
programa de seguridad en la operación del transporte, se considera necesario,
fortalecer los preceptos establecidos en la Resolución 2222 de 2002 en lo
pertinente a los recursos recaudados con destino al desarrollo de los programas
de seguridad en el transporte.

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones y el deber que tiene las
autoridades administrativas de coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.

Que en consonancia con el anterior postulado constitucional y lo dispuesto en
el artículo 6º de la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas deben
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones, con el fin de
lograr los fines y cometidos estatales y prestar colaboración a las demás
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones.

Que de acuerdo a todas las consideraciones anteriores, el Director de
Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte mediante memorando
20182100090393 de 2018 solicitó la publicación del presente acto
administrativo e informa que teniendo en cuenta que la entidad recibió el informe
que contiene los hallazgos evidenciados en la auditoría realizada por parte de
la Superintendencia de Puertos y Transporte al programa de medicina
preventiva en los terminales de transporte, y considerando que tanto el
Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte deben
ejercer acciones conjuntas en torno a la operación de los terminales de
transporte y del desarrollo de los programas de seguridad en la operación del
transporte, que se requieren para el cumplimiento de las funciones de
inspección, control y vigilancia de la operación de los terminales de transporte
y del desarrollo de programas de seguridad en la operación del transporte,
solicita la emisión del acto administrativo, en el que entre otros, se busca
eliminar la posibilidad que los recursos con destino al programa de seguridad

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en carretera se utilicen para fines distintos a dicho programa y se pretende evitar
que se realicen descuentos que no estén permitidos.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del
Ministerio de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8
del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, Decreto 270 de 2017 y la Resolución
994 de 2017, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas
alternativas y conforme al correo electrónico dguerrero@mintransporte.gov.co
y que mediante memorando Nº 20184000103173 la Dirección de Transporte y
Tránsito certifica que las presentadas fueron tenidas en cuenta y atendidas
según correspondía.

Que la oficina asesora de jurídica del Ministerio de Transporte conservará los
documentos asociados al proceso de divulgación y participación ciudadana
incluidos los cronogramas, actas, comentarios, grabaciones e informes que
evidencien la publicidad del proyecto y la participación de los ciudadanos y
grupos de interés, así como los estudios, las observaciones presentadas frente
al presente acto administrativo y las respuestas dadas. Todo ello en
concordancia con las políticas de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adicionar los siguientes incisos al artículo 2º de la Resolución 2222
de 2002, adicionada por la Resolución 4222 de 2002, así:

“Las empresas terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por
carretera deberán contabilizar de manera separada los recursos recaudados
con destino al desarrollo de los programas atinentes a la seguridad definidos en
el numeral 8 del artículo 2.2.1.4.10.4.1 del Decreto 1079 de 2015, los cuales
serán reflejados como ingresos para terceros en la contabilidad de los mismos,
con su respectivo registro en partidas independientes, que permitan su plena
identificación y cuantificación. En ningún caso podrán cobrar comisiones o
realizar descuentos sobre dichos recaudos, con excepción de los costos
financieros que implique la operación de transferencia a los administradores del
programa.

Los organismos administradores de los programas de seguridad en la operación
del transporte deberán garantizar el cumplimiento del plan nacional de
seguridad vial, ajustado mediante Resolución 2273 de 2014 del Ministerio de
Transporte, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El seguimiento al
cumplimiento de lo dispuesto en el plan nacional de seguridad vial sobre esta
materia, estará a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la
inspección, control y vigilancia del desarrollo de los programas de seguridad en
la operación del transporte será efectuado por la Superintendencia de Puertos
y Transporte.

Así mismo, los organismos administradores del programa de seguridad en la
operación del transporte y las empresas terminales de transporte terrestre de
pasajeros, según corresponda, deberán reportar de manera oportuna toda la
información de la realización de las pruebas de alcoholimetría, del recaudo del
programa de seguridad y toda aquella sobre el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias que le sea requerida por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, so pena del inicio de las
investigaciones administrativas a que haya lugar y de las quejas o denuncias a
los organismos de control.

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ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 11 de julio de 2018.”2.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

1.3.1. Indicó que la resolución demandada desconoció el artículo 12 del Decreto
2762 de 2001, “Por el cual se reglamenta la creación, habilitación, homologación y
operación de los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por
carretera”, expedido por el Ministerio de Transporte, que precisó la tasa de uso que
cobran los terminales de transporte terrestre a las empresas de transporte
intermunicipal de pasajeros, en la medida en que, si bien se tratan de dos actos de
carácter general emanados de la misma autoridad, el decreto tiene mayor jerarquía
y, por ende, prevalencia.

Declaró que el Decreto 2762 de 2001, contenido en el Decreto Único Reglamentario
1079 de 2015, desarrolló los artículos 17 de la Ley 105 de 1993 y 28 de la Ley 336
de 1996, reiterando la competencia del Ministerio de Transporte para fijar la tasa
de uso de los terminales de transporte terrestre y determinar sus elementos.

Expuso que el Ministerio expidió la Resolución 2222 de 2002, “Por la cual se fijan
las tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte terrestre automotor
de pasajeros por carretera homologados o habilitados por el Ministerio de
Transporte”. Y que la Resolución 2734 de 2018, acto controvertido, se limitó a
modificar el artículo segundo de la Resolución 2222 de 2002.

Argumentó que, por tratarse de desarrollos de la ley y el decreto, las resoluciones
debían sujetarse a lo dispuesto en las normas de naturaleza superior.

Precisó que la contradicción entre la Resolución 2734 de 2018 y el Decreto 2762 de
2001 radicaba en que la primera “modificaba de manera indirecta la estructura de la

2 Ibidem.

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tasa de uso”, pues eliminaba la “prerrogativa” de los terminales de transporte
terrestre de ingresar a su patrimonio la porción autorizada de las tasas cobradas a
las empresas por las pruebas de alcoholimetría realizadas, lo cual “constituye un
derecho a su favor”.

1.3.2. Conceptuó que se vulneró el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, toda vez que
la resolución cuestionada prohíbe de manera retroactiva los pactos sobre las
comisiones o los descuentos en relación con el recaudo de la tasa de la prueba de
alcoholimetría, cuando “los negocios jurídicos se rigen por las leyes y normas
vigentes al momento de su celebración”.

Adujo que el acto acusado extiende sus efectos a los contratos que firmaron las
empresas de terminales de transportes del país cuyos descuentos se pactaron con
autonomía de la voluntad de las partes y sin contradecir norma superior alguna.

Manifestó que los efectos jurídicos de los actos se producen a futuro, a partir del
momento de su promulgación, sin que puedan modificar o alterar situaciones
jurídicas consolidadas con anterioridad a su vigencia.

Arguyó que la Circular Externa 000037 del 1º de agosto de 2018 de la
Superintendencia de Puertos y Transporte señaló:

“2. INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

Conforme a las anteriores consideraciones de manera inmediata, aquellos
terminales de transporte que habían celebrado convenios y/o contratos, para la
realización del programa de seguridad en carretera, en los cuales hubiese
pactado descuentos, comisiones o porcentajes sobre los valores recaudados,
deben modificar tales documentos para ajustarlos a lo ordenado mediante la
Resolución 2222 de 2002 y 2734 de 2018.

(...)

El cumplimiento de la presente instrucción deberá realizarse a más tardar dentro
de los dos (2) días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente
circular. El o la representante legal del terminal de transporte deberá allegar

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copia a la Superintendencia de Puertos y Transporte que contenga la
modificación de los contratos.”.

Concluyó alegando que la Resolución 2734 de 2018, que adicionó la Resolución
2222 de 2002, no era una adición a la reglamentación sino una modificación al
Decreto 1079 de 2015, sin que el Ministerio pudiese modificar un decreto por medio
de una resolución. Agregó que, al señalar que “En ningún caso podrán cobrar
comisiones o realizar descuentos sobre dicho recaudo”, la entidad demandada le
imprimió carácter retroactivo al acto controvertido frente a los contratos celebrados
con anterioridad a su vigencia.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Ministerio de Transporte3 presentó oposición a la pretensión de nulidad de la
demanda. Manifestó que no se desconocieron disposiciones de orden constitucional
o legal, bajo el entendido que la resolución acusada se expidió conforme a las
atribuciones del artículo 2 de la Ley 105 de 1993, los artículos 2.2.1.7.5.3. y
2.21.6.3.3. del Decreto 1079 de 2015 y los numerales 6.2., 6.4. y 6.18. del artículo
6 del Decreto 087 de 2011, en concertación con los interesados y la ciudadanía en
general. Con ello, solicitó que se negaran las súplicas, luego de exponer las
siguientes consideraciones:

Expresó que, contrario a lo sostenido por el demandante, la Resolución 2734 de
2018 adicionó la Resolución 2222 de 2002, no la modificó, pues la intención era
darle un giro a la tasa de uso recaudada por los terminales de transporte con destino
a los programas de seguridad.

Afirmó que en la tasa de uso del proceso de la referencia los sujetos gravables
(pasajeros y operadores) se beneficiaban del servicio prestado por los terminales
de transporte, y, a su vez, se encargaban de efectuar el pago correspondiente.

3 Ibidem.

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Advirtió que la destinación de los recursos no era exclusivamente para la terminal
de transporte, toda vez que también aplicaba para planes de seguridad, manejados
por una entidad diferente.

Señaló que la reglamentación expedida hasta el año 2001 sobre el pago por el uso
de las terminales de transporte terrestre, al igual que la posterior, se fundamentaba
esencialmente en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, que regulan el servicio
público de transporte en general, asignaba al Ministerio de Transporte la atribución
relacionada con la fijación de la política sobre terminales de transporte terrestre en
cuando a su regulación, tarifas y control operativo (Parágrafo 2º del artículo 17 de
la Ley 105 de 1993).

Adujo que el artículo 2.2.1.4.10.1.1 del Decreto 1079 de 2015 estableció que el
Ministerio de Transporte es la autoridad para la regulación, autorización,
reglamentación de la operación de las terminales de transporte y fijación de la tasa
de uso, y la Superintendencia de Puertos y Transporte para la inspección, control y
vigilancia de la operación de los terminales de transporte y del desarrollo de
programas de seguridad en la operación del transporte. De igual modo, que el
artículo 2.2.1.4.10.4.1 del Decreto 1079 de 2015 determinó las obligaciones a cargo
de las terminales de transporte terrestre y, entre otros asuntos, definió que éstas
deberán suministrar al Ministerio de Transporte de manera oportuna la información
relacionada con la operación del transporte de pasajeros de acuerdo con los
formatos, plazos y medios que para este fin establezca el ministerio y cobrar las
tasas de uso fijadas por el Ministerio de Transporte.

Arguyó que el artículo 2.2.1.4.10.3.1 del Decreto 1079 de 2015 dispuso las tasas de
uso como el valor que deberán cancelar las empresas de transporte terrestre de
pasajeros por carretera a la empresa terminal del transporte por el uso de las áreas
operativas de los terminales de transporte.

Así, el artículo 2.2.1.4.10.3.2 ibidem indicó que el Ministerio de Transporte se
encargaría de fijar las tasas de uso que debían cobrar los terminales de transporte
terrestre, autorizados por este, a las empresas de transporte intermunicipal de
pasajeros usuarias de los mismos, la cual estaba compuesta de dos (2) partes: una
suma destinada al desarrollo de los programas para la seguridad, previstos en el

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numeral 8 del artículo 2.2.1.4.10.4.1 ibidem, recaudada por los terminales de
transporte y transferida íntegramente a la entidad administradora de los
mencionados programas, y la otra parte restante reservada para la empresa
terminal de transporte.

En ese orden, manifestó que, mediante Resolución 2222 del 21 de febrero de 2002,
estableció el valor de la prueba de alcoholimetría por cada despacho de origen como
componente de la tasa de uso para el desarrollo de los programas de seguridad en
la operación de transporte. Además, en ese acto se consignó que los recursos
serían recaudados por el terminal y depositados día a día e íntegramente en la
cuenta establecida para tal efecto por el organismo administrador del programa
creado por las entidades gremiales nacionales del transporte terrestre
intermunicipal de pasajeros.

Con ello, reveló que su facultad comprende la fijación de los parámetros o criterios
que regularán el tipo de intervención económica que se adopte por el Gobierno y
que deberá seguirse y aplicarse por parte de las autoridades distritales o
municipales para la definición del monto de la tarifa por el uso de las terminales de
transporte terrestre.

Explicó que, de acuerdo con el Decreto 2762 de 2001, se incorpora como
componente, para la definición de la tarifa por el uso de la terminal de transporte,
aparte de los costos incurridos para la prestación del servicio, así como los
requeridos para su mantenimiento y expansión, “una suma que se destinará al
desarrollo de los programas atinentes a la seguridad, definidos en el numeral 8 del
artículo 13 del presente decreto la cual será recaudada por los Terminales de
Transporte y transferida íntegramente a la entidad administradora de los
mencionados programas.”.

Precisó que el acto acusado de nulidad buscaba eliminar la posibilidad de que los
recursos con destino al programa de seguridad en carretera se utilizaran para fines
distintos a dicho programa y pretendía evitar que se realizaran descuentos no
permitidos.

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Anotó que la resolución demandada no vulneraba el artículo 12 del Decreto 2762
de 2001, por cuanto adicionó el artículo 2 de la Resolución 2222 del 21 de febrero
de 2002, no la modificó, como lo expuso la parte demandante.

Afirmó que la Resolución 2734 de 2018 buscó darle un giro de la tasa de uso
recaudada por las terminales de transporte con destino a los programas de
seguridad, y que el Ministerio de Transporte ejerció su función regulatoria sobre la
operación de estas sociedades, de donde se desprendía la posibilidad de definir las
prestaciones que comprende el servicio a cargo de los terminales.

Finalmente, comentó que tanto el Decreto 2762 de 2001 como la Resolución 2222
de 2002 se encontraban compilados en el Decreto 1079 de 2015, este último, con
la virtud de derogar las normas anteriores sobre el mismo tema para que todo lo
necesario sobre determinado ramo esté en una sola norma.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

3.1. La parte actora4 guardó silencio.

3.2. El Ministerio de Transporte reiteró5 los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

V. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a
decidir el asunto sub-lite, previas las siguientes:

4 Ibidem.
5 Ibidem.

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Demandante: Edwin Yezid Sierra Fajardo

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.

6.2. Planteamiento

De acuerdo con el libelo introductorio y la contestación de la demanda, la Sala
encuentra que ambas partes reconocen que el Ministerio de Transporte tiene
facultades para reglamentar la tasa de uso de los terminales de transporte terrestre
automotor, conforme a la Ley 105 de 1993, a la Ley 336 de 1996, el Decreto 2762
de 2001 y el Decreto 1079 de 2015. De igual modo, coinciden en que la tasa de uso
comprende dos componentes: a) uno que ingresa al terminal, y b) otro destinado a
programas de seguridad en carretera. También están de acuerdo en que las
normas fundamentales sobre la materia fueron compiladas en el Decreto 1079 de
2015.

No obstante, difieren en:

(i) el alcance del acto demandado, comoquiera que, para el demandante, vía
resolución se modificó la estructura de la tasa de uso definida en un decreto,
mientras que, a juicio del Ministerio de Transporte, el acto controvertido se
limitó a adicionar la Resolución 2222 de 2002, sin alterar el contenido
esencial de la tasa de uso, con apego al marco normativo vigente,
particularmente a las competencias allí definidas;

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(ii) la relación entre el Decreto 2762 de 2001 y la Resolución 2734 de 2018,
pues, para el actor, aunque los dos actos generales los expidió la misma
autoridad, el primero de ellos tiene prevalencia en el ordenamiento jurídico
y, como consecuencia, el segundo no podía contrariar a la norma de mayor
rango, que en criterio del señor Sierra Fajardo dispuso como prerrogativa
que parte del recaudo de la tasa mencionada por concepto de las pruebas
de alcoholimetría debía ingresar al patrimonio del terminal de transporte; en
cambio, para la entidad demandada el acto atacado, al buscar que los
recursos del tributo obtenidos de las pruebas de alcoholimetría los reciba
directamente el programa de seguridad sin descuentos ni apropiación por
parte del terminal, se ajustó a las disposiciones superiores, además, porque
toda la reglamentación se compiló en el Decreto 1079 de 2015; y

(iii) los efectos de la resolución controvertida, en la medida en que el
ciudadano sostiene que es retroactiva, toda vez que afecta contratos
vigentes, particularmente, los pactos o convenios de cobro celebrados con
anterioridad a su vigencia; por el contrario, para la entidad demandada la
aplicación del acto es inmediata y de ninguna forma implica retroactividad.

En ese orden, se desarrollará la presente sentencia.

6.3. Análisis de la Sala

6.3.1. Alcance del acto demandado

6.3.1.1. La Sala deberá definir si es cierto que la resolución por medio de la
cual el Ministerio de Transporte adicionó el reglamento que fijó la tasa de uso que
los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros homologados o
habilitados deben cobrar a las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros,
constituyó una modificación a la estructura del tributo, prevista en una norma de
mayor jerarquía.

6.3.1.2. La Sala observa que la Resolución 2734 de 2018 adicionó tres (3)
incisos al artículo 2º de la Resolución 2222 de 2002.

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6.3.1.3. El acto demandado dispuso que las empresas terminales de
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera debían llevar una
contabilidad separada respecto de los recursos recaudados con destino a los
programas de seguridad en la operación del transporte, conforme a lo dispuesto en
el numeral 8 del artículo 2.2.1.4.10.4.1 del Decreto 1079 de 2015. Dichos recursos
debían ser registrados como ingresos para terceros, en cuentas independientes
que permitan su plena identificación y cuantificación, y sobre los mismos no podrá
efectuarse cobro de comisión o descuento alguno, salvo por los costos financieros
derivados de la operación de transferencia hacia los organismos administradores
del programa.

Asimismo, la resolución cuestionada estableció que los organismos
administradores de los programas de seguridad en la operación del transporte
debían garantizar la ejecución de las disposiciones contenidas en el Plan Nacional
de Seguridad Vial, tarea cuya verificación se encargó a la Agencia Nacional de
Seguridad Vial. Por su parte, a la Superintendencia de Puertos y Transporte le
correspondía ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre la
implementación y desarrollo de dichos programas.

En ese mismo sentido, la norma atacada precisó que, tanto a los organismos
administradores, como las empresas terminales de transporte, según su
competencia, les correspondía remitir de manera oportuna la información relativa a
la práctica de pruebas de alcoholimetría, al recaudo de los recursos del programa
de seguridad y al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que
les sean requeridas por la mencionada Superintendencia, so pena de la iniciación
de las investigaciones administrativas a que haya lugar y de las acciones
correspondientes ante los organismos de control.

6.3.1.4. Ahora bien, el artículo 12 del Decreto 2762 de 2001, compilado en el
Decreto 1079 de 2015, “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Transporte”, definió la tasa de uso de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2.2.1.4.10.3.2. Fijación. El Ministerio de Transporte mediante
resolución y teniendo en cuenta la clase de vehículo a despachar, la longitud
de la ruta y el número de terminales en el recorrido, fijará las tasas de uso que
deben cobrar los terminales de transporte terrestre, autorizados por este, a las
empresas de transporte intermunicipal de pasajeros usuarias de los mismos, la

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cual se compone de dos partes: una suma que se destinará al desarrollo de los
programas atinentes a la seguridad definidos en el numeral 8 del artículo
2.2.1.4.10.4.1 del presente Decreto la cual será recaudada por los Terminales
de Transporte y transferida íntegramente a la entidad administradora de los
mencionados programas y la otra parte restante ingresará a la Empresa
Terminal de Transporte.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Transporte establecerá las categorías de los
terminales de transporte, previo estudio técnico con el fin de fijar tasas de uso
diferenciales que deben cobrar los terminales de transporte terrestre.

PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Transporte establecerá la tasa que deben
pagar las empresas de transporte público de pasajeros por carretera por el uso
de la Terminal de Operación Satélite, Periférica, de acuerdo con la clase de
vehículo. Dichas tasas serán diferentes a las determinadas para las terminales
de origen y en tránsito, salvo cuando los despachos se inicien desde la Terminal
de Operación Satélite, Periférica, caso en el cual la tasa a pagar será la de la
terminal de origen.”.

6.3.1.5. Al confrontar el contenido del artículo que establece la estructura de
la tasa de uso —compuesta por una suma destinada al desarrollo de programas de
seguridad vial, la cual debe ser recaudada por los terminales de transporte y
transferida íntegramente a los organismos administradores del programa, y una
parte restante que ingresa a la empresa terminal— con la disposición reglamentaria
que ordena la contabilización separada de dichos recursos, su registro como
ingresos para terceros y la prohibición de aplicar comisiones o descuentos (salvo
los costos financieros derivados de la transferencia), la Sala advierte que no existe
modificación sustancial de la norma superior.

Por el contrario, el acto demandado debe entenderse como una medida de
desarrollo reglamentario y técnico-contable, orientada a asegurar la trazabilidad,
transparencia y destinación específica de los recursos públicos recaudados para
fines de seguridad en la operación del transporte terrestre automotor de pasajeros.

La obligación de realizar el recaudo íntegro y la transferencia de los recursos no
solo permanece incólume, sino que se ve reforzada mediante mecanismos de
control contable que limitan prácticas que podrían desviar el propósito legal de los
mismos. Así, la contabilización como ingresos para terceros y la prohibición de
descuentos o comisiones no altera la norma superior, sino que aseguran su
cumplimiento efectivo.

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En consecuencia, la Sala concluye que el acto demandado, esto es, la Resolución
2734 de 2018, es un acto que adiciona el reglamento sobre las tasas de uso, sin
que su alcance tenga la vocación de modificar la norma superior que estructura el
tributo, el artículo 2.2.1.4.10.3.2. del Decreto 1079 de 2015.

En otras palabras, las disposiciones objeto de análisis son compatibles entre sí, no
resultan contrarias y responden a un mismo propósito normativo: garantizar que la
porción de la tasa de uso destinada a seguridad vial cumpla efectivamente su
objetivo legal y reglamentario, sin desvíos o apropiaciones indebidas por parte de
los terminales de transporte.

Corolario de lo dicho, el cargo no prospera.

6.3.2. De la presunta prerrogativa en favor de los terminales de transporte

6.3.2.1. Ahora, corresponde a la Sala resolver si es cierto que la norma
superior que estructuró la tasa de uso que deben cancelar las empresas de
transporte a la empresa terminal de transporte terrestre de pasajeros por carretera,
establece una prerrogativa en favor del terminal en el recaudo del tributo, por
concepto de las pruebas de alcoholimetría, para que el dinero ingresara a su
patrimonio.

6.3.2.2. La Sala considera que la disposición normativa prevista en el artículo
2.2.1.4.10.3.2 del Decreto 1079 de 2015, al estructurar la tasa de uso que deben
cancelar las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros a las empresas
terminales de transporte terrestre, no consagra prerrogativa alguna en favor de
estas últimas respecto del ingreso al patrimonio de los recursos destinados al
desarrollo de los programas atinentes a la seguridad vial, entre ellos, los relativos a
la práctica de pruebas de alcoholimetría.

Dicha norma establece, con claridad, que la tasa de uso se compone de dos (2)
partes diferenciadas: la primera, constituida por una suma que debe destinarse al
desarrollo de los programas de seguridad definidos en el numeral 8 del artículo

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2.2.1.4.10.4.1 ibidem6, la cual será recaudada por los terminales de transporte y
transferida íntegramente a la entidad administradora de los mencionados
programas; y la segunda, que corresponde a la porción restante de la tasa, la cual
sí ingresa al patrimonio de la empresa terminal de transporte.

El uso del término "transferida íntegramente" excluye cualquier posibilidad de
apropiación, retención parcial, descuento o comisión a favor del terminal, y revela
la intención de la administración de conferir a estas entidades un rol meramente
instrumental en la gestión del recaudo de recursos ajenos, los cuales, por su
destinación específica, carecen de vocación para integrar el patrimonio de la
empresa terminal.

En consecuencia, cualquier práctica orientada a incorporar al patrimonio del
terminal las sumas recaudadas por concepto de programas de seguridad vial —
incluidas las pruebas de alcoholimetría—, además de contrariar la literalidad de la
norma, desnaturaliza la función legalmente asignada y vulnera el principio de
legalidad en materia de ingresos públicos y tarifas reguladas. La disposición
examinada, lejos de reconocer prerrogativas económicas al terminal, impone
obligaciones claras de custodia y transferencia sin contraprestación patrimonial, de
modo que el recaudo de tales recursos debe entenderse, en rigor, como una
obligación de recaudo y custodia en favor de tercero, y no como fuente de ingresos
propios para dichas entidades.

Por las razones esgrimidas el cargo no prospera.

6 “ARTÍCULO 2.2.1.4.10.4.1. Obligaciones. Son obligaciones de las empresas terminales de
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera las siguientes:

(…)

8. Con fundamento en el artículo 2 de la Ley 336 de 1996 y en consonancia con los programas de
seguridad que implemente el Ministerio de Transporte, las empresas terminales de transporte en
operación deberán disponer, dentro de las instalaciones físicas de cada terminal de transporte, los
equipos, el personal idóneo y un área suficiente para efectuar exámenes médicos generales de
aptitud física y practicar la prueba de alcoholimetría a una muestra representativa de los conductores
que estén próximos a ser despachados del respectivo terminal. Para el desarrollo de estos
programas se contará con los recursos previstos en el artículo 2.2.1.4.10.3.2 del presente Decreto,
los cuales se manejarán de manera coordinada y organizada entre las empresas de transporte
intermunicipal de pasajeros usuarias de los terminales, o a través de sus agremiaciones y los
terminales de transporte en su conjunto.”.

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6.3.3. De los efectos de la resolución cuestionada

6.3.3.1. Finalmente, la Sala deberá definir si es cierto que la resolución por
medio de la cual el Ministerio de Transporte adicionó el reglamento que fijó la tasa
de uso tiene efectos retroactivos que afecten los convenios o contratos suscritos
con anterioridad a su vigencia entre los terminales de transporte terrestre automotor
de pasajeros y las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros, sobre el
recaudo del tributo en punto a la prueba de alcoholimetría.

6.3.3.2. El actor sostiene que la resolución cuestionada afecta contratos
vigentes suscritos con anterioridad a su expedición, particularmente los celebrados
entre los terminales de transporte y las empresas operadoras para el recaudo de
los recursos destinados al desarrollo del programa de seguridad en carretera,
configurando, en su criterio, una aplicación retroactiva contraria al artículo 38 de la
Ley 153 de 1887.

6.3.3.2. Al respecto, la Sala debe precisar que el artículo 38 de la Ley 153 de 18877
establece para los contratos la excepción de ultraactividad de la ley, conforme a la
cual ellos se rigen por las disposiciones vigentes al momento de su celebración y,
por consiguiente, no se afectan, en principio, por las disposiciones que se expiden
con posterioridad. Sin embargo, atendiendo el reproche del accionante, debe
observase que no todo impacto sobre actos o relaciones jurídicas anteriores a la
expedición de una norma configura retroactividad. Es necesario diferenciar entre
retroactividad, que ocurre cuando una norma nueva pretende regir hechos pasados
o modificar los efectos jurídicos ya consolidados, y la llamada retrospección, que
implica la aplicación de una norma nueva a situaciones en curso a partir de su
entrada en vigor, sin afectar los efectos ya consumados.

7 “ARTÍCULO 38. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su

celebración.
Exceptúense de esta disposición:
1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y
2. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada
con arreglo á la ley bajo la cual se hubiere cometido.”.

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6.3.3.3. Esta comprensión encuentra respaldo en la jurisprudencia de la
Sección8, que ha distinguido con claridad los conceptos de retroactividad y
retrospectividad normativa, así:

“En este sentido, en relación con los efectos de la ley en el tiempo, la regla
general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley
nueva solo rige para todos los actos y hechos que se produzcan a partir de su
vigencia. De esta forma, por razón de su efecto general inmediato, la ley nueva
regula inmediatamente las situaciones jurídicas constituidas después de su
promulgación.

El principio de que las leyes rigen a partir de su promulgación, hacia el futuro y
hasta su derogatoria, según lo ha precisado la Corte Constitucional, tiene íntima
vinculación con la protección de los derechos adquiridos, expresamente
consagrada en el artículo 58 de la Carta Política, según el cual, “se garantizan
los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”; esta disposición
constitucional busca la protección del ciudadano frente a la expedición de
normas que, a posteriori, podrían modificar el contenido de sus derechos
subjetivos.

No obstante, de manera excepcional, las leyes son aplicadas en el tiempo de
forma diferente a la antes mencionada. En algunos casos la norma proyecta
sus efectos hacia el pasado, para regular actos cumplidos con antelación a su
vigencia, lo cual se conoce como la retroactividad de la ley, figura que, por su
carácter excepcional, requiere de disposición expresa que lo autorice.

La retroactividad, como lo ha precisado la jurisprudencia, “se configura cuando
una norma expresamente contempla la posibilidad de ser aplicada a
situaciones de hecho que se consolidaron con anterioridad a su entrada en
vigencia”. Un ejemplo claro de este instituto jurídico es el establecido en el
artículo 29 de la Constitución Política, conforme al cual “en materia penal, la ley
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva y desfavorable”.

Así mismo, debe ponerse de presente que la ley, por razón de su efecto general
inmediato, cobija situaciones jurídicas en curso, es decir, aquellas que venían
desarrollándose con anterioridad a su promulgación y que continúan
desdoblándose bajo su imperio. Esa aplicación de la ley nueva a las situaciones
jurídicas que vienen del pasado se concreta a los efectos y a la extensión del
derecho respectivo, que quedan sometidos al marco normativo que ella
establece, sin que ello implique retroactividad. Es lo que la jurisprudencia ha
denominado retrospectividad.

La retrospectividad de la ley, en efecto, es un fenómeno que se presenta
cuando la norma se aplica, desde que entra en vigor, a situaciones que han
estado gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se
han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición normativa.
Ciertamente, cuando no se trata de situaciones jurídicas consolidadas bajo la
vigencia de la ley anterior, sino de aquellas que están en curso en el momento

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente:

Oswaldo Giraldo López. Sentencia del 28 de febrero de 2019. Radicación Número: 11001-03-24-
000-2012-00061-00. Actor: Jorge Enrique Ibáñez Najar.

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de entrar en vigencia la nueva ley, ni de derechos adquiridos en ese momento,
sino de simples expectativas, la nueva ley es aplicable a ellas.

En ese sentido, ha señalado la jurisprudencia que “si bien en principio las
normas jurídicas solo tienen aplicabilidad a situaciones que tuvieron lugar con
posterioridad a su vigencia, ello no presenta impedimento alguno para que, en
los casos en los que la situación jurídica no se ha consolidado o, sus efectos
siguen surtiéndose, una nueva norma pueda entrar a regular y a modificar
situaciones surtidas con anterioridad a su vigencia”.

Conforme a lo anterior, se puede concluir que, por regla general, la ley nueva
regula inmediatamente las situaciones jurídicas constituidas después de su
promulgación, así como los efectos futuros de las situaciones en curso, y que
una norma no regula situaciones que se han consolidado jurídicamente antes
de su promulgación, a menos que la misma norma así lo establezca
expresamente.”.

6.3.3.4. Ahora bien, el actor argumenta que la resolución sí se aplica a contratos en
curso, con sustento en la Circular Externa 000037 del 1º de agosto de 2018,
expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte, mediante la cual se
impartió la instrucción a los terminales de transporte para que modificaran los
convenios y/o contratos que contemplaran descuentos o comisiones sobre los
valores recaudados para el programa de seguridad en carretera, con el fin de
ajustarlos a lo dispuesto en las resoluciones sobre la materia.

6.3.3.5. Esta instrucción efectivamente conlleva una afectación sobre contratos en
curso, en tanto ordena su modificación posterior para adecuarse a las nuevas
condiciones normativas. Sin embargo, esta situación no puede calificarse como un
supuesto de retroactividad, puesto que la obligación de modificar los contratos
surge con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva disposición, y su
cumplimiento se proyecta exclusivamente hacia el futuro, sin que se desconozcan
los efectos jurídicos previamente producidos por los contratos vigentes. En
consecuencia, se está frente a un fenómeno de retrospección, no de retroactividad,
pues la nueva regulación incide sobre situaciones en curso, pero a partir del
momento en que entra a regir, sin afectar lo acordado en el pasado mientras estuvo
vigente.

6.3.3.6. Con todo, debe resaltarse que la orden de modificar los contratos en curso
no proviene del acto demandado, sino de la Circular Externa 000037 de 2018, la
cual, si bien es vinculante en el marco del control de vigilancia a los terminales de
transporte, no fue objeto de demanda en este proceso. Por tal razón, en virtud del

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principio de legalidad y de la presunción de validez de los actos administrativos,
dicha circular debe tenerse como vigente mientras no sea anulada por la
jurisdicción.

6.3.3.7. Así las cosas, si bien puede aceptarse que la circular administrativa instruye
a los terminales para modificar contratos vigentes, ello no compromete la legalidad
del acto acusado, que no contiene disposición alguna sobre los contratos en curso.
La pretensión de nulidad por este cargo, entonces, no está llamada a prosperar,
dado que parte de una afirmación que no corresponde al contenido ni a los efectos
jurídicos del acto cuestionado, y se refiere, en cambio, a otro acto distinto, no
demandado en el proceso de la referencia.

6.3.3.8. Corolario de lo anterior, el cargo no está llamado a prosperar, pues el acto
acusado no presenta retroactividad ni impone por sí mismo la modificación de
contratos anteriores a su entrada en vigor, y los efectos que el actor le atribuye
derivan de una disposición distinta que goza de presunción de legalidad y no fue
cuestionada en el presente litigio.

Costas

Visto el artículo 188 del CPACA9, la Sala considera que no hay lugar a imponer
condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del
ordenamiento jurídico en abstracto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

9 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”

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PRIMERO. NEGAR las pretensiones de nulidad de la demanda, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.

TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
19 de junio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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