Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2019-00061-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2019-00061-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2019-00061-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
2 de octubre de 2025
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Radicado: 11001 03 24 000 2019 00061 00
Demandante: Promoambiental Distrito S.A.S ESP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Bogotá, D.C, dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2019 00061 00
Actora: Promoambiental Distrito S.A.S ESP
Demandados: La Nación – Presidente de la República y Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
Tesis: No es procedente analizar la legalidad de normas compiladas que
reproducen la reglamentación de aspectos relativos a las características de los
vehículos empleados para la prestación del servicio de aseo y las bases de operación
de personas prestadoras de dicho servicio en distritos o municipios mayores a 5000
usuarios, si se alega que no agotó un trámite previo exigible a la norma reproducida.
No es procedente analizar la legalidad de normas compiladas que reproducen la
reglamentación de aspectos relativos a las características de los vehículos
empleados para la prestación del servicio de aseo y las bases de operación de
personas prestadoras de dicho servicio en distritos o municipios mayores a 5000
usuarios, si los cuestionamientos se dirigen a atacar la norma reproducida que no fue
objeto de reproche en las pretensiones.
NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control
de nulidad promovido por la empresa Promoambiental Distrito S.A.S. ESP en contra
de los artículos 2.3.2.2.2.3.36 y 2.3.2.2.2.3.50 del Decreto nro. 1077 de 2015, «Por
medio del cual se expidió el Decreto único Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio» proferido por el Presidente de la República y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
I. LA DEMANDA
1.1. Pretensión
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«PRETENSIÓN ÚNICA. Que se declare la NULIDAD de los artículos
2.3.2.2.2.3.36 y 2.3.2.2.2.3.50 del Decreto nro. 1077 de 2015, por medio del
cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio»1. (Negrilla del texto).
1.2. El acto cuestionado
«DECRETO NÚMERO 1077 DE 2015
(26 de mayo de 2015)
“Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de
la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación
de políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los
instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del
Estado.
Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las
principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del
sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica.
Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y
compilación orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la
misma naturaleza.
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias
preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que
las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las
regulaciones vigentes sobre la materia.
Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario
implica, en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada,
para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual
conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad
reglamentaria.
Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este
decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en
consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las
circulares y demás actos administrativos expedidos por distintas autoridades
administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos
compilados.
1
Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 36 de Samai.
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Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la
normatividad vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos
ultractivos de disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el
artículo 38 de la Ley 153 de 1887.
Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de
reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se
entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en
cada artículo se indica el origen del mismo.
Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza
reglamentaria, como quiera que se limitan a describir la estructura general
administrativa del sector.
Que durante el trabajo compilatorio recogido en este Decreto, el Gobierno
verificó que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de
nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la información
suministrada por la Relatoría y la Secretaría General del Consejo de Estado.
Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter
reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único
para el mismo, se hace necesario expedir el presente Decreto Reglamentario
Único Sectorial.
Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
(…)
ARTICULO 2.3.2.2.2.3.36. Características de los vehículos de recolección y
transporte de residuos sólidos. Los vehículos para la prestación del servicio
de aseo, empleados en las actividades de recolección y transporte de residuos
con destino a disposición final, deberán tener, entre otras, las siguientes
características:
1. Los vehículos recolectores deberán ser motorizados, y estar claramente
identificados (color, logotipos, placa de identificación, entre otras
características).
2. En los municipios o distritos con más de 5.000 usuarios en el servicio
público de aseo, deberán estar provistos de equipo de comunicaciones.
3. En los distritos o municipios con más de 5.000 usuarios en el servicio
público de aseo, deberán contar con equipos de compactación de residuos.
Se exceptúan aquellos que se destinen a la recolección de residuos separados
con destino al aprovechamiento, manejo de residuos de construcción y
demolición y otros residuos que no sean susceptibles de ser compactados.
4. La salida del tubo de escape debe estar hacia arriba y por encima de su
altura máxima. Se deberá cumplir con las demás normas vigentes para
emisiones atmosféricas y ajustarse a los requerimientos de tránsito.
5. Los vehículos con caja compactadora deberán tener un sistema de
compactación que pueda ser detenido en caso de emergencia.
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6. Las cajas compactadoras de los vehículos destinados a la recolección y
transporte de los residuos sólidos con destino a disposición final, deberán ser
de tipo de compactación cerrada, de manera que impidan la pérdida del líquido
(lixiviado), y contar con un mecanismo automático que permita una rápida
acción de descarga.
7. Los equipos destinados a la recolección deberán tener estribos con
superficies antideslizantes, y manijas adecuadas para sujetarse de tal forma
que el personal pueda transportarse momentáneamente en forma segura.
8. Los equipos deberán posibilitar el cargue y el descargue de los residuos
sólidos almacenados de forma tal que evite la dispersión de estos y la emisión
de partículas.
9. Deberán estar diseñados de tal forma que no se permita el esparcimiento
de los residuos sólidos durante el recorrido.
10. En los vehículos que no utilicen caja compactadora, los residuos sólidos
deberán estar cubiertos durante el transporte, de manera que se reduzca el
contacto con la lluvia, el viento y se evite el esparcimiento e impacto visual.
Así mismo, deberán estar provistos de mecanismos que eviten la pérdida del
líquido (lixiviado).
11. En los vehículos destinados a la recolección a partir de cajas de
almacenamiento, deberán contar con un sistema adecuado para levantarlas y
descargar su contenido en el vehículo recolector.
12. Las especificaciones de los vehículos deberán corresponder a la
capacidad y dimensión de las vías públicas.
13. Deberán cumplir con las especificaciones técnicas existentes para no
afectar la salud ocupacional de los conductores y operarios.
14. Deberán estar dotados con equipos de carretera y de atención de
incendios.
15. Deberán estar dotados de dispositivos que minimicen el ruido,
especialmente aquellos utilizados en la recolección de residuos sólidos en
zonas residenciales y en las vecindades de hoteles, hospitales, clínicas,
centros educativos, centros asistenciales e instituciones similares.
16. Estarán dotados de elementos complementarios tales como cepillos,
escobas y palas para efectuar la limpieza de la vía pública en los casos de
dispersión de residuos durante la operación de recolección, de forma que una
vez realizada la recolección, no queden residuos diseminados en la vía
pública.
17. Deberán estar dotados de balizas o luces de tipo estroboscópico,
ubicadas una sobre la cabina y otra en la parte posterior de la caja de
compactación, así como de luces en la zona de la tolva. Para los vehículos
recolectores sin compactación las luces deberán estar ubicadas sobre la
cabina.
Parágrafo. Los prestadores que por condiciones de capacidad, acceso o
condiciones topográficas no puedan utilizar vehículos con las características
señaladas en este artículo deberán informarlo y sustentarlo ante la SSPD y
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esta entidad determinará la existencia de tales condiciones para permitir que
se emplee otro tipo de vehículos.
(…)
ARTICULO 2.3.2.2.2.3.50. Características de las bases de operación. Las
personas prestadoras del servicio público de aseo que presten el servicio en
municipio o distritos mayores de 5.000 usuarios deberán tener base de
operación, las cuales deberán ubicarse de acuerdo con lo definido en las
normas de ordenamiento territorial y cumplir con las siguientes características:
1. Contar con áreas adecuadas para el parqueo y maniobra de los vehículos,
depósito de insumos para la prestación de servicio, zona de control de
operaciones, vestidores e instalaciones sanitarias para el personal, y oficinas
administrativas.
2. Contar con los servicios públicos.
3. Contar con una adecuada señalización en las diferentes áreas, así como
de los sentidos de circulación.
4. Contar con señales y equipo de seguridad para la prevención de
accidentes, que permitan la inmediata y oportuna atención cuando se
produzcan situaciones de emergencia.
5. Contar con equipos de control de incendios.
6. Contar con equipos de comunicación entre la base y los equipos de
recolección.
Parágrafo 1°. En las bases de operación no se podrán almacenar residuos
sólidos provenientes de las actividades de recolección y transporte.
Parágrafo 2°. Las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento
que requieran menos de tres (3) vehículos para la prestación del servicio no
están obligadas a contar con base de operaciones.»2
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
1.3.1. En el acápite de «Fundamentos de derecho» de la demanda, formuló como
único cargo el de falta de competencia del Presidente de la República para
reglamentar la Ley 142 de 1994, pues le dio alcance a esta con los artículos
2.3.2.2.2.3.36 y 2.3.2.2.2.3.50 del Decreto nro. 1077 de 2015.
Manifestó que, ni el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política ni la Ley
142 de 1994, facultaban a la mencionada autoridad para definir las características
obligatorias del equipo utilizado en la prestación del servicio de aseo, ni tampoco
para establecer disposiciones sobre la organización de los patios de las empresas
2
Ibidem.
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que ejecutan dicho servicio. Agregó que se expidió esa reglamentación sin que
previamente la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (en
adelante CRA), se hubiese pronunciado sobre la necesidad de dichos parámetros
desde el punto de vista técnico.
Expuso que, el artículo 2.3.2.2.2.3.36 del Decreto nro. 1077 de 2015, estableció las
características que debían cumplir los vehículos utilizados por las compañías
prestadoras del servicio de aseo para la recolección y transporte de residuos, las
cuales eran: los logotipos de la compañía a la que pertenencia, equipos de
comunicación, balizas o luces tipo estroboscópicas, luces en la zona de la tolva y
cajas internas para el manejo de lixiviados. Sin embargo, indicó que estos aspectos
no se relacionaban con el manejo técnico de las actividades propias del servicio,
sino que correspondían a parámetros vinculados con la regulación de tránsito y
transporte de vehículos pesados.
Por su parte, el artículo 2.3.2.2.3.50 ibidem previó que los patios de operación de
cada empresa de servicio de aseo debían contar con señalización interna, equipos
de comunicación, implementos contra incendios, vestidores, oficinas administrativas
y sanitarios. No obstante, esas condiciones no podían entenderse como requisitos
técnicos directamente asociados a la prestación del servicio público.
Advirtió que, según el artículo 67 de la Ley 142 de 1994, el Presidente de la
República solo puede establecer condiciones para las empresas prestadoras del
servicio público de aseo si la CRA determina que dicha regulación es necesaria para
garantizar la calidad del servicio, respetando el principio de libre competencia. Lo
cual no sucedió en el presente caso.
Enunció que, de llegar a interpretarse que el accionado podía desconocer la
exigencia prevista en la norma mencionada, debía tenerse en cuenta que el
Congreso mediante la Ley 142 de 1994, definió el servicio de aseo, así como los
principios para la medición del servicio, las facturas y las tarifas de los usuarios; sin
embargo, no reguló la posibilidad de imponer exigencias técnicas sobre la
infraestructura del mismo. Por lo tanto, aunque las disposiciones acusadas
parecieran convenientes, fueron emitidas excediendo la potestad reglamentaria que
le fue conferida al mandatario con el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política.
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II. TRÁMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR
En el mismo escrito de la demanda solicitó la suspensión provisional de los artículos
2.3.2.2.2.3.36 y 2.3.2.2.2.3.50 del Decreto nro. 1077 de 2015, cuyo traslado se
efectuó mediante auto del 13 de junio de 2019. Durante dicho plazo, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio se pronunció en escrito visible a folio 80 a 83 del
cuaderno de medidas cautelares.
En proveído del 6 de septiembre de 20193, el Despacho Sustanciador negó la
medida cautelar.
III. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
3.1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio4 contestó la demanda
oponiéndose a la prosperidad de la pretensión, por carecer de sustento fáctico y
legal.
3.1.1. Adujo que, el Decreto nro. 1077 de 2015, no vulneró ninguna norma
constitucional o legal, debido a que este es una compilación normativa, dentro de
la cual fueron recogidos los artículos 37 y 51 del Decreto nro. 2981 de 2013 «Por
el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo», tal como quedó
previsto en la parte considerativa de la decisión acusada. Por lo tanto, no se estaba
creando una nueva normativa en materia de prestación de servicio de aseo.
3.1.2. En el acápite de excepciones formuló la de potestad reglamentaria del
Presidente de la República. Indicó que, dicha autoridad había actuado en
cumplimiento de la competencia otorgada por el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política, para regular las leyes, especialmente la 142 de 1994, 669 de
2001 y 1450 de 2011.
También, propuso la que denominó como «Carácter compilatorio del Decreto nro.
1077 de 2015». Afirmó que, la demandante omitió que la decisión enjuiciada, en
3
Visible a folios 89 a 93 del Cuaderno de Medida Cautelar.
4
Visible a fólios 94 a 104 del Cuaderno Principal.
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virtud de los principios de racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico,
reunía normas reglamentarias preexistentes y que, por tanto, no requería «consulta
previa»5, alguna y no podía ser demandada sin cuestionar su fuente primaria.
3.1.3. Por último, propuso el medio exceptivo que denominó «las normas de
carácter general no pueden declarase nulas para atender situaciones particulares»,
en el que se señaló que, la intención de Promoambiental con el medio de control
de nulidad era evitar que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
le impusiera una sanción dentro del pliego de cargos nro. 20184403506000072E
por la infracción del artículo 2.3.2.2.2.3.36 numerales 1, 4, 6 y 17; lo que podría
generar la imposición de la multa prevista en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994.
Por lo tanto, lo que se pretendía era el restablecimiento de un derecho a favor de
la demandante.
3.1.3.1. Las excepciones previas formuladas fueron negadas en proveído del
10 de septiembre de 20206.
3.2. El Presidente de la República contestó la demanda mediante memorial del 16
de septiembre de 20197. Sin embargo, en auto del 10 de septiembre de 2020, se
tuvo como extemporánea8.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
En la citada diligencia se les concedió a las partes el término de diez (10) días para
alegar de conclusión, lapso dentro del cual el Ministerio Público también podía
rendir concepto.
4.1. El Presidente de la República9, al descorrer el traslado manifestó que, la
pretensión de nulidad no estaba llamada a prosperar, debido a que el Decreto nro.
1077 de 2015, que compiló el Decreto nro. 2981 de 2013, se expidió en
cumplimiento de la facultad reglamentaria otorgada por el numeral 11 del artículo
189 de la Constitución Política y los parámetros decantados en la Ley 142 de 1994;
5
Visible a folio 100 de la Contestación de la demanda.
6
Visible a índice 27 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
7
Folios 134 a 138 del cuaderno principal.
8
Folios 151 a 158 del cuaderno principal.
9
Visible a índice 40 ibidem.
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sin afectar o desconocer el derecho a la libre competencia de las empresas
prestadoras del servicio de transporte de residuos sólidos.
Resaltó que, si bien se habían incluido algunas definiciones adicionales, que
estaban relacionadas con las previstas en la Ley 142 de 1994; al igual, que los
principios básicos del servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de
residuos sólidos, los mismos estaban contenidos en los artículos 2 y 3 del Decreto
nro. 2981 de 2013, que establecen que en un mercado de libre competencia pueden
participar operadores con capacidad e idoneidad, siempre que cumplan los
parámetros establecidos, especialmente lo relacionado con recolección y
transporte de desechos y acrediten las condiciones determinadas en los artículos
37 y 51 ibidem, que fueron compilados en las disposiciones acusadas.
4.2. La parte actora alegó de conclusión reiterando los argumentos expuestos
en el escrito de demanda. Adicionalmente, resaltó que a través del artículo 67 de la
Ley 142 de 1994, el Congreso de la República le confirió al Ministerio competente
la facultad de señalar los requisitos técnicos de los equipos utilizados por las
empresas de servicios públicos, por lo que son solo ellos los encargados de
efectuar dicha labor. Por lo tanto, la Presidencia de la República no podía
desconocer el mandato del Legislador e invocar la potestad reglamentaria para
proferir normas que estaban dirigidas a crear características operativas, de las
cuales solo podía encargarse la entidad correspondiente.
Indicó que, no por el hecho de que apareciera en el Decreto nro. 1077 de 2015 la
firma del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio se convalidaba el ejercicio
reglamentario del Jefe de Estado, ya que el artículo 2.3.2.2.2.3.36 ibidem no tiene
relación con la potestad reglamentaria. Además, no se encontraba precedido del
pronunciamiento que exige la ley por parte de la CRA.
Señaló que, si bien la citada cartera ministerial había allegado con la contestación
de la demanda, los oficios con los que la Comisión remitió los comentarios del
Decreto nro. 2981 de 2013, los mismos no contienen lo que exige el artículo 67 de
la Ley 142 de 1994, ya que dicha entidad no especificó que los requisitos técnicos
eran necesarios para garantizar la calidad del servicio y no implicaban la restricción
de la competencia y tampoco, se efectuó un análisis al respecto.
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Por otro lado, se pronunció sobre los argumentos del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, aduciendo que no era necesario que se demandaran los artículos 37 y
51 del Decreto nro. 2981 de 2013, pues estos se encontraban derogados por el
acto acusado. Asimismo, sostuvo que la parte demandada no logró desvirtuar la
extralimitación que se generó en el ejercicio de la potestad reglamentaria.
4.3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio alegó de conclusión10
reiterando los argumentos expuestos en el escrito de contestación.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto
bajo los siguientes argumentos:
Sostuvo que, el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política facultó al
Presidente de la República para ejercer la potestad reglamentaria mediante
decretos, resoluciones y órdenes que sean necesarias para ejecutar las leyes.
Frente a la exigencia del requisito relacionado con la manifestación por parte de la
CRA sobre la necesidad de la regulación de los aspectos técnicos, mencionó que
dado a que el Decreto nro. 1077 de 2015, unificaba normas prexistentes, no era
necesario agotar la «consulta previa»11 para su expedición, pues dicho trámite se
surtió cuando se emitieron las normas fuente.
Expuso que, el contenido de los artículos 2.3.2.2.2.3.36 y .2.3.2.2.2.3.50 ibidem es
idéntico al previsto en los artículos 37 y 51 del Decreto nro. 2981 de 2013, por medio
del cual el primer mandatario había reglamentado la prestación del servicio público
de aseo en el territorio nacional. Situación que, quedó detallada en las
consideraciones del acto acusado.
Informó que, en los antecedentes de la norma anteriormente citada reposan los
conceptos de la CRA y la necesidad de expedir el decreto reglamentario.
10
Visible a índice 44 ibidem.
11
Visible a índice 5 ibidem.
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Resaltó que, las disposiciones acusadas no vulneraban los artículos 150 y 365 de
la Carta Política, pues el Gobierno Nacional no usurpó funciones propias del
Congreso de la República ni afectó la prestación del servicio. En lo relacionado con
el artículo 2° de la Ley 142 de 1994, aseguró que no se efectuó una indebida
intervención de la labor de aseo, debido a que la norma fuente y el Decreto nro.
1077 de 2015, se profirieron con la finalidad de garantizar la calidad, eficiencia y
mejoramiento del servicio; sin entenderse ello como una afectación a la libre
competencia. Por lo tanto, no es procedente declarar la nulidad de los artículos
demandados.
VI. DEL TRÁMITE POSTERIOR AL TRASLADO PARA ALEGAR DE
CONCLUSIÓN
Mediante escrito del 8 de agosto 202512, el Consejero de Estado Germán Eduardo
Osorio Cifuentes manifestó su impedimento para conocer del proceso de la
referencia, al considerar que se encontraba incurso en la causal prevista en el
numeral 3 del artículo 130 del CPACA. No obstante, dicho impedimento fue
declarado infundado por la Sala de Decisión de la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante auto de 21 de agosto de 202513.
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el
Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
12
Visible a índice 64 ibidem.
13
Visible a índice 67 ibidem.
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7.2. Planteamiento
De acuerdo con lo expuesto en la demanda y en los argumentos de defensa, la Sala
advierte que la controversia gira en torno a los siguientes puntos: el primero,
relacionado con la necesidad de que la CRA para la expedición de las disposiciones
que se censuran se surtiera la «consulta previa», dado que para la demandante ello
era menester en consideración a que los asuntos objeto de reglamentación tienen que
ver con la libre competencia. Entre tanto, para el ministerio accionado tal exigencia no
es predicable de las normas censuradas puesto que se trata de compilaciones
exactas de los artículos 37 y 51 del Decreto 2981 de 2013, respecto de las cuales se
surtió el trámite que echa de menos la demandante.
También discuten sobre la competencia en la expedición de las normativas
censuradas, pues en criterio de la actora es del resorte del Ministerio de Transporte
puesto que se reglamentan aspectos relativos al tránsito y transporte de vehículos de
carga pesada lo mismo que a la infraestructura del servicio de aseo y que su contenido
no se enmarca en aspectos técnicos asociados a la prestación de dicho servicio. Al
respecto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio explicó que dada la falta de
autonomía de las disposiciones contenidas en el decreto compilatorio respecto de la
reproducción de los artículos 37 y 51 del Decreto 2981 de 2013, no era procedente
abordar este cargo de nulidad, máxime cuando este último decreto no había siquiera
sido cuestionado en esta Jurisdicción.
7.3. Actos compilatorios
La Sala debe definir si son nulos los preceptos mediante los cuales se definieron las
características de los vehículos de recolección y transporte de residuos sólidos y de
las bases de operación de las personas prestadoras del servicio público de aseo, si
fueron compilados en un nuevo cuerpo normativo y al ser expedido no se cumplió
con la «consulta previa» ante la CRA.
Para responder tal cuestionamiento se debe precisar que las normas vertidas en
decretos compilatorios no tienen una sustantividad propia, dado que son expedidas
con miras a facilitar, racionalizar, simplificar y organizar de manera coherente los
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preceptos que orientan a los diversos sectores que integran el Estado. Así lo
entendió la Corte Constitucional, en la sentencia C-839 de 200814:
«3.2. Sobre el alcance de la expresión compilar la Corte se ha pronunciado en
múltiples oportunidades precisando que “la compilación implica “agrupar o
recopilar en un solo texto, disposiciones jurídicas sobre un tema específico, sin
variar en nada su naturaleza y contenido normativo. Esta tarea, no involucra en
estricto sentido ejercicio de actividad legislativa”.15
Quien compila, ha dicho la Corte “limita su actividad a la reunión o agregación
de normas o estatutos dentro de un criterio de selección que incide en la
compilación misma, sin trascendencia al ordenamiento jurídico en cuanto tal.
La función compiladora se encuentra limitada por las normas objeto de ella, de
tal manera que el compilador no las puede modificar o sustituir, ni tiene la
posibilidad de retirar o excluir disposiciones del sistema jurídico, así se las
estime innecesarias, superfluas o repetidas y, claro está, tampoco le es
atribuida la función, típicamente legislativa, de reordenar, con efectos
obligatorios erga omnes el articulado de un conjunto normativo”.16
Es una facultad que “no puede conllevar la expedición de un nuevo texto
jurídico con una numeración y una titulación propia e independiente, pues ello,
de conformidad con lo expuesto, equivale a expedir un código”, 17 ya que la
compilación “en nada debe alterar la naturaleza misma de las normas
agrupadas”.18
La jurisprudencia ha concluido entonces sobre los alcances de esta
diferenciación entre codificación y compilación en casos concretos, lo siguiente:
(i) si “para efectos de expedir un estatuto o una recopilación se concede al
Ejecutivo facultades generales para eliminar normas repetidas o superfluas, se
supera el estadio de los estatutos o de las recopilaciones y se ingresa al de los
códigos”19. (ii) La facultad de compilar “no puede conllevar la expedición de un
14
Corte Constitucional, sentencia C- 839 de 2008, MP: Jaime Córdoba Triviño.
15
Sentencia C-340 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Ver igualmente la sentencia C-582 de 2001. M.P. Jaime Araujo
Rentería.
16
Sentencia C-397 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
17
Sentencia C-129 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En esta sentencia, la Corte estudió el artículo 199 de la ley 136 de
1994, sobre modernización de los municipios, que autorizaba al Presidente de la República, mediante facultades
extraordinarias a “compilar las disposiciones constitucionales y legales vigentes para la organización y funcionamiento de los
municipios. Para este efecto se podrá reordenar la numeración de las diferentes normas y eliminar aquellas que se encuentren
repetidas o derogadas”. En esa oportunidad, la norma acusada fue declarada inexequible, así como el Decreto Ley 2626 de
1994 que se expidió en cumplimiento de tales facultades, - por unidad normativa -, porque a juicio de la Corte se “desconoció
la prohibición taxativamente prevista en esa disposición, pues a través del Decreto 2626 de 1994 lo que [se] hizo no fue una
simple compilación, sino que se expidió un nuevo ordenamiento jurídico, agrupado en un sólo texto formalmente promulgado,
lo que constituye, por ende, un código. (…)En efecto, puede observarse que en él se expidió una diferente numeración y
titulación y, lo que es más importante, se creó un ordenamiento jurídico nuevo. (…)”. Así, no obstante que el legislador
ordinario utilizó la palabra “compilar”, advirtió la sentencia, compilar no puede comportar la expedición de un nuevo texto
jurídico en el que se incorporen disposiciones nuevas, o se deroguen o refundan otras, por ser ello una atribución
eminentemente legislativa.
18
Sentencia C-129 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
19
Sentencia C-255 de 1995 M.P. Jorge Arango Mejía. En esta providencia, la Corte estudió el Decreto Ley 1298 de 1994,
relacionado con el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional de Salud; decreto expedido en razón de las facultades
extraordinarias asignadas al Presidente por la Ley 100 de 1993, artículo 248, para el efecto, con el objeto de “expedir el
estatuto orgánico del sistema nacional de salud, de numeración continua, con el objeto de sistematizar incorporar y armonizar
en un solo cuerpo jurídico las normas vigentes en materia de salud (…) Con tal propósito podrá reordenar la numeración de
las diferentes disposiciones (…) sin que se altere su contenido y podrá eliminar las normas repetidas o superfluas”. Dijo la
Corte Constitucional en esa oportunidad que expedir “un estatuto orgánico del sistema de salud, de numeración continua, con
el objeto de sistematizar, integrar, incorporar y armonizar en un solo cuerpo jurídico las normas vigentes en materia de salud,
no es diferente a expedir un código. Con mayor razón, si la facultad permite al Presidente "eliminar las normas repetidas o
superfluas", lo que podría conducir a la derogación por esta vía de normas que hacen parte de leyes orgánicas o estatutarias”.
Concluyó la providencia, acogiendo la jurisprudencia sentada por la sentencia C-129 de 1995 ya enunciada, que tanto el
decreto ley como el artículo de la ley 100 de 1993 que concedía tales facultades eran inexequibles, dado que el Estatuto
Orgánico del Sistema General de Seguridad Social en Salud era “un verdadero código”. Así lo demuestran “su extensión,
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nuevo texto jurídico con una numeración y una titulación propia e independiente
pues ello equivale a expedir un código”.20» (Subrayas de la Sala).
En lo que respecta al ejercicio de esa «función compilatoria» de normas legales 21,
la Corte Constitucional también ha sostenido que el ejecutivo no requiere
autorización legal, pues la competencia para ello deriva del artículo 189, numeral
10, de la Constitución Política. Así discurrió:
«El gobierno cuenta de manera permanente con la autorización
constitucional para compilar las normas legales, con el fin de hacerlas
asequibles y fáciles de entender al ciudadano común, todo dentro de su
obligación de velar por el estricto cumplimiento de las leyes (C.P. art. 189,
numeral 10). Esa tarea forma, pues, parte de sus labores como suprema
autoridad administrativa, y no requiere de una autorización legal»22.
Al revisar las disposiciones que se impugnan, es evidente que el Presidente de la
República, en estricto sentido, ejerció la facultad compilatoria, pues, además de que
así lo expresó en las consideraciones del Decreto 1077 de 2015, es evidente que,
no adicionó o modificó, en lo absoluto, su texto, veamos:
Decreto 2981 de 2013 Decreto 1077 de 2015
Artículo 37. Características de los Artículo 2.3.2.2.2.3.36. Características
vehículos de recolección y transporte de de los vehículos de recolección y
residuos sólidos. Los vehículos para la transporte de residuos sólidos. Los
prestación del servicio de aseo, empleados vehículos para la prestación del servicio
en las actividades de recolección y de aseo, empleados en las actividades de
transporte de residuos con destino a recolección y transporte de residuos con
disposición final, deberán tener, entre destino a disposición final, deberán tener,
otras, las siguientes características: entre otras, las siguientes características:
1. Los vehículos recolectores deberán ser 1. Los vehículos recolectores deberán ser
motorizados, y estar claramente motorizados, y estar claramente
pues consta de 723 artículos, y el hecho de enumerarse en el artículo 722 todas las leyes que "incorpora y sustituye", que
son ocho, expedidas entre los años de 1979 y 1994”.
20
Sentencia C-129 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
21
Se hace la anterior precisión, comoquiera que ello no se hace extensible a la compilación de códigos, la cual debe ser
delegada por el legislativo, como se señaló en Sentencia C-582 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería, en los siguientes
términos «La segunda facultad, esto es, la de compilar que consiste en agrupar o recopilar en un solo texto disposiciones
jurídicas sobre un tema específico, sin variar en nada su naturaleza y contenido normativo, puede ser ejercida "por cualquier
particular o entidad pública, o puede igualmente ser delegada en el ejecutivo a través de las facultades de que trata el
numeral 10 del artículo 150 superior. Con todo, cabe en este punto precisar que la facultad de compilar, no puede conllevar
la expedición de un nuevo texto jurídico con una numeración y una titulación propia e independiente, pues ello, de conformidad
con lo expuesto, equivale a expedir un código."»
22
Cita propia del texto transcrito «Esta posición ya había sido expuesta en las sentencias C-129 y C-397 de 1995. En la
primera de las mencionadas se expuso que la compilación, "al tratarse de una facultad que en nada debe alterar la naturaleza
misma de las normas agrupadas, puede ser desarrollada por cualquier particular o entidad pública, o puede igualmente ser
delegada en el ejecutivo a través de las facultades de que trata el numeral 10 del artículo 150 superior." También la Corte
Suprema de Justicia se había pronunciado en este sentido. Así, en la sentencia de Sala Plena N° 102 de 1986, M.P. Hernán
Gómez Otálora, se manifestaba que la facultad de compilación “dado su carácter mecánico no requiere de facultades
extraordinarias, por no ser en sí misma función legislativa, como sí lo es la tarea codificadora.”»
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identificados (color, logotipos, placa de identificados (color, logotipos, placa de
identificación, entre otras características). identificación, entre otras características).
2. En los municipios o distritos con más de 2. En los municipios o distritos con más de
5.000 usuarios en el servicio público de 5.000 usuarios en el servicio público de
aseo, deberán estar provistos de equipo de aseo, deberán estar provistos de equipo
comunicaciones. de comunicaciones.
3. En los distritos o municipios con más de 3. En los distritos o municipios con más de
5.000 usuarios en el servicio público de 5.000 usuarios en el servicio público de
aseo, deberán contar con equipos de aseo, deberán contar con equipos de
compactación de residuos. Se exceptúan compactación de residuos. Se exceptúan
aquellos que se destinen a la recolección aquellos que se destinen a la recolección
de residuos separados con destino al de residuos separados con destino al
aprovechamiento, manejo de residuos de aprovechamiento, manejo de residuos de
construcción y demolición y otros residuos construcción y demolición y otros residuos
que no sean susceptibles de ser que no sean susceptibles de ser
compactados. compactados.
4. La salida del tubo de escape debe estar 4. La salida del tubo de escape debe estar
hacia arriba y por encima de su altura hacia arriba y por encima de su altura
máxima. Se deberá cumplir con las demás máxima. Se deberá cumplir con las demás
normas vigentes para emisiones normas vigentes para emisiones
atmosféricas y ajustarse a los atmosféricas y ajustarse a los
requerimientos de tránsito. requerimientos de tránsito.
5. Los vehículos con caja compactadora 5. Los vehículos con caja compactadora
deberán tener un sistema de compactación deberán tener un sistema de
que pueda ser detenido en caso de compactación que pueda ser detenido en
emergencia. caso de emergencia.
6. Las cajas compactadoras de los 6. Las cajas compactadoras de los
vehículos destinados a la recolección y vehículos destinados a la recolección y
transporte de los residuos sólidos con transporte de los residuos sólidos con
destino a disposición final, deberán ser de destino a disposición final, deberán ser de
tipo de compactación cerrada, de manera tipo de compactación cerrada, de manera
que impidan la pérdida del líquido que impidan la pérdida del líquido
(lixiviado), y contar con un mecanismo (lixiviado), y contar con un mecanismo
automático que permita una rápida acción automático que permita una rápida acción
de descarga. de descarga.
7. Los equipos destinados a la recolección 7. Los equipos destinados a la recolección
deberán tener estribos con superficies deberán tener estribos con superficies
antideslizantes, y manijas adecuadas para antideslizantes, y manijas adecuadas para
sujetarse de tal forma que el personal sujetarse de tal forma que el personal
pueda transportarse momentáneamente en pueda transportarse momentáneamente
forma segura. en forma segura.
8. Los equipos deberán posibilitar el cargue 8. Los equipos deberán posibilitar el
y el descargue de los residuos sólidos cargue y el descargue de los residuos
almacenados de forma tal que evite la sólidos almacenados de forma tal que
dispersión de estos y la emisión de evite la dispersión de estos y la emisión de
partículas. partículas.
9. Deberán estar diseñados de tal forma 9. Deberán estar diseñados de tal forma
que no se permita el esparcimiento de los que no se permita el esparcimiento de los
residuos sólidos durante el recorrido. residuos sólidos durante el recorrido.
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10. En los vehículos que no utilicen caja 10. En los vehículos que no utilicen caja
compactadora, los residuos sólidos compactadora, los residuos sólidos
deberán estar cubiertos durante el deberán estar cubiertos durante el
transporte, de manera que se reduzca el transporte, de manera que se reduzca el
contacto con la lluvia, el viento y se evite el contacto con la lluvia, el viento y se evite
esparcimiento e impacto visual. Así mismo, el esparcimiento e impacto visual. Así
deberán estar provistos de mecanismos mismo, deberán estar provistos de
que eviten la pérdida del líquido (lixiviado). mecanismos que eviten la pérdida del
líquido (lixiviado).
11. En los vehículos destinados a la 11. En los vehículos destinados a la
recolección a partir de cajas de recolección a partir de cajas de
almacenamiento, deberán contar con un almacenamiento, deberán contar con un
sistema adecuado para levantarlas y sistema adecuado para levantarlas y
descargar su contenido en el vehículo descargar su contenido en el vehículo
recolector. recolector.
12. Las especificaciones de los vehículos 12. Las especificaciones de los
deberán corresponder a la capacidad y vehículos deberán corresponder a la
dimensión de las vías públicas. capacidad y dimensión de las vías
públicas.
13. Deberán cumplir con las 13. Deberán cumplir con las
especificaciones técnicas existentes para especificaciones técnicas existentes para
no afectar la salud ocupacional de los no afectar la salud ocupacional de los
conductores y operarios. conductores y operarios.
14. Deberán estar dotados con equipos de 14. Deberán estar dotados con equipos
carretera y de atención de incendios. de carretera y de atención de incendios.
15. Deberán estar dotados de dispositivos 15. Deberán estar dotados de
que minimicen el ruido, especialmente dispositivos que minimicen el ruido,
aquellos utilizados en la recolección de especialmente aquellos utilizados en la
residuos sólidos en zonas residenciales y recolección de residuos sólidos en zonas
en las vecindades de hoteles, hospitales, residenciales y en las vecindades de
clínicas, centros educativos, centros hoteles, hospitales, clínicas, centros
asistenciales e instituciones similares. educativos, centros asistenciales e
instituciones similares.
16. Estarán dotados de elementos 16. Estarán dotados de elementos
complementarios tales como cepillos, complementarios tales como cepillos,
escobas y palas para efectuar la limpieza escobas y palas para efectuar la limpieza
de la vía pública en los casos de dispersión de la vía pública en los casos de
de residuos durante la operación de dispersión de residuos durante la
recolección, de forma que una vez operación de recolección, de forma que
realizada la recolección, no queden una vez realizada la recolección, no
residuos diseminados en la vía pública. queden residuos diseminados en la vía
pública.
17. Deberán estar dotados de balizas o 17. Deberán estar dotados de
luces de tipo estroboscópico, ubicadas una balizas o luces de tipo estroboscópico,
sobre la cabina y otra en la parte posterior ubicadas una sobre la cabina y otra en la
de la caja de compactación, así como de parte posterior de la caja de compactación,
luces en la zona de la tolva. Para los así como de luces en la zona de la tolva.
vehículos recolectores sin compactación Para los vehículos recolectores sin
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las luces deberán estar ubicadas sobre la compactación las luces deberán estar
cabina. ubicadas sobre la cabina.
Parágrafo. Los prestadores que por Parágrafo. Los prestadores que por
condiciones de capacidad, acceso o condiciones de capacidad, acceso o
condiciones topográficas no puedan utilizar condiciones topográficas no puedan
vehículos con las características señaladas utilizar vehículos con las características
en este artículo deberán informarlo y señaladas en este artículo deberán
sustentarlo ante la SSPD y esta entidad informarlo y sustentarlo ante la SSPD y
determinará la existencia de tales esta entidad determinará la existencia de
condiciones para permitir que se emplee tales condiciones para permitir que se
otro tipo de vehículos. emplee otro tipo de vehículos.
(…) (…)
Artículo 51. Características de las bases Artículo 2.3.2.2.2.3.50. Características
de operación. Las personas prestadoras de las bases de operación. Las personas
del servicio público de aseo que presten el prestadoras del servicio público de aseo
servicio en municipio o distritos mayores de que presten el servicio en municipio o
5.000 usuarios deberán tener base de distritos mayores de 5.000 usuarios
operación, las cuales deberán ubicarse de deberán tener base de operación, las
acuerdo con lo definido en las normas de cuales deberán ubicarse de acuerdo con
ordenamiento territorial y cumplir con las lo definido en las normas de ordenamiento
siguientes características: territorial y cumplir con las siguientes
características:
1. Contar con áreas adecuadas para el 1. Contar con áreas adecuadas para
parqueo y maniobra de los vehículos, el parqueo y maniobra de los vehículos,
depósito de insumos para la prestación de depósito de insumos para la prestación de
servicio, zona de control de operaciones, servicio, zona de control de operaciones,
vestidores e instalaciones sanitarias para el vestidores e instalaciones sanitarias para
personal, y oficinas administrativas. el personal, y oficinas administrativas.
2. Contar con los servicios públicos. 2. Contar con los servicios públicos.
3. Contar con una adecuada señalización 3. Contar con una adecuada
en las diferentes áreas, así como de los señalización en las diferentes áreas, así
sentidos de circulación. como de los sentidos de circulación.
4. Contar con señales y equipo de 4. Contar con señales y equipo de
seguridad para la prevención de seguridad para la prevención de
accidentes, que permitan la inmediata y accidentes, que permitan la inmediata y
oportuna atención cuando se produzcan oportuna atención cuando se produzcan
situaciones de emergencia. situaciones de emergencia.
5. Contar con equipos de control de 5. Contar con equipos de control de
incendios. incendios.
6. Contar con equipos de comunicación 6. Contar con equipos de
entre la base y los equipos de recolección. comunicación entre la base y los equipos
de recolección.
Parágrafo 1°. En las bases de operación Parágrafo 1°. En las bases de operación
no se podrán almacenar residuos sólidos no se podrán almacenar residuos sólidos
provenientes de las actividades de provenientes de las actividades de
recolección y transporte. recolección y transporte.
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Parágrafo 2°. Las personas prestadoras Parágrafo 2°. Las personas prestadoras
de la actividad de aprovechamiento que de la actividad de aprovechamiento que
requieran menos de tres (3) vehículos para requieran menos de tres (3) vehículos para
la prestación del servicio no están la prestación del servicio no están
obligadas a contar con base de obligadas a contar con base de
operaciones. operaciones.
Siendo ello así, la función ejercida por el Gobierno Nacional en el decreto en cita y,
en particular, en lo que atañe a los artículos enjuiciados, constituye el ejercicio de la
facultad compilatoria, respecto de lo ya previsto en una norma preexistente, esto es,
el Decreto 2981 de 2013 «por el cual se reglamenta la prestación del servicio público
de aseo», toda vez que se limitó a reproducir, de manera idéntica, el texto de la
disposición anterior, es decir que no sustituyó ni modificó el contenido normativo del
artículo compilado y, por ello, no desplegó, en estricto sentido, la facultad
reglamentaria.
A partir de lo anterior, es preciso concluir que no comprende una nueva disposición
«reglamentaria» autónoma, máxime cuando en la parte considerativa del decreto,
expresamente, se indicó «Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas
reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de «consulta previa»
alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con
las regulaciones vigentes sobre la materia.», de donde se concluye que habiendo
sido consultado el Decreto 2981 de 2013 a la CRA, no es exigible tal requerimiento
para el compilatorio en lo pertinente, fase de la que dan cuenta los folios 105 a 133
del Cuaderno principal.
En consecuencia, el reparo de validez así esgrimido no prospera.
7.4. Falta de competencia
La Sala pasa a desatar si son nulas por falta de competencia las normas
compiladas que reglamentan aspectos relativos al tránsito y transporte de vehículos
de carga pesada destinados a prestar el servicio públicos de aseo lo mismo que la
infraestructura del servicio de aseo.
Al respecto, es pertinente anotar que, conforme se detalló en el acápite anterior, los
artículos censurados no gozan de autonomía, por lo que no resulta viable analizar su
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validez de cara a lo que establece la norma reproducida, esto es, los artículos 37 y 51
del Decreto 2981 de 2013, como quiera que esas disposiciones no fueron
demandadas en el proceso de la referencia.
Como se vio, la única pretensión planteada por la sociedad actora fue la siguiente:
«PRETENSIÓN ÚNICA. Que se declare la NULIDAD de los artículos
2.3.2.2.2.3.36 y 2.3.2.2.2.3.50 del Decreto nro. 1077 de 2015, por medio del
cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio»23.
En efecto, lo que la accionante busca es que se defina si el Presidente de la República
y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ostentan las atribuciones
constitucionales y legales para expedir una reglamentación acerca de las
características de los vehículos empleados para la prestación del servicio de aseo y
las bases de operación de personas prestadoras de dicho servicio en distritos o
municipios mayores a 5000 usuarios. No obstante, esa regulación no fue creada en
los artículos 2.3.2.2.2.3.36 ni en el 2.3.2.2.2.3.50 del Decreto 1077 de 2015 sino en los
ya mencionados artículos 37 y 51 del Decreto 2981 de 2013, por lo que al no ser parte
estas últimas normativas del objeto del presente litigio, no es procedente efectuar
razonamiento alguno tendiente a definir su juridicidad.
Admitir un razonamiento distinto, infringiría no sólo el principio de congruencia sino los
derechos de defensa y contradicción de quienes se vincularon como demandados,
pues lo cierto es que circunscribieron su posición a la expedición de los preceptos
compilados.
En ese orden, tampoco prospera el cargo así formulado.
7.5. Costas
Visto el artículo 188 del CPACA24, la Sala considera que no hay lugar a imponer
condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del
23
Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 36 de Samai.
24
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”
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ordenamiento jurídico en abstracto, donde el interés que mueve al actor es público
y no es otro distinto al de defender la prevalencia del principio de legalidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: : Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
2 de octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la
gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
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