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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-24-000-2020-00511-00

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-24-000-2020-00511-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y las solicitudes de desvinculación Segunda. Negar las pretensiones de la demanda, por los cargos estudiados en esta sentencia. Tercero. Sin condena en costas, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-24-000-2020-00511-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD SIMPLE
Radicación: 11001-03-24-000-2020-00511-00 (26242)
Demandante: RICARDO MAURICIO DÍAZ ALARCÓN
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS

Tema: Contribución especial. Cuota de compensación militar.
Potestad reglamentaria del gobierno nacional en materia
tributaria. Caracterización y rasgos distintivos del principio de
igualdad en materia tributaria

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la demanda de nulidad simple interpuesta por Ricardo Mauricio Díaz
Alarcón, en la que se pretende la nulidad simple contra el artículo 1 del Decreto 977
de 2018, por medio del cual se modifica el artículo 2.3.1.4.5.3 del Decreto 1070 de
20151, norma que dispone:

Decreto número 977 de 2018
(junio 7)

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto número 1070 de 2015,
en lo relacionado con la reglamentación del servicio de reclutamiento, control
reservas y la movilización.

El Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las conferidas en el artículo 189 numeral 11 de la
Constitución Política, y en desarrollo de la Ley 1184 de 2008 y Ley 1861 de 2017,

(…)

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del
Decreto número 1070 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector
Administrativo de Defensa, el cual quedará así:
(…)

Artículo 2.3.1.4.5.3. Liquidación cuota de compensación militar. La fecha de
clasificación del ciudadano que no ingrese a filas conforme a lo dispuesto en el
artículo 25 de la Ley 1861 de 2017, determinará el momento a partir del cual se
realizará la liquidación de la cuota de compensación militar.

1
Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.

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Demandante: Ricardo Mauricio Díaz Alarcón

DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad, del artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Sergio
Delgado formuló la siguiente pretensión:

PRIMERA: Que se DECLARE la nulidad del artículo 2.3.1.4.5.3 del Decreto Único
Reglamentario 1070 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 977 de 2018
del Ministerio de Defensa Nacional;

SEGUNDA: Que se SUSPENDA PROVISIONALMENTE los efectos del articulo
2.3.1.4.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1070 de 2015, adicionado por el artículo
1 del Decreto

Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 13, 95-9, 216 y 363 de la
Constitución Política, 17, 25, 27 de la Ley 1861 de 2017. El concepto de la
violación se resume así:

• La norma demandada vulnera el artículo 13 de la Constitución Política: El
demandante con el fin de desarrollar este cargo de nulidad se refirió al principio de
igualdad y su relación con los principios de equidad, justicia y progresividad
tributaria.

Para tal efecto, aludió a las facetas formal y material del derecho a la igualdad y a
las tres etapas de análisis precisadas por la Corte Constitucional para determinar si
se incurre en una vulneración del principio de igualdad, a saber: (i) establecer el
criterio de comparación -tertium comparationis-, que permita examinar si los sujetos
en cuestión son susceptibles de compararse; (ii) definir si en el plano fáctico y
jurídico existe un trato igual entre desiguales o desigual entre iguales y (iii) analizar
si la diferencia de trato está constitucional o legalmente justificada.

Con base en esa metodología, el actor señaló que la normativa vigente diferencia
dos momentos: (i) la fecha de clasificación de los ciudadanos que no ingresen a las
filas y (ii) la expedición del recibo de liquidación de la cuota y su pago que se debe
efectuar dentro de los 90 días siguientes a la expedición del recibo. En su sentir,
entre esos dos momentos puede existir un amplio periodo de tiempo, en tanto “la
clasificación suele ocurrir cuando el interesado se presenta ante la autoridad de
reclutamiento al cumplir la mayoría de edad, pero la expedición del recibo de pago
puede ocurrir varios años después, por diferentes motivos (…)”, lo que ejemplifica
con la no necesidad de la presentación de la libreta militar para obtener un título de
pregrado2 y en ciertos casos para acceder a un empleo3.

Para el demandante el examen de constitucionalidad y de legalidad de la disposición
demandada debe hacerse bajo este contexto, pues en su aplicación la Nación
liquida la cuota de compensación militar con base en la situación fáctica que existía
al momento de la clasificación, lo que significa que los hechos relevantes son la
dependencia o independencia económica del interesado y la situación económica
de su núcleo familiar o del tercero responsable en ese mismo momento.

2
Ley 1738 de 2014, artículo 2.
3
Ley 1861 de 2017, artículo 42.
2

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Demandante: Ricardo Mauricio Díaz Alarcón

A partir de ese razonamiento, el actor considera que en el artículo demandado existe
una diferenciación tácita entre dos grupos:
Grupo 1 Grupo 2

Las personas que al momento de la Las personas que al momento de la
clasificación eran independientes y que al clasificación era dependientes y que al
momento de la expedición del recibo de momento de la expedición del recibo de
liquidación siguen siendo independientes. liquidación son independientes.

Refirió que el punto de comparación entre ambos grupos es su situación económica
de dependencia o independencia al momento del pago del tributo, es decir, cuando
se expide el recibo de liquidación. Sin embargo, agregó que la norma diferencia a
ambos grupos con un criterio diferente “su dependencia o independencia económica
a la fecha de clasificación”, lo que, en su criterio, introduce un trato desigual entre
iguales que llevaría a que el grupo 2 pague una cuota de compensación militar
mucho mayor a la del grupo 1.

Destacó que si bien entre ambos grupos hay una situación fáctica diferencial (el
hecho de haber sido dependientes o independientes al momento de la clasificación),
para el demandante ese no puede ser el hecho relevante para definir el momento
sobre el que se grava el tributo, pues entre el momento de la clasificación y el de
expedición del recibo de liquidación pueden transcurrir varios años, lo que no tiene
ninguna justificación constitucional o legal razonable.

En definitiva, el demandante sostuvo que al establecerse el momento de la
clasificación como el relevante para examinar la dependencia o independencia
económica conlleva que el sistema tributario sea ineficiente, pues no garantiza un
efectivo recaudo de los recursos, “al contrario, la norma obliga a las personas que
era dependientes y que ya no lo son a pagar una cuota de compensación militar
calculada sobre la base de unos ingresos y un patrimonio que no tienen; es decir,
no se consulta la capacidad económica del obligado, sino que se grava el patrimonio
de su núcleo familiar o de un tercero, aun cuando el obligado ya no depende de
ellos. Al obligar a las personas a pagar un tributo gravado sobre recursos que no
son suyos y que desbordan su capacidad contributiva, la norma hace que el recaudo
tributario sea ineficiente”.

• La norma demandada vulnera el numeral 9 del artículo 95 y el artículo 363 de la
Constitución Política: destacó que los principios de equidad y progresividad
conllevan que las cargas fiscales deban distribuirse entre todas las personas con
capacidad de pago y se debe tener en cuenta la capacidad contributiva al momento
de distribuirlas, por lo que su objetivo es evitar que haya cargas excesivas o
beneficios exagerados.

Asimismo, se refirió a (i) la equidad horizontal en la que el sistema debe tratar igual
a las personas que, antes de tributar, gozan de la misma capacidad económica, de
tal manera que queden en el mismo nivel después de tributar y (ii) equidad vertical
que exige distribuir la carga tributaria de forma que quienes tienen mayor capacidad
de pago soporten una mayor carga fiscal. Agregó con sustento en la sentencia C-
169 de 2014, que es posible que un trato que, en principio, vulnera el principio de
equidad tributaria esté constitucionalmente justificado, para lo cual debe
“preguntarse si este tratamiento persigue finalidades constitucionalmente relevantes
3

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y si el mecanismo empleado se orienta de manera razonable a su consecución”. A
juicio del accionante, solo si se cumplen dichos requisitos el tratamiento será
constitucional y legal.

Para el actor, la norma demandada vulnera el principio de equidad tributaria en las
referidas dimensiones. En relación con la horizontal sostuvo que la disposición
acusada trata de forma desigual a dos grupos de personas que gozan de la misma
capacidad económica para tributar y los deja en niveles distintos después de
tributar.

A su juicio, si bien los dos grupos identificados se encuentran en la misma situación
económica al momento de expedir el recibo de liquidación -independientes-, la
disposición impone una carga más alta sobre uno de los grupos, en tanto que “a
quienes eran independientes al momento de la clasificación, les permite liquidar la
cuota sobre sus propios ingresos y patrimonio; en cambio, a quienes eran
dependientes al momento de la clasificación los obliga a liquidar la cuota sobre los
ingresos y patrimonio de todo su núcleo familiar, es decir, sobre recursos de los que
no dispone y que exceden su capacidad de pago”.

En relación con la dimensión vertical, el demandante afirmó que la norma no
distribuye la carga tributaria, toda vez que quienes tengan mayor capacidad de pago
soporten una mayor carga fiscal. Por el contrario, exige que un grupo de personas
con una reducida capacidad de pago, que apenas alcanzó la independencia
económica, tribute sobre la base de los ingresos y el patrimonio de todo su núcleo
familiar.

Con todo, para el demandante la norma acusada vulnera el principio de equidad
tributaria porque (i) el monto a pagar por concepto del tributo no consulta la
capacidad de pago del contribuyente y convertiría al núcleo familiar del que la
persona dependía al momento de la clasificación, en un sujeto pasivo de la
contribución, sin ninguna justificación razonable; (ii) la regulación del tributo grava
de forma desigual a dos sujetos en condiciones iguales sin justificación razonable y
(iii) el tributo tiene implicaciones confiscatorias porque obliga a personas con una
reducida capacidad de pago a destinar toda su actividad económica a un pago que
desborda la capacidad contributiva.

• La norma demandada vulnera el artículo 27 de la Ley 1861 de 2017 y excede
la potestad reglamentaria del ejecutivo: el actor se refirió al ejercicio de la
potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, respecto de la cual, afirmó, el Consejo de Estado ha señalado que su
propósito es precisar y detallar la ley mediante la expedición de actos
administrativos de carácter general, para que pueda ejecutarse adecuadamente 4.

Agregó que esa potestad no es absoluta, en tanto la jurisprudencia contencioso
administrativa y constitucional ha establecido límites que la restringen, a saber: (i)
cuanto más detallada sea la norma expedida por el legislador, menor será el ámbito
de acción de la administración para reglamentarla5; (ii) no puede ejercerse en
materias que necesariamente deben ser reguladas por la ley6; (iii) no se puede

4
Sentencia de 18 de febrero de 2016, rad. 11001-03-24-000-2013-00018-00.
5
Sentencia de 9 de marzo de 2016, rad. 11001-03-26-000-2009-00009-00 (36312).
6
Sentencia de 12 de marzo de 2015, rad. 11001-03-26-000-2008-00060-00 (2174-12).
4

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ejercer cuando no se requiera de una regulación adicional para su ejecución, solo
cuando la ley sea oscura, condicional o imprecisa7 y (iv) no puede ejercerse como
pretexto para crear una nueva norma no contenida en la ley, ni para modificarla,
restringirla, extender su alcance8.

Con el referido sustento, para el demandante la disposición acusada vulnera el
artículo 27 de la Ley 1861 de 2017, en el que se dispone que la base gravable se
calcula sobre los diferentes recursos de “los últimos dos años” y “del año
inmediatamente anterior”, mientras que la norma reglamentaria establece que la
liquidación se realiza teniendo como base la fecha de clasificación.

En su criterio, la liquidación de la cuota de compensación militar con base en la
mencionada norma legal para quienes fueran independientes al momento de la
expedición del recibo de liquidación permitiría liquidar la cuota sobre sus propios
ingresos de los últimos dos años y sobre su patrimonio reportado en la declaración
de renta del año inmediatamente anterior, “en cambio, con la norma reglamentaria,
la Nación impide que las personas independientes puedan liquidar su cuota parte
sobre sus propios recursos -como lo exige la ley-, cuando a la fecha de clasificación
hubieran sido dependientes”.

A su juicio, esta tesis se afianza con el trámite legislativo del proyecto de ley que
finalizó con la promulgación de la Ley 1861 de 2017, en el que no se omitió referirse
a una fecha a partir de la cual se debe realizar la liquidación, pues “se eliminó la
referencia a la fecha de clasificación como punto de partida para la liquidación de la
cuota de compensación militar”, lo que permite concluir que el legislador restringió
la potestad reglamentaria del ejecutivo, por lo que al ser un artículo claro y preciso,
no requería de reglamentación.

En esos términos, concluyó que el artículo demandado excedió los límites de la
potestad reglamentaria, violó la jerarquía institucional y fue expedido sin
competencia.

• La norma demandada contraría el precedente judicial de la Corte
Constitucional: Para terminar, el demandante señaló que la disposición acusada
desconoce la sentencia T-119 de 2011, en la que se resolvió un caso en el que para
la liquidación de una cuota de compensación militar se requería al demandante
información financiera de su núcleo familiar, sin tener en cuenta que era una
persona con independencia económica.

De igual manera, aludió a la sentencia C-600 de 2015 en la que se estudió la
constitucionalidad de apartes del artículo 1 de la Ley 1184 de 2009 y declaró la
exequibilidad condicionada en el entendido que “para el inscrito que no ingrese a
filas y sea clasificado, que no dependa económicamente de su grupo familiar o de
un tercero para efectos del pago de la cuota de compensación militar, se tomarán
en cuenta como base de la contribución el total de sus ingresos mensuales y su
patrimonio líquido”.

El actor destacó que la distinción de dos grupos en la mencionada disposición
(quienes a la fecha de clasificación tuvieran menos de 25 años y quienes para el
7
Sentencia de 29 de agosto de 2013, rad. 11001-03-26-000-2005-00076-00 (32293).
8
Sentencia de 1 de agosto de 2013, rad. 11001-03-25-000-2006-00102-00 (1700-06). También se refirió al concepto de la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 16 de abril de 2015, rad. 11001-03-06-000-2014-00174-00 (223).
5

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mismo momento tuvieran 25 años o más), llevó a la Corte Constitucional a precisar
que “no encuentra un problema de inconstitucionalidad en la configuración
diferencial de bases gravables, mientras la presunción legislativa de dependencia
económica de los jóvenes entre 18 y 25 años de edad respecto de sus familias o de
terceras personas tenga correspondencia efectiva en la realidad”.

CONTESTACIÓN

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó de manera principal la
declaratoria de legalidad de la disposición acusada. En subsidio pidió la
desvinculación del proceso de nulidad simple, al considerar que no tiene
competencia alguna frente al acto demandado, ni en relación con las pretensiones
propuestas por el demandante.

En relación con la declaratoria de nulidad solicitada en la demanda refirió que no se
advierte la existencia de algún vicio que comprometa la validez o permita desvirtuar
la presunción de legalidad de los actos administrativos.

En lo que atañe con la competencia se refirió a los objetivos y funciones del
Ministerio contenidos en los artículos 1 y 2 del Decreto Ley 3570 de 2011 y los
artículos 58 y 59 de la Ley 489 de 1998, para concluir que solo puede actuar en los
términos de la ley, por lo que no puede asumir responsabilidades ajenas a sus
competencias, como sería la asunción de consecuencias derivadas del posible
incumplimiento de las obligaciones que legalmente tienen asignadas otras
autoridades.

Por último, pidió que se declare cualquier excepción que resulte probada en el curso
del proceso.

El Ministerio de Defensa Nacional se opuso a la pretensión de la demanda, con
estos argumentos:

En primer lugar, se refirió a la finalidad de determinar la fecha de clasificación como
punto de partida para efectuar la liquidación de la cuota de compensación militar,
respecto de la cual sostuvo que no puede ser indeterminada en el tiempo ni estar
sometida al momento en que el ciudadano tenga la intención de acreditar los
ingresos y el patrimonio, qué cosatampoco a la fecha de expedición del recibo de
pago de la obligación tributaria. Agregó que el propósito de la disposición
demandada es evitar fraudes a la Administración “por quienes pretenden que todas
las personas paguen solo hasta cuando tengan la condición de independientes, o la
que les convenga para cancelar un valor inferior, por ejemplo, luego de declararse
insolvente, vulnerando el principio de igualdad de las cargas públicas, frente a
quienes prestan el servicio militar obligatorio, así como los de justicia, equidad y
progresividad tributaria”, y determinar un límite en el tiempo para definir la situación
militar.

De otra parte, se refirió a algunas de las disposiciones que regulan lo relativo a la
cuota de compensación militar contenidas en la Ley 1861 de 2017, en concreto, el
artículo 25 que define la clasificación como el acto por medio del cual la autoridad
de reclutamiento determina que un ciudadano no puede ser incorporado por
encontrarse en alguno de los supuestos previstos por el legislador, y dentro de los
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60 días siguientes debe continuar con el proceso de liquidación, de conformidad con
lo previsto en los artículos 26, 27 y 28 de la misma normativa, salvo que se trate de
población exonerada del pago de dicha cuota conforme lo establece el parágrafo
del artículo 26 de ese marco normativo. Agregó que el trámite finaliza con la
expedición de la tarjera de reservista de segunda clase.

Recalcó que la fecha de clasificación del ciudadano como reservista de segunda
clase, es la que determina el momento a partir del cual se inicia el proceso de
liquidación de la cuota de compensación militar, por lo que el recibo de pago es la
consecuencia de la liquidación para hacer exigible la obligación tributaria.

Refirió que en muchos casos las personas dependientes dejan vencer el término
previsto en la ley para allegar los documentos, con el fin de que sean liquidados
posteriormente con sus propios ingresos cuando son independientes, por lo que, a
su juicio, es desacertado e ilegal pretender que la fecha del recibo de pago sea la
que determine los parámetros de la liquidación de la cuota de compensación militar
“para favorecer de manera desigual a quienes teniendo el deber legal de tributar
conforme a la verdadera capacidad económica de quienes depende, lo hagan
posteriormente, sin un límite de tiempo para cancelar un monto inferior que no
compensa no se ajusta al principio constitucional de equilibrio de las cargas
públicas, ni el deber superior de contribuir al financiamiento de los gastos e
inversiones del Estado (…)”.

Respecto de la vulneración del principio de igualdad sostuvo que la disposición
acusada no discrimina a nadie, sino que fija el momento a partir del cual se realiza
la liquidación de la cuota de compensación militar para las personas dependientes
e independientes.

Adicionalmente, la entidad interviniente sostuvo a partir de los escenarios
propuestos por el demandante que (i) las normas no se crean para atender
situaciones particulares, pues ello conllevaría hacer una reglamentación para cada
persona; (ii) la circunstancia de que se haya cambiado la situación de dependiente
o independiente con posterioridad a la fecha de la clasificación no amerita la
modificación de una norma o que sea necesario declararla nula “y menos en materia
fiscal, sobre todo cuando el ciudadano no realiza los trámites que le corresponde,
dentro de los términos legales” y (iii) no existe una diferenciación tácita entre los
grupos de personas sugeridos en la demanda, a lo que agregó que la circunstancia
de que para el momento de la expedición del recibo de liquidación cambie la
condición de dependiente a independiente “no lo exonera de pagar lo que
legalmente le corresponde, ni admite ninguna comparación frente a quien no hizo
dicho tránsito, por lo tanto, no existe ningún trato desigual”.

Aclaró que la norma demandada que es general e impersonal no hace ineficiente el
sistema tributario, sino que en realidad “lo que afecta el recaudo de los recursos no
es la fecha de clasificación, sino el incumplimiento de algunos ciudadanos que no
pagan la cuota de compensación militar cuando les corresponde hacerlo,
seguramente pretendiendo cancelar menos, cuando sean independientes”.

En relación con la vulneración de los principios de justicia, equidad y progresividad
tributaria, destacó que los argumentos expuestos por el demandante derivan del
artículo 13 superior respecto del cual ya se indicó que no ha sido vulnerado, por lo
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que, a su juicio, se queda sin sustento jurídico el segundo cargo, a lo que agregó
que carece de claridad y certeza.

Insistió en que el equilibrio de las cargas fiscales previstas en la Ley 1861 de 2017
no desconoce esos principios constitucionales, en tanto se precisa un momento
para cancelar la cuota de compensación militar -la clasificación-, para no dejar de
forma indeterminada en el tiempo hasta cuando el ciudadano se haga independiente
con inferiores recursos para pagar menos de lo que en justicia le corresponde, por
lo que “tampoco es acertado sostener que la norma demandada no distribuye la
carga tributaria de manera equitativa”.

En lo atinente a la vulneración del artículo 27 de la Ley 1861 de 2017 por exceso de
la potestad reglamentaria del ejecutivo, refirió que los argumentos relativos a los
trámites legislativos no prueban la violación de ninguna norma ni principio
constitucional. Por el contrario, destacó que en ningún debate o ponencia se
determinó que la liquidación se debía realizar teniendo en cuenta la fecha de
expedición del recibo, “sino que finalmente se aprobó el artículo 27 sin determinar
a partir de cuando se debe efectuar la referida liquidación, por lo que se hizo
necesario para poder darle una adecuada y efectiva aplicación a la ley, establecer
un punto de partida justo y equitativo, a través de la norma objeto de análisis, que
en virtud de la potestad reglamentaria no está restringida por el legislador”.

Aseveró que no es cierto que se hubiera reglamentado un artículo claro y preciso,
en tanto la norma no determina a partir de cuando se debe efectuar la liquidación
de la cuota de compensación militar, lo que justifica la necesidad de fijar un punto
de partida, a lo que agregó que de no haberse expedido la reglamentación
demandada se hace inaplicable o queda a la libre interpretación y conveniencia del
ciudadano obligado a tributar.

Indicó que los cambios legislativos efectuados al articulado se refirieron a la
actualización de la fórmula de liquidación de la cuota de compensación militar, para
hacerla más progresiva y equitativa que la contemplada en la norma derogada, “no
al momento de la liquidación, por lo que este no es un argumento que demuestre
que la reglamentación restringe y contraría el espíritu y finalidad del articulado
reglamentado”. Y señaló que las dos sentencias a las que alude el demandante (T-
119 de 2011 y C-600 de 2015) son anteriores a la expedición de la Ley 1861 de
2017, destacando que no las asocia a un caso concreto y tiene como punto de
partida las erradas interpretaciones que realiza de las normas invocadas sin claridad
ni certeza, decisiones que tampoco se refieren a la fecha de clasificación.

Finalmente, puso de presente que la declaratoria de nulidad propuesta causaría un
detrimento patrimonial al impedir que el recaudo de la cuota de compensación militar
se surta dentro de los principios de justicia, equidad y progresividad y quede al
arbitrio de los ciudadanos obligados a tributar. De igual manera, sostuvo que se
generarían traumatismos administrativos porque la plataforma misional de
información de reclutamiento está parametrizada con la fecha de clasificación para
efectos de realizar la liquidación, a lo que añadió que no permitiría aplicar los
descuentos que prevé la ley y podría generar afectación en la definición de la
situación militar al no poder realizar la liquidación bajo los parámetros establecidos,
incluidos los descuentos consagrados en la ley. Anotó que una decisión que expulse
del ordenamiento jurídico la disposición acusada generaría un impacto negativo en
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la justicia tributaria y en la prevalencia del interés general y comprometería el
principio del equilibrio de las cargas públicas.

El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declare la falta de legitimación
en la causa por pasiva porque la disposición acusada sometida a control de
legalidad regula aspectos que están por fuera de la esfera de las competencias
constitucionales y legales de la cartera ministerial.

Refirió que no es de su competencia liquidar, recaudar ni administrar los recursos
provenientes de las cuotas de compensación militar pagados por los ciudadanos, ni
intervenir en asuntos relativos a la prestación del servicio militar obligatorio, a lo que
agregó que de conformidad con los Decretos 5012 y 5213 de 2009 es el encargado
de generar la política sectorial y la reglamentación pertinente para la organización
de las diferentes modalidades de prestación de servicio educativo, con el fin de
orientar la educación en los niveles preescolar, básica, media y superior, educación
para el trabajo y el desarrollo humano.

De igual modo, refirió que de conformidad con la Ley 21 de 1992 le corresponde
definir las metodologías, distribuir, girar y hacer seguimiento a los recursos que
provienen del sistema general de participaciones y destacó que debido a la
descentralización del sector educativo conforme lo prevé la Ley 60 de 1993, perdió
facultades relacionadas con la administración de los servicios educativos, lo que fue
trasladado a los departamentos y municipios a partir de la Ley 715 de 2001.

Por último, solicitó que se profiera una sentencia en la que se garantice la
prevalencia del ordenamiento jurídico superior.

El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó no acceder a la declaratoria de
nulidad formulada por la parte actora y, subsidiariamente, que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva, bajo el argumento que si bien suscribió el
Decreto 977 de 2018, lo cierto es que su objeto es ajeno a las competencias del
ministerio.

En relación con el cargo de nulidad por violación del principio a la igualdad sostuvo
que cada situación es particular y concreta, por lo que dependerá del modo, tiempo
y lugar del interés del ciudadano en la regulación de su situación militar. Agregó que
es un deber de las personas que se encuentran cobijadas por la prestación del
servicio militar acercarse a los distritos militares dispuestos para tal fin, con el
objetivo de obtener su libreta militar y que si la persona a pesar de tener
conocimiento del compromiso de su servicio militar deja transcurrir el tiempo en el
cual su situación económica cambia o se modifica de dependiente a independiente,
“es una circunstancia ajena a la administración pública, la cual solamente se limita
a un estricto cumplimiento de un deber legal contenidas en las disposiciones
normativas establecidas para tal fin”.

Respecto del segundo cargo de nulidad por violación del numeral 9 del artículo 95
y el artículo 363 de la Carta Política, anotó que la norma acusada no vulnera el
principio de equidad porque es claro que el cobro se da frente al momento de
clasificación de la persona que no ingrese a prestar el servicio militar, es decir, cada
circunstancia es distinta pudiendo incluso ser exonerado del pago de conformidad
con lo señalado en el artículo 26 y siguientes de la Ley 1861 de 2017. De igual
modo, expresó que no se desconoce el principio de justicia tributaria porque el
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momento de la clasificación y el monto a pagar de la cuota de compensación militar
obedece a cada situación particular, no de manera general, y concluyó indicando
que la demanda se funda en meras conjeturas sin respaldo probatorio alguno.

TRÁMITE PROCESAL

Por auto de 19 de noviembre de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado
remitió el expediente a esta Sala, al considerar que la disposición acusada está
relacionada con la liquidación de la cuota de compensación militar, de conformidad
con el criterio de especialidad y las reglas de reparto previstas en el artículo 13 del
Reglamento Interno de la Corporación9. En auto de 5 de agosto de 2022 se avocó
el conocimiento y dispuso dar continuidad al trámite correspondiente 10.

Por medio de auto de 20 de octubre de 2022 se admitió la demanda 11. En esa
decisión se ordenó notificar, en calidad de demandados, a los ministros de
Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, del Trabajo, de Educación Nacional y
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo previsto en el artículo
199 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA). De igual modo, se dispuso la
notificación y correr traslado al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, en los términos de los artículos 172 y 199 del CPACA.

Por último, advirtió que conforme con el parágrafo 1° del artículo 175 del CPACA,
la autoridad emisora del acto administrativo demandado envíe, si los hubiere, los
antecedentes administrativos.

Mediante auto de 11 de julio de 2023 se negó la suspensión provisional solicitada
porque no se encontraron elementos que permitieran advertir la vulneración alegada
por el demandante12.

Por auto de 31 de agosto de 202313, el despacho sustanciador dispuso surtir el
trámite de sentencia anticipada por tratarse de un asunto de puro derecho, en razón
al cumplimiento de las causales contenidas en los literales a) y c) del artículo 182ª
del CPACA. Y fijó el litigio en el estudio de legalidad del artículo 1 del Decreto 977
de 2018, que modificó el artículo 2.3.1.4.5.3 del Decreto 1070 de 2015. De igual
modo, requirió el cumplimiento del numeral 4 del auto admisorio de la demanda, en
el que se pidió la remisión de los antecedentes administrativos que dieron origen al
acto administrativo demandado.

A través de memoriales allegados al trámite judicial, los Ministerios de Relaciones
Exteriores, Educación Nacional y Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestaron
que en sus archivos no reposan los antecedentes administrativos, lo que condujo
que por auto de 29 de noviembre de 2023 se requiriera al Ministerio de Defensa
Nacional con el fin de que los allegara en medio magnético14. La cartera ministerial
allegó la información solicitada, de lo cual da cuenta el índice 82 de Samai.

El expediente ingresó al despacho para fallo el 9 de febrero de 2024.

9
Índice 5 de Samai.
10
Índice 14 de Samai.
11
Índice 20 de Samai.
12
Índice 48 de Samai.
13
Índice 55 de Samai.
14
Índice 74 de Samai.
10

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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a esta Corporación que no se
acceda a la declaratoria de nulidad solicitada por el demandante. En relación con la
presunta vulneración del derecho a la igualdad sostuvo que cada circunstancia es
particular y concreta, a lo que agregó que dependerá del modo, tiempo y lugar del
interés del ciudadano en la regularización de su situación militar, por lo que
constituye un deber ciudadano acercarse a los distritos militares con el fin de
obtener la libreta militar.

Refirió que si el ciudadano a pesar de tener conocimiento del compromiso de su
servicio militar deja transcurrir un tiempo en el cual su situación económica cambia
o se modifica de dependiente a independiente, es algo ajeno a la administración
pública.

Respecto de la supuesta vulneración del numeral 9 del artículo 95 y el artículo 363
de la Constitución Política, señaló que la disposición acusada no vulnera los
principios de equidad, justicia tributaria y progresividad, en tanto que, i) el cobro se
da para el momento de la clasificación de la persona que no ingrese a prestar su
servicio militar, lo cual está en consonancia con el artículo 25 de la Ley 1861 de
2017. Destacó que el momento de la clasificación es distinto en respeto del principio
de equidad, pudiendo ser exonerado del pago de conformidad con el artículo 26 de
la misma normativa; y ii) la clasificación y el monto a pagar por cuota de
compensación militar es particular y concreto, no de manera general, por lo que los
argumentos que sustentan la demanda son conjeturas sin respaldo probatorio
alguno.

Por último, indicó que, si bien esa cartera ministerial suscribió el decreto
demandado, el asunto bajo examen es ajeno a sus competencias de conformidad
con lo previsto en el Decreto 869 de 2016, razón por la cual se configura la falta de
legitimación en la causa por pasiva.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala decide sobre la legalidad del artículo 2.3.1.4.5.3 del Decreto 1070 de 2015
modificado por el artículo 1° del Decreto 977 de 2018, mediante el cual se fija la
liquidación de la cuota de compensación militar. En concreto corresponde estudiar
si la norma demandada vulnera los principios constitucionales de igualdad, equidad,
justicia tributaria y progresividad, y si el gobierno nacional desbordó la facultad
reglamentaria consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política. Asimismo, le corresponde establecer si la disposición acusada desconoce
las sentencias T-119 de 2011 y C-600 de 2015.

Previamente al desarrollo del problema jurídico, la Sala analizará sobre la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda y las solicitudes de desvinculación

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De la ineptitud sustantiva de la demanda y las solicitudes de desvinculación

El Ministerio de Defensa Nacional pidió que se declare la ineptitud sustantiva de la
demanda, al considerar que carece de razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes para demostrar que se desatendieron las normas
invocadas por el accionante.

La Sala no accederá a la precitada solicitud porque la demanda de nulidad simple
promovida por el señor Ricardo Mauricio Díaz Alarcón indica con precisión las
normas violadas y explica el concepto de la violación, conforme lo establece el
numeral 4 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, presupuesto que debe cumplir
la demanda cuando se impugna un reglamento.

En efecto, a juicio del demandante el artículo del Decreto 977 de 2018, por medio
del cual se modifica el artículo 2.3.1.4.5.3 del Decreto 1070 de 2015, vulnera el
derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política y los
principios de equidad, justicia tributaria y progresividad, al establecer la fecha de
clasificación como el momento a partir del cual se debe efectuar la liquidación de la
cuota de compensación militar, lo que determina la dependencia o independencia
económica del interesado con el fin de que se expida la libreta militar de segunda
clase y hace que el sistema tributario se torne ineficiente.

Para el actor, la disposición acusada incorpora una distinción injustificada entre dos
grupos: los que para el momento de la clasificación son independientes y lo siguen
siendo cuando se expide el recibo de liquidación, y los que para la fecha de
clasificación son dependientes pero cuando se expide el recibo son independientes,
lo que conlleva, a su juicio, una vulneración del principio de equidad tributaria porque
el monto a pagar por concepto del tributo no consulta la capacidad de pago del
contribuyente, y sin justificación razonable convierte al núcleo familiar del que la
persona dependía al momento de la clasificación en un sujeto pasivo de la
contribución. De igual modo, el demandante considera que esa regulación -la fecha
de clasificación- grava de manera desigual a dos sujetos en condiciones iguales y
obliga a personas con capacidad de pago reducida a efectuar un pago que desborda
su capacidad contributiva.

El otro cargo que formula el demandante está relacionado con el supuesto
desbordamiento de la facultad reglamentaria, en concreto que la disposición
demandada desatendió lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1861 de 2017, en el
que, sostiene el actor, establece la forma en la que debe calcularse la base
gravable, no como lo dispone la norma reglamentaria en la que se establece que la
liquidación se efectúa teniendo como base la fecha de la clasificación, lo que no
dispuso el legislador. Esa circunstancia, agrega, permite inferir que se restringió la
potestad reglamentaria del ejecutivo por la claridad y precisión de la disposición
legislativa, por lo que no se requería de reglamentación.

Por último, el demandante como alegato adicional refiere que la norma acusada es
contraria a las sentencias de la Corte Constitucional T-119 de 2011 y C-600 de
2015, respecto de las cuales expresa las razones por las cuales se incurrió en su
desconocimiento.

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De conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución
Política, todo ciudadano tiene el derecho político de interponer acciones públicas en
defensa de la Constitución y de la ley, cuyo ejercicio se debe orientar por la
informalidad. Sin embargo, ese carácter informal requiere el cumplimiento de unas
condiciones mínimas que establece la Ley 1437 de 2011, las cuales no suponen la
exigencia de unas cargas extraordinarias o de técnica argumentativa, pues ello
desconocería el carácter participativo que se prodiga en la Carta y que se concretiza
en la posibilidad de interponer demandas en defensa de la Constitución y de la ley.
En sentencia de 18 de junio de 201415, esta Sala en relación con la naturaleza del
medio de control de nulidad simple, sostuvo:

“Se trata de una acción pública en la que los extremos de la litis, en estricto sentido, no
lo constituyen las ‘partes’, comoquiera que no son dos intereses particulares
contrapuestos los que generan el conflicto. En realidad, se confronta la disposición
demandada con una o más normas a las que, de acuerdo con el sistema jerárquico del
ordenamiento jurídico colombiano, ésta debe someterse”.

De allí que la nulidad simple, en tanto control abstracto no solo de legalidad sino
también de constitucionalidad, debe ser entendido como un mecanismo de defensa
de la Constitución y de la ley. Dicho en otros términos, la explicación del concepto
de la violación permite invocar disposiciones superiores y de rango legal, con el
cumplimiento de unos requisitos mínimos que establece los artículos 137 de la Ley
1437 de 2011, y los que sean aplicables del artículo 162 de la misma normatividad.

A lo anterior se agrega que el control que se activa cuando se interpone una
demanda de nulidad simple, no debe suponer la exigencia de excesivos rigorismos,
pues a diferencia de lo que ocurre con las leyes aprobadas por el legislador con el
cumplimiento de los debates que exige la Constitución Política y la ley, el ejercicio
de la facultad reglamentaria a cargo del presidente de la República, si bien es
participativo, no está sujeto a las mismas condiciones de validez que exige el trámite
de una iniciativa legislativa -principio democrático-.

A manera de ejemplo, en sentencia de 14 de agosto de 1995 16, reiterada por la
Sección Cuarta de esta Corporación en decisión de 23 de septiembre de 2010 17,
señaló que en el marco de la acción de nulidad simple no es dable declarar la
ineptitud sustantiva de la demanda cuando no se hace referencia a los hechos que
dieron lugar a la expedición del acto administrativo, su alcance y posibles
modificaciones, porque “en esta clase de acciones, no son presupuestos
obligatorios de la demanda, pues la labor del juez contencioso es la de analizar el
texto de las normas invocadas en la demanda (…)”.

Asimismo, en sentencia de 13 de noviembre de 2008, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado al resolver un alegato que aludía a la falta de concreción de la disposición
demandada porque “si bien es cierto que se trata de un numeral en romanos
minúsculas y no de un literal”, sostuvo que “la acción de nulidad no es un recurso
de casación que exige unas formalidades muy precisas. La nulidad es una acción
pública que permite a cualquier ciudadano acceder a la Administración de justicia
en búsqueda de preservar el orden jurídico y permite al juez pronunciarse con la
misma finalidad”.

15
Exp. 18888, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
M.P. Alvaro Lecompte Luna, exp. 5179.
17
M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, exp. 2007-00049-00 (16874).
13

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En ese orden de ideas, los reparos formulados por el demandante tienen una
estructura argumentativa lógica que permite entender la discusión que propone, se
sustentan en una proposición jurídica existente y en la supuesta contradicción entre
la disposición acusada y las normas superiores que generan una duda razonable
de ilegalidad, a lo que se agrega que no se advierte una situación hipotética en el
concepto de la violación y se exponen razones suficientes para efectuar el estudio
de fondo que propone, por lo que no prospera la excepción.

De otra parte, en lo que atañe a la solicitud de desvinculación propuesta por los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Relaciones Exteriores y Educación
Nacional, basta indicar que en el auto admisorio de la demanda se vincularon en
calidad de demandados, por cuanto suscribieron el acto administrativo objeto de
nulidad simple, máxime cuando este medio de control de nulidad simple no persigue
un restablecimiento automático de un derecho, sino lo que busca es el ejercicio de
un control abstracto de legalidad del acto administrativo general, lo que es suficiente
para no acceder a lo solicitado.

Recapitulando, la Sala entrará a estudiar si la norma demandada vulnera los
principios constitucionales de igualdad, equidad, justicia tributaria y progresividad, y
si el gobierno nacional desbordó la facultad reglamentaria consagrada en el numeral
11 del artículo 189 de la Constitución Política. Asimismo, le corresponde establecer
si la disposición acusada desconoce las sentencias T-119 de 2011 y C-600 de 2015.

Naturaleza jurídica de la cuota de compensación militar

El artículo 216 de la Constitución Política consagra la obligación de prestar el
servicio militar y señala que será el legislador el que determine las condiciones en
cuanto a su exoneración y las prerrogativas que se deriven por su prestación18.

La Ley 1861 de 2017 -que derogó la Ley 48 de 1993-, en el artículo 11 establece
que todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar como
reservista de primera o segunda clase, a partir de la fecha en que cumpla su mayoría
de edad y hasta el día en que cumpla 50 años de edad.

El artículo 17 dispone que la Organización de Reclutamiento y Movilización es la
responsable de la inscripción anual de los colombianos que en dicho periodo estén
llamados a definir su situación militar, una vez hayan cumplido la mayoría de edad.
Realizada la inscripción, el ciudadano podrá obtener certificado en línea que
acredite el inicio del proceso de definición de la situación militar.

El artículo 25 alude a la clasificación como el acto por medio del cual la autoridad
de reclutamiento determina que un ciudadano no puede ser incorporado por (i) estar
inmerso en alguna de las causales de exoneración del artículo 12 de la misma
normativa19; (ii) no tener la aptitud psicofísica para la prestación del servicio; (iii) no
18
En la Sentencia C-433 de 2021, la Corte Constitucional reseñó que solo hasta la Constitución Nacional de 1886 el servicio
militar se hizo obligatorio. En el artículo 165 de esa Carta se indicaba: “todos los colombianos están obligados a tomar las
armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones patrias”.
19
La citada disposición -modificada por el artículo 2 de la Ley 2384 de 2024- señala: “Causales de exoneración del servicio
militar obligatorio. Están exonerados de prestar el servicio militar obligatorio, cuando hayan alcanzado la mayoría de edad en
los siguientes casos: a) El hijo único de podre o madre. b) El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la
subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento; c) El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores

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haber cupo para su incorporación a las filas y (iv) haber aprobado las tres fases de
instrucción, así como el año escolar en establecimientos educativos autorizados
como colegios militares y policiales dentro del territorio nacional.

Agrega que quienes sean clasificados deberán acercarse ante la respectiva
autoridad de reclutamiento dentro de los 60 días siguientes al acto de clasificación,
con el fin de continuar con el proceso de liquidación de la cuota de compensación
militar, si hubiere lugar a ello (parágrafo 1).

En el artículo 26 se indica que el inscrito que no ingrese a las filas y haya sido
clasificado, deberá pagar una cuota de compensación militar, que el legislador
denomina contribución ciudadana, especial y pecuniaria al Tesoro Nacional. De
igual modo, dispone quiénes están exonerados de efectuar su pago.

Para la Corte Constitucional, la cuota de compensación militar está dirigida a
“restablecer el principio de igualdad en las cargas públicas, que se vería afectado si
no se dispusiera de medida alguna tendiente a compensar la asimetría que, desde
el punto de vista de la distribución de dichas cargas, se presentaría entre los
varones que son llamados a filas y, por tanto, obligados a comprometer su tiempo,
sus energías, a arriesgar su seguridad, a someterse a la disciplina castrense y a
postergar el desarrollo de otros proyectos vitales mientras cumplen el servicio militar
obligatorio y quienes, por haber sido clasificados, quedan librados de tales
cargas”20.

La regulación de la cuota de compensación militar está contenida en el artículo 1 de
la Ley 1184 de 2008, modificado por el artículo 27 de la Ley 1861 de 2017, en el
que se precisa:

(i) Es una contribución ciudadana, especial, pecuniaria e individual que debe
pagar al tesoro nacional, el inscrito que no ingrese a las filas y sea
clasificado;
(ii) La base gravable está constituida por la sumatoria de los siguientes
valores:

Para los dependientes, del promedio del ingreso base de cotización
reportado en la Plantilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) en

de 60 años, cuando estos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia, siempre que dicho hijo vele por ellos; d) El
hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o
como consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio, a menos que, siendo apto,
voluntariamente quiera prestarlo; e) Los hijos de oficiales, suboficiales, soldados e infantes de Marina profesionales, agentes,
nivel ejecutivo y de la Fuerza Pública que hayan fallecido, o que los organismos y autoridades médico-laborales militar o de
policía hayan declarado su invalidez, en combate o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a menos que,
siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo; f) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios
vigentes. Asimismo, los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias dedicados permanentemente a su culto; g) Los
casados que hagan vida conyugal; h) Quienes acrediten la existencia de unión marital de hecho legalmente declarada; i) Las
personas en situación de discapacidad física, psíquica, o sensorial permanente; j) Los indígenas, miembros de las
comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y Rrom Gitano, que acrediten su integridad cultural, social
y económica a través de certificación expedida por el Ministerio del Interior. Para el caso de los Raizales del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, será válida la tarjeta expedida por la Oficina de Control y Circulación y Residencia
(OCCRE), para acreditar su pertenencia al grupo étnico raizal. k) Los varones colombianos que después de su inscripción
hayan dejado de tener el componente de sexo masculino en su registro civil; l) Las víctimas del conflicto armado que se
encuentren inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV); m) Los ciudadanos incluidos en el programa de protección a
víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación; n) Los ciudadanos objetores de conciencia; o) Los ciudadanos
desmovilizados, previa acreditación de la Agencia Colombiana para la Reintegración; p) Los padres de familia. PARÁGRAFO
1o. Los ciudadanos adelantarán el trámite de reconocimiento de su objeción de conciencia, a través de la comisión
interdisciplinaria creada para tal fin. PARÁGRAFO 2o. Las personas que se encuentren en una causal de exoneración podrán
prestar el servicio militar cuando así lo decidan voluntaria y autónomamente”.
20
Sentencia C-600 de 2015.
15

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los últimos dos años o fracción, y la sumatoria del patrimonio líquido del
padre y de la madre del interesado, o de quienes dependa, de acuerdo a
lo reportado en la declaración de renta del año inmediatamente anterior.

Para los independientes, estará constituida por el ingreso base de
cotización reportado en la PILA en los últimos dos años o fracción y el
patrimonio líquido del interesado reportado en la declaración de renta del
año inmediatamente anterior.

(iii) La liquidación de la cuota de compensación militar corresponderá a la
suma del componente de patrimonio líquido y el componente de ingresos,
para lo cual establece unos parámetros, a saber:

• Inferior o igual a 200 smlmv no cancela por concepto de
patrimonio.

• Superior a 200 smlmv e inferior o igual a 700 smlmv cancelará el
0.4% de su patrimonio líquido.

• Superior a 700 smlmv e inferior o igual a 1.400 smlmv cancelará
Componente
el 0.5% de su patrimonio líquido.
patrimonio
• Superior a 1.400 smlmv cancelará el 0.6% de su patrimonio
líquido.

En todo caso, la tarifa por componente de patrimonio no podrá
exceder los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Inferior o igual a 2 smlmv cancelará el 20% de su ingreso.

• Superior a 2 smlmv e inferior o igual a 3.5 smlmv cancelará el
30% de su ingreso.

Componente - Superior a 3.5 smlmv e inferior o igual a 5 smlmv cancelará el
ingresos 50% de su ingreso.

• Superior a 5 smlmv cancelará el 60% de su ingreso.

En todo caso, la tarifa por componente de ingresos no podrá
exceder los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

(iv) El valor de la cuota de compensación militar, resultado de la liquidación
anterior, no podrá exceder los 40 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

(v) Las personas no declarantes de renta deberán presentar declaración
juramentada que así lo indique, la cual estará sujeta a verificación ante la
DIAN.

(vi) Los recursos de la cuota de compensación militar serán recaudados por
el Fondo de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa Nacional, se
presupuestarán sin situación de fondos y se destinará al desarrollo de
objetivos y funciones de la fuerza pública en cumplimiento de la misión
constitucional.

16

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(vii) Los hijos o custodios de los veteranos debidamente acreditados tendrán
un descuento del 20% del valor de la cuota de compensación militar que
les corresponda.

Respecto de la naturaleza jurídica de la cuota de compensación militar, la Corte
Constitucional desde la sentencia C-804 de 2001, reiterada en la sentencia C-621
de 2007, ha señalado que pertenece al género de los tributos y que se trata de una
contribución especial de naturaleza fiscal, criterio que acoge esta Sala. Sobre este
particular, sostuvo:

“(…) junto al sentido genérico y al más estricto referente a la parafiscalidad, existe un
tercer significado del término contribución que designa algunas modalidades sui generis
de tributos difícilmente clasificables en las categorías tradicionales y que involucran la
idea de un beneficio obtenido por el particular que, para compensar ese beneficio, es
obligado a efectuar un pago.

Precisamente, a esta última clase es posible adscribir la cuota de compensación militar
que, de una parte, es obligatoria, pues el Estado la puede exigir al sujeto colocado en
una específica situación normativamente señalada y, de otro lado, compensa la
obtención de un beneficio, ya que la no prestación del servicio bajo banderas se traduce
en una ventaja para el eximido, en cuanto tiene la posibilidad de dedicarse
inmediatamente al desarrollo de labores productivas o a continuar con el siguiente
estadio de su proceso educativo”.

En definitiva, el artículo 1 de la Ley 1184 de 2008, con la modificación del artículo
27 de la Ley 1861 de 2017, establece: (i) los sujetos activo y pasivo del tributo
(Ministerio de Defensa Nacional – Fondo de Defensa Nacional y varón mayor de 18
años que no ingrese a las filas y sea clasificado); (ii) el hecho gravable o hecho
generador se determina al momento de la clasificación, es decir, en el momento en
que la autoridad no llama a filas por alguna de las causales de exoneración previstas
en el artículo 12 de la Ley 1861 de 2017, en virtud de lo previsto en los artículos 26
y 27 de la Ley 1861 de 2017 y (iii) la base gravable y la tarifa contenidas en el
artículo 1 de la Ley 1184 de 2008.

La potestad reglamentaria del gobierno nacional en materia tributaria

En la concepción del estado social y democrático de derecho, uno de sus
fundamentos definitorios es la sujeción de las autoridades y de los particulares al
ordenamiento jurídico -principio de legalidad-, tradicionalmente bajo un modelo de
separación de funciones o de poderes, en virtud del cual se ha previsto una
atribución para el ejecutivo consistente en la expedición de reglamentos con el fin
de garantizar la ejecución de las leyes.

Bajo esa premisa, la Constitución Política en el numeral 11 del artículo 189 señala
que le corresponde al presidente de la República “ejercer la potestad reglamentaria,
mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la
cumplida ejecución de las leyes”. Se trata, en consecuencia, de una facultad
intemporal que exige como único presupuesto la existencia de una ley en sentido
formal o material, la cual debe ser entendida como marco de referencia para que, a
partir de los límites que impone la Constitución y la ley, se dicten reglamentos con
el fin de facilitar y garantizar su cumplida ejecución21.

21
Sentencia de 9 de diciembre de 2013, exp. 18068, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17

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Demandante: Ricardo Mauricio Díaz Alarcón

La Sección Cuarta del Consejo de Estado se ha pronunciado sobre el alcance de la
potestad reglamentaria, en el sentido de indicar que es “una facultad asignada al
Gobierno, como órgano supremo de Administración, cuya vocación no es otra que
regular aquellas disposiciones que, por su carácter técnico, no son desarrolladas
exhaustivamente por el legislativo”22.

En la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado se pueden
identificar dos dimensiones en el ejercicio de la facultad reglamentaria, a saber: (i)
en sentido positivo, es decir, cuando el gobierno nacional se excede o extralimita en
la reglamentación desbordando el marco de referencia establecido en la ley 23 y (ii)
en sentido negativo, que se manifiesta cuando la potestad reglamentaria es
defectuosa o insuficiente24.

Ahora bien, esta Sección ha precisado que la facultad reglamentaria en el marco de
los asuntos de naturaleza tributaria, “no goza de un ámbito de regulación autónomo,
en la medida en que se encuentra limitada por el principio de reserva de ley de que
trata el artículo 338 de la Constitución”, lo que supone “la existencia de una norma
con rango de ley que regule algún ámbito del derecho tributario, de manera que el
reglamento no puede alterar o modificar el contenido y el espíritu de la ley, ni puede
dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la administración, así como tampoco
puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al legislador”25.

De igual manera, ha indicado que “en materia fiscal, la facultad reglamentaria del
Ejecutivo de emitir normas adquiere especial importancia, por cuanto a través de
los decretos, resoluciones y órdenes se establecen las formas en las que se hace
efectivo el recaudo de tributos y la administración de las rentas y caudales
públicos”26.

Caracterización y rasgos distintivos del principio de igualdad en materia
tributaria

En el artículo 13 de la Constitución se establecen las dos dimensiones del principio
de igualdad: formal y material. La primera, propia del estado liberal clásico, se
sustenta en que la ley se aplica en términos de universalidad “para todos los
destinatarios de la clase cobijada por la norma, en presencia del respectivo
supuesto de hecho”27. La segunda, consolidada en la segunda posguerra con el
denominado estado de bienestar, se orienta a que el Estado adopte medidas para
la que la igualdad sea real y efectiva, en favor de grupos históricamente
discriminados o marginados y establece los denominados criterios o clasificaciones
sospechosas que se concretan en acciones de discriminación positiva.

El principio de igualdad irradia todos los ámbitos del ordenamiento jurídico, incluido
el derecho tributario. Al respecto, el artículo 95-9 de la Constitución incorpora como
un deber de la persona y del ciudadano “contribuir al financiamiento de los gastos e

22
Cfr. Sentencia de 4 de diciembre de 2019, exp. 23781, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
23
Sentencia de 28 de octubre de 2021, exp. 24047, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Sentencia de 26 de julio de 2012,
exp. 18380, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
24
Sentencia de 12 de junio de 2025, exp. 27555, M.P. Wilson Ramos Girón.
25
Auto de 24 de febrero de 2015, exp. 20998, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
26
Sentencia de 5 de noviembre de 2020, exp. 24414, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
27
Sentencia C-125 de 2018.
18

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Demandante: Ricardo Mauricio Díaz Alarcón

inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”28, y el artículo
363 superior señala como principios fundantes del sistema tributario la equidad, la
eficiencia y la progresividad.

Así las cosas, el mandato de igualdad tributaria en la Constitución Política encuentra
sustento en la dimensión formal y material del artículo 1329, así como en el principio
de equidad -horizontal o vertical-que está íntimamente relacionado con la capacidad
económica del contribuyente y el principio de progresividad. De hecho, para la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ese principio de equidad “ha sido entendido
como un desarrollo específico del principio de igualdad en materia tributaria”30.

El principio de equidad como principal sustento de la igualdad tributaria, incluye dos
mandatos: (i) horizontal y (ii) vertical. El primero se explica en que el sistema
tributario “debe tratar de idéntica manera a las personas que, antes de tributar,
gozan de la misma capacidad económica, de modo tal que queden situadas en el
mismo nivel después de pagar sus contribuciones”31. El segundo relacionado con el
mandato de progresividad, “ordena distribuir la carga tributaria de manera tal que
quienes tienen mayor capacidad económica soporten una mayor cuota de
impuesto”32, o lo que es lo mismo, el deber de contribuir de acuerdo a la condición
económica, lo que se enmarca en el mandato de distribución equitativa de las
cargas públicas.

En sentencia de 30 de agosto de 201633, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
sostuvo que “el principio de equidad atiende a que se ponderen la distribución de
las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los
contribuyentes, para evitar cargas excesivas o beneficios exagerados”, a lo que
agregó que “el principio de equidad que rige el sistema tributario es una
manifestación concreta del derecho a la igualdad”.

Ahora bien, con el fin de determinar si una medida administrativa es contraria o no
al principio de igualdad tributaria, se requiere que el juez contencioso administrativo
realice un juicio de validez, teniendo como premisa que la igualdad es un concepto
relacional y el resultado de un juicio de comparación entre situaciones homogéneas
semejantes o equiparables o tertium comparationis. Siempre se requiere, entonces,
de un elemento de comparación con el fin de establecer si se configura la
desigualdad alegada, ya sea porque se desconoce alguno de los elementos de la
igualdad material del artículo 13 de la Constitución Política34, o porque se vulnera la
equidad tributaria en cualquiera de sus facetas -horizontal o vertical-, para lo cual el
criterio de la capacidad económica es determinante para hacer esa comparación.

28
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombres dispone en el artículo XXXVI: “Toda persona tiene el
deber de pagar los impuestos establecidos por la Ley para el sostenimiento de los servicios públicos”.
29
En sentencia de 18 de junio de 2014, exp. 18888, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado sostuvo: “Ahora bien, la diferencia entre el tratamiento que reciben los contribuyentes que suscriben la prestación del
servicio con una y otra empresa, no comporta, en principio, una vulneración del principio de equidad, que en materia tributaria
materializa el derecho constitucional a la igualdad”.
30
Cfr. Sentencias C-600 de 2015, C-833 de 2013, C-1021 de 2012, C-913 de 2011, C-1003 de 2004, C-734 de 2002, C-1060
A de 2001, C-1170 de 2001, C-711 de 2011 y C-419 de 1995.
31
Sentencia C-600 de 2015, que a su turno se apoya en las sentencias C-833 de 2013, C-1021 de 2012, C-1003 de 2004, C-
776 de 2003 y C-261 de 2002.
32
Ibídem.
33
Exp. 19997, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
34
Esta faceta fue abordada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 8 de marzo de 2019, exp. 22620,
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. En el mismo sentido, véase la sentencia de 31 de marzo de 2012, exp. 15895, M.P.
Carmen Teresa Ortiz de Gutiérrez.
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De allí que una propuesta metodológica para efectuar un juicio de igualdad tributaria
respecto de medidas de naturaleza administrativa debe tener como punto de partida
que, al no mediar el principio democrático propio del proceso de formación de la ley,
su análisis judicial debe ser estricto. De igual manera, el juez contencioso
administrativo debe realizar un juicio de razonabilidad en el que verifique (i) si la
medida enjuiciada persigue un fin constitucionalmente legítimo; (i) si la medida es
adecuada, apta o idónea para alcanzar esa finalidad; (iii) si la medida es necesaria,
es decir, “ha de acreditarse que no existe otra medida que, obteniendo en términos
semejantes la finalidad perseguida, resulte menos gravosa o restrictiva”35 y (iv) si la
medida supera el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, es decir, le
corresponde al juez “valorar el grado de afectación o lesión de un principio, el grado
de importancia o urgencia en la satisfacción de otro y, por último, a la luz de todo
ello, de valorar la justificación o falta de justificación de la norma o conducta en
cuestión”36.

Análisis del caso concreto

La parte demandante cuestiona la legalidad del artículo 2.3.1.4.5.3 del Decreto 1070
de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 977 de 2018, al considerar que el
Gobierno Nacional (i) desatendió las normas constitucionales en las que debería
fundarse, en concreto, los artículos 13, 95-9 y 363 de la Constitución Política; (ii)
excedió el ejercicio de la potestad reglamentaria al determinar que a partir de la
fecha de clasificación se determina el momento a partir del cual se debe realizar la
liquidación de la cuota de compensación militar y (iii) desconoció el precedente
judicial de la Corte Constitucional contenido en las sentencias T-119 de 2011 y C-
600 de 2015.

En síntesis, para el demandante la circunstancia de que en la reglamentación se
hubiera establecido como parámetro para la liquidación de la cuota de
compensación militar la fecha de clasificación del ciudadano que no es llamado a
las filas, impide que quienes adquieran la condición de independientes de su núcleo
familiar o de terceros para el momento de la liquidación, que es posterior, pueda
realizarse sobre el monto de sus propios ingresos y patrimonio.

Con el fin de resolver los cargos de nulidad propuestos, la Sala considera necesario
señalar que el legislador ordinario en el artículo 1 de la Ley 1184 de 2007 -
modificado por el artículo 27 de la Ley 1861 de 2017-, establece como hecho
generador de la cuota de compensación militar que el inscrito no haya ingresado a
las filas y, además, sea clasificado.

Asimismo, el artículo 25 de la Ley 1861 de 2017 define la clasificación como el acto
por medio del cual la autoridad de reclutamiento determina que un ciudadano no
puede ser incorporado por (i) encontrarse inmerso en alguna de las causales de
exoneración previstas en el artículo 12 de la misma normativa; (ii) no tener la aptitud
psicofísica para la prestación del servicio; (iii) no haber cupo para su incorporación
a las filas y (iv) haber aprobado las tres fases de instrucción, así como el año escolar
en establecimientos educativos autorizados como colegios militares y policiales
dentro del territorio nacional.

35
Luis Prieto Sanchís, Apuntes de teoría del derecho, Madrid, segunda edición, 2007, p. 148.
36
Op. Cit., p. 149.
20

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Significa lo anterior, que el acto de clasificación fue dispuesto por el propio legislador
como un parámetro para ser tenido en consideración dentro del trámite de
determinación o liquidación de la cuota de compensación militar.

El primer reproche que plantea el demandante gravita en que la reglamentación al
tener la fecha de clasificación como el momento a partir del cual se debe realizar la
liquidación de la cuota de compensación militar vulnera los principios de igualdad,
equidad, justicia tributaria y progresividad porque entre la clasificación y la
liquidación puede transcurrir un amplio periodo de tiempo, por ejemplo, cuando se
inician estudios de pregrado o se accede a un empleo, casos en los que no se
requiere la presentación de la libreta militar.

En otros términos, para el demandante es posible que para el momento de la
clasificación el ciudadano sea independiente y cuando se expida el recibo de
liquidación de la cuota de compensación militar continúe en esa condición, mientras
que en otro escenario puede ocurrir que para el momento de la clasificación sea
dependiente y cuando se liquide la contribución sea independiente, lo que a su
juicio, incorpora una diferencia de trato entre iguales que llevaría a que el segundo
grupo pague un monto mucho mayor porque la liquidación se realizaría sobre los
ingresos y el patrimonio de su núcleo familiar, lo que conlleva que el sistema
tributario sea ineficiente porque no garantiza un recaudo efectivo de los recursos y
desconoce el principio de equidad horizontal. También considera que se vulnera la
equidad vertical porque la disposición acusada no distribuye la carga tributaria de
tal manera que quienes tengan mayor capacidad de pago soporten una mayor carga
fiscal.

Para la Sala, la desigualdad tributaria alegada por la parte actora es inexistente
porque el parámetro de comparación que propone en la demanda es meramente
hipotético y parte de un entendimiento incompleto de la regulación legal de la cuota
de compensación militar, así como de su reglamentación, de la que no se puede
derivar que es posible diferenciar dos grupos poblacionales con capacidad
económica diferente, teniendo como criterio para iniciar el proceso de determinación
del tributo el acto de clasificación del ciudadano que no ingresa a las filas.

Por el contrario, lo que se evidencia es que la reglamentación tiene como premisa
normativa para determinar el momento a partir del cual se realiza la liquidación de
la cuota de compensación militar, lo señalado en el artículo 25 de la Ley 1861 de
2017, en el que se indica que el acto de clasificación es aquel en el que el ciudadano
no es incorporado a las filas porque se configura alguna de las causales dispuestas
por el legislador. De allí que sea válido tomarlo como parámetro a partir del cual se
inicia el procedimiento de liquidación de la contribución que, además, tiene como fin
constitucional legítimo el efectivo recaudo del tributo.

Es a partir de la fecha de clasificación que el ciudadano inicia el procedimiento de
liquidación de la cuota de compensación militar, y el momento que se tiene como
referente o parámetro para determinar la capacidad económica del contribuyente,
es decir, si es dependiente o independiente, lo que está en consonancia con el
principio de certeza del tributo.

Ahora bien, no resulta atinado indicar, como lo señala el actor, que entre el acto de
clasificación y la liquidación del tributo pueden transcurrir varios años, pues desde
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la propia Ley 1184 de 2008 se establecen unos límites temporales que buscan
garantizar certidumbre en el recaudo de la contribución y que no suponen
indefinición. Al respecto, el artículo 2 establece que las personas que sean
clasificadas deberán presentarse dentro de los 45 días siguientes al acto de
clasificación, ante la respectiva autoridad de reclutamiento para la expedición y
entrega del recibo que contiene la liquidación de la cuota de compensación militar,
y agrega que en caso de que no se presente se expedirá el recibo de liquidación y
se dispondrá su notificación mediante correo certificado, acto que será susceptible
de recurso de reposición. De igual manera, señala que se pagará dentro de los 90
días siguientes a la fecha de ejecutoria del recibo de liquidación37, y de no pagarse
dentro de ese término se causará un incremento adicional a título de sanción del
30% del valor inicialmente liquidado, valores que deberán cancelarse dentro de los
60 días subsiguientes. La no cancelación de esos valores dentro del plazo previsto,
habilita a la Administración para que sean cobrados a través del procedimiento de
jurisdicción coactiva (potentior persona).

A su turno, el artículo 2.3.1.4.9.2 del Decreto 1070 de 2015 dispone que los
ciudadanos que ingresen a una empresa nacional o extranjera, oficial o particular,
que hayan sido declarados no aptos, exentos de prestar el servicio militar obligatorio
o que hayan superado la edad máxima de incorporación, podrán acceder a su
empleo si haber resuelto su situación militar y contarán con un plazo de 18 meses
para definirla, contados a partir de la vigencia de la Ley 1861 de 2017. Y el artículo
2.3.1.4.14.8 de la misma normativa permite el aplazamiento hasta por 2 años para
definir la situación militar de los bachilleres que hayan alcanzado la mayoría de
edad, por estar cursando estudio de educación superior, mediante la entrega de
tarjeta provisional, “al cabo de los cuales si continúan estudiando y dependiendo las
necesidades de reemplazos en las fuerzas, se les podrá clasificar y definir la
situación militar de manera definitiva, mediante el pago de la cuota de
compensación militar que les corresponda y de la tarjeta de reservista de segunda
clase”.

También la Ley 2341 de 2023, con el fin de evitar situaciones de indefinición de la
situación militar, incorporó disposiciones especiales para los mayores de 24 años y
los estudiantes que se encuentren cursando más de cinco semestres, “sin distingo
de la condición en la que se encuentren”, y establece los criterios para el pago único
de la cuota de compensación militar.

De allí que no sean de recibo los reproches formulados por el demandante para
sustentar una supuesta vulneración del principio de igualdad tributaria. En primer
lugar, porque el criterio de la clasificación fue previsto por el legislador, es decir, no
se trata de una creación realizada por el gobierno nacional en ejercicio de la facultad
reglamentaria. De otra parte, porque es un momento razonable para iniciar el
procedimiento de determinación del tributo, pues la liquidación no puede quedar en
un estado de indefinición que comprometa el deber constitucional de contribuir al
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Y finalmente, porque al no
existir un trato desigual en los términos que propone el actor para el momento de la
liquidación de la cuota de compensación militar, es admisible que la base gravable
para dependientes e independientes prevista en el artículo 1 de la Ley 1861 de 2017

37
De conformidad con el artículo 2.3.1.4.5.5. del Decreto 1070 de 2015, este plazo podrá prorrogarse por otros 90 días a
solicitud del ciudadano, previo incremento equivalente al 15% sobre el valor inicialmente pactado.
22

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sea aplicable, sin que ello suponga un trato diferenciado que no tenga una
justificación de orden constitucional.

La Sala tampoco encuentra una afectación a los principios constitucionales de
equidad -horizontal y vertical-, justicia tributaria y progresividad, justamente porque
el recaudo de los tributos no puede quedar, como lo sugiere el demandante, en
estado de indefinición. Es el acto de clasificación el que permite determinar la
capacidad de pago o contributiva de los sujetos pasivos -sea dependiente o
independiente-, y a partir del cual se efectúa la liquidación de la cuota de
compensación militar, para lo cual la ley establece la base gravable y la tarifa que
se deba aplicar en uno y otro supuesto. Es decir, contrario a lo que señala el actor
el propósito de la reglamentación es otorgar un trato igual entre iguales a partir del
criterio de la capacidad económica, lo que redunda en que se pueda asegurar un
efectivo control en el recaudo del tributo.

En definitiva, la determinación del acto de clasificación como el momento a partir
del cual se inicia el procedimiento de liquidación de la cuota de compensación militar
persigue como fin constitucionalmente legítimo el efectivo recaudo del tributo,
medida reglamentaria que es adecuada y apta para alcanzar esa finalidad. Además,
es necesaria porque no existe otra que permita garantizar de mejor manera la
eficiencia en el recaudo tributario, y proporcional porque de aceptar el entendimiento
que propone el demandante se generaría un sacrificio excesivo al deber
constitucional de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones previsto en
el artículo 95-9 superior.

El segundo reproche que formula el actor consiste en que la disposición acusada
excedió el ejercicio de la potestad reglamentaria porque, a su juicio, la disposición
acusada desconoció el artículo 27 de la Ley 1861 de 2017, en el que se establece
que la base gravable se calcula sobre diferentes recursos de “los últimos dos años”
y “del año inmediatamente anterior”. Insistió en que de conformidad con la precitada
disposición, quienes para el momento de la liquidación de la cuota de compensación
militar fueran independientes podrían hacerlo sobre sus propios ingresos de los
últimos dos años y sobre su patrimonio reportado en la declaración de renta del año
inmediatamente anterior, lo que no puede hacerse con la norma reglamentaria
porque impide que las personas independientes puedan liquidar la cuota sobre sus
propios recursos, cuando a la fecha de clasificación hubieran sido dependientes.

La Sala no encuentra que la potestad reglamentaria se haya excedido con el
establecimiento del acto de clasificación como el momento a partir del cual se inicia
el procedimiento de determinación del tributo. Por el contrario, el gobierno nacional
dada la falta de precisión de la regulación legal en cuanto al entendimiento de
cuándo se debe iniciar el trámite de liquidación de la contribución, optó por la
clasificación, que es cuando la autoridad de reclutamiento determina que un
ciudadano no puede ser incorporado a las filas, lo que permite garantizar el efectivo
recaudo como fin constitucionalmente legítimo perseguido.

De allí que no sea de recibo la acusación formulada por el demandante en el sentido
de que se desconoce el artículo 27 de la Ley 1861 de 2017, en lo relativo a la base
gravable, pues es desde el momento de la clasificación que se debe tener en
consideración la condición de dependiente e independiente, y así poder determinar
el monto que debe pagar el contribuyente. Ahora bien, el actor señala que el
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legislador en el proceso de formación de la mencionada ley optó por referirse “al
año inmediatamente anterior”, y no “al año inmediatamente anterior a la fecha de
clasificación”, lo que para la Sala es un asunto que escapa o desborda la órbita de
competencia del medio de control de nulidad simple, pero que, en cualquier caso,
se puede circunscribir al margen de configuración legislativa, lo que en este caso
no puede entenderse como una restricción para el ejercicio de la facultad
reglamentaria, competencia asignada expresamente en la Constitución Política.

En los anteriores términos, se descarta el cargo invocado por el demandante por
supuesto desbordamiento en el ejercicio de la facultad reglamentaria.

Por último, el actor formuló como alegato adicional un presunto desconocimiento
del precedente judicial contenido en las sentencias T-119 de 2011 y C-600 de 2015,
cargo que para la Sala no tiene vocación de prosperidad.

En relación con la primera decisión, cabe señalar que, conforme al artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, los fallos de tutela solo producen efectos en el caso concreto.
En ese asunto, la regla judicial adoptada consistió en que no era posible determinar
el monto de la cuota de compensación militar del sujeto pasivo con base en sus
ingresos como independiente; en consecuencia, no procedía realizar la liquidación
a partir de los ingresos y el patrimonio del núcleo familiar. Por su parte, en el
presente control abstracto de legalidad, el debate se orienta a establecer si el acto
de clasificación desconoció principios constitucionales y si se configuró una
extralimitación en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Respecto de la segunda decisión que, de conformidad con el artículo 243 de la
Constitución Política hace tránsito a cosa juzgada constitucional, se debe indicar
que en esa oportunidad se estudió la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 1184
de 2008 -antes de la modificación del artículo 27 de la Ley 1861 de 2017, en la que
se declaró la exequibilidad de esa disposición, “en el entendido que para el inscrito
que no ingrese a filas y sea clasificado, que no dependa económicamente de su
grupo familiar o de un tercero para efectos del pago de la cuota de compensación
militar, se tomarán en cuenta como base de la contribución el total de sus ingresos
mensuales y su patrimonio líquido”. Es decir, si bien se trata de una decisión que
está relacionada con la base gravable que se debe tener en cuenta para el momento
en el que sea clasificado el ciudadano que no ingresa a las filas, cuando se acredita
su condición de independencia económica para efectos de la determinación del
tributo, la Sala no observa que en la reglamentación contenida en el artículo
2.3.1.4.5.3 del Decreto 1070 de 2015, con la modificación del artículo 1 del Decreto
977 de 2018, se haya desatendido esa determinación.

Síntesis de la decisión

Para la Sala el acto de clasificación de un ciudadano que no ingresa a las filas a
prestar el servicio militar obligatorio, como el momento a partir del cual se inicia el
proceso de determinación de la cuota de compensación militar no vulnera los
artículos 13, 95-9 y 363 de la Constitución Política. Por el contrario, encuentra que
es un parámetro razonable que incorporó el propio legislador en el artículo 25 de la
Ley 1861 de 2017, que permite garantizar el efectivo recaudo del tributo como fin
constitucionalmente legítimo. De igual manera, estima que el gobierno nacional no
desbordó el ejercicio de la facultad reglamentaria, sino que, por el contrario, tuvo
24

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como criterio para la liquidación de la contribución el momento en el que se tiene
certeza de que el ciudadano no será incorporado a las filas. Por último, no evidenció
que la disposición acusada contradiga alguna regla de decisión jurisprudencial
contenida en las sentencias T-119 de 2011 y C-600 de 2015 de la Corte
Constitucional.

Condena en costas

Las partes, demandante y demandada, solicitan condenar en costas y agencias en
derecho a su contraparte. No obstante, de conformidad con lo previsto en el artículo
188 del CPACA, y teniendo en cuenta los criterios de decisión adoptados por la Sala
en la sentencia de 23 de septiembre de 2025 38 sobre la imposición de condena en
costas en los asuntos ordinarios, no se condenará en costas en el sub examine por
tratarse de un proceso en el que se ventila un interés público39.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
y las solicitudes de desvinculación

Segunda. Negar las pretensiones de la demanda, por los cargos estudiados en
esta sentencia.

Tercero. Sin condena en costas, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

38
Sentencia del 23 de septiembre de 2025, Exp. 28292, CP. Wilson Ramos Girón.
39
«[…]13.9- En suma, a partir de los análisis efectuados, la Sala identifica los siguientes criterios de decisión sobre la
imposición de la condena en costas en los asuntos ordinarios que le corresponde juzgar: (i) En los medios de control de simple
legalidad o constitucionalidad no se impondrá la condena en costas, con fundamento en la exoneración que el artículo
188 del CPACA contempla para los procesos en los que se ventile un interés público. […]
(ii) Pero aun en esos casos, se impondrá la condena en costas, con fundamento en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
cuando se determine que no se cumplieron los requisitos exigidos en los ordinales 2.º y 4.º del artículo 162 del CPACA o
cuando se establezca que se promovió un desgaste innecesario del aparato judicial […]». Se resalta.
25

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