Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-24-000-2021-00301-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-24-000-2021-00301-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-24-000-2021-00301-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
10 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 11001-03-24-000-2021-00301-00 (26627)
Demandante FIDUCIARIA COLMENA S.A.
Demandada SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Temas Obligación de presentar modelos de contrato de adhesión y/o
de prestación masiva de servicios. Numeral 3 del Título II,
Capítulo I, Parte II de la Circular Básica Jurídica de la
Superintendencia Financiera de Colombia. Libertad de
empresa. Libertad contractual. Consumidor financiero.
SENTENCIA ANTICIPADA
La Sala decide la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho sin cuantía presentada por Fiduciaria Colmena S.A. contra los Oficios Nros.
2020308570-000-000 del 23 de diciembre de 2020 y 2020308570-012-000 del 15
de febrero de 2021, proferidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 23 de diciembre de 2020, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió a
Fiduciaria Colmena S.A. la Orden Administrativa Nro. 2020308570-000-000, en
virtud de la cual conminó a la fiduciaria a presentar en el término de un mes, para
su respectiva autorización, los modelos de los contratos de adhesión y/o de
prestación masiva de servicios, para vincular a terceros interesados en adquirir
unidades inmobiliarias en etapas posteriores a la de preventa, y el modelo marco
de contrato de fiducia mercantil inmobiliario completo al cual se adherirán o
vincularán los terceros interesados.
La fiduciaria interpuso recurso de reposición el 8 de enero de 2021, el cual fue
resuelto con Resolución 2020308570-012-000 del 15 de febrero de 2021 que
confirmó la Orden Administrativa.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
pretensiones1:
1
Samai, índice 31.
1
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Radicado: 11001-03-24-000-2021-00301-00 (26627)
Demandante: Fiduciaria Colmena S.A.
“Pretensiones principales
Pretensión principal No. 1
Que se declare la nulidad total de los oficios No. 2020308570-000-000 del 23 de diciembre de
2020, No. 2020308570-012-000 del 15 de febrero de 2021 y No. 2020308570-022-00 del 4 de
febrero de 20222, expedidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante los
cuales se impartió una orden administrativa a Fiduciaria Colmena S.A., y se dio por finalizada
la actuación administrativa que derivó en dicha orden, respectivamente.
Pretensión principal No. 2
Que, como consecuencia de la declaración anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
se ordene a la Superintendencia Financiera de Colombia abstenerse de ordenar a la Fiduciaria
Colmena S.A. la presentación de los contratos de adhesión o de prestación de servicios
masivos tal como se ordenó en los oficios No. 2020308570-000- 000 del 23 de diciembre de
2020, No. 2020308570-012-000 del 15 de febrero de 2021 y No. 2020308570-022-00 del 4 de
febrero de 2022.
Pretensión principal No. 3
Que, como consecuencia de la pretensión principal No. 1 y, a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la Superintendencia Financiera de Colombia proferir un acto
administrativo en el que se declare expresamente que Fiduciaria Colmena S.A. no ha incurrido
en práctica ilegal alguna, en relación con los hechos que fundamentan la presente
controversia.
Pretensiones Subsidiarias
Pretensión subsidiaria No. 1
Que se declare la nulidad parcial de los oficios No. 2020308570-000-000 del 23 de diciembre
de 2020 y No. 2020308570-012-000 del 15 de febrero de 2021, expedidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia, en lo que atañe a la calificación de la conducta de
Fiduciaria Colmena S.A. como “práctica ilegal” que se encuentra contenida en los
mencionados oficios.
Pretensión Subsidiaria No. 2
Que, como consecuencia de la pretensión subsidiaria No. 1, se ordene a la Superintendencia
Financiera de Colombia, a título de restablecimiento del derecho, proferir un acto
administrativo que dé cumplimiento a la sentencia que ponga fin a este asunto, en el cual se
declare expresamente que Fiduciaria Colmena S.A. no ha incurrido en práctica ilegal alguna
con ocasión de los hechos que fundamentan la presente controversia.”
A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos
6, 29, 83 y 333 de la Constitución Política de Colombia; y 1602 del Código Civil.
Describió que el objeto de la Fiduciaria Colmena es facilitar la ejecución de
proyectos de construcción de inmuebles, en donde hay dos etapas:
i) Preventa (no discutida), en la que los recursos provenientes de los futuros
compradores son recaudados y administrados por la fiduciaria a través de un contrato
de encargo fiduciario (contrato de adhesión), siendo invertidos a nombre de éstos en
el Fondo de Inversión Colectiva Rentafácil (en adelante, FIC Rentafácil), para luego ser
transferidos al constructor cuando se cumple el punto de equilibrio del proyecto. Solo
en esta etapa los futuros compradores tienen una relación contractual directa con la
fiduciaria, y por tanto, ostentan la categoría de consumidores financieros, la cual
finaliza con la entrega de los recursos al constructor.
ii) Y, las posteriores a la preventa (aquí discutida), donde se estructura un negocio jurídico
diferente e independiente al anterior, en el que, por un lado, el constructor suscribe
con la fiduciaria un contrato de fiducia de administración inmobiliaria, a partir del cual
2
Se pone de presente que la pretensión de nulidad del Oficio Nro. No. 2020308570-022-00 del 4 de febrero de 2022, fue
rechazada mediante auto del 7 de diciembre de 2022 (Samai, índice 33) confirmado por el auto del 15 de junio de 2023,
que resolvió el recurso de súplica (Samai, índice 43).
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se constituye un patrimonio autónomo que centraliza todos los recursos para el
desarrollo del proyecto. Y, por el otro, los compradores que celebran promesas de
compraventa con el constructor. De manera que, en esta última fase, los adquirientes
no tienen vinculación reglamentaria ni contractual con la fiduciaria, como quiera que
el negocio de compraventa se celebra con el constructor en el marco de las normas
civiles y comerciales.
En esta etapa, la interacción entre la fiducia y los compradores solo se presenta en la
suscripción de las escrituras de compraventa, porque el patrimonio autónomo, que
administra la fiduciaria, tiene la propiedad del terreno y de las unidades inmobiliarias
que resulten del proyecto. Y, cuando el fideicomiso recauda los pagos efectuados por
el comprador, a los cuales se obligó en el contrato de compraventa.
A partir de lo anterior, observó que en ningún caso la administración de los recursos
que entregan los interesados en la adquisición de las unidades inmobiliarias implica
que los mismos estén vinculados con el fideicomiso inmobiliario, ni con la fiduciaria
a través de un fondo de inversión colectiva. Y que, bajo el esquema reseñado, no
existe contrato de adhesión o de prestación masiva de servicios que deba ser
evaluado por la superintendencia y que se suscriba por el comprador.
Cuestionó que la superintendencia, sin sustento en la ley, en el Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero ni en la Circular Básica Jurídica de esa entidad, considera
que, en la fase posterior a la preventa, la fiducia debe celebrar contratos de adhesión
y de prestación masiva de servicios con los terceros interesados en el proyecto
inmobiliario, para su respectiva autorización, pese a que en dicha fase los
adquirientes no son parte del negocio fiduciario. Así, destacó que, en virtud del
principio de autonomía de la voluntad, nada impedía que los futuros compradores
adquirieran las unidades de los inmuebles de los fideicomisos de administración
inmobiliarias mediante un contrato de promesa de compraventa, el cual no se
encuentra coligado al de fiducia, ni está conexo a servicios de administración de la
fiduciaria, como equivocadamente lo sostiene la acusada.
Aclaró que, en la etapa posterior a la preventa, los futuros compradores son terceros
interesados en el proyecto inmobiliario y no en los servicios que presta la fiduciaria,
en tanto éstos entregan los recursos en virtud de la relación contractual que tienen
con el constructor. Es este último el que instruye a la fiduciaria para recibir, en su
nombre (constructor), dichos dineros.
Agregó que la superintendencia no argumentó su decisión con base en un análisis
objetivo de las necesidades del sector financiero, ni de los riesgos del esquema
fiduciario que implementa la actora y el que la entidad vigilada pretende imponer, lo
cual conlleva a una violación al debido proceso. Que todo esto, además desconoce
el derecho de libertad de empresa y competencia, así como el libre ejercicio de
configuración contractual, e involucra un exceso en los límites de la competencia de
la superintendencia como ente regulador, al imponer un diseño de modelo de
negocio que parte de un fundamento legal erróneo y que pone a la fiduciaria en una
posición de desventaja competitiva respecto de los demás agentes del mercado, al
imponerle con esto un trámite dispendioso (desarrollar y administrar contratos de adhesión
de los futuros adquirientes).
Debatió que la superintendencia impone el esquema de negocio con sustento en el
numeral 3.3 del Capítulo I del Título II de la Parte 2 de la Circular Básica Jurídica,
pese a que esa regulación solo establece la obligación de presentar para su
aprobación los contratos de adhesión y prestación masiva de servicios, cuando las
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fiduciarias pretendan implementarlos, es decir, cuando sean necesarios para el
desarrollo de su objeto social, porque así lo requieren las partes, o responda al
modelo del negocio, o lo estipule la ley, supuestos que no se presentan en el caso
analizado. Recalcó que el hecho de estar regulados no significa que desaparezca
para el sector financiero la libertad contractual.
Respecto de la tesis de la superintendencia de que los contratos de compraventa y
de encargo fiduciario se encuentran coligados, precisó que, independientemente de
que ello sea así, no existe disposición legal o reglamentaria que conlleve a concluir
que ese hecho lleve a la necesidad de que terceros adquirentes deban ser parte del
contrato de fiducia. En efecto, ninguna norma obliga que al contrato de
administración inmobiliaria se tenga que vincular a los terceros adquirientes, y por
tanto, la fiduciaria tiene libertad de decidir el modelo de negocio a implementar.
Además, porque, por un lado, la voluntad de los compradores es hacerse parte de
un contrato de compraventa, y del otro, “el recaudo que hace la Fiduciaria no convierte en
aporte al negocio fiduciario el dinero que el tercero adquiriente entrega al constructor en las cuentas
del fideicomiso”, pues lo recibe por instrucciones del fideicomitente constructor.
Aclaró que la figura de los “contratos coligados”, creada por la jurisprudencia, no
determina la existencia de una relación jurídica contractual, pues este mecanismo
solo ayuda a la interpretación de los efectos jurídicos de contratos existentes y no
para “darle categoría contractual a algo que no lo tiene”. Y, advirtió que la superintendencia
no puede pasar por alto la necesidad del consentimiento y la libertad contractual,
menos respecto de personas no vigiladas como los compradores.
Reprochó que la superintendencia hallara contradicción en que la fiduciaria no
tratara como parte del fideicomiso a los compradores y, al mismo tiempo, le rindiera
reportes semestrales sobre el avance del proyecto inmobiliario, pues desconoce que
esto último lo debe hacer la actora en cumplimiento del numeral 6º de la Parte 2,
Título II, Capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica. Norma que no impone que los
adquirentes sean parte de los fideicomisos de administración inmobiliaria, por el
contrario, establece una diferencia entre las obligaciones de la fiduciaria con los
compradores, y las que tiene con los fideicomitentes y otros intervinientes del
negocio. Lo que ratifica que los compradores no hacen parte de la fiducia, sin
perjuicio de que estén dentro de una categoría especial que los hace merecedores
de reportes.
Clarificó que los futuros adquirientes no se vinculan al FIC Rentafácil en todas las
etapas del proyecto inmobiliario, pues solo entregan recursos con destino al fondo
en la etapa de preventa, en virtud de un contrato de adhesión celebrado con la
fiduciaria y aprobado por la superintendencia. Insistió que, finalizada esta etapa, y
constituido el fideicomiso de administración inmobiliaria, los recursos de los
adquirientes son consignados con fundamento en el contrato de compraventa y
recaudados por la fiduciaria por instrucciones del constructor. De manera que, los
pagos corresponden al precio del inmueble, y no a un aporte.
Advirtió que, solo hasta el acto que resolvió el recurso de reposición, la
superintendencia indicó como sustento legal el artículo 2 de la Ley 1328 de 2009
(Estatuto del Consumidor Financiero), para señalar que los futuros compradores deben
considerarse clientes de la fiduciaria, sin tener en cuenta que la actora no tiene
ningún tipo de relación contractual o financiera con esas personas en etapas
posteriores a la preventa. Aseguró que, aún si se consideraran clientes, esto no era
suficiente para exigir la implementación de contratos de adhesión, pues se repite,
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esto no fue previsto en la ley. Y, tampoco puede sustentarse en una supuesta
protección de terceros interesados, pues la fiduciaria cumplió con los deberes de
transparencia de la información sobre los potenciales adquirientes.
Ejemplificó que hay casos en los que una persona puede usar servicios financieros
sin suscribir contratos con la entidad financiera, como los servicios de recaudo que
prestan dichas entidades a las empresas de servicios públicos domiciliarios.
Afirmó que el modelo de negocio impuesto no representa mayores garantías o
menores riesgos de cara a la protección de terceros si se compara con el
implementado por la demandante. Que, la demandada se limitó a indicar que las
constructoras pueden adoptar decisiones que llegarían a afectar a los futuros
compradores con ocasión del contrato de fiducia, sin advertir circunstancias
objetivas y suficientes que permitan arribar a tal conclusión; ni la previsión que esas
decisiones se podrían evitar con la vinculación de los compradores al negocio
fiduciario.
Explicó que el esquema de negocio implementado no es improvisado y que brindaba
una serie de garantías, tales como que la fiduciaria vela por la protección de los
intereses del fideicomiso, lleva la contabilidad de los recursos recaudados, presenta
un informe semestral a los compradores, contrata un interventor, y adopta políticas
para la adecuada ejecución del negocio, como evaluar al constructor, el proyecto y
su factibilidad. Y, que con el contrato de compraventa los adquirientes tienen mayor
garantía, en tanto pueden pactar las condiciones del negocio.
Reprochó que el ente de control concluyera que el esquema de negocio era ilegal,
omitiendo un análisis jurídico y fáctico, y sin adelantar una investigación que diera
oportunidad para aportar, solicitar y practicar pruebas, así como pronunciarse sobre
los argumentos planteados.
Estimó violado el principio de confianza legítima dado que la conclusión de los actos
no fue planteada en forma previa a lo largo de las investigaciones y visitas
efectuadas por la superintendencia a la demandante. Insistió en la vulneración de
la libertad económica y la facultad de configuración contractual, debido a que los
actos imponen un modelo de negocio sin sustento legal, pese a que la fiduciaria y
los compradores tienen derecho a celebrar los contratos que atiendan en mejor
forma sus intereses. Agregó que la intervención del Estado en la economía no
implica que todas las actividades realizadas por entidades vigiladas deban ser
objeto de aprobación por los entes de control, pues la regla general es la libertad de
configuración contractual.
De igual forma, consideró que los actos violaron la libre competencia, porque
colocan a la fiduciaria en desventaja competitiva, mediante la imposición de una
estructura de negocios, que afecta su actividad comercial y lesiona sus intereses,
pues debió suspender la celebración de nuevos contratos, para realizar un trámite
injustificado. Y, también se infringe la autonomía de la voluntad, toda vez que los
compradores deben ser libres de elegir si entablan una relación jurídica directa con
el vehículo fiduciario o no.
Oposición de la demanda
La Superintendencia Financiera de Colombia controvirtió las pretensiones de la
demanda, con los siguientes argumentos3:
3
Samai, índice 67
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Propuso la excepción previa de inepta demanda, con fundamento en que la actora
no argumentó el cargo de violación del derecho al debido proceso4.
En cuanto al asunto de fondo, relató que verificó los estándares de gestión de la
actividad de la Fiduciaria Colmena S.A., y advirtió que ésta no contaba con contratos
autorizados para la vinculación de terceros interesados en adquirir unidades
inmobiliarias.
Aseguró que cuando la fiduciaria administra recursos o bienes para el desarrollo de
un proyecto constructivo inmobiliario está ejecutando una línea de fiducia
inmobiliaria completa, en virtud del numeral 8.2 del Capítulo I, Título II, Parte 2 (en
concordancia con el numeral 5.2. del Capítulo I, Título I, Parte 2) de la Circular Básica Jurídica.
Con base en lo anterior, sostuvo que el negocio desarrollado por la fiduciaria, con
la entrega de las unidades inmobiliarias a consumidores financieros, da lugar a la
obligación de presentar los modelos de contratos de adhesión y de prestación de
servicios masivos en las etapas de preventas y posteriores para su autorización,
conforme con el numeral 3.3. del Capítulo I, Título II, Parte 2 de la Circular Básica
Jurídica.
Señaló que los actos acusados fueron debidamente motivados, pues analizaron la
información presentada por la actora con relación a 20 negocios fiduciarios, de los
cuales 4 eran de la etapa de preventa y 16 de fiducia de administración y pagos.
Con lo anterior, adujo que pudo determinar que la demandante estaba gestionando
negocios fiduciarios en etapas posteriores a la preventa con la finalidad de
administrar recursos para el desarrollo constructivo de proyectos inmobiliarios.
Destacó que se probó que, en los negocios objeto de análisis, se efectuaron pagos
en virtud de las condiciones contractuales pactadas, recursos que estaban limitados
al desarrollo del proyecto inmobiliario. Y que los formularios de vinculación
permitieron advertir que la totalidad de los compradores realizaban aportes al FIC
Rentafácil, en donde suscribían cartas de instrucciones y el formulario de
separación del inmueble. Con lo anterior, se acreditó que la fiduciaria vinculaba a
los adquirientes de las unidades inmobiliarias a través de un FIC, y no al negocio
fiduciario respectivo mediante un contrato de adhesión o de prestación masiva de
servicios que debía ser aprobado por la superintendencia.
Precisó que, la revisión de las cláusulas de los contratos de adhesión se efectúa
para proteger a los adquirentes, dado que las mismas son establecidas de manera
unilateral por la fiduciaria, y además, en cualquier etapa del negocio fiduciario
inmobiliario, ésta puede vincular a terceras personas interesadas en adquirir las
unidades inmobiliarias.
Anotó que: “el hecho de que una sociedad fiduciaria administre de forma temporal los recursos en
los fondos de inversión colectiva hasta tanto se cumplan las condiciones técnicas, financieras y
jurídicas del desembolso de los recursos no implica que la vinculación de las personas a los negocios
fiduciarios inmobiliarios se pueda hacer adhiriéndolos a los fondos de inversión colectiva y que se
obvie la vinculación a los negocios fiduciarios inmobiliarios de preventa o de fiducia completa, por
cuanto es deber de la sociedad fiduciaria vincular a los clientes a los negocios respectivos para lo
cual debe de contar con modelos de contratos de vinculación debidamente autorizados para tal
efecto y con la intención de que se materialice la intención de las partes, es decir que se lleva a cabo
la vinculación o la adhesión de los adquirentes de unidades inmobiliarias a los negocios fiduciarios.”
4
Mediante auto del 12 de diciembre de 2023, el despacho declaró no probada esta excepción. Samai, índice 73.
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Demandante: Fiduciaria Colmena S.A.
Que si bien, cada gestor es libre de celebrar los acuerdos necesarios para
desarrollar su actividad, no puede desconocer las obligaciones a cargo de todas las
sociedades fiduciarias en ejercicio de sus actividades de manejo, aprovechamiento
e inversión de recursos captados del público, las cuales están sujetas al régimen de
intervención estatal previsto en los artículos 150.18, 189.24 y 335 de la Constitución
Política, con la finalidad de proteger los derechos de los consumidores financieros.
Por lo anterior, aseguró que tampoco desconoció los principios invocados por la
actora
Expuso que la orden administrativa cuestionada se profirió en el marco de las
facultades para sancionar prácticas ilegales, previstas en el numeral 5, literal a) del
artículo 208 del EOSF, la cual no tiene un procedimiento en la ley, pues su finalidad
es suspender aquello que va en contravía de la actividad que se supervisa.
Reparó en que, se garantizó el debido proceso dado que se concedió el recurso de
reposición, y además, la actora no probó que se le hubiere impuesto un trato
diferencial en relación con otras fiduciarias.
Desestimó la violación a los principios de confianza legítima, la libre empresa y
competencia, dado que la actora entendía la estructura de negocio de la fiduciaria.
Advirtió que, contrario a lo señalado por la fiduciaria, toda persona que aporte
recursos a los negocios fiduciarios debe de ser considerado como cliente, sin
importar la etapa en la que se vincula al negocio, y por esa razón, se debe
materializar su protección a través de deberes legales en cabeza de la fiduciaria.
Esclareció que la orden administrativa impuesta no vulnera la libertad contractual o
de empresa de la fiduciaria, porque el gestor fiduciario está obligado tanto
contractual como legalmente a prestar unos servicios determinados a los
adquirentes de unidades inmobiliarias.
Sobre la libre competencia, afirmó que la orden administrativa no indicó que el único
mecanismo para controlar la transferencia de dominio de las unidades inmobiliarias
fuera vincular al adquirente contractualmente con la fiduciaria, ni que se impediría
la celebración de contratos de compraventa entre constructores y compradores, sino
que lo que se reprochó fue la ausencia de autorización en contratos de adhesión
y/o prestación masiva de servicios.
Estableció que la superintendencia no tiene funciones para limitar la capacidad
contractual o de competencia de sus vigiladas y que la actora puede elaborar
cualquier tipo de esquema fiduciario y presentarlo como modelo de contrato de
adhesión y/o prestación masiva de servicios. Concluyó que no entender a los
consumidores financieros como beneficiarios de los negocios, permitiría que la
demandante desatendiera sus obligaciones.
Alegatos de conclusión
La parte demandante5 reiteró los argumentos de la demanda.
La parte demandada6 reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.
5
Samai, índice 105.
6
Samai, índice 104.
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Demandante: Fiduciaria Colmena S.A.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Problema jurídico
Atendiendo los argumentos expuestos por las partes, el problema jurídico por
resolver consiste en determinar la legalidad de los oficios nros. 2020308570-000-
000 del 23 de diciembre de 2020 y 2020308570-012-000 del 15 de febrero de 2021
en cuanto a si existe la obligación jurídica a cargo de Fiduciaria Colmena S.A. de
solicitar y obtener, ante la superintendencia, la autorización de los contratos de
adhesión y de prestación masiva de servicios a celebrar con los adquirientes de
unidades inmobiliarias en etapas posteriores a la preventa, o si en su lugar, la
operación desplegada por la actora de forma previa a la orden administrativa se
encuentra ajustada a derecho.
2. Economía social de mercado: límites a la libertad de empresa y libre
competencia en las entidades fiduciarias
A partir de los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, la Corte Constitucional
ha determinado que el modelo económico que rige en Colombia es el de la
economía social de mercado7, en el cual se reconoce la libertad de empresa como
eje fundamental de la economía y como derecho que involucra la “libre iniciativa privada”
entendida como la “libertad de organización de los factores de producción”8, y “la libertad
contractual” que implica la capacidad de celebrar los acuerdos necesarios para el
desarrollo de la actividad económica9. Con todo, dicha libertad no es absoluta pues
la propia Constitución Política prevé la posibilidad del Estado de intervenir en la
economía para conciliar los intereses particulares, ínsitos a la actividad empresarial,
con el interés general.
Una de las principales formas de intervención del Estado en la economía es el
despliegue de labores de regulación, vigilancia y control para limitar los abusos y
deficiencias del mercado. En palabras de la Corte: “la intervención del Estado en la
economía apunta a la corrección de desigualdades, inequidades y demás comportamientos lesivos
en términos de satisfacción de garantías constitucionales.” 10 Empero, dicha intervención no es
absoluta pues debe llevarse a cabo por ministerio de la ley, sin afectar el núcleo
esencial de la libertad de empresa y obedeciendo a motivos adecuados y
suficientes, siempre bajo la tutela del principio de solidaridad y de criterios de
razonabilidad y proporcionalidad.
Con todo, respecto de ciertas actividades, la Constitución Política ha previsto en
forma expresa la intervención estatal. Es así como el artículo 335 de la Carta señala
que las actividades financiera, bursátil y aseguradora son de interés público y solo
pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley. Lo anterior
debido a que se trata de actividades que involucran la captación de recursos del
público, en donde el Estado debe velar por una especial protección y la primacía del
interés general.
7
Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8
Corte Constitucional. Sentencia C-616 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
9
Corte Constitucional. Sentencia C-263 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10
Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8
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Demandante: Fiduciaria Colmena S.A.
En desarrollo de lo expuesto, el Decreto Ley 663 de 1993 adoptó la versión actual
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), del cual hacen parte las
sociedades fiduciarias, quienes, previa autorización de la Superintendencia
Financiera de Colombia, pueden desarrollar las operaciones descritas en el artículo
29 de esta norma11. Dichas entidades están sujetas al régimen de intervención
estatal previsto en el artículo 46 del EOSF12, en virtud del cual, en términos
generales, el Estado puede verificar la concordancia de la actividad con el interés
público y velar por la tutela de los intereses de los usuarios, ahorradores,
depositantes, asegurados e inversionistas.
En reconocimiento de dicha facultad, el Congreso de la República expidió la Ley
1328 de 2009 que contiene el régimen de protección al consumidor financiero, el
cual parte del reconocimiento de las asimetrías existentes en la relación entre las
entidades vigiladas por la superintendencia (como las sociedades fiduciarias) y los
clientes y usuarios del sistema financiero. Para ello, la ley dispuso una serie de
principios, obligaciones y derechos que pretenden balancear la relación,
garantizando la protección del “consumidor financiero”, el cual reviste tres modalidades:
cliente, usuario y cliente potencial13.
En las relaciones entre las entidades del sistema financiero y, en particular, entre
las sociedades fiduciarias y el consumidor financiero, el numeral 3 del Título II,
Capítulo I, Parte II de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera
de Colombia estableció la obligación de las entidades fiduciarias de presentar ante
el ente de control “los tipos o modelos de contratos que se pretende utilizar en el desarrollo de la
actividad fiduciaria, así como sus modificaciones o adiciones, siempre que éstos constituyan
contratos de adhesión o se utilicen para la prestación masiva de servicios”, a fin de procurar la
protección de los derechos de los usuarios de los servicios fiduciarios. Lo anterior
en desarrollo del mandato contenido en el artículo 146 del EOSF.
En la mencionada normativa, la Circular define los contratos de prestación masiva
de servicios como aquellos: “cuyo texto se utiliza indistintamente con diferentes personas en
varios y futuros negocios por ser su contenido similar y uniforme, generalmente en formularios o
documentos idénticos o similares. Estos contratos responden además en la mayoría de los casos al
concepto de contrato de adhesión.” Así, el cumplimiento de dicha formalidad es una
manifestación de la intervención del Estado en la economía en procura de la tutela
del interés general y de la protección de la parte débil de la relación, de tal forma
que su procedencia debe analizarse a la luz de su objeto, fin y de las circunstancias
de cada caso particular.
3. Alcance del requisito de aprobación de contrato de prestación masiva en
la fiducia inmobiliaria.
De conformidad con el artículo 1226 del Código de Comercio, en la fiducia
inmobiliaria pueden intervenir los siguientes sujetos: una persona llamada
fiduciante o fideicomitente, que transfiere uno o más bienes especificados a otra,
11
Entre estas, tener la calidad de fiduciario, celebrar encargos fiduciarios, obrar como representante de tenedores de bonos,
prestar servicios de asesoría financiera, administrar fondos voluntarios de pensión, fiducia de inversión.
12
Para la época de los hechos, adicionado por los artículos 23 de la Ley 1328 de 2009, 76 de la Ley 1753 de 2015 y 197
de la Ley 1955 de 2019.
13
Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos del presente régimen, se consagran las siguientes definiciones:
a) Cliente: Es la persona natural o jurídica con quien las entidades vigiladas establecen relaciones de origen legal o
contractual, para el suministro de productos o servicios, en desarrollo de su objeto social.
b) Usuario: Es la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente, utiliza los servicios de una entidad vigilada.
c) Cliente Potencial: Es la persona natural o jurídica que se encuentra en la fase previa de tratativas preliminares con
la entidad vigilada, respecto de los productos o servicios ofrecidos por esta.
d) Consumidor financiero: Es todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas.
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llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una
finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero
llamado beneficiario o fideicomisario.
El artículo 29 del EOSF autoriza a las sociedades fiduciarias para desarrollar, entre
otras operaciones financieras, la de tener la calidad de fiduciario y celebrar encargos
fiduciarios para la administración de bienes.
A tal efecto, las fiduciarias tienen que cumplir con ciertos deberes como el de
“información”, previsto en el artículo 97 ibidem14, que le impone suministrar a los
usuarios de sus servicios la información necesaria para lograr la mayor
transparencia en las operaciones que realicen, a fin de permitir que éstos puedan
escoger las mejores opciones del mercado. Esta obligación también se contempla
en los artículos 7 y 9 del Estatuto del Consumidor Financiero (Ley 1328 de 2009)15. En
concordancia, la Circular Nro. 029 de 2014, expedida por la superintendencia y que
recopila la regulación legal y administrativa del sector financiero, precisa que estas
sociedades deben informar16 los riesgos, limitaciones técnicas y aspectos negativos
inherentes a los bienes y servicios que hacen parte del objeto del contrato.
De manera tal que, en la fiducia, desde la etapa precontractual, durante la ejecución
e incluso hasta su liquidación, las partes intervinientes y los usuarios deben ser
advertidos de las implicaciones del contrato, así como del contenido y
funcionamiento de la relación establecida para suministrar dicho servicio. Marco
dentro del cual se debe analizar el alcance de la obligación por parte de las
fiduciarias inmobiliarias de someter a evaluación y aprobación previa de la
superintendencia el modelo de contrato de prestación masiva de servicios.
En el caso de la fiducia inmobiliaria, definida como la administración de recursos y
bienes afectos a un proyecto inmobiliario, se identifican tres modalidades17 de: i)
preventa, en la cual la fiduciaria efectúa el recaudo de los dineros provenientes de
los interesados en adquirir los inmuebles, y los administra e invierte mientras se
cumplen las condiciones establecidas para ser destinados al desarrollo del proyecto;
ii) administración y pagos, en la que se transfiere un bien inmueble a la fiduciaria,
para que administre el proyecto, efectúe los pagos asociados a su desarrollo de
acuerdo a las instrucciones dadas en el acto constitutivo “y transfiera las unidades
construidas a quienes resulten beneficiarios del respectivo contrato”, para lo cual puede asumir
la escrituración de estos bienes; y iii) tesorería, que tiene como finalidad
encomendar a la fiduciaria la inversión y administración de los recursos en efectivo
destinados a la ejecución del proyecto.
14
Modificado por la Ley 795 de 2003.
15
ARTÍCULO 7o. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS ENTIDADES VIGILADAS. Las entidades vigiladas tendrán las
siguientes obligaciones especiales: (…)
e) Abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar
el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante contractual.
f) Elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes, con claridad, en caracteres legibles a
simple vista, y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación
contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente, y contendrá los términos y condiciones del producto o
servicio, los derechos y obligaciones, y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos.
ARTÍCULO 9o. CONTENIDO MÍNIMO DE LA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO. En desarrollo del
principio de transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, las entidades vigiladas deben informar a los
consumidores financieros, como mínimo, las características de los productos o servicios, los derechos y obligaciones, las
condiciones, las tarifas o precios y la forma para determinarlos, las medidas para el manejo seguro del producto o servicio,
las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato, y la demás información que la entidad vigilada estime
conveniente para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar
un producto o servicio. En particular, la información que se suministre previamente a la celebración del contrato, deberá
permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado.
16
Parte II, Título II, Capítulo I. Numeral 2.2.1.2.1.
17
Ibidem. Numeral 8.2.
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En la circular, se precisa que cuando en estos negocios fiduciarios, los acuerdos en
que se fundamente la preventa18 y/o la comercialización de las unidades
inmobiliarias19 “revistan las características de contratos de adhesión o de prestación masiva de
servicios deben ser calificados como tales” y deben ser sometidos previamente a la
autorización de la superintendencia. Y en general, esta entidad tiene la función de
evaluar estos tipos de contratos que se pretendan utilizar en el desarrollo de la
actividad fiduciaria20. Todo, con la finalidad de proteger los derechos de los usuarios
de servicios financieros, para que las condiciones del contrato se ajusten a la ley,
evitando que se impongan cláusulas abusivas21.
Debe tenerse en cuenta que el alcance del pronunciamiento de la superintendencia
se limita únicamente a la revisión de los modelos de los citados contratos, y no sobre
la validez o eficacia del negocio jurídico22 (como, las circunstancias de tiempo, modo y lugar
relacionadas con su celebración, ejecución y/o liquidación, obligaciones de las partes intervinientes,
entre otras).
De modo que, el ente de control está facultado para requerir la presentación de este
tipo de contratos para efectos de su aprobación, como también exigir su
modificación o suspender su utilización, cuando estos desconozcan algunos de los
requisitos legales y administrativos exigidos para su celebración y/o ejecución23,
como el analizado.
Así las cosas, para determinar si una fiduciaria inmobiliaria está obligada al
cumplimiento del requisito de aprobación previa de la superintendencia, la relación
contractual, objeto del mismo, debe revestir las características de un contrato de
adhesión o de prestación masiva , destacándose entre estas que24: los contratos
de adhesión: i) se elaboran unilateralmente por la fiduciaria, ii) sus cláusulas y/o
condiciones no pueden ser discutidas libremente, iii) los clientes, o las partes que
se adhieran al contrato después de celebrado, se limitan a expresar su aceptación
o rechazo en su integridad. Y, los contratos de prestación masiva: i) se utilizan
indistintamente con diferentes personas en varios y futuros negocios, ii) tienen un
contenido similar y uniforme, iii) en su mayoría responden al concepto de contrato
de adhesión.
De manera que, cuando en la operación financiera, de acuerdo con lo pactado en
el contrato primigenio por la fiduciaria y los fideicomitentes, se deba imponer
estipulaciones y/o condiciones inalterables sobre uno o varios sujetos, o respecto
de múltiples personas de forma estandarizada, le corresponde a la fiduciaria
suscribir contratos de adhesión y/o prestación masiva de servicios, y presentarlos
ante la superintendencia para su revisión previa, en la medida que se pueden ver
afectados los intereses de estos individuos.
Por consiguiente, en cada caso, debe hacerse un análisis de las condiciones
pactadas en el negocio fiduciario, en particular, de los derechos y obligaciones que
se derivan del mismo y de los sujetos que podrían verse afectados, para determinar
si se derivan acuerdos que presenten las características de contratos de adhesión
y/o presentación masiva de servicios que deban someterse a la aprobación previa
de la superintendencia.
18
Ibidem. Numeral 5.2.1.8.
19
Ibidem. Numeral 5.2.2.8.
20
Ibidem. Numeral 3.1. En concordancia con el literal e) del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009 (Estatuto del Consumidor).
21
Ibidem.
22
Ibidem. Numeral 3.3.
23
Ibidem.
24
Ibidem. Numeral 3.2.
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En el contexto de la fiducia inmobiliaria, debe tenerse en cuenta que, en la preventa
del proyecto, intervienen los propietarios de los terrenos y/o constructores quienes
actúan como fideicomitentes. Y, los interesados en adquirir las unidades resultantes
del proyecto (inversionistas), se pueden vincular como beneficiarios del contrato de
fiducia, o celebrar contratos de encargo fiduciario (solo entrega de recurso sin transferencia
de bienes).
En la fiducia de administración y pagos, el constructor tiene la calidad de
fideicomitente y la vinculación de los adquirientes de la vivienda dependerá de lo
pactado en el contrato inicial, esto es, en la medida que éstos se vean afectados o
tengan intereses en el acuerdo. Es el caso, cuando la fiducia tiene la administración
de los recursos de los compradores, y la venta y/o entrega a cada adquiriente de
las unidades resultantes, pues ello implica que, junto con el fideicomitente, éstos
serán los que recibirán los beneficios que produzca el negocio fiduciario, y por tanto,
se derivan derechos y obligaciones respecto de estas personas.
En ese entendido, no puede desconocerse que existe una relación de consumo
entre la fiduciaria y los terceros interesados en adquirir la vivienda, cuando aquella
adquiere la obligación de administrar los recursos dinerarios de estos compradores
para el pago del precio y de transferir a los mismos el dominio del inmueble afecto
al proyecto, pues con estas operaciones tales personas utilizan y se benefician del
servicio prestado por la fiduciaria. De ahí que, si los adquirientes de las viviendas
no fueron vinculados inicialmente, deben ser adheridos al contrato de fiducia
inmobiliaria de administración y pagos.
Así, en este evento, la fiduciaria debe suscribir contratos de adhesión y/o de
prestación masiva con tales sujetos, pues ellos no pueden negociar las condiciones
preestablecidas en el acuerdo. Esto demuestra que los adquirientes que se vinculan
al contrato de fiducia se encuentran en una posición vulnerable dado que podrían
verse afectados por la actuación de la fiduciaria, por el incumplimiento del acuerdo
o la imposición de cláusulas abusivas, entre otras. Razón que fortalece la necesidad
de someter a aprobación previa de la superintendencia los contratos de vinculación
de los adquirientes de los inmuebles dado el carácter masivo y de adhesión que se
impone sobre estos sujetos, a fin de proteger sus derechos e intereses sobre los
bienes que administra la fiducia, la información del manejo de los recursos, y la
gestión inmobiliaria y del constructor. Todo lo cual se garantiza con la suscripción
de estos contratos y su revisión previa ante la superintendencia.
4. Análisis del caso concreto
Los actos demandados conminaron a la fiduciaria a presentar en el término de un
mes, para su respectiva autorización, los modelos de los contratos de adhesión y/o
de prestación masiva de servicios, para vincular a terceros interesados en adquirir
unidades inmobiliarias en etapas posteriores a la de preventa y el modelo marco de
contrato de fiducia mercantil inmobiliario completo al cual se adherirán o vincularán
los terceros interesados, con el fin de suspender la práctica ilegal en que incurrió.
La orden administrativa se fundamentó en el hecho de que, en el marco de las
funciones de supervisión, la superintendencia verificó la información de los contratos
de fiducia de administración y pagos suscritos por la actora (en total valoró 16 contratos,
de los 20 contratos allegados por la fiduciaria, pues los 4 restantes se refieren a preventas), y
concluyó que, la fiduciaria tenía la obligación de solicitar la aprobación de contratos
de vinculación de los clientes, porque ostentaba la titularidad de los inmuebles,
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administraba los recursos de los compradores, realizaba pagos a terceros,
vinculaba a los adquirientes a través de un fondo de inversión colectiva y no un
contrato autorizado, y en la mayoría de los casos, les transfería a éstos el dominio
de las unidades inmobiliarias. Agregó que, el gestor fiduciario también podía vincular
terceros luego de la etapa de preventas, de manera que, debía contar con los
modelos de los contratos debidamente autorizados por la superintendencia.
Con ocasión de la resolución que resolvió el recurso de reposición, la
superintendencia precisó que cualquier persona que obtuviese servicios del gestor
fiduciario podía calificarse como cliente o consumidor financiero, Que, la aprobación
de contratos de prestación masiva de servicios pretendía la protección del
consumidor financiero, procurando el equilibrio contractual entre las partes. A partir
de la teoría de los contratos coligados, expuso que los contratos de preventas tienen
vínculo con los de administración y pagos. Añadió que la fiduciaria no reconoce
como clientes a los adquirientes, pese a que les remite informes, administra sus
recursos y les transfiere el derecho de dominio sobre las unidades inmobiliarias, en
cumplimiento de una obligación contractual y legal.
Indicó que un cliente puede adquirir tal calidad cuando pese a no tener vínculo
contractual o legal recibe servicios de las entidades vigiladas, como en este caso,
en que la fiduciaria registra pasivos contablemente en favor de los consumidores
financieros, como también debe restituirles los recursos en caso de incumplimiento,
y escriturar las unidades inmobiliarias.
En la demanda, la fiduciaria expone que los adquirentes de unidades inmobiliarias
pueden decidir libremente si se vinculan o no al esquema fiduciario y, solo en caso
de que lo hagan, se requiere un contrato de adhesión o prestación masiva de
servicios. Acotó que, en la fase de administración y pagos del negocio fiduciario, el
constructor realiza el proceso de ventas directamente con los clientes y suscribe
contratos de compraventa que no vinculan al comprador con el fideicomiso, de
manera que, no hay vinculación reglamentaria ni contractual.
Agregó que, la superintendencia no argumentó su decisión con base en un análisis
objetivo de las necesidades del sector financiero, lo cual conlleva a una violación al
debido proceso, ni tampoco realizó un análisis de riesgos del esquema impuesto, el
cual viola la libertad de empresa, la libre configuración contractual y la libre
competencia, al poner en desventaja a la demandante.
Así mismo, acusa a los actos de falsa motivación dado que no hay norma legal o
reglamentaria que obligue a suscribir contratos de adhesión o prestación de
servicios masivos, si las partes así no lo han querido y la realidad del negocio no lo
exige. Y que la tesis de los contratos coligados no obliga a vincular a los adquirentes
al contrato de fiducia pues el recaudo de sus recursos no deriva en su vinculación,
dado que la única relación de la fiducia es con los constructores, ni configura aporte
al negocio. Añadió que no hay contradicción con que se les rinda informes a los
futuros adquirientes, porque es una obligación de las fiduciarias frente a los
compradores, los cuales no se vinculan al fondo de inversión colectiva en todas las
fases sino solo en la preventa y que los pagos realizados son del precio y no son
aporte.
Y, alegó una infracción al debido proceso, dado que no se adelantó una
investigación que diera oportunidad para aportar, solicitar y practicar pruebas y
pronunciarse sobre los argumentos planteados y que se violó el principio de
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confianza legítima dado que la orden no se planteó en forma previa a lo largo de las
investigaciones realizadas con anterioridad.
La superintendencia, en la contestación a la demanda, reiteró en líneas generales
lo expuesto en los actos y defendió la orden administrativa para la protección del
consumidor financiero.
Para resolver, sea lo primero precisar que, contrario a lo expuesto por el
demandante, la Sala no evidencia una vulneración al debido proceso toda vez que
es función de la superintendencia ejercer facultades de prevención y sanción
respecto de las sociedades fiduciarias y, en desarrollo de dicha labor, el artículo
326, numeral 5, literal a) del EOSF le faculta a impartir órdenes administrativas para
suspender las prácticas que considere ilegales.
En el presente evento, la orden emitida, en primer lugar, se basó en la evidencia
recabada por la superintendencia a lo largo del proceso de evaluación de los
estándares de gestión en el desarrollo de la actividad significativa de fiducia
inmobiliaria de la actora, en particular de los contratos y formatos de vinculación
allegados. Y, en segundo lugar, contra el acto administrativo se concedió el recurso
de reposición, el cual fue ejercido oportunamente y, mediante el cual se presentaron
argumentos y pruebas, de tal forma que, no es cierto que la fiduciaria no haya tenido
oportunidad de defenderse. A lo largo del procedimiento de evaluación se garantizó
la participación de la fiduciaria (mediante requerimientos del ente de control y las respuestas
y la aportación de pruebas por parte de la fiduciaria25), siendo la orden consecuencia de este,
sin que se requiriera una investigación independiente.
Aunado a lo expuesto, también debe descartarse la presunta violación al principio
de confianza legítima bajo el argumento de que en oportunidades anteriores no se
habían solicitado los modelos de contrato, respecto del cual la Sección ha explicado
que consiste en26:
“un principio o valor que se encuentra íntimamente ligado con la buena fe y su aplicación
propende por la protección de las expectativas razonables, ciertas y fundadas que pueden
albergar los administrados con respecto a la estabilidad o proyección futura de determinadas
situaciones jurídicas de carácter particular y concreto. Dichas expectativas, valga decir, deben
fundarse en hechos o circunstancias objetivas, capaces de propiciar el surgimiento de la
confianza, de manera, que no toda probabilidad puede ser protegida mediante este precepto,
pues necesariamente tendrá que ser una proyección seria, que tenga la fuerza de llevar al
administrado a la convicción de que su situación jurídica es una y no cualquiera otra, en
particular, que bajo ciertas condiciones, se hará acreedor de un derecho o mantendrá uno ya
adquirido.”
Lo anterior debido a que el hecho de que en oportunidades anteriores no se hubiese
requerido la aprobación de los modelos de contrato, circunstancia que no está
probada por el demandante, no redunda en una situación jurídica de carácter
particular y concreto, ni en un hecho objetivo que dé certeza a la sociedad fiduciaria
de que nunca se le solicitará, pues no hay un comportamiento positivo por parte de
la superintendencia que haga surgir dicha situación. Y, en todo caso, ello no puede
ser óbice para impedir el ejercicio de sus facultades de prevención y sanción. Así,
fuera de que no está debidamente comprobado lo expuesto por el demandante, la
ausencia de un anterior requerimiento no puede ser causal justificativa para
sostener que este no puede efectuarse en forma posterior.
25
Samai, índice 64.
26
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 16 de febrero de 2023. Exp. 26918. C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello; y del 17 de junio de 2021. Exp. 24575. C.P. Milton Chaves García.
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Ahora bien, en lo que respecta a la discusión propuesta en la demanda sobre el
alcance del negocio fiduciario, debe resaltarse que el demandante aportó 20
contratos, de los cuales 1627 correspondían a fiducias de administración y pagos. El
análisis planteado en la orden administrativa se limitó a estos acuerdos al indicar lo
siguiente:
“Del análisis de la información se evidencia que de los 20 contratos administrados 4
corresponden a negocios de fiducia de preventas y 16 a negocios de fiducia de administración
y pagos, para los fines de este acto administrativo, solamente nos referimos a estos últimos
negocios, teniendo en cuenta que éstos constituyen el acervo probatorio que permite concluir
que la sociedad fiduciaria está gestionando negocios fiduciarios en etapas posteriores a la
preventa y cuya finalidad se concreta en la administración de recursos para el desarrollo
constructivo de proyectos inmobiliarios.” (pp. 4).
Dicha evaluación fue complementada con los formatos de vinculación remitidos por
la actora, las rendiciones de cuentas, y la certificación del representante legal y
revisor fiscal (pp. 7 y 8).
La Sala procede a la verificación de los contratos y los formatos de vinculación, así
como los contratos de promesa de compraventa allegados28, para lo cual, se pone
de presente que, si bien, en varios de estos se modifica la redacción de algunas
cláusulas y definiciones o se incluyen fideicomisos matriz, en líneas generales el
clausulado de los acuerdos es semejante, de tal manera que, como ejemplo, se
transcriben a continuación algunos apartes relevantes del contrato “Fideicomiso de
Construcción Abundara29”, en el cual firman el fideicomiso matriz, la constructora y la
fiduciaria como partes del contrato.
• En la cláusula primera “Definiciones” se señala que son adquirentes: “aquellas personas
que suscriban el Contrato de Promesa de Compraventa con el Fideicomitente Constructor a
efectos de adquirir la calidad de Promitente Comprador respecto a una o varias unidades
inmobiliarias del Proyecto, con las limitaciones establecidas en este contrato y en las
respectivas Promesas de Compraventa, en virtud del negocio jurídico de Promesa de
compraventa recibirán, por parte del Fideicomitente Constructor, determinadas Unidades
Inmobiliarias del Proyecto.
Los Adquirentes, no contraen obligación alguna relacionada con el desarrollo del Proyecto, no
tendrán derechos ni obligaciones derivados del presente Contrato, diferentes al derecho a
recibir las Unidades Inmobiliarias resultantes del Proyecto que hayan seleccionado y a
suscribir la correspondiente escritura pública de transferencia a título de compraventa o los
derechos otorgados en los eventos de liquidación anticipada establecida en el presente
Contrato.”
• Dentro de las actividades desarrolladas por la fiduciaria, en la cláusula tercera “Objeto”
se describe:
“Recibir y administrar los recursos que a título de fiducia mercantil aporte el Fideicomitente
Constructor y los Adquirentes en virtud del Contrato de Promesa de Compraventa,
provenientes del Proyecto de Construcción, entre otros, los recursos provenientes de: (i) el
Encargo Fiduciario de Preventas (ii) los aportes de los Adquirentes en virtud de los Contratos
de Promesa de Compraventa (iii) de lo convenido en las Escrituras de Transferencia de las
Unidades Inmobiliarias, (iv) el Crédito Constructor otorgado a favor del Fideicomiso por parte
del Banco, (v) los demás recursos que ingresen al Patrimonio Autónomo, y (vi) los
rendimientos que éstas sumas produzcan.(…)
27
Fideicomiso Proyecto A, Fideicomiso Cerros de Suba, Fideicomiso 12B, Fideicomiso de Construcción Abundara,
Fideicomiso de Construcción Aqua, Fideicomiso de Construcción Caminos de Fontibón, Fideicomiso de Construcción
Fontana 2, Fideicomiso de Construcción Guayacán, Fideicomiso de Construcción Murano, Fideicomiso de Construcción
Natura, Fideicomiso de Construcción Provenzal, Fideicomiso de Construcción Solera, Fideicomiso Proyecto C,
Fideicomiso Supermanzana 11 LP, Fideicomiso Villa del Río, y Fideicomiso Autocine.
28
Samai, índice 64.
29
Ibidem. “86_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ANTECEDENT_2020047034011000Z(.zip)”. Carpeta
Fideicomiso de Construcción Abundara. Contrato – Otrosí.
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Demandante: Fiduciaria Colmena S.A.
Suscribir en su calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo las escrituras
públicas de compraventa de las Unidades Inmobiliarias del Proyecto, conjuntamente con el
Fideicomitente Constructor. Las escrituras públicas serán suscritas en el siguiente orden: (i)
por el Adquiriente, (ii) por el Fideicomitente Constructor quien las suscribirá en su propio
nombre y en nombre y representación de la Fiduciaria, de acuerdo con el poder especial que
se otorgue para el efecto.”
• En las obligaciones del fideicomitente, cláusula octava, se contemplan:
“Llevar a cabo por su cuenta y riesgo a través del Fideicomiso todas las gestiones y actividades
necesarias para diseñar, licenciar, construir, desarrollar, promocionar el Proyecto y cumplir
con sus obligaciones frente a los Adquirentes. (…)
El Fideicomitente Constructor suscribirá las escrituras de compraventa de las Unidades
Inmobiliarias que se desarrollen en el Proyecto para efectos de cumplir con las obligaciones
que se deriven de la construcción del Proyecto. Los formatos de minutas de compraventa
deben ser elaborados por el Fideicomitente Constructor y aprobados previamente por la
Fiduciaria, debiendo incluir cláusula que indique que los Adquirientes conocen los términos
del presente Contrato de Fiducia, y la cláusula que haga referencia al saneamiento a cargo
del Fideicomitente Constructor”.
Cláusula modificada por el otrosí nro.1:
“Coordinar el diligenciamiento de los Contratos de Promesa de Compraventa, utilizando para
ello los formatos aprobados previamente por la Fiduciaria y remitir semanalmente a la
Fiduciaria, los formatos de conocimiento del cliente y los documentos soportes de las personas
interesadas en adquirir Unidades Inmobiliarias. En los formatos de Contratos de Promesa de
Compraventa se deberá establecer: (i) No incluir disposiciones en los que incorporen
esquemas de financiación para el cobro intereses remuneratorios (sic) sobre cuotas o sobre
la totalidad del valor de las unidades inmobiliarias resultantes del Proyecto. Lo anterior sin
perjuicio del cobro de posibles intereses moratorios por incumplimientos por parte de los
Adquirentes y de los respectivos gastos de administración y de escrituración (iii)(sic) se debe
incluir una cláusula que indique que los Adquirentes conocen los términos del presente
contrato de fiducia, la cláusula que haga referencia al saneamiento a cargo de los
Fideicomitentes y del Fideicomitente A del Fideicomiso Matriz, y otra cláusula que indique que
el Fideicomitente ostenta la calidad de enajenador de vivienda, en los términos de la Ley 1796
de 2016 y por tanto asumirá todas las obligaciones derivadas de dicha calidad, así como las
obligaciones del amparo patrimonial establecidas en la misma. (iii) El Fideicomitente
Constructor responderá frente a la Fiduciaria por la adecuada recopilación y recepción de toda
la información necesaria para lograr y obtener la información sobre conocimiento del cliente
de los Adquirentes, de acuerdo con la reglamentación expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia. La Fiduciaria debe responder por escrito la confirmación de la
vinculación del cliente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación.”
• En las obligaciones de la fiduciaria, cláusula undécima del contrato, se indica:
“Invertir las sumas de dinero del Fideicomiso en los Fondos de Inversión Colectiva
administrados por la Fiduciaria, cuyos reglamentos han sido entregados por la Fiduciaria, y el
Fideicomitente Constructor y los Adquirentes declaran conocerlos y aceptarlos, estos últimos
a través del Contrato de Promesa de Compraventa que suscriban.”
• La cláusula décima segunda regula la devolución de recursos a los presuntos
adquirentes de unidades inmobiliarias como sigue:
“Devolución de recursos. Sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente inciso, efectuar
previa instrucción del Fideicomitente Constructor la devolución de los recursos entregados por
los interesados en adquirir Unidades Inmobiliarias del Proyecto de Construcción en caso que
los Contratos de Promesa de Compraventa se resuelvan por las causales establecidas en
ellos, o se presente desistimiento, siempre que existan recursos disponibles en el Fideicomiso
en el evento en que cualquiera de los Adquirentes, se retire del negocio antes del vencimiento
del plazo señalado en los Contratos de Promesa de Compraventa o incumpla con los aportes
consecutivos pactados en dicho contrato, o se abstenga de tramitar oportunamente el crédito
para financiar el saldo de los aportes pactados, o no complete los documentos o información
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de vinculación a la Fiduciaria, o incumpla algún compromiso establecido en la promesa, o no
concurra a otorgar la respectiva escritura pública por medio de la cual se transferirán a su
favor a título de Compraventa las Unidades Inmobiliarias respectivas en la fecha, hora y
notaría que informe Fideicomitente Constructor. En la medida que así lo solicite el
Fideicomitente Constructor, la Fiduciaria está facultada y autorizada para pagarse y retener a
título de pena, la totalidad de las sumas aportadas por los Adquirentes a incumplidos, hasta
una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor del inmueble o si el valor de las
cuotas pagadas por el adquiriente es inferior al 15% del valor del inmueble, la penalidad será
la totalidad de pagos efectuados por el adquiriente, de la (las) Unidad(es) Inmobiliarias del
Proyecto que les correspondiere de acuerdo con el Contrato de Promesa de Compraventa.
Dicha suma será entregada por la Fiduciaria al Fideicomitente Constructor, dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha en que el Fideicomitente Constructor le informe a la
Fiduciaria, del retiro del Adquirente. El saldo de los recursos será entregado únicamente al
Adquirente que sea desvinculado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del
formato de orden de operación por parte de la Fiduciaria, mediante abono en cuenta a nombre
del titular de la separación únicamente, en la cuenta indicada por el Adquirente en el Contrato
de Promesa de Compraventa”.
• Sobre la transferencia de las unidades inmobiliarias, la cláusula décima cuarta,
modificada por el otrosí nro.1, dispuso:
“El Fideicomitente Constructor suscribirá directamente las promesas de compraventa de las
unidades inmobiliarias que se desarrollen en el Proyecto, en las promesas de compraventa se
deberá incluir las cuales (sic) no firmará el Fideicomiso: De las promesas de compraventa
deberá remitir mensualmente una relación a la Fiduciaria en el formato establecido y
mantendrá copia a disposición de la misma cuando esta lo requiera. Los formatos de promesas
de compraventa deben ser elaborados por el Fideicomitente Constructor, y deberán incluir una
cláusula que indique que los Adquirientes conocen los términos del presente Contrato de
Fiducia, los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva administrados por
la sociedad Fiduciaria, en los que se invertirán los recursos, así como los derechos y funciones
de la Fiduciaria como vocera del fideicomiso, la cláusula que haga referencia al saneamiento
a cargo de los Fideicomitentes y del Fideicomitente A del Fideicomiso Matriz, y otra cláusula
que indique que el Fideicomitente ostenta la calidad de enajenador de vivienda, en los
términos de la Ley 1796 de 2016 y por tanto asumirá todas las obligaciones derivadas de dicha
calidad, así como las obligaciones del amparo patrimonial establecidas en la misma. Los
formatos de promesa de compraventa no deberán incluir disposiciones en los que incorporen
esquemas de financiación para el cobro intereses remuneratorios sobre cuotas o sobre la
totalidad del valor de las unidades inmobiliarias resultantes del Proyecto. Lo anterior sin
perjuicio del cobro de posibles intereses moratorios por incumplimientos por parte de los
Adquirentes y de los respectivos gastos de administración y de escrituración
El Fideicomitente Constructor suscribirá las escrituras de compraventa de las unidades
inmobiliarias que se desarrollen en el Proyecto para efectos de cumplir con las obligaciones
que se deriven de la construcción del Proyecto. Los formatos de minutas de compraventa
deben ser elaborados por el Fideicomitente Constructor y aprobados previamente por la
Fiduciaria, debiendo incluir la cláusula que indique que los Adquirientes conocen los términos
del presente contrato de fiducia, y la cláusula que haga referencia al saneamiento a cargo del
Fideicomitente Constructor. Los formatos de escritura de compraventa no deberán incluir
disposiciones en los que incorporen esquemas de financiación para el cobro intereses
remuneratorios sobre cuotas o sobre la totalidad del valor de las unidades inmobiliarias
resultantes del Proyecto. Lo anterior sin perjuicio del cobro de posibles intereses moratorio
(sic) por incumplimientos por parte de los Adquirentes y de los respectivos gastos de
administración y de escrituración.”
• De otro lado, en las vinculaciones remitidas, asociadas al proyecto30, consta
comunicación en donde la constructora informa la suscripción del contrato de
promesa de venta entre ésta y el adquirente. En el formato se lee:
“(…) Con lo cual dichas promesas de compraventa se constituyen en el documento vinculante
entre los inversionistas, la constructora y con el Fideicomiso de construcción ABUNDARA.
30
Ibidem “83_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ANTECEDENT_2020047034018000Z(.zip)”.Carpeta
Vinculaciones. Fideicomiso de Construcción Abundara.
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Por lo anterior solicitamos que dicho inversionista sea vinculado y los recursos sean
trasladados al Fideicomiso de construcción ABUNDARA”.
• Así mismo, como se evidencia en el contrato de fiducia, el contrato de promesa de
compraventa es suscrito por el comprador y el constructor, este último en nombre
propio y en representación de la fiduciaria de acuerdo con un poder especial. Además
este contrato se suscribe previa aprobación de la fiduciaria, y debe incluir una cláusula
que indique que los adquirientes conocen los términos del contrato de fiducia.
A partir de lo expuesto, se evidencia que, como lo señala la demandante, los
adquirentes de las unidades inmobiliarias no son parte, como suscriptores, del
contrato de fiducia mercantil celebrado entre la Fiduciaria Colmena S.A. y las
constructoras, mientras que sí lo son de la promesa de compraventa, en donde
fungen como parte. No obstante, ello no implica que no estén vinculados al contrato
de fiducia, a los servicios fiduciarios y a sus efectos.
Ciertamente, el contrato, pese a que no es suscrito por ellos, les confiere el derecho
a recibir “las Unidades Inmobiliarias resultantes del Proyecto que hayan seleccionado y a suscribir
la correspondiente escritura pública de transferencia a título de compraventa o los derechos
otorgados en los eventos de liquidación anticipada establecida en el presente Contrato”. Así
mismo, los recursos depositados por los futuros adquirientes son administrados por
la fiduciaria quien, además, debe concurrir a la firma de la escritura pública por
intermedio del constructor (como apoderado), lo cual evidencia que el contrato de
fiducia sí produce efectos respecto de estos compradores, tanto así que está
pactado expresamente que se les informe sobre su existencia y contenido al
momento de la firma de la promesa de venta. Sumado a que en las vinculaciones
se establece que ese documento obliga a la fiducia y vincula al adquirente con esta,
y que este último es el beneficiario de los inmuebles resultantes.
Todo ello se complementa con las atribuciones que tiene la fiduciaria en caso de
resolución de las promesas de venta o desistimiento, en donde, incluso, se le
autoriza a retener a título de pena un porcentaje de los recursos de los adquirentes
y se regula el procedimiento de devolución de dineros. Además del hecho de que la
fiduciaria debe concurrir a la firma de la escritura, en el contrato seleccionado, por
conducto del constructor, y a su vez, el contrato de compraventa está sometido a
previa aprobación por parte de esa entidad.
En consecuencia, si bien no hay una vinculación formal del adquirente, quien no es
parte suscriptora del contrato de fiducia, diversas cláusulas lo involucran en forma
directa e implican consecuencias frente a la prestación final que es la transferencia
de la unidad inmobiliaria, tanto así que el contrato fiduciario reconoce este como su
único derecho. En ese sentido, si bien el propósito del comprador es la transferencia
en su favor del dominio sobre el inmueble, lo cual se efectúa mediante el contrato
de venta, el vehículo utilizado para alcanzar dicho objetivo es el contrato de fiducia,
de manera que no es cierto que el único interés del adquirente sea aquella relación
contractual, tanto así que el acuerdo fiduciario expresamente obliga a comunicarle
de su clausulado al cliente, quien acepta los términos y condiciones del mismo al
suscribir el contrato de promesa de venta.
Es así como, a partir de las definiciones previstas en el artículo 2 de la Ley 1328 de
2009, los adquirentes de las unidades inmobiliarias sí son consumidores financieros,
por cuanto, como lo consideró la orden administrativa, son clientes dada la relación
contractual indirecta existente entre la fiduciaria y el adquirente, o bien, porque, de
no aceptarse la tesis del “cliente”, son usuarios de los servicios de la entidad vigilada,
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los cuales se materializan en la administración de sus recursos y la transferencia de
los inmuebles. En tal virtud, al ser el consumidor financiero la parte débil de la
relación, desde la óptica constitucional está prevista la intervención estatal a fin de
equilibrarla y dotar a éste de garantías adicionales, de forma que la libertad de
empresa cede ante la prevalencia del interés general y la justa corrección de
inequidades en el mercado.
Si bien el adquirente decide libremente si se vincula o no al esquema fiduciario,
también lo es que para que pueda conseguirse el objetivo último de la transferencia
del inmueble, debe consentir con que la fiducia administre sus recursos,
vinculándose al acuerdo, además de que confía en que se honre las obligaciones
de comparecencia a la firma de la escritura pública, la cual deviene del contrato
fiduciario.
Se reitera que, si bien se reconoce que el constructor es quien participa en el
proceso de ventas directamente con el cliente y la promesa se suscribe entre estos
dos, también lo es que los efectos del contrato fiduciario vinculan al adquirente, a
partir de las consideraciones expuestas, de forma tal que sí existe un interés en los
servicios fiduciarios como mecanismo para la consecución de la prestación del
contrato de compraventa.
En ese sentido, cobra sentido que no pueda asociarse al comprador de forma
informal, sino que se requiera de un contrato de adhesión o prestación masiva de
servicios, teniendo en cuenta que la vinculación de los diferentes adquirientes de
las unidades inmobiliarias se hace de forma estandarizada, sin posibilidad de
negociar los términos y condiciones que se le imponen.
Ahora bien, las normas que regulan la solicitud de aprobación de dichos contratos
no obligan a que la superintendencia realice un análisis de las necesidades del
sector, ni de los riesgos del esquema impuesto, ni mucho menos del mercado
financiero, toda vez que lo que se busca es la protección del cliente como
consumidor financiero, finalidad legítima reconocida a nivel constitucional, más aún
teniendo en cuenta la administración que de sus recursos realiza el fideicomiso. Lo
anterior no implica que se viole la libertad de empresa ni la libre configuración
contractual pues, en este caso, el interés estatal de equilibrar la relación negocial
para proteger las inequidades ínsitas a ella prevalece sobre la libertad de
configuración del negocio.
En sentido semejante, en todos aquellos casos en donde se constate la necesidad
de vinculación del adquirente, a partir de los términos contractuales, la exigencia de
aprobación será idéntica para toda sociedad fiduciaria, de manera que no se puede
sostener una violación a la libre competencia, ni una situación de desventaja, que
tampoco está demostrada pues no se aportaron elementos de prueba en los que se
acredite que en situaciones símiles no se ha determinado dicha exigencia.
De otro lado, debe descartarse la configuración de una falsa motivación pues los
actos invocaron tanto el numeral 3 del Título II, Capítulo I, Parte II de la Circular
Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera como la Ley 1328 de 2009 para
establecer que los adquirentes de las inmobiliarias eran consumidores financieros y
que la obligación de solicitud de aprobación de los contratos se fundamentaba en
tal calidad. No es que la norma obligue a suscribir el contrato, sino que se prevé un
régimen reforzado de protección en caso de que haya un vínculo legal, contractual
o de usuario con un consumidor financiero, en la que la revisión del contrato
configura una garantía adicional que equilibra la relación negocial.
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Es importante subrayar que, pese a que en este caso el adquirente no es parte
suscriptora del contrato de fiducia, la realidad del negocio deriva en que sus efectos
lo vinculan, otorgándole el derecho a recibir la unidad inmobiliaria y determinándose,
en el contrato de promesa de compraventa, que conoce el de fiducia. De tal forma
que, el uso del negocio fiduciario como mecanismo para el perfeccionamiento de la
venta sí es un efecto querido por las partes.
Así mismo, si bien la teoría de los “contratos coligados” no obliga a vincular a los
compradores, y los pagos de los adquirientes no son aportes directos al contrato de
fiducia, sino el precio del inmueble, también lo es que el uso de recursos del público
merece una especial protección. A su vez, se insiste, el negocio fiduciario sí cobija
a los adquirentes, con lo cual la coligación no determina la relación contractual, sino
que es el contrato de fiducia en sí el que impacta al consumidor.
En línea con lo expuesto, si bien la obligación de rendir informes a los compradores
no implica una vinculación efectiva al contrato de fiducia, a partir del análisis que ha
realizado la Sala es dable concluir que ese acuerdo produce efectos indirectos
frente a los adquirentes, que no directos al no ser parte del mismo, los cuales son
dignos de protección.
En consecuencia, deben desestimarse también las presuntas violaciones a la
libertad económica y la facultad de configuración contractual dada la existencia de
una relación con un consumidor financiero en la cual, en tutela del interés general,
el Estado interviene para dotarla de equilibrio la relación negocial. Nótese que la
libertad económica no es absoluta y que la intervención en este caso está autorizada
por el legislador, sin que pueda concluirse que la actividad desplegada por la
superintendencia haya vulnerado los derechos de la fiduciaria, quien, si bien puede
estructurar sus negocios libremente, debe propender por proteger a los usuarios, y
clientes potenciales del sistema financiero, en los términos previstos en la ley.
Así mismo, se reitera que no está demostrada una violación a la libre competencia
dado que no está probada la grave afectación a las actividades comerciales de la
fiduciaria, ni la presunta desventaja competitiva con otros agentes del mercado.
Por último, debe resaltarse que la decisión de la superintendencia no afecta a los
compradores ni su autonomía de la voluntad, pues en forma indirecta estos tienen
relación con el contrato fiduciario, sino que, por el contrario, propende por dotarlos
de garantías adicionales frente a las entidades vigiladas, de tal forma que no
proceden los argumentos al efecto propuestos en la demanda.
Con respecto a las pruebas aportadas con la demanda, la Sala evidencia que
ninguna de ellas logra llevar al convencimiento de una violación a la libertad de
empresa, la libre competencia ni la falsa motivación o infracción de normas
superiores. Ellas constan de oficios en donde la fiduciaria da respuesta a los
requerimientos de la superintendencia, que también se allegan, para el envío de los
modelos de contrato de fiducia inmobiliaria completa, remisiones de los contratos,
vinculaciones y certificaciones de revisor fiscal, información general de la estructura,
gobierno y gestión de riesgo de la fiduciaria y la estructuración y liquidación de los
negocios, la matriz de riesgo operativo, circunstancias analizadas previamente en
esta sede.
En síntesis, los argumentos de la demanda no prosperan dado que la fiduciaria
debió presentar los contratos de prestación masiva de servicio, relativos a la
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Demandante: Fiduciaria Colmena S.A.
vinculación formal de los adquirentes de las unidades inmobiliarias como
consumidores financieros, para la aprobación previa de la superintendencia, en los
términos previstos en la orden administrativa.
5. Costas
Conforme a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 (numeral 8) del Código
General del Proceso, no habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias en
derecho), por no encontrarse probadas en el expediente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la demanda.
2. No condenar en costas.
Cópiese, notifíquese y comuníquese. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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