RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2021-00446-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2021-00446-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2021-00446-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la pretensión de nulidad de la Resolución 1-00228 del 23 de febrero de 2021, proferida por el director general del Sena «por la cual se precisan aspectos relacionados con la certificación de competencias para el desempeño en el campo de la archivística, según lo establecido en el parágrafo 1 transitorio de la Ley 1409 de 2010» formuladas por Germán Eduardo Palacio Zúñiga. Segundo: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente 21 Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022) Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. SLVA 22

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-24-000-2021-00446-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad simple
Radicación: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje1

Tema: Nulidad de la Resolución 1-00228 del 23 de febrero de 2021.
Inscripción en el Registro Único de Archivistas, sin título
profesional, pero experiencia en la materia. Ejercicio de la
potestad reglamentaria

Sentencia de única instancia

Asunto

La Sala profiere sentencia de única instancia en el medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2.

1. Antecedentes

1.1. Demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Germán Eduardo Palacio Zúñiga presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA en orden a que se declarara
la nulidad de la Resolución 1-00228 del 23 de febrero de 2021, proferida por el
director general del Sena «por la cual se precisan aspectos relacionados con la
certificación de competencias para el desempeño en el campo de la archivística, según lo
establecido en el parágrafo 1 transitorio de la Ley 1409 de 2010».

1.1.2. Fundamentos fácticos

2. Como hechos relevantes, el demandante señaló lo siguiente:

2.1. La Ley 1409 de 2010 reglamentó el ejercicio profesional de la archivística, y
estableció un Código de Ética. Además, reconoció el riesgo social asociado a la

1 En adelante Sena.
2 En lo sucesivo CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

práctica de la Archivística y reguló su ejercicio para asegurar que solo personas con
formación académica reconocida pudieran desempeñarse en este campo.

2.2. La Corte Constitucional en sentencia C-239 de 2010 señaló que: i) toda persona
tiene derecho a escoger libremente su profesión u oficio; ii) el legislador tiene la
potestad de exigir títulos de idoneidad; y iii) las autoridades competentes deben
inspeccionar y vigilar el ejercicio de las profesiones; sin embargo, las ocupaciones,
artes y oficios que no exijan formación académica, son de libre ejercicio, salvo
aquellas que impliquen un riesgo social.

2.3. La Ley 1409 de 2010 incluyó un artículo transitorio dirigido a las personas sin
título profesional en archivística que ya estuvieran ejerciendo la profesión en
entidades públicas o privadas y fuere certificada su experiencia específica por esas
instituciones, en virtud del cual se los habilitaba para desempeñarse en ese campo
y obtener su inscripción en el Registro Único de Archivistas, previa aprobación de
un examen de conocimientos, el cual debía ser implementado por el Sena en un
plazo no mayor a 1 año desde la entrada en vigencia de la ley.

2.4. Sin embargo, 10 años después de la expedición de la Ley 1409 de 2010 y tras
el mandato temporal de su artículo transitorio, el director general del Sena expidió
la Resolución 1-00228 del 23 de febrero de 2021, por la cual ordenó continuar con
el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales en archivística,
lo cual contraviene el mandato temporal de la ley y excede la potestad reglamentaria
del Sena.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. Como tales se señalaron los artículos 1, 3, 6, 26, 121, 122, y 189, numeral 11, de
la Constitución Política; 1, 3, 4, 5, transitorio, parágrafo 1 y 55 de la Ley 1409 de
2010; y 9 y 24 de la Ley 30 de 1992.

4. El concepto de violación de las normas invocadas se sustentó en los siguientes
argumentos3:

4.1. La Resolución 1-00228 del 23 de febrero de 2021 se expidió sin competencia
por cuanto i) excedió la potestad reglamentaria y usurpó competencias exclusivas
del legislador, particularmente en cuanto a la exigencia de títulos de idoneidad para
el ejercicio de la profesión de archivista, con lo que afectó el principio de legalidad;
ii) desconoció el proceso de regulación de la educación superior, en particular las
normas de la Ley 30 de 1992 que disponen que para ejercer la profesión de
archivista se debe contar con título de formación académica; en este sentido, la
certificación no refrenda procesos de formación, educación o capacitación, sino
únicamente el cumplimiento de los criterios de calidad en el desempeño de una
persona en una función productiva, independientemente de la forma en que haya
adquirido estas competencias; y iii) extendió indefinidamente el proceso de
certificación de competencias laborales en archivística, desconociendo que debía
implementarse dentro del año siguiente a la promulgación de la Ley 1409 de 2010,
es decir, antes del 30 de agosto de 2011.

3 Samai, índice 2, documento en carpeta comprimida ZIP, denominado
«DEMANDA26082021_094658».

2

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

4.2. De la lectura de la Ley 1409 de 2010 se advierte que el ejercicio de la profesión
de archivística por quienes, sin ser titulados, han ejercido en entidades públicas o
privadas era absolutamente excepcional, en la medida en que sus disposiciones
eran transitorias, es decir que tenían una vigencia limitada en el tiempo. Lo anterior
es así, pues el propósito de la norma era que la profesión fuera ejercida por
personas con formación académica e idoneidad, pues antes de su promulgación se
permitía el ejercicio de la archivística sin importar la titulación, pero a partir de ella
se admitió el riesgo social que comporta su práctica y reguló su ejercicio.

4.3. Con la expedición del acto, se permitió que una certificación alternativa a la
formación académica genere desigualdad entre quienes se formaron en
instituciones de educación superior y quienes optan por certificarse en las
competencias en la Estructura Funcional de la Ocupación4. Con lo anterior, se
desconoció que el propósito de la Ley 1409 de 2010 era que la profesión pudiera
ser desempeñada por personas con formación académica e idoneidad del
correspondiente nivel de formación [reconocida por instituciones de educación
superior con vigilancia del Estado], sometidas a una inscripción en un registro
público de la profesión, así como la obtención de una tarjeta profesional expedida
por el colegio respectivo; y se permitió el ejercicio de la archivística sin importar la
titulación.

1.2. Solicitud de medida cautelar

5. El demandante solicitó como medida cautelar la suspensión provisional del acto
acusado con fundamento en que i) con la expedición de la resolución se permitió el
indebido ejercicio de una competencia por parte del Sena, más allá del periodo
establecido en la Ley 1409 de 2010, y ii) en la práctica supuso el ejercicio de la
profesión de archivística «por empíricos»5.

6. La anterior solicitud fue negada mediante auto del 22 de julio de 20246.

1.3. Contestación de la demanda

7. El Sena se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con
fundamento en lo siguiente7:

7.1. El legislador no estableció un límite temporal a la posibilidad de ser inscritos en
el Registro Único de Archivistas previa aprobación del examen de conocimiento
para quienes estuvieren ejerciendo o hayan ejercido la actividad de la archivística
sin tener título profesional al momento de entrar en vigencia la Ley 1409 de 2010
(30 de agosto de 2010) y cuya experiencia fuere certificada; y esa norma transitoria
sigue vigente porque no existe en la actualidad norma que la modifique o decisión
judicial que la hubiere declarado inexequible.

7.2. Aunque el parágrafo 1 del artículo transitorio de la Ley 1409 de 2010 le hubiere
otorgado al Sena un término no superior a 1 año contado a partir del 30 de agosto

4 En adelante EFO.
5 Samai, índice 15. Archivo 16 en formato PDF.
6 Samai, índice 42.
7 Samai, índice 37.

3

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

de 2010 para implementar los procesos necesarios para realizar el examen de
conocimientos y certificar las competencias para el desempeño en el campo de la
archivística, ello no significa que el derecho allí previsto desapareciera por el
vencimiento de dicho plazo, ya que este último se refirió al término de
implementación por parte de la entidad, de los procesos necesarios para realizar el
examen de conocimientos y certificar las competencias para el desempeño en el
campo de la archivística y no a la posibilidad de que tales personas pudieran invocar
el beneficio señalado en la norma.

7.3. El Sena cumplió con el mandato legal desde mucho antes de la expedición de la
Resolución 1-00228 de 2021 y lo hizo mediante el proceso de Evaluación y
Certificación de Competencias Laborales que ya estaba implementado, por parte
del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo8, luego no era cierto que solo 9
años después de expedida la norma, se hubieran implementado los procesos
necesarios para realizar el examen de conocimientos y certificar las competencias
para el desempeño en el campo de la archivística mediante el acto atacado.

7.4. En efecto, en las diferentes instancias de diálogo desarrolladas en el marco de
las reuniones de la Mesa Sectorial de Gestión Documental, anteriormente
denominada Mesa de Archivos y Bibliotecas, llevadas a cabo en los años 2012,
2015, 2018 y 2021, participaron varios funcionarios de gremios y entidades
representativas del sector, y el Sena informó que venía cumpliendo con la
responsabilidad asignada en el parágrafo 1 del artículo transitorio de la Ley 1409 de
2010, a través del proceso de Evaluación y Certificación de Competencias
Laborales y que lo continuaría haciendo mientras siguiera vigente esa disposición,
pues la entidad ha implementado la realización y expedición de certificados. El acto
acusado no creó una implementación, sino aclaró la continuidad de tal disposición,
y precisó que tendría en lo sucesivo como referente, la EFO denominada
Archivistas, como resultado de la Mesa Sectorial de Gestión Documental.

7.5. El acto acusado no creó 2 procesos de certificación, sino que lo hizo el legislador
al establecer una posibilidad alternativa para que algunas personas que cumplieran
con unos presupuestos de hecho pudieran obtener su inscripción en el Registro
Único de Archivistas. Por iguales razones, no se vulneraron las disposiciones de la
Ley 30 de 1992, en particular los artículos 9 y 24, pues fue el legislador el que
materializó la forma como ese registro y control debía aplicarse para el ejercicio de
la profesión. En todo caso, el riesgo derivado de un ejercicio de tal libertad a que
alude la Corte Constitucional en la sentencia C-038 de 2003 se evita con las
disposiciones transitorias de la Ley 1409 de 2010, en la medida en que la práctica
del examen de conocimientos está bajo el control del Estado y se materializó con la
resolución atacada expedida por el Sena.

7.6. El Sena no desbordó su potestad reglamentaria en la medida en que no creó un
ámbito de aplicación distinto del previsto en el artículo transitorio de la Ley 1409 de
2010, ni tampoco modificó o suprimió requisitos ni extendió sus efectos a supuestos
de hecho o personas distintas de las dispuestas en la norma. En todo caso, la

8 SNFT.

4

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

jurisprudencia de la Corte Constitucional9 y del Consejo de Estado10 ha señalado
que la potestad reglamentaria es atemporal, pues no caduca por la simple
expiración del plazo que le hubiere establecido el legislador para ejercer la facultad
reglamentaria.

1.4. Decisión sobre excepciones previas

8. En auto del 29 de noviembre de 2024 se dispuso no resolver las excepciones
denominadas «presunción de legalidad del acto atacado» y «de oficio» propuestas por
el Sena, por ser argumentos que se debían resolver al momento de dictar
sentencia11.

1.5. Trámite de sentencia anticipada

9. Con auto del 30 de abril de 2025 se impartió el trámite de sentencia anticipada12.
Con esa finalidad, se pronunció sobre el decreto de pruebas; fijó el litigio; y corrió
traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión.

10. Los problemas jurídicos que habrían de resolverse en la sentencia de fondo se
delimitaron así: «si el acto administrativo fue expedido con desconocimiento de las normas
en las que debía fundarse y con falsa motivación».

1.6. Alegatos de conclusión

11. El demandante reiteró los cargos expuestos en el escrito de la demanda13.

12. El Sena insistió en los argumentos de defensa presentados con la contestación
de la demanda y agregó que los únicos cargos que podían ser estudiados y
decididos de fondo, eran aquellos que de manera expresa, clara y precisa habían
sido puestos de presente por el demandante y frente a los cuales se ejerció el
derecho de defensa y contradicción14.

1.7. Concepto del ministerio público

13. El agente delegado del Ministerio público no emitió concepto en esta instancia
procesal15.

9 Al respecto señaló que en sentencia C-345 de 2019 señaló que la jurisprudencia de la Corte ha

sido pacífica en concebir la potestad reglamentaria del presidente de la República como una facultad
que carece de límites temporales y, en ese sentido, ha declarado la inexequibilidad de los términos
que el legislador le ha impuesto al presidente para ejercer su poder reglamentario. «Sin embargo, la
Sentencia C-805 de 2001 inauguró un nuevo precedente al hacer una lectura sistemática de la
Constitución y no una lectura aislada del numeral 11 del artículo 189. Según este precedente, si bien
la potestad reglamentaria no tiene límites temporales, el Legislador puede estipular plazos para
ejercer tal potestad, ya que ellos contribuyen a alcanzar la efectividad de la legislación por medio de
mecanismos como la acción de cumplimiento. Pero estos plazos no suponen que el Presidente no
pueda modificar, adicionar o derogar en el futuro la reglamentación, habida cuenta que su potestad
reglamentaria no tiene límites de tiempo».
10 Sobre el particular, citó las sentencias proferidas por la Sección Quinta, el 9 de junio de 2011,

radicado 25000-23-24-000-2010-00629-01(ACU) MP. Susana Buitrago Valencia; y del 27 de octubre
de 2021, radicado 44001-23-40-000-2021-00027-01 (ACU). MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
11 Samai, índice 47.
12 Samai. índice 54.
13 Samai, índice 62.
14 Samai, índice 61.
15 Así se advierte del informe secretarial del 23 de julio de 2025. Samai, índice 60.

5

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

2. Consideraciones

2.1. Competencia

14. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única
instancia sobre las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el
criterio de especialidad, los artículos 1316, modificado por el artículo 1 del Acuerdo
434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 17
señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.

2.2 Problemas jurídicos

15. De acuerdo con las pretensiones, los cargos de nulidad, la contestación de
demanda y la fijación del litigio, corresponde resolver los siguientes problemas
jurídicos:

15.1. ¿si el Sena, con la expedición de la Resolución 1-00228 del 23 de febrero de
2021, excedió la potestad reglamentaria y usurpó competencias propias del
Congreso de la República?

15.2. ¿si se desconocieron los artículos 9 y 24 de la Ley 30 de 1992, los cuales
disponen que para ejercer la profesión archivista se debe contar con título de
formación académica?

15.3. ¿si con la expedición del acto acusado, se inobservaron los artículos 1, 3, 4, 5,
transitorio parágrafo 1 y 55 de la Ley 1409 de 2010, que disponía la implementación
del proceso de certificación de competencias laborales en archivística solo dentro
del año siguiente a la promulgación de norma, es decir, antes del 30 de agosto de
2011?

15.4. ¿si se desconoció el alcance del artículo transitorio parágrafo 1 de la Ley 1409
de 2010 que establecía la posibilidad de desempeñarse en el campo de la
archivística y obtener su inscripción en el Registro Único de Archivistas, previa
aprobación de un examen de conocimientos por un tiempo limitado?; y

15.5. ¿si con la expedición de la resolución demandada se generó desigualdad entre
quienes se formaron en instituciones de educación superior y quienes optan por
certificarse en las competencias en la EFO denominada Archivística?

2.3 Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Ejercicio de la potestad reglamentaria

16. El sistema jurídico colombiano tiene una organización jerárquica entre la distinta
normativa que lo compone. Tal estructura escalonada conlleva a la existencia de

16 Reglamento interno del Consejo de Estado.
17 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le

adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

6

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

subordinación de unas normas respecto de otras con la Constitución como la
superior de todas ellas, según lo establece en su artículo 4 al prescribir que «[l]a
Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y
la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».

17. Tal estructura del sistema permite su coherencia interna al impedir que se
contradigan unas disposiciones normativas con otras18. Al respecto, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que «[l]a unidad del sistema jurídico, y su
coherencia y armonía, dependen de la característica de ordenamiento de tipo jerárquico de
que se reviste. La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, con la
Carta Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que les siguen en dicha
escala jerárquica. Las de inferior categoría, deben resultar acordes con las superiores, y
desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de grado más particular»19.

18. En ese contexto, la validez de las disposiciones emitidas por las autoridades que
tienen facultades de producción normativa está sometida a la normativa de rango
superior. Así también debe actuar el presidente cuando ejerza su facultad
reglamentaria otorgada por el artículo 189.11 de la Carta Política.

19. Ciertamente, esta norma le otorgó la facultad reglamentaria como suprema
autoridad administrativa, en los siguientes términos:

«Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno
y Suprema Autoridad Administrativa:

(…)

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes».

20. De esta manera, la Carta Política le asignó la facultad de proferir disposiciones
jurídicas de carácter general y abstracto con el propósito específico de lograr la
«ejecución de las leyes». La finalidad de la potestad es «desarrollar las reglas generales
consagradas [en la ley], explicitar sus contenidos, hipótesis y supuestos, e indicar la manera
de cumplir lo reglado, es decir, hacerla operativa»20.

21. Sobre el particular se ha precisado que la facultad reglamentaria del presidente
de la República reviste varias características:

21.1. su ejercicio implica el cumplimiento de la función administrativa, puesto que el
artículo 189.11 se la atribuye como suprema autoridad administrativa. En ese
sentido, no es una actividad legislativa sino de naturaleza administrativa que debe
sujetarse «a la observancia de normas superiores como son la Constitución Política y la
ley»21;

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de marzo de 2020.
Radicado: 11001-03-25-000-2016-01159-00 (5211-16).
19 Sentencia C-037 de 2000.
20 Sentencia C-028 de 1997.
21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 21 de agosto de 2014.

Radicado11001-03-06-000-2014000120-00 (2213). Ver la sentencia C-056 de 2021.

7

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

21.2. en virtud de su ejercicio solo pueden proferirse normas generales y abstractas
para la ejecución de la ley22 «mediante la precisión y puntualización de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar y de aquellos aspectos concretos que son indispensables para
garantizar su cabal cumplimiento y ejecución»23.

21.3. La facultad reglamentaria es un mecanismo de colaboración entre los poderes
legislativo y ejecutivo, por cuanto facilita el funcionamiento de la administración y
permite el entendimiento de la ley24.

21.4. La potestad no es absoluta. Su ejercicio se ve limitado por dos criterios:

21.4.1. el de «competencia», según el cual el presidente de la República en ejercicio
de tal facultad no puede introducir disposiciones que adicionen la ley, la modifiquen,
la amplíen, la restrinjan en su alcance o finalidad o la contraríen25. En consecuencia,
la norma expedida siempre deberá estar subordinada al contenido de la ley
reglamentada26 y solo puede desarrollar las reglas y principios que se fijaron en ella
y únicamente la puede completar «en aquellos detalles y pormenores necesarios que
permiten su aplicación»27

el de «necesidad», que indica que el despliegue de la potestad depende de
21.4.2.
que la ley requiera ser precisada para ser aplicada. El ejercicio de la potestad
encuentra entonces el límite en la existencia de una ley con disposiciones que por
su claridad y precisión no demanda de una reglamentación adicional para que
pueda ser ejecutada. Esto también conlleva que la competencia se vea restringida
por el grado de detalle de la ley, lo cual plantea una relación inversa de
proporcionalidad, puesto que «entre más detallada sea la norma expedida por el
legislador, menor será el ámbito de acción de la administración para reglamentar la
norma»28.

22. Sobre el punto anterior la jurisprudencia ha señalado lo siguiente:

«Así mismo, la Sala ha identificado dos criterios que contribuyen a determinar los
límites y alcance del poder reglamentario, como son: el de competencia y el de
necesidad, los cuales han sido entendidos así: Corresponde al Presidente de la
República como Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad
administrativa: Ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los

22 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 19 de septiembre de 2017.

Radicado11001-03-06-000-2016-00220-00 (2318).
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 18 de

febrero de 2016. Radicado: 1100103-24-000-2013-00018-00.
24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 21 de agosto de 2014.

Radicado 11001-03-06-000-2014-000120-00(2213).
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 6 de

junio de 2013. Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00284-00.
26 Sobre el particular se ha indicado «[l]a actividad reglamentaria se encuentra limitada y encausada

por la norma legal y por ello debe respetar tanto su texto como su espíritu. Dicho en otras palabras,
so pretexto de hacer eficaz y plenamente operante la norma superior de derecho, el Presidente de
la República no puede llegar al extremo de reducir o extender lo que en ella se dispone». Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 18 de febrero de
2016. Radicado 11001-03-24-000-2013-00018-00.
27 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 14 de septiembre de 2016.

Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00066-00(2291).
28 «La potestad otorgada al Ejecutivo encuentra su límite en la forma en que el Congreso ejerza su

poder de producción normativa, de suerte que a más detalle legislativo menor competencia ejecutiva
para reglamentar y, contrario sensu, a menor ejercicio legislativo mayor amplitud reglamentaria».
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 9 de
marzo de 2016. Radicado 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312)A.

8

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.
Fija así la norma básica los límites y alcances de este poder al enmarcarlo
dentro de dos criterios expresamente señalados: el de competencia y el de
necesidad. Criterio de competencia o atribución que si bien responde a la obligación
del Gobierno de hacer cumplir la ley, tiene sus propios límites en la ley
reglamentada y no puede el Presidente de la República, so pretexto de reglamentarla
crear una nueva norma no contenida en aquella, ni modificarla para restringir o
extender su alcance ni contrariar su espíritu o finalidad. El criterio de "necesidad"
consagrado expresamente en el artículo citado (189-11 de la Constitución Política)
enmarca el poder reglamentario a aquellos casos en que la ley por ser oscura,
condicional o imprecisa lo exija. De manera que no es procedente hacer uso del poder
reglamentario cuando la ley contiene ordenamientos precisos, claros e
incondicionados que no requieren de regulación adicional para su ejecución»29. [Se
resalta].

23. Ahora bien, así como el artículo 189-11 de la CP prevé que al presidente de la
República, como jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, le
corresponde ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de decretos,
resoluciones y órdenes, necesarios para la ejecución de las leyes; también le otorgó
la potestad de «[d]istribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios,
Departamentos Administrativos y Establecimientos públicos» [en el numeral 17 de la
norma analizada], es decir que, la competencia para ejecutar la ley y reglamentar
asuntos concretos, también puede recaer en otras autoridades30.

24. En línea con lo anterior, el artículo 208 ejusdem prevé que los ministros y los
directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en
su respectiva dependencia, por ello, les corresponde formular las políticas atinentes
a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley, luego entonces
serán ellos quienes ejerzan esa potestad reglamentaria derivada, residual o de
segundo grado.

25. Así, los ministerios también gozan de la titularidad de la potestad reglamentaria.
Al respecto, la Corte Constitucional31 ha señalado lo siguiente:

«No resulta inconstitucional que una ley atribuya, de manera directa, a los
Ministros del Despacho, competencias para expedir normas de carácter general
sobre las materias en ella contenidas, cuando tales normas correspondan a
regulaciones de carácter técnico u operativo, dentro de la órbita competencial del
respectivo Ministerio, por cuanto, en ese caso, la competencia de regulación tiene el
carácter de residual y subordinada respecto de aquella que le corresponde al Presidente
de la Republica en ejercicio de la potestad reglamentaria». [Se resalta]

26. En línea con lo anterior, el Consejo de Estado 32 ha precisado que los ministerios
y demás dependencias administrativas gozan de potestad administrativa, al

29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de agosto de 2013. Radicado 11001-03-

26-000-2005-00076-00(32293).
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia del 14 de febrero de 2019. Radicación 11001-03-25-000-2013-01218-00 (3070-13);
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 14 de
abril de 2010. Radicación 11001-03-26-000-2005-00044-00 (31223). En estas sentencias, se
mencionaron como ejemplos las facultades reglamentarias del Consejo Superior de la Judicatura, el
Consejo Nacional Electoral, de la Junta Directiva del Banco de la República, entre otras entidades.
31 Corte Constitucional, Sentencia C-917 de 2002. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección I. Sentencia del 26 de febrero
de 1998. Exp.- 4500. Ernesto Rafael Ariza.

9

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

reglamentar mediante actos generales los asuntos que legalmente les corresponda.
Textualmente la Corporación señaló:

«Cuando la ley ordena que determinada materia sea regulada por un Ministerio,
con ello quiere dar a entender el legislador que se hace innecesario hacer uso de la
potestad reglamentaria consagrada en el artículo 189, numeral 11, de la Carta Política,
adscrita al Presidente de la República, quien la ejercita con el Ministro o el Director
del Departamento Administrativo respectivo. Sabido es que una cosa es hablar del
Gobierno, entendiendo éste como presidente y Ministro o Director del Departamento
Administrativo respectivo, conforme lo prevé el inciso 3°. del artículo 115 de la Carta
Política, y otra muy diferente es hablar de una función administrativa que le corresponde
únicamente al Ministro por mandato de la ley, porque aquí juega papel importante uno
de los principios que rigen la actuación administrativa, como es el de la desconcentración
de funciones». [Se resalta].

2.3.2. En torno a la profesión de archivística. Contenido del parágrafo 1 del
artículo transitorio de la Ley 1409 de 2010

27. A través de la Ley 80 de 1989 se creó el Archivo General de la Nación, cuyas
funciones serían, entre otras, las de establecer, organizar y dirigir el Sistema
Nacional de Archivos, con el fin de planear y coordinar la función archivística en
toda la nación [artículo 2, literal a)]. La norma disponía que el Sistema Nacional de
Archivo tendría el carácter de programa especial, para todas las instituciones
archivísticas y colecciones documentales públicas y privadas del orden nacional y
territorial [artículo 3] y señaló que para ser director de la entidad se requería ser
colombiano de nacimiento, tener título profesional y diploma de postgrado en
archivística, ciencias sociales, ciencias de la información, sistemas o disciplinas
afines o ser administrador público y tener una experiencia relacionada con el área
de 3 años [artículo 4, parágrafo].

28. De acuerdo con lo anterior, la norma aludía a la función archivística y preveía la
necesidad de acreditar un título académico en tal disciplina.

29. Con posterioridad, la Ley 594 de 2000 «[p]or medio de la cual se dicta la Ley General
de Archivos y se dictan otras disposiciones» tuvo por objeto establecer las reglas y
principios generales que regulan la función archivística del Estado y definió que esta
función correspondía a las actividades relacionadas con la totalidad del quehacer
en esa materia, que comprendía desde la elaboración del documento hasta su
eliminación o conservación permanente [artículo 3].

30. Sin embargo, fue con la expedición de la Ley 1409 de 2010 «[p]or la cual se
reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el Código de Ética y otras
disposiciones» que el Congreso de la República reglamentó el ejercicio de la
profesión de la archivística y, en tal sentido, definió los requisitos para su ejercicio,
dispuso de un código deontológico, estableció deberes y prohibiciones de los
profesionales en la labor, creó el Tribunal Nacional Ético de Archivística y los
tribunales regionales, definió sus funciones, y estableció un régimen disciplinario y
reguló su procedimiento.

31. En particular, la norma señala que «se entiende por ejercicio profesional de la
archivística el desempeño laboral de profesionales, con título legalmente expedido, en todo
lo relacionado con el manejo de los archivos» [artículo 1]. A continuación, dispone que
«[s]e entiende por profesionales de la archivística y están amparados por la presente ley,

10

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

los profesionales técnicos, profesionales tecnólogos y profesionales universitarios que
hayan recibido título de formación en programas archivísticos en Instituciones de Educación
Superior, cuyo título corresponda a los niveles señalados en la Ley 30 de 1992 o en las
disposiciones legales vigentes en materia de educación superior» [artículo 3].

32. En cuanto a los requisitos para el ejercicio de la profesión, la normativa prevé
que se debe acreditar «formación académica e idoneidad del correspondiente nivel de
formación, mediante la presentación del título respectivo, el cumplimiento de las demás
disposiciones de ley, la inscripción en el Registro Único Profesional de Archivistas y haber
obtenido la Tarjeta Profesional expedida por el Colegio Colombiano de Archivistas»
[artículo 4]. En este sentido, dispone que solo se obtendrá la tarjeta profesional de
archivista y se podrá ejercer la profesión para quienes obtengan el respectivo título
profesional i) de universidades o instituciones de educación superior reconocidas
legalmente en Colombia; ii) de universidades o instituciones de educación superior
en países con tratados o convenios de reciprocidad de títulos con Colombia; o iii) de
universidades o instituciones de educación superior en países sin tratados de
reciprocidad de títulos, siempre y cuando hayan homologado o convalidado su título
ante las autoridades competentes [artículo 5].

33. Con todo, en el artículo transitorio de la Ley 1409 de 2010 se dispuso que:

«Artículo Transitorio. Quienes estuvieren ejerciendo o hayan ejercido la actividad de la
archivística en entidades públicas o privadas, sin tener título profesional de archivística,
y fuere certificada su experiencia específica por las instituciones en que se hubieren
desempeñado o estuvieren desempeñándose, deberán aprobar un examen de
conocimiento en archivística que lo habilita para desempañarse en este campo y así
podrá obtener su inscripción en el Registro Único de Archivistas.

Parágrafo 1°. Transitorio. En un término no superior a un (1) año, contado a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, deberá
implementar los procesos necesarios para realizar el examen de conocimientos y
certificar las competencias para el desempeño en el campo de la archivística.

Parágrafo 2°. Transitorio. Quienes al entrar en vigencia la presente ley, se encuentren
vinculados por entidades públicas y/o privadas, cuando estas cumplan funciones
públicas, desarrollando actividades inherentes al ejercicio de la archivística durante un
lapso no menor a cuatro (4) años, no podrán ser desvinculados de sus cargos, invocando
como única causal para el retiro el no estar inscritos en el Registro Único Profesional de
Archivistas.

“Quienes estuvieren ejerciendo o hayan ejercido la actividad de la archivística en
entidades públicas o privadas, sin tener título profesional de archivística, y aspiren a
contar con él, podrán ingresar a una institución de Educación Superior autorizada, en
donde, con arreglo a su currículo, podrán validar su experiencia, con el lleno de los
requisitos de ingreso y de egreso y titulación que en su autonomía tenga establecidos.

Este proceso deberá adelantarse, según la reglamentación que se expida».

34. Finalmente, el artículo 55 ibidem dispuso que «la ley rige a partir de la fecha de su
promulgación [30 de agosto de 2010] y deroga las disposiciones que le sean contrarias».

2.4. Caso concreto, análisis de la Sala

35. Previoa abordar el análisis de los problemas jurídicos planteados, la sala
encuentra necesario estudiar si la Resolución 1-00228 del 23 de febrero de 2021 es
un acto administrativo susceptible de control judicial.

11

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

36. A través de la aludida resolución, el Sena i) precisó que seguiría cumpliendo con
el mandato del parágrafo del artículo transitorio 1 de la Ley 1409 de 2010; ii) indicó
que esa decisión aplicaba para quienes estuvieran ejerciendo o hayan ejercido la
actividad de la archivística al 30 de agosto de 2010; y iii) advirtió que en caso de
que la EFO denominada Archivistas, o que las normas sectoriales de competencias
laborales que la conformen se actualizaran o modificaran por la Mesa Sectorial, se
tendría como referente de la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales,
aquellas vigentes en el marco de la metodología establecida. Esto señaló
puntualmente:

«Artículo 1°. Objeto. Precisar que el SENA continuará dando cumplimiento a lo
establecido en el parágrafo 1° transitorio de la Ley 1409 de 2010, a través del proceso
de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, en la Estructura Funcional de
la Ocupación -EFO denominada “Archivistas”.

Artículo 2°. Alcance. La presente Resolución aplica para quienes estuviesen ejerciendo
o hayan ejercido la actividad de la archivística en el momento de la entrada en vigencia
de la Ley 1409 de 2010, es decir, el 30 de agosto de 2010, sin tener el título profesional
de archivística. Para participar en el proceso de Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales, en la Estructura Funcional de la Ocupación - EFO denominada
“Archivistas”, es suficiente con demostrar experiencia específica en la actividad de la
archivística, y no para cada una de las normas sectoriales de competencia laboral que
componen esta EFO.

Artículo 3°. Referente. En caso de que la Estructura Funcional de la Ocupación -EFO
denominada “Archivistas” o las Normas Sectoriales de Competencia Laboral que la
conformen, se actualicen o se modifiquen por la Mesa Sectorial, para los efectos de esta
Resolución se tendrá como referente de Evaluación y Certificación de Competencias
Laborales, las que se encuentren vigentes, en el marco de la metodología establecida.»

37. De acuerdo con lo anterior, se advierte que el primer artículo de la resolución no
contiene una decisión que cree, modifique o extinga una situación jurídica particular,
sino que se limita a informar que seguiría cumpliendo con el mandato de la Ley 1409
de 2010, el que, de acuerdo con lo probado en el expediente cumplió a través del
proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en la EFO
denominada Archivistas, en virtud del cual, para agosto de 2018, le había permitido
expedir 7634 certificados, de los cuales 6944 correspondían a personas certificadas
en las normas de competencias laborales (NCL) de las mesas sectoriales de
archivos y bibliotecas, gestión documental33.

38. El artículo segundo advierte que esa resolución aplicaría para quienes estuviesen
ejerciendo o hayan ejercido la actividad de la archivística en el momento de la
entrada en vigencia de la Ley 1409 de 2010, es decir, el 30 de agosto de 2010, sin
tener el título profesional de archivística; con lo cual no simplemente está
reproduciendo el mandato del artículo transitorio de la Ley 1409 de 2010, sino que
le dio un alcance al texto de la norma, pues establece que la posibilidad de acudir a
las prerrogativas allí señaladas para obtener la inscripción en el Registro Único de
Archivistas aplica solo para quienes a esa data ejercían o habían ejercido la labor.
Aspecto frente al cual la sala se pronunciará más adelante.

33 Así lo indicó el subdirector del Sena, Centro de Comercio y Servicios y secretario técnico de la

Mesa Sectorial de Gestión Documental, en respuesta al presidente del Colegio Colombiano de
Archivistas el 24 de septiembre de 2018. Samai, índice 37, archivo denominado
«34_110010324000202100446005MemorialWeb202421215211» páginas 46 a 48.

12

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

39. Finalmente, el artículo 3 resuelve un eventual conflicto por la vigencia de las
normas y supedita el alcance o referente de le EFO denominada Archivistas a las
normas vigentes, aplicables a la metodología de evaluación y certificación de
competencias. En ese sentido, la resolución define que los problemas que se
presenten cuando haya diferencias por virtud de las actualizaciones o
modificaciones que establezca la Mesa Sectorial, se respetarán las normas
vigentes, lo cual resulta útil, pues a falta de tal precisión la autoridad administrativa
no podría inaplicar la norma o el acto administrativo so pretexto de considerarla
derogada o incompatible frente a otra posterior, pues lo cierto es que la excepción
de ilegalidad solo la puede declarar el juez, tal y como lo consideró la Corte
Constitucional en la sentencia C-037 de 2000. Se trata entonces de una decisión
susceptible de control por vía judicial.

40. Precisado lo anterior, corresponde a la sala analizar los problemas jurídicos
planteados y, para ello, y por efectos metodológicos, los estudiará en 3 acápites a
saber i) la alegada falta de competencia del Sena para expedir el acto por a) exceder
la potestad reglamentaria; b) desconocer la regulación de la educación superior; y
c) desconocer el límite temporal que le otorgaba la norma para su reglamentación;
ii) la aludida transitoriedad de la prerrogativa según la cual se podía obtener su
inscripción en el Registro Único de Archivistas, previa aprobación de un examen de
conocimientos; y iii) la vulneración del derecho a la igualdad.

2.4.1. En torno a la alegada falta de competencia del Sena para expedir la
Resolución 1-00228 del 23 de febrero de 2021

41. En primer lugar, el demandante argumentó que la Resolución 1-00228 del 23 de
febrero de 2021 contraviene los artículos 1, 3, 6, 26, 121, 122 y 189-11 de la CP, al
exceder la potestad reglamentaria y usurpar competencias exclusivas del legislador,
particularmente en cuanto a la exigencia de títulos de idoneidad para el ejercicio de
la profesión de archivista.

42. Con el fin de abordar el análisis del cargo, la Sala encuentra necesario señalar
que la Ley 1409 de 2010 reconoció la labor archivística como un riesgo social y
consideró necesario reglamentar la profesión, pues se trata de un valor que se
otorga a la sociedad, en la medida en que desarrolla los fines sociales del Estado y
exige, entonces, un adecuado desempeño de la labor.

43. En ese sentido, dispuso que para ejercer legalmente la profesión debía
acreditarse, entre otros, la inscripción en el Registro Único Profesional de
Archivistas. Esta función de registro se la encomendó al Colegio Colombiano de
Archivistas, que debía crear el registro y realizar el trámite de inscripción
correspondiente.

44. No obstante, permitió que quienes estuvieran ejerciendo o hayan ejercido la
actividad de archivística, sin tener un título profesional en la materia, y fuere
certificada esa experiencia específica por las instituciones en que se hubieren
desempeñado, podrían obtener su inscripción en el Registro Único de Archivistas
previa aprobación de un examen de conocimiento. A su vez, le otorgó al Sena un
término no superior a 1 año, contado a partir de la entrada en vigencia de la ley,
para que implementara los procesos necesarios para realizar ese examen de

13

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

conocimientos y certificara las competencias para el desempeño en el campo de la
archivística.

45. Ahora bien, el director general del Sena expidió la Resolución 1-00228 del 23 de
febrero de 2021 «[p]or la cual se precisan aspectos relacionados con la certificación de
competencias para el desempeño en el campo de la archivística, según lo establecido en
el parágrafo 1°. transitorio de la Ley 1409 de 2010» en ejercicio de las facultades
conferidas por los artículos 4, numeral 4, del Decreto 249 de 200434 y «2.2.6.3.20»
del Decreto 1072 de 201535.

46. Además, consideró las disposiciones previstas en los artículos 25, 54 y 209 de
la Constitución Política; transitorio, parágrafo 1 de la Ley 1409 de 2010; y 2 de la
Ley 119 de 1994; y agregó lo siguiente:

«Que debido a que la Ley 1409 de 2010 hace referencia a la prueba de conocimientos y
a la certificación de competencia para el desempeño, el SENA ha venido desarrollando
el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales – ECCL en el
ámbito archivístico, en el marco de la metodología establecida para su ejecución, con el
fin de determinar si la persona es competente para llevar a cabo la función productiva,
teniendo dentro de los referentes Normas Sectoriales de Competencia Laboral y
Estructura Funcional de la Ocupación, elaboradas por las Mesas Sectoriales.

Que de conformidad con la normatividad vigente del SENA, el artículo 1º, numeral 3º del
Acuerdo 0003 del 19 de julio de 2018 dispone: “Mesas Sectoriales. Son instancias de
concertación, donde se proponen políticas para la formación, mediante la normalización
y la certificación de competencias laborales. Las mesas sectoriales estarán integradas
por representantes de los gremios, los empresarios, los trabajadores, pensionados del
SENA, las entidades de formación y capacitación, el gobierno nacional y de los Centros
de Investigación y Desarrollo Tecnológico.”

Para el caso de archivística existe la Mesa Sectorial de Gestión Documental.

Que teniendo en cuenta la Guía para la Normalización de Competencias Laborales
versión 4, la Estructura Funcional de la Ocupación -EFO es el “Conjunto de Normas
Sectoriales de Competencia Laboral que permiten el logro del propósito de una
ocupación. Está conformada por el resumen de EFO y las NSCL. En ella se describe lo
que se hace en una ocupación, en qué tipo de organizaciones o sectores se desempeña
el trabajador, el nivel de cualificación y las funciones laborales que se desarrollan en la
misma. Corresponde a una ocupación e incluye las denominaciones o empleos y las
funciones que se desempeñan en ellas”.

Que la misma Guía define la Norma Sectorial de Competencia Laboral -NSCL como el
“estándar reconocido a nivel nacional que describe los resultados que un trabajador debe
lograr en el desempeño de una función laboral, los conocimientos que aplica y las
evidencias requeridas para demostrar su competencia”.

Que el Consejo Directivo Nacional del SENA aprobó la Estructura Funcional de la
Ocupación -EFO, con código 410602003 denominada “Archivistas”, que obedece a la
Ocupación No. 1124 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, la cual se encuentra
vigente y está compuesta por las siguientes Normas Sectoriales de Competencia
Laboral: Diagnosticar procesos de gestión documental de acuerdo con procedimientos

34 «Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA» Artículo 4.

Dirección General. Además de las señaladas en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, son funciones
de la Dirección General las siguientes: […] 4. Dirigir, coordinar y controlar las funciones
administrativas y técnicas de los proyectos operativos, dictar los actos administrativos, celebrar los
contratos necesarios para la gestión administrativa, los convenios de cooperación técnica nacional
e internacional, contratar expertos nacionales o extranjeros cuyos conocimientos o experiencia se
requiera para adelantar programas o proyectos institucionales, con miras al cumplimiento de la
misión de la entidad, de conformidad con las normas legales vigentes.
35 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo».

14

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

técnicos y normativa. Código 210602025; Elaborar plan archivístico de acuerdo con
procedimientos técnicos y normativa. Código 210602026; Elaborar programa de gestión
documental de acuerdo con normativa y procedimientos técnicos. Código 210602027;
Elaborar tablas de valoración documental de acuerdo con normativa y procedimientos
técnicos. Código 210602028; Elaborar tablas de retención documental de acuerdo con
metodología y normativa. Código 210602029; Elaborar cuadros de clasificación
documental de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. Código 210602030;
Preservar la información digital de acuerdo con procesos técnicos y normativa. Código
210602035; Conservar documentos de archivode acuerdo con procedimientos técnicos
y normativa. Código 210602036, las cuales podrán ser actualizadas o modificadas.

Que para obtener la certificación en la Estructura Funcional de la Ocupación -EFO con
el SENA, se debe cumplir con lo establecido en el Manual para Evaluar y Certificar las
Competencias Laborales, que contempla como requisito obtener la certificación de
competencias laborales en nivel avanzado, en cada una de las Normas Sectoriales de
Competencia Laboral que la componen.

Que teniendo en cuenta que la Ley 1409 de 2010 hace referencia a la profesión de
archivistas y que dentro del trabajo realizado por la Mesa Sectorial de Gestión
Documental se definió la Estructura Funcional de la Ocupación denominada
“Archivistas”, el SENA continuará dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo
1º transitorio de esa normatividad a través del proceso de Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales en esta EFO […]».

47. Finalmente, resolvió:

«Artículo 1°. Objeto. Precisar que el SENA continuará dando cumplimiento a lo
establecido en el parágrafo 1o transitorio de la Ley 1409 de 2010, a través del proceso
de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, en la Estructura Funcional de
la Ocupación -EFO denominada “Archivistas”.

Artículo 2°. Alcance. La presente Resolución aplica para quienes estuviesen ejerciendo
o hayan ejercido la actividad de la archivística en el momento de la entrada en vigencia
de la Ley 1409 de 2010, es decir, el 30 de agosto de 2010, sin tener el título profesional
de archivística. Para participar en el proceso de Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales, en la Estructura Funcional de la Ocupación - EFO denominada
“Archivistas”, es suficiente con demostrar experiencia específica en la actividad de la
archivística, y no para cada una de las normas sectoriales de competencia laboral que
componen esta EFO.

Artículo 3°. Referente. En caso de que la Estructura Funcional de la Ocupación -EFO
denominada “Archivistas” o las Normas Sectoriales de Competencia Laboral que la
conformen, se actualicen o se modifiquen por la Mesa Sectorial, para los efectos de esta
Resolución se tendrá como referente de Evaluación y Certificación de Competencias
Laborales, las que se encuentren vigentes, en el marco de la metodología establecida.»

48. De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que la Resolución 1-00228 del 23 de
febrero de 202 no excedió la potestad reglamentaria de que trata el artículo 189-11
de la CP36, pues dicha disposición no se expidió para que el presidente de la
República, en ejercicio de las facultades constituciones, reglamentara el asunto bajo
estudio; sino que se trata de una disposición en virtud de la cual, el legislador ordenó
al Sena implementar los procesos necesarios para realizar el examen de
conocimientos y certificar las competencias para el desempeño en el campo de la
archivística para quienes estuvieren ejerciendo o hayan ejercido tal actividad en

36 «Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno

y Suprema Autoridad Administrativa: […] 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la
expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las
leyes»

15

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

entidades públicas o privadas, sin tener título profesional de archivística, y fuere
certificada su experiencia específica.

49. Ahora bien, el artículo 26 de la CP prevé que «[t]oda persona es libre de escoger
profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios
que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un
riesgo social […]. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos
controles».

50. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que de la norma referida se
pueden distinguir 2 derechos: i) el de escoger una profesión u oficio y ii) el de ejercer
una profesión u oficio. A partir de esta diferencia, destaca que en virtud del segundo
derecho pueden afectarse los de otras personas y, por tanto, también el interés
social37; y si bien su ejercicio es «prácticamente inmune a la injerencia estatal o
particular», tiene un límite: «la elección entre lo legalmente factible»38. Es por ello que la
norma prevé 3 posibilidades de intervención: i) la de exigir títulos de idoneidad, ii) la
de inspeccionar y iii) vigilar dicho ejercicio39.

51. Además, la posibilidad de exigir títulos de idoneidad tiene 2 componentes
relativos a la formación profesional y a la certificación sobre esa idoneidad. Sobre
el particular, señaló la Corte40:

«La exigencia de títulos de idoneidad tiene, pues, dos componentes: 1) el relativo a la
formación profesional y 2) el que corresponde a la certificación sobre la idoneidad. El
primero implica el suministro y la adquisición de los saberes propios que habilitan a una
persona para ejercer una profesión. Esta tarea, en principio, se confía o defiere a
instituciones especializadas, pero en todo caso el Estado se reserva la fijación de las
condiciones en las que dichas instituciones pueden constituirse y ejercer esta tarea. El
segundo alude a la verificación de que la persona ha cumplido los requisitos del
programa de formación y, por consiguiente, es acreedora de un título de idoneidad que
permita el ejercicio de la profesión.

Los dos componentes pueden regularse de manera separada, de tal suerte que el
Estado puede aceptar las certificaciones de formación expedidas por las universidades
con registro calificado y, además, los títulos de idoneidad dados por las mismas, sin
perjuicio de exigir requisitos adicionales y otras valoraciones que permitan verificar los
conocimientos y aptitudes de los egresados y graduados conforme a la necesidad social
imperante.

Los títulos de idoneidad son la garantía para las demás personas de que quien pretende
ejercer su profesión u oficio, tiene idoneidad y competencia para ello. Entre estos títulos
está, como es obvio, el título otorgado por una universidad, que es la prueba “en
principio, de la sapiencia de su dueño, o al menos, de que este cursó unos estudios”. El
título profesional demuestra la existencia de una formación académica y constituye una
certificación académica de la idoneidad de su titular».

37 Sentencia C-594 de 2019.
38 Sentencia C-031 de 1999
39 Sentencias C-594 de 2019. Sobre la facultad que tiene el Congreso para exigir títulos de idoneidad

para el desarrollo de ciertas actividades, puede consultarse también las sentencias C-064 de 2002,
C-226 de 1994 y C-606 de 1992, en esta última se señaló que « a Constitución vigente señala que
la ley podrá exigir títulos de idoneidad, no sólo para el ejercicio de las profesiones, sino, para el
ejercicio de los oficios. Igualmente, cualquier actividad que se clasifique como "profesional", y las
ocupaciones, artes y oficios que exijan formación académica o impliquen riesgo social, pueden ser
objeto de inspección y vigilancia».
40 Sentencia C-594 de 2019.

16

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

52. Pues bien, de acuerdo con la Ley 1409 de 2010 «se entiende por ejercicio
profesional de la archivística el desempeño laboral de profesionales, con título legalmente
expedido, en todo lo relacionado con el manejo de los archivos» [artículo 1], y por
profesionales de la archivística «los profesionales técnicos, profesionales tecnólogos y
profesionales universitarios que hayan recibido título de formación en programas
archivísticos en Instituciones de Educación Superior, cuyo título corresponda a los niveles
señalados en la Ley 30 de 1992 o en las disposiciones legales vigentes en materia de
educación superior» [artículo 3].

53. Además, la norma dispone que «[p]ara ejercer legalmente la profesión de Archivista
en el territorio nacional, se requiere acreditar su formación académica e idoneidad del
correspondiente nivel de formación, mediante la presentación del título respectivo, el
cumplimiento de las demás disposiciones de ley, la inscripción en el Registro Único
Profesional de Archivistas y haber obtenido la Tarjeta Profesional expedida por el Colegio
Colombiano de Archivistas» [artículo 4] y que solo obtendrá la tarjeta profesional y
podrá ejercer la profesión quienes obtengan el respectivo título profesional i) de
universidades o instituciones de educación superior reconocidas legalmente en
Colombia; ii) de universidades o instituciones de educación superior en países con
tratados o convenios de reciprocidad de títulos con Colombia; o iii) de universidades
o instituciones de educación superior en países sin tratados de reciprocidad de
títulos, siempre y cuando hayan homologado o convalidado su título ante las
autoridades competentes [artículo 5].

54. Sin embargo, tal y como se ha señalado el artículo transitorio de la norma
analizada permitió que las personas que ejercieran o hayan ejercido la archivística
sin título profesional en esta disciplina y certificaran su experiencia específica,
debían aprobar un examen de conocimientos, lo cual les permitirá obtener su
inscripción en el Registro Único de Archivistas y desempeñarse profesionalmente
en dicho campo.

55. De esta manera, aun cuando la norma reconoce la archivística como una
profesión, dentro de la libertad de configuración el legislador permitió que un grupo
determinado de trabajadores con experiencia en la materia fueran certificados sobre
su idoneidad para ejercerla, y esta posibilidad no deviene de lo resuelto en el acto
acusado, sino de lo señalado en la Ley 1409 de 2010.

56. Además, la resolución demandada no incluyó elementos que permitan considerar
que usurpó funciones propias del legislador, sino que dio alcance a las labores
tendientes a dar cumplimiento al parágrafo 1 transitorio de la Ley 1409 de 2010 y
precisó que dicho beneficio solo aplicaba para quienes estuviesen ejerciendo o
hayan ejercido la actividad de la archivística al momento de la entrada en vigencia
de la norma. Ello no es otra cosa que el cumplimiento de tal precepto normativo.

57. En segundo lugar, el demandante adujo que con la expedición del acto
demandado se desconocieron las normas relativas a la regulación de la educación
superior, en particular, los artículos 9 y 24 de la Ley 30 de 199241.

58. Estasnormas disponen que los programas de pregrado preparan para el
desempeño de ocupaciones para el ejercicio de una profesión o disciplina
determinada, de naturaleza tecnológica o científica, o en el área de las

41 «Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior»

17

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

humanidades, las artes y la filosofía; y que también son programas de pregrado
aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes
liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o
humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos
campos [artículo 9]; además que el título es el reconocimiento expreso de carácter
académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de un programa, por
haber adquirido un saber determinado en una institución de educación superior; que
el reconocimiento se hará constar en un diploma; y que la competencia para
otorgarlos es exclusiva de las instituciones de ese nivel, en los que se dejará
constancia de su correspondiente personería jurídica [artículo 24].

59. De acuerdo con lo anterior, la sala no encuentra que el acto acusado vulnerara
las disposiciones de la Ley 30 de 1992 por cuanto las referidas normas aluden a los
programas de pregado y a los títulos que se obtienen luego de culminar esos
programas; no obstante, la Resolución 1-00228 del 23 de febrero de 2021 precisa
que el examen de conocimientos a que alude el parágrafo del artículo transitorio de
la Ley 1409 de 2010 se realizaría a través del proceso de Evaluación y Certificación
de Competencias Laborales, en la Estructura Funcional de la Ocupación -EFO
denominada Archivistas. Al respecto, se insiste en que fue el legislador el que
permitió que a través de un examen de competencias se permitiera la inscripción de
quienes habían ejercido labores propias de la archivística, sin tener un título
profesional, y lo cierto es que las aludidas normas de la Ley 30 no restringen esa
posibilidad.

60. En tercer lugar, el demandante señaló que el Sena tenía un límite temporal para
implementar ese examen, y cuestionó que se realizara más de 9 de años después
de la entrada en vigencia de la norma.

61. En efecto, la Ley 1409 de 2010 dispuso con claridad que el Sena tendría un
término no superior a 1 año, contado a partir de la entrada en vigencia para
implementar los procesos necesarios para realizar el examen de conocimientos y
certificar las competencias para el desempeño en el campo de la archivística. Como
se indicó, la norma entró en vigor el 30 de agosto de 2010; no obstante, el acto
acusado fue expedido el 23 de febrero de 2021.

62. Con todo, tal y como se indicó con anterioridad, el plazo que la norma otorgó al
Sena tuvo como propósito que esta implementara los procesos necesarios para la
realización del examen de conocimientos y posterior certificación de competencias
para el desempeño en el campo de la archivística, lo que en efecto realizó a través
del proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en la EFO
denominada Archivistas, en virtud del cual, entre el año 2010 y agosto de 2018, le
había permitido expedir 7634 certificados, de los cuales 6944 correspondían a
personas certificadas en las normas de competencias laborales (NCL) de las mesas
sectoriales de archivos y bibliotecas, gestión documental42.

42 Así lo indicó el subdirector del Sena, Centro de Comercio y Servicios y secretario técnico de la

Mesa Sectorial de Gestión Documental, en respuesta al presidente del Colegio Colombiano de
Archivistas el 24 de septiembre de 2018. Samai, índice 37, archivo denominado
«34_110010324000202100446005MemorialWeb202421215211» páginas 46 a 48.

18

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

63. Con todo, conviene recordar que la jurisprudencia de esta corporación43 ha
señalado que la potestad reglamentaria no se agota con el paso del tiempo, siempre
que la norma que le de origen se encuentre vigente, pues cuando el Congreso ha
impuesto ese deber, ha entendido que es necesaria su concreción con el objetivo
de garantizar la eficacia plena de la norma o, en otras palabras, con el fin de
propender por la efectiva aplicación de las leyes, cuando de ellas se advierte la
existencia de aspectos que deben precisarse o ahondarse mediante la expedición
de decretos, resoluciones y órdenes; necesidad que no se extingue sin su debida
concreción mientras la ley esté vigente, aun cuando se haya establecido un plazo a
la administración. Al respecto señaló44:

«De la potestad reglamentaria también puede decirse que fue concebida con carácter
intemporal, de suerte que ante la necesidad de reglamentar una ley por el Presidente de
la República, éste en su condición de Suprema Autoridad Administrativa puede hacerlo
en cualquier tiempo, siempre y cuando se mantenga vigente la ley objeto de
reglamentación; incluso, puede el Presidente de la República modificar y hasta derogar
los decretos que previamente haya expedido en ejercicio de dicha función, como una
especie de facultad discrecional que puede activar al ser encargado de la conducción de
los destinos públicos, funcionario que además determina la conveniencia y oportunidad
con que ello debe realizarse».

64. En suma, la Resolución 1-00228 del 23 de febrero de 2021 no desconoce la
potestad reglamentaria conferida por el artículo 189-11 de la CP y, además no
implica una usurpación de competencias exclusivas del legislador. Por el contrario,
el acto acusado se encuentra en línea con lo previsto en la ley.

2.4.2. En torno a la transitoriedad de la prerrogativa según la cual se podía
obtener su inscripción en el Registro Único de Archivistas, previa aprobación
de un examen de conocimientos

65. A juicio del demandante, la transitoriedad de la norma permitía concluir que tenía
una vigencia limitada en el tiempo, de manera que era excepcional y no podría
prolongarse sus beneficios.

66. No obstante, contrario a lo señalado la continuidad de la aplicación de las
medidas tendientes a adelantar el proceso de Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales en la EFO denominada Archivistas que establece la
resolución demandada no supone un exceso a los límites propios de la ley, pues
aun cuando esas prerrogativas estuvieran previstas en un artículo denominado
transitorio, la norma no definió un límite temporal para su aplicación.

67. Esta afirmación exige detenerse en las siguientes consideraciones: por un lado,
la norma no le impuso un límite a la posibilidad de inscribirse en el Registro Único
de Archivistas a aquellos que, sin ese título profesional, tuvieran experiencia
específica en la labor; pero sí corresponde interpretar, por otro lado, que sólo
podrían acceder a los beneficios de esa disposición, aquellos que a la fecha de
entrada en vigencia de la norma estuvieren ejerciendo o hayan ejercido la actividad.

43 Al respecto se pueden consultar, las sentencias proferidas el 6 de septiembre de 2012, radicado

76001-23-31-000-2011-01366-01, MP. Alberto Yepes Barreiro, y del 27 de octubre de 2021, radicado
44-001-23-40-000-2021-00027-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
44 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicado

250002324000201000629-01, MP (E) Susana Buitrago Valencia.

19

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

68. Lo anterior es así, pues corresponde identificar el alcance de la expresión
«[q]uienes estuvieren ejerciendo o hayan ejercido la actividad», y la interpretación que
mejor se armoniza con el propósito de la norma es aquella que se deriva del
propósito de la ley: regular el ejercicio antitécnico de la actividad45; pero proteger a
un grupo de servidores con experiencia en la materia y que, hasta la expedición de
la ley, no se les exigía título de idoneidad.

69. En ese sentido, la resolución no desconoce los límites temporales señalados en
norma alguna y, por el contrario, responde al propósito del legislador.

70. De esta manera, esta Sala advierte que la transitoriedad de la norma está
orientada hacia la consideración según la cual solo aquellos que a la fecha de
entrada en vigencia de la norma estuvieren ejerciendo o hayan ejercido la
actividad de archivista sin título profesional, pero con experiencia específica en la
labor, podrían inscribirse en el Registro Único de Archivistas.

2.4.3. Sobre la vulneración del derecho a la igualdad

71. Finalmente,
el demandante considera que con el acto acusado se genera
desigualdad entre quienes se formaron en instituciones de educación superior y
quienes optan por certificarse en las competencias en la EFO denominada
Archivística.

72. No obstante, tal y como se ha señalado en esta decisión, la posibilidad de
obtener su inscripción en el Registro Único de Archivistas previa aprobación de un
examen de conocimiento se deriva de lo dispuesto en la ley y no en una habilitación
nueva o adicional señalada en el acto acusado.

73. De esta manera, aun cuando por virtud de lo dispuesto en la Ley 1409 de 2010
la archivística es una profesión, que exigía que esta fuera ejercida por personas con
formación académica e idoneidad luego de la obtención de un título, dentro de la
libertad de configuración el legislador permitió [en esta misma norma] que un grupo
determinado de trabajadores con experiencia en la materia fueran certificados sobre
su idoneidad para ejercerla, y luego de la aprobación de un examen de
conocimientos pudieran ser inscritos en el Registro Único de Archivistas.

74. Se destaca entonces que se trata de 2 grupos jurídicamente distintos a los cuales
el legislador les estableció prerrogativas diferentes y claras exigencias para
alcanzarlas; en particular, aquellos que se benefician de la excepción prevista en el
artículo transitorio de la ley deben demostrar [se insiste] esa idoneidad a través de
otros mecanismos, y esa diferenciación se justifica en el reconocimiento de una
realidad en el país: la labor se desarrollaba por trabajadores sin título académico,
pero con suficiente experiencia en la materia.

75. Así las cosas, el acto que se controla en sede de nulidad, cuya legalidad analiza
esta sala, no estableció la desigualdad alegada por el demandante por lo que mal
podría endilgársele un reproche sobre ese particular y las consideraciones que tuvo
el legislador para establecer esas prerrogativas a un particular grupo de

45 Sentencia C-239 de 2010.

20

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

trabajadores con experiencia, además de encontrarlas a simple vista justificadas,
escapan el alcance de esta decisión.

3. Conclusión

76. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que i) el Sena, con la
expedición de la Resolución 1-00228 del 23 de febrero de 2021, no excedió la
potestad reglamentaria ni usurpó competencias propias del Congreso de la
República; ii) el artículo transitorio parágrafo 1 de la Ley 1409 de 2010 que
establecía la posibilidad de desempeñarse en el campo de la archivística y obtener
su inscripción en el Registro Único de Archivistas, previa aprobación de un examen
de conocimientos, no está limitado en el tiempo, de manera que por virtud de la
vigencia de la norma, quienes acrediten los requisitos señalados pueden ser
inscritos en el registro aun sin un título profesional; empero, la transitoriedad de la
norma está orientada hacia la consideración según la cual solo aquellos que a la
fecha de entrada en vigencia de la norma estuvieren ejerciendo o hayan ejercido la
actividad de archivista sin título profesional, pero con experiencia específica en la
labor, podrían inscribirse en el Registro Único de Archivistas; y iii) la resolución
demandada no generó desigualdad entre quienes se formaron en instituciones de
educación superior y quienes optan por certificarse en las competencias en la EFO
denominada Archivística; pues esa posibilidad no deviene del acto acusado, sino de
las disposiciones del legislador.

77. Con fundamento en lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de nulidad del
acto acusado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la pretensión de nulidad de la Resolución 1-00228 del 23 de febrero
de 2021, proferida por el director general del Sena «por la cual se precisan aspectos
relacionados con la certificación de competencias para el desempeño en el campo de la
archivística, según lo establecido en el parágrafo 1 transitorio de la Ley 1409 de 2010»
formuladas por Germán Eduardo Palacio Zúñiga.

Segundo: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

21

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00446-00 (0269-2022)
Demandante: Germán Eduardo Palacio Zúñiga

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SLVA

22

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.