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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00814-00

Fecha
25 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00814-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 10 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el expediente ordinario radicado bajo el núm. 47-001-3333-001- 2018-00138-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como consecuencia, se INFIRMA la sentencia y se ordena al Tribunal Administrativo del Magdalena que proceda a conferirle al Distrito de Santa Marta el término de 10 días indicado en el auto de 13 de noviembre de 2019, dictado en el proceso 47- 001-3333-001-2018-00138-01, a fin de que presente alegatos de conclusión en la segunda instancia. Agotado dicho plazo, proferir la sentencia que corresponda. 34 Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00 Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA Recurso Extraordinario de Revisión TERCERO: No se condena en costas a la actora, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Tiénese a la doctora MARIA ALEJANDRA JARABA ESCOBAR como apoderada del DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, parte actora, de conformidad con el poder y los documentos anexos, obrantes en el índice 22 del expediente digital. QUINTO: En firme esta providencia, devuélvase al Tribunal Administrativo del Magdalena el proceso 47-001-3333-001-2018- 00138-01, para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2021-00814-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001032400020210081400
Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA
MARTA

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por

el DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA

MARTA1, contra la sentencia de 10 de junio de 2020 proferida por

el Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de la cual se

resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 13 de

junio de 2019, dictado por el Juzgado Primero Administrativo Oral

de Santa Marta2.

ANTECEDENTES

1.1. La señora INÉS CECILIA CABANA DE CORMANE promovió

demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, por conducto de apoderado, en

1
En adelante el Distrito de Santa Marta.
2
A través de este fallo se declaró probada la excepción de inexistencia del derecho y se denegaron
las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.

2

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00
Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA
Recurso Extraordinario de Revisión

contra de: i) la decisión de 15 de diciembre de 2017, expedida por

la Inspección de Policía de Bastidas, mediante la cual se declaró

contraventora del régimen de urbanismo a la señora INÉS

CECILIA CABANA DE CORMANE 3 , por lo que se ordenó la

demolición de la construcción en la zona de antejardín y el tercer

nivel del inmueble de su propiedad y se le impuso el pago de una

multa por valor de $100.598.000 y, ii) la Resolución núm. 021 de

15 de febrero de 2018, dictada por la Secretaría de Gobierno del

Distrito de Santa Marta, mediante la cual se confirmó en todas sus

partes el acto sancionatorio.

1.2. Tramitado el proceso ordinario ante el Juzgado Primero

Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, se profirió

sentencia el 13 de junio de 2019, en el sentido de denegar las

pretensiones de la demanda.

1.3. Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de

apelación, siendo resuelto por el Tribunal Administrativo del

Magdalena mediante sentencia de 10 de junio de 2020, por la cual

se REVOCÓ el fallo apelado y, en su lugar, se accedió 4 a las

pretensiones de la demanda.

3
Tal declaratoria porque según el acto acusado la infractora ejecutó una construcción en inmueble
de su propiedad que excedió e invadió área del espacio público en 21.32 m2, según la clasificación
ofrecida por el POT como antejardín y además, por haberse construido una tercera planta sin licencia
de construcción en un área de 115.4 m2.
4
El fallo en comento, dispuso: “1. Declarar la nulidad del acto administrativo proferido en audiencia
de fecha 15 de diciembre de 2017, por medio del cual se declaró contraventora a la señora INÉS
CECILIA CABANA DE CORMANE, en su condición de propietaria del inmueble ubicado en la Cra. 28 A

3

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Recurso Extraordinario de Revisión

1.4. El Distrito recurrente mencionó como hechos que anteceden a

la sentencia objeto del recurso, los siguientes:

1.4.1. Indicó que mediante la licencia núm. 006 de 26 de febrero

de 1983 se autorizó a la sociedad Construcciones El Reposo Ltda.,

la construcción de 10 unidades de viviendas unifamiliares de dos

plantas, localizadas en la Manzana D, en la que quedó incluido el

lote núm. 8, el cual debía conservar por la vía 4 una zona de

antejardín de 3 metros, un andén de 1.50 metros y una vía libre de

10 metros.

1.4.2. Refirió que la señora INÉS CECILIA CABANA DE

CORMANE es propietaria de un inmueble localizado en dicho lote,

el cual adquirió el 24 de agosto de 2015.

1.4.3. Destacó que, mediante dictamen pericial de 6 de junio de

2015, se rindió avalúo comercial en el que consta que el inmueble

adquirido tenía una vetustez de 32 años, tres pisos, seis

No. 14 A - 31 de esta ciudad, […]; del acto administrativo proferido en audiencia adelantada
el día 18 de diciembre de 2017, por medio del cual se decidió no reponer el acto administrativo
sancionatorio proferido en contra de la actora de audiencia de fecha 15 de diciembre de 2017, y se
concedió el recurso de apelación interpuesto de forma subsidiaria por la demandante; y de la
Resolución No. 021 del 15 de febrero de 2018, emanada de la Secretaría de Gobierno Distrital
de Santa Marta, “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación, proceso de restitución de
bienes de uso público EXP. 003-2017, Barrio El Reposo”, que confirmó en todas sus partes la sanción
proferida mediante audiencia realizada el día 15 de diciembre de 2017, en contra de la señora actora
INÉS CECILIA CABANA DE CORMANE y 2. A título de restablecimiento del derecho, declárese
que la actora, INÉS CECILIA CABANA DE CORMANE, no debe suma alguna al Distrito de Santa
Marta por concepto de la sanción urbanística impuesta en audiencia de fecha 15 de diciembre de
2017, confirmada en reposición en audiencia de fecha 18 del mismo mes y año, y en apelación a
través de la Resolución No. 021 de 15 de febrero de 2018, emanada de la Secretaría de Gobierno
Distrital de Santa Marta […]”.

4

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Recurso Extraordinario de Revisión

habitaciones y un área de construcción de 191 m2.

1.4.4. Que los señores YAMAL ACOSTA MORENO y MARÍA DE

JESSURUM radicaron el 21 de diciembre de 2016 y ante la

Secretaría de Planeación Distrital, solicitud de visita al mencionado

predio por la presunta construcción sin licencia y la afectación a las

viviendas aledañas.

1.4.5. Aseguró que en el operativo de control y vigilancia que se

adelantó el 21 de diciembre de 2016, se consignó lo siguiente:

“[…] Se evidencia una obra en modalidad de ampliación de dos
plantas con proyección a tres plantas, con 4 columnas y una
escalera metálica en zona de antejardín, presenta un voladizo
de 2,50 m en el antejardín, y se está haciendo un cambio de
cubierta en la segunda planta — “Tiene 4 columnas en la
segunda planta en zona de antejardín”. Igualmente, expone
que la persona que atiende la diligencia no quiso permitir el
ingreso ni suscribir el acta, y se citó al propietario a la
Secretaría de Planeación Distrital para el 27 de diciembre de
2016. (f. 53). Igualmente, se dispuso la suspensión de obra por
presunta infracción urbanística, a través de auto preventivo,
suscrito por el señor Secretario de Planeación Distrital de la
misma calenda (f. 54) […]”.

1.4.6. Con ocasión de esta visita, la Unidad de Control Urbano de

la Secretaría de Planeación conceptuó sobre la necesidad de

suspender la obra porque no había tramitado licencia que la

avalara.

1.4.7. Que el 27 de diciembre de 20165 funcionarios adscritos a la

Secretaría de planeación distrital mediante acta de visita técnica

5 Esta visita se realizó inicialmente el 22 de diciembre de 2016, y se rindió concepto radicado el núm.
00000247, pero según la demandante en el proceso ordinario contenía información errada por cuanto
no era la señalada infractora.

5

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núm. 2 acudieron al inmueble querellado y verificaron que la obra

continuaba, que el sello impuesto había sido roto y que era evidente

la ocupación de la zona de antejardín6.

1.4.8. El Inspector de Policía de Bastidas expidió la Resolución núm.

001 de 17 de febrero de 2017, por la cual ordenó la suspensión de

la obra en el inmueble de la actora.

1.4.9. Surtido el trámite administrativo, en específico, la audiencia

pública dentro del proceso de restitución de bien de uso público por

comportamiento contrario que afecta la integridad urbanística, la

querellada, por conducto de su apoderado judicial, formuló petición

de aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo

137 de la Ley 1801 de 2016 y, en consecuencia, pidió que se

tramitara el reconocimiento de la construcción.

1.4.10. Tal petición no se aceptó en atención al concepto del

Curador 7 ; y que una vez reanudada la audiencia se le declaró

contraventora urbanística, imponiéndole la sanción de demolición

de lo construido y pago de una multa de $100.598.000.

6 La accionante alegó que ese ingreso al inmueble se hizo a la fuerza y sin su presencia, además sin
mediar orden escrita, levantando un acta y profiriendo actos administrativos de suspensión de obra.
Además, indicó que se encontraba adelantando obras de refacción interna de techos, paredes dentro
de su vivienda por consecuencia de la ola invernal, para lo cual inicio actuaciones administrativas de
rigor para la consecución de permisos correspondientes, pero posteriormente desistió del trámite por
considerar que para realizar dichas reparaciones no necesitaba permiso.
7 En el escrito de este recurso se señaló que: “Mediante oficio del Curador Urbano núm 1, con fecha
de 13 de diciembre de 2017, dirigido al señor Inspector de Policía de Bastidas, se expresó que es
improcedente el reconocimiento de la edificación, ya que está ocupando presuntamente un espacio
público (f. 149). Tal solicitud fue controvertida por el representante de la actora durante la audiencia
pública adelantada el 5 de diciembre de 2017”.

6

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1.4.11. La anterior decisión fue objeto de los recursos de reposición

y, en subsidio, de apelación, siendo resuelto el primero, en

audiencia celebrada el 18 de diciembre de 2017; y el segundo, por

Resolución 021 de 15 de febrero de 2018, que confirmaron la

decisión recurrida.

1.5. Contextualizado el trámite administrativo, el Distrito recurrente

señaló que las decisiones expedidas en dicha sede fueron objeto del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En

primera instancia, el juez administrativo denegó las pretensiones de

la demanda.

1.6. Aludió al trámite judicial que se adelantó en segunda instancia

en razón al recurso de apelación interpuesto por la señora INÉS

CECILIA CABANA DE CORMANE contra el fallo del a quo,

resaltando que luego de que se admitiera el recurso de alzada8 se

ordenó correr traslado para alegar de conclusión, oportunidad en la

cual no pudo participar, por cuanto en su condición de autoridad

accionada no le fue notificada tal decisión.

1.7. Alegó que el auto de fecha 13 de noviembre de 2019 le fue

enviado al correo electrónico: notificacionesalcaldiadistrital@santamarta-

magdalena.gov.co, cuando correspondía que se hiciera al siguiente:

8
Según auto de 22 de agosto de 2019.

7

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Recurso Extraordinario de Revisión

notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co.

1.8. Que este error constituyó una violación al debido proceso

porque se expidió sentencia de segunda instancia sin que hubiese

enterado de la oportunidad concedida para pronunciarse en la etapa

de alegatos, la que calificó de fundamental para la defensa de sus

intereses, máxime cuando el fallo proferido accedió a las

pretensiones de la demanda.

PROVIDENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN

Corresponde a la sentencia de 10 de junio de 2020, proferida por

el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se

resolvió el recurso de apelación interpuesto por la señora CABANA

DE CORMANE y que revocó el fallo denegatorio de pretensiones,

para en su lugar anular el acto sancionatorio y sus confirmatorios.

El problema jurídico que delimitó el ad quem se circunscribió a

examinar si el acto administrativo que declaró a la señora INÉS

CECILIA CABANA DE CORMANE contraventora de las normas

urbanísticas, estaba o no viciado de nulidad.

La razón que explicó el fallador de segunda instancia para revocar

la decisión del a quo, consistió en que halló probada la violación del

debido proceso, para lo cual adujo:

8

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Recurso Extraordinario de Revisión

“[...] La Sala revocará la sentencia recurrida, en atención a que
los actos administrativos acusados incurrieron en infracción de
las normas en las que debieron fundarse. Lo anterior, en
atención a que el estudio de las actuaciones adelantadas
por la demandada evidenciaron que el trámite del proceso
abreviado sancionatorio que dio origen a los actos censurados
se adhirió a lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 1801 de
2016; debiendo haberse tramitado bajo la égida del
régimen legal anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 239 ejusdem, que dispone que procedimientos como
el analizado debían ser adelantados hasta su finalización
conforme a la legislación vigente a la fecha de ocurrencia
de los hechos que motivaron su iniciación [...]”.

Así, concluyó que los actos administrativos acusados incurrieron en

infracción de la norma en que debieron fundarse, pues la actuación

no podía adelantarse bajo la vigencia de la Ley 1801 de 2016, por

lo que dispuso que la citada señora no debía suma alguna al Distrito

de Santa Marta. Y en cuanto a los perjuicios solicitados, no accedió

a su reconocimiento por no aparecer probados.

EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

EL DISTRITO DE SANTA MARTA, por conducto de apoderado

judicial, presentó escrito ante esta Corporación, en ejercicio del

recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 248 del

CPACA.

La decisión objeto del recurso, como se anunció, es la sentencia de

segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del

Magdalena el 10 de junio de 2020, dentro del expediente de nulidad

y restablecimiento del derecho núm. 47001333300120180013801.

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Recurso Extraordinario de Revisión

Como causal del recurso extraordinario invocó la prevista en el

numeral 5 del artículo 250 del CPACA, fundada en la ocurrencia del

evento previsto en el numeral 6 del artículo 133 del CGP, como

causal de nulidad del proceso, esto es, “[…] cuando se omita la

oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso

o descorrer su traslado […]”.

Aludió al concepto del debido proceso y el ejercicio correcto del

derecho de defensa, a través, entre otros, de la presentación de los

alegatos de conclusión, como instrumento esencial para esgrimir

los puntos importantes en el desarrollo del proceso judicial, en

razón a que “es la última oportunidad de las partes para ponerle de

presente al juez sus consideraciones e incluso elementos que, por

algún motivo, no se hayan valorado en el curso de un proceso”.

En relación con las normas sobre notificaciones, transcribió el

artículo 2059 del CPACA, en su redacción original y lo invocó como

la norma vigente para el momento de los hechos.

9
“Artículo 205. Además de los casos contemplados en los artículos anteriores, se podrán notificar las
providencias a través de medios electrónicos, a quien haya aceptado expresamente este medio de
notificación.
En este caso, la providencia a ser notificada se remitirá por el secretario a la dirección electrónica
registrada y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e
integridad del mensaje. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador
recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.
El secretario hará constar este hecho en el expediente.
De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta
permanente en línea por cualquier interesado.”

10

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Recurso Extraordinario de Revisión

Con fundamento en la referida disposición aseguró que el Distrito

no pudo ejercer, en debida forma, su derecho a la defensa, toda

vez que hubo una indebida notificación del auto que corrió traslado

para alegar de conclusión, en razón a que la referida comunicación

fue enviada a un correo distinto al dispuesto por la entidad para

notificaciones judiciales.

Al margen de esta situación, alegó que el fallador de segunda

instancia puso de presente una vulneración al ordenamiento

jurídico por parte de la infractora, pero, aun así, prefirió darle

prevalencia al derecho procesal al considerar que el proceso debió

adelantarse bajo otras reglas.

Finalizó diciendo que resultó desproporcionado dejar sin efectos

una decisión por un eventual e insignificante vicio procedimental,

cuando existen protuberantes transgresiones e infracciones al

ordenamiento jurídico que son evidentes; y que, además, fueron

establecidas como ciertas en primera y segunda instancia.

TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

4.1. Mediante proveído de 20 de mayo de 2022, el Despacho

admitió el recurso y ordenó notificar a la señora INÉS CECILIA

CABANA DE CORMANE y a la Procuraduría Delegada ante esta

Corporación.

11

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4.2. Cumplidas en debida forma las notificaciones10, el Ministerio

Público y la parte demandante, en el proceso ordinario, no se

pronunciaron en relación con lo pretendido en el recurso

extraordinario.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Competencia de la Sala

En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso

extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y

los jueces administrativos.

Frente a la competencia asignada a esta Sección, el artículo 249 del

CPACA dispone que conocerá del recurso extraordinario de revisión

contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales

Administrativos, según la materia.

En este caso, le corresponde a esta Sala decidir el recurso

extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo dictado por el

Tribunal Administrativo del Magdalena, atendiendo a la distribución

de los procesos entre las Secciones, prevista en el artículo 13 del

Acuerdo 080 de 2019, Reglamento de la Corporación.

10
Según da cuenta los documentos soporte del envío de los correos electrónicos. Visible en el índice
6 del registro del expediente Digital en el aplicativo SAMAI. Soporte notificación Auto que admite
recu(.pdf) NroActua 6

12

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5.2 Generalidades del recurso extraordinario

Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario

establecido por el legislador como excepción al principio de

inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a

cosa juzgada11.

Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha

adquirido firmeza, bajo el entendido que su controversia se

sustenta en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas

previstas en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003

que se tramitan bajo este procedimiento especial.

El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la

justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la

decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se

prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se

encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador

con lo cual procede la información 12 , tanto para “enmendar los

errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para] restituir

el derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en

razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento

jurídico”13.

11
Y excepcionalmente de algunos autos que finalizan el proceso.
12
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera
en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.
13
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009. M.P María Victoria Calle.

13

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Recurso Extraordinario de Revisión

En estos términos, la Corte constitucional precisó:

“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos
hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el
sentido de justicia que de ella emana. La acción de
revisión, en la medida en que afecta la certeza brindada por
la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria, sino que además
procede por las causales taxativamente señaladas por
la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta
taxatividad es razonable, pues se trata de una figura que
modifica providencias amparadas en el principio de cosa
juzgada, y por ello las causales previstas para la revisión
deben ser aplicadas e interpretadas en sentido
restringido”14.

Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de

constituir un nuevo trámite ajeno al proceso en el que se dictó la

decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio

para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en

razón a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y

la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural;

es decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse

aspectos que encuadren en alguna de las causales taxativas15 que

habilitan su procedencia.

14
Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15
En Efecto, la taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la
jurisprudencia destacó: “Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso,
enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta
de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad
con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso
extraordinario que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1° de
diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV). Actor: Municipio
de Belmira y Otros. Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C.P. Susana Buitrago
Valencia.

14

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5.3 De la causal invocada

En el asunto bajo examen se invocó la causal 5ª del artículo 250 de

la Ley 1437 de 201116, cuyo texto es del siguiente tenor:

“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
[...]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación. […].”

En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa

que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta

Corporación, aclarando que puede provenir de una nulidad

procesal, en los términos del artículo 133 del CGP, o de una de

carácter constitucional, fundada en el artículo 29 Superior 17.

En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan

así:

1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario

y contra la que no procede recurso de apelación.

16
En vigencia del CCA correspondía a la enlistada en el numeral 6° del artículo 188, por lo tanto, cuando
se haga mención a esta como consecuencia de decisiones judiciales dictadas en su vigencia ha de
entenderse que se trata de la prevista ahora en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
17
Sobre el particular esta Corporación precisó: “[…] las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las
que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el
artículo 29 […]”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga
Melida Valle de De la Hoz

15

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Recurso Extraordinario de Revisión

2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la

expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente

controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta,

y que, por oportunidad, debieron ser alegadas cuando ocurrieron,

según el artículo 13418 del CGP.

3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio

grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que

de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se

evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la

ley o in iudicando.

Ahora bien, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales

de nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General

del Proceso como constitutivas de este vicio en los términos de

artículo 133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la

sentencia.

En este primer escenario 19 , la jurisprudencia se decantó por

identificar que para la interpretación de la causal invocada debía

18
“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]”
19
El consejo de Estado desde la previsión de este recurso extraordinario y en específico, para esta
causal de nulidad originada en la sentencia ha transitado por diversas posturas de interpretación de
las cuales se identificaron 3 etapas según se lee en la providencia 3 de febrero de 2015. Radicación
número: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P.
Olga Mélida Valle de De La Hoz (E), que las recoge así: i) Las causales de nulidad de la sentencia
son las que define la jurisprudencia, ii) Las causales de nulidad de la sentencia son las que expresa
y taxativamente define el artículo 140 del CPC –art. 133 CGP, y iii) Las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas tanto en la jurisprudencia como en el artículo 140 del CPC.

16

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Recurso Extraordinario de Revisión

acudirse al artículo 140 del CPC, hoy 133 del CGP, a fin de delimitar

las circunstancias en las cuales se podría encuadrar la nulidad

invocada, y para ello ejemplarizó algunas situaciones que podrían

dar lugar a su configuración. Al respecto, es del caso traer a

colación el siguiente pronunciamiento20:

“[…] De forma más clara expresó la sentencia del 4 de
noviembre de 1999 - exp. 2185 - que las nulidades a las
que remite el recurso extraordinario de revisión, por la
causal sexta, son las previstas en el artículo 140 del
CPC21. El razonamiento fue el siguiente: i) la sentencia hace
parte del proceso, y lo concluye; ii) como lo señala el artículo
140, el proceso solamente es nulo por las causales allí
señaladas; por tanto iii) la nulidad que se origina en la
sentencia se configura solo por las causales previstas en la
disposición referida.

A partir del razonamiento precedente, se destacaron
algunos eventos que configurarían la nulidad originada
en la sentencia, los cuales no se aducen como causales
de nulidad propiamente dicha, sino eventos,
circunstancias, ejemplos, que se desprenden de las
causales del artículo 140, cuya abstracción se concretiza. La
providencia señaló:

“La sentencia, que es la providencia mediante la cual se
decide sobre las pretensiones de la demanda y las
excepciones de fondo y con la cual, de ordinario, concluye el
proceso, es, obviamente, parte del proceso en que se
dicta. Y el proceso es nulo, en todo o en parte, solo por
las causas establecidas en el artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil.

“Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la
sentencia puede ocurrir, según el artículo 140 referido, (i)
cuando se provee sobre aspectos para los que el juez no
tiene jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando,
(ii) sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, o (iii)
sin más actuación se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, porque así se revive un proceso
legalmente concluido, o (iv) cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite correspondiente,

20
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00157-
01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)
21
Debe entenderse que en la normativa vigente se entiende el artículo 133 del CGP.

17

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Recurso Extraordinario de Revisión

porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando
(v) se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en esta, o (vi) se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo
concerniente, también (vii) se pretermite íntegramente la
instancia (numeral 3); o cuando, (viii) sin más actuación,
se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre
otros eventos. (…)

“Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil alegó el recurrente en
apoyo del cargo de nulidad de la sentencia, lo cual sería
bastante para desestimar el recurso […]”. (Cursiva fuera de
texto)”

A esta remisión normativa se sumó la interpretación contenida en

la sentencia de exequibilidad22 de la Corte Constitucional C-491-95.

Allí, la Corte entendió que además de las causales del artículo 140

del CPC23 debía comprender la de violación al debido proceso, bajo

el entendido de que es una garantía que debe observarse en el

trámite procesal y que su previsión está en la Constitución Política.

Al respecto precisó:

“[…] Al examinar las causales de nulidad previstas en el art.
140, claramente se advierte que allí no aparece enlistada
la referida nulidad de carácter constitucional. Sin
embargo, esta omisión obedece a la circunstancia de que
dicha norma es anterior a la Constitución de 1991.

• No se opone a la norma del art. 29 de la Constitución la
circunstancia de que el legislador señale taxativamente
las causales o motivos de nulidad, por las siguientes
razones:
22
En el proceso de control de constitucionalidad se cuestionó el inciso 1° del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989,
específicamente la expresión “solamente” de la frase “Causales de nulidad: El proceso es nulo en
todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]". Del examen de constitucionalidad la Corte
concluyó “Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso 1° del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989, con la
advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales en los procesos
civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista
en el art. 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos […]”
23
Actualmente está previsto en el artículo 133 del CGP.

18

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Recurso Extraordinario de Revisión

La Constitución en el art. 29 señala los fundamentos básicos
que rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador
dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a
criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a través
de las correspondientes fórmulas normativas las formas o actos
procesales que deben ser cumplidos para asegurar su vigencia
y respeto. En tal virtud, la regulación del régimen de las
nulidades, es un asunto que atañe en principio al
legislador, el cual puede señalar, con arreglo a dichos
criterios y obedeciendo al principio de la
proporcionalidad normativa, las causales o motivos que
generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad de las
actuaciones procesales y consecuentemente el debido proceso.

Conforme a lo anterior no corresponde, en principio, al
Constituyente señalar las causales de nulidad en los procesos.
La aludida nulidad constitucional que consagra el art. 29,
constituye una excepción a dicha regla. […]

Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad
para determinar los casos en los cuales un acto procesal
es nulo por carencia de los requisitos formales y
sustanciales requeridos para su formación o
constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se
respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las
nulidades por el legislador. […]

Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a
los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido
proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de las
partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del
C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es posible
declarar la nulidad, previo el trámite incidental
correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser
invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución,
según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin
la observancia de las formalidades legales esenciales
requeridas para la producción de la prueba, especialmente
en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a
la cual se opone ésta. Por lo tanto, se declarará exequible la
expresión demandada, con la referida advertencia.

Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la
referida regulación normativa, respeta la voluntad política del
legislador, en cuanto reguló de manera taxativa o
específicamente las causales legales de nulidad en los procesos
civiles, las cuales ahora con el cambio constitucional se

19

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encuentran adicionadas con la prevista en la norma del
art. 29, a la cual se hizo referencia. […]”24.

Bajo este análisis, la Corporación 25 ha delimitado que la causal

examinada se predica, entre otras, cuando la sentencia: i) no

cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación; ii)

se profiere dentro de un proceso culminado por desistimiento,

transacción o perención; iii) se dicta en un proceso que se

encuentra suspendido o interrumpido; iv) se profiere fallo

condenatorio contra un tercero que no fue vinculado al proceso; v)

se profiere sentencia con falta de competencia o de jurisdicción;

vi) el fallo carece de motivación formal y material, vii) se aprecia

incongruencia26; viii) se profiere un fallo inhibitorio injustificado27

y ix) se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus.

Este examen, sobre el alcance y contenido de la causal invocada,

impone que el recurrente en ejercicio de su derecho de acción

precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad y que ella

obedezca bien a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del

CGP o a la invocación de transgresión del derecho fundamental del

24
Corte Constitucional. Sentencia C-491-95 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
25
En una inicial etapa, la jurisprudencia identificó que ocurriría cuando: i) la sentencia hubiera sido
firmada por un número diferente de magistrados al que ordena la ley; ii) que la sentencia se hubiera
proferido dentro de un proceso que había culminado por desistimiento, transacción o perención; iii)
que se profiera en un proceso que se encuentre suspendido o interrumpido. (Sentencia de Sala Plena
del 08 de septiembre de 1992. Exp. 039. Tesis reiterada por la Sección Segunda en la sentencia del
18 de mayo de 1993. Exp. 4092. Tesis reiterada en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado,
el 1 de diciembre de 1997. Exp. 080.) Y luego se agregaron las siguientes: i) Cuando se condena a
quien no es parte; ii) cuando la sentencia se profiere con falta de competencia o de jurisdicción, y
iii) cuando carezca completamente de motivación.
26
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de
2016. Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
27
Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto
Yepes Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).

20

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debido proceso, en una de las circunstancias identificadas por la

jurisprudencia.

Aclarado este contexto, la Sala se ocupará de examinar el reproche

invocado por la parte actora a fin de identificar si se configura la

causal invocada.

5.4 Estudio del caso concreto

En esta oportunidad le corresponde a la Sala identificar si como lo

alega el Distrito recurrente, existe nulidad que vicie la sentencia al

presuntamente haberse notificado en indebida forma el auto que

corrió traslado para alegar de conclusión en el trámite de la

segunda instancia. Lo anterior, por cuanto tal decisión no se

“notificó” al correo electrónico de la entidad accionada en el

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para tal fin la Sala analizará, en primer lugar, la manera como se

notifican los autos en los procesos judiciales en vigencia del CPACA,

codificación aplicada al trámite del proceso ordinario. Precisada tal

situación, se estudiará lo ocurrido en el trámite judicial que se

cuestiona, para luego resolver sobre la ocurrencia o no de la

alegación que se plantea como constitutiva de causal para infirmar

la sentencia recurrida.

21

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5.4.1 De la notificación del auto que corre traslado para
alegar

El Distrito recurrente interpone este recurso extraordinario bajo el

entendido de que el auto que corrió traslado para alegar de

conclusión, en segunda instancia, es una decisión judicial que debe

notificarse por correo electrónico.

De esta manera, se debe establecer la norma vigente para la época

en que se expidió la providencia y determinar cuál era la forma de

notificar esta decisión judicial.

Para tal efecto, se tiene que el artículo 201 del CPACA, aplicable al

caso bajo examen, prevé:

“[…] ARTÍCULO 201. NOTIFICACIONES POR ESTADO. Los
autos no sujetos al requisito de la notificación personal SE
NOTIFICARÁN POR MEDIO DE ANOTACIÓN EN ESTADOS
ELECTRÓNICOS PARA CONSULTA EN LÍNEA BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO. La inserción en el
estado se hará el día siguiente al de la fecha del auto y en ella ha
de constar:

1. La identificación del proceso.
2. Los nombres del demandante y el demandado.
3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.
4. La fecha del estado y la firma del Secretario.
El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama
Judicial y permanecerá allí en calidad de medio notificador durante
el respectivo día.

De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará
certificación con su firma al pie de la providencia notificada y SE
ENVIARÁ UN MENSAJE DE DATOS a quienes hayan
suministrado su dirección electrónica.

De los estados que hayan sido fijados electrónicamente se
conservará un archivo disponible para la consulta permanente en

22

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línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10)
años.

Cada juzgado dispondrá del número suficiente de equipos
electrónicos al acceso del público para la consulta de los estados.
[…]”.

De acuerdo con esta disposición, y atendiendo a que el auto que

corre traslado para alegar no es de aquellos que se notifican de

manera personal, la ley estableció que la forma de realizarse es a

través de un estado electrónico, respecto del cual, además, se debe

surtir el envío de un mensaje de datos de manera obligatoria a

quienes hayan suministrado un correo electrónico con tal fin, esto

en vigencia de la Ley 1437 de 2011, sin la modificación introducida

por la Ley 2080 de 202128.

Precisamente, este criterio fue considerado por la Sala Plena del

Consejo de Estado en auto de unificación29, al señalar que:

• “[…] Notificaciones judiciales en el proceso
administrativo y de lo contencioso administrativo (Ley
1437 de 2011)

A diferencia del código anterior, la Ley 1437 de 2011 «[por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo», en el Título V, Capítulo VII
desarrolla un régimen primario sobre notificación de las
providencias. En este sentido, el artículo 196 señala que «las
providencias se notificarán a las partes y demás interesados con
las formalidades prescritas en este Código y en lo no previsto, de

28
El artículo 50 modificó esta norma en los siguientes términos: “[…] <Inciso modificado por el
artículo 50 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las notificaciones por estado se
fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por
el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un
mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales […]”
29
La regla de unificación que se adoptó es la siguiente: “La notificación de las sentencias por vía
electrónica prevista en el inciso primero del artículo 203 del CPACA se entenderá realizada una vez
transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr
a partir del día siguiente al de la notificación”

23

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conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento
Civil30».

Y el artículo 197 establece el deber para las entidades públicas de
todos los niveles, las privadas que ejerzan funciones públicas y el
Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, de tener un
buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir
notificaciones judiciales.

Cabe destacar que la norma de manera expresa señala que «para
los efectos de este código SE ENTENDERÁN COMO
PERSONALES LAS NOTIFICACIONES surtidas a través del
buzón de correo electrónico».

Ahora bien, en el actual ordenamiento contencioso administrativo,
teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas por las leyes
2080 de 2021 y 2213 de 202231, están previstas las siguientes
clases de notificaciones:

a. Notificación personal

Notificación personal de autos

De conformidad con el artículo 198 del CPACA, se deben notificar
personalmente los siguientes autos:

«1. Al demandado el auto que admita la demanda.
2. A los terceros, la primera providencia que se dicte respecto de
ellos.
3. Al Ministerio Público el auto admisorio de la demanda, salvo que
intervenga como demandante. Igualmente, se le notificará el auto
admisorio del recurso en segunda instancia o del recurso
extraordinario en cuanto no actúe como demandante o
demandado.
4. Las demás para las cuales este código ordene expresamente la
notificación personal».

[…] b) Notificación por estado
Notificación por estado de autos:

El artículo 201 del CPACA regula la notificación por estado de los
autos que no requieren de notificación personal, la cual consiste
en la anotación en estados electrónicos para consulta en
línea. Conforme con la modificación efectuada por el artículo 50
de la Ley 2080 de 2021, esta notificación deberá ser fijada
virtualmente con inserción de la providencia, sin que sea necesario
imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con
firma al pie de la providencia respectiva.

30
Hoy Código General del Proceso.
31
“Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y
se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del
servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”.

24

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Debe precisarse que la notificación por estado no puede
asimilarse a una notificación electrónica, pues si bien el
precitado artículo 201 dispone que se enviará un mensaje
de datos al canal digital de los sujetos procesales, tal
actuación se limita a comunicar a las partes sobre la
existencia de la notificación por estado, pues la providencia
se encuentra inserta en el estado fijado virtualmente en la página
web de la autoridad judicial.

Lo anterior incide en la contabilización de los respectivos términos
procesales, pues los mismos empezarán a correr al día hábil
siguiente a la desfijación del estado32.

Por lo demás, se observa que el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022
que regula la notificación por estado de las providencias, no
consagró la obligación del envío del mensaje de datos al
canal digital de los sujetos procesales […]”33.

De este modo, la notificación del auto que corre traslado para

alegar de conclusión no es personal y en ese sentido, no se

cumple de manera electrónica, sino que se realiza por estado y el

conteo de los términos corre a partir del día siguiente de su fijación.

5.4.2 Examen de la actuación surtida en el proceso ordinario

En relación con la notificación del auto de 13 de noviembre de 2019,

a través del cual se dio traslado para alegar de conclusión en el

proceso en el que se dictó la sentencia recurrida, se tiene que no

hubo una indebida notificación habida cuenta que el Tribunal

Administrativo del Magdalena lo notificó mediante estado

electrónico del cual se verificó su consulta y la visualización de la

32
Artículos 118 y 318 del Código General del Proceso y 244 del CPACA.
33
CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONSEJERA
PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO AUTO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL Bogotá,
D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

25

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providencia notificada, conforme consta en la página web de la

Rama Judicial34, en la que reposa dicho archivo digital.

En efecto, verificado en el enlace se aprecia el siguiente auto:

34
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2220876/30692055/tam18112019.pdf/dd060aaf-
ffe1-4dc3-b216-e46597e46a89

26

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Todo lo anterior, identifica que, en principio, el motivo que alegó la

parte recurrente no se encuentra probado, razón esta suficiente

para declarar infundado el recurso extraordinario, habida cuenta

que la notificación que reprocha el aquí recurrente no debía

cumplirse según el artículo 205 del CPACA, que invocó para

sustentar su dicho.

Pese a la anterior conclusión, la Sala interpreta que el reproche es

frente al envío equivocado del mensaje de datos para informar de

la fijación del estado a un correo diferente al suministrado por el

recurrente. Ello, al darle alcance a la alegación del Distrito:

27

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“[…] En consecuencia, en el caso que nos ocupa, la Alcaldía del
Distrito de Santa Marta no pudo ejercer, en debida forma, su
derecho a la defensa, al no haber sido notificada correctamente
del auto que corrió traslado para alegar de conclusión expedido
por el Tribunal Administrativo de Santa Marta, en razón a que la
referida comunicación fue enviada a un correo distinto al dispuesto
por la entidad para notificaciones judiciales.

El correo de notificaciones judiciales de la Alcaldía de Santa Marta
es el siguiente: notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co. Lo
anterior, puede apreciarse tanto en el expediente del proceso, como
en la página web de la entidad territorial. En consecuencia, se
observa que la notificación del auto que corrió traslado para alegar
de conclusión en segunda instancia fue realizada a un correo
distinto al indicado […]”.

Por tal razón, la Sala pasará a examinar si la Secretaría del Tribunal

procedió en observancia de la carga que impone el artículo 201 del

CPACA, y remitió al buzón electrónico de la entidad accionada el

mensaje de la notificación por estado electrónico.

De acuerdo con los documentos que se acompañaron al expediente

se tiene que sí se remitió el mensaje de datos, solo que tal y como

lo reclama el Distrito recurrente la dirección de correo electrónico

no coincide con aquella que informó al contestar la demanda e

identificó como buzón para recibir notificaciones35:

35
Folio 249 del documento 4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) Nr oActua 2 del Registro 5 de SAMAI.
Demanda por ventanilla virtual

28

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A tal conclusión se arriba de la consulta de la comunicación al buzón

de mensajes, respecto de la fijación del estado electrónico 195 de

18 de noviembre de 2019, que informa36:

Es entonces esta deficiencia, la del envió de la comunicación de la

fijación del estado electrónico, la que ha de verificarse para

establecer si se configura o no la causal invocada, y si bajo el

entendido que manifiesta el recurrente, tal error impactó su

derecho de defensa.

5.4.3 Defensa del recurrente frente a la imposibilidad de
presentar los alegatos de conclusión en segunda instancia

La Sala estima que el error identificado en el envío del mensaje al

buzón electrónico, conforme lo señaló el Distrito recurrente, impidió

36
Folio 369 del documento 4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) Nr oActua 2 del Registro 5 de SAMAI.
Demanda por ventanilla virtual

29

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que se materializara en debida forma su derecho de defensa, al no

haber podido pronunciarse respecto del recurso de apelación

interpuesto.

Tal omisión acaeció en la etapa procesal de alegatos de conclusión,

que ocasionó la falencia en el procedimiento completo de

notificación de dicho auto, hecho que impidió el ejercicio de sus

derechos con la plenitud de las garantías que deben observarse en

el trámite judicial a efectos de evitar que se configure una nulidad

que afecte la sentencia.

Cabe señalar que en un asunto en el que se examinó tal conducta

omisiva, esta Corporación concluyó que la remisión incorrecta del

mensaje que ordena el artículo 201 del CPACA, imposibilita el

ejercicio pleno del derecho de defensa, así:

“[…] 89. Por tanto, el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá al momento de realizar la
notificación del auto que dispuso el rechazó la demanda de
reparación directa, no podía desatender el tenor de dichas
disposiciones normativas, en el sentido de omitir enviar
el mensaje de datos a los correos electrónicos
mencionados en la demanda para efectos de notificación
de las actuaciones que se surtieran al interior de tal
proceso.

90. En otras palabras, los demandantes en el escrito de
demanda, suministraron los correos electrónicos
zaidapatricia16@hotmail.com y eden_yamith@hotmail.com,
sin que se le remitiera la notificación del estado
contentivo de la providencia que rechazó la demanda de
reparación directa por lo que en efecto, SE LES IMPIDIÓ
CONOCER SU CONTENIDO Y CUESTIONAR LA
PROVIDENCIA DENTRO DEL TÉRMINO PROCESAL

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ESTABLECIDO EN EL CPACA PARA ELLO. Lo anterior
constituye un defecto procedimental y vulnera las garantías
que emanan del derecho al debido proceso.

91. Por otro lado, la Sala también resalta que el Juzgado 37
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, consideraron en las providencias
reprochadas, que no se presentó la alzada dentro del término
procesal establecido para ello, contando tal periodo desde la
notificación por estado, en tanto que en su parecer el auto que
rechazó la demanda no se encontraba sujeto al requisito de
notificación personal.

92. Sin embargo, la Sección insiste que las autoridades
judiciales no podían desatender el contenido de los
artículos 201 y 205 del CPACA antes mencionados y que
establece que para efectos de entender surtida las
notificaciones por estado y por medios electrónicos de la
providencia a comunicar, SE DEBE TAMBIÉN ENVIAR UN
MENSAJE DE DATOS A LOS SUJETOS PROCESALES; y
privilegiar una interpretación que además de alejarse del
contenido normativo, afecta las garantías constitucionales de
los sujetos procesales.

93. Sin duda, la interpretación que más se acompasa al
texto legal y a los derechos constitucionales y garantías
procesales es la que deriva de la necesidad de cumplir el
mandato normativo de remitir electrónicamente las
notificaciones por estado, en casos como el que aquí se
estudia [...]”37.

Así pues, la pretermisión que castiga de nulidad el artículo 133 del

CGP está atada a la imposibilidad de otorgarle efectos plenos a la

actuación procesal y que por este motivo y ante la imposibilidad de

alegarla previo a proferir la sentencia de segunda instancia, se

verifica que se le impidió expresar sus argumentos finales y los de

defensa a la actuación administrativa adelantada y a los actos

37
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA. Sentencia
de 12 de mayo de 2022. Demandante: Sandra Matilde Contreras Demandados: Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A y otro Rad: 11001-03-15-000-
2022-01621-00. MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

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administrativos acusados, que por ocasión del fallo de segunda

instancia se anularon.

En relación con la importancia de esta etapa procesal, esta

Corporación, señaló:

“[…] En ambos casos la norma exige un presupuesto de
admisibilidad o examen preliminar de admisión con el propósito
de verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia
del recurso de apelación, de lo que sigue el auto admisorio. Así
mismo, las dos preceptivas contemplan la posibilidad de
solicitar pruebas, durante el término de ejecutoria del auto que
admite el recurso. También prevén el agotamiento de una
etapa de alegaciones y fallo. DE AHÍ QUE DEBA
ARRIBARSE A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL TRÁMITE
PREVIO A LA ETAPA DE SENTENCIA, esto es, la admisión
del recurso, contribuye a la materialización del ejercicio
del derecho de defensa y contradicción, y por tanto del
debido proceso, comoquiera que implica la posibilidad de
solicitar pruebas Y, SOBRE TODO, PERMITIR A LA PARTE
QUE NO APELÓ CONTROVERTIR EL FUNDAMENTO DE LA
ALZADA DE LA PARTE CONTRARIA, A TRAVÉS DE SUS
ALEGACIONES FINALES […]”38.
Por todo lo expuesto, se concluye que al haberse dictado sentencia

de segunda instancia en el proceso ordinario radicado bajo el núm.

47-001-3333-001-2018-00138-01, sin aplicar de manera completa

el trámite previsto en las normas procesales, se incurrió en una

causal de nulidad originada en la sentencia.

Así las cosas, la consecuencia en esta pretermisión, impone que

esta Sala declare fundado el recurso extraordinario de revisión y en

su lugar, disponga la infirmación de la sentencia de 10 de junio de

38
CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA SEXTA ESPECIAL
DE DECISIÓN. Sentencia de 5 de noviembre de 2019. Radicación número: 11001-03-15-000-2019-
00893-00(REV) Actor: YANETH REINA Demandado: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE
SANTANDER Y OTRO. C.P. CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

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2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que

revocó el fallo de primera instancia y accedió a las pretensiones de

la demanda.

En observancia del artículo 25539 del CPACA, se dispondrá, como

consecuencia de la nulidad de la sentencia, que se devuelva el

expediente ordinario radicado bajo el núm. 47-001-3333-001-

2018-00138-01 a la magistrada conductora del proceso para que

proceda a conferirle al Distrito de Santa Marta el término de 10 días

que trata el auto de 13 de noviembre de 2019 dictado en el proceso

47-001-3333-001-2018-00138-01, a fin de que presente alegatos

de conclusión en la segunda instancia y agotado dicho plazo,

profiera la sentencia que corresponda.

5.5 Condena en costas

Comoquiera que este recurso se declarará fundado, no hay lugar a

imponer dicha condena. Lo anterior, porque el artículo 255 de la

Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de

2021, prevé que “[...] Si se declara infundado el recurso, se

39
” [...] ARTÍCULO 255. SENTENCIA. <Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021. El nuevo texto es el siguiente:> Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
Si el competente
[...] halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la
causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen
para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.[...]”

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condenará en costas y perjuicios al recurrente”. Como en este caso,

no se da esta condición no procede dicha condena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de

revisión interpuesto contra la sentencia de 10 de junio de 2020,

proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el

expediente ordinario radicado bajo el núm. 47-001-3333-001-

2018-00138-01, por las razones expuestas en la parte motiva de

esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia, se INFIRMA la sentencia y se

ordena al Tribunal Administrativo del Magdalena que proceda a

conferirle al Distrito de Santa Marta el término de 10 días indicado

en el auto de 13 de noviembre de 2019, dictado en el proceso 47-

001-3333-001-2018-00138-01, a fin de que presente alegatos de

conclusión en la segunda instancia. Agotado dicho plazo, proferir la

sentencia que corresponda.

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TERCERO: No se condena en costas a la actora, por lo expuesto en

la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Tiénese a la doctora MARIA ALEJANDRA JARABA

ESCOBAR como apoderada del DISTRITO TURISTICO,

CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, parte actora, de

conformidad con el poder y los documentos anexos, obrantes en el

índice 22 del expediente digital.

QUINTO: En firme esta providencia, devuélvase al Tribunal

Administrativo del Magdalena el proceso 47-001-3333-001-2018-

00138-01, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Aclara voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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