Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00814-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00814-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2021-00814-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001032400020210081400
Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA
MARTA
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por
el DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA
MARTA1, contra la sentencia de 10 de junio de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de la cual se
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 13 de
junio de 2019, dictado por el Juzgado Primero Administrativo Oral
de Santa Marta2.
ANTECEDENTES
1.1. La señora INÉS CECILIA CABANA DE CORMANE promovió
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por conducto de apoderado, en
1
En adelante el Distrito de Santa Marta.
2
A través de este fallo se declaró probada la excepción de inexistencia del derecho y se denegaron
las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.
2
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00
Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA
Recurso Extraordinario de Revisión
contra de: i) la decisión de 15 de diciembre de 2017, expedida por
la Inspección de Policía de Bastidas, mediante la cual se declaró
contraventora del régimen de urbanismo a la señora INÉS
CECILIA CABANA DE CORMANE 3 , por lo que se ordenó la
demolición de la construcción en la zona de antejardín y el tercer
nivel del inmueble de su propiedad y se le impuso el pago de una
multa por valor de $100.598.000 y, ii) la Resolución núm. 021 de
15 de febrero de 2018, dictada por la Secretaría de Gobierno del
Distrito de Santa Marta, mediante la cual se confirmó en todas sus
partes el acto sancionatorio.
1.2. Tramitado el proceso ordinario ante el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, se profirió
sentencia el 13 de junio de 2019, en el sentido de denegar las
pretensiones de la demanda.
1.3. Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de
apelación, siendo resuelto por el Tribunal Administrativo del
Magdalena mediante sentencia de 10 de junio de 2020, por la cual
se REVOCÓ el fallo apelado y, en su lugar, se accedió 4 a las
pretensiones de la demanda.
3
Tal declaratoria porque según el acto acusado la infractora ejecutó una construcción en inmueble
de su propiedad que excedió e invadió área del espacio público en 21.32 m2, según la clasificación
ofrecida por el POT como antejardín y además, por haberse construido una tercera planta sin licencia
de construcción en un área de 115.4 m2.
4
El fallo en comento, dispuso: “1. Declarar la nulidad del acto administrativo proferido en audiencia
de fecha 15 de diciembre de 2017, por medio del cual se declaró contraventora a la señora INÉS
CECILIA CABANA DE CORMANE, en su condición de propietaria del inmueble ubicado en la Cra. 28 A
3
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00
Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA
Recurso Extraordinario de Revisión
1.4. El Distrito recurrente mencionó como hechos que anteceden a
la sentencia objeto del recurso, los siguientes:
1.4.1. Indicó que mediante la licencia núm. 006 de 26 de febrero
de 1983 se autorizó a la sociedad Construcciones El Reposo Ltda.,
la construcción de 10 unidades de viviendas unifamiliares de dos
plantas, localizadas en la Manzana D, en la que quedó incluido el
lote núm. 8, el cual debía conservar por la vía 4 una zona de
antejardín de 3 metros, un andén de 1.50 metros y una vía libre de
10 metros.
1.4.2. Refirió que la señora INÉS CECILIA CABANA DE
CORMANE es propietaria de un inmueble localizado en dicho lote,
el cual adquirió el 24 de agosto de 2015.
1.4.3. Destacó que, mediante dictamen pericial de 6 de junio de
2015, se rindió avalúo comercial en el que consta que el inmueble
adquirido tenía una vetustez de 32 años, tres pisos, seis
No. 14 A - 31 de esta ciudad, […]; del acto administrativo proferido en audiencia adelantada
el día 18 de diciembre de 2017, por medio del cual se decidió no reponer el acto administrativo
sancionatorio proferido en contra de la actora de audiencia de fecha 15 de diciembre de 2017, y se
concedió el recurso de apelación interpuesto de forma subsidiaria por la demandante; y de la
Resolución No. 021 del 15 de febrero de 2018, emanada de la Secretaría de Gobierno Distrital
de Santa Marta, “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación, proceso de restitución de
bienes de uso público EXP. 003-2017, Barrio El Reposo”, que confirmó en todas sus partes la sanción
proferida mediante audiencia realizada el día 15 de diciembre de 2017, en contra de la señora actora
INÉS CECILIA CABANA DE CORMANE y 2. A título de restablecimiento del derecho, declárese
que la actora, INÉS CECILIA CABANA DE CORMANE, no debe suma alguna al Distrito de Santa
Marta por concepto de la sanción urbanística impuesta en audiencia de fecha 15 de diciembre de
2017, confirmada en reposición en audiencia de fecha 18 del mismo mes y año, y en apelación a
través de la Resolución No. 021 de 15 de febrero de 2018, emanada de la Secretaría de Gobierno
Distrital de Santa Marta […]”.
4
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Recurso Extraordinario de Revisión
habitaciones y un área de construcción de 191 m2.
1.4.4. Que los señores YAMAL ACOSTA MORENO y MARÍA DE
JESSURUM radicaron el 21 de diciembre de 2016 y ante la
Secretaría de Planeación Distrital, solicitud de visita al mencionado
predio por la presunta construcción sin licencia y la afectación a las
viviendas aledañas.
1.4.5. Aseguró que en el operativo de control y vigilancia que se
adelantó el 21 de diciembre de 2016, se consignó lo siguiente:
“[…] Se evidencia una obra en modalidad de ampliación de dos
plantas con proyección a tres plantas, con 4 columnas y una
escalera metálica en zona de antejardín, presenta un voladizo
de 2,50 m en el antejardín, y se está haciendo un cambio de
cubierta en la segunda planta — “Tiene 4 columnas en la
segunda planta en zona de antejardín”. Igualmente, expone
que la persona que atiende la diligencia no quiso permitir el
ingreso ni suscribir el acta, y se citó al propietario a la
Secretaría de Planeación Distrital para el 27 de diciembre de
2016. (f. 53). Igualmente, se dispuso la suspensión de obra por
presunta infracción urbanística, a través de auto preventivo,
suscrito por el señor Secretario de Planeación Distrital de la
misma calenda (f. 54) […]”.
1.4.6. Con ocasión de esta visita, la Unidad de Control Urbano de
la Secretaría de Planeación conceptuó sobre la necesidad de
suspender la obra porque no había tramitado licencia que la
avalara.
1.4.7. Que el 27 de diciembre de 20165 funcionarios adscritos a la
Secretaría de planeación distrital mediante acta de visita técnica
5 Esta visita se realizó inicialmente el 22 de diciembre de 2016, y se rindió concepto radicado el núm.
00000247, pero según la demandante en el proceso ordinario contenía información errada por cuanto
no era la señalada infractora.
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Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA
Recurso Extraordinario de Revisión
núm. 2 acudieron al inmueble querellado y verificaron que la obra
continuaba, que el sello impuesto había sido roto y que era evidente
la ocupación de la zona de antejardín6.
1.4.8. El Inspector de Policía de Bastidas expidió la Resolución núm.
001 de 17 de febrero de 2017, por la cual ordenó la suspensión de
la obra en el inmueble de la actora.
1.4.9. Surtido el trámite administrativo, en específico, la audiencia
pública dentro del proceso de restitución de bien de uso público por
comportamiento contrario que afecta la integridad urbanística, la
querellada, por conducto de su apoderado judicial, formuló petición
de aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo
137 de la Ley 1801 de 2016 y, en consecuencia, pidió que se
tramitara el reconocimiento de la construcción.
1.4.10. Tal petición no se aceptó en atención al concepto del
Curador 7 ; y que una vez reanudada la audiencia se le declaró
contraventora urbanística, imponiéndole la sanción de demolición
de lo construido y pago de una multa de $100.598.000.
6 La accionante alegó que ese ingreso al inmueble se hizo a la fuerza y sin su presencia, además sin
mediar orden escrita, levantando un acta y profiriendo actos administrativos de suspensión de obra.
Además, indicó que se encontraba adelantando obras de refacción interna de techos, paredes dentro
de su vivienda por consecuencia de la ola invernal, para lo cual inicio actuaciones administrativas de
rigor para la consecución de permisos correspondientes, pero posteriormente desistió del trámite por
considerar que para realizar dichas reparaciones no necesitaba permiso.
7 En el escrito de este recurso se señaló que: “Mediante oficio del Curador Urbano núm 1, con fecha
de 13 de diciembre de 2017, dirigido al señor Inspector de Policía de Bastidas, se expresó que es
improcedente el reconocimiento de la edificación, ya que está ocupando presuntamente un espacio
público (f. 149). Tal solicitud fue controvertida por el representante de la actora durante la audiencia
pública adelantada el 5 de diciembre de 2017”.
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1.4.11. La anterior decisión fue objeto de los recursos de reposición
y, en subsidio, de apelación, siendo resuelto el primero, en
audiencia celebrada el 18 de diciembre de 2017; y el segundo, por
Resolución 021 de 15 de febrero de 2018, que confirmaron la
decisión recurrida.
1.5. Contextualizado el trámite administrativo, el Distrito recurrente
señaló que las decisiones expedidas en dicha sede fueron objeto del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En
primera instancia, el juez administrativo denegó las pretensiones de
la demanda.
1.6. Aludió al trámite judicial que se adelantó en segunda instancia
en razón al recurso de apelación interpuesto por la señora INÉS
CECILIA CABANA DE CORMANE contra el fallo del a quo,
resaltando que luego de que se admitiera el recurso de alzada8 se
ordenó correr traslado para alegar de conclusión, oportunidad en la
cual no pudo participar, por cuanto en su condición de autoridad
accionada no le fue notificada tal decisión.
1.7. Alegó que el auto de fecha 13 de noviembre de 2019 le fue
enviado al correo electrónico: notificacionesalcaldiadistrital@santamarta-
magdalena.gov.co, cuando correspondía que se hiciera al siguiente:
8
Según auto de 22 de agosto de 2019.
7
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Recurso Extraordinario de Revisión
notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co.
1.8. Que este error constituyó una violación al debido proceso
porque se expidió sentencia de segunda instancia sin que hubiese
enterado de la oportunidad concedida para pronunciarse en la etapa
de alegatos, la que calificó de fundamental para la defensa de sus
intereses, máxime cuando el fallo proferido accedió a las
pretensiones de la demanda.
PROVIDENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN
Corresponde a la sentencia de 10 de junio de 2020, proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se
resolvió el recurso de apelación interpuesto por la señora CABANA
DE CORMANE y que revocó el fallo denegatorio de pretensiones,
para en su lugar anular el acto sancionatorio y sus confirmatorios.
El problema jurídico que delimitó el ad quem se circunscribió a
examinar si el acto administrativo que declaró a la señora INÉS
CECILIA CABANA DE CORMANE contraventora de las normas
urbanísticas, estaba o no viciado de nulidad.
La razón que explicó el fallador de segunda instancia para revocar
la decisión del a quo, consistió en que halló probada la violación del
debido proceso, para lo cual adujo:
8
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Recurso Extraordinario de Revisión
“[...] La Sala revocará la sentencia recurrida, en atención a que
los actos administrativos acusados incurrieron en infracción de
las normas en las que debieron fundarse. Lo anterior, en
atención a que el estudio de las actuaciones adelantadas
por la demandada evidenciaron que el trámite del proceso
abreviado sancionatorio que dio origen a los actos censurados
se adhirió a lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 1801 de
2016; debiendo haberse tramitado bajo la égida del
régimen legal anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 239 ejusdem, que dispone que procedimientos como
el analizado debían ser adelantados hasta su finalización
conforme a la legislación vigente a la fecha de ocurrencia
de los hechos que motivaron su iniciación [...]”.
Así, concluyó que los actos administrativos acusados incurrieron en
infracción de la norma en que debieron fundarse, pues la actuación
no podía adelantarse bajo la vigencia de la Ley 1801 de 2016, por
lo que dispuso que la citada señora no debía suma alguna al Distrito
de Santa Marta. Y en cuanto a los perjuicios solicitados, no accedió
a su reconocimiento por no aparecer probados.
EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
EL DISTRITO DE SANTA MARTA, por conducto de apoderado
judicial, presentó escrito ante esta Corporación, en ejercicio del
recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 248 del
CPACA.
La decisión objeto del recurso, como se anunció, es la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena el 10 de junio de 2020, dentro del expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho núm. 47001333300120180013801.
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Recurso Extraordinario de Revisión
Como causal del recurso extraordinario invocó la prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, fundada en la ocurrencia del
evento previsto en el numeral 6 del artículo 133 del CGP, como
causal de nulidad del proceso, esto es, “[…] cuando se omita la
oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso
o descorrer su traslado […]”.
Aludió al concepto del debido proceso y el ejercicio correcto del
derecho de defensa, a través, entre otros, de la presentación de los
alegatos de conclusión, como instrumento esencial para esgrimir
los puntos importantes en el desarrollo del proceso judicial, en
razón a que “es la última oportunidad de las partes para ponerle de
presente al juez sus consideraciones e incluso elementos que, por
algún motivo, no se hayan valorado en el curso de un proceso”.
En relación con las normas sobre notificaciones, transcribió el
artículo 2059 del CPACA, en su redacción original y lo invocó como
la norma vigente para el momento de los hechos.
9
“Artículo 205. Además de los casos contemplados en los artículos anteriores, se podrán notificar las
providencias a través de medios electrónicos, a quien haya aceptado expresamente este medio de
notificación.
En este caso, la providencia a ser notificada se remitirá por el secretario a la dirección electrónica
registrada y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e
integridad del mensaje. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador
recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.
El secretario hará constar este hecho en el expediente.
De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta
permanente en línea por cualquier interesado.”
10
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Recurso Extraordinario de Revisión
Con fundamento en la referida disposición aseguró que el Distrito
no pudo ejercer, en debida forma, su derecho a la defensa, toda
vez que hubo una indebida notificación del auto que corrió traslado
para alegar de conclusión, en razón a que la referida comunicación
fue enviada a un correo distinto al dispuesto por la entidad para
notificaciones judiciales.
Al margen de esta situación, alegó que el fallador de segunda
instancia puso de presente una vulneración al ordenamiento
jurídico por parte de la infractora, pero, aun así, prefirió darle
prevalencia al derecho procesal al considerar que el proceso debió
adelantarse bajo otras reglas.
Finalizó diciendo que resultó desproporcionado dejar sin efectos
una decisión por un eventual e insignificante vicio procedimental,
cuando existen protuberantes transgresiones e infracciones al
ordenamiento jurídico que son evidentes; y que, además, fueron
establecidas como ciertas en primera y segunda instancia.
TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
4.1. Mediante proveído de 20 de mayo de 2022, el Despacho
admitió el recurso y ordenó notificar a la señora INÉS CECILIA
CABANA DE CORMANE y a la Procuraduría Delegada ante esta
Corporación.
11
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00
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Recurso Extraordinario de Revisión
4.2. Cumplidas en debida forma las notificaciones10, el Ministerio
Público y la parte demandante, en el proceso ordinario, no se
pronunciaron en relación con lo pretendido en el recurso
extraordinario.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1 Competencia de la Sala
En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso
extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y
los jueces administrativos.
Frente a la competencia asignada a esta Sección, el artículo 249 del
CPACA dispone que conocerá del recurso extraordinario de revisión
contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos, según la materia.
En este caso, le corresponde a esta Sala decidir el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo dictado por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, atendiendo a la distribución
de los procesos entre las Secciones, prevista en el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019, Reglamento de la Corporación.
10
Según da cuenta los documentos soporte del envío de los correos electrónicos. Visible en el índice
6 del registro del expediente Digital en el aplicativo SAMAI. Soporte notificación Auto que admite
recu(.pdf) NroActua 6
12
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00
Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA
Recurso Extraordinario de Revisión
5.2 Generalidades del recurso extraordinario
Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario
establecido por el legislador como excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a
cosa juzgada11.
Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha
adquirido firmeza, bajo el entendido que su controversia se
sustenta en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas
previstas en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003
que se tramitan bajo este procedimiento especial.
El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la
justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la
decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se
prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se
encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador
con lo cual procede la información 12 , tanto para “enmendar los
errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para] restituir
el derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en
razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico”13.
11
Y excepcionalmente de algunos autos que finalizan el proceso.
12
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera
en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.
13
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009. M.P María Victoria Calle.
13
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00
Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA
Recurso Extraordinario de Revisión
En estos términos, la Corte constitucional precisó:
“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos
hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el
sentido de justicia que de ella emana. La acción de
revisión, en la medida en que afecta la certeza brindada por
la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria, sino que además
procede por las causales taxativamente señaladas por
la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta
taxatividad es razonable, pues se trata de una figura que
modifica providencias amparadas en el principio de cosa
juzgada, y por ello las causales previstas para la revisión
deben ser aplicadas e interpretadas en sentido
restringido”14.
Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de
constituir un nuevo trámite ajeno al proceso en el que se dictó la
decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio
para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en
razón a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y
la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural;
es decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse
aspectos que encuadren en alguna de las causales taxativas15 que
habilitan su procedencia.
14
Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15
En Efecto, la taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la
jurisprudencia destacó: “Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso,
enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta
de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad
con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso
extraordinario que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1° de
diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV). Actor: Municipio
de Belmira y Otros. Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C.P. Susana Buitrago
Valencia.
14
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Recurso Extraordinario de Revisión
5.3 De la causal invocada
En el asunto bajo examen se invocó la causal 5ª del artículo 250 de
la Ley 1437 de 201116, cuyo texto es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
[...]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación. […].”
En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa
que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta
Corporación, aclarando que puede provenir de una nulidad
procesal, en los términos del artículo 133 del CGP, o de una de
carácter constitucional, fundada en el artículo 29 Superior 17.
En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan
así:
1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario
y contra la que no procede recurso de apelación.
16
En vigencia del CCA correspondía a la enlistada en el numeral 6° del artículo 188, por lo tanto, cuando
se haga mención a esta como consecuencia de decisiones judiciales dictadas en su vigencia ha de
entenderse que se trata de la prevista ahora en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
17
Sobre el particular esta Corporación precisó: “[…] las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las
que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el
artículo 29 […]”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga
Melida Valle de De la Hoz
15
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00
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2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la
expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente
controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta,
y que, por oportunidad, debieron ser alegadas cuando ocurrieron,
según el artículo 13418 del CGP.
3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio
grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que
de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se
evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la
ley o in iudicando.
Ahora bien, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales
de nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General
del Proceso como constitutivas de este vicio en los términos de
artículo 133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la
sentencia.
En este primer escenario 19 , la jurisprudencia se decantó por
identificar que para la interpretación de la causal invocada debía
18
“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]”
19
El consejo de Estado desde la previsión de este recurso extraordinario y en específico, para esta
causal de nulidad originada en la sentencia ha transitado por diversas posturas de interpretación de
las cuales se identificaron 3 etapas según se lee en la providencia 3 de febrero de 2015. Radicación
número: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P.
Olga Mélida Valle de De La Hoz (E), que las recoge así: i) Las causales de nulidad de la sentencia
son las que define la jurisprudencia, ii) Las causales de nulidad de la sentencia son las que expresa
y taxativamente define el artículo 140 del CPC –art. 133 CGP, y iii) Las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas tanto en la jurisprudencia como en el artículo 140 del CPC.
16
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Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA
Recurso Extraordinario de Revisión
acudirse al artículo 140 del CPC, hoy 133 del CGP, a fin de delimitar
las circunstancias en las cuales se podría encuadrar la nulidad
invocada, y para ello ejemplarizó algunas situaciones que podrían
dar lugar a su configuración. Al respecto, es del caso traer a
colación el siguiente pronunciamiento20:
“[…] De forma más clara expresó la sentencia del 4 de
noviembre de 1999 - exp. 2185 - que las nulidades a las
que remite el recurso extraordinario de revisión, por la
causal sexta, son las previstas en el artículo 140 del
CPC21. El razonamiento fue el siguiente: i) la sentencia hace
parte del proceso, y lo concluye; ii) como lo señala el artículo
140, el proceso solamente es nulo por las causales allí
señaladas; por tanto iii) la nulidad que se origina en la
sentencia se configura solo por las causales previstas en la
disposición referida.
A partir del razonamiento precedente, se destacaron
algunos eventos que configurarían la nulidad originada
en la sentencia, los cuales no se aducen como causales
de nulidad propiamente dicha, sino eventos,
circunstancias, ejemplos, que se desprenden de las
causales del artículo 140, cuya abstracción se concretiza. La
providencia señaló:
“La sentencia, que es la providencia mediante la cual se
decide sobre las pretensiones de la demanda y las
excepciones de fondo y con la cual, de ordinario, concluye el
proceso, es, obviamente, parte del proceso en que se
dicta. Y el proceso es nulo, en todo o en parte, solo por
las causas establecidas en el artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil.
“Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la
sentencia puede ocurrir, según el artículo 140 referido, (i)
cuando se provee sobre aspectos para los que el juez no
tiene jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando,
(ii) sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, o (iii)
sin más actuación se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, porque así se revive un proceso
legalmente concluido, o (iv) cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite correspondiente,
20
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00157-
01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)
21
Debe entenderse que en la normativa vigente se entiende el artículo 133 del CGP.
17
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00
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Recurso Extraordinario de Revisión
porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando
(v) se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en esta, o (vi) se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo
concerniente, también (vii) se pretermite íntegramente la
instancia (numeral 3); o cuando, (viii) sin más actuación,
se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre
otros eventos. (…)
“Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil alegó el recurrente en
apoyo del cargo de nulidad de la sentencia, lo cual sería
bastante para desestimar el recurso […]”. (Cursiva fuera de
texto)”
A esta remisión normativa se sumó la interpretación contenida en
la sentencia de exequibilidad22 de la Corte Constitucional C-491-95.
Allí, la Corte entendió que además de las causales del artículo 140
del CPC23 debía comprender la de violación al debido proceso, bajo
el entendido de que es una garantía que debe observarse en el
trámite procesal y que su previsión está en la Constitución Política.
Al respecto precisó:
“[…] Al examinar las causales de nulidad previstas en el art.
140, claramente se advierte que allí no aparece enlistada
la referida nulidad de carácter constitucional. Sin
embargo, esta omisión obedece a la circunstancia de que
dicha norma es anterior a la Constitución de 1991.
• No se opone a la norma del art. 29 de la Constitución la
circunstancia de que el legislador señale taxativamente
las causales o motivos de nulidad, por las siguientes
razones:
22
En el proceso de control de constitucionalidad se cuestionó el inciso 1° del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989,
específicamente la expresión “solamente” de la frase “Causales de nulidad: El proceso es nulo en
todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]". Del examen de constitucionalidad la Corte
concluyó “Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso 1° del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989, con la
advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales en los procesos
civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista
en el art. 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos […]”
23
Actualmente está previsto en el artículo 133 del CGP.
18
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Recurso Extraordinario de Revisión
La Constitución en el art. 29 señala los fundamentos básicos
que rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador
dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a
criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a través
de las correspondientes fórmulas normativas las formas o actos
procesales que deben ser cumplidos para asegurar su vigencia
y respeto. En tal virtud, la regulación del régimen de las
nulidades, es un asunto que atañe en principio al
legislador, el cual puede señalar, con arreglo a dichos
criterios y obedeciendo al principio de la
proporcionalidad normativa, las causales o motivos que
generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad de las
actuaciones procesales y consecuentemente el debido proceso.
Conforme a lo anterior no corresponde, en principio, al
Constituyente señalar las causales de nulidad en los procesos.
La aludida nulidad constitucional que consagra el art. 29,
constituye una excepción a dicha regla. […]
Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad
para determinar los casos en los cuales un acto procesal
es nulo por carencia de los requisitos formales y
sustanciales requeridos para su formación o
constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se
respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las
nulidades por el legislador. […]
Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a
los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido
proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de las
partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del
C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es posible
declarar la nulidad, previo el trámite incidental
correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser
invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución,
según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin
la observancia de las formalidades legales esenciales
requeridas para la producción de la prueba, especialmente
en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a
la cual se opone ésta. Por lo tanto, se declarará exequible la
expresión demandada, con la referida advertencia.
Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la
referida regulación normativa, respeta la voluntad política del
legislador, en cuanto reguló de manera taxativa o
específicamente las causales legales de nulidad en los procesos
civiles, las cuales ahora con el cambio constitucional se
19
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Recurso Extraordinario de Revisión
encuentran adicionadas con la prevista en la norma del
art. 29, a la cual se hizo referencia. […]”24.
Bajo este análisis, la Corporación 25 ha delimitado que la causal
examinada se predica, entre otras, cuando la sentencia: i) no
cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación; ii)
se profiere dentro de un proceso culminado por desistimiento,
transacción o perención; iii) se dicta en un proceso que se
encuentra suspendido o interrumpido; iv) se profiere fallo
condenatorio contra un tercero que no fue vinculado al proceso; v)
se profiere sentencia con falta de competencia o de jurisdicción;
vi) el fallo carece de motivación formal y material, vii) se aprecia
incongruencia26; viii) se profiere un fallo inhibitorio injustificado27
y ix) se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus.
Este examen, sobre el alcance y contenido de la causal invocada,
impone que el recurrente en ejercicio de su derecho de acción
precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad y que ella
obedezca bien a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del
CGP o a la invocación de transgresión del derecho fundamental del
24
Corte Constitucional. Sentencia C-491-95 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
25
En una inicial etapa, la jurisprudencia identificó que ocurriría cuando: i) la sentencia hubiera sido
firmada por un número diferente de magistrados al que ordena la ley; ii) que la sentencia se hubiera
proferido dentro de un proceso que había culminado por desistimiento, transacción o perención; iii)
que se profiera en un proceso que se encuentre suspendido o interrumpido. (Sentencia de Sala Plena
del 08 de septiembre de 1992. Exp. 039. Tesis reiterada por la Sección Segunda en la sentencia del
18 de mayo de 1993. Exp. 4092. Tesis reiterada en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado,
el 1 de diciembre de 1997. Exp. 080.) Y luego se agregaron las siguientes: i) Cuando se condena a
quien no es parte; ii) cuando la sentencia se profiere con falta de competencia o de jurisdicción, y
iii) cuando carezca completamente de motivación.
26
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de
2016. Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
27
Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto
Yepes Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
20
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Recurso Extraordinario de Revisión
debido proceso, en una de las circunstancias identificadas por la
jurisprudencia.
Aclarado este contexto, la Sala se ocupará de examinar el reproche
invocado por la parte actora a fin de identificar si se configura la
causal invocada.
5.4 Estudio del caso concreto
En esta oportunidad le corresponde a la Sala identificar si como lo
alega el Distrito recurrente, existe nulidad que vicie la sentencia al
presuntamente haberse notificado en indebida forma el auto que
corrió traslado para alegar de conclusión en el trámite de la
segunda instancia. Lo anterior, por cuanto tal decisión no se
“notificó” al correo electrónico de la entidad accionada en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Para tal fin la Sala analizará, en primer lugar, la manera como se
notifican los autos en los procesos judiciales en vigencia del CPACA,
codificación aplicada al trámite del proceso ordinario. Precisada tal
situación, se estudiará lo ocurrido en el trámite judicial que se
cuestiona, para luego resolver sobre la ocurrencia o no de la
alegación que se plantea como constitutiva de causal para infirmar
la sentencia recurrida.
21
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5.4.1 De la notificación del auto que corre traslado para
alegar
El Distrito recurrente interpone este recurso extraordinario bajo el
entendido de que el auto que corrió traslado para alegar de
conclusión, en segunda instancia, es una decisión judicial que debe
notificarse por correo electrónico.
De esta manera, se debe establecer la norma vigente para la época
en que se expidió la providencia y determinar cuál era la forma de
notificar esta decisión judicial.
Para tal efecto, se tiene que el artículo 201 del CPACA, aplicable al
caso bajo examen, prevé:
“[…] ARTÍCULO 201. NOTIFICACIONES POR ESTADO. Los
autos no sujetos al requisito de la notificación personal SE
NOTIFICARÁN POR MEDIO DE ANOTACIÓN EN ESTADOS
ELECTRÓNICOS PARA CONSULTA EN LÍNEA BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO. La inserción en el
estado se hará el día siguiente al de la fecha del auto y en ella ha
de constar:
1. La identificación del proceso.
2. Los nombres del demandante y el demandado.
3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.
4. La fecha del estado y la firma del Secretario.
El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama
Judicial y permanecerá allí en calidad de medio notificador durante
el respectivo día.
De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará
certificación con su firma al pie de la providencia notificada y SE
ENVIARÁ UN MENSAJE DE DATOS a quienes hayan
suministrado su dirección electrónica.
De los estados que hayan sido fijados electrónicamente se
conservará un archivo disponible para la consulta permanente en
22
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línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10)
años.
Cada juzgado dispondrá del número suficiente de equipos
electrónicos al acceso del público para la consulta de los estados.
[…]”.
De acuerdo con esta disposición, y atendiendo a que el auto que
corre traslado para alegar no es de aquellos que se notifican de
manera personal, la ley estableció que la forma de realizarse es a
través de un estado electrónico, respecto del cual, además, se debe
surtir el envío de un mensaje de datos de manera obligatoria a
quienes hayan suministrado un correo electrónico con tal fin, esto
en vigencia de la Ley 1437 de 2011, sin la modificación introducida
por la Ley 2080 de 202128.
Precisamente, este criterio fue considerado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en auto de unificación29, al señalar que:
• “[…] Notificaciones judiciales en el proceso
administrativo y de lo contencioso administrativo (Ley
1437 de 2011)
A diferencia del código anterior, la Ley 1437 de 2011 «[por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo», en el Título V, Capítulo VII
desarrolla un régimen primario sobre notificación de las
providencias. En este sentido, el artículo 196 señala que «las
providencias se notificarán a las partes y demás interesados con
las formalidades prescritas en este Código y en lo no previsto, de
28
El artículo 50 modificó esta norma en los siguientes términos: “[…] <Inciso modificado por el
artículo 50 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las notificaciones por estado se
fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por
el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un
mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales […]”
29
La regla de unificación que se adoptó es la siguiente: “La notificación de las sentencias por vía
electrónica prevista en el inciso primero del artículo 203 del CPACA se entenderá realizada una vez
transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr
a partir del día siguiente al de la notificación”
23
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conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento
Civil30».
Y el artículo 197 establece el deber para las entidades públicas de
todos los niveles, las privadas que ejerzan funciones públicas y el
Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, de tener un
buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir
notificaciones judiciales.
Cabe destacar que la norma de manera expresa señala que «para
los efectos de este código SE ENTENDERÁN COMO
PERSONALES LAS NOTIFICACIONES surtidas a través del
buzón de correo electrónico».
Ahora bien, en el actual ordenamiento contencioso administrativo,
teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas por las leyes
2080 de 2021 y 2213 de 202231, están previstas las siguientes
clases de notificaciones:
a. Notificación personal
Notificación personal de autos
De conformidad con el artículo 198 del CPACA, se deben notificar
personalmente los siguientes autos:
«1. Al demandado el auto que admita la demanda.
2. A los terceros, la primera providencia que se dicte respecto de
ellos.
3. Al Ministerio Público el auto admisorio de la demanda, salvo que
intervenga como demandante. Igualmente, se le notificará el auto
admisorio del recurso en segunda instancia o del recurso
extraordinario en cuanto no actúe como demandante o
demandado.
4. Las demás para las cuales este código ordene expresamente la
notificación personal».
[…] b) Notificación por estado
Notificación por estado de autos:
El artículo 201 del CPACA regula la notificación por estado de los
autos que no requieren de notificación personal, la cual consiste
en la anotación en estados electrónicos para consulta en
línea. Conforme con la modificación efectuada por el artículo 50
de la Ley 2080 de 2021, esta notificación deberá ser fijada
virtualmente con inserción de la providencia, sin que sea necesario
imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con
firma al pie de la providencia respectiva.
30
Hoy Código General del Proceso.
31
“Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y
se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del
servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”.
24
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Debe precisarse que la notificación por estado no puede
asimilarse a una notificación electrónica, pues si bien el
precitado artículo 201 dispone que se enviará un mensaje
de datos al canal digital de los sujetos procesales, tal
actuación se limita a comunicar a las partes sobre la
existencia de la notificación por estado, pues la providencia
se encuentra inserta en el estado fijado virtualmente en la página
web de la autoridad judicial.
Lo anterior incide en la contabilización de los respectivos términos
procesales, pues los mismos empezarán a correr al día hábil
siguiente a la desfijación del estado32.
Por lo demás, se observa que el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022
que regula la notificación por estado de las providencias, no
consagró la obligación del envío del mensaje de datos al
canal digital de los sujetos procesales […]”33.
De este modo, la notificación del auto que corre traslado para
alegar de conclusión no es personal y en ese sentido, no se
cumple de manera electrónica, sino que se realiza por estado y el
conteo de los términos corre a partir del día siguiente de su fijación.
5.4.2 Examen de la actuación surtida en el proceso ordinario
En relación con la notificación del auto de 13 de noviembre de 2019,
a través del cual se dio traslado para alegar de conclusión en el
proceso en el que se dictó la sentencia recurrida, se tiene que no
hubo una indebida notificación habida cuenta que el Tribunal
Administrativo del Magdalena lo notificó mediante estado
electrónico del cual se verificó su consulta y la visualización de la
32
Artículos 118 y 318 del Código General del Proceso y 244 del CPACA.
33
CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONSEJERA
PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO AUTO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL Bogotá,
D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
25
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Recurso Extraordinario de Revisión
providencia notificada, conforme consta en la página web de la
Rama Judicial34, en la que reposa dicho archivo digital.
En efecto, verificado en el enlace se aprecia el siguiente auto:
34
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2220876/30692055/tam18112019.pdf/dd060aaf-
ffe1-4dc3-b216-e46597e46a89
26
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Todo lo anterior, identifica que, en principio, el motivo que alegó la
parte recurrente no se encuentra probado, razón esta suficiente
para declarar infundado el recurso extraordinario, habida cuenta
que la notificación que reprocha el aquí recurrente no debía
cumplirse según el artículo 205 del CPACA, que invocó para
sustentar su dicho.
Pese a la anterior conclusión, la Sala interpreta que el reproche es
frente al envío equivocado del mensaje de datos para informar de
la fijación del estado a un correo diferente al suministrado por el
recurrente. Ello, al darle alcance a la alegación del Distrito:
27
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Recurso Extraordinario de Revisión
“[…] En consecuencia, en el caso que nos ocupa, la Alcaldía del
Distrito de Santa Marta no pudo ejercer, en debida forma, su
derecho a la defensa, al no haber sido notificada correctamente
del auto que corrió traslado para alegar de conclusión expedido
por el Tribunal Administrativo de Santa Marta, en razón a que la
referida comunicación fue enviada a un correo distinto al dispuesto
por la entidad para notificaciones judiciales.
El correo de notificaciones judiciales de la Alcaldía de Santa Marta
es el siguiente: notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co. Lo
anterior, puede apreciarse tanto en el expediente del proceso, como
en la página web de la entidad territorial. En consecuencia, se
observa que la notificación del auto que corrió traslado para alegar
de conclusión en segunda instancia fue realizada a un correo
distinto al indicado […]”.
Por tal razón, la Sala pasará a examinar si la Secretaría del Tribunal
procedió en observancia de la carga que impone el artículo 201 del
CPACA, y remitió al buzón electrónico de la entidad accionada el
mensaje de la notificación por estado electrónico.
De acuerdo con los documentos que se acompañaron al expediente
se tiene que sí se remitió el mensaje de datos, solo que tal y como
lo reclama el Distrito recurrente la dirección de correo electrónico
no coincide con aquella que informó al contestar la demanda e
identificó como buzón para recibir notificaciones35:
35
Folio 249 del documento 4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) Nr oActua 2 del Registro 5 de SAMAI.
Demanda por ventanilla virtual
28
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A tal conclusión se arriba de la consulta de la comunicación al buzón
de mensajes, respecto de la fijación del estado electrónico 195 de
18 de noviembre de 2019, que informa36:
Es entonces esta deficiencia, la del envió de la comunicación de la
fijación del estado electrónico, la que ha de verificarse para
establecer si se configura o no la causal invocada, y si bajo el
entendido que manifiesta el recurrente, tal error impactó su
derecho de defensa.
5.4.3 Defensa del recurrente frente a la imposibilidad de
presentar los alegatos de conclusión en segunda instancia
La Sala estima que el error identificado en el envío del mensaje al
buzón electrónico, conforme lo señaló el Distrito recurrente, impidió
36
Folio 369 del documento 4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) Nr oActua 2 del Registro 5 de SAMAI.
Demanda por ventanilla virtual
29
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Recurso Extraordinario de Revisión
que se materializara en debida forma su derecho de defensa, al no
haber podido pronunciarse respecto del recurso de apelación
interpuesto.
Tal omisión acaeció en la etapa procesal de alegatos de conclusión,
que ocasionó la falencia en el procedimiento completo de
notificación de dicho auto, hecho que impidió el ejercicio de sus
derechos con la plenitud de las garantías que deben observarse en
el trámite judicial a efectos de evitar que se configure una nulidad
que afecte la sentencia.
Cabe señalar que en un asunto en el que se examinó tal conducta
omisiva, esta Corporación concluyó que la remisión incorrecta del
mensaje que ordena el artículo 201 del CPACA, imposibilita el
ejercicio pleno del derecho de defensa, así:
“[…] 89. Por tanto, el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá al momento de realizar la
notificación del auto que dispuso el rechazó la demanda de
reparación directa, no podía desatender el tenor de dichas
disposiciones normativas, en el sentido de omitir enviar
el mensaje de datos a los correos electrónicos
mencionados en la demanda para efectos de notificación
de las actuaciones que se surtieran al interior de tal
proceso.
90. En otras palabras, los demandantes en el escrito de
demanda, suministraron los correos electrónicos
zaidapatricia16@hotmail.com y eden_yamith@hotmail.com,
sin que se le remitiera la notificación del estado
contentivo de la providencia que rechazó la demanda de
reparación directa por lo que en efecto, SE LES IMPIDIÓ
CONOCER SU CONTENIDO Y CUESTIONAR LA
PROVIDENCIA DENTRO DEL TÉRMINO PROCESAL
30
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Recurso Extraordinario de Revisión
ESTABLECIDO EN EL CPACA PARA ELLO. Lo anterior
constituye un defecto procedimental y vulnera las garantías
que emanan del derecho al debido proceso.
91. Por otro lado, la Sala también resalta que el Juzgado 37
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, consideraron en las providencias
reprochadas, que no se presentó la alzada dentro del término
procesal establecido para ello, contando tal periodo desde la
notificación por estado, en tanto que en su parecer el auto que
rechazó la demanda no se encontraba sujeto al requisito de
notificación personal.
92. Sin embargo, la Sección insiste que las autoridades
judiciales no podían desatender el contenido de los
artículos 201 y 205 del CPACA antes mencionados y que
establece que para efectos de entender surtida las
notificaciones por estado y por medios electrónicos de la
providencia a comunicar, SE DEBE TAMBIÉN ENVIAR UN
MENSAJE DE DATOS A LOS SUJETOS PROCESALES; y
privilegiar una interpretación que además de alejarse del
contenido normativo, afecta las garantías constitucionales de
los sujetos procesales.
93. Sin duda, la interpretación que más se acompasa al
texto legal y a los derechos constitucionales y garantías
procesales es la que deriva de la necesidad de cumplir el
mandato normativo de remitir electrónicamente las
notificaciones por estado, en casos como el que aquí se
estudia [...]”37.
Así pues, la pretermisión que castiga de nulidad el artículo 133 del
CGP está atada a la imposibilidad de otorgarle efectos plenos a la
actuación procesal y que por este motivo y ante la imposibilidad de
alegarla previo a proferir la sentencia de segunda instancia, se
verifica que se le impidió expresar sus argumentos finales y los de
defensa a la actuación administrativa adelantada y a los actos
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA. Sentencia
de 12 de mayo de 2022. Demandante: Sandra Matilde Contreras Demandados: Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A y otro Rad: 11001-03-15-000-
2022-01621-00. MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00
Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA
Recurso Extraordinario de Revisión
administrativos acusados, que por ocasión del fallo de segunda
instancia se anularon.
En relación con la importancia de esta etapa procesal, esta
Corporación, señaló:
“[…] En ambos casos la norma exige un presupuesto de
admisibilidad o examen preliminar de admisión con el propósito
de verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia
del recurso de apelación, de lo que sigue el auto admisorio. Así
mismo, las dos preceptivas contemplan la posibilidad de
solicitar pruebas, durante el término de ejecutoria del auto que
admite el recurso. También prevén el agotamiento de una
etapa de alegaciones y fallo. DE AHÍ QUE DEBA
ARRIBARSE A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL TRÁMITE
PREVIO A LA ETAPA DE SENTENCIA, esto es, la admisión
del recurso, contribuye a la materialización del ejercicio
del derecho de defensa y contradicción, y por tanto del
debido proceso, comoquiera que implica la posibilidad de
solicitar pruebas Y, SOBRE TODO, PERMITIR A LA PARTE
QUE NO APELÓ CONTROVERTIR EL FUNDAMENTO DE LA
ALZADA DE LA PARTE CONTRARIA, A TRAVÉS DE SUS
ALEGACIONES FINALES […]”38.
Por todo lo expuesto, se concluye que al haberse dictado sentencia
de segunda instancia en el proceso ordinario radicado bajo el núm.
47-001-3333-001-2018-00138-01, sin aplicar de manera completa
el trámite previsto en las normas procesales, se incurrió en una
causal de nulidad originada en la sentencia.
Así las cosas, la consecuencia en esta pretermisión, impone que
esta Sala declare fundado el recurso extraordinario de revisión y en
su lugar, disponga la infirmación de la sentencia de 10 de junio de
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CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA SEXTA ESPECIAL
DE DECISIÓN. Sentencia de 5 de noviembre de 2019. Radicación número: 11001-03-15-000-2019-
00893-00(REV) Actor: YANETH REINA Demandado: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE
SANTANDER Y OTRO. C.P. CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00
Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA
Recurso Extraordinario de Revisión
2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que
revocó el fallo de primera instancia y accedió a las pretensiones de
la demanda.
En observancia del artículo 25539 del CPACA, se dispondrá, como
consecuencia de la nulidad de la sentencia, que se devuelva el
expediente ordinario radicado bajo el núm. 47-001-3333-001-
2018-00138-01 a la magistrada conductora del proceso para que
proceda a conferirle al Distrito de Santa Marta el término de 10 días
que trata el auto de 13 de noviembre de 2019 dictado en el proceso
47-001-3333-001-2018-00138-01, a fin de que presente alegatos
de conclusión en la segunda instancia y agotado dicho plazo,
profiera la sentencia que corresponda.
5.5 Condena en costas
Comoquiera que este recurso se declarará fundado, no hay lugar a
imponer dicha condena. Lo anterior, porque el artículo 255 de la
Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021, prevé que “[...] Si se declara infundado el recurso, se
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” [...] ARTÍCULO 255. SENTENCIA. <Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021. El nuevo texto es el siguiente:> Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
Si el competente
[...] halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la
causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen
para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.[...]”
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00
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Recurso Extraordinario de Revisión
condenará en costas y perjuicios al recurrente”. Como en este caso,
no se da esta condición no procede dicha condena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la sentencia de 10 de junio de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el
expediente ordinario radicado bajo el núm. 47-001-3333-001-
2018-00138-01, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia, se INFIRMA la sentencia y se
ordena al Tribunal Administrativo del Magdalena que proceda a
conferirle al Distrito de Santa Marta el término de 10 días indicado
en el auto de 13 de noviembre de 2019, dictado en el proceso 47-
001-3333-001-2018-00138-01, a fin de que presente alegatos de
conclusión en la segunda instancia. Agotado dicho plazo, proferir la
sentencia que corresponda.
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00
Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA
Recurso Extraordinario de Revisión
TERCERO: No se condena en costas a la actora, por lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Tiénese a la doctora MARIA ALEJANDRA JARABA
ESCOBAR como apoderada del DISTRITO TURISTICO,
CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, parte actora, de
conformidad con el poder y los documentos anexos, obrantes en el
índice 22 del expediente digital.
QUINTO: En firme esta providencia, devuélvase al Tribunal
Administrativo del Magdalena el proceso 47-001-3333-001-2018-
00138-01, para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de agosto de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Aclara voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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