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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00008-00

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00008-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo 2°, numeral 1, de la Resolución 0784 de 2020, expedido por el Ministerio del Trabajo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Esta decisión no afecta situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de las disposiciones ilegales. SEGUNDO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NO CONDENAR en costas. 20 “[…] ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [...]” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00008-00 Actor: RICARDO AGUILAR CAMACHO CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2022-00008-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00008-00
Actor: RICARDO AGUILAR CAMACHO

TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DEL ARTÍCULO 2°, NUMERAL 1, DE
LA RESOLUCIÓN 0784 DE 2020, TODA VEZ QUE EL MINISTERIO DEL
TRABAJO CARECÍA DE COMPETENCIA PARA SUSPENDER TÉRMINOS
EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE ADELANTABA
PREVIO A LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020.
SE DENIEGAN LAS DEMÁS PRETENSIONES DE LA DEMANDA POR
CUANTO EL MINISTERIO, CON POSTERIORIDAD A LA EXPEDICIÓN
DEL DECRETO LEGISLATIVO MENCIONADO, YA ERA COMPETENTE
PARA EXPEDIR LOS DEMÁS ACTOS ACUSADOS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor

Ricardo Aguilar Camacho, quien actúa en nombre propio, tendiente

a que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 0784 de 17 de

marzo de 2020, “Por medio de la cual se adoptan medidas

transitorias por motivos de emergencia sanitaria”; 0876 de 1o.

de abril de 2020, “Por medio de la cual se modifican las medidas

transitorias previstas en la Resolución núm. 0784 del 17 de

marzo de 2020 en virtud de lo dispuesto en el Decreto 417 de

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00008-00
Actor: RICARDO AGUILAR CAMACHO

2020”; y 1590 de 8 de septiembre de 2020, “Por medio de la cual

se levanta la suspensión de términos señalada en la Resolución

784 del 17 de marzo de 2020, modificada por la Resolución

0876 del 1 de abril de 2020, respecto de los trámites

administrativos, investigaciones y procesos disciplinarios en el

Ministerio de Trabajo”, expedidas por el Ministerio del Trabajo.

I.- LA DEMANDA

I.1. El señor Ricardo Aguilar Camacho, actuando en nombre propio

y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo

137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo -CPACA-, presentó demanda ante esta Corporación

tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: SE DECLARE LA NULIDAD TOTAL de la
Resolución No. 784 de fecha 17 de marzo 2020, publicada en
el Diario Oficial No. 51.259 (17/03/202), por medio de la cual el
MINISTERIO DE TRABAJO en cabeza del Dr. Ángel Custodio
Cabrera Báez, adoptó medidas transitorias por motivos de
emergencia sanitaria de carácter administrativo, como
consecuencia de la existencia de vicios insanables que afectan la
validez del acto demandado relacionadas con falta de competencia,
violación o infracción de las normas en que debía fundamentarse,
y expedición irregular, conforme con lo argumentado en el acápite
denominado “CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN”.

SEGUNDA: Por la misma vía, DECLARESE LA NULIDAD de los
actos administrativos de carácter general expedidos con base en la
Resolución No. 784 del 17 de marzo de 2020, tales como la
Resolución No. 876 del 1º de abril de 2020, en la medida que
guarda correlación de causalidad directa con el acto anteriormente
demandado, y, por ende, se ve igualmente afectada con su nulidad.

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Actor: RICARDO AGUILAR CAMACHO

TERCERA: En consecuencia, DECLARESE LA INTEGRA NULIDAD
de los actos administrativos de carácter general expedidos con
base en la Resolución No. 784 del 17 de marzo de 2020, tales como
la Resolución No. 1590 de fecha 8 de septiembre 2020, en la
medida que guarda correlación de causalidad directa con el acto
anteriormente demandado, y, por ende, se ve igualmente afectada
con su nulidad […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los

siguientes:

Indicó que la Organización Mundial de la Salud - OMS1, el 7 de enero

de 2020, declaró el brote de coronavirus covid-19 como emergencia de

salud pública de importancia internacional y el 11 de marzo de ese año

declaró la enfermedad como una pandemia.

Señaló que, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de

la Resolución núm. 385 de 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia

sanitaria por causa de la covid-19 en todo el territorio nacional, en

ejercicio de la facultad establecida en el artículo 69 de la Ley 1753 de

2015.

Manifestó que, el Ministerio del Trabajo, mediante el artículo 2° de

la Resolución núm. 784 de 17 de marzo de 2020 dispuso suspender

términos en todos los trámites de competencia “del viceministro de

Relaciones Laborales e Inspección, las Direcciones de Inspección,

1
En adelante OMS.

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Vigilancia, Control y Gestión Territorial, de Riesgos laborales, de la

Oficina de Control Interno Disciplinario, de las Direcciones Territoriales,

Oficinas Especiales e Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social de

este Ministerio”, incluyendo los procedimientos administrativos

sancionatorios a su cargo, la cual fue prorrogada a través de la

Resolución núm. 876 de 1o. de abril de 2020.

Adujó que ese mismo día, el Gobierno Nacional declaró el estado de

emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional,

a través del Decreto Legislativo 417 de 2020.

Expuso que el 28 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el

Decreto Legislativo 491 de 2020, por medio del cual, entre otros,

ordenó la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o

jurisdiccionales en sede administrativa.

Afirmó que el demandado, por Resolución núm. 1590 de 8 de

septiembre de 2020, levantó la suspensión de términos ordenada en

las resoluciones núms. 784 de 17 de marzo de 2020 y 876 de 1o. de

abril de 2020.

I.3.- Normas violadas y concepto de violación.

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La parte actora sostuvo que las resoluciones demandadas fueron

expedidas sin competencia por parte del ministerio demandado.

Explicó que el Ministerio del Trabajo suspendió los procedimientos

administrativos sancionatorios y recursos que se adelantaban ante el

Viceministerio de Relaciones Laborales o Inspección, las direcciones de

Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, de Riesgos

Laborales, de la Oficina de Control Interno Disciplinario, de las

direcciones territoriales, Oficinas Especiales e inspecciones de Trabajo

y Seguridad Social, desde el 17 hasta el 31 de marzo de 2020, sin que

existiera una disposición de orden legal que lo autorizara para tal

efecto.

Sostuvo que solo el legislador es la única autoridad facultada para

suspender términos en los procesos administrativos y judiciales, por lo

que, en el caso específico, el presidente de la república tenía el deber

de expedir un decreto legislativo con tal fin en virtud de la declaratoria

de emergencia efectuada a través del Decreto Legislativo 417 de 2020.

Afirmo que, conforme con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la

Constitución Política, las autoridades del Estado no pueden ejercer

funciones distintas de las atribuidas en la Constitución Política y la ley,

motivo por el cual el Ministerio del Trabajo no podía suspender

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términos en los procedimientos administrativos a su cargo, al no tener

dicha función establecida en la Ley.

Manifestó que la suspensión de términos en los procedimientos

administrativos se materializó cuando el Gobierno Nacional expidió

el Decreto Legislativo 491 de 2020 y autorizó a las entidades estatales

para tal efecto.

Adujo que la Sala Veintidós Especial de Decisión de la Sala de lo

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de

sentencia de 4 de septiembre de 20202, declaró la ilegalidad de la

Resolución núm. 0945 de 25 de marzo de 2020, expedida por el

Ministerio de Defensa Nacional, por cuanto suspendió los términos

de las actuaciones administrativas disciplinarias que cursaban ante esa

entidad, sin tener competencia para ello por cuanto al momento de su

expedición no había sido dictado el Decreto Legislativo 491 de 2020

que autorizaba a la entidad administrativa para ello.

Expuso que la Resolución 784 de 2020 fue expedida de forma irregular

habida cuenta que el Ministerio del Trabajo no tenía facultades para

adoptar la decisión de suspender términos al interior de actuaciones

2
Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2020, proceso identificado con el núm. único de
radicación: 11001031500020200121600; M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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administrativas, por lo que el mencionado acto no cumplía con los

requisitos esenciales de validez de competencia y contenido.

Indicó que comoquiera que la Resolución 784 de 2020 es nula por

falta de competencia, las demás resoluciones demandadas deben

correr la misma suerte por ser accesorias de la primera.

Finalmente, resaltó que, en el caso de los procedimientos

administrativos sancionatorios, estos se rigen por el principio de

reserva de ley contenida en el artículo 150 de la Constitución Política,

por lo que la autoridad demandada no puede modificar su

procedimiento o suspender términos sin que una ley previamente lo

autorice a ello.

II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1. Admisión. Mediante proveído de 11 de marzo de 20223 se

admitió la demanda de la referencia y se ordenó notificar al Ministerio

del Trabajo, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de

Defensa Jurídica del Estado.

II.2. Contestación

3
Cfr. índice núm. 16 del expediente digital.

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II.2.1. El Ministerio del Trabajo guardó silencio dentro del término

concedido para contestar la demanda4.

II.3. Audiencia inicial. El Despacho Sustanciador, mediante proveído

de 10 de junio de 20225, dio aplicación a lo previsto en el artículo 182A

de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de

la Ley 2080 de 29 de enero de 2021, por lo que prescindió de realizar

la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, fijó el litigio6

y resolvió sobre las pruebas aportadas por las partes.

Posteriormente, en auto de 15 de agosto de 20227 corrió traslado a las

partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de

conclusión.

II.4. Alegatos de conclusión

II.4.1- El señor Ricardo Aguilar Camacho reiteró que los tres actos

administrativos demandados guardan relación directa toda vez que

4
Conforme consta en el informe secretarial de 31 de mayo de 2022 visible en el índice 23 del expediente
digital.
5
Visible en el índice núm. 24 del expediente digital.
6
El litigio se fijó en los siguientes términos: “[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente
litigio, de acuerdo con la demanda, consiste en determinar si las resoluciones núms. 0784 de 17 de marzo de
2020, “Por medio de la cual se adoptan medidas transitorias por motivos de emergencia sanitaria”; 0876 de
1o. de abril de 2020, “Por medio de la cual se modifican las medidas transitorias previstas en la Resolución
núm. 0784 del 17 de marzo de 2020 en virtud de lo dispuesto en el Decreto 417 de 2020”; y 1590 de 8 de
septiembre de 2020, “Por medio de la cual se levanta la suspensión de términos señalada en la Resolución
784 del 17 de marzo de 2020, modificada por la Resolución 0876 del 1 de abril de 2020, respecto de los
trámites administrativos, investigaciones y procesos disciplinarios en el Ministerio de Trabajo”, expedidas por
el MINISTERIO DEL TRABAJO, desconocieron o no el artículo 137 del CPACA y 121, 122, 150 y 215 de la
Constitución Política, conforme a lo expuesto por el actor en el escrito visible en el índice 2 del expediente
digital registrado en el aplicativo SAMAI […]”.
7
Visible en el índice núm. 31 del expediente digital.

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fueron expedidos con miras a adoptar, ampliar y extinguir medidas en

torno a los trámites administrativos y disciplinarios de conocimiento

del Ministerio del Trabajo durante la pandemia generada por la

covid-19.

Insistió en que comoquiera que la Resolución núm. 784 de 2020 fue

expedida sin competencia por el demandado, también debe declararse

la nulidad de las demás resoluciones acusadas.

Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en el concepto de

violación de la demanda en lo que tiene que ver con la falta de

competencia del Ministerio del Trabajo para expedir la Resolución

núm. 784 de 2020.

II-4.2- El Ministerio del Trabajo guardó silencio.

II.5- Actuación procesal posterior. El apoderado del Ministerio

del Trabajo, mediante escrito de 6 de septiembre de 2022, solicitó la

nulidad de todo lo actuado por cuanto, a su juicio, no fue notificado del

auto admisorio de la demanda. El Despacho sustanciador, luego de

impartir el trámite procesal pertinente, a través de proveído de 25 de

noviembre de 2022, denegó la solicitud de nulidad procesal formulada

por la parte demandada.

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II.6- Medida cautelar. Mediante escrito de 16 de septiembre de

2022, el actor solicitó la suspensión provisional de los efectos de los

actos acusados, medida cautelar que fue denegada mediante auto de

21 de noviembre de 20258, teniendo en cuenta que los mismos no se

encontraban surtiendo efecto jurídico alguno, toda vez que de su

revisión se desprendía que las medidas excepcionales adoptadas al

amparo de las declaratorias de emergencia efectuadas por el Gobierno

Nacional únicamente conservaron su vigencia mientras subsistiera

alguna de dichas situaciones, las cuales ya habían cesado.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1.- Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del CPACA

y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el artículo

1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la Sección

Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto

de la referencia.

III.2.- Los actos acusados

8
Visible en el índice núm. 51 del expediente digital.

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En el caso en concreto, el señor Ricardo Aguilar Camacho solicitó la

nulidad de los siguientes actos administrativos:

“[…] RESOLUCIÓN 784 DE 2020
(Marzo 17)

por medio de la cual se adoptan medidas transitorias por motivos
de emergencia sanitaria.

EL MINISTRO DE TRABAJO

en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el
numeral 3 del artículo 59 y el artículo 60 de la Ley 489 de 1998,
así como los numerales 15 y 28 del artículo 6º del Decreto número
4108 de 2011, y

[…]

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar
las medidas administrativas a implementar en el Ministerio del
Trabajo, con el fin de dar cumplimiento a las directrices dadas por
las autoridades competentes en materia de salud pública, en el
marco de la emergencia sanitaria declarada en atención a la
aparición del virus coronavirus COVID-19.

Artículo 2°. Medidas. Las medidas administrativas a implementar
son las siguientes:

1. Establecer que no corren términos procesales en todos los
trámites, actuaciones y procedimientos de competencia del
Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección, las
Direcciones de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial,
de Riesgos Laborales, de la Oficina de Control Interno Disciplinario,
de las Direcciones Territoriales, Oficinas Especiales e Inspecciones
del Trabajo y Seguridad Social de este Ministerio, tales como
averiguaciones preliminares, quejas disciplinarias, procedimientos
administrativos sancionatorios y sus recursos, solicitudes de
tribunales de arbitramento, trámites que se adelanten por el
procedimiento administrativo general y demás actuaciones
administrativas y que requieran el cómputo de términos en las
diferentes dependencias de este Ministerio. Esta medida implica la
interrupción de los términos de caducidad y prescripción de los
diferentes procesos que adelanta el Ministerio del Trabajo.

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2. Las direcciones territoriales, las oficinas especiales y las
dependencias del nivel central tomarán las medidas para que
siempre exista un grupo de inspectores del trabajo y seguridad
social, y demás servidores, para atender los trámites y
procedimientos cuyos términos no se encuentren suspendidos
conforme al numeral anterior; así como, por ejemplo, la respuesta
a los derechos de petición, requerimientos de autoridades de
control, cuestionarios del Congreso de la República, la vigilancia
judicial, la respuesta a las acciones de tutela y demás actuaciones
judiciales, y la atención de solicitudes de otras autoridades
competentes.

3. Suspender las visitas de inspección, audiencias de conciliación,
constataciones y la ejecución de otras funciones que impliquen
desplazamiento o contacto físico con usuarios, salvo las
estrictamente necesarias o urgentes a juicio del director territorial
o por instrucciones del nivel central. Las actividades antes referidas
que ya se encuentren programadas serán aplazadas, decisión que
se debe comunicar a las partes interesadas. Las nuevas fechas en
las que se realizarán las diligencias serán informadas una vez
finalice la vigencia establecida en el artículo quinto de la presente
resolución.

4. Suspender las actividades relacionadas con el programa de
inspección móvil.

5. Suspender las actividades relacionadas con la expedición de
certificados de competencia del Grupo Interno de Trabajo del
Archivo Sindical que requieran firma original.

6. Los servidores públicos del Ministerio deberán dar estricto
cumplimiento a las pautas impartidas por la Secretaría General, en
lo relacionado con el manejo del personal, el trabajo en casa, el
trabajo por resultados, y en los demás propios de la gestión del
talento humano.

Parágrafo 1°. Las diferentes dependencias del Ministerio, del nivel
central como del nivel territorial, adoptarán las medidas necesarias
para que no se interrumpa la recepción de correspondencia.

Parágrafo 2°. Los directores territoriales serán responsables del
cumplimiento de las medidas señaladas en este acto administrativo
y enviarán un informe quincenal a la Dirección de Inspección,
Vigilancia, Control y Gestión Territorial respecto de su
cumplimiento.

Artículo 3°. Atención al ciudadano. En cumplimiento de las medidas
de protección que ha establecido el Ministerio de Salud, se

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suspende la atención al ciudadano en la modalidad presencial y se
adoptan las siguientes medidas:

1. Las direcciones territoriales, las oficinas especiales, las
inspecciones del trabajo y seguridad social municipales y las
dependencias del nivel central del Ministerio funcionarán a puerta
cerrada y no atenderán público en la modalidad presencial.

2. La atención al público se continuará en la modalidad telefónica
y virtual, mediante los canales de atención disponibles, los cuales
se han de fijar en un lugar visible al público, entre los cuales están
los siguientes:

Línea nacional gratuita: 01 8000 112 518 Celular 120

notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co
solicitudinformacion@mintrabajo.gov.co

Chat http://apps.americasbps.com/MinTrabajo/IndexChat#!

Principales medios de contacto en las direcciones territoriales: […]

Artículo 4°. Publicidad. Copia de la presente resolución se fijará en
un sitio visible de las oficinas donde se preste atención al
ciudadano, se publicará en la página web del Ministerio del Trabajo
y en el Diario Oficial.

Artículo 5°. Vigencia. Las medidas adoptadas en la presente
resolución tendrán vigencia del 17 al 31 de marzo de 2020
inclusive. Al término de este plazo se reanudarán los términos
establecidos en las normas que regulan cada materia, a partir del
primero de abril de 2020, en las condiciones señaladas en las
normas procesales que regulan la interrupción y reanudación de
términos, salvo que se decida dar continuidad a la aplicación de
esta resolución”.

“RESOLUCIÓN 876 DE 2020
(Abril 01)

Por medio de la cual se modifican las medidas transitorias
previstas en la Resolución No. 0784 del 17 de marzo de 2020 en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 417 de 2020

EL MINISTRO DEL TRABAJO

En uso de sus Facultades legales, en especial las conferidas en el
numeral 3º del artículo 59 y el artículo 60 de la Ley 469 de 1998,
así como los numerales 15 y 28 del artículo 6º del Decreto 4108 de
2011, y […]

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RESUELVE:

Artículo 1. MODIFICAR los numerales 1º y 3º del artículo 2º de la
Resolución 0784 del 17 de marzo de 2020 expedida por este
Ministerio, los cuales quedarán así:

“Artículo 2. Medidas: Las medidas administrativas a implementar
son las siguientes:

1. Establecer que no corren términos procesales en todos los
trámites, actuaciones y procedimientos de competencia del
Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección, las
Direcciones de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial,
de Riesgos Laborales, de la Oficina de Control Interno Disciplinario,
de las Direcciones Territoriales, Oficinas Especiales e Inspecciones
del Trabajo y Seguridad Social de este Ministerio, tales como
averiguaciones preliminares, quejas disciplinarias, procedimientos
administrativos sancionatorios y sus recursos, solicitudes de
tribunales de arbitramento, trámites que se adelanten por el
procedimiento administrativo general y demás actuaciones
administrativas y que requieran el cómputo de términos en las
diferentes dependencias de este Ministerio. Esta medida implica la
interrupción de los términos de caducidad y prescripción de Los
diferentes procesos que adelanta el Ministerio del Trabajo.

Se exceptúen de la presente suspensión de términos las
actuaciones desarrolladas en ejercicio de la función preventiva, las
constataciones, las solicitudes de autorización de despido colectivo
y de suspensión de actividades hasta por 120 días, las
averiguaciones preliminares y los procedimientos Administrativos
sancionatorios por presunta violación de los derechos laborales de
los trabajadores, que estén directamente relacionados con las
diferentes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con ocasión
de la propagación del COVID-19 y la declaratoria del estado de
emergencia económica, social y ecológica por esta misma causa.
Por lo anterior, las Direcciones Territoriales, las Oficinas Especiales,
la Unidad de Investigaciones Especiales y las diferentes
Coordinaciones, deberán seguir las directrices establecidas por la
Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial
para el análisis y procedencia de las actuaciones.

En los eventos en que sea necesario levantar la suspensión de
términos, estos empezaran a regir después del día siguiente hábil
de la notificación realizada por el funcionario competente sobra la
continuación de la actuación y términos, dicha notificación se
realizará en los términos señalados en el artículo 4º del Decreto
491 de 2020.

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3. Suspender las visitas de inspección, audiencias de conciliación,
constataciones y la ejecución de otras funciones que impliquen
desplazamiento o contacto físico con usuarios. Las actividades
antes referidas que ya se encuentren programadas serán
aplazadas, decisión que se debe comunicar a las partes
interesadas. Las nuevas fechas en las que se realizarán las
diligencias serán informadas una vez finalice la vigencia establecida
en el artículo quinto de la presente resolución. Para el efecto, y
garantizar el debido proceso, se deberán realizar las
comunicaciones y notificaciones pertinentes a través de correo
electrónico, en los términos del artículo 4º del Decreto 491 de
2020.

Se exceptúan las visitas de inspección, de constatación o la
ejecución de las demás funciones que se deban adelantar con
ocasión de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores
que estén directamente relacionados con las diferentes medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional con ocasión de la propagación
del COVID-19 y la declaratoria del estado de emergencia
económica, social y ecológica por esta misma causa. Por regla
general se adelantarán por medios virtuales, salvo las que
necesaria e ineludiblemente se deban efectuar de forma presencial
porque no puedan ser realizadas de ninguna otra forma, a juicio
del director territorial o por instrucciones del nivel central.

En todo caso, los servidores públicos que en ejercicio de sus
funciones deban adelantar actuaciones presenciales deberán
contar con los elementos de protección personal necesarios para
evitar el contagio con el COVID-19, según los lineamientos dados
por las autoridades de salud.”

Artículo 2. ADICIONAR un parágrafo al artículo 2º de la Resolución
No. 0784 del 17 de marzo de 2020 expedida por este Ministerio, el
cual quedará así:

“PARÁGRAFO TERCERO: Las actuaciones que se deban notificar o
comunicar, hasta tanto permanezca vigente la emergencia
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social,
se realizarán mediante el buzón electrónico autorizado de cada
dependencia competente del Ministerio del Trabajo, a la dirección
electrónica suministrada por el administrado, lo cual es obligatorio
y constituye con ese simple hecho que ha dado la autorización para
la notificación, en los términos del artículo 4º del Decreto 491 de
2020.”

ARTÍCULO 3. SUSPENDER el término de la entrega de los actos
administrativos establecido en la Circular Conjunta No. 014 de
2020 emitida por el Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, durante el tiempo que dure la emergencia

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sanitaria declarada y las diferentes medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional para la contención y mitigación del COVID-19.

La entrega de los documentos para el cobro y recaudo de las multas
se hará dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la que
permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social.

ARTÍCULO 4. MODIFICAR el artículo 5º de le Resolución 0784 del
17 de marzo de 2020, el cual quedará del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 5. VIGENCIA: Las medidas adoptados en la presente
resolución estarán vigentes hasta que se supere la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministro de Salud y Protección Social en
los términos del inciso 3º del artículo 6º del Decreto 491 de 2020
así como la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada
mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por lo cual se
reanudarán los términos a partir del día hábil siguiente, en las
condiciones señaladas en las normas procésalos que regular la
interrupción y reanudación de términos.”

ARTÍCULO 5. Copia de la presente resolución se fijará en un sitio
visible de las oficinas donde se preste atención al ciudadano, se
publicará en la página web del Ministerio del Trabajo y en d Diario
Oficial.

ARTÍCULO 6. La presente Resolución rige e partir de la fecha de su
publicación, modifica los numerales 1 y 3 del artículo 2, así como
el artículo 5 y adiciona el parágrafo tercero al artículo 2 de la
Resolución No. 784 de 2020 expedida por esta Ministerio”.

“RESOLUCIÓN 1590 DE 2020
(septiembre 8)

Por medio de la cual se levanta la suspensión de términos
señalada en la Resolución número 784 del 17 de marzo de 2020,
modificada por la Resolución número 0876 del 1 de abril de 2020,
respecto de los trámites administrativos, investigaciones y
procesos disciplinarios en el Ministerio del Trabajo.

EL MINISTRO DEL TRABAJO,

en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el
numeral 3 del artículo 59 y el artículo 60 de la Ley 489 de 1998,
así como en el numeral 15 del artículo 6o del Decreto número 4108
de 2011, y […]

RESUELVE:

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ARTÍCULO 1o. LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS.
Levantar la suspensión de términos para todos los trámites
administrativos, y disciplinarios, ordenada mediante la Resolución
número 0784 del 17 de marzo de 2020, modificada por la
Resolución número 0876 del 1 de abril de 2020.

PARÁGRAFO. El conteo de los términos que se encontraban
suspendidos desde el 17 de marzo de 2020, incluyendo los de
caducidad, prescripción y firmeza de los actos administrativos de
los trámites no incluidos en la Resolución número 1294 del 14 de
julio de 2020, se reanudarán a partir del día hábil siguiente de la
publicación de la presente resolución.

ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su
publicación y deroga las Resoluciones números 0784 y 0876 del
2020 en lo pertinente a la suspensión de términos no levantada
mediante Resolución número 1294 del 14 de julio de 2020.

ARTÍCULO 3o. PUBLICIDAD. Para efectos de publicidad una copia
de la presente resolución se fijará en un sitio visible de las oficinas
donde se venía prestando atención al ciudadano de manera
presencial antes de ser suspendida esta modalidad, se publicará en
la página web del Ministerio del Trabajo y en el Diario Oficial.”

III.3.- Problema jurídico

El asunto a resolver se centra en establecer la legalidad de las

resoluciones núms. 0784 de 17 de marzo de 2020, “Por medio de la

cual se adoptan medidas transitorias por motivos de

emergencia sanitaria”; 0876 de 1o. de abril de 2020, “Por medio

de la cual se modifican las medidas transitorias previstas en la

Resolución No. 0784 del 17 de marzo de 2020 en virtud de lo

dispuesto en el Decreto 417 de 2020”; y 1590 de 8 de septiembre

de 2020, “Por medio de la cual se levanta la suspensión de

términos señalada en la Resolución 784 del 17 de marzo de

2020, modificada por la Resolución 0876 del 1 de abril de 2020,

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respecto de los trámites administrativos, investigaciones y

procesos disciplinarios en el Ministerio de Trabajo”, expedidas

por el Ministerio del Trabajo.

A juicio del demandante, los actos administrativos controvertidos

vulneran los artículos 121, 122, 150 y 215 de la Constitución Política,

por haber sido expedidos sin competencia para ello.

Para sustentar lo anterior, en la demanda se argumenta que el

demandado era incompetente para suspender los procedimientos

administrativos sancionatorios y recursos que se adelantaban ante el

Viceministerio de Relaciones Laborales o Inspección, las direcciones de

Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, de Riesgos

Laborales, de la Oficina de Control Interno Disciplinario, de las

direcciones territoriales, Oficinas Especiales e inspecciones de Trabajo

y Seguridad Social, toda vez que no existía disposición legal que lo

autorizara para tal efecto hasta que fue expedido con posterioridad el

Decreto Legislativo 491 de 2020.

III.4.- Análisis del caso concreto

En el presente caso, la parte actora estima que el Ministerio del

Trabajo no era competente para suspender procedimientos

administrativos sancionatorios que se adelantaban ante tal entidad,

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por cuanto dicha facultad corresponde al legislador ordinario o

extraordinario, en los términos de los artículos 121, 122, 150 y 215 de

la Constitución Política, que establecen:

“ARTÍCULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer
funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

ARTÍCULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones
detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter
remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente. […]

ARTÍCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por
medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

[…]

ARTICULO 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los
previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen
perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y
ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública,
podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el
Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada
caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año
calendario.

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el
Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con
fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a
impedir la extensión de sus efectos.

Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación
directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en
forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los
existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al
término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso,
durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.

El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia,
señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades
extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al
Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días
siguientes al vencimiento de dicho término.

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El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días,
prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado
que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el
Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará
expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.

El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la
emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a
que se refiere este artículo, en aquellas materias que
ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con
aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá
ejercer dichas atribuciones en todo tiempo.

El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio,
en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo.

El Presidente de la República y los ministros serán responsables
cuando declaren el Estado de Emergencia sin haberse presentado
alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo
serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las
facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la
emergencia.

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los
trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo.

PARÁGRAFO. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día
siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso
de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella
decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con
el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio
y en forma inmediata su conocimiento […]”.

Ahora, para contextualizar la situación que antecede a la expedición de

los actos administrativos objeto del presente medio de control, es

relevante señalar que el Director de la OMS en alocución rendida en

rueda de prensa sobre la covid-199, llevada a cabo el 11 de marzo de

2020, precisó: “[…] Desde la OMS hemos llevado a cabo una evaluación

permanente de este brote y estamos profundamente preocupados

9
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-
briefing-on-covid-19---11-march-2020

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tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por

los alarmantes niveles de inacción. Por estas razones, hemos llegado a

la conclusión de que la COVID-19 puede considerarse una pandemia

[…]”.

Debido a esta caracterización otorgada por la OMS, el Ministerio de

Salud y Protección Social expidió la Resolución núm. 385 de 12 de

marzo de 2020, por medio de la cual declaró la emergencia sanitaria

en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y adoptó las

medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación

de la covid-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.

Luego, mediante Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, el presidente

de la República declaró10 el Estado de Emergencia Económica, Social y

Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30)

días calendario, contados a partir de su vigencia11.

Ese mismo día, el Ministerio del Trabajo, a través de la Resolución

núm. 0784 de 2020, resolvió suspender términos en los

procedimientos administrativos “de competencia del Viceministerio de

10
Según el artículo 1° del Decreto 417 de 17 de marzo de 2020.
11
La Justificación de la medida se aprecia en los siguientes términos: “[…] Que por las anteriores
motivaciones y ante la insuficiencia de atribuciones ordinarias con las que cuentan las autoridades
estatales para hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes de la crisis económica y social
generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, se hace necesario adoptar medidas
extraordinarias que permitan conjurar los efectos de la crisis en la que está la totalidad del territorio
nacional, en particular, aquellas que permitan acudir a mecanismos de apoyo al sector salud, y mitigar los
efectos económicos que está enfrentando el país. […]”

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Relaciones Laborales e Inspección, las Direcciones de Inspección,

Vigilancia, Control y Gestión Territorial, de Riesgos Laborales, de la

Oficina de Control Interno Disciplinario, de las Direcciones Territoriales,

Oficinas Especiales e Inspecciones del Trabajo y Seguridad Social,

procedimientos administrativos sancionatorios y sus recursos,

solicitudes de tribunales de arbitramento, trámites que se adelanten

por el procedimiento administrativo general y demás actuaciones

administrativas y que requieran el cómputo de términos”, para lo cual

invocó las funciones establecidas en los artículos 59, numeral 3 y 60

de la Ley 489 de 1998 y 6°, numerales 15 y 28 del Decreto Ley 4108

de 2011 que son del siguiente tenor:

“Ley 489 de 1998.

“ARTÍCULO 59.- Funciones. Corresponde a los ministerios y
departamentos administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en sus
actos de creación o en leyes especiales:

3. Cumplir con las funciones y atender los servicios que les están
asignados y dictar, en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos,
las normas necesarias para tal efecto.

ARTÍCULO 60.- Dirección de los ministerios. La dirección de los
ministerios corresponde al Ministro, quién la ejercerá con la inmediata
colaboración del viceministro o viceministros”.

Decreto Ley 4108 de 2011.

“ARTÍCULO 6°. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. Son
funciones del Despacho del Ministro, además de las señaladas en la
Constitución Política y en el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, las
siguientes:

[…]

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15. Dirigir el ejercicio de inspección y vigilancia sobre las entidades,
empresas, trabajadores, grupos y demás instancias que participen en
la generación, promoción o ejercicio del trabajo y el empleo de acuerdo
con lo señalado por la ley.

[…]

28. Conocer y fallar la segunda instancia en las actuaciones
disciplinarias que se adelanten a los servidores y exservidores del
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Código General
Disciplinario y las normas que lo modifiquen o sustituyan […]”.

Adicional, a lo anterior, la entidad demandada fundamentó la decisión de

suspender los términos en los procedimientos administrativos que

adelantaba en los siguientes motivos:

“[…] Que el día 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaró la enfermedad causada por el virus
coronavirus COVID-19 como pandemia mundial;

Que mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, el
Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria
en todo el territorio nacional por causa del coronavirus COVID-19, y se
adoptaron medidas para hacer frente al virus;

Que como medida preventiva y hasta que sea superada la emergencia
sanitaria antes mencionada, el Presidente de la República de Colombia
expidió la Directiva Presidencial número 02 del 12 de marzo de 2020,
en la cual se imparten medidas para atender la contingencia generada
por el COVID-19 a partir del uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones en los organismos y entidades de la Rama
Ejecutiva;

Que el Ministerio del Trabajo en cumplimiento de las medidas que han
adoptado las entidades competentes en materia de salud pública, y
con el ánimo de garantizar la salud de servidores y usuarios de los
servicios que presta esta cartera ministerial, encuentra necesario
adoptar medidas de carácter preventivo debido al alto número de
ciudadanos que concurren en las diferentes dependencias de la entidad
tanto en el nivel central como en las direcciones territoriales;

Que el señor Presidente de la República en alocución del 15 de marzo
de 2020 instruyó tanto al sector público como al privado para que

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adopten todas las medidas necesarias para evitar la proliferación del
contagio del virus COVID-19 […]”.

Sobre la competencia para suspender términos en procedimientos

administrativos con anterioridad a la expedición del Decreto Legislativo

491 de 2020, la Sala Doce Especial de Decisión de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en providencia de 23 de junio de 202012,

sostuvo lo siguiente:

“Conforme a lo expuesto, la Sala verifica que los actos que se
controlan se arrogaron de manera indebida la potestad para
suspender la aplicación de normas de rango legal, algunas de
las cuales desarrollan y regulan un elemento esencial del
derecho fundamental de petición consistente en la oportunidad
para resolver, en tanto suspendieron los términos de toda
actuación administrativa, lo que incluye aquellas tendientes a la
decisión de las peticiones en interés particular. Sin duda, dichas
competencias son propias del legislador ordinario o del legislador
especial durante el estado de excepción en aplicación del artículo 215
Superior, mas no de las autoridades administrativas cuya competencia
se restringe, en estas contingencias, al desarrollo de las normas con
rango legal y bajo los estrictos términos de estas.

Aunque el Gobierno había anunciado en el Decreto 417 de 2020 que la
suspensión de términos de las actuaciones administrativas sería una
de las medidas a adoptar durante la emergencia, dicha reforma no se
había dispuesto mediante Decreto Legislativo cuando Corantioquia
dictó las resoluciones que se controlan.

La Sala no pasa por alto que mediante el Decreto Legislativo No. 491
de 28 de marzo de 2020, “por medio del cual se adoptan medidas de
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan
funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de
los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”,
cuyos destinatarios son las autoridades administrativas de los distintos
órdenes13, dictó normas tendientes a privilegiar el trabajo en casa por

12
Consejo de Estado, Sala Doce Especial de decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
de 23 de junio de 2020. Proceso identificado con el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2020-00987-00,
acumulado con el 11001-03-15-000-2020-00988-00; M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
13
Decreto 491 de 2020. “Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente Decreto aplica a todos los
organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y

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parte de los trabajadores y contratistas de la administración, así como
el uso de las tecnologías de la información, amplió los términos legales
para la atención de peticiones y autorizó a las entidades para
suspender, por medio de acto administrativo, los términos de las
actuaciones judiciales y administrativas. Dice la norma:

[…]

Sin embargo, sin que el control sobre la legalidad de esa habilitación
de competencia para suspender términos corresponda a esta
Corporación, basta con señalar que los actos que aquí se
controlan fueron dictados antes de se dispusiera la
mencionada habilitación legal y, por tanto, no encuentran
fundamento en ella. La validez de las Resoluciones 40 – 2003 –
1388 y 40 – 2003 – 1404 de 2020 de CORANTIOQUIA solo puede
analizarse de cara al ordenamiento jurídico vigente y aplicable al
momento de su expedición, de donde surge palmario que para el 19 y
24 de marzo de 2020, cuando fueron expedidas, CORANTIOQUIA
carecía de competencia alguna para suspender o inaplicar términos
creados y regulados por normas de rango legal.

Por su parte, para la Sala es claro que el Decreto 417 de 2020 no
constituyó habilitación legal para la suspensión de términos
por parte las autoridades, pues se limitó a anunciar que en
virtud del estado de excepción se regularía la materia y,
efectivamente, así se hizo con el Decreto 491, pero en forma
previa a la expedición de esta última norma, Corantioquia se
arrogó indebidamente una competencia que solo podía ejercer
el legislador ordinario o extraordinario […]”.

En el mismo sentido, la Sala Veintidós Especial de Decisión de la Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante

sentencia de 4 de septiembre de 202014, sostuvo lo siguiente:

“[…] En lo que tiene que ver con el análisis de la competencia, se
evidencia que la Resolución 0945 del 25 de marzo de 2020, proferida
por el Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional suspendió
los términos de los procesos disciplinarios que cursan en esa entidad a
partir de su expedición y hasta el 12 de abril de 2020.

niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los particulares cuando
cumplan funciones públicas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades”.
14
Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia
de 4 de septiembre de 2020, Número único de radicación: 11001-03-15-000-2020-01216-00 M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.

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Pues bien, como se explicó en precedencia, el Presidente de la
República, en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 215
de la Carta, expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, mediante
el cual, declaró el Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica
en todo el territorio nacional, por el término de 30 días, como medida
de contención para enfrentar la llegada al país del brote epidemiológico
por coronavirus, COVID-19, calificado como pandemia por la
Organización Mundial de la Salud- OMS, el pasado 12 de marzo.

Es así, como el Decreto 417 declarativo del estado de excepción en sus
consideraciones indicó que el Gobierno Nacional emitiría los decretos
legislativos que desarrollarían las medidas anunciadas en la parte
considerativa15; y en ésta, hizo referencia a la necesidad de acatar las
recomendaciones de la OMS relacionadas con el aislamiento y
distanciamiento social, y con “la suspensión de términos en las
actuaciones administrativas y jurisdiccionales” para limitar los
escenarios de propagación del virus. Así lo señaló:

“Que una de las principales medidas, recomendadas por la
Organización Mundial de la Salud, es el distanciamiento social y
aislamiento, para lo cual, las tecnologías de la información y las
comunicaciones y los servicios de comunicaciones, en general, se
convierten en una herramienta esencial para permitir la protección la
vida y la salud de los colombianos. Que los efectos económicos
negativos generados por el nuevo coronavirus Covid-19 a los
habitantes del territorio nacional requieren de la atención mediante la
adopción de medidas extraordinarias encaminadas a atender las
obligaciones de diferente naturaleza, como tributarias, financieras,
entre otras, con el fin de proteger el sector salud, promover la industria
y el comercio del país y permitan absorber las pérdidas económicas y
fuerza laboral afectada por esta pandemia.

Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del
nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del público en general y de
los servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir
normas de orden legal que flexibilicen la obligación de atención
personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de términos
legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales.

Que con igual propósito de limitar las posibilidades de propagación del
nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del público en general y de
los servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir
normas que habiliten actuaciones judiciales y administrativas mediante
la utilización de medios tecnológicos, y adoptar las medidas pertinentes
con el objeto de garantizar la prestación del servicio público de justicia,

15
Decreto 417 de 2020. “Articulo 3. El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además
de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas medidas adicionales
necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, así mismo dispondrá las
operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo”.

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de notariado y registro, de defensa jurídica del Estado y la atención en
salud en el sistema penitenciario y carcelario” (Subrayado fuera de
texto).

En tal virtud, el Gobierno Nacional quedó facultado para expedir
decretos legislativos tendientes a conjurar la crisis y evitar la extensión
de sus efectos, adoptando medidas como la suspensión de términos
en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales, sin que fuera
dable a ninguna otra autoridad, motu proprio, disponer de esta
facultad. No obstante, sin que el Gobierno Nacional, aún dictara alguna
medida legislativa en tal sentido, el Secretario General del Ministerio
de Defensa mediante la Resolución 0945 del 25 de marzo 2020, objeto
de control, ordenó la suspensión de términos en las actuaciones
disciplinarias a cargo de la Oficina de Control Interno Disciplinario,
decisión que la Sala encuentra ilegal en tanto afectó el marco de la
competencia deferida al Gobierno Nacional.16

Además, la invocación del artículo 28 Numeral 4º El Decreto 4890 de
201117, “Por el cual se modifica parcialmente la estructura del
Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones.” no
puede servir de fundamento para expedir este acto administrativo
objeto de examen, habida cuenta que esta atribución tiene un alcance
distinto. En efecto, esta atribución se refiere a la facultad de “proponer
la política, planes y programas de capacitación y divulgación sobre el
régimen disciplinario”, lo cual, es muy distinto a la competencia para
suspender términos.

Finalmente, no puede perderse de vista que la suspensión de términos
es un asunto que por afectar el procedimiento administrativo, es un
tema de reserva de ley. En este sentido, disponer que los términos
quedan suspendidos desde “25 de marzo de 2020 y hasta el 12 de abril
de 2020, tiempo durante el cual no correrán los términos para todos
los efectos legales”, es inmiscuirse en temas que solo corresponden al
legislador.

16
En el mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación, a través de la Sala Doce Especial de Decisión,
en el expediente: 2020 – 00987 (acumulado 2020 – 00988) mediante fallo de 23 de junio de 2020. M.P:
Ramiro Pazos Guerrero: “La validez de las Resoluciones 40 – 2003 – 1388 y 40 – 2003 – 1404 de 2020
de CORANTIOQUIA solo puede analizarse de cara al ordenamiento jurídico vigente y aplicable al momento
de su expedición, de donde surge palmario que para el 19 y 24 de marzo de 2020, cuando fueron
expedidas, CORANTIOQUIA carecía de competencia alguna para suspender o inaplicar términos creados y
regulados por normas de rango legal […]. Como se advirtió en precedencia, el trámite y términos de las
actuaciones administrativas está previsto en normas especiales que no habilitan a la administración para
disponer su suspensión.
Bajo dicha perspectiva se anulará el artículo primero y sus parágrafos de la Resolución No. 40 – 2003 –
1388 de 19 de marzo de 2020, relativos a la suspensión de términos en actuaciones administrativas y en
procedimientos de jurisdicción coactiva y sus excepciones. También se anulará el artículo primero de la
Resolución 40 – 2003 – 1404 que prorrogó la suspensión de términos y el parágrafo del artículo 2 que
suspendió los términos para atención de PQR’s”.
17
Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras
disposiciones.”

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En efecto, los plazos y términos del proceso disciplinario se encuentran
regulados en la Ley 734 de 2002 y en la Ley 1474 de 201118 como se
explica a continuación:

[…]

Conforme a lo expuesto, la Sala concluye que el Secretario General del
Ministerio de Defensa Nacional, al expedir el acto sometido a control,
se atribuyó de manera indebida la competencia para suspender la
aplicación de normas de rango legal, antes que lo hiciera el Gobierno
Nacional, mediante el Decreto 491 del 28 de marzo de 202019, en tanto
suspendió los términos de las actuaciones administrativas disciplinarias
que cursan ante esa cartera, a partir del 25 de marzo, fecha de
expedición de la resolución, lo que sin lugar a dudas, transgrede las
facultades propias del legislador ordinario o del legislador
extraordinario, en cabeza del gobierno nacional, en los casos de los
estados de excepción.

Con todo, debe precisarse que, durante su vigencia, el acto que se
declara ilegal surtió efectos y, por ende, las situaciones jurídicas que
se consolidaron bajo su amparo no pueden verse afectadas con la
presente decisión. Así las cosas, es necesario señalar, con respecto a
los términos con que contaban los administrados dentro de las
actuaciones disciplinarias, que estos no pueden verse afectados, en
cuanto, amparados en la confianza legítima, tuvieron la convicción de
que los términos estaban suspendidos desde el momento en que dicha
entidad así lo dispuso […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior y de la revisión en conjunto de los artículos

59, numeral 3 y 60 de la Ley 489 de 1998 y 6°, numerales 15 y 28 del

Decreto Ley 4108 de 2011, la motivación de la Resolución 0784 de

2020 y la jurisprudencia de las salas Doce y Veintidós de la Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo, la Sala considera que el Ministerio

del Trabajo carecía de competencia para suspender los términos en

18
“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
19
“Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto,
por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto
administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.
La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o
años (…)”.

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los procedimientos administrativos “de competencia del Viceministerio

de Relaciones Laborales e Inspección, las Direcciones de Inspección,

Vigilancia, Control y Gestión Territorial, de Riesgos Laborales, de la

Oficina de Control Interno Disciplinario, de las Direcciones Territoriales,

Oficinas Especiales e Inspecciones del Trabajo y Seguridad Social,

procedimientos administrativos sancionatorios y sus recursos,

solicitudes de tribunales de arbitramento, trámites que se adelanten

por el procedimiento administrativo general y demás actuaciones

administrativas y que requieran el cómputo de términos”, para la fecha

en que fue expedida la resolución demandada, esto es, el 17 de marzo

de 2020.

En efecto, de la revisión de los artículos 59, numeral 3 y 60 de la Ley

489 de 1998 y 6°, numerales 15 y 28 del Decreto Ley 4108 de 2011,

se advierte que ninguna de dichas normas de rango legal establece la

facultad para que el Ministerio del Trabajo pueda suspender los

términos dentro de los procedimientos administrativos, pues ellas

hacen referencia a las facultades para dictar las normas necesarias

para cumplir con sus funciones y atender los servicios que le están

asignados en desarrollo de la ley, ejercer funciones de inspección y

vigilancia sobre las entidades a su cargo y conocer de las actuaciones

disciplinarias adelantadas respecto de sus servidores y exservidores,

las cuales no tienen dicho alcance.

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Tampoco se advierte que la Resolución 385 de 2020 o la Directiva

Presidencial 02 de 12 de marzo de 2020, enunciados en la parte motiva

de la Resolución núm. 0784 de 2020, hayan autorizado al Ministerio

demandado para que suspendiera términos en los procedimientos

administrativos a su cargo.

Adicional a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la Resolución núm.

0784 de 2020 fue expedida el 17 de marzo de 2020, esto es, con

anterioridad al Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020 que,

en su artículo 6°, autorizó suspender, mediante acto administrativo,

los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en

sede administrativa, por lo que dicha disposición no resulta aplicable al

caso concreto.

Por lo anterior, la Sala concluye que debe declararse la nulidad del artículo

2°, numeral 1, de la Resolución 0784 de 2020, por cuanto fue

expedida sin competencia por parte del Ministerio del Trabajo.

Asimismo, teniendo en cuenta lo resuelto en las decisiones adoptadas

por las salas Doce y Veintidós Especiales de Decisión de la Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo en sentencias de 23 de junio y 4 de

septiembre de 2020, la Sala considera que comoquiera que la

disposición anulada surtió efectos no es dable afectar las situaciones

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consolidadas mientras esta estuvo vigente. Por ello, los términos con

los que contaron los administrados para actuar ante el demandado no

pueden afectarse, por lo que esta decisión tendrá efectos hacia futuro.

Ahora, en lo que tiene que ver con la Resolución 0876 de 1o. de abril de

2020, la Sala advierte que el Ministerio del Trabajo expidió el acto

demandado, con fundamento en lo previsto en el artículo 6° del Decreto

Legislativo 491 de 2020 que establece:

“[…] ARTICULO 6. Suspensión de términos de las actuaciones
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas
a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio
y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante
acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectara todos
los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de
meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total
en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos,
sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual,
conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus
actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación
concreta.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la
superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que
se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad,
prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia.

PARÁGRAFO 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente
artículo también aplicara para el pago de sentencias judiciales.

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PARÁGRAFO 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a
los ministerios, que manejen recursos de seguridad social y que sean
administrados a través de contratos fiduciarios, podrán suspender los
términos en el marco señalado en el presente artículo.

Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos
establecidos en la normatividad vigente para la atención de las
prestaciones y en consecuencia no se causaran intereses de mora.

PARÁGRAFO 3. La presente disposición no aplica a las actuaciones
administrativas o jurisdiccionales relativas a la efectividad de derechos
fundamentales […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que para la fecha en que

fue expedida la Resolución 0876 de 2020, el demandado contaba con

autorización legal para suspender los términos “en los trámites,

actuaciones y procedimientos de competencia del Viceministerio de

Relaciones Laborales e Inspección, las Direcciones de Inspección,

Vigilancia, Control y Gestión Territorial, de Riesgos Laborales, de la Oficina

de Control Interno Disciplinario, de las Direcciones Territoriales, Oficinas

Especiales e Inspecciones del Trabajo y Seguridad Social de este

Ministerio, tales como averiguaciones preliminares, quejas disciplinarias,

procedimientos administrativos sancionatorios y sus recursos, solicitudes

de tribunales de arbitramento, trámites que se adelanten por el

procedimiento administrativo general y demás actuaciones administrativas

y que requieran el cómputo de términos en las diferentes dependencias de

este Ministerio”, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del

Decreto 491 de 2020.

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Por ello, la Sala denegará la nulidad del artículo 1° de la Resolución

núm. 0876 de 2020 bajo el entendido de que la suspensión de términos

en los procedimientos administrativos allí enunciados aplica desde su

expedición y no corresponde a la modificación de lo previsto en el artículo

2°, numeral 1, de la Resolución 0784 de 2020.

Finalmente, respecto de la Resolución 1590 de 8 de septiembre de 2020

la Sala advierte que ese acto también fue expedido con posterioridad

a la expedición del Decreto Legislativo 491 de 2020 y que dicha

disposición previó también la posibilidad de levantar la suspensión de

términos en los procesos administrativos y disciplinarios adelantados ante

la demandada efectuada a través de la Resolución 0876 de 2020, por lo

que se considera que el demandado tenía competencia para tal efecto.

En conclusión, se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda

y se declarará la nulidad del artículo 2°, numeral 1, de la Resolución 0784

de 2020, por las razones expuestas y bajo el entendido de que dicha

decisión no afecta situaciones consolidadas; en lo demás, se denegarán

las demás pretensiones de la demanda.

III.5.- DE LAS COSTAS

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Atendiendo al resultado del proceso, la clase de acción que se promovió,

la Sala considera de conformidad con lo previsto en el artículo 18820 del

CPACA, que no hay lugar a condenar en costas, por cuanto la naturaleza

de la acción exime de esta fijación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo 2°, numeral 1, de la

Resolución 0784 de 2020, expedido por el Ministerio del Trabajo,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Esta

decisión no afecta situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia

de las disposiciones ilegales.

SEGUNDO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las

razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas.

20
“[…] ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
las normas del Código de Procedimiento Civil [...]”

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CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las

anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 12 junio de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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