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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-24-000-2022-00093-00

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-24-000-2022-00093-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la demanda. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-24-000-2022-00093-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

28 de septiembre de 2023

Radicado: 11001-03-24-000-2022-00093-00(26491)
Demandantes: Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Nulidad
Radicación 11001-03-24-000-2022-00093-00 (26491)
Demandantes FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

Temas Inciso 6º del Artículo 23-1 del Estatuto Tributario (texto del artículo
118 de la Ley 633 de 2000). No contribuyentes del impuesto sobre
la renta. Fondos parafiscales.

SENTENCIA ANTICIPADA
La Sala decide la demanda de simple nulidad interpuesta por el Fondo de Protección
Solidaria, en la que se pretende la nulidad de los Oficios Nros. 513 del 20 de abril y
2259 del 19 de diciembre, ambos de 2018, proferidos por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales DIAN.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Ante la DIAN se formularon las siguientes consultas:

• “Consulta usted: ¿si los fondos parafiscales son contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementario, y de serlo a qué régimen pertenecen?1
• (…) se solicita estudiar la viabilidad de solicitar concepto a la sala de consulta y servicio
civil del Consejo de Estado para que emita concepto acerca de la interpretación que debe
darse al inciso 6 del artículo 23-1 del Estatuto Tributario. (...) Así se observa que su
inquietud radica en que la condición de no contribuyente para los Fondos Parafiscales
que allí se mencionan debe ser para todos sin distinción, tomando en consideración la
expresión gramática del texto”2

Mediante los Oficios Nros. 0513 y 2259 de 2018, la entidad absolvió las consultas
indicando respectivamente que:

• “Así mismo, se destaca que con respecto a las contribuciones especiales, la Ley que las
crea, también las define y además señala la naturaleza jurídica de éstos fondos
parafiscales, por ejemplo, el artículo 29 de la Ley 101 de 1993, precisa: (…)
Acorde con la norma tributaria transcrita, la calidad de no contribuyente de impuesto sobre
la renta y complementario es expresa para los fondos parafiscales previstos en el artículo
23-1 del Estatuto Tributario.
En consecuencia, los demás fondos parafiscales, son contribuyentes del impuesto sobre
la renta y complementarios del régimen ordinario, salvo que por norma especial y según
su naturaleza jurídica la Ley les dé una calidad o connotación diferente, que puede
tratarse de una entidad sin ánimo de lucro constituida como corporación o asociación,

1 DIAN, Oficio No. 0513 del 20 de abril de 2018, SAMAI, Índice 17, cuaderno principal,
SUBSANADEMANDA_RECIBIDO, SUBSANADEMANDA_ESCRITO_SUBSANACION_ NroActua 17
2 DIAN, Oficio No. 2259 del 19 de diciembre de 2018, SAMAI, Índice 17, cuaderno principal,
SUBSANADEMANDA_RECIBIDO, SUBSANADEMANDA_ESCRITO_SUBSANACION_ NroActua 17
1

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que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 19 del Estatuto Tributario y sus
decretos reglamentarios.”3
• “(…) En estos Oficios se analiza de manera integral el artículo en cita se observa que en
los primeros incisos hace referencia a cada uno de los fondos que otorga la exención
“fondos de inversión, los fondos de valores y los fondos comunes que administren las
entidades fiduciarias” y en el inciso 6 a los fondos parafiscales agropecuarios y
pesqueros. Si se entendiera que la expresión “fondos parafiscales” se debe tomar
aisladamente, la exención sería indeterminada y sabido es que las exenciones tributarias
por su connotación, son taxativas y en tal medida se restringen a los expresos términos
consagrados por el legislador.
De otra parte y como bien se expresó en el Oficio 0513 de 2018 que se transcribió
inicialmente, (…) los demás fondos parafiscales, son contribuyentes del impuesto sobre
la renta y complementario del régimen ordinario, salvo que por norma especial y según
su naturaleza jurídica la Ley les dé una calidad o connotación diferente, que puede
tratarse de una entidad sin ánimo de lucro constituida como corporación o asociación,
que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 19 del Estatuto Tributario y sus
decretos reglamentarios (…)
Por lo anterior, esta dependencia reitera la doctrina antes expedida y considera que, en
efecto la calidad de no contribuyentes del impuesto sobre la renta de que trata el inciso 6
del artículo 23-1 del Estatuto Tributario, está dada únicamente para los fondos
parafiscales agropecuarios y pesqueros allí señalados.
(…)”4

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En ejercicio del medio de control de nulidad, contemplado en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), el Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM formuló las siguientes
peticiones:
“Me permito solicitar que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:
1. Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio denominado
concepto 513 del 20/04/2018 expedido por la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales, mediante el cual, la DIAN señaló: (…)
2. Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio denominado
concepto 2259 del 19/12/2018, expedido por la administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales, mediante el cual, la DIAN señaló: (…)”5

Para estos efectos, invocaron como normas violadas los artículos 4, 13, 95-9, 209
y 363 de la Constitución Política; 264 de la Ley 223 de 1995; 118 de la Ley 633 de
2000 y 69 de la Ley 2010 de 2019.

Precisaron los cargos de nulidad así:

1. El acto fue expedido con infracción de las normas en que debería
fundarse.

Indicó que, para la época de la expedición de los conceptos se encontraba vigente
la Ley 633 de 2000, la cual estableció en su artículo 118 una interpretación con

3 DIAN, Oficio No. 0513 del 20 de abril de 2018, SAMAI, Índice 17, cuaderno principal,
SUBSANADEMANDA_RECIBIDO, SUBSANADEMANDA_ESCRITO_SUBSANACION_ NroActua 17
4 DIAN, Oficio No. 2259 del 19 de diciembre de 2018, SAMAI, Índice 17, cuaderno principal,
SUBSANADEMANDA_RECIBIDO, SUBSANADEMANDA_ESCRITO_SUBSANACION_ NroActua
5 Demanda, SAMAI, Índice 2, cuaderno principal, 2_DemandaWeb_Demanda- NroActua 2
2

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autoridad del parágrafo “segundo”6 del artículo 23-1 del Estatuto Tributario, a partir
del cual se desprende que no se consideran contribuyentes del impuesto sobre la
renta los (i) fondos parafiscales, (ii) los fondos agropecuarios y pesqueros, y (iii) los
Fondos de Promoción Turística. Señaló que la interpretación de la DIAN, según la
cual el parágrafo en comento únicamente prevé como no contribuyentes a los
fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros, se aparta del anterior artículo 118,
pues la redacción de este “debe entenderse en su sentido material, los fondos parafiscales y
se agrega como signo de puntuación, una coma, para indicar otro tipo de sujetos que se benefician
con esta no sujeción tributaria”.

Agregó que, si en gracia de discusión no se aceptaba la interpretación bajo las
reglas gramaticales, interpretar el acto administrativo como lo hizo la DIAN infringiría
el derecho a la igualdad y el principio de equidad tributaria. Sostuvo que los actos
administrativos no pueden basarse en la Ley 2010 de 2019, pues esto sería una
aplicación retroactiva de la ley y las excepciones a las reglas generales son de
interpretación restrictiva.

Profundizó en el uso del signo de puntuación de la coma de acuerdo con el
Diccionario de la Real Academia Española, para indicar que el uso lingüístico
utilizado en el inciso 6º del artículo 23-1 del Estatuto Tributario es el de separar o
aislar elementos u oraciones de un mismo enunciado, y por tanto, no le es posible
a la DIAN interpretar que la no sujeción al impuesto sobre la renta sólo aplica a los
fondos agropecuarios y pesqueros y los de promoción turística, y excluir al resto de
fondos, entre ellos SOLDICOM.

Resaltó que en la interpretación con autoridad bajo el artículo 118 de la Ley 633 de
2000, había una coma después de fondos parafiscales, mientras que ese signo de
puntuación desaparece en la redacción del texto contenido en la Ley 2010 de 2019.

Sostuvo que interpretar que únicamente los fondos parafiscales agropecuarios,
pesqueros y turísticos son no contribuyentes del impuesto sobre la renta es contrario
a la Constitución Política “puesto que a la final se trata de fondos creados por la ley que
administran tributos y cuyo objetivo es el mismo, administrar recursos para un sector en particular.”

Hizo un análisis comparativo de las normas de creación, grupo social, recursos
recaudados, entre otros, del Fondo Nacional del Ganado, El Fondo de Promoción
Turística y SOLDICOM, para mostrar el trato inequitativo frente a la no sujeción del
impuesto sobre la renta, dado que, según la interpretación de la DIAN, este último
actualmente si es contribuyente de dicho impuesto. Indicó que este trato diferencial
implica una discriminación negativa, pues el fin de los fondos parafiscales es el
mismo, esto es, el “de administrar recursos para promover los sectores que dieron origen a su
creación, es por ello que la no sujeción debe aplicar en igual sentido para todos los fondos
parafiscales que administren recursos para un sector en particular.”

Aseguró que, a través de los conceptos se vulneran los principios de igualdad y
equidad tributaria, pues es evidente el trato discriminatorio. Citó las Sentencias C-
409 de 1996, 992 de 2001 y 260 de 2015 de la Corte Constitucional, resaltando que,
de acuerdo con el principio general de igualdad del artículo 13 de la Constitución
Política hay un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en
circunstancias similares.

6 Para el año gravable 2018, la expresión en discusión correspondía al inciso 6 del artículo 23-1 del Estatuto
Tributario. Actualmente hay una norma similar en el parágrafo segundo de este artículo.
3

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Detalló que SOLDICOM es un fondo creado en beneficio de los distribuidores
minoristas de combustibles líquidos derivados del petróleo, resaltando que los
ingresos que percibe son producto de los recursos parafiscales que recauda, es
decir que tienen connotación de “Tributos”, todo lo anterior de acuerdo con la Ley 26
de 1989.

2. El acto fue expedido de forma irregular.

Indicó que se vulnera el debido proceso, derecho de audiencia y contradicción de
los fondos parafiscales, pues a través de los conceptos acusados, se excluyeron a
estos del tratamiento tributario que les había otorgado la ley, sin comunicación o
notificación a los interesados.

Agregó que la Administración se alejó de la interpretación exegética, y lo que
concluye en los conceptos no está sustentado en la ley, ni en la exposición de
motivos de la misma.

3. Falsa Motivación

Resalta que la falsa motivación de los actos se configura porque la norma en que
se fundan los mismos, esto es la Ley 633 de 2000, no excluye del beneficio de la no
sujeción del impuesto sobre la renta a los fondos parafiscales no mencionados
expresamente en dicha ley. Indica que, erróneamente, la interpretación de la DIAN
diferencia a los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros, y al Fondo de
Promoción Turística, como si estos gozaran de algún privilegio especial diferente al
de los demás fondos parafiscales.

Oposición a la demanda

La DIAN solicitó negar las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos7:

1. El acto fue expedido con sujeción a las normas en que debería fundarse.

Inició precisando que la norma objeto de interpretación en los actos demandados
corresponde al inciso 6 del artículo 23-1 del Estatuto Tributario, antes de ser
modificado por la Ley 1943 de 2018 y la Ley 2010 de 2019, y que se trata de la
figura de interpretación de ley con autoridad, la cual, según el artículo 25 del Código
Civil sólo corresponde al legislador.

Hizo referencia a la sentencia C-820 de 2006 de la Corte Constitucional para indicar
que, la interpretación de la ley oscura que realiza el legislador (con autoridad) y la
Corte Constitucional es de manera general, por lo cual se hace necesario acudir a
métodos de interpretación establecidos en la ley.

Señaló que, al ser una norma exceptiva, su interpretación es restrictiva y es
fundamental analizar su estructura gramatical. Indicó entonces que la interpretación
que hace el actor es contraria a la verdadera intención del legislador, que era
referirse a los fondos señalados en la Ley 101 de 1993 y 300 de 1996.

Reseñó que el capítulo V de la Ley 101 de 1993 hace referencia a fondos
7 SAMAI, Índice 29. PDF:
“Contestación_de_la_demanda_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONDEM
ANDA NroActua 29.”
4

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parafiscales Agropecuarios y Pesqueros, y que la Ley 300 de 1996 regula el Fondo
de Promoción Turística, y que las normas citadas evidencian las razones por las
cuales estos fondos son de importancia para el desarrollo del país.

Indicó que de la redacción del artículo 118 de la Ley 633 de 2000 se puede concluir
que existió un error gramatical, en la medida en que la referencia a los fondos
parafiscales “agropecuarios y pesqueros” quedó entre dos comas, pero que a lo que
hace referencia el mismo artículo 118 es a (i) los fondos de que trata el capítulo V
de la Ley 101 de 1993 y (ii) el Fondo de Promoción Turística de la Ley 300 de 1996.

Comentó que, la anterior interpretación es coherente con los Decretos
reglamentarios 2795 de 2001 y 3258 de 2002, que de ninguna manera excluyen de
manera general a todos los fondos parafiscales del impuesto sobre la renta.

En cuanto a los principios constitucionales presuntamente vulnerados señaló que,
de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional8 una regulación
diferenciada por una ley no implica una violación del principio de igualdad, cuando
la diversidad de trato tiene un fundamento objetivo y razonable de acuerdo con la
finalidad perseguida por la norma, que en este caso era excluir únicamente a los
fondos agropecuarios, pesqueros y de promoción turística. Esto se justifica en que
los fondos parafiscales pueden tener naturalezas disímiles, dado que las
contribuciones parafiscales ostentan diferentes formas de administración.

2. El acto fue expedido de forma regular.

Sobre la presunta vulneración del debido proceso, el derecho de audiencia y
contradicción de los fondos parafiscales resaltó que, es diferente la expedición
irregular de un acto administrativo, a dar una respuesta a un derecho de petición
donde se solicita la interpretación de una norma tributaria, cuya respuesta puede no
compartir el peticionario.

Agregó que lo anterior no puede ser considerado como vulnerador del derecho de
audiencia y contradicción, porque la consulta se realizó a través del derecho de
petición, cuya respuesta fue oportuna y se contestó con respuestas concretas. Para
esto recordó como tuvo lugar la expedición de los actos demandados, y trajo a
colación que la DIAN resolvió la consulta en lo de su competencia, de manera
general y abstracta, acudiendo a los métodos de interpretación legalmente
establecidos.

3. Falsa Motivación

Reiteró que lo que se debe considerar es que el inciso 6 del artículo 23-1 del
Estatuto Tributario es una norma exceptiva y por tanto su interpretación es restrictiva
y no admite aplicación analógica.

Trámite para sentencia anticipada

Por auto del 1 de diciembre de 2022, se decidió prescindir de la audiencia inicial y
aplicar la figura de la sentencia anticipada, dado el cumplimiento de las causales a),
b) y c) del numeral 1° del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

8 Puso como ejemplo las sentencias C-094 de 1993, C-530 de 1993, C-022 de 1996, C-445 de 1995 y C-
183 de 1998.
5

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Para los anteriores efectos, se fijó el litigio, con base en el cual le corresponde a la
Sala “determinar si la DIAN infringió las normas en que debía fundarse, incurrió en falsa motivación,
expidió actos de forma irregular, y violó los principios de igualdad, equidad y el derecho al debido
proceso, al proferir los Oficios Nros. 513 y 2259 del 20 de abril y 19 de diciembre del 2018”.

Alegatos de conclusión

El actor no presentó escrito de alegatos de conclusión.

La entidad demandada9 reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y
agregó que si a través del inciso 6 del artículo 23-1 del Estatuto Tributario, contentivo
del artículo 118 de la Ley 633 de 2000, el legislador hubiese querido excluir como
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios a todos los fondos
parafiscales, sin importar al sector al que pertenecen, así lo hubiese dispuesto, y,
por tanto, no resultaba necesario indicar expresamente que se trataba de los fondos
parafiscales del capítulo V de la Ley 101 de 1993 y la Ley 300 de 1996.

Agregó que se debe tener en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en
sentencia del del 5 de octubre de 2022, donde se declaró la constitucionalidad de
las expresiones “agropecuarios y pesqueros, y el Fondo de Promoción Turística” contenidas
en el artículo 23-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 68 de la Ley
2010 de 2019 (exp. D14679), la cual también hace referencia a la exclusión de estos
fondos en el pasado, es decir antes de la modificación de la Ley 2010.

Concepto del Ministerio Público

El Procurador Quinto delegado ante el Consejo de Estado señaló10 que no existen
elementos de juicio para declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados toda vez que, como lo manifestó la DIAN, de la lectura sistemática de
la norma no es posible concluir que esta tuviera como objetivo excluir de forma
general los “fondos parafiscales”. En su lugar considera que esta hace referencia
específica de los fondos parafiscales excluidos, acompañada de la normatividad que
regula cada uno, por lo que no tendría sentido consagrar una exclusión general para
la luego hacer una exclusión particular.

Así mismo, para efectos la presunta vulneración de los principios de igualdad y
equidad tributaria indicó que se debe considerar la sentencia C 345 de 2022 del 5
de octubre de 2022 de la Corte Constitucional, que resolvió una demanda de
inconstitucionalidad en contra del artículo 68 de Ley 2010 de 2019, la cual también
se refiere a la exclusión de este tipo de fondos. En ella la Corte Constitucional señaló
que la exclusión analizada no vulnera los principios analizados porque la exclusión
supera el juicio de igualdad toda vez que la misma tiene una finalidad que no está
prohibida por la Constitución Política y es potencialmente idónea para alcanzarla.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los Oficios Nros. 0513 y 2259
del 20 de abril y 19 de diciembre de 2018, proferidos por la DIAN, en donde esta
entidad determinó que los fondos parafiscales que no están previstos en el artículo
23-1 del Estatuto Tributario son contribuyentes del impuesto sobre la renta y
9 Samai. Índice 45. PDF ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENCIONES_DIAN_DIANALEGATOS NroActua
45
10 Samai Índice 44, PDF MemorialWebJDV_35CONCEPTO_20220009300 NroActua 44.
6

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complementarios, salvo que, por norma especial y según su naturaleza jurídica, la
ley les dé una calidad o connotación diferente.

La nulidad de los actos se solicita por parte del actor con base en tres cargos, esto
es que los actos fueron expedidos (i) con infracción de las normas en que debían
fundarse, (ii) de manera irregular y (iii) con falsa motivación. Nótese que en todo
caso los cargos se encuentran intrínsecamente relacionados, toda vez que los
cargos de expedición irregular y la falsa motivación dependen de establecer si
efectivamente los Oficios proferidos por la DIAN infringieron las normas en que han
debido basarse, con lo cual la Sala procederá a referirse al primer cargo, para de
allí concluir sobre los otros dos.

Así las cosas, sobre el primer cargo, el actor indica que los Oficios demandados,
hacen una interpretación errónea del inciso 6 del artículo 23-1 del Estatuto
Tributario, que en su momento acogía lo señalado en el artículo 118 de la Ley 633
de 2000, por cuanto según esta norma debía considerarse como no contribuyentes
del impuesto sobre la renta a los fondos parafiscales, los fondos agropecuarios y
pesqueros, y el Fondo de Promoción Turística, y no sólo estos dos últimos tipos de
fondos, según lo indicado por la DIAN. Lo anterior, porque en el artículo 118 de la
Ley 633 de 2000 había una coma después de mencionar a los fondos parafiscales.

Agregó que, en gracia de discusión, interpretar el acto administrativo como lo hizo
la DIAN infringiría el derecho a la igualdad y el principio de equidad tributaria, por
ser un trato discriminatorio, y sostuvo que los actos administrativos no pueden
basarse en la Ley 2010 de 2019, pues esto sería una aplicación retroactiva de la ley
y las excepciones a las reglas generales son de interpretación restrictiva.

Por su parte, la demandada sostiene que si a través del inciso 6 del artículo 23-1
del Estatuto Tributario el legislador hubiese querido excluir como contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios a todos los fondos parafiscales así lo
hubiese dispuesto, y, en esa medida sería innecesaria la referencia en la norma a
los fondos del capítulo V de la Ley 101 de 1993 y la Ley 300 de 1996. El Ministerio
Público concuerda con esta interpretación.

Para resolver el problema jurídico propuesto por las partes, se pone de presente
que los actos demandados fueron expedidos en vigencia del artículo 118 de la ley
633 de 2000, que reformó el inciso 6 del artículo 23-1 del Estatuto Tributario, por lo
que el análisis debe hacerse a la luz del texto contenido en dicha disposición, el cual
establecía:
“Interprétase con autoridad que tampoco se consideran contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios los fondos parafiscales, agropecuarios y pesqueros, de que trata el
capítulo V de la Ley 101 de 1993 y el Fondo de Promoción Turística de que trata la Ley 300
de 1996.”11

De acuerdo con el anterior texto, si bien es cierto que después de “fondos parafiscales”
hay una coma, no debe perderse de vista que ese signo ortográfico “se emplea para
delimitar, dentro del enunciado, determinados elementos, como componentes de una enumeración,
incisos, vocativos o interjecciones (…)”12(subrayado propio). Es decir, si bien la coma
puede usarse para enumerar (tesis del actor), también es cierto que se usa para

11 El mencionado artículo 118 fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C 809 de
2001, pero los cargos allí analizados y resueltos son de índole formal, con lo cual no son de utilidad para
resolver el cargo.
12 Diccionario de la lengua española, actualización 2022, Real Academia Española.
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delimitar incisos, que son parte de una oración y que se intercalan en ella con un
sentido explicativo.

Este uso de la coma permite entender que, cuando el artículo 118 de la Ley 633 de
2000, que reformó el inciso 6 del artículo 23-1 del Estatuto Tributario, señala
expresamente “de que trata el capítulo V de la Ley 101 de 1993”, está explicando que los
fondos parafiscales mencionados anteriormente y calificados como no
contribuyentes, son los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros, pues sólo
a estos fondos se refieren las normas contenidas en el capítulo V de la Ley 101 de
199313.

Así las cosas, a partir de una interpretación gramatical de la norma, es posible
concluir que, bajo el inciso 6 del artículo 23-1 del Estatuto Tributario, vigente para la
fecha de expedición de los Oficios demandados, sólo se consideraban no
contribuyente del impuesto sobre la renta los fondos parafiscales agropecuarios y
pesqueros del capítulo V de la Ley 101 de 1993 y el Fondo de Promoción Turística
de que trata la Ley 300 de 1996. De manera que, no coincide la Sala con la
interpretación de la demandada, en el sentido de que es un error gramatical que
“agropecuarios y pesqueros” quedara entre dos comas.

Ahora bien, la Ley 633 de 2000, dio un alcance restringido a la no sujeción, en lugar
de considerar que la misma cubre todos y cualesquiera fondos parafiscales, toda
vez que se observa como antecedente del proyecto de ley presentado que “uno de
los propósitos centrales y fundamentales del Proyecto que se presenta ante el Congreso, es el de
sanear el sistema tributario colombiano eliminando beneficios concedidos primordialmente en la
última década y que tienen relación directa con el poco dinamismo que han reflejado los ingresos
corrientes por concepto de impuestos nacionales; esto por cuanto no solo se deja de percibir el tributo
cedido, sino que además estas normas son la causa de la erosión del sistema mismo, dado que
mediante su manipulación se solaza un alto índice de evasión cuya complejidad de control es
evidente.”14

Súmese a lo anterior que, en el análisis que realiza la Corte Constitucional en
sentencia C 345 de 2022, sobre el artículo 68 de la Ley 2010 de 2019 (que modificó
el parágrafo 2º del artículo 23-1 del Estatuto Tributario), norma que elimina la coma
que existía en el artículo 118 de la Ley 633 de 2000 después de las palabras fondos
parafiscales y reproduce el resto de su contenido15, esa corporación concuerda con
el hecho de que la no sujeción establecida en el inciso del artículo 23-1 del Estatuto
Tributario nunca ha estado prevista para todo tipo de fondos parafiscales. Al
respecto se señaló que:
“Como lo explicó el ICDT en su intervención, la modificación gramatical en el parágrafo 2° del
artículo 23-1 del Estatuto Tributario, introducida por el artículo 68 de la Ley 2010 de 2019 no
supuso la alteración de los fondos parafiscales beneficiarios de la no sujeción explicada. En
efecto, con anterioridad a esa norma, el artículo 118 de la Ley 633 de 2000 estableció:
“Interprétase (sic) con autoridad que tampoco se consideran contribuyentes del impuesto sobre la renta
y complementarios los fondos parafiscales, agropecuarios y pesqueros, de que trata el capítulo V de la
Ley 101 de 1993 y el Fondo de Promoción Turística de que trata la Ley 300 de 1996”.
Lo expuesto por el ICDT, si bien discute el alcance atribuido al texto de la norma demandada que era
anterior a la Ley 2010 de 2019, no pone en duda que la interpretación actual se extiende en exclusiva a
los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros y al Fontur. De ese modo, ya fuera como

13 Artículo 29 al artículo 35.
14 Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Anexo Estadístico
Reforma Tributaria Ley 633 de 2000.
15 “No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, los fondos parafiscales
agropecuarios y pesqueros, y el Fondo de Promoción Turística. Los anteriores fondos que administran
recursos públicos están sujetos a control fiscal.”
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consecuencia de la supresión de la coma que introducía un inciso en los fondos parafiscales beneficiados
(como se hizo con el artículo 68 de la Ley 2010 de 2019) o de la precisión de que son los fondos previstos
en las Leyes 101 de 1993 y 300 de 1996 (como estableció la Ley 633 de 2000), la exclusión prevista en
el parágrafo 2° del artículo 23-1 del Estatuto Tributario no ha cobijado en el pasado, ni cobija en la
actualidad a la totalidad de fondos parafiscales existentes, sino únicamente a los mencionados en forma
expresa en dicho precepto.” (subrayado fuera del texto original).

Se observa entonces, que la interpretación de la DIAN realizada en los Oficios Nros.
0513 y 2259 del 20 de abril y 19 de diciembre de 2018 es acertada en el sentido de
limitar la no sujeción del inciso 6 del artículo 23-1 del Estatuto Tributario, vigente
para el 2018, únicamente a los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros del
capítulo V de la Ley 101 de 1993 y al Fondo de Promoción Turística de que trata la
Ley 300 de 1996.

En cuanto a la tesis del actor según la cual interpretar la norma de manera restrictiva
infringe el derecho a la igualdad y el principio de equidad tributaria, la Sala trae a
colación lo señalado en la misma sentencia C 345 de 2022 de la Corte
Constitucional sobre estos aspectos, toda vez que la norma allí analizada reproduce
el contenido (salvo por la coma) del inciso 6 del artículo 23-1 del Estatuto Tributario
objeto de los oficios demandados. Allí se mencionó que:
Se “(…) concluyó que el Legislador otorgó ese tratamiento tributario con fundamento en su
amplio margen de configuración en materia tributaria. Asimismo, la exclusión de estos fondos
tiene respaldo en razones plausibles que justifican la exoneración a estos sujetos del tributo
mencionado. En particular, la exclusión dirigida a los fondos parafiscales agropecuarios y
pesqueros (i) es una manifestación del deber estatal de otorgar prioridad al desarrollo integral
de las actividades agrícolas, agroindustriales, pecuarias y pesqueras; (ii) es un instrumento
para cumplir la garantía de la producción de alimentos ordenada por la Constitución; y (iii)
está motivada en la especial protección del campo y en la necesidad de materializar la
igualdad a favor de los campesinos y trabajadores agrarios. En cuanto, a la exclusión del
Fontur se sustentó en (iv) el deber estatal de brindar especial protección a esta industria; (v)
que los esfuerzos para promover el turismo se apoyan en el papel que este desempeña en la
internacionalización de las relaciones exteriores de Colombia; y (vi) que permite la realización
de la prosperidad general de los habitantes, los derechos a la educación, a la cultura, a la
recreación, a la libertad de empresa y la protección del patrimonio cultural.
De esa manera, el beneficio tributario superó el juicio integrado de igualdad de intensidad
débil. Esto es, en primer lugar, determinó que busca una finalidad que no es contraria a la
Constitución. De hecho, el objetivo de incentivar estas actividades económicas está en
armonía con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos (artículo 64), la
protección de la producción de alimentos (artículo 65), el deber de promover condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva (artículo 13), buscar la prosperidad general (artículo 2°),
entre otras prerrogativas constitucionales. En segundo lugar la no sujeción al impuesto de
renta para estos fondos es potencialmente adecuada para alcanzar sus fines, pues permite
que sus recursos se destinen, en su totalidad, a las actividades determinadas por el Legislador
las cuales, a su vez, tienen una relación estrecha con la consecución de los propósitos ya
descritos.
Al superar el juicio de igualdad, la Sala Plena constató que el Legislador estableció una
distinción justificada entre sujetos pasivos del impuesto a la renta, acorde con los principios
de igualdad y equidad tributaria. Por consiguiente, no estaba en la obligación de conceder
este beneficio tributario a otros fondos parafiscales que no se encontraban en la misma
situación fáctica y jurídica que los fondos agropecuarios, pesqueros y el Fontur. En particular,
destacó que dichos fondos constituyen recursos públicos que se conforman con aportes
provenientes de sectores especialmente protegidos, lo que justifica el tratamiento contenido
en la disposición acusada. Tampoco se desconoció el principio de generalidad del tributo
relacionado con la satisfacción del principio de igualdad en los beneficios tributarios”.

Tampoco se observa, como lo dijo el demandante, que los Oficios demandados
basaron su análisis en la Ley 2010 de 2019, haciendo una supuesta aplicación
retroactiva de la ley, pues en todo momento partieron del estudio del inciso 6 del
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artículo 23-1 del Estatuto Tributario vigente al momento de expedirlos, esto es de
acuerdo con el texto indicado en el artículo 118 de la Ley 633 de 2000, que como
ya se señaló permite concluir que no estaban sujetos al impuesto sobre la renta y
complementarios sólo los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros del
capítulo V de la Ley 101 de 1993 y al Fondo de Promoción Turística de que trata la
Ley 300 de 1996.

Por lo expuesto es claro que no procede el cargo de nulidad correspondiente a que
los Oficios acusados se expidieron infringiendo las normas en que han debido
fundarse, y, por las mismas razones, no procede el cargo de nulidad por expedición
irregular, pues la Administración no se alejó de la ley ni de los motivos de la misma.
En ese sentido no es cierto, como lo afirma el demandante, que los
pronunciamientos demandados produjeron una exclusión errónea de la no sujeción
a los fondos parafiscales diferentes de los agropecuarios, pesqueros y Fondo de
Promoción Turística.
Ahora bien, en cuanto a que se violó el debido proceso, el derecho de audiencia y
contradicción de los fondos parafiscales, considera la Sala que esta argumentación
no está llamada a prosperar, no sólo porque la interpretación de la DIAN estuvo
ajustada a derecho, sino porque, como lo señala la Administración, los actos
administrativos demandados fueron expedidos en aplicación del artículo 20 del
Decreto 4048 de 2008, que consagró la competencia para absolver consultas de
carácter general que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas
tributarias nacionales, y en ese sentido los Oficios demandados no determinaban
una situación de carácter particular que exigiera hacer parte del proceso a
determinados actores.
Debe recordarse además que, para la fecha de expedición de los Oficios se
encontraba vigente el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 que establecía que los
conceptos proferidos por la DIAN sólo constituían interpretación oficial para los
funcionarios de la entidad, es decir no eran obligatorios para los contribuyentes, con
lo cual no es razonable, como lo menciona el actor, que se tuvieran que hacer parte
a los posibles afectados con la posición jurídica expuesta en los Oficios, con el fin
de garantizar el debido proceso y derecho de audiencia.
Finalmente, por las razones ya expuestas tampoco procede el cargo por falsa
motivación, toda vez que la DIAN precisó en los oficios demandados el alcance del
inciso 6 del artículo 23-1 del Estatuto vigente para el 2018 en el mismo sentido en
que se hace en esta sentencia, mencionando las razones de derecho que permiten
concluir a cuáles fondos se refiere esa norma. Esto en todo caso no debe olvidarse
que, lo indicado en ese inciso se hace sin perjuicio de que otras normas prevean
tratamientos tributarios específicos para fondos parafiscales diferentes a los ya
mencionados.
En consecuencia, se niegan las pretensiones de la demanda.
Costas
No se impondrá condena en costas porque en este proceso se ventiló un asunto de
interés público, según lo prevé el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República

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de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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