Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00125-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00125-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2022-00125-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
31 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de nulidad
Número único de radicación: 110010324000 2022 00125 00
Demandante: Universidad del Cauca
Demandada: Universidad del Cauca1
Tercero: Diana María Díaz Palechor
Temas: Nulidad de actos que otorgan títulos universitarios sin el cumplimiento de
los requisitos -Reiteración jurisprudencial-.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la Universidad del
Cauca para que se declare la nulidad del artículo 1.° (parcial) de la Resolución núm.
R-924 de 8 de octubre de 2018, el Acta de grado núm. 48 de 12 de octubre de 2018
y el Diploma núm. 1874-18 de 12 de octubre de 2018, mediante los cuales la parte
demandante le otorgó el título de abogada a Diana María Díaz Palechor.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La Universidad del Cauca2 presentó demanda, en ejercicio del medio de control
de nulidad3, para que se declare la nulidad de:
1 Cfr. Índice núm. 2 de Samai.
2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Índice núm. 2 de Samai.
3 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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1.1. El artículo 1.° (parcial) de la Resolución núm. R-924 de 8 de octubre de
2018, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado y posgrado […]”, expedida por el Rector de la Universidad del Cauca.
1.2. El Acta de grado núm. 48 de 12 de octubre de 2018, mediante el cual la
Universidad del Cauca otorgó el título de abogada a Diana María Díaz
Palechor.
1.3. El Diploma núm. 1874-18 de 12 de octubre de 2018, mediante el cual la
Universidad del Cauca otorgó el título de abogada a Diana María Díaz
Palechor.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 3.1 Declárase la nulidad parcial del artículo primero de la Resolución No. R-924
de fecha 8 de octubre de 2018, por la que se confiere a la señora DIANA MARÍA
DÍAZ PALECHOR, identificada […], el título de abogada.
3.2. Declárese la nulidad del Acta de grado No. 48 de fecha 12 de octubre de 2018,
y Diploma No. 1874-18 de fecha 12 de octubre de 2018, actos administrativos con
los cuales la Universidad del Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el
artículo primero de su Resolución No. R-924 de fecha 8 de octubre de 2018 y otorga
el título de Abogada, a la señora DIANA MARÍA DÍAZ PALECHOR identificada […].
3.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene la cancelación de
la Tarjeta Profesional de Abogado No. […] otorgada por el Consejo Superior de la
Judicatura a la señora DIANA MARÍA DÍAZ PALECHOR, identificada […]”4.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones5:
3.1. Diana María Díaz Palechor se matriculó al Programa de Derecho de la
Universidad del Cauca, en el segundo período académico del año 2010, razón por
la cual, le aplican el artículo 2.° del Acuerdo Académico núm. 014 de 2004, en el
4 Cfr. Índice núm. 2 de Samai.
5 Cfr. Índice núm. 2 de Samai.
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que se estableció como requisito de grado, para obtener el título de abogado,
presentar y aprobar los exámenes preparatorios.
3.2. La Universidad del Cauca, en la ceremonia de 12 de octubre de 2018, le otorgó
a Diana María Díaz Palechor, el título de abogada.
3.3. Ante la Universidad del Cauca, el 19 de mayo y el 11 de julio de 2019, se
presentaron quejas por presuntas irregularidades en el registro de exámenes
preparatorios en la Facultad de Derecho, que: “[…] se hizo extensivo en lo referente
a la prueba de suficiencia de idioma extranjero (PSI), no sólo con los estudiantes
matriculados en el programa de Derecho, sino a los estudiantes de otras carreras y
programas académicos […]”6, razón por la cual, mediante la Resolución núm. R-695
de 30 de julio de 2019 se conformó un equipo de seguimiento y apoyo a la mejora
de los procedimientos académicos administrativos, cuya tarea era verificar el
cumplimiento de los requisitos de grado por parte de los estudiantes, egresados y
graduados desde el año 2015.
3.4. De la comparación por parte del Equipo de Seguimiento de los registros de
exámenes preparatorios consignados en el Sistema Integrado de Matrícula y
Control Académico - SIMCA, con los soportes físicos que reposan en cada historia
académica de estudiantes, egresados y graduados del Programa de Derecho, se
encontró que Diana María Díaz Palechor no contaba con soporte físico que
permitiera verificar que hubiera aprobado los exámenes preparatorios de Derecho
Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Civil y Derecho Civil -
bienes, obligaciones y contratos-, ni la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero
-PSI.
Normas violadas
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Los artículos 6, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política.
• Los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117.
6 Cfr. Índice núm. 2 de Samai.
7 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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• Los Acuerdos Académicos núm. 014 de 3 de noviembre de 20048 y 001 de 4
de diciembre de 20149.
Concepto de la violación
5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de
violación, así10:
Primer cargo: Violación de los artículos 6, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de
la Constitución Política.
5.1. Indicó que, en virtud de la autonomía universitaria prevista en el artículo 69 de
la Constitución Política y en la Ley 30 de 28 de diciembre de 199211, las
universidades tienen derecho, entre otras, a darse y modificar sus estatutos,
designar sus autoridades académicas y administrativas, así como crear, organizar
y desarrollar sus programas académicos.
5.2. En razón a ello y con fundamento en algunos pronunciamientos de la Corte
Constitucional al respecto12, la presentación y aprobación de la totalidad de los
exámenes preparatorios, constituyen un requisito sin el cual los estudiantes del
Programa de Derecho de la Universidad del Cauca no podrían adquirir el título de
abogados.
Segundo cargo: Violación de los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 2011.
5.3. Precisó que, con la declaratoria de nulidad de los actos acusados, no se
produciría ningún restablecimiento de derechos en favor de la parte demandante y,
que es evidente “[…] que los actos administrativos demandados causan un daño
grave, daño altamente nocivo para el orden social y público, ya que las
irregularidades anotadas permitieron que una persona que no cumplía con los
requisitos para otorgársele el título de Abogado (a), está actualmente ejerciendo
una profesión (lo cual implica un riesgo social) […]”.
8 “Por el cual se modifica parcialmente el Plan de Estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”.
9 “Por el cual se adopta el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios del Programa de Derecho”.
10 Cfr. Índice núm. 2 de Samai.
11 "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior".
12 Ver. Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. SU 783 de 2003 M.P. Gerardo Monroy
Cabra.
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Tercer cargo: Violación de los Acuerdos Académicos 014 de 3 de noviembre
de 200413 y 001 de 4 de diciembre de 201414.
5.4. Adujo que, en el Acuerdo indicado supra, se estableció que los estudiantes
para obtener el título de abogado(a) deberían cumplir, entre otros, con el requisito
de presentar y aprobar los exámenes preparatorios de: i) Derecho Constitucional; ii)
Derecho Administrativo; iii) Derecho Penal; iv) Derecho Laboral; v) Derecho de
Familia; vi) Derecho Civil -bienes, obligaciones y contratos-; y vii) Derecho Procesal
Civil, así como la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero – PSI.
5.5 Puso de presente que, al momento de expedición de los actos acusados, la
Universidad del Cauca no contaba con los soportes físicos que permitieran verificar
que el tercero con interés directo en el resultado del proceso hubiere aprobado
debidamente aprobado los exámenes preparatorios de Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional, Derecho Procesal Civil y Derecho Civil -bienes,
obligaciones y contratos-, ni la Prueba-PSI.
Actuaciones procesales
6. El Despacho sustanciador, mediante auto de 10 de marzo de 202215, admitió
la demanda y vinculó a Diana María Díaz Palechor, en calidad de tercero con interés
directo en el resultado del proceso. En auto de la misma fecha se ordenó correr
traslado de la solicitud de medida cautelar16.
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de septiembre de 202317,
decretó la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, la cual fue
objeto de recurso de súplica18 y confirmada por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante auto de 29 de agosto de 202419.
Contestación de la demanda
Tercero con interés directo en el resultado del proceso
13 “Por el cual se modifica parcialmente el Plan de Estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”.
14 “Por el cual se adopta el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios del Programa de Derecho”.
15 Cfr. Índice núm. 4 de Samai.
16 Cfr. Índice núm. 6 de Samai
17 Cfr. Índice núm. 19 de Samai.
18 Cfr. Índice núm. 24 de Samai.
19 Cfr. Índice núm. 30 de Samai.
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8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso20, notificado en debida
forma, guardó silencio en esta oportunidad procesal.
Procedencia de la sentencia anticipada
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de septiembre de 202421,
consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos
previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de
201122 y, en consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas, fijó el
objeto del litigio, resolvió sobre las solicitudes probatorias y corrió traslado para
alegar de conclusión.
Alegatos de conclusión
10. El Ministerio Público rindió concepto, solicitando acceder a las pretensiones de
la demanda23, con base en los siguientes argumentos:
10.1. La Corte Constitucional en la Sentencia C-1053 de 2001 “[…] informó que los
establecimientos educativos que imparten formación a quienes aspiran a obtener el
título de abogado pueden exigir los exámenes preparatorios u otros requisitos para
otorgar el título de abogado de acuerdo con sus planes de estudios, “con miras al
cumplimiento de los objetivos y propósitos de los mismos, en ejercicio de la
autonomía universitaria que les reconoce el artículo 69 constitucional […]”.
10.2. Conforme al reporte del equipo de seguimiento creado por la parte
demandante, se encuentra acreditado que “[…] la señora DIANA MARÍA DÍAZ
PALECHOR, incumplió con el requisito de grado consistente en aprobar los
exámenes preparatorios, previsto en el reglamento de la Universidad para obtener
el título de abogado […]”.
10.3. Precisó que, las normas expedidas por la Universidad del Cauca son
vinculantes para los estudiantes, quienes al matricularse se comprometen en
cumplir la normatividad interna del ente universitario y, en ese sentido, “[…] al firmar
su matrícula universitaria, surgió para la señora DIANA MARÍA DÍAZ PALECHOR
la obligación de presentar los exámenes preparatorios para optar por el grado de
20 Cfr. Índice núm. 16 de Samai.
21 Cfr. Índice núm. 32 de Samai.
22 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
23 Cfr. Índice núm. 41 de Samai.
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abogado, al estar contemplado este requisito dentro de la Universidad del Cauca
[…]”.
11. La Universidad del Cauca y el tercero con interés directo en el resultado del
proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal 24.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco
normativo y desarrollos jurisprudenciales sobre la autonomía universitaria; v) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre los requisitos de grado de los
programas universitarios; y vi) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
13. Vistos: i) el numeral 1.º del artículo 14925 de la Ley 1437, sobre competencia del
Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201926, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta
Sección es competente para conocer del presente asunto.
14. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso, sin que se observe
vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver
el caso sub examine.
15. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos expuestos
en la demanda, de conformidad con lo previsto en los artículos 187 y 189 de la Ley
1437.
Actos acusados
16. Los actos acusados son los siguientes:
24 Cfr. Índice núm. 42 de Samai.
25 Modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “Por medio de la cual se reforma el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras
disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
26 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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16.1. El artículo 1.° (parcial) de la R-924 de 8 de octubre de 2018, “Por la cual se
confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”, expedida
por el Rector de la Universidad del Cauca.
“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-924 DE 2018 (08 de octubre) Por la cual se
confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado. EL
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus facultades legales y
estatutarias y, CONSIDERANDO Los graduandos de pregrado y posgrado de la
Universidad del Cauca solicitan a la Rectoría se les confiera el título correspondiente.
Para optar al título respectivo los graduandos cumplieron con todos los requisitos de
Ley y los exigidos por cada unidad académica y demás instancias administrativas
universitarias. […] En mérito de lo expuesto RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: La
Universidad del Cauca en nombre de la República de Colombia y por autorización del
Ministerio de Educación Nacional, en atención a que las y los graduandos cumplieron
con los requisitos de Ley y los reglamentarios de la Institución, les confiere el título
de: […] FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
ABOGADA (O) […] DIANA MARÍA DÍAZ PALECHOR CC. […] ARTÍCULO QUINTO:
La ceremonia de grado, entrega de diplomas y actas de grado tendrá lugar en el
Paraninfo “Francisco José de Caldas”, el día viernes 12 de octubre de 2018, a la 9:00
am y se entenderán perfeccionados una vez cumplido con el orden establecido por la
Rectoría. CÚMPLASE Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a los ocho (8)
días del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018) JOSÉ LUIS DIAGO FRANCO
Rector […]”.
16.2. El Acta de grado núm. 48 de 12 de octubre de 2018, mediante la cual la
Universidad del Cauca otorgó el título de abogada a Diana María Díaz Palechor.
“[…] ACTA DE GRADO No. 48 del 12 de octubre de 2018 En Popayán, Capital del
Departamento del Cauca, República de Colombia, a la 9:00 a.m., del día viernes doce
(12) de octubre de dos mil dieciocho (2018) y en cumplimiento de la Resolución R-
924 del 8 de octubre de 2018 expedida por la Rectoría de la Alma Máter, se realizó
un acto solemne de grado en el Paraninfo Francisco José de Caldas, para la entrega
de títulos conferidos por la Universidad del Cauca. La Secretaria General, una vez
instalada la Ceremonia, lee la resolución afirmando que la graduanda ha cursado y
aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria requerida y cumple con los
requisitos legales y reglamentarios. El Rector le toma el Juramento y le otorga el título
de: ABOGADA A: DIANA MARÍA DÍAZ PALECHOR CC. […] El diploma acredita su
idoneidad para ejercer la profesión de Abogada Se registra en el Libro de Diplomas
No. 082; Folio No: 1874; Diploma No: 1874-18 La ceremonia finaliza a las 10:00 a.m.
Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado) JOSE LUIS DIAGO
FRANCO – Rector; GABRIELA RAMÍREZ ZULUAGA – Decana Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS, Secretaria
General. Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a doce (12) de octubre de dos
mil dieciocho (2018). LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS Secretaria General
[…]”.
16.3. El Diploma núm. 1874-18 de 12 de octubre de 2018, mediante el cual la
Universidad del Cauca otorgó el título de abogada a Diana María Díaz Palechor.
“[…] La Universidad del Cauca en nombre de la REPÚBLICA DE COLOMBIA y por
autorización del Ministerio de Educación Nacional, en la atención a que DIANA
MARÍA DÍAZ PALECHOR C.C. […] ha cumplido con todos los requisitos legales y
estatutarios le otorga el título de ABOGADA con todos los derechos, privilegios y
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dignidades que la facultan para el ejercicio de la profesión. Popayán, 12 de octubre
de 2018. Registrado en el Libro de Diplomas No. 082, Folio No. 1874, Diploma No.
1874-18, Resolución No. 924 8-10-2018 Acta No. 48 12-10-18. El Rector de la
Universidad, El Decano de la Facultad, La Secretaria General de la Universidad […]”.
Problema jurídico
17. De acuerdo con la demanda y la contestación presentada por el tercero
interesado en el resultado del proceso, el problema jurídico consiste en determinar
si el artículo 1.° (parcial) de la Resolución núm. R-924 de 8 de octubre de 2018, el
Acta de grado núm. 48 de 12 de octubre de 2018 y el Diploma núm. 1874-18 de 12
de octubre de 2018, vulneran: los artículos 6, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de
la Constitución Política y los Acuerdos Académicos 014 de 3 de noviembre de 2004
y 001 de 4 de diciembre de 2014; y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no
a declarar la nulidad de los actos acusados.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales sobre la autonomía
universitaria
18. Vistos los artículos: i) 69 de la Constitución Política; y ii) 28 y 29 de la Ley 30 de
28 de diciembre de 199227, sobre autonomía universitaria, garantizan que las
universidades públicas y privadas impartan la enseñanza sin la intervención de
terceros y, en ese sentido, darse sus propios estatutos, designar sus autoridades
administrativas y académicas, decidir sobre sus programas académicos,
seleccionar sus profesores y alumnos, entre otros.
19. La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la “[…]
capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa [en
virtud de la cual] cada institución universitaria ha de contar con sus propias reglas
internas (estatutos), y regirse conforme a ellas […]”28.
20. Esta Corporación ha considerado que el principio constitucional de la autonomía
universitaria tiene por finalidad garantizar que la enseñanza que se imparta en
dichos centros educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del poder
político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de acción de dichas
instituciones, con los límites que establezca la ley29.
27 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
28 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, C.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas, número único de radicación 25000-23-42-000-2017-05197-02.
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Núm. único de radicación: 110010324000 2022 00125 00
21. La Ley 30 desarrolló el artículo 69 de la Constitución Política y dispuso que las
universidades públicas pueden darse sus propios estatutos, designar a las
autoridades administrativas y académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de
programas académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados y seleccionar
los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus regímenes y establecer, arbitrar
y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y la función
institucional.
22. Por lo expuesto anteriormente, conforme lo ha considerado esta Sección 30, los
entes universitarios están facultados para adoptar las determinaciones que en su
normativa interna garanticen una mejor calidad de la educación y una óptima calidad
de formación de sus egresados.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre los requisitos de grado de
los programas universitarios
23. Visto el artículo 29 de la Ley 30 y atendiendo a que la Corte Constitucional,
mediante sentencias C-1053 de 200131 y SU-783 de 200332, consideró que, en el
ejercicio de la autonomía universitaria, las universidades pueden exigir la
presentación de preparatorios, a quienes aspiren a obtener el título de abogado(a),
en los siguientes términos:
“[…] la Corte considera que las universidades, orientadas por el propósito de
garantizar una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de conocimiento, la realización
de cursos especiales para la profundización en determinados temas […], como
requisito de grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la Constitución
Política. Esta interpretación no es nueva, sino que está explícita en la sentencia C-
505 de 2001, la cual produce efectos erga omnes desde la fecha en la que fue
proferida.
[…]
Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que la Constitución les
reconoce y en el deber institucional que la misma les impone, lo cual es concordante
con la función social que conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las
instituciones educativas graduar estudiantes, sino brindar a la sociedad profesionales
de óptimas calidades en virtud del riesgo social que implica el ejercicio de profesiones
como la abogacía […].
30 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón,
número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00368-00.
31 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1053 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
32 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-783 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Núm. único de radicación: 110010324000 2022 00125 00
[…]
Se hace necesario reiterar que las universidades, en ejercicio de su autonomía
constitucionalmente garantizada no sólo pueden imponer exámenes preparatorios,
sino diferentes tipos de pruebas de conocimiento, la realización de cursos especiales
para la profundización en determinados temas, o –como ya lo ha reconocido la
jurisprudencia de la Corporación antes citada- la demostración satisfactoria del
dominio de un idioma, siempre y cuando sean razonables y respeten la Constitución
Política. Estos requisitos impuestos por las universidades para la obtención del grado
académico deben cobijar por igual a todos los estudiantes de la institución [...].
3. La sentencia C-1053 de 2001 avaló de manera clara y expresa la posibilidad de
que las universidades fijaran exámenes preparatorios como requisito para obtener el
título de abogado
[…]
De lo trascrito se puede afirmar que las universidades pueden incluir en sus planes
de estudio los exámenes preparatorios y de ser esto así estas pruebas se hacen
obligatorias para obtener el grado. No obstante, para precisar lo determinado por la
Corte, la Sala considera necesario, primero, fijar el alcance de la expresión planes de
estudio y, segundo, clarificar si lo expuesto en la sentencia con respecto a la facultad
de incluir los preparatorios como requisito de grado es o no vinculante [...].
[…] la Sala estima que lo señalado por la Corte sí es vinculante en la medida en que
aclara que el alcance de la norma bajo estudio que fija unos requisitos para obtener
el título de abogado no excluye la exigencia de otros requisitos para obtener tal título.
A este argumento se añade que la Corte, dentro del cumplimiento de sus funciones,
fija con criterio de autoridad el alcance de las disposiciones constitucionales. Al
señalar que las universidades pueden exigir preparatorios en el ejercicio de la
autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución, la Corte fijó
la validez constitucional de esta forma de ejercer tal facultad como doctrina
constitucional que, ante la inexistencia de otra fuente aplicable, resulta vinculante.
Esto limita cualquier otra interpretación de su legitimidad.
Por otro lado, la Sala considera necesario indicar que el hecho de que una norma
señale una obligación a un sujeto no implica que prohíba que otra norma señale más
obligaciones al mismo sujeto, a menos que la competencia para establecer estas
obligaciones esté radicada exclusivamente en quien fijó la primera obligación. De la
existencia de una norma que establece mandato sólo se deriva la imposibilidad de
existencia simultánea de una norma que prohíba lo prescrito. En esa medida, del
hecho de que el legislador haya establecido que para obtener el título de abogado se
requería terminar materias y escoger entre la presentación de monografía o
judicatura, no se sigue necesariamente que esté prohibido que las universidades
exijan exámenes preparatorios para obtener el título de abogado […]”.
24. Esta Sección33 ha considerado que las universidades pueden incluir en sus
planes de estudio los exámenes preparatorios, de manera que el estudiante de
derecho que se matricule en la institución educativa que así lo prevea, adquiere la
obligación de acreditar dichos exámenes, para obtener su título profesional, dado
que los reglamentos universitarios son normas vinculantes para la comunidad
educativa.
33 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón,
número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00368-00.
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Núm. único de radicación: 110010324000 2022 00125 00
25. Adicionalmente, la Corte Constitucional, mediante sentencia en la Sentencia T-
659 de 201034, consideró que, en el ejercicio de la autonomía universitaria, las
universidades pueden acreditar el conocimiento de una segunda lengua para
acceder a un título profesional, en los siguientes términos:
“[…] Para ello es importante señalar que la medida contemplada por la Universidad,
al exigir a todos sus estudiantes el cumplimiento del requisito del inglés como lengua
extranjera, tiene una finalidad constitucionalmente legítima. En efecto:
(i) Pretende que sus estudiantes tengan el dominio de un idioma que en la actualidad
reviste notable importancia para el acceso al conocimiento dentro del contexto de la
globalización, buscando una mejor preparación académica.
(ii). Se ajusta a los postulados de la educación como derecho-deber y además se
encuentra en el marco de la autonomía universitaria, la cual permite a las instituciones
educativas darse sus estatutos, planes de estudio y programas académicos;
(iii). La jurisprudencia ya se ha pronunciado en eventos en los cuales algunos
estudiantes pedían la exoneración del requisito del aprendizaje del idioma inglés. En
esos casos la Corte destacó que en términos generales los entes universitarios están
facultados para establecer este tipo de exigencia para la obtención de un título
profesional […]”.
26. Tesis reiterada en la Sentencia T-152 de 201535, en los siguientes términos:
“[…] Específicamente, en cuanto a la exigencia del conocimiento de un segundo
idioma para obtener el grado como profesional, la Corte ha sostenido reiteradamente,
que ello hace parte de las facultades que le otorga la autonomía universitaria a los
entes de educación superior, los cuales pueden establecer, libremente los requisitos
para ser egresado de sus facultades. Sin embargo, no existe una fórmula absoluta
para determinar si prima la autonomía universitaria sobre los derechos de los
estudiantes o viceversa, éste es un análisis que debe realizarse de acuerdo con las
circunstancias particulares de cada caso concreto, y el contexto en el que estas
ocurren […]”.
27. Esta Sección36 ha considerado que las universidades pueden incluir en sus
planes de estudio algunos requisitos, como la Prueba de Suficiencia de Idioma
Extranjero – PSI para cumplir sus objetivos, de manera que el estudiante que se
matricule en la institución educativa que así lo prevea, adquiere la obligación de
acreditar dichos exámenes, para obtener su título profesional, dado que los
reglamentos universitarios son normas vinculantes para la comunidad educativa.
Acervo probatorio
34 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-659 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
35 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-152 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
36 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2022-00167-00.
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28. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub examine
fueron decretadas por el Despacho sustanciador mediante auto de 13 de septiembre
de 202437.
29. La Sala procederá a apreciar y valorar la totalidad de las pruebas solicitadas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación el problema jurídico planteado en el caso sub examine.
Análisis del caso concreto
30. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
31. La parte demandante expresó que Diana María Díaz Palechor no cumplió con
los requisitos exigidos por la ley y el Acuerdo Académico núm. 014 de 2004, para
que la Universidad del Cauca le otorgara el título de abogada, toda vez que de
acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo de seguimiento pudo establecer
que no presentó y aprobó los exámenes preparatorios de Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional, Derecho Procesal Civil y Derecho Civil -bienes,
obligaciones y contratos-, ni la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero -PSI.
Sobre el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004
32. La Sala advierte, para efectos de resolver el caso concreto, que el artículo 2.°
del Acuerdo Académico núm. 014 de 2004 prevé que, para optar al título de
abogado, se deben cumplir unos requisitos de grado, entre ellos, el de realizar la
presentación de los exámenes preparatorios y la prueba PSI, así:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO- Para optar al título de abogado, el estudiante deberá,
además de cursar y aprobar las asignaturas del plan de estudios, cumplir con los
siguientes requisitos de grado:
a. Realizar la presentación de los exámenes preparatorios.
37 Cfr. Índice núm. 32 de Samai.
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b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica Social denominada
“Judicatura”.
c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero. […]”.
32.1. Lo anterior, en concordancia con el Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010, en
especial, el artículo 2.°, expedido por el Consejo de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca, el cual estableció dentro
del plan de estudios la presentación de exámenes preparatorios.
Sobre el Acuerdo Académico núm. 001 de 4 de diciembre de 201438
33. La Sala advierte, que el artículo 17° del Acuerdo Académico núm. 001 de 2014
prevé que, éste rige para los estudiantes que ingresaron a partir del segundo
período de 2011, correspondientes al plan de estudios 264 y, el artículo 18° ibidem,
señala que para los estudiantes que ingresaron en el año 2004, plan de estudios
78, regirá el Acuerdo 001 de 2010 indicado supra.
34. Así las cosas, como quiera que Diana María Díaz Palechor ingresó a la
Universidad del Cauca en el segundo período académico de 2010, el acuerdo 001
de 2014 no le era aplicable y, por tanto, no hubo transgresión de dicha norma.
Sobre los requisitos de grado de Diana María Díaz Palechor
35. La Sala advierte, en el caso sub examine, que Diana María Díaz Palechor se
matriculó al Programa de Derecho de la Universidad del Cauca en el segundo
período académico del año 201039, razón por la cual, la reforma curricular adoptada
mediante el Acuerdo citado supra le era aplicable; en consecuencia, como se
explicará, debió cumplir con la presentación y aprobación de los exámenes
preparatorios, como modalidad de requisito de grado y la Prueba de Suficiencia en
Idioma Extranjero -PSI.
36. Asimismo, se encuentra probado que el Rector de la Universidad del Cauca,
mediante la Resolución núm. R-695 de 2019, conformó un equipo de seguimiento y
apoyo a la mejora de los procedimientos académicos administrativos de registros
de exámenes preparatorios del Programa de Derecho, el cual tenía a su cargo la
38 “Por el cual se adopta el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios del Programa de Derecho”.
39 Cfr. Índice núm. 2 de Samai.
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tarea de verificar, a partir del año 2015, el cumplimiento de las obligaciones
académicas de los estudiantes, egresados y graduados.
37. El artículo 2.° de la Resolución R.695 de 2019, fue modificado por la Resolución
núm. 0028 de 2020, en el sentido de verificar el cumplimiento de los requisitos de
grado en todos los programas académicos de pregrado de la Universidad del Cauca,
en los siguientes términos:
“[…] 1. OBJETIVOS:
a) Verificar, a través de distintas fuentes de información, las fases de inscripción,
calificación y registro de exámenes preparatorios e identificar las situaciones
irregulares presentadas.
b) Verificar, a través de las distintas fuentes de información, el cumplimiento de los
requisitos de grado y registros de calificaciones de los programas académicos
de pregrado de la Universidad el Cauca […]”. (se resalta)
38. En el documento que se denominó “[…] INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO (PREPARATORIOS)
[…]”, se señaló lo siguiente:
“[…] IV. CONCLUSIONES
1. El (la) señor (a) DIAZ PALECHOR DIANA MARIA, cédula de ciudadanía […]
y código estudiantil […] adscrita al programa de Derecho, presenta siete (7)
registros de preparatorios con nota aprobado (A) en SIMCA 2.0, de los cuales
una vez verificadas las diferentes fuentes de información (registro informático y
soportes físicos) se estableció que, tres (3) de ellos cuentan con soporte
documental en la historia académica:
Preparatorio Derecho Laboral
Preparatorio de Familia
Preparatorio Derecho Penal
2. El preparatorio de Derecho Administrativo, el preparatorio de Derecho
Constitucional, el preparatorio de Bienes, Obligaciones y Contratos y el
preparatorio de Procesal Civil, registrados por usuario DARCA
“GLORIABELALCAZAR” el 06 de septiembre de 2018, en estado de aprobado,
entre los periodos académicos 2016.2 y 2017.1 carecen de evidencia física o
documental en la hoja de vida o historia académica del estudiante, esta última
condición se indica con una X en la columna “Sin soporte en hoja física”. Hecho
del que se deriva la imposibilidad de registrar información relacionada con la
“modalidad” que refiere a la forma de presentación del preparatorio que puede
ser escrito u oral; “fecha de presentación” que alude al día, mes y año de
presentación del examen preparatorio; “calificación” que detalla la nota
cualitativa o cuantitativa que el estudiante obtuvo en el examen preparatorio.
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3. . Según reporte generado desde el Sistema de Recaudos de la Universidad
del Cauca – SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad
entre el primer periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de
2019, el (la) señor(a) DIAZ PALECHOR DIANA MARIA efectuó veintiún (21)
pagos por concepto de preparatorios, tres (3) asociados a preparatorios
aprobados, dieciséis (16) a preparatorios perdidos, y dos (2) pagos sin asociar
a la presentación de preparatorios.
4. Conforme a lo anterior, respecto de los preparatorios con registro
inconsistente se pudo evidenciar que:
4.1 El preparatorio de Derecho Administrativo, aparece registrado como
aprobado en 2016.2; sin embargo, fue pagado y reprobado por el estudiante en
dos (2) oportunidades así:
• 19 de mayo de 2017, calificación uno punto cinco (1.5) no aprobado.
• 27 de septiembre de 2017, calificación uno punto ocho (1.8) no aprobado.
Entre la última fecha de presentación del preparatorio de Derecho Administrativo
y la fecha del registro de aprobación inconsistente en SIMCA (06 de septiembre
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de 2018), no se encontraron pagos ni soportes que acrediten su presentación y
nota aprobatoria.
4.2 El preparatorio de Derecho Constitucional, aparece registrado como
aprobado en 2016.2; sin embargo, fue presentado y reprobado por el estudiante
en cuatro (4) oportunidades así:
• 10 de marzo de 2016, calificación uno punto ocho (1.8) no aprobado.
• 10 de marzo de 2017, calificación dos punto ocho (2.8) no aprobado.
• 09 de junio de 2017, calificación uno punto nueve (1.9) no aprobado.
• 04 de abril de 2018, calificación dos punto cinco (2.5) no aprobado.
Entre la última fecha de presentación del preparatorio de Derecho Constitucional
y la fecha del registro de aprobación inconsistente en SIMCA (06 de septiembre
de 2018), no se encontraron pagos ni soportes que acrediten su presentación y
nota aprobatoria.
4.3 El preparatorio de Bienes, Obligaciones y Contratos, aparece registrado
como aprobado en 2017.1; sin embargo, fue pagado y reprobado por el
estudiante en cinco (5) oportunidades así:
• 24 de septiembre de 2015, calificación dos punto cero (2.0) no aprobado.
• 26 de mayo de 2016, calificación uno punto seis (1.6) no aprobado.
• 06 de abril de 2017, calificación uno punto seis (1.6) no aprobado.
• 08 de noviembre de 2017, calificación dos punto cero (2.0) no aprobado.
• 13 de junio de 2018, calificación dos punto cuatro (2.4) no aprobado.
Entre la última fecha de presentación del preparatorio Bienes, Obligaciones y
Contratos y la fecha del registro de aprobación inconsistente en SIMCA (06 de
septiembre de 2018), no se encontraron pagos ni soportes que acrediten su
presentación y nota aprobatoria.
4.4 El preparatorio Procesal Civil, aparece registrado como aprobado en 2017.1;
sin embargo, fue pagado y reprobado por el estudiante en cinco (5)
oportunidades así:
• 02 de mayo de 2016, calificación uno punto seis (1.6) no aprobado.
• 04 de mayo de 2017, calificación dos punto tres (2.3) no aprobado.
• 29 de noviembre de 2017, calificación uno punto nueve (1.9) no aprobado.
• 30 de mayo de 2018, calificación dos punto tres (2.3) no aprobado.
• 05 de septiembre de 2018, calificación (NO APROBADO).
Entre la última fecha de presentación del preparatorio Procesal Civil y la fecha
del registro de aprobación inconsistente en SIMCA (06 de septiembre de 2018),
no se encontraron pagos ni soportes que acrediten su presentación y nota
aprobatoria.
4.5 El pago de referencia (ID FACTURA) 25143083 con fecha 07/10/2016 fue
generado por concepto “ADMINISTRATIVA” (Administrativo) y el pago de
referencia (ID FACTURA) 25738365 con fecha 21/02/2017 fue generado por
concepto “EXAMEN PREPARATORIO”, sin embargo, no se encontraron actas
y/o soportes asociados a dichos pagos, igualmente, se encuentra que los
preparatorios con registro inconsistente fueron presentados de manera posterior
a los pagos no asociados y que el número de preparatorios inconsistentes es
superior al número de pagos no relacionados. […]”. (resaltado de la Sala)
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39. En el documento que se denominó “[…] REGISTRO INCONSISTENTE DEL
REQUISITO DE GRADO PRUEBA DE SUFICIENCIA EN IDIOMA EXTRANJERO
(PSI) DE DÍAZ PALECHOR DIANA MARÍA […]”, se señaló lo siguiente:
“[…] 2. No existe examen físico a nombre de DIAZ PALECHOR DIANA MARIA, que
dé cuenta de una nota aprobatoria para la prueba PSI en el segundo periodo
académico de 2017.
3. El (la) señor (a) DIAZ PALECHOR DIANA MARIA no aparece en las listas de
resultados de las PSI aplicadas durante el segundo periodo académico de 2017.
4. En el rango de auditoría adelantada por el Equipo de Seguimiento 2015 a 2019-1,
no se encuentra inscripción, resultado o examen físico que sustente el registro
aprobatorio para la prueba PSI que se encuentra en SIMCA 2.0. 5.
Los registros aprobatorios inconsistentes de los cuatro (4) preparatorios y el registro
aprobatorio inconsistente de la Prueba PSI, se realizaron el mismo día (6 de
septiembre de 2018). En mérito de lo anterior, los registros aprobatorios de cuatro (4)
exámenes preparatorios y la prueba PSI correspondiente al (la) señor (a) DIAZ
PALECHOR DIANA MARIA adscrito (a) al programa de Derecho, es inconsistente en
atención a que no cuentan con soporte documental que acredite su presentación y
nota aprobatoria […]”.
40. Con base en los informes indicados supra, sobre la verificación del cumplimiento
de los requisitos de grado que presentó el equipo de seguimiento y apoyo a la
mejora de los procedimientos académicos administrativos de registros de exámenes
preparatorios del Programa de Derecho, se colige que, de conformidad con lo
previsto en los Acuerdos indicados supra, Diana María Díaz Palechor no aprobó la
totalidad de los exámenes preparatorios ni la Prueba de Suficiencia en Idioma
Extranjero -PSI, con lo cual se acreditó la violación por parte de los actos acusados
de las normas en que debían fundarse, en especial, del artículo 2.° del Acuerdo
Académico núm. 014 de 2004 y, en consecuencia, declarará la nulidad de los actos
acusados, en la medida que la Universidad del Cauca no podía conferirle el título
de profesional en derecho, contrariando su propio reglamento.
41. Por último, conforme lo ha considerado esta Sección40 en asuntos similares:
41.1. Debido a que el modelo de gestión documental de la Universidad del Cauca
presentó graves deficiencias atribuibles al incumplimiento de los deberes señalados
40 Ver entre otros: i) Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de
27 de junio de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación
11001032400020210044400; y ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de julio de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-
24-000-2020-00240-00.
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en los artículos 11, 12, 13, 19 y 21 de la Ley 594 de 14 de julio de 2000 41 que le
impidió adoptar adecuadas decisiones al momento de evaluar los requisitos de
grado y, en consecuencia, la condujeron al indebido otorgamiento de un título
profesional que en la presente decisión se está anulando, se instará a la institución
académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos
internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar
si Diana María Díaz Palechor estaría en condiciones de culminar el proceso de
graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el
título de abogada.
41.2. Asimismo, se ordenará a la Secretaría de la Sección Primera de la
Corporación comunicar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del
Consejo Superior de la Judicatura la presente sentencia, para lo de su competencia.
Conclusiones de la Sala
43. La Sala considera que la parte demandante logró desvirtuar la presunción de
legalidad de: i) el artículo 1.° (parcial) de la Resolución núm. R-924 de 8 de octubre
de 2018; ii) el Acta de Grado núm. 48 de 12 de octubre de 2018; y iii) el Diploma
núm. 1874-18 de 12 de octubre de 2018, motivo por el cual debe accederse a las
pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declarará su nulidad.
Condena en costas
44. Vistos: i) el artículo 188 de la Ley 1437; ii) el artículo 365 de la Ley 1564 de 12
de julio de 2012, en especial el numeral 8.°, sobre condena en costas, la Sala
considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que
se abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
41 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
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Núm. único de radicación: 110010324000 2022 00125 00
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de: i) el artículo 1.° (parcial) de la Resolución
núm. R-924 de 8 de octubre de 2018, respecto de Diana María Díaz Palechor; ii) el
Acta de Grado núm. 48 de 12 de octubre de 2018; y iii) el Diploma núm. 1874-18 de
12 de octubre de 2018, expedidos por la Universidad del Cauca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su
autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las
medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si Diana María Díaz Palechor
estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de
los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación,
COMUNICAR a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo
Superior de la Judicatura la presente providencia, para lo de su competencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones
a que haya lugar.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los suscritos Magistrados
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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