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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00175-00

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00175-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de indebida escogencia de la acción y caducidad, formuladas por el tercero interesado en las resultas del proceso. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la Resolución núm. R-388 de 15 de mayo de 2019, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”, expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto del señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ. TERCERO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 33 de 14 de junio de 2019 y del diploma núm. 1118-19 de 14 de junio de 2019, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 50 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00175-00 Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales se le otorgó el título de economista al señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ. CUARTO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si el señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de economista. QUINTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencia legales y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión documental que afronta. SEXTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO del Consejo Nacional Profesional de Economía la presente providencia, para los fines que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 51 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00175-00 Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA del acto administrativo de inscripción del señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ. SÉPTIMO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2022-00175-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

22 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00175-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

TESIS: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, POR MEDIO DE
LOS CUALES LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA OTORGÓ EL TÍTULO
PROFESIONAL, ESTÁN VICIADOS DE NULIDAD POR EXPEDIRSE SIN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO PREVISTOS EN
EL REGLAMENTO DE DICHA INSTITUCIÓN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA1, tendiente a que se declare la nulidad

del artículo 1° (parcial) de la Resolución núm. R-388 de 15 de mayo

de 2019, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a

estudiantes de pregrado y posgrado”, del acta de grado núm. 33

1
En adelante la UNIVERSIDAD.

2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00175-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

de 14 de junio de 2019 y del diploma núm. 1118-19 de 14 de junio de

2019, expedidos por dicha institución de educación superior, actos por

medio de los cuales otorgó el título de economista al señor CARLOS

ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ.

I.- LA DEMANDA

I.1. LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por conducto de apoderado

judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el

artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo -CPACA-, presentó demanda ante esta

Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

“[…] 4.1. Declárese la nulidad parcial del artículo primero de la
Resolución No. R-388 de fecha 15 de mayo de 2019, en concreto
el aparte que confiere a la (el) señor (a) CARLOS ANDRES
TRUJILLO LOPÉZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
1.061.780.207, expedida en Popayán - Cauca, el título de
ECONOMISTA.

4.2 Declárese la nulidad del Acta de Grado No. 33 del 14 de junio
de 2019 y Diploma No. 1118-19 de fecha 14 de junio de 2019,
actos administrativos con los cuales la Universidad del Cauca
materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero de su
Resolución No. R-388 de fecha 15 de mayo de 2019 y otorga el
título de ECONOMISTA a la (el) señor (a) CARLOS ANDRES
TRUJILLO LOPÉZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
1.061.780.207, expedida en Popayán - Cauca.

4.3 Como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene
la cancelación de la Tarjeta y/o Matrícula Profesional de
ECONOMISTA No. 58037, otorgada por CONSEJO NACIONAL
PROFESIONAL DE ECONOMIA - CONALPE a la (el) señor (a)
CARLOS ANDRES TRUJILLO LOPÉZ, identificado (a) con la cédula
de ciudadanía No. 1.061.780.207, expedida en Popayán – Cauca
[…]”.

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los

siguientes:

1°. Sostuvo que la UNIVERSIDAD es una institución de educación

superior del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación

Nacional, que cuenta con nueve (9) facultades, entre ellas, la Facultad

de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, a través de la

cual ha ofertado el programa de economía.

2°. Adujo que para la fecha en que el señor CARLOS ANDRÉS

TRUJILLO LÓPEZ2 se matriculó en el programa de economía, esto es,

en el primer semestre del año 2013, la UNIVERSIDAD tenía previsto

como requisito de grado la presentación y aprobación de la prueba de

suficiencia de idioma extranjero – PSI, de conformidad con lo previsto

en el Acuerdo Académico núm. 015 de 2 de noviembre de 2011,

“Mediante el cual se modifica el Acuerdo No. 005 de 2006 donde

se unifican las condiciones y características de la participación

de los estudiantes de los programas de pregrado, en el

Programa de Formación en idiomas – PFI y los requisitos y

2
Tercero con interés directo en las resultas del proceso.

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procedimientos para la presentación de la Prueba de Suficiencia

de Idioma Extranjero – PSI”.

3°. Señaló que el Consejo de la Facultad de Ciencias Contables,

Económicas y Administrativas, con base en la información registrada

en el Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico -SIMCA-,

expidió paz y salvo académico a favor del estudiante CARLOS

ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ quien, dentro de la oportunidad otorgada

por la Secretaría General, presentó la documentación exigida para el

otorgamiento del título de economista a fin de ser incluido en la

ceremonia de graduación que tuvo lugar el 14 de junio de 2019, en la

cual recibió el diploma correspondiente.

4°. Aseveró que el rector de la UNIVERSIDAD, mediante la Resolución

núm. 695 de 30 de julio de 2019, conformó un equipo de seguimiento

y apoyo a la mejora de los procedimientos académicos administrativos

de registro de exámenes preparatorios del programa de derecho, con

el propósito de verificar posibles irregularidades que se habrían

presentado en el registro de tales exámenes. Agregó que lo anterior

también se hizo extensivo a la prueba de suficiencia de idioma

extranjero – PSI, tanto de los estudiantes del programa de derecho,

como de los estudiantes de otras carreras y programas académicos,

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pues se advertía una modificación irregular de las notas en el Sistema

Integrado de Matrícula y Control Académico - SIMCA

5°. Lo anterior, con fundamento en una denuncia anónima recibida en

el correo electrónico de la Institución y en el escrito presentado por

uno de los docentes de la UNIVERSIDAD, en los que se informaba

que a varios estudiantes se les registraron como aprobados los

exámenes en el SIMCA, a pesar de que no los habían superado.

6°. Indicó que en cumplimiento de la tarea encomendada por el Rector

de la UNIVERSIDAD el equipo constituido mediante la Resolución

núm. 695 de 2019 procedió a analizar la información consignada en el

SIMCA, en relación con la inscripción, calificación y registro de

exámenes preparatorios de estudiantes, egresados y graduados desde

el año 2015, confrontando dicha información con los respectivos

soportes físicos que reposaban en el expediente de la correspondiente

historia académica.

7°. En lo referente a la prueba de suficiencia de idioma extranjero –

PSI, sostuvo que el Equipo de Seguimiento seleccionó la revisión de los

registros realizados del periodo 2015.1 hasta el 2019.1, consolidando

la existencia de tres posibles tipos de inconsistencias: i) Registro

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inconsistente aprobatorio de la PSI por usuario DARCA; ii) Registro

inconsistente aprobatorio de los niveles de idioma extranjero por

usuario DARCA; y iii) Registro inconsistente aprobatorio de la PSI por

usuario docente (Coordinador de Programa).

8º. Señaló que respecto de la situación académica del señor CARLOS

ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ se advirtió que, según la información

registrada en el SIMCA, no existía examen físico que diera cuenta de

la presentación y aprobación de la prueba de suficiencia de idioma

extranjero – PSI en el primer periodo académico de 2019.

9°. Destacó que la UNIVERSIDAD desconoce el medio o mecanismo

utilizado por el señor TRUJILLO LÓPEZ para obtener el registro

aprobatorio de la prueba de suficiencia de idioma extranjero – PSI, sin

haber superado el respectivo examen, situación que ya fue puesta en

conocimiento de las autoridades competentes.

10°. Finalmente, mencionó que los actos acusados de nulidad se

expidieron bajo el supuesto de que el señor CARLOS ANDRÉS

TRUJILLO LÓPEZ, había cumplido con todos y cada uno de los

requisitos previstos para que se le otorgara el título de economista.

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I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

La parte actora sostuvo que los actos acusados de nulidad incurren en

las causales de falsa motivación y expedición irregular, pues vulneran

los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución

Política; la Ley 30 de 1992; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437

de 2011; y los acuerdos núms. 027 de 28 de septiembre de 2000, “Por

medio del cual se modifica el componente de segunda lengua o

lengua extranjera en los programas de pregrado que ofrece la

Universidad del Cauca, para quienes ingresen a partir del

segundo periodo académico de 2000”; 009 de 5 de octubre de

2005, “Mediante la cual se aclara la exigencia de la Prueba de

Suficiencia en Idioma Extranjero PSI, como requisito de grado

para los estudiantes de Pregrado de la Universidad del Cauca”;

y 015 de 2 de noviembre de 2011, “Mediante el cual se modifica el

Acuerdo No. 005 de 2006 donde se unifican las condiciones y

características de la participación de los estudiantes de los

programas de pregrado, en el Programa de Formación en

idiomas – PFI y los requisitos y procedimientos para la

presentación de la Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero

– PSI”.

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Respecto de la transgresión de las normas antes citadas, indicó que “la

presentación y aprobación de la totalidad de la prueba de suficiencia

del idioma extranjero (PSI) constituye una condición o requisito sin el

cual el estudiante de cualquier carrera o programa de la Universidad

del Cauca, no tendría el derecho a que se le confiera el título al que

aspira, de otorgarse sin el cumplimiento de ese requisito de grado,

dicho título deberá ser dejado sin efectos, tal y como lo ha entendido

y dispuesto la Honorable Corte Constitucional en su Sentencia de

Unificación SU-783 de 2003”.

Aseveró que el señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ no cumplió

con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos internos de la

UNIVERSIDAD para que se le otorgue el título de economista, pues

de acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo de seguimiento

se pudo establecer que el graduado no aprobó la prueba de suficiencia

de idioma extranjero – PSI.

II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1. Admisión. Mediante proveído de 1o. de abril de 20223 se admitió

la demanda de la referencia y se ordenó vincular al señor CARLOS

3
Visible en el índice núm. 4 del expediente digital.

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ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ, en calidad de tercero con interés directo

en las resultas del proceso.

II.2. Medida cautelar. Con la demanda, la actora solicitó la medida

de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, a la

cual se accedió mediante proveído de 19 de agosto de 20224.

II.3.- Contestación

II.3.1. El señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ5, en calidad de

tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la

demanda, a través de apoderado judicial y propuso las excepciones

que denominó “indebida escogencia del medio de control” y caducidad.

Al respecto, sostuvo que el medio de control de nulidad no era el

procedente para controvertir la legalidad de los actos acusados, pues

los mismos eran de contenido particular y concreto, dado que a través

de ellos se le confirió un título académico al tercero con interés directo

en las resultas del proceso, por lo que “su anulación generaría un

restablecimiento automático, con afectación de sus propios intereses,

4
Visible en el índice núm. 25 del expediente digital. Contra la anterior decisión, el tercero interesado
interpuso recurso de súplica, el cual fue decidido por la Sala en providencia de 5 de mayo de 2023, en el
sentido de confirmar el decreto de la medida cautelar (índice núm. 37 del expediente digital).
5
Visible en el índice núm. 16 del expediente digital.

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lo cual para su controversia solo es concebible a través del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho”.

En ese sentido, señaló que al ser el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho el procedente para tramitar las

pretensiones de la demanda era de concluir que se configuró el

fenómeno de la caducidad, pues la demandante tuvo conocimiento de

las presuntas irregularidades en la presentación de la prueba de

suficiencia de idioma extranjero el 27 de abril de 2021 y la demanda

se presentó el 11 de marzo de 2022, esto es, por fuera de los cuatro

meses previstos para dicho medio de control.

Asimismo, alegó que las presuntas fallas que alega la demandante

como fundamento de nulidad de los actos acusados, son

exclusivamente atribuibles a las actuaciones desplegadas por la

institución universitaria, por lo que en este caso debía prevalecer el

principio de la buena fe, teniendo en cuenta que no participó en la

producción de los actos administrativos que se demandan.

De igual forma, sostuvo que la parte actora no acreditó las causales

de nulidad que alegó en la demanda, pues las pruebas aportadas al

proceso eran insuficientes para acreditar lo pretendido.

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Señaló que la plataforma a través de la cual se realizó el registro de

notas presentaba falencias, inclusive para los docentes de la

universidad, “el sistema en cuestión los borra de forma automática”,

por lo que no era posible atribuir dichas falencias al tercero con interés

directo en las resultas del proceso.

Precisó que dentro de sus obligaciones como estudiante no estaba la

de aportar el examen de la prueba de suficiencia de idioma extranjero

– PSI para la expedición del respectivo paz y salvo, ni subir las notas

al sistema de la universidad, pues esa competencia recaía

exclusivamente en la universidad6.

Adujo que desconocía el funcionamiento interno de los sistemas con

los que contaba la Universidad para el registro de exámenes. Sin

embargo, sostuvo que sí se cumplió con el requisito de presentación y

aprobación de la prueba de suficiencia en idioma extranjero, conforme

constaba en el paz y salvo que expidió la demandante.

6
En este punto, el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso agregó:

“[…] es menester señalar que la custodia de los documentos referentes a evaluaciones, exámenes y demás
notas o requisitos físicos o virtuales una vez entregados recae única y exclusivamente sobre las entidades
a quienes le son entregados, que para el caso en concreto es la Universidad del Cauca, la pérdida de
documentos o demás falencias no puede ser trasladada en cabeza del alumno, máxime cuando ya han
transcurrido varios años desde su época en calidad de estudiante, sin que sea obligación conservar copias
en cabeza del estudiante por la sencilla razón que de dicho examen o prueba no se hace entrega física de
la misma al estudiante, quedando siempre la custodia de la misma en cabeza del docente y posteriormente
en el programa del PSI, y de este al SIMCA […]”.

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Señaló que en esta corporación cursaban un número significativo de

demandas por los mismos hechos que se debatían dentro del presente

proceso, lo cual acreditaba las falencias en los sistemas de registros

académicos de la demandante, las cuales consideró pudieron ser

corregidas cuando la Contraloría General de la República le realizó a la

universidad las respectivas observaciones y recomendaciones sobre

las inconsistencias evidenciadas en los sistemas de registro.

II.4. El Despacho sustanciador, mediante proveído de 23 de junio de

2023 resolvió las excepciones previas formuladas por el tercero

interesado7; en auto de 15 de septiembre de 20238, prescindió de

realizar la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en

aplicación de lo previsto en el artículo 182A del CPACA, adicionado por

el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, fijó el litigio9 y resolvió sobre las

7
En el auto de 23 de junio de 2023, visible en el índice núm. 44 del expediente digital, se resolvió declarar
no probadas las excepciones de “Falta de competencia para conocer del presente asunto por tratarse de
actos académicos”, y “habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde”,
y abstenerse de decidir en esa etapa procesal sobre las excepciones de inepta demanda por “por indebida
escogencia del medio de control” y de “caducidad”, formuladas por el apoderado del tercero con interés
directo en las resultas del proceso.

8
Visible en el índice núm. 50 del expediente digital.
9
El litigio se fijó en los siguientes términos:

“[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y
la contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. R-388 de 15 de mayo de 2019,
“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”, y el
acta de grado núm. 33 de 14 de junio de 2019, expedidas por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA,
desconocieron o no los artículos 6o, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; los
artículos 3o, 6o y 137 de la Ley 1437 de 2011; y los acuerdos núms. 027 de 28 de septiembre de 2000,
“Por medio del cual se modifica el componente de segunda lengua o lengua extranjera en los
programas de pregrado que ofrece la Universidad del Cauca, para quienes ingresen a partir del
segundo periodo académico de 2000”, 009 de 5 de octubre de 2005, “Mediante la cual se aclara la
exigencia de la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero PSI, como requisito de grado para
los estudiantes de Pregrado de la Universidad del Cauca”, y 015 de 2 de noviembre de 2011,

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pruebas aportadas y solicitadas por las partes; y en auto de 19 de enero

de 202410, se decidió correr traslado a las partes y al Ministerio Público,

para que presentaran sus alegatos de conclusión.

II.5. Alegatos de conclusión

II.5.1- La UNIVERSIDAD11 efectuó un recuento de lo reseñado en el

libelo introductorio e insistió en que debe accederse a las pretensiones

de la demanda porque dentro del proceso está acreditado que el señor

CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ incumplió con el requisito de

presentar y aprobar la prueba de suficiencia de idioma extranjero – PSI

requerida para obtener el título de economista.

Al respecto, sostuvo que se acreditó la vulneración de lo previsto en el

Acuerdo Académico núm. 015 de 2 de noviembre de 2011, “Mediante

el cual se modifica el Acuerdo No. 005 de 2006 donde se

unifican las condiciones y características de la participación de

los estudiantes de los programas de pregrado, en el Programa

“Mediante el cual se modifica el Acuerdo No. 005 de 2006 donde se unifican las condiciones y
características de la participación de los estudiantes de los programas de pregrado, en el
Programa de Formación en idiomas – PFI y los requisitos y procedimientos para la presentación
de la Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero – PSI”, expedidos por la UNIVERSIDAD, conforme
a lo expuesto por la parte actora en el índice núm. 2 del expediente digital y a lo indicado por el tercero
con interés directo en las resultas del proceso en el escrito obrante en el índice núm. 16 del expediente
digital […]”.

10
Visible en el índice núm. 62 del expediente digital.
11
Visible en el índice núm. 68 del expediente digital.

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de Formación en idiomas – PFI y los requisitos y procedimientos

para la presentación de la Prueba de Suficiencia de Idioma

Extranjero – PSI”, pues las pruebas que reposan en el expediente

dan cuenta de que el egresado no aprobó la prueba de suficiencia de

idioma extranjero – PSI.

II.5.2- El señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ12 en su escrito

de alegatos de conclusión reiteró los argumentos expuestos al

contestar la demanda, especialmente lo relacionado con las falencias

que presentaban los sistemas de registros de exámenes de la

universidad demandante. En ese sentido, indicó que dichas falencias

no le eran atribuibles, pues la competencia para conservar las pruebas

documentales físicas o digitales de los exámenes recaía en el

establecimiento educativo.

Sostuvo que al momento de la expedición de los actos acusados la

universidad estaba incumpliendo con uno de los deberes que se

desprendían del ejercicio de la autonomía universitaria, esto es, la

organización, conservación y preservación de los archivos, de

conformidad con lo previsto en los artículos 11, 12, 13, 19 y 21 de la

Ley 594 de 2000.

12
Visible en el índice núm. 69 del expediente digital.

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En ese sentido, señaló lo siguiente:

“[…] Motivo por el cual resulta imposible probar la presentación o
no de los exámenes preparatorios en cabeza del alumno de la
forma en la que es requerida por la Universidad del Cauca en
principio, máxime cuando conforme a la respuesta antes referida
de la Universidad del Cauca, es el docente quien conserva dichos
exámenes presentados, y es aquel a quien corresponde subir las
notas de los exámenes presentados y debidamente evaluados, no
es al estudiante a quien corresponde acreditar la existencia de los
exámenes, la presentación de los mismos y demás tramites, es al
propio ente universitario a quien corresponde probar, los cuales
según la misma Universidad no pueden ser cargados al sistema
[…]”.

Precisó que ninguna de las normas que invocó la demandante como

transgredida con la expedición de los actos acusados de nulidad,

establecía como deber de los alumnos o exalumnos la conservación de

recibos de pago, listados de admitidos, exámenes y similares para

efectos de comprobar la presentación de los mismos. Al respecto,

señaló que “El sistema valido vigente que reglamentaba el

funcionamiento del SIMCA es la Rectoral 030 de 2012, que estableció

como fuente primaria de verificación académica la información

consignada en el Sistema SIMCA, lo que permite asumir con veracidad

la información allí contenida”.

Respecto del informe que aportó la demandante para acreditar el

incumplimiento de los requisitos de grado, reiteró que el mismo estaba

“afectado de independencia e imparcialidad”, por lo que no acreditaba

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que el tercero con interés directo en las resultas del proceso hubiere

cometido fraude o que dentro del proceso penal que adelanta la Fiscalía

General de la Nación se le haya vinculado en calidad de autor, coautor

o participe de la comisión de delitos relacionados con los hechos

materia de la demanda13.

Finalmente, mencionó que el tercero con interés directo en las resultas

del proceso no cometió delitos, ni fue objeto de investigaciones

disciplinarias por parte de la universidad, pues inclusive, obtuvo varios

reconocimientos académicos debido a su excelente comportamiento

académico.

13
En este punto, el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso señaló:

[…] Pero, además, la Dra. MARTHA LUCIA CHAVES ZUÑIGA, según la información registrada en el
portal de la Universidad del Cauca, fue la coordinadora del Sistema Integrado de Matrícula y Control
Académico, SIMCA; y directora encargada de la División de Admisiones, Registro y Control Académico,
DARCA, aplicativos que al parecer presentaron irregularidades en cuanto a la información que era cargada
a las mismas, lo cual impide que se pueda dar credibilidad a dicho informe y/o dictamen por cuanto el
mismo carece de imparcialidad e independencia. Y es precisamente tal informe rendido por los
profesionales designados el que sirve como sustento probatorio para impetrar la demanda materia de
análisis, esta situación le resta credibilidad al informe en cuestión por falta de independencia e
imparcialidad, no se puede ser juez y parte aun dentro de un trámite o investigación disciplinaria o
administrativa interna, por ende no se puede dar valor probatorio a la misma como prueba documental,
por no cumplir con los requisitos señalados en el artículo 226 del Código General del Proceso.

Pese a lo anterior el despacho da por sentado conforme al informe emitido por la misma Universidad en
su calidad de investigada y demandada que mi representada no presentó la totalidad de los preparatorios
para obtener el paz y salvo respectivo, dejando de lado el despacho que el informe suscrito el 27 de agosto
de 2021 por la señora MARTHA LUCIA CHAVES ZÚÑIGA, se encuentra afectado en su independencia e
imparcialidad, dado que la citada docente en su calidad fue la persona encargada del Sistema DARCA y
SIMCA, motivo por el cual no se puede ser juez y parte dado que se afecta principios y derechos tan
fundamentales como las garantías del Debido Proceso y del Derecho de Defensa amparados no solamente
en la Constitución Política en su artículo 29, sino también en los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos […]”.

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III.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público rindió concepto14 en el que solicitó

acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó que

dentro del proceso existían elementos de juicio para declarar la nulidad

de los actos acusados.

Destacó que al ingresar a la UNIVERSIDAD el señor TRUJILLO

LÓPEZ se comprometió a cumplir con el reglamento académico que

preveía la exigencia de la presentación y aprobación de la prueba de

suficiencia de idioma extranjero – PSI.

Aseveró que al matricularse en los diferentes programas académicos

los estudiantes conocen las normas que rigen su institución educativa

y, por ende, están obligados a su observancia, máxime si se trata de

aquellas normas que regulan los requisitos para obtener el

correspondiente título profesional.

Finalmente, sostuvo que dentro del proceso se acreditó que el señor

TRUJILLO LÓPEZ incumplió con el requisito de grado consistente en

14
Visible en el índice núm. 67 del expediente digital.

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presentar y aprobar la prueba de suficiencia de idioma extranjero – PSI,

prevista en el reglamento de la institución.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del CPACA

y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del

Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la

referencia.

IV.2. Los actos acusados

En el caso en concreto, la UNIVERSIDAD solicitó la nulidad del artículo

primero de la Resolución núm. R-388 de 15 de mayo de 2019, respecto

del título de economista que se le otorgó al señor CARLOS ANDRÉS

TRUJILLO LÓPEZ, la cual establece:

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-388 DE 2019
(15 de mayo)

Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado y posgrado

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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus
facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

Los graduandos de pregrado y posgrado de la Universidad del
Cauca solicitan a la Rectoría se les confiera el título
correspondiente.

Para optar al título respectivo los graduandos cumplieron con todos
los requisitos de Ley y los exigidos por cada unidad académica y
demás instancias administrativas universitarias.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la
República de Colombia y por autorización del Ministerio de
Educación Nacional, en atención a que las y los graduandos
cumplieron con los requisitos de Ley y los reglamentarios de la
Institución, les confiere el título de:

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS

(…)

ECONOMISTA

(…)

CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ
CC. (…) de POPAYÁN […]”.

De igual forma, la demandante solicitó la nulidad del acta de grado 33

de 14 de junio de 2019, en la que se indicó lo siguiente:

“[…] ACTA DE GRADO No. 33 del 14 de junio de 2019

En Popayán, Capital del Departamento del Cauca, República de
Colombia, a las 3:30 p.m., del día viernes catorce (14) de junio de
dos mil diecinueve (2019) y en cumplimiento de la Resolución R-

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388 del 15 de mayo de 2019 expedida por la Rectoría de la Alma
Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo
Francisco José de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por
la Universidad del Cauca. La Secretaria General, una vez instalada
la Ceremonia, lee la resolución afirmando que el graduando ha
cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria
requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El
Rector le toma el Juramento y le otorga el título de:

ECONOMISTA
A:
CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ
CC. (…) de POPAYÁN

El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de
Economista

Se registra en el Libro de Diplomas No. 083; Folio No: 1118;
Diploma No: 1118-19

La ceremonia finaliza a la (s) 4:30 p.m.

Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado)
JOSE LUIS DIAGO FRANCO – Rector; ANDRÉS JOSÉ CASTRILLÓN
MUÑOZ – Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas
y Administrativas, LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS –
Secretaria General.

Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a viernes (14) de junio
de dos mil diecinueve (2019).

LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General […]”.

Por último, se pretende la nulidad del diploma núm. 1118-19 de 14 de

junio de 2019, en el que se lee:

“[…] La UNIVERSIDAD DEL CAUCA en nombre de la REPÚBLICA
DE COLOMBIA y por autorización del Ministerio Educación
Nacional, en la atención a que CARLOS ANDRÉS TRUJILLO
LÓPEZ (…) ha cumplido con todos los requisitos legales y
estatutarios le otorga el título de ECONOMISTA con todos los
derechos, privilegios y dignidades que la facultan para el ejercicio
de la profesión. Popayán, 14 de junio de 2019. Registrado en el

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Libro de Diplomas No. 083, Folio No. 1118, Diploma No. 1118-19
[…]”.

IV.3. Problema jurídico

El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad del artículo

1° (parcial) de la Resolución núm. R-388 de 15 de mayo de 2019, “Por

la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de

pregrado y posgrado”, del acta de grado núm. 33 de 14 de junio de

2019 y del diploma núm. 1118-19 de 14 de junio de 2019, actos por

medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL CAUCA otorgó el título de

economista al señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ.

A juicio de la demandante, los actos acusados vulneran los artículos

6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; la

Ley 30 de 1992; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437 de 2011; y

los acuerdos núms. 027 de 28 de septiembre de 2000, “Por medio del

cual se modifica el componente de segunda lengua o lengua

extranjera en los programas de pregrado que ofrece la

Universidad del Cauca, para quienes ingresen a partir del

segundo periodo académico de 2000”, 009 de 5 de octubre de

2005, “Mediante la cual se aclara la exigencia de la Prueba de

Suficiencia en Idioma Extranjero PSI, como requisito de grado

para los estudiantes de Pregrado de la Universidad del Cauca”,

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y 015 de 2 de noviembre de 2011, “Mediante el cual se modifica el

Acuerdo No. 005 de 2006 donde se unifican las condiciones y

características de la participación de los estudiantes de los

programas de pregrado, en el Programa de Formación en

idiomas – PFI y los requisitos y procedimientos para la

presentación de la Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero

– PSI”.

El fundamento de la demanda descansa en que el graduado no cumplió

con los requisitos previstos en el reglamento de la UNIVERSIDAD

para optar por el título de economista, en tanto omitió la presentación

y aprobación de la prueba de suficiencia de idioma extranjero – PSI.

Por su parte, el tercero con interés directo en las resultas del proceso

aseguró que el medio de control procedente es el de nulidad y

restablecimiento del derecho frente al cual operó el fenómeno de la

caducidad; que, asimismo, su actuar se encuentra amparado bajo el

principio de la buena fe; y que las fallas administrativas en que haya

incurrido la institución académica no le son atribuibles y, por tanto,

bajo el principio de la carga dinámica de la prueba es la universidad la

que debe demostrar las razones por las cuales el expediente académico

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no contiene todos los soportes que respaldan la información

consignada en la base de datos o sistema “SIMCA”

Para resolver lo planteado, la Sala abordará el estudio de los siguientes

asuntos: (i) la autonomía universitaria; (ii) los requisitos de grado de

los programas universitarios; (iii) el principio de la buena fe; y (iv) la

solución del caso concreto.

(i) La autonomía universitaria

El artículo 69 Superior establece el principio de la autonomía

universitaria en los siguientes términos:

“[…] Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades
del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.

El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible
el acceso de todas las personas aptas a la educación superior
[…]”.

El mencionado principio constitucional garantiza que las universidades

impartan la enseñanza sin interferencias públicas ni privadas, así como

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también les permite la gestión independiente de sus asuntos

administrativos y académicos.

La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la “[…]

capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación

administrativa [en virtud de la cual] cada institución universitaria ha

de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse

conforme a ellas […]”15.

También la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que el

principio constitucional de la autonomía universitaria tiene por finalidad

garantizar que la enseñanza que se imparta en dichos centros

educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del poder

político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de acción de

dichas instituciones, con los límites que establezca la ley.

En este sentido, la Sección Segunda mencionó:

“[…] La autonomía de que trata el artículo 69 constitucional
tiene como finalidad garantizar que la enseñanza que se
imparta en dichos centros educativos esté alejada de cualquier
tipo de intervención del poder político en todos sus ámbitos:

15
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.p. Alejandro Martínez Caballero.

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ideológico, administrativo o financiero[16]. En otros términos,
busca el respeto en la libertad de actuar de dichas instituciones.

Lo anterior no significa que las universidades, aun cuando son
entes autónomos, puedan desligarse por completo del Estado,
en la medida que al pertenecer a un estado de derecho están
sometidas también al régimen constitucional y a las leyes.[17]

En ese sentido, la autonomía no es absoluta y el legislador
puede determinar límites a esa libertad de acción a través de
la ley, siempre que estos no se extiendan hasta desvirtuarla o
impedir su ejercicio [18][…]”.19

La Ley 30 de 28 de diciembre de 199220 desarrolló el artículo 69

Superior y dispuso que las universidades públicas pueden darse sus

propios estatutos, designar a las autoridades administrativas y

académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de programas

académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,

docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados y

seleccionar los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus

regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el

cumplimiento de su misión social y la función institucional.21

En este marco normativo, los entes universitarios están facultados para

adoptar las determinaciones que en su normativa interna garanticen

[16] Corte Constitucional, sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992, M.p., José Gregorio Hernández
Galindo.
[17] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 26 de marzo de 2014, número de
radicado 11001 03 06 000 2014 00026 00.
[18] Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997, M.p., Fabio Morón Díaz.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21), C.p. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
20
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
21
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.

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una mejor calidad de la educación y una óptima calidad de formación

de sus egresados.

(ii) Requisitos de grado de los programas universitarios

El artículo 29 de la Ley 30 de 1992 preceptúa:

“[…] Artículo 29. La autonomía de las instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones
técnicas profesionales estará determinada por su campo de
acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes
aspectos:

a) Darse y modificar sus estatutos.

b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.

c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo
mismo que expedir los correspondientes títulos.

d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas, culturales y de extensión.

e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus
alumnos.

f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.

Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales
a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación
Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior (Icfes) […]” (Resaltado fuera del texto
original).

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27

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En relación con la fijación de los requisitos de grado que las

instituciones de educación pueden establecer en sus programas

académicos, la Corte Constitucional ha dicho:

“[…] [L]as universidades, orientadas por el propósito de garantizar
una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de
conocimiento, la realización de cursos especiales para la
profundización en determinados temas, o la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, como requisito de
grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la
Constitución Política. Esta interpretación no es nueva, sino que
está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la cual produce efectos
erga omnes desde la fecha en la que fue proferida […]”22. (Resaltado
fuera del texto original).

De lo trascrito es posible afirmar que las universidades pueden incluir

en sus planes de estudio requisitos como la prueba de suficiencia de

idioma extranjero – PSI, para cumplir sus objetivos, de manera que el

estudiante que se matricule en la institución educativa que así lo

prevea, adquiere la obligación de acreditar dichos requisitos, para

obtener su título profesional, dado que los reglamentos universitarios

son normas vinculantes para la comunidad educativa.

(iii). El principio de la buena fe

22
Sentencia SU-783 de 2003.

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28

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La Constitución Política, en su artículo 83, establece que “Las

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán

ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas

las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

Respecto de dicho principio, la jurisprudencia de la Sección Primera ha

precisado que la presunción de buena fe no implica que las actuaciones

de los ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento de una serie

de requisitos indispensables para su ejecución, pues el obrar de buena

fe implica “que se haya realizado la actuación con la diligencia

debida”.23

Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación con

al significado, alcance y contenido de este postulado superior, en los

siguientes términos:

“[…] La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la
buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para
transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y
proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su
función integradora del ordenamiento y reguladora de las
relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado.[24]

En este orden de ideas la jurisprudencia constitucional ha
definido el principio de buena fe como aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con
las actuaciones que podrían esperarse de una “persona

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00120-00. C.p.: ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS.
[24] Sentencia C-071 de 2004

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29

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correcta (vir bonus)”[25]. En este contexto, la buena fe
presupone la existencia de relaciones reciprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y
credibilidad que otorga la palabra dada” [26]

En este sentido la Corte ha señalado que la buena fe es un
principio que “de conformidad con el artículo 83 de la Carta
Política se presume, y dicha presunción solamente se desvirtúa
con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico
vigente”[27].

Concretamente con respecto al contenido concreto del artículo
83 Superior, debe la Corte indicar que conforme con este (i) las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella
se presume en las actuaciones que los particulares adelanten
ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico
administrativas […]”28.

De acuerdo con la jurisprudencia en comento, el obrar de buena fe

requiere que el particular haya tenido la debida diligencia en la

ejecución de la actuación ante la Administración, pues, en caso

contrario, no es factible derivar de una actuación negligente una

aplicación favorable a quien no ha cumplido con su deber.

(iv) La solución del caso concreto

iv.1. Cuestión previa

[25] Sentencia T-475 de 1992
[26] Ibidem.
[27] Sentencia C-253 de 1996.
28
Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008. M.p. RODRIGO ESCOBAR GIL.

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En la contestación de la demanda, el tercero interesado formuló las

excepciones de indebida escogencia del medio de control y caducidad,

sobre las cuales el Despacho Sustanciador, en el auto que resolvió las

excepciones previas del proceso, señaló que será resueltas en la

sentencia, por lo cual procede la Sala a decidir de conformidad.

La procedencia del medio de control en el caso particular y la caducidad

Sea lo primero señalar que este asunto ya fue abordado en el proceso,

al admitir la demanda, por lo que la Sala se remite a las

consideraciones que allí fueron expuestos y que se transcriben a

continuación:

“[…] En el caso sub examine, la actora demanda sus propios actos,
a través de los cuales le confirió el título de economista al señor
CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ, por lo que se advierte que
se trata de decisiones de contenido particular y concreto,
comoquiera que resuelven una situación jurídica en cabeza de un
estudiante a quien se le confirió dicho título profesional.

Frente a lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación, en
providencia de 19 de diciembre de 201929, que reiteró lo dicho en
el auto de 13 de junio de 201930, señaló que en los casos en que
se proponen pretensiones de lesividad el medio de control
procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho. Al
respecto, se destaca:

29
Consejo de Estado, Sección Primera, 19 de diciembre de 2019, Expediente núm.
11001232400020190035400, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 13 de junio de
2019, Expediente: 11001232400020190035400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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«[…] La jurisprudencia de la Corporación31 ha precisado que
la acción de lesividad equivale a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho que ejercen los
particulares, en tanto permite que la administración
cuestione la legalidad del acto administrativo concreto
y, tiene, entre otras características, que a través de ella, la
administración, comparece al proceso en calidad de
demandante y de demandada, buscando obtener la
nulidad de un acto administrativo expedido por esta,
invocando una o varias de las causales de nulidad previstas
en el artículo 84 del CCA. En consecuencia, con fundamento
en la naturaleza jurídica de la acción de lesividad, es válido
afirmar que su prosperidad no depende de la inobservancia
del principio de buena fe, pues la declaratoria de nulidad del
acto administrativo demandado está supeditada a la prueba
de alguna de las referidas causales de nulidad […]».
(Destacado por el Despacho).

En ese entendido y de acuerdo con el artículo 171 del CPACA, lo
procedente sería adecuar el trámite de la demanda al de nulidad y
restablecimiento del derecho. Sin embargo, en el presente caso el
Despacho advierte que se está ante la excepción establecida en el
numeral 3 del artículo 137 del CPACA, que permite controvertir un
acto administrativo de carácter particular a través del medio de
control de nulidad “cuando los efectos nocivos del acto
administrativo afecten en materia grave el orden público, político,
económico, social o ecológico”.

En efecto, en el asunto objeto de análisis, la actora sostiene que
luego de unas investigaciones iniciadas a raíz de unas denuncias
recibidas, pudo constatar que los actos administrativos
controvertidos se expidieron con fundamento en una
documentación irregular presentada por un estudiante al que se le
otorgó el título de economista, quien, a su juicio, actuó de mala fe
y la hizo incurrir en un error.

En el caso bajo estudio, esta situación es suficiente para acreditar
la procedencia de la excepción referida, pues los efectos de los
actos acusados podrían generar una afectación grave al orden
público y social, teniendo en cuenta que se trata de un título de
economista, lo que significa que de probarse los hechos invocados
por la actora, un ciudadano estaría ejerciendo como economista sin
el lleno de los requisitos legales con las evidentes implicaciones que
ello generaría en la sociedad.

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 5 de abril de
2018, expediente núm. 25000232400020110018201, Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, reitera Sentencia de 8 de mayo de 2008.

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32

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00175-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Vale la pena resaltar que en este mismo sentido se ha pronunciado
la Sección Primera de esta Corporación, entre otros, en el auto de
4 de febrero de 202132 […]”

Conforme a lo expuesto, en el presente caso el medio de control de

nulidad es el adecuado para enjuiciar los actos administrativos que

otorgaron el título profesional de economista al señor CARLOS

ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ sin haberse cumplido la totalidad de los

requisitos previstos para ello.

Por la misma razón, tampoco le asiste razón al tercero interesado al

señalar que se debe declarar probada la excepción de caducidad,

puesto que el medio de control de nulidad se puede ejercer en cualquier

tiempo, según lo previsto en el artículo 164, numeral 1, literal a) del

CPACA33.

iv.2. De los cargos de la demanda

32
Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Primera, Auto de 4 de febrero de
2021, identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00298-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés.

33
“[…] Artículo 164.Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código […]”

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33

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00175-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Las normas que la UNIVERSIDAD señaló como transgredidas son los

acuerdos núms. 027 de 28 de septiembre de 2000, “Por medio del

cual se modifica el componente de segunda lengua o lengua

extranjera en los programas de pregrado que ofrece la

Universidad del Cauca, para quienes ingresen a partir del

segundo periodo académico de 2000”; 009 de 5 de octubre de

2005, “Mediante la cual se aclara la exigencia de la Prueba de

Suficiencia en Idioma Extranjero PSI, como requisito de grado

para los estudiantes de Pregrado de la Universidad del Cauca”;

y 015 de 2 de noviembre de 2011, “Mediante el cual se modifica el

Acuerdo No. 005 de 2006 donde se unifican las condiciones y

características de la participación de los estudiantes de los

programas de pregrado, en el Programa de Formación en

idiomas – PFI y los requisitos y procedimientos para la

presentación de la Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero

– PSI”, expedidos por la UNIVERSIDAD, los cuales establecieron

como requisito para optar por un título académico, la presentación y

aprobación de la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero – PSI, en

los siguientes términos:

El Acuerdo núm. 027 de 28 de septiembre de 2000 estableció lo

siguiente:

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el componente de segunda
lengua o lengua extrajera en los programas de pregrado que ofrece
la Universidad del Cauca, eliminando para tales efectos los cursos
de idioma extranjero para quienes ingresen a partir del segundo
periodo académico de 2000.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Universidad exigirá el conocimiento
de una segunda lengua extranjera como requisito para optar
al título según reglamentación que para el efecto expida el
Consejo Académico […]”. (Resaltado fuera del texto original).

Por su parte, el Acuerdo núm. 009 de 5 de octubre de 2005 previó:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar que la prueba de
suficiencia en idioma extranjero PSI, debe ser presentada y
aprobada por los estudiantes de carreras profesionales,
técnicas y tecnológicas, matriculados a partir del primer
periodo académico de 2001, como requisito de grado para optar
al título. (Resaltado fuera del texto original).

ARTÍCULO SEGUNDO: Ratificar la Reglamentación General de la
Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero, aprobado por el
Consejo Académico, en sesión del 31 de marzo de 2004 […]”.

Finalmente, el Acuerdo núm. 015 de 2 de noviembre de 2011 dispone:

“[…] Artículo 10: La Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero -
PSI es un examen que evalúa las habilidades comunicativas a nivel
básico y debe ser presentado y aprobado por los estudiantes
de las carreras profesionales, técnicas y tecnológicas
establecido por la Universidad como requisito para optar por
el título de grado. La PSI determina si el estudiante de la
Universidad del Cauca posee conocimientos básicos de un idioma
extranjero que le permita mayores y mejores relaciones
internacionales así como también ser más competitivo a nivel
académico y laboral.

Artículo 11: La prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero – PSI
se considera aprobada si:

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a. El resultado del examen es igual o superior al 70%.

b. Si al cursar los cuatro niveles del Idioma extranjero escogido en
el PFI, el estudiante obtiene una nota promedio igual o superior a
3.5 (tres, cinco), ésta se homologará a la Prueba de Suficiencia y
se considerará cumplido el requisito de idioma extranjero. La
homologación aplica independientemente si el estudiante pierde
alguno de los niveles, ya sea por faltas o por nota, o haya cancelado
alguno de los niveles en el término establecido para ello.
Igualmente, el estudiante deberá cursar los 4 niveles sin
interrupciones mayores a 2 períodos lectivos en la Universidad del
Cauca y aprobarlos con una nota promedio igual o superior a 3.5
(tres, cinco).

Artículo 12: Quien sea beneficiario de Amnistía Académica o quien
re-ingrese a la Universidad después de la interrupción de sus
estudios, deberá acogerse al plan de estudios vigente al momento
de su reintegro y por tanto, satisfacer la totalidad de los requisitos
para optar al título correspondiente, entre ellos la presentación y
aprobación de la PSI […]”. (Resaltado fuera del texto original).

Precisado el alcance de los reglamentos expedidos por la

UNIVERSIDAD, en torno a los requisitos de grado que le eran

exigibles al señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ al ingresar al

programa de economía en el período 2013-1, procede la Sala a resolver

los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Alega la parte actora que el señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO

LÓPEZ no cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los

reglamentos internos de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el

título de economista, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas por

el equipo de seguimiento se pudo establecer que el graduado no aprobó

la Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero – PSI.

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Ahora bien, en el expediente está acreditado que en el año 2019 la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA confirió el título de economista al señor

CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ, mediante la Resolución núm.

R-388 de 15 de mayo de 2019, el acta de grado núm. 33 de 14 de

junio de 2019 y el diploma núm. 1118-19 de 14 de junio de ese mismo

año.

Con ocasión de las irregularidades advertidas por la UNIVERSIDAD

en el proceso de graduación de los alumnos de la facultad de derecho,

esa institución expidió la Resolución núm. R-695 de 30 de julio de

2019, “Por la cual se conforma el equipo de seguimiento y apoyo

a la mejora de los procedimientos académico administrativos

de registro de exámenes preparatorios del programa de

Derecho de la Universidad del Cauca”.

El referido equipo de trabajo procedió a la verificación del cumplimiento

de los requisitos de grado del señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO

LÓPEZ, para lo cual tuvo en cuenta las siguientes fuentes de

información:

• Historias académicas físicas.

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37

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• Archivo Excel “Pruebas Físicas”: Elaboración propia de un archivo

en formato Excel que contiene información de los exámenes

físicos de la PSI, construido mediante la confrontación uno a uno

de los exámenes, en el cual se presenta un listado de las pruebas

físicas realizadas por estudiantes de los programas de pregrado

y posgrado, con fechas de presentación comprendidas entre los

años 2010 y 2020, exámenes trasladados desde la Oficina del

PFI para la custodia de la División de Admisiones, Registro y

Control Académico-DARCA.

• Archivo PDF de elaboración propia “Listas admitidos PFI”:

Contiene el reporte de la consulta realizada a los listados de

admitidos/inscritos al examen PSI, publicados en la página web

del PFI con fechas comprendidas entre los años de 2014 a 2019.

• Archivo PDF de elaboración propia “Listas admitidos PFI”:

Contiene el reporte de la consulta realizada a los listados de

admitidos/inscritos al examen PSI, publicados en la página web

del PFI con fechas comprendidas entre los años de 2014 a 2019.

• Archivo PDF de elaboración propia “Comunicaciones PFI”:

Contiene las comunicaciones (vía correo electrónico) y

documentos soportes (reporte de resultados por prueba

aplicada- documento base para la creación de los grupos clase,

matrícula de los estudiantes y posterior registro de las

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calificaciones por los docentes) remitidos desde el correo del PFI

hacia la dependencia DARCA.

• Archivos PDF de elaboración propia “Comunicaciones DARCA”:

Archivos que contienen, entre otros, comunicaciones (vía correo

electrónico) y documentos soportes (reporte matrícula de los

estudiantes y posterior registro de las calificaciones por los

docentes) recibidas por los funcionarios de la División de

Admisiones, Registro y Control Académico - DARCA.

• Archivos PDF Fiscalía: Se refiere a dos archivos facilitados por la

Fiscalía al Equipo de Seguimiento que contienen los listados de

resultados de las PSI, obtenidos en la diligencia de inspección

realizada por la Fiscalía al archivo físico de la oficina del PFI.

• Archivo Excel “Grupos Clase”: Archivo plano Excel extraído desde

el sistema SIMCA 2.0, el cual contiene información de la creación

de los grupos clase y su respectiva matrícula por parte de los

funcionarios de la dependencia DARCA, además del reporte de

los usuarios que realizaron los registros de la PSI durante el I

Periodo de 2015 a diciembre de 2019.

• Página Web del PFI: Enlace de acceso a la base externa que

contiene la información publicada en la página web del PFI, en el

que se encuentra calendario de fechas de presentación, listas de

inscripción y resultados publicados en la misma.

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• Archivo plano en Excel con todos los registros aprobatorios de

PSI en el sistema SIMCA 2.0 con la información del usuario, fecha

y tipo de registro.

• Archivo en Excel de elaboración propia donde se confrontan los

registros aprobatorios de PSI en el sistema SIMCA 2.0 (2015 a

2019) con los soportes físicos de las pruebas PSI (Exámenes).

• Archivo plano en Excel generado desde el Sistema de Recaudos

de la Universidad del Cauca - SQUID sobre el pago de derechos

pecuniarios por concepto de repeticiones PSI, desde el 2015 a

2019.

• Archivo de elaboración propia que contiene la unificación de

reportes de las calificaciones de las pruebas PSI obtenidas del

archivo personal de los profesores que aplicaron la prueba.

Con fundamento en lo anterior, el Equipo de Seguimiento y Apoyo

entregó el informe de 27 de abril de 2021, en el que formuló las

siguientes conclusiones:

“[…] IV. CONCLUSIÓN GENERAL

Revisados los elementos de cada una de las fuentes de información
se encuentra que el (la) señor (a) TRUJILLO LÓPEZ CARLOS ANDRÉS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1061780207 y código
estudiantil No. 104413011196 aparece en SIMCA 2.0 con PSI
aprobatoria en 2019.1, con fecha de registro 26 de abril de 2019; sin
embargo:

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1. No existe examen físico a nombre de TRUJILLO LÓPEZ CARLOS
ANDRÉS, que dé cuenta de una nota aprobatoria en el primer periodo
académico de 2019, ni entre el rango de auditoria adelantada por el
Equipo de Seguimiento.

2. Aparece en la lista de admitidos publicada el 26 de abril de 2019.
No aparece en otras las listas de admitidos para la presentación de
las PSI aplicadas durante el primer periodo académico de 2019, ni
entre el rango de auditoria adelantada por el Equipo de Seguimiento,
es decir, entre 2015 y 2019.1.

3. No aparece en la lista de resultados de la PSI aplicada el 26 de
abril de 2019. No se encuentra al señor TRUJILLO LÓPEZ CARLOS
ANDRÉS en otras listas de resultados publicadas durante el primer
periodo académico de 2019, ni entre el rango de auditoria adelantada
por el Equipo de Seguimiento; es decir, entre 2015 y 2019.1.

4. Su nombre está incluido en la comunicación de 3 de mayo de
2019, mediante la cual desde el correo del PFI se remite a DARCA la
relación de estudiantes que el 26 de abril de 2019 han aprobado la
PSI, asignándole un resultado aprobatorio de setenta y uno como
veinticuatro puntos (71,24), sin que existe prueba física que
compruebe esta nota.

5. De la anterior comunicación, elaborada y remitida desde el PFI, se
deriva la creación del grupo de clase, la inclusión del (de la) señor
(a) TRUJILLO LÓPEZ CARLOS ANDRÉS en él y el posterior registro de
la calificación aprobatoria en el Sistema SIMCA 2.0.

En mérito de lo anterior, el registro aprobatorio de la prueba PSI
correspondiente al (la) señor (a) TRUJILLO LÓPEZ CARLOS ANDRÉS
adscrito al programa de Economía, es inconsistente en atención a
que no cuenta con soporte documental que acredite su presentación
y no aprobatoria […]”.

Del anterior recuento es dable concluir que (i) el señor CARLOS

ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ se matriculó al programa de economía de

la UNIVERSIDAD DEL CAUCA en el período 2013-1; ii) el Acuerdo

núm. 027 de 2000 exige el conocimiento de una segunda lengua

extranjera como requisito para optar al correspondiente título; el

Acuerdo núm. 009 de 2005 aclara que la prueba de suficiencia de

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idioma extranjero -PSI- debe ser presentada y aprobada por los

estudiantes de carreras profesionales, técnicas y tecnológicas,

matriculados a partir del primer período académico de 2001; y el

Acuerdo Académico núm. 015 de 2011 señala que la PSI es requisito

para optar por el título de grado; iii) el estudiante no acreditó la

presentación y aprobación de la Prueba de Suficiencia de Idioma

Extranjero – PSI; y (iv) la UNIVERSIDAD no podía conferirle el título

de economía, contrariando su propio reglamento.

Significa lo anterior que le asiste razón a la demandante al endilgarle a

los actos acusados la violación de las normas superiores en que debían

fundarse, esto es, los Acuerdos Académicos núms. 027 de 28 de

septiembre de 2000, 009 de 5 de octubre de 2005 y 015 de 2 de

noviembre de 2011, expedidos por la UNIVERSIDAD.

iv.3. De los argumentos de la contestación

Conviene referirse a los argumentos de defensa expuestos por el

tercero interesado, según los cuales no está acreditado que no haya

cumplido los requisitos para optar por el título de economista, pues, en

su criterio, lo que se presentó fue una serie de fallas administrativas

por parte del ente universitario que no le son atribuibles.

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A juicio de la Sala, tal argumento queda desvirtuado con las diferentes

pruebas allegadas al proceso, que dan cuenta de que los actos

administrativos por medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL

CAUCA le confirió el título de economista al señor CARLOS ANDRÉS

TRUJILLO LÓPEZ, están viciados de nulidad por violación de la norma

superior en que debían fundarse, esto es, de los acuerdos académicos

examinados.

En efecto, como quedó acreditado a partir de los registros de

calificación de la prueba de suficiencia de idioma extranjero del sistema

SIMCA 2.0; de la confrontación de registros académicos; de la historia

académica del estudiante y del archivo de gestión de la División de

Admisiones, Registro y Control Académico, el egresado CARLOS

ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ, no reunía los requisitos legales y

estatutarios para obtener el título profesional que le fue

otorgado.

En cuanto al argumento de la aplicación de la carga dinámica de la

prueba, se debe señalar que la jurisprudencia de la Corporación34 ha

sostenido que el juez establece en cada caso concreto cuál de las partes

34
Ver, entre otras, sentencia de 28 de julio de 2005, número único de radicación 68001-23-15-000-1996-
01898-01. C.p. MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ.

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está en mejores condiciones de probar los hechos alegados35; sin

embargo, ello no es óbice para que las partes cumplan el deber de

lealtad que les asiste en el proceso y que les impone suministrar todos

los medios de que disponen para acreditar la veracidad de los hechos

alegados36.

Así, en el caso concreto, era, precisamente, el ente universitario el

interesado en acreditar que el estudiante no cumplió con la totalidad

de requisitos para optar por el título de economista, para lo cual allegó

las pruebas que fueron debidamente valoradas y que llevaron al

convencimiento del vicio de nulidad endilgado a los actos acusados, de

modo que, a juicio de la Sala, la parte que estaba en mejor posición de

35
Este principio fue recogido en el Código General del Proceso, en el artículo 167:

“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir,
la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar,
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para
aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición
para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba,
por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar
al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente
el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de
contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
36
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 31 de agosto
de 2006, número único de radicación 68001-23-31-000-2000-09610-01(15772), C.p. RUTH STELLA CORREA
PALACIO.

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probar los hechos debatidos cumplió con la carga procesal que le

correspondía, por lo que no tiene lugar el reproche del tercero.

Por lo anterior, tampoco resulta admisible el argumento expuesto por

el tercero con interés directo en las resultas del proceso en el sentido

de que el informe que aportó la universidad con la demanda no

acreditaba el incumplimiento del requisito de presentación y

aprobación de la prueba de suficiencia de idioma extranjero, al estar

suscrito por funcionarios de la misma universidad, pues no se cuentan

con elementos de prueba que permitan inferir la falta de independencia

e imparcialidad a la que alude el señor TRUJILLO LÓPEZ.

Respecto de la presunción de buena fe de la actuación del egresado,

conviene traer a colación lo indicado en el proveído que decretó la

medida cautelar del proceso:

“[…] Respecto de la aplicación del principio de buena fe con el que
actuó la UNIVERSIDAD al otorgarle el título de economista al
señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ, es preciso traer a
colación lo mencionado en el citado auto de 10 de mayo de 202137,
en el que la Sección indicó:

“[…] 121. Respecto de la petición del apoderado judicial del
tercero interesado enfocada a que prime y se aplique «el
principio de la buena» y, en consecuencia, se mantengan los

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 10 de mayo de
2021, Rad. 11001-03-24-000-2020-00248-00, Cp. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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efectos jurídicos de los actos demandados, considera la Sala
Unitaria que en el caso que nos ocupa no se materializan los
supuestos fácticos exigidos para la aplicación del mismo.
(…)
124. Como puede observarse, en virtud del principio de
buena fe, nadie puede contravenir válidamente sus
propios actos, cuando tal comportamiento es
objetivamente incompatible con su conducta precedente.

125. La buena fe está entonces relacionada con la confianza
legítima que exige a las autoridades y a los particulares
mantener una coherencia en sus actos, respetar los
compromisos adquiridos y garantizar la estabilidad de las
situaciones jurídicas, cuando no se suscitan razones objetivas
que justifiquen un cambio.

126. Siendo ello así, en principio, el Despacho considera que la
solicitud cautelar que busca dejar sin efectos jurídicos el título
de abogado del ciudadano (…), no contraría el principio de buena
fe dado que se aprecia razonable y oportuna.

127. Obsérvese que, cuando la universidad demandante tuvo
conocimiento de los errores del registro calificativo que
fundamentaron su primera decisión, así como del consecuente
incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 6° y
9° del Acuerdo Académico N° 02 de 2011, acertadamente acudió
a esta jurisdicción con el propósito de obtener el respectivo
estudio de legalidad.

128. Tal cuestionamiento de la legalidad de los actos acusados
se justifica si se tiene en cuenta que la decisión inicial de conferir
el título posee un vicio en el consentimiento, en virtud del cual
es posible contravenir el acto académico propio para garantizar
el respeto del ordenamiento superior.

129. Nótese que el tercero con interés, en la oportunidad
conferida para intervenir, no aportó ni solicitó la práctica de
algún medio probatorio (documental, testimonial, o pericial) que
permita deducir que sí aprobó los exámenes preparatorios de
Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal,
Derecho de Familia, Derecho Civil Bienes, Derecho Procesal Civil
y Obligaciones y Contratos.

130. Es importante traer a colación que en nuestro sistema
jurídico nadie puede obtener provecho de su propia culpa (nemo
auditur propriam turpitudinem allegans). De manera que el

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tercero interesado conocía los requisitos que debía acatar y su
silencio no modifica las consecuencias de no haber aprobado
toda la malla curricular. El error de la institución educativa al
momento de verificar los registros calificativos no subsana la
ausencia de los requisitos académicos que debía cumplir el señor
(…) para obtener el título de abogado […]”. (Resaltado fuera del
texto).

Es decir, que a pesar de que el señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO

LÓPEZ alegó que su actuación fue de buena fe, lo cierto es que en virtud

de dicho principio “nadie puede contravenir válidamente sus propios

actos, cuando tal comportamiento es objetivamente incompatible con

su conducta precedente” 38.

En efecto, el comportamiento que le resultaba exigible al estudiante,

una vez accedió al sistema de registro académico de la UNIVERSIDAD

para consultar sus notas, era el de informar oportunamente a las

autoridades educativas las incongruencias en sus resultados

académicos y no pretender beneficiarse indebidamente del desorden

administrativo, para obtener un título profesional sin el cumplimiento

de los requisitos legales exigidos.

De igual forma, resulta necesario precisar que la presunta omisión a la

que alude el tercero con interés directo en las resultas del proceso, en

el sentido de que la universidad no adelantó un proceso disciplinario

38
Idem.

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con citación de los involucrados, obedece a la autonomía universitaria

y en nada se relaciona con el hecho de haber conferido un título sin el

cumplimiento de los componentes curriculares establecidos por la

UNIVERSIDAD.

Por las razones expuestas la Sala concluye que los argumentos

esgrimidos por el tercero con interés directo no tienen vocación de

prosperidad.

IV.4. La decisión

De conformidad con los planteamientos expuestos, la Sala declarará la

nulidad de la Resolución núm. R-388 de 15 de mayo de 2019, “Por la

cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de

pregrado y posgrado”, respecto del señor CARLOS ANDRÉS

TRUJILLO LÓPEZ, al igual que la nulidad del acta de grado núm. 33

de 14 de junio de 2019 y del diploma núm. 1118-19 de 14 de junio de

ese mismo año, expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a

través de los cuales se le otorgó el título de economista al antes citado.

La Sala no desconoce que la UNIVERSIDAD presentó graves

deficiencias atribuibles al incumplimiento de los deberes señalados en

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00175-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

los artículos 11, 12, 13, 19 y 21 de la Ley 594 de 2000 39, que le

impidieron adoptar adecuadas decisiones al momento de evaluar los

requisitos de grado respecto del señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO

LÓPEZ y, en consecuencia, la condujeron al indebido otorgamiento de

un título profesional que en la presente decisión se está anulando.

Dicha circunstancia da lugar a que la Sala inste a la institución

académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de

los procesos internos que la regulan, adopte las medidas que estime

pertinentes a fin de evaluar si el señor TRUJILLO LÓPEZ estaría en

condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación

de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de

economista40.

Por último, la Sala estima procedente compulsar copia de la presente

decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de

Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales

y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los

problemas de gestión documental que afronta, para los fines que

estimen pertinentes; así como también poner en conocimiento del

Consejo Nacional Profesional de Economía la presente providencia,

39
“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
40
Esta postura prohíja la sentencia de la Sala de 31 de julio de 2023, número único de radicación 11001-
03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00175-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

para los fines que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual

configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria

del acto de inscripción del señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de indebida

escogencia de la acción y caducidad, formuladas por el tercero

interesado en las resultas del proceso.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la Resolución

núm. R-388 de 15 de mayo de 2019, “Por la cual se confieren unos

títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”,

expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto del señor

CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 33 de 14 de

junio de 2019 y del diploma núm. 1118-19 de 14 de junio de 2019,

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00175-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales

se le otorgó el título de economista al señor CARLOS ANDRÉS

TRUJILLO LÓPEZ.

CUARTO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco

de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la

regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si

el señor CARLOS ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ estaría en condiciones

de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los

requisitos que le hacen falta para optar por el título de economista.

QUINTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de

Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a

que ejerza sus competencia legales y reglamentarias tendientes a

vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión

documental que afronta.

SEXTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO del Consejo

Nacional Profesional de Economía la presente providencia, para los

fines que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual

configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

del acto administrativo de inscripción del señor CARLOS ANDRÉS

TRUJILLO LÓPEZ.

SÉPTIMO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de febrero de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Salva voto parcial

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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