RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2022-00242-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2022-00242-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2022-00242-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR la nulidad de la Resolución 529 del 24 de mayo de 2019, expedida por la Procuraduría General de la Nación. SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso. TERCERO. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-24-000-2022-00242-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-24-000-2022-00242-00 (5264-2022)
Demandante: Asociación Nacional Sindical de Trabajadores de la Procuraduría
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación

Temas: Publicación previa de proyectos específicos de regulación.
Participación ciudadana en la formación de actos administrativos
generales.
Decisión: Accede a las pretensiones de la demanda y declara la nulidad
de la Resolución 529 del 24 de mayo de 2019.

La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra la Resolución 529 del 24
de mayo de 20191, expedida por la autoridad accionada.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores de la Procuraduría (en
adelante, ASPROCURADURIA) afirmó que la resolución acusada se expidió con
desconocimiento de las normas en que debía fundarse2, en particular del numeral
8 del artículo 8 del CPACA y del principio de igualdad consagrado en el artículo 13
de la Constitución Política.

2. En primer lugar, alegó que la entidad demandada omitió el deber de publicar
el proyecto de resolución y las memorias justificativas que le servían de sustento y
no concedió «la oportunidad para que se presentaran opiniones, sugerencias y
propuestas alternativas», en los términos del numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437
de 2011, en concordancia con los principios de participación y transparencia
previstos en los numerales 6 y 8 del artículo 3 ibidem.

1
«Por medio de la cual se adopta el Sistema de Seguimiento al Desempeño Laboral de los
Servidores Públicos de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio
Público Nombrados en Provisionalidad o en Encargo».
2 Artículos 13, 40 numeral 7, 125 y 209 de la Constitución Política; Ley 489 de 1998; 3 y siguientes

de la Ley 909 de 2004; 7, 223 y siguientes del Decreto Ley 262 de 2000; Decreto 1851 de 2021;
2.2.8.1.1 y siguientes del Decreto 1083 de 2015.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00242-00 (5264-2022)
Demandante: Asociación Nacional Sindical de Trabajadores de la Procuraduría

3. Señaló que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha
sostenido3 que esa obligación resulta aplicable a las autoridades que pretendan
expedir actos administrativos de contenido general y abstracto. Por ello, afirmó que
la Procuraduría debía publicar previamente el proyecto y conceder un plazo para
que los interesados formularan observaciones.

4. Por otra parte, cuestionó el desconocimiento del artículo 13 de la
Constitución Política, pues consideró que el sistema adoptado mediante la
resolución demandada para los servidores nombrados en provisionalidad o en
encargo reproducía los criterios e instrumentos de evaluación aplicables a los
empleados de carrera administrativa, pero no les reconocía los mismos efectos y
beneficios.

5. En desarrollo de este reproche, señaló que ambos regímenes de evaluación
coincidían en el establecimiento de objetivos, los factores de medición, el
seguimiento, los recursos frente a la calificación y las evaluaciones parciales. Sin
embargo, mientras los empleados de carrera administrativa podían acceder a
derechos como la permanencia en el servicio, los ascensos, las becas y las
comisiones de estudio, los provisionales y encargados no obtenían esos beneficios
pese a estar sometidos a las mismas cargas y exigencias.

6. Mencionó que, pese a estar sometidos a mecanismos de evaluación
sustancialmente similares, los servidores provisionales y en encargo recibían un
trato distinto respecto de los efectos derivados de la calificación. A su juicio, esa
diferencia desconocía el principio de igualdad previsto en el artículo 13 superior.

7. Finalmente, sostuvo que la Resolución 529 de 2019 se encontraba viciada
de falsa motivación por error de derecho porque invocó como fundamento
normativo los numerales 41 y 43 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000, cuyo
contenido no correspondía a las facultades descritas por el acto acusado, sino a
atribuciones distintas del procurador general de la Nación.

8. Agregó que la accionada sustentó igualmente el acto en los conceptos
números 2014EE6577 del 27 de febrero de 2014 y 20186000250851 del 1 de
octubre de 2018, emitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, pese a que
dicha entidad carece de competencia para pronunciarse sobre la evaluación del
desempeño de servidores vinculados en provisionalidad o encargo a una carrera
especial como la de la Procuraduría General de la Nación.

Contestación de la demanda

9. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la
demanda argumentando que la Resolución 529 del 24 de mayo de 2019 se expidió

3 Concepto 2409 del 19 de febrero de 2019 y Concepto 20156 del 14 de septiembre de 2016.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00242-00 (5264-2022)
Demandante: Asociación Nacional Sindical de Trabajadores de la Procuraduría

con apego al ordenamiento jurídico y a los principios que rigen la función
administrativa.

10. Frente al presunto desconocimiento de los principios de publicidad y
participación, expuso que los antecedentes administrativos del acto acusado
obrantes en el expediente daban cuenta de que «fue público el proceso de
sensibilización a todos los funcionarios de la Entidad, y no se ocultó información
alguna». Agregó que incluso la resolución cuestionada fue objeto de una solicitud
de revocatoria directa presentada por SINTRAPROJUDICIALES4.

11. En cuanto al principio de igualdad, explicó que el seguimiento al
desempeño de los servidores provisionales y en encargo era distinto de la
calificación de servicios de los empleados de carrera administrativa. Sostuvo que,
dada la diferente naturaleza de esas formas de vinculación, los primeros no podían
adquirir los derechos ni las garantías reconocidas a quienes se encontraban
inscritos en carrera.

12. En sustento de lo anterior, indicó que la evaluación de los servidores
provisionales no podía generar derechos de carrera ni el fuero de estabilidad
reconocido a los empleados escalafonados, pues su permanencia también
dependía de que no existiera una lista de elegibles vigente para proveer el
respectivo empleo. Añadió que la Resolución 529 de 2019 estableció expresamente
que el seguimiento al desempeño no modificaba la naturaleza de la vinculación ni
otorgaba los beneficios previstos para los servidores de carrera.

13. Respecto de la presunta falsa motivación por error de derecho, manifestó
que los numerales 41 y 43 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000 invocados en
la Resolución 529 de 2019 correspondían al texto vigente para la fecha de su
expedición. Precisó que el contenido de esos numerales señalado por
ASPROCURADURIA provenían de la modificación del artículo 7 introducida
posteriormente por el artículo 2 del Decreto Ley 1851 de 2021.

14. En esa misma línea, aseguró que los conceptos emitidos por la Comisión
Nacional del Servicio Civil respaldaban la posibilidad de efectuar seguimiento al
desempeño de los servidores provisionales mediante instrumentos específicos
diseñados por la propia entidad. Agregó que con fundamento en esos
pronunciamientos y en el Decreto 1499 de 2017, la Procuraduría analizó la
viabilidad de adoptar el sistema previsto en la resolución acusada.

Trámite en única instancia

15. Mediante auto del 19 de mayo de 2026 se resolvió sobre las solicitudes
probatorias formuladas por las partes, se tuvieron como pruebas los documentos

4 Sindicato de Trabajadores y Procuradores Judiciales.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00242-00 (5264-2022)
Demandante: Asociación Nacional Sindical de Trabajadores de la Procuraduría

aportados por la demandante y se requirió a la Procuraduría General de la Nación
para que allegara los antecedentes administrativos de la Resolución 529 de 2019.

16. Posteriormente, en auto del 6 de julio de 2026 se dispuso el trámite de
sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al evidenciarse
la concurrencia de las causales previstas en los literales a), b) y d) del numeral 1
de esa disposición. En consecuencia, se fijó el litigio y se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.

Alegatos de conclusión

17. ASPROCURADURIA reiteró los cargos de nulidad formulados en la
demanda y solicitó acceder a las pretensiones.

18. En síntesis, sostuvo que la resolución demandada desconoció el numeral
8 del artículo 8 del CPACA, pues los antecedentes administrativos aportados
únicamente acreditaban que aquella fue publicada el 4 de junio de 2019 y que las
jornadas de socialización del sistema se realizaron con posterioridad a su
expedición. Por ello, afirmó que no obraba prueba de la divulgación previa del
proyecto de regulación y sus memorias justificativas ni de que se hubiera concedido
la oportunidad para presentar observaciones.

19. También insistió en que los servidores provisionales y en encargo estaban
sometidos a criterios de evaluación equiparables a los aplicables a los empleados
de carrera administrativa, pese a que no podían acceder a los derechos y beneficios
propios de esta. A su juicio, resultaba contrario al principio de igualdad reconocer
la diferencia entre ambas formas de vinculación para otorgar esas prerrogativas y
desconocerla al momento de imponer cargas y mecanismos de evaluación
similares.

20. Por último, adujo que la resolución acusada estaba viciada de falsa
motivación porque los numerales 41 y 43 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000
invocados como fundamento no correspondían a las facultades atribuidas al
procurador general de la Nación en el acto. Añadió que los conceptos de la
Comisión Nacional del Servicio Civil que también le sirvieron de sustento versaban
sobre una materia que excedía las competencias de esa entidad.

21. La Procuraduría General de la Nación reiteró los argumentos expuestos
en la contestación y solicitó negar las pretensiones de la demanda, al considerar
que no existían elementos que desvirtuaran la legalidad de la Resolución 529 de
2019.

22. El Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00242-00 (5264-2022)
Demandante: Asociación Nacional Sindical de Trabajadores de la Procuraduría

Competencia

23. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.

Problemas jurídicos

24. La Sala deberá establecer si la Resolución 529 del 24 de mayo de 2019
debe declararse nula por haber sido expedida con desconocimiento del deber de
publicación previa del proyecto de acto administrativo y de los documentos que le
servían de sustento, en los términos de los numerales 6 y 8 del artículo 3 y del
numeral 8 del artículo 8 del CPACA.

25. De no prosperar el anterior cargo, se estudiará si la resolución acusada
desconoció el principio de igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución
Política, al fijar para los servidores nombrados en provisionalidad y encargo un
sistema de seguimiento al desempeño con instrumentos de calificación y
evaluación equiparables a los de la carrera administrativa, sin reconocerles los
derechos y beneficios propios de esta.

26. De igual manera, se deberá establecer si la Resolución 529 de 2019 fue
expedida con falsa motivación al invocar los numerales 41 y 43 del artículo 7 del
Decreto Ley 262 de 2000 como sustento de la competencia del procurador general
de la Nación y soportarse en conceptos de la Comisión Nacional del Servicio Civil
presuntamente expedidos por fuera de sus competencias legales.

Análisis de los problemas jurídicos

27. La Sala declarará la nulidad de la Resolución 529 del 24 de mayo de 2019,
al encontrar acreditado que la Procuraduría General de la Nación omitió publicar el
proyecto de acto administrativo que antecedió su expedición y los documentos que
le servían de sustento, por lo que se vulneraron las normas que imponen a las
autoridades administrativas cumplir los deberes de publicidad y participación.

Deber de publicar el proyecto que antecedió la Resolución 529 del 24 de mayo
de 2019

28. La parte actora sostuvo que la Resolución 529 del 24 de mayo de 2019 se
expidió con desconocimiento de los numerales 6 y 8 del artículo 3 y del numeral 8
del artículo 8 del CPACA, porque el proyecto de acto administrativo y los
documentos que le sirvieron de sustento no fueron publicados previamente para
permitir la participación de los interesados en el proceso de adopción de la decisión.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00242-00 (5264-2022)
Demandante: Asociación Nacional Sindical de Trabajadores de la Procuraduría

29. El numeral 6 del artículo 3 del CPACA5 consagra el principio de
participación como criterio de interpretación y aplicación del procedimiento
administrativo. Según esa disposición, «las autoridades promoverán y atenderán
las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a
intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y
evaluación de la gestión pública».

30. A su vez, el numeral 8 del artículo 3 del mismo código consagra el principio
de transparencia, según el cual la actividad administrativa es de dominio público y,
por tanto, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo
aquellas sometidas a reserva legal. En concordancia, el numeral 8 del artículo 8
ibidem6 impone a las autoridades el deber de mantener a disposición de toda
persona «los proyectos específicos de regulación7 y la información en que se
fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas
alternativas».

31. De las anteriores disposiciones se desprende que para la expedición de
actos administrativos de carácter general las autoridades deben agotar una etapa
previa de publicidad del proyecto y de los antecedentes que lo sustentan. Esa
exigencia permite que las personas interesadas conozcan la iniciativa normativa
antes de su adopción, formulen observaciones y ejerzan un control ciudadano
preventivo sobre la actuación administrativa.

32. Esta regla de procedimiento constituye una manifestación concreta de la
participación ciudadana como valor, principio y fin del Estado social de derecho,
conforme al preámbulo y a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política. De ese
marco constitucional también se derivan los principios que orientan la función
administrativa previstos en el artículo 209 superior y en el artículo 3 de la Ley 489
de 1998, entre ellos, la participación, la publicidad, la transparencia y la prevalencia
del interés general.

5 Artículo 3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que

regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en
la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. […] 6. En virtud
del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los
ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de
deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. […] 8. En virtud del
principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda
persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.
6 Artículo 8. Deber de información al público. Las autoridades deberán mantener a disposición de

toda persona información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica,
y suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio
telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos: […] 8. Los proyectos específicos de regulación
y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas
alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar
observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la autoridad adoptará
autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general.
7 La doctrina de esta corporación ha precisado que la expresión «proyectos específicos de

regulación» inclusa en las precitadas normas hace referencia a toda propuesta de acto administrativo
general que pretenda ser expedida por una autoridad administrativa con el objeto de reglamentar
asuntos de su competencia. (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 14
de septiembre de 2016, rad. núm. 11001030600020160006600. C.P. Edgar González López).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00242-00 (5264-2022)
Demandante: Asociación Nacional Sindical de Trabajadores de la Procuraduría

33. Además, el deber de publicación previa materializa la democratización de
la administración prevista en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998. Esta norma
dispone que «[t]odas las entidades y organismos de la Administración Pública
tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de
democracia participativa y democratización de la gestión pública», para lo cual
deben implementar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función
administrativa, como ocurre con la obligación de publicación de los proyectos de
acto administrativo general.

34. En el presente asunto, la parte actora sostuvo que la Procuraduría General
de la Nación omitió publicar el proyecto que antecedió la Resolución 529 del 24 de
mayo de 2019, así como los documentos que le sirvieron de sustento, con lo cual
desconoció los principios de participación y transparencia y el deber de publicidad.
Frente a este señalamiento, la accionada se limitó a sostener que «la Entidad
procedió a realizar las publicaciones y comunicaciones a todos los funcionarios de
la Entidad en el año 2019» y que, de acuerdo con las pruebas aportadas con la
contestación, «fue público el proceso de sensibilización a todos los funcionarios de
la Entidad, y no se ocultó información alguna».

35. Sin embargo, no allegó prueba que demostrara la publicación previa del
proyecto de acto administrativo y de los documentos que le sirvieron de sustento,
ni que las actuaciones a las que hizo referencia estuvieran dirigidas a recibir
opiniones, sugerencias o propuestas antes de su expedición. Ante la insuficiencia
de esa respuesta, el despacho sustanciador mediante auto del 19 de mayo de 2026
requirió a la Procuraduría General de la Nación para que allegara los antecedentes
administrativos de la Resolución 529 de 2019 mencionados en la contestación de
la demanda.

36. En cumplimiento de ese requerimiento, la entidad demandada allegó los
denominados «antecedentes administrativos» de la Resolución 529 de 2019, entre
los cuales se encuentran (i) la publicación de la resolución en la página institucional
de la entidad, efectuada el 4 de junio de 2019; (ii) el cronograma para la
implementación del Sistema de Seguimiento al Desempeño Laboral, que contempló
actividades entre junio y noviembre de 2019; (iii) los resultados de una prueba piloto
realizada entre el 29 de julio y el 6 de agosto del mismo año; (iv) las piezas de la
campaña de expectativa, difundidas entre septiembre y noviembre de 2019; (v) el
correo electrónico del 6 de septiembre de 2019, mediante el cual se invitó a los
servidores de la entidad a participar en jornadas de socialización programadas para
los días 9 y 13 de ese mes; y (vi) la ruta para consultar los documentos y formatos
del sistema, en la que estos aparecen con fecha de revisión del 16 de octubre de
2019.

37. De la anterior relación probatoria se advierte que, pese a la denominación
empleada por la entidad, no se trata de antecedentes previos a la expedición del
acto sino de actuaciones posteriores, pues ninguno de los documentos

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00242-00 (5264-2022)
Demandante: Asociación Nacional Sindical de Trabajadores de la Procuraduría

relacionados data de una fecha anterior al 24 de mayo de 2019, día en que se
expidió la resolución acusada.

38. La Sala precisa que la publicación de la Resolución 529 de 2019 en la
página institucional de la entidad, efectuada el 4 de junio de 2019, corresponde a
una obligación distinta de la analizada en esta providencia. Mientras el numeral 8
del artículo 8 del CPACA exige la publicidad previa del proyecto de regulación para
posibilitar la participación de los interesados en su formación, la publicación del acto
ya expedido cumple una función diferente, relacionada con su oponibilidad y
divulgación una vez perfeccionado. Por tal razón, ese hecho no incide en el análisis
del cargo objeto de estudio, sin perjuicio de lo cual confirma que en ningún momento
del trámite administrativo medió la publicación previa que echa de menos la parte
actora.

39. En esa misma línea, el hecho de que la Procuraduría General de la Nación
hubiera adelantado actividades de sensibilización y socialización entre sus
servidores no acredita el cumplimiento del deber de publicación previa. Tales
actuaciones tuvieron lugar cuando la Resolución 529 de 2019 ya había sido
expedida y, por tanto, no estuvieron dirigidas a permitir que los interesados
formularan opiniones, sugerencias o propuestas alternativas durante el proceso de
formación del acto.

40. Tampoco desvirtúa esta conclusión que SINTRAPROJUDICIALES hubiera
solicitado la revocatoria directa de la resolución. Esta actuación supone la
existencia de un acto administrativo ya expedido y constituye un mecanismo distinto
de la participación que debe garantizarse antes de su adopción.

41. En consecuencia, no obra en el expediente ningún elemento que acredite
la publicación previa del proyecto que antecedió la Resolución 529 del 24 de mayo
de 2019 y de la información que le servía de fundamento, en los términos de los
numerales 6 y 8 del artículo 3 y del numeral 8 del artículo 8 del CPACA. Además,
la acusación formulada por la parte actora constituye una negación indefinida, esto
es, que la Procuraduría General de la Nación no cumplió dicho deber, lo cual,
conforme al artículo 167 del CGP, no requiere prueba y traslada a la entidad
demandada la carga de acreditar su observancia. Sin embargo, esta no allegó
ningún elemento probatorio que desvirtuara ese señalamiento, pese a haber sido
expresamente requerida para ello.

42. Para la Sala, la omisión de la publicación previa del proyecto que antecedió
la Resolución 529 de 2019 y de la información que le servía de fundamento
comportó la pretermisión de una actuación obligatoria dentro del procedimiento
administrativo y desconoció los principios de participación y transparencia, al
impedir que los interesados conocieran el proyecto y formularan opiniones,
sugerencias o propuestas alternativas antes de su expedición.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00242-00 (5264-2022)
Demandante: Asociación Nacional Sindical de Trabajadores de la Procuraduría

43. En ese orden, la Sala declarará la nulidad de la Resolución 529 de 2019 al
encontrar acreditado que la Procuraduría General de la Nación no cumplió el deber
de publicación del proyecto que antecedió su expedición. Por consiguiente, se
relevará del estudio de los demás cargos formulados contra dicho acto
administrativo.

Condena en costas

44. En atención a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, no se condenará
en costas a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR la nulidad de la Resolución 529 del 24 de mayo de 2019,
expedida por la Procuraduría General de la Nación.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.

TERCERO. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.