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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00403-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00403-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a Conhydra S.A. E.S.P. en favor de la SSPD, en la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, según lo explicado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, se ordena ARCHIVAR el proceso de la referencia una vez esta providencia quede en firme.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2022-00403-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

14 de mayo de 2026

1

Radicado: 11001 03 24 000 2022 00403 00
Demandante: Conhydra S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2022 00403 00
Actor: Conhydra S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Tesis: No es cierto que la providencia enjuiciada se fundamentó únicamente en una
norma que no había sido emitida para el momento de emisión de los actos
censurados.
En la providencia enjuiciada sí se resolvió que el trámite previsto en el inciso 4 del
artículo 16 de la Resolución 2115 de 2007 no operaba de forma oficiosa, sino que
debía ser adelantado por la empresa demandante a solicitud de parte.

SENTENCIA

La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión formulado mediante
apoderado judicial por la empresa Conhydra S.A. E.S.P., quien invocó la causal 5.a
del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), en contra de la sentencia del 16 de septiembre
de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. La sociedad Conhydra S.A. E.S.P. a través de apoderado judicial, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones
SSPD 20094400016315 del 23 de junio de 2009 «Por la cual se impone una sanción»
y SSPD 20094400054525 del 17 de noviembre de 2009 «Por la cual se resuelve un

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2

Radicado: 11001 03 24 000 2022 00403 00
Demandante: Conhydra S.A. E.S.P.

recurso de reposición», emitidas por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (en adelante SSPD).

2. En el capítulo atinente a las pretensiones solicitó lo que se transcribe
enseguida:

«PRETENSIONES

PRIMERA: Que se Decrete la Nulidad del Acto Administrativo contenido en la
Resolución No. 20094400016315 del 200-06-23, proferida por el Superintendente
Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, doctor JORGE MARTIN
SALINAS RAMÍREZ por la cual se impuso a la empresa Conhydra S.A. ESP una
sanción de multa por valor de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
($66.666.667.00).

SEGUNDA: Que se Decrete la Nulidad del Acto Administrativo contenido en la
Resolución No. SSPD - 20094400054525 del 2009-11-17, proferida por el
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, doctor JORGE
MARTIN SALINAS RAMÍREZ, por la cual se resolvió el Recurso de Reposición
interpuesto por la Empresa CONHYDRA S.A. E.S.P. y que MODIFICÓ el Articulo
Primero de la Resolución No. 20094400016315 del 2009-06-23 en el sentido de
disminuir el Monto de la Multa impuesta, a la Suma de VEINTE MILLONES DE
PESOS CON CERO CENTAVOS ($20.000.000.00). Con este acto administrativo
quedó agotada la Vía Gubernativa.

TERCERA: Como consecuencia de las anteriores pretensiones se declare que la
Sociedad CONHYDRA S.A. ESP, no está obligada a pagar suma alguna a favor
de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA PRETENSION:

En el evento en que la Sociedad Conhydra, demandante en el presente proceso,
pague el valor establecido en el Acto Administrativo "Resolución No. SSPD -
20094400054525 del 2009-11-17", solicito se ordene a la entidad demandada la
restitución de los dineros pagados, incrementados con los intereses legales
máximos que la ley autorice.

TERCERA: Se ordene a la entidad demandada para que publique, en caso de que
se concedan las pretensiones primera y segunda, tal decisión.

CUARTA: Se condene en costas a la entidad demandada»1

3. Como causales de nulidad formuló la vulneración de normas superiores y el
desconocimiento del derecho al debido proceso.

1 Visible a índice 20 del Sistema de Gestión SAMAI.

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Radicado: 11001 03 24 000 2022 00403 00
Demandante: Conhydra S.A. E.S.P.

4. De la demanda identificada con el número de radicado 05001 23 31 028 2010
00272 00 conoció en primera instancia el Juzgado 32 Administrativo de Medellín, que,
en sentencia del 22 de octubre de 2018, resolvió:

«FALLA PRIMERO:

NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por el CONHYDRA S.A ESP
contra la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Segundo. NO SE CONDENA en costas, atendiendo a la conducta de las partes,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

Tercero: NOTIFIQUESE PERSONALMENTE al representante del Ministerio
Público la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el art. 173
del Código Contencioso Administrativo»2

5. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Quindío resolvió el recurso
de apelación contra la enunciada sentencia confirmando la sentencia de primera
instancia, esto mediante providencia proferida el 16 de septiembre de 2021.

II. LA SENTENCIA OBJETO DEL RECURSO DE REVISIÓN

6. A través de la sentencia del 16 de septiembre de 2021, el Tribunal
Administrativo del Quindío, en cumplimiento de una medida de descongestión
adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo PCSJA21-
11814 del 16 de julio de 2021, confirmó la sentencia recurrida bajo los siguientes
argumentos:

7. Tras aludir al material probatorio obrante en el plenario, arguyó que la
controversia se centraba en determinar si se vulneró el derecho al debido proceso de
la actora al no habérsele notificado y por ende permitido controvertir una muestra
tomada por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia que dio origen al
procedimiento sancionatorio adelantado por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, por suministrar agua no apta para el consumo humano a los
habitantes de Turbo - Antioquia.

2 Ibidem.

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Radicado: 11001 03 24 000 2022 00403 00
Demandante: Conhydra S.A. E.S.P.

8. Expresó que existía una discrepancia en los resultados de las mediciones
mensuales del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (en
adelante IRCA) correspondientes al mes de septiembre, entre los valores reportados
por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y los registrados por la empresa
Conhydra S.A. E.S.P. Arguyó que frente a dicha diferencia, resultaba aplicable lo
dispuesto en el inciso 4 del artículo 16 de la Resolución 2115 de 2007, conforme al
cual correspondía al Instituto Nacional de Salud (en adelante INS) resolver las
controversias que se suscitaran entre los resultados reportados por las autoridades
sanitarias y los prestadores del servicio.

9. Precisó que de acuerdo con el procedimiento previsto para la resolución de
controversias visible en el siguiente link:
https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/Proc edimiento%20
Resolucion%20Controversias_V01_26042018.pdf, este no operaba de manera
oficiosa sino a solicitud del interesado, por lo que correspondía a la empresa acudir
ante la autoridad sanitaria departamental para solicitar la respectiva aclaración dentro
de los 5 días calendario siguientes al reporte de los resultados.

10. Asimismo, alegó que no era necesaria la notificación de los resultados de las
muestras, en tanto dicho reporte era público en el Sistema de Información para la
Vigilancia de la Calidad del Agua Potable (en adelante SIVICAP) para las entidades
de servicios públicos domiciliarios.

11. Dijo que como la actora no controvirtió los resultados ante el INS y que la
actuación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no vulneró el
debido proceso al fundamentarse en estos.

12. Destacó que tampoco se probó que los mencionados resultados fueran
inadecuados desde un punto de vista técnico, como daba cuenta el dictamen pericial
practicado en el trámite de proceso, de modo que negó las pretensiones de la
demanda.

III. EL RECURSO DE REVISIÓN

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Radicado: 11001 03 24 000 2022 00403 00
Demandante: Conhydra S.A. E.S.P.

13. La accionante, por intermedio de apoderado judicial invocó la causal prevista
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, bajo las siguientes consideraciones:

14. Indicó que, para el caso concreto, el enlace electrónico mediante el cual el
Tribunal Administrativo del Quindío sustentó la decisión definitiva en segunda
instancia correspondía a la Resolución No. 0843 de 2018, «por la cual se adopta el
procedimiento de resolución de controversias sobre los resultados del IRCA de las
muestras de vigilancia de la calidad del consumo humano». No obstante, precisó que
dicho acto administrativo no había nacido a la vida jurídica para el año 2007, época
en la que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la sanción impuesta a la empresa
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la Resolución
No. SSPD 2009440063165 del 23 de junio de 2009, así como la decisión del recurso
de reposición contenida en la Resolución No. SSPD20094400054525 del 17 de
noviembre de esa misma anualidad.

15. En ese orden, anotó que dicha disposición no podía ser valorada para emitir
una decisión de fondo y que los actos enjuiciados eran nulos ya que no se le dio la
oportunidad de controvertir la muestra del IRCA como lo prevé el inciso 4 del artículo
16 de la Resolución 2115 de 2007, como quiera que nunca se le informó a esa
empresa que el agua suministrada en el municipio de Turbo no era apta para el
consumo humano.

IV. CONTESTACIÓN

16. La SSPD contestó el recurso extraordinario de revisión precisando que la
conducta sancionada consistió en la falta de suministro de agua en condiciones
óptimas para el consumo humano, circunstancia que no fue desvirtuada por la
empresa prestadora del servicio. Asimismo, indicó que la facultad sancionatoria de
esa entidad no se encontraba supeditada a la resolución de controversias entre
entidades, de ahí que pudiera resolver el procedimiento sancionatorio sin necesidad
de la intervención del INS.

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Radicado: 11001 03 24 000 2022 00403 00
Demandante: Conhydra S.A. E.S.P.

17. Anotó que en el dictamen pericial practicado en primera instancia se determinó
que existía un nivel de riesgo alto en la muestra evaluada. En ese sentido, concluyó
que la calidad del agua suministrada por la empresa prestadora no se encontraba en
condiciones óptimas para el consumo humano, aspecto que constituía el objeto de la
investigación sancionatoria.

18. Indicó que el Tribunal Administrativo del Quindío al resolver el recurso de
apelación no se limitó a enunciar el procedimiento previsto en la Resolución 0843 de
2018, sino que también precisó que la falta de comunicación de los resultados de las
muestras no impedía su conocimiento, en tanto los reportes del SIVICAP tienen
carácter público para las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. En
consecuencia, concluyó que la parte recurrente podía conocer dichos resultados y
ejercer las acciones correspondientes.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

19. El Ministerio Público guardó silencio.

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Jurisdicción y competencia

20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y
con lo previsto en los artículos 248, 249 y 250 numeral 5 del CPACA, esta Sala es
competente para conocer del asunto de la referencia.

6.2. El recurso extraordinario de revisión

21. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal que implica una
excepción a la cosa juzgada, pues constituye un medio de impugnación de las
sentencias que han producido plenos efectos jurídicos.

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Radicado: 11001 03 24 000 2022 00403 00
Demandante: Conhydra S.A. E.S.P.

22. Ahora, como dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia
judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen con ocasión de su interposición
son de carácter excepcional, restrictivo, y están sometidas a las causales
taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera
instancia 3; motivo por cual no comporta una nueva oportunidad procesal para reabrir
el debate judicial, suplir la omisión probatoria de las partes, corregir yerros en la
interpretación o la aplicación del derecho o en la valoración de las pruebas.

23. En tal sentido, el recurrente debe cumplir los requisitos para presentar la
demanda consagrados en el artículo 252 del CPACA, en los que, además de designar
las partes y su representante, el nombre y domicilio del recurrente y los hechos y
omisiones que el sirven de fundamento, deberá señalar con precisión la causal y
exponer los motivos que justifican su procedencia.4

6.3. Único cargo: “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación” (numeral 5 del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011).

6.3.1. Alcance de la causal invocada

24. Los presupuestos de configuración de la causal invocada son de un lado, la
existencia de una nulidad que se origina en una sentencia ejecutoriada que puso fin
al proceso y, de otro, que contra dicha decisión no proceda recurso de apelación.
Adicionalmente, la jurisprudencia la ha entendido configurada cuando se evidencie
vulneración del derecho al debido proceso. El siguiente pronunciamiento recoge su
alcance:

«De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal
necesita, de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia
y, del otro, que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo,
debido a que el legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se
considera que se ha configurado una “nulidad originada en la sentencia”, ha sido

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de 1993,

Rad. 1992-00037-00 (Rev).
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013,

Rad. 2012-00231-00 (Rev).

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Radicado: 11001 03 24 000 2022 00403 00
Demandante: Conhydra S.A. E.S.P.

la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta
disposición5.

Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones
“originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes
con influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustantiva propia de la actuación”6.

En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto
implica corroborar que: i) el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que
se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) la anomalía es de
tal magnitud que configura un defecto insaneable de la actuación, al punto que,
de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta7.

En cuanto a la segunda exigencia, esta Corporación ha señalado que son dos los
grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de
la sentencia8: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal
de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia, y, el
segundo, relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden
derivar en la vulneración del artículo 29 Superior9.

El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal
previstas en el CPACA, en el Código de Procedimiento Civil (CPC) o en el Código
General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia. El segundo, a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso10, lo cual
excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que
conciernan al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la
forma de aplicación de una determinada norma.

Así, según la jurisprudencia de esta Corporación11 y a modo enunciativo, una
nulidad originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de

5 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16. Sentencia del 5 de mayo de 2020. Radicado

11001031500020170251900.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 7 de octubre de 2019, Radicado

11001333103520080018001.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 14 de agosto de 2018,

Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°22. Sentencia
del 3 de diciembre de 2019, Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre de 2018, Radicado
11001032500020150099600.
8 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad.:

11001031500019980015701; Consejo de Estado, Sala Especial No. 26. Sentencia del 3 de febrero de
2015 Rad.: 11001031500020110163900; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22.
Sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad.: 11001031500020150234200 y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N°2. Sentencia del 1° de octubre de 2019, Rad.: 11001031500020130221600.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 16 de julio de 2007, Rad.:

11001031500020070065300. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No
110010315000201300702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión N° 10, Rad.: 11001031500020120023000.
10 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°15. Sentencia del 5 de noviembre de 2019.

Radicado 11001031500020180141500.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de febrero de

2015, Rad.: 11001031500020090049400; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26.
Sentencia del 14 de agosto de 2018, Rad.: 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala
Plena, Sala Especial de Decisión N° 22. Sentencia del 3 de diciembre de 2019, Rad.:

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Radicado: 11001 03 24 000 2022 00403 00
Demandante: Conhydra S.A. E.S.P.

nulidad procesal previstas en el CPACA o en el Código General del Proceso puede
acaecer en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que
terminó por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente
suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando
el fallo aparece firmado por menor o mayor número de magistrados o cuando es
adoptado con un número de votos diferente al previsto en la ley; iii) cuando la
sentencia carece totalmente de motivación; iv) cuando el fallo viola el principio de
non reformatio in pejus; v) cuando la sentencia condena a quien no es parte dentro
del proceso; vi) cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de
jurisdicción; vii) cuando se dicta sentencia con pretermisión de las instancias
procesales previas; viii) cuando el demandado es condenado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
de la invocada en ésta; o ix) cuando la sentencia carece de congruencia interna o
externa.

La congruencia interna se refiere a la correspondencia que debe existir entre la
parte motiva y la resolutiva de la sentencia, mientras que la externa propende
porque la decisión contenida en parte resolutiva se encuentre en concordancia
con lo pedido en la demanda y en su contestación12, es decir, que haya identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente
presentadas, salvo por las competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador13.
Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 281 del CGP14 ꟷque reformó el
artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por remisión normativa del artículo 306 de la Ley
1437 de 2011.

Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que
tienen lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita
cuando se reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se
concede por una causa distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o
infrapetita cuando no se resuelve algún asunto debidamente planteado15. De
fondo, la razón por la cual procede la nulidad originada en la sentencia cuando se
desconoce el principio de congruencia, es porque el fallador excede su

11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 29 de
abril de 2015, Rad.: 20083531900; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
24 de octubre de 2019, Rad.: 11001032500020130023300; Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N°15, Sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.: 11001031500020180141500; Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 2019, Rad.:
11001032500020140032500; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22. Sentencia del 2 de
febrero de 2016, Rad.: 110010315000201502342; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 4.
Sentencia del 23 de julio de 2019, Rad.: 11001031500020180434500.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 1 de marzo de 2018. Radicado

11001-03-25-000-2013-00838-00.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radiado

11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).
14 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las

pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o
que la ley permita considerarlo de oficio. (…)”.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de

agosto de 2002. Radicado 760012324000199704345-01(12668).

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Radicado: 11001 03 24 000 2022 00403 00
Demandante: Conhydra S.A. E.S.P.

competencia, la que, como se ha dicho, está determinada por las pretensiones y
los fundamentos de la demanda, y por la contestación y las excepciones
propuestas16.

En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia
de que trata el numeral 5° del artículo 250 del CPACA impone acreditar, de un
lado, que el recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual no
procede el recurso de apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una
nulidad procesal de las que tratan las codificaciones procesales o a un defecto con
implicaciones graves en la garantía del debido proceso».

25. Como quedó expresado, también procede esta causal cuando la sentencia viola
el debido proceso constitucional, esto es, cuando se afecta el núcleo esencial del
derecho fundamental al debido proceso que está integrado por las siguientes
garantías mínimas: i) el principio de legalidad; ii) el principio del juez natural; iii) el
derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio; iv) el principio de
favorabilidad; v) el derecho a la presunción de inocencia; vi) el derecho a la defensa;
vii) derecho a la publicidad de las actuaciones procesales y la no dilatación
injustificada de las mismas; viii) el derecho a presentar y controvertir pruebas; ix) el
derecho a impugnar las providencias; x) el principio de non reformatio in pejus; xi) el
derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente
o ciertos parientes; xii) el principio de independencia judicial; xiii) el derecho de acceso
a la administración de justicia; así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta
Corporación17:

«En efecto, sobre la nulidad originada en la sentencia como causal de revisión,
esta corporación, en sentencia del 5 de abril de 201618, explicó que, igualmente,
se ha aceptado que pueden existir otros motivos no contemplados en los códigos
procesales como causales de nulidad, pero que surgen de la vulneración directa
del artículo 29 Constitucional, evento en el cual corresponderá al juez determinar
si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de
revisión en comento, circunstancia que se deriva de la exigencia de actuar como
juez de constitucionalidad y de convencionalidad en garantía de los derechos
fundamentales de quienes intervienen en un proceso judicial19.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radiado 11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).
17 Cfr radicado 2021-00012-00 del 6 de mayo de 2021; CP Rocío Araujo Oñate.
18 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad.

Radicación: 110010315000 2008 00320 00
19 La posición sostenida en la citada Ob.Cit. 26 fue ratificada por el Consejo de Estado, Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sentencia del 8.05.2018, M.P. Alberto Yepes
Barreiro Rad. Rad. 1998-153-01 (REV), en la que se unificó el criterio sobre el alcance de la causal,
precisando que puede configurarse cuando se evidencia una violación del artículo 29 Constitucional –
debido proceso.

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Demandante: Conhydra S.A. E.S.P.

(…)

Así lo entendió también la Sala Especial de Decisión Veintiséis (26) de esta
Corporación, al indicar que “… las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142
del mismo y las que se originen en la sentencia por violación del debido proceso
constitucional, contemplado en el artículo 29”20.

Es importante aclarar que en estos casos, el juez no está creando una causal
diferente a las legalmente reconocidas, en la medida en que la nulidad originada
en el fallo se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional, en donde
el operador judicial es el encargado de determinar si lo que se alega tiene la
entidad suficiente para invalidar el fallo de instancia, pues no toda irregularidad
tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin
al proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter sustancial en la
medida en que incidan en el sentido de la decisión, por afectar el núcleo esencial
o contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido proceso».

26. En síntesis, para que prospere el recurso extraordinario de revisión se debe
verificar: (i) que no proceda recurso de apelación contra la sentencia objeto del
recurso, (ii) que el vicio se refleje en la sentencia misma o en circunstancias
sobrevinientes con influencia en la decisión, (iii) que se alegue y demuestre alguna de
las causales consagradas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil o 133
del Código General del Proceso, dependiendo de cuál sea la norma aplicable al
momento de presentar el recurso extraordinario de revisión, o que se alegue y
demuestre la vulneración al debido proceso constitucional, consistente en que se haya
proferido sentencia con fundamento en una prueba obtenida con violación al debido
proceso u otro motivo que derive expresamente del artículo 29 de la Carta Política, y
(iv) que la anomalía sea de tal entidad que configure un defecto insaneable, al punto
que de no presentarse ese yerro, la decisión a adoptar hubiese sido distinta.

6.4. El análisis de la causal en el asunto

27. No se haya en controversia el hecho de que contra la sentencia recurrida no
proceden recursos, pues con ella se definió el juicio ordinario sobre la validez del acto
por el cual la SSPD sancionó a CONHYDRA al suministrar agua no apta para el
consumo humano en el municipio de Turbo – Antioquia.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial No. 26., M.P. Olga Mélida

Valle de De la Hoz. Rad: 11001-03-15-000-2011-01639-00. En la citada Sala, se aprobaron otras dos
decisiones en igual sentido.

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28. Conforme se observa de las posiciones de la accionante y del Tribunal, la
discusión subyace en determinar (i) si es cierto que la providencia enjuiciada se
fundamentó únicamente en una norma que no había sido emitida para el momento de
emisión de los actos censurados y (ii) si debió darse oportunidad en el trámite
sancionatorio a la empresa de servicios públicos de controvertir la muestra del IRCA
como lo prevé el inciso 4 del artículo 16 de la Resolución 2115 de 2007.

29. A efectos de resolver dicho interrogante es necesario referirse al contexto en el
que se expidió el fallo objeto de controversia. En ese sentido, se advierte que la
investigación que dio lugar a la expedición de los actos cuestionados tuvo origen en
los resultados registrados en el SIVICAP por la Dirección Seccional de Salud de
Antioquia y el INS, en los cuales se indicó que se estaba suministrando agua no apta
para el consumo humano a los habitantes del Municipio de Turbo - Antioquia. Al
respecto, en el acto definitivo, esto es la Resolución SSPD 20094400016315 del 23
de junio de 2009 «Por la cual se impone una sanción», se indicó:

« I. ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Mediante memorando No. 20084210090373 del 12 de noviembre de
2008, la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, solicitó a la
Directora de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, analizar la viabilidad de abrir investigación contra la
empresa CONHYDRA S.A. E.S.P., por presunto suministro de agua no apta para
el consumo humano a los habitantes del Municipio de TURBO - ANTIOQUIA, de
acuerdo con los resultados obtenidos y registrados en el SISTEMA DE
INFORMACIÓN PARA VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA POTABLE -
SIVICAP, correspondientes a la vigilancia para el segundo semestre del año 2007.
Con el memorando se allegaron los citados registros provenientes del Instituto
Nacional de Salud que fueron remitidos a esta entidad mediante escrito que se
radicó por ésta Entidad bajo el No. 20085290178582 de fecha 29 de Abril de 2008.

SEGUNDO.- Con base en la información anterior y a fin de determinar la presunta
omisión de la empresa CONHYDRA S.A. E.S.P., identificada con NIT. No.
8110111656 a las normas que establecen el sistema de protección y control del
agua para consumo humano de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1575
de 2007 y Resolución No. 2115 de 2007, la Dirección de Investigaciones de la
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, dio inicio a la
Investigación administrativa No. 2008440350600160E a través de la cual formuló
el siguiente cargo único al prestador»21 (Subrayas de la Sala)

21 Visible a índice 20 del Sistema de Gestión SAMAI.

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30. En ese acto se sancionó a la actora por las siguientes razones:

« Argumenta el prestador que "la continuidad del servicio promedio en el
municipio es de tres horas, lo que genera que las redes de acueducto estén
siempre despresurizadas y trabajen a medio tubo, con presiones mínimas
de servicio, debido a que la continuidad es muy baja", o "que como
consecuencia de los largos lapsos de tiempo antes de volver a tener servicio
causan gran cantidad de agua remanente en las tuberías que permanece
varias horas retenidas antes de tener nuevamente contacto con agua del
sistema, el cloro residual que se envía a la red y que tiene como función
proteger el agua de la contaminación microbiológica se evapore",

Con relación al planteamiento del prestador, es necesario recordar que dado que
este es responsable en virtud del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de
Protección Social y la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social
y de Ambiente, de Vivienda y Desarrollo Territorial de suministrar agua aceptable
para consumo humano, tiene la obligación legal de garantizar siempre la calidad
de agua que entrega, independientemente de las circunstancias que se presenten,
ya que para estos casos, el sistema de protección y control del agua para consumo
humano establece instrumentos que permiten al prestador minimizar los riesgos a
fin de no poner en peligro a sus usuarios.

Conforme a lo expuesto por la empresa investigada, el Despacho considera que
el prestador tuvo pleno conocimiento de las circunstancias que podrían afectar la
calidad del agua suministrada, ya que él mismo informa acerca de las condiciones
que no permiten asegurar la calidad del agua. En tales circunstancias, el prestador
debió haber tomado las medidas preventivas necesarias y debió comunicar las
condiciones de riesgo del suministro a la comunidad de manera inmediata, todo
ello en coordinación con las autoridades sanitarias, por cuanto esta situación pone
en peligro la salud de sus usuarios.

Por otra parte, vale recordar que el Art. 29 del Decreto 1575 de 2007, dispone la
obligación de realizar los análisis de vulnerabilidad previos a la entrada en
operación de un sistema de suministro de agua, en cualquiera de sus
componentes.

Sumado a lo anterior, el prestador debió atender a lo dispuesto en los Arts. 30 y
31 del Decreto 1575 de 2007, implementando y activando su plan de contingencia
para mitigar los efectos no deseados de los factores de riesgo, pues para el caso
en estudio resulta claro que se trataba de una circunstancia perfectamente
previsible de potencial afectación de la calidad del agua, pues se origina en la falta
de continuidad del servicio que por cambio en las presiones y por las altas
temperaturas incrementa la posibilidad de suministro de agua no apta.

Por su parte, el Artículo 32 del Decreto en comento, establece la Declaratoria del
Estado de Emergencia y de vuelta a la Normalidad, en la que las autoridades
sanitarias podrán declarar el estado de emergencia sanitaria para el sistema de
suministro de agua, cuando se presenten hechos o situaciones que pongan en
riesgo la salud de la población, y en coordinación con las personas prestadoras
están obligadas a informar de este hecho inmediatamente a las demás
autoridades administrativas locales por escrito y a la comunidad usuaria, por los
medios masivos de comunicación.

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Cabe resaltar que en el escrito de descargos se evidencia una clara contradicción
entre sus afirmaciones, por cuanto primero acepta que existen inconvenientes con
el flujo hidráulico que ocasiona que el cloro residual se evapore y luego afirma que
el agua que suministra es de buena calidad.

Ahora, las meras afirmaciones del prestador de que está suministrando agua de
buena calidad, no son suficientes por sí mismas, para que se tengan por cumplidas
las obligaciones que están a su cargo, como en el caso bajo estudio.

De igual forma, debe señalarse que es al prestador a quien corresponde la
realización de planes de contingencia, que permitan superar las condiciones
adversas para el suministro de agua potable, y el mejoramiento de la
infraestructura y de la gestión del prestador para la prestación de un servicio que
suministre agua de óptima calidad.

En este orden el planteamiento del prestador no prospera.

Continúa el prestador argumentando, que teniendo en cuenta que las calles
del municipio de Turbo en su mayoría están sin pavimentar, esto
proporciona condiciones ideales para que las personas inescrupulosas
realicen conexiones fraudulentas, robando el líquido y alterando la calidad
del agua que es enviada a la red, ya que en la manipulación de las tuberías
sin tener las precauciones adecuadas, se incorpora lodo y aguas de
escorrentía que corresponden a los caños que recogen las aguas negras del
municipio y se infiltran en los terrenos que han sido llenados con materiales
no aptos como basuras, madera, piedra, etc., proporcionando condiciones
de vulnerabilidad del agua.

Con relación al argumento del prestador lo primero que observa el Despacho es
que el mismo no viene sustentado en pruebas, por lo cual, sus argumentos se
convierten en meras afirmaciones sin sustento probatorio.

(…)

No obstante lo anterior, y si aún en gracia de discusión se aceptase (Sic) lo que
manifiesta el prestador, este Despacho debe precisar, que si el prestador tiene
conocimiento de este tipo de situaciones, debe implementar los controles
necesarios para hacer frente a este tipo de conductas de la población y debe tomar
los correctivos del caso, así como adoptar un plan de contingencia eficaz que
permita reducir los riesgos de suministrar agua no apta para consumo humano
cuando se presenten circunstancias que dificulten la prestación del servicio en
condiciones de calidad. Tampoco está probado por parte del prestador que haya
elaborado un plan de contingencia que permita que este tipo de situaciones se
manejen adecuadamente y sin poner en peligro la salud de la población.

Teniendo en cuenta lo expresado por el prestador, se está exponiendo a la
población de Turbo - Antioquia a un riesgo grave para la vida y la salud de la
población que consume agua no apta para el consumo humano.

El representante del prestador no puede simplemente limitarse a comentar una
serie de inconvenientes y condiciones adversas para la adecuada prestación del
servicio de acueducto, sino que además debe demostrar que ha actuado diligente
y oportunamente para corregir o mitigar tales fallas.

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Argumenta el prestador que los largos lapsos de tiempo antes de volver a tener
servicio causan gran cantidad de agua remanente en las tuberías que permanece
varias horas retenidas antes de tener nuevamente contacto con agua del sistema,
generando que el cloro residual que se envía a la red y que tiene como función
proteger el agua de la contaminación microbiológica se evapore.

Añade el prestador, que en el municipio de Turbo, fue suspendido el servicio de
agua potable en el sector que alimenta la Universidad de Antioquia, desde las 23
horas del día 18 de septiembre, hasta las 20 horas del día 19 del mismo mes. En
el transcurso de esta suspensión, el funcionario de la Dirección Seccional de Salud
de Antioquia, toma una muestra del agua remanente en la red la cual dio positiva
bacteriológicamente, esto pudo ser debido a que el cloro residual que quedaba en
la tubería había sido consumido y volatilizado por las condiciones mencionadas
anteriormente, lo que pudo haberse causado por las altas temperaturas de la zona.

A este respecto, el Despacho advierte que es el mismo prestador el que está
admitiendo que el cloro residual se está evaporando de sus tuberías por
encontrarse varias horas retenida.

Es importante recalcar, que el cloro residual tiene como objetivo desinfectar el
agua para hacerla apta para el consumo humano en la red de distribución y de
esta manera impedir que los microorganismos presentes en el agua puedan estar
presentes aún al momento de la entrega al usuario. Así las cosas, sin cloro
residual, el agua no puede ser considerada apta para el consumo humano.

El Despacho considera que este argumento no es de recibo, por cuanto las
personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano
y los usuarios, son responsables, en virtud del artículo 4º del Decreto 1575 de
2007, de la implementación y desarrollo de las actividades de control y calidad del
agua para consumo humano.

Teniendo en cuenta que el Cloro residual, es el cloro que permanece en el agua
en forma activa y es el responsable de la destrucción de microorganismos
perjudiciales para la salud, sin este no se puede hablar de agua apta para el
consumo humano, ya que evita que se cumplan los parámetros microbiológicos
establecidos en la norma, vulneración que trae como consecuencia la generación
de enfermedades en la población servida.

No se encuentra probado por parte del prestador, que haya implementado todos
los controles necesarios y planes de contingencia, con el fin de tratar
adecuadamente el agua que suministra a sus usuarios. De esta manera el
Despacho encuentra, que el prestador investigado, está suministrando agua no
apta para consumo humano y está incumpliendo con los parámetros
microbiológicos establecidos en el artículo 11 de la Resolución 2115 de 2007.

Por su parte, el artículo 9º de la Resolución 2115 de 2007 que trae las
Características Químicas de otras Sustancias utilizadas en la Potabilización,
establece que:

"3. Las plantas de tratamiento deben garantizar mediante sistemas,
estructuras o procedimientos de control, el tiempo de contacto del cloro
como desinfectante, antes de enviar el agua a las redes..."

Si el prestador hubiera establecido procedimientos de control adecuados, el agua
seria tratada convenientemente, a pesar de los problemas de flujo hidráulico que

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manifiesta el prestador, y impiden que el agua fluya permanentemente y se
estanque.

Continua argumentando el prestador, que el 20 de septiembre fue tomada
una nueva muestra por el mismo funcionario de la DSSA en el punto de
muestreo 2901801 correspondiente al Hospital Francisco Valderrama, el cual
se encuentra en la misma red que alimenta la Universidad de Antioquia, cuya
muestra microbiológica arrojó resultados negativos. También indica que el
día 21 se tomó una muestra de control interno en el punto de muestreo
2906758 "Universidad de Antioquia", dando como resultado la Ausencia de
microorganismos en el agua.

Se debe considerar que según el Artículo 11 de la Resolución 2115 de 2007 del
Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el valor admisible para los parámetros microbiológicos de Coliformes
Totales y Escherichia Coli es 0 UFC, 0 microorganismos en 100 cm³ o Ausencia
de microorganismos según la técnica de análisis utilizada.

Así mismo se establece en el parágrafo 2º de este artículo que "Ninguna muestra
de agua para consumo humano debe contener E.Coli en 100 cm3 de agua
independientemente del método de análisis utilizado."

Al revisar los resultados de calidad del agua para el municipio de TURBO
departamento de ANTIOQUIA, se observó que se precisan los puntos de toma de
muestras, y que estas son tomadas en la red de distribución del prestador. De ahí
que en las muestras aportadas como prueba por el Instituto Nacional de Salud
mediante la comunicación con radicado SSPD N° 2008529017858-2 del 29 de
Abril de 2008, en el que remitió los resultados reportados al SIVICAP (Sistema de
Vigilancia de la Calidad del Agua Potable) por las Autoridades Sanitarias
Departamentales, se encontrara presencia de E.Coli, con un IRCA de 68,75,
clasificado como de Riesgo Alto.

Así, las pruebas aportadas por la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y
Alcantarillado de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y
Aseo, es decir, el radicado No. 20085290178582 de fecha 29 de Abril de 2008,
correspondiente a los registros provenientes del Instituto Nacional de Salud que
se encuentran en el SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA VIGILANCIA DE
CALIDAD DE AGUA POTABLE SIVICAP, como autoridad competente en la
vigilancia a la calidad del agua en este Departamento, resultan válidas para
acreditar la vulneración del parámetro mencionado, parámetro que al exceder los
valores mínimos se consideran de alto riesgo para la salud de la población.

Así las cosas, es claro para el Despacho, que el prestador que nos ocupa, no se
encuentra cumpliendo la normatividad vigente en materia de suministro de agua
apta para el consumo humano en el municipio de Turbo Antioquia y está poniendo
en riesgo la salud de los usuarios a los que les presta el servicio. Por lo
anteriormente analizado y según el parágrafo 29 del Artículo 11 de la Resolución
2115 de 2007 "Ninguna muestra de agua para consumo humano debe contener
E.Coli en 100 cm3 de agua independientemente del método de análisis utilizado."
La presencia de E.Coli, es el indicador microbiológico preciso de contaminación
fecal en el agua para consumo humano.

El reproche por presencia de coliformes fecales en muestras de agua potable, se
justifica en la medida en que estos microorganismos causan enfermedades del
tracto digestivo, que son las responsables de numerosas muertes por enfermedad

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diarreica aguda. De allí la elevada protección que se estableció por vía de la
norma, tanto para evitar la presencia de coliformes, como para promover la
desinfección del agua. En tal sentido, observa el Despacho que si bien es muy
grave el verificar el conteo de coliformes en estas muestras, esta situación se
agrava por la ausencia de cloro residual que también se verificó en desarrollo de
esta investigación.

Al respecto, hay que hacer claridad, que aunque esos resultados tomados los días
posteriores a la prueba que diera resultados de alto riesgo, han dado resultados
de bajo riesgo, es menester que todas las pruebas, tanto las que tomen los
prestadores en sus controles, los laboratorios autorizados o la autoridad sanitaria
correspondiente, deben cumplir con todos los parámetros establecidos en el
sistema de protección y control del agua para consumo humano.

No se puede permitir que los prestadores suministren agua con IRCA alto riesgo,
ni un solo día, máxime si se tiene en cuenta que los parámetros aquí violados por
el prestador son de carácter microbiológico. De esta manera se tiene que el
parámetro vulnerado es considerado como de alto riesgo para la salubridad
pública. Además, no puede perderse de vista que si se trata en algún caso de una
contramuestra, esta debe ser tomada conforme a lo establecido en la ley,
mediante acta suscrita entre los presentes en la toma de la primera muestra, tal y
como o dispone el Artículo 21 del decreto 1575 de 2007 del Ministerio de
Protección Social. Lo anterior, se indica en los siguientes términos:

(...)

Continúa afirmando el prestador, que en el mes de septiembre, el municipio
de Turbo realizó la toma de dos muestras fisicoquímicas y 4 muestras
microbiológicas, para ser analizadas en laboratorio externo, según lo
exigido por los artículos 21 y 22 del Decreto 1575 de 2007. Los resultados de
las muestras dadas por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia en su
informe de vigilancia de calidad del agua para consumo humano en el
segundo semestre del año 2007 fue de 6.54% lo que indica que el agua
suministrada por la empresa, está en el rango de 5.1 a 14, lo que ubica al
municipio de Turbo en un índice de riesgo bajo consumo humano, según lo
establecido en los arts. 13, 14 y 15 de la resolución 2115 de 2007.

A este punto, es necesario hacer énfasis, que si bien la empresa según sus
propios análisis manifiesta estar en el rango de 5.1 a 14 lo que se traduce en un
riesgo bajo, este porcentaje, según la Resolución 2115 de 2007, da como
resultado que el Agua no es apta para consumo humano, aunque es susceptible
de mejoramiento.

La Resolución 2115 de 2007 en su artículo 13º, sobre el índice de riesgo de la
calidad del agua para consumo humano - IRCA-, establece que para el cálculo del
mismo al que se refiere el artículo 12 del Decreto 1575 de 2007 se asignará el
puntaje de riesgo contemplado en el Cuadro Nº.6 a cada característica física,
química y microbiológica, por no cumplimiento de los valores aceptables
establecidos la misma. Así mismo, en el mismo artículo se establece que el valor
del IRCA es cero (0) puntos cuando cumple con los valores aceptables para cada
una de las características físicas, químicas y microbiológicas contempladas en la
presente Resolución y cien puntos (100) para el más alto riesgo cuando no cumple
ninguno de ellos. (Subraya y negrilla fuera de texto). Así las cosas, como en el
presente caso ninguna de las muestras tomadas por el prestador en sus controles

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da 0 puntos, no está cumpliendo con los valores aceptables para cada uno de los
parámetros establecidos en la norma citada.

Para el Despacho no hay duda que los parámetros vulnerados corresponden a los
microbiológicos, que aunque aparecen en las pruebas de las muestras tomadas
por el prestador en sus controles como de bajo riesgo, existe un riesgo y para
considerar que el agua es suministrada por la empresa es apta para consumo
humano, las muestras deben dar como resultado "sin riesgo" y no "riesgo bajo".

Por lo anterior, el planteamiento del prestador no prospera.

Argumenta el prestador que realiza un control interno de calidad de agua
diario con posteriores análisis fisicoquímicos y microbiológicos que se
observan en los resultados de los análisis efectuados, los cuales dan cuenta
de la buena calidad del agua que suministra la empresa CONHYDRA S.A.
E.S.P., el caso asilado ocurrido con la prueba efectuada en el sector de la
Universidad de Antioquia, no se puede tomar como falla en la prestación
continua de un servicio de buena calidad, en los términos del articulo 136 de
la ley 142 de 1994.

Este Despacho debe ser preciso en señalar que aplaude la manifestación del
prestador de su interés para proporcionar un servicio de la más alta calidad que
exige la legislación colombiana sobre agua potable y de emprender un proceso de
mejora continuo, éstas solas manifestaciones no son suficientes por sí mismas,
para que se tengan por cumplidas las obligaciones que están a su cargo, como en
el caso bajo estudio, ya que para que se tenga por cumplida la obligación legal de
suministrar agua aceptable para consumo humano, debe materializarse en la
efectiva realización de planes de contingencia y en el control permanente de la
calidad del agua que suministra a todos y cada uno de sus usuarios.

De acuerdo con lo expuesto, el Despacho encontró probado que la empresa
CONHYDRA S.A. E.S.P., suministró a sus usuarios del municipio de Turbo -
Antioquia, agua no apta para consumo humano, durante el mes de septiembre de
2007, con lo cual infringió lo dispuesto en el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución
2115 de 2007, respecto de la calidad de agua que debe suministrar un prestador
del servicio de acueducto lo que constituye una violación directa al artículo 136 de
la ley 142 de 1994, que dispone:

(…)»22 (Subrayas de la Sala, negrillas dentro del texto)

31. En ese contexto se advierte que la sanción objeto de reproche se sustentó en
una valoración integral del material probatorio recaudado durante el trámite
administrativo, así como del análisis de los descargos presentados por la actora en
ese procedimiento. En efecto, la SSPD consideró que la demandante tenía pleno
conocimiento de las condiciones que podían afectar la calidad del agua suministrada
por la actora a los habitantes de Turbo - Antioquia, como la baja continuidad del
servicio, la despresurización de las redes y la consecuente pérdida de cloro residual

22 Visible a índice 20 del Sistema de Gestión SAMAI.

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y le reprochó que, pese a ello, no adoptó las medidas preventivas, correctivas ni de
contingencia necesarias para mitigar tales riesgos.

32. Además, en ese acto se indicó que los argumentos expuestos por la aquí
accionante no solo carecían de sustento probatorio, sino que en varios apartes
evidenciaban deficiencias estructurales en la prestación del servicio, tales como la
ausencia de controles efectivos, la falta de implementación de planes de contingencia
y la omisión de informar oportunamente a la comunidad y a las autoridades
competentes sobre situaciones de riesgo sanitario. De igual forma, se destacó que la
presencia de E. coli y los niveles de IRCA registrados constituían un riesgo alto para
la salud pública pues se evidenciaban coliformes fecales, sin que resultara admisible
la justificación de que tales resultados eran hechos aislados o atribuibles a factores
externos.

33. Con fundamento en lo anterior, la SSPD concluyó que la empresa suministró
agua no apta para el consumo humano, en contravención de lo dispuesto en el
Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007, poniendo en riesgo la salud de
los usuarios.

34. Ahora, en la Resolución SSPD 20094400054525 del 17 de noviembre de 2009,
«Por la cual se resuelve un recurso de reposición», la entidad demandada abordó el
reproche formulado por la actora, según el cual la prueba recaudada en el SIVICAP
vulneraba el debido proceso al no haberse agotado por parte del INS el trámite
previsto en el artículo 16 de la Resolución 2115 de 2007, relativo a la resolución de
controversias en la toma de muestras cuando existan divergencias entre las
autoridades sanitarias departamentales y las empresas prestadoras; veamos:

« Con relación a este planteamiento del recurrente, el Despacho observa que el
argumento del prestador es equivocado, toda vez que el artículo 16 de la
Resolución 2115 de 2007, establece que el Instituto Nacional de Salud, INS,
resolverá las controversias presentadas entre los IRCA mensuales que calculan
las autoridades sanitarias y las personas prestadoras de conformidad con el
reporte de información definido para el subsistema Sivicap y para el sistema SUI
respectivamente. De la lectura de la norma es claro que no le corresponde al INS
notificar los resultados de los análisis de las muestras en ejercicio de la vigilancia,
sino resolver las controversias que surjan entre los cálculos de IRCAs que hagan
los prestadores y la autoridad sanitaria correspondiente.

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Ahora bien, el argumento no tiene la virtud de desestimar el cargo imputado, pues
como puede leerse en el concepto de violación antes referido, el sustento de la
presente investigación se halla en la información consignada en el SISTEMA
NACIONAL DE VIGILANCIA DE AGUA POTABLE - SIVICAP, base de datos en
la que se consolidan los resultados que se obtienen de la vigilancia, según las
muestras practicadas por la autoridad de salud, y procesadas por la secretaría
departamental de salud. Es cuando se presentan controversias entre los
resultados de los análisis que efectúan los prestadores en ejercicio de control del
agua que suministran y los resultados de los análisis de las muestras tomadas en
ejercicio de la vigilancia por parte de las autoridades sanitarias, que entra a dirimir
dicha disputa por los resultados obtenidos en unos y otros resultados.

Por tanto, debe dejarse claro, que unas son las pruebas que realiza el prestador
en cumplimiento del control que le compete acatando lo dispuesto por la
Resolución 2115 de 2007 de MINPROTECCION, y otras son las que realiza la
autoridad de salud en ejercicio de sus funciones de vigilancia, con lo cual, se tiene
que se trata de dos mecanismos distintos pero concomitantes para la verificación
de la calidad del agua suministrada.

Así, el Despacho considera desacertado el argumento del prestador, puesto que
la contradicción de los resultados de las muestras realizadas por la vigilancia, y
sobre los resultados obtenidos del cálculo del IRCA MENSUAL Y EL IRCA POR
MUESTRA, no deben ser resueltos por esta Superintendencia, siendo que tal
competencia fue asignada de manera expresa al INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD (INS).

De tal manera, este Despacho no puede pronunciarse sobre ninguna controversia
que surja frente al cálculo del IRCA informado por la autoridad de salud y que
sirvió de fundamento a la presente investigación, por falta de competencia, y
mientras los resultados consignados en el SIVICAP, por cuanto la información que
se certifica en dicho registro, es oficial para todos los medios y cuyo resultado fue
comunicado a esta Superintendencia, dan cuenta del suministro de agua con
riesgo para el consumo humano, con sustento en tal información, esta
superintendencia ejercerá la competencia asignada por el artículo 6º Del Decreto
1575 de 2007 y demás normas concordantes y reglamentarias.

Por otra parte, vale mencionar que no se halla en el expediente prueba alguna de
que el prestador investigado hubiese comunicado al INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD acerca de la controversia que pudiese presentarse entre sus muestras de
control y las recaudadas por la vigilancia, ni tampoco prueba el prestador que la
autoridad sanitaria correspondiente no le haya notificado los resultados de la
muestra que se allega como prueba del suministro de agua no apta para consumo
humano en las presentes diligencias, pues si bien es cierto que el procedimiento
de reporte de la información de control de calidad de agua a través del SUI aún
no se ha implementado para los prestadores del servicio de acueducto, el
prestador podría haber iniciado la respectiva contradicción ante la autoridad
competente una vez conoció el resultado de las muestras que hoy impugna, y no
solamente con ocasión de la presente investigación.

Es únicamente con ocasión de alguna controversia e inconformidad entre los
datos obtenidos por las autoridades sanitarias y que son reportados al SIVICAP y
los resultados obtenidos por el prestador cuando realiza análisis a las muestras
que toma en ejercicio del control, que el INS interviene, sin que se pueda requerir
a los prestadores para que controviertan las muestras cuyos resultados son

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oficiales y certificados al SIVICAP, siendo que las notificaciones a llevar a cabo
las debe adelantar la autoridad sanitaria correspondiente de acuerdo al cuadro
No. 7 del artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007» (Subrayas de la Sala).

35. Posteriormente, en ese acto se indicó que la actora no probó que el agua que
suministró a los habitantes de Turbo fuera apta para el consumo humano, así:

« Frente a este argumento, preocupa al Despacho que el prestador pretenda
restarle importancia a su incumplimiento normativo, pues nótese que ni si quiera
señala que no se dio, sino que pretende desviar la atención en el sentido que no
compromete la totalidad del agua y que son hechos aislados, por cuanto
manifiesta que sólo una muestra de las veintiún (21) que reporta la seccional dio
positiva, y que el IRCA mensual de septiembre de 2007 calculado por CONHYDRA
con las datos de IRCAS diarios presentado por La Seccional dio un porcentaje de
siendo éste un nivel de riesgo medio, y el de la empresa prestadora CONHYDRA
S.A. EPS presentó un resultado de 2,16, es decir SIN RIESGO. Por lo anterior, se
recuerda al prestador que su principal obligación, es prestar suministrar a sus
usuarios de manera permanente agua apta para el consumo humano, y si en algún
momento no lo hace, debe asumir las consecuencias de este grave acto, cual es
que se hará acreedor a una sanción, como en efecto lo fue en el presente caso.

Como se ha dicho con anterioridad, no se encuentra probado que el prestador
hubiera controvertido los resultados reportados al SIVICAP por la autoridad
sanitaria departamental, por lo cual no se entiende porque hasta esta instancia
alega que las pruebas fueron tomadas sin seguir los protocolos para estos casos,
ya que no es competencia de esta Entidad verificar el cumplimiento de los mismos,
sino determinar si se incurrió en un incumplimiento normativo, con los resultados
que se ingresan al SIVICAP.

Además, es preciso advertir como ya se ha señalado con anterioridad, que según
la calificación legal contenida en el Decreto 1575 de 2007, la obligación de los
prestadores del servicio de acueducto es suministrar AGUA SIN RIESGO PARA
EL CONSUMO HUMANO, riesgo que se calcula según los parámetros
establecidos en la Resolución MINPROTECCION 2115 de 2007 y el factor de
riesgo ponderado para cada parámetro. Así, el riesgo de la muestra se ubicó en
riesgo ALTO, lo que determina que es una conducta bastante grave, dado que con
la afectación de la calidad del agua, en un solo día, se afectó a un número
indeterminado de usuarios, sumado a la escasa acción del prestador por mitigar
los efectos indeseados.

Frente a este planteamiento, el Despacho considera preciso manifestar, que la
obligación de suministrar agua apta para consumo humano, es continua y por ello
es que se exige de los prestadores que en esta materia tan delicada, efectúen
permanentemente controles tendientes a que no se alteren las características del
agua que suministran, para no afectar la salud de sus usuarios ni incurrir en una
falla en la prestación del servicio.

Además de lo anterior, según el Artículo 11 de la Resolución 2115 de 2007 del
Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el valor admisible para los parámetros microbiológicos de Coliformes
Totales y Escherichia Coli es 0 UFC, 0 microorganismos en 100 cm³ ó Ausencia
de microorganismos según la técnica de análisis utilizada.

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Así mismo se establece en el parágrafo 2º de este artículo que "Ninguna muestra
de agua para consumo humano debe contener E.Coli en 100 cm3 de agua
independientemente del método de análisis utilizado."

Por tanto, y ya que el recurrente manifiesta que se trata de una prueba con la cual
no se puede determinar el IRCA mensual y así establecer si se configura un
suministro de agua no apta para consumo humano, en el acto recurrido se dijo
que "Al revisar los resultados de calidad del agua para el municipio de TURBO
departamento de ANTIOQUIA, se observó que se precisan Jos puntos de toma de
muestras, y que estas son tomadas en la red de distribución del prestador. De ahí
que en las muestras aportadas como prueba por el Instituto Nacional de Salud
mediante la comunicación con radicado SSPD N° 2008529017858-2 del 29 de
Abril de 2008, en el que remitió los resultados reportados al SIVICAP (Sistema de
Vigilancia de la Calidad del Agua Potable) por las Autoridades Sanitarias
Departamentales, se encontrara presencia de E.Coli, con un IRCA de 68,75,
clasificado como de Riesgo Alto".

Por tanto, la prueba allegada a través del radicado No. 20085290178582 de fecha
29 de Abril de 2008, correspondiente a los registros provenientes del Instituto
Nacional de Salud que se encuentran en el SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA POTABLE - SIVICAP, reportada a este
sistema por la autoridad competente en la vigilancia a la calidad del agua en el
Departamento de Antioquia, resultan válidas para acreditar la vulneración del
parámetro microbiológico, parámetro que al exceder los valores mínimos se
consideran de alto riesgo para la salud de la población.

Así las cosas, sostuvo el Despacho, que el prestador no se encontraba cumpliendo
la normatividad vigente en materia de suministro de agua apta para el consumo
humano en el municipio de Turbo - Antioquia, poniendo en riesgo la salud de los
usuarios a los que les presta el servicio. Por lo anteriormente analizado y según
el parágrafo 2º del Artículo 11 de la Resolución 2115 de 2007 "Ninguna muestra
de agua para consumo humano debe contener E.Coli en 100 cm3 de agua
independientemente del método de análisis utilizado." La presencia de E.Coli, es
el indicador microbiológico preciso de contaminación fecal en el agua para
consumo humano y es un incumplimiento normativo de tal gravedad, que no puede
ser pasado por alto por ninguna autoridad de la naturaleza que sea.

Por esta razón, no se puede hablar que los resultados obtenidos del análisis de la
muestra del día 19 de septiembre de 2007, son un caso aislado y fortuito que no
obedece a la tendencia normal que relaciona el prestador en la tabla número 1 de
su recurso, máxime si se tiene en cuenta que la norma estableció claramente que
ninguna muestra de agua para consumo humano debe contener E.Coli en 100
cm3 de agua y ya que el punto de la muestra no ha sido controvertido tampoco y
que además hace parte de la red de distribución.

Además, el Despacho reitera lo dicho en la sanción impugnada en cuanto a que
el reproche por presencia de coliformes fecales en muestras de agua potable, se
justifica en la medida en que estos microorganismos causan enfermedades del
tracto digestivo, que son las responsables de numerosas muertes por enfermedad
diarreica aguda. De allí la elevada protección que se estableció por vía de la
norma, tanto para evitar la presencia de coliformes, como para promover la
desinfección del agua. En tal sentido, observa el Despacho que si bien es muy
grave el verificar el conteo de coliformes en estas muestras, esta situación se

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agrava por la ausencia de cloro residual que también se verificó en desarrollo de
esta investigación.

Así mismo destaca el Despacho, es que el cumplimiento de las obligaciones que
competen a todo prestador de servicios públicos domiciliarios, recaen sobre el
prestador. En tal sentido, los prestadores deben proveer que los recursos
humanos y técnicos vinculados a la prestación del servicio, estén en capacidad de
realizar las funciones atribuidas en la oportunidad y con la calidad debida, y por
ello, la responsabilidad por el adecuado funcionamiento del prestador se predica
de la persona jurídica que asume la prestación del servicio. Así las cosas, una vez
una persona de las autorizadas por la Ley, para prestar servicios públicos
domiciliarios, asume la prestación de dichos servicios debe hacerlo cumpliendo
con todas sus obligaciones, máxime la relacionada con su principal obligación,
que es la de prestar un servicio de buena calidad, pues de no hacerlo incurre en
una falla del servicio.

Fue así como el legislador a través de la Ley 142 de 1994, por la cual se estableció
el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictaron otras disposiciones.
Dicha Ley en su numeral 14.24 del artículo 14 define el servicio de acueducto, de
la siguiente manera:

(…)

Por último, es necesario precisar, frente a este argumento, que no es de recibo la
manifestación del prestador, en el sentido que esta Superintendencia
malinterpretó las explicaciones dadas por el prestador, ya que estima el Despacho
que este no logro desvirtuar los resultados de la muestra tomada, puesto que para
que así fuera, debió allegar los resultados de análisis de muestras tomadas en las
mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar, por parte de un laboratorio
certificado para llevar a cabo estos análisis, y sin que probara que efectivamente
controvirtió esos resultados con los resultados de análisis de muestras efectuadas
en ejercicio del control que debe hacer el prestador. El hecho que el prestador
haya informado las circunstancias que afectan la eficiente prestación del servicio
al propietario del acueducto, no implica que se vea restringida la potestad
sancionatoria de esta Entidad, máxime teniendo en cuenta que quien es el
prestador del servicio y además el operador de las redes de acueducto, es la
empresa investigada.

Estima el Despacho además, que son graves las manifestaciones del prestador
en el sentido que los problemas contractuales con el municipio de Turbo, llevarían
a la parálisis del servicio, evento en el cual, los problemas de fallas en la prestación
del servicio se agravarían y por tanto, conllevarían a que esta Superintendencia,
tomara medidas estrictas para evitar que los usuarios se vean privados del servicio
por el cual pagan una tarifa, sin perjuicio de las sanciones que por ello pueda
imponer esta Delegada en el evento de comprobarse la reincidencia en la
conducta.

En todo caso, esta situación del prestador representa una grave alarma para esta
Entidad, pues dicha situación puede llegar incluso a poner en riesgo la prestación
del servicio, por lo cual, se pondrá en conocimiento de la Directora Técnica de
Gestión de Acueducto y Alcantarillado, para que adelante una especial vigilancia
y control sobre el prestador.

Así también, Independientemente de que la empresa auditora reporte los
resultados del ejercicio del control del prestador del agua suministrada, lo cierto

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es que el prestador para la fecha en que se produjo la muestra, suministró agua
no apta para consumo humano, poniendo a sus usuarios en grave peligro.

En cuanto a la gravedad de la falta, cabe señalar que el suministro de agua no
apta para el consumo humano es un incumplimiento a un estándar fundamental
del servicio de acueducto, constituye una infracción a normas de orden público y
compromete la salud de los habitantes y la salubridad pública del Municipio. Por
tanto, el impacto de la falla en el servicio por calidad de agua afecta a todos los
usuarios de manera general, en su interés por preservar un entorno saludable.

El reproche por presencia de coliformes totales y E-Coli en muestras de agua
potable, se justifica en la medida en que estos microorganismos causan
enfermedades del tracto digestivo, que son las responsables de numerosas
muertes por enfermedad diarreica aguda. De allí la elevada protección que se
estableció por vía de la norma, tanto para evitar la presencia de coliformes, como
para promover la desinfección del agua.

Por último, el Despacho aplaude todos los esfuerzos realizados por el prestador
por promover el mejoramiento del sistema, sin embargo, tal situación no lo exime
de responsabilidad por haber suministrado agua no apta para consumo humano
el día 19 de septiembre de 2007, ya que es responsabilidad de la persona
prestadora garantizar la calidad del agua para consumo humano en cualquiera de
los puntos que conforman el sistema de suministro y en toda época del año, según
lo establecido en el artículo 9º del Decreto 1575 de 2007, por lo cual, y porque
para que se tenga por cumplida la obligación de suministro de agua apta para
consumo humano, según las normas vigentes y que debe materializarse en la
efectiva prestación continua de un servicio de calidad» (Subrayas de la Sala).

36. Ahora, en la demanda la actora sostuvo que no era cierto que el agua que
suministró en el Municipio de Turbo no fuera apta para el consumo humano. Además,
resaltó que no se realizó el proceso previsto en el artículo 16 de la Resolución 2115
de 2007 para dirimir la controversia suscitada en torno a las muestras de agua ya que
las tomadas por la autoridad sanitaria departamental no le fueron comunicadas a
pesar de ser contradictorias con las tomadas por esa sociedad. Particularmente
señaló:

«Sin mas preámbulos, digamos de una vez que, los actos administrativos
atacados, que son expresión de la potestad sancionatoria de la Administración,
transgreden de forma abierta la norma constitucional citada, por cuanto se
sanciona un comportamiento que no está debidamente configurado en el artículo
16 de la Resolución 2115 de 2007, y por tanto no pudo haber quedado
debidamente demostrado para el INS y en consecuencia tampoco debió quedar
demostrado para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
"SUPERSERVICIOS".

Por lo anterior es absurdo, y sugiere sin mayores análisis la nulidad del acto, en
este aspecto (pues resulta obvia la contradicción con la norma constitucional).

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Según lo establecido el artículo 16 de la resolución 2115 de 2007, la empresa
demandante, siguió los estándares fundamentales del servicio de acueducto.

El agua que se suministró y se ha suministrado en el municipio de Turbo -
Antioquia es Apta para el Consumo Humano, conforme a los procedimientos y
parámetros establecidos en la normatividad vigente, por qué:

"Considera la empresa, que La SSPD no debió iniciar proceso sancionatorio
con el dato de un IRCA diario (68,75) dado que solo se puede determinar si
el agua es apta para consumo humano a través de un IRCA mensual según
lo establecido en el cuadro N° 7 de la resolución 2115 de 2007.

La muestra tomada por la DSSA el día 19 de septiembre de 2007, es un
caso aislado, unitario fortuito que no obedece a la tendencia normal (ver
tabla número 1) de las muestras que se evalúan tanto por la DSSA como
por la empresa prestadora y además la forma como se hace el análisis a
esta muestra adolece de un análisis matemático, que se estandariza en el
ARTÍCULO 16 DEL 2115 DE 2007.

Nota los datos de la columna 1 y 2 corresponden allegados como prueba de
la SSPD de los IRCAs diarios a los cuales se les aplico la formulas
matemáticas para determinar el IRCA mensual y los datos de la columna 5
son los cálculos de los IRCAs mensuales de los datos de registros de
operación de la empresa CONHYDRA.

Frente a los anteriores cálculos es importante mencionar que sólo una
muestra de las veintiún (21) que reporta la seccional dio positivo, (que
además no fue controvertida) y que el IRCA mensual de septiembre de 2007
calculado por CONHYDRA con los datos de IRCAS diarios presentado por
La Seccional dio 18,09, siendo este porcentaje un nivel de riesgo medio, y
el de la empresa prestadora CONHYDRA S.A. EPS presentó un resultado

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de 2,16, es decir SIN RIESGO, lo que quiere decir que se debe continuar
con el control y la vigilancia. Como se puede apreciar en los IRCAs
mensuales y en particulares los de septiembre por parte de las dos
entidades discrepan totalmente y que para esta situación la resolución 2115
de 2007 en su artículo 16 reza.

Una vez sea suministrada la información al SUI por parte de las
personas prestadoras, según lo establecido en el inciso 1º del presente
artículo, el Instituto Nacional de Salud - INS resolverá las controversias
presentadas entre los IRCAS mensuales que calculan las autoridades
sanitarias y las personas prestadoras de conformidad con el reporte de
información definido para el subsistema SIVICAP y para el sistema SUI
respectivamente.

El Instituto Nacional de Salud - INS informará el resultado final a la SSPD y
a las partes involucradas". (negrillas y subrayas fuera de texto).

Procedimiento que no se hizo, violándose así un debido proceso, proceso que le
correspondió llevar al INS, y que se encuentra establecido en el inciso 4 del
artículo 16 de la Resolución No. 2115 de 2007, es decir, el INS antes de informar
a la SSPD, debió informar y notificar a la empresa prestadora CONHYDRA S.A.
ESP y a la Autoridad Sanitaria Departamental (DSSA), para entrar a resolver dicha
controversia.

Además, como puede observarse en los reportes de los IRCAs mensuales,
correspondientes a julio, agosto, octubre y noviembre del mismo año, los datos de
la DSSA muestran una tendencia de agua apta para consumo humano. Por lo que
se puede inferir que hubo un error en la toma de la muestra. (ver tabla No. 1)

El evento de error en la toma de la muestra es muy probable dadas las condiciones
de asepsia del sitio que deben obtener y de la experticia que debe poseer la
persona que realiza la recolección de la muestra; para mayor ilustración sobre la
complejidad del proceso se enuncian algunas de las normas que se deben de
cumplir»23 (Subrayas de la Sala)

37. Además, en el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia, la actora reiteró que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
vulneró su derecho al debido proceso al valorar una prueba respecto de la cual no se
habría agotado el trámite previsto en el artículo 16 de la Resolución 2115 de 2007,
máxime cuando no le fue comunicada la muestra tomada por la Dirección Seccional
de Salud de Antioquia, lo que le impidió ejercer su derecho de contradicción.
Asimismo, sostuvo que, conforme a las pruebas aportadas en el trámite administrativo,
se encontraba acreditado que sí suministraba agua apta para el consumo humano en
el municipio de Turbo.

23 Ibidem.

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38. En ese contexto, en la sentencia objeto de reproche en esta sede se desataron
esos argumentos bajo las siguientes consideraciones:

« Para la Sala, determinar si durante el procedimiento administrativo se violó el
debido proceso de la parte actora se debe analizar si, de conformidad con lo
normativa aplicable al caso sub judice, en cabeza de la entidad demandada y el
Instituto Nacional de Salud, tenían la obligación de resolver la controversia
suscitada entre las muestras IRCA registradas en el mes de septiembre de 2007.

Recordemos que la inconformidad de la parte actora, gira en torno al no
permitírsele controvertir la muestra tomada por la Dirección Seccional de Salud de
Antioquia -DSSA-, la cual debía surtirse ante el Instituto Nacional de Salud, previo
a la realización de la investigación por parte de la Superintendencia de Servicios
públicos Domiciliarios.

En ese orden, tenemos que la muestra tomada por la DSSA el día 19 de
septiembre de 2007 obedece a la tendencia normal de las muestras que se
evalúan tanto por la DSSA como por la empresa prestadora.

Pruebas estas, que se deben de remitidas al Sistema Único de Información
– SUI y al Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para
Consumo Humano-SIVICAP, conforme lo señalan los incisos 1 y 2 del
artículo 16 de la resolución 21115 de 2007.

ARTÍCULO 16º.- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DEL IRCA. Los
cálculos de los IRCAs mensuales de control serán realizados por parte de la
persona prestadora. Esta información será suministrada al Sistema Único
de Información - SUI en los términos y plazos establecidos para el efecto por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD.

La autoridad sanitaria de los municipios categoría 1, 2 y 3 calculará los
IRCAs provenientes de los resultados de las muestras de vigilancia y los
reportará a la autoridad sanitaria departamental de su jurisdicción. Los
IRCAs de los municipios categoría 4, 5 y 6 serán calculados por la autoridad
sanitaria departamental. En ambos casos, la autoridad sanitaria
departamental remitirá esta información al subsistema de vigilancia de la
calidad del agua – SIVICAP del Instituto Nacional de Salud.

La autoridad sanitaria notificará y tomará las acciones según lo establecido
en el cuadro N°.7 con relación a los valores del IRCA por muestra y mensual.
Una vez realizada la notificación se procederá a adoptar las medidas
correspondientes.

Una vez sea suministrada la información al SUI por parte de las personas
prestadoras, según lo establecido en el inciso 1 del presente artículo, el
Instituto Nacional de Salud - INS resolverá las controversias presentadas
entre los IRCAs mensuales que calculan las autoridades sanitarias y las
personas prestadoras de conformidad con el reporte de información definido
para el subsistema SIVICAP y para el sistema SUI respectivamente. El
Instituto Nacional de Salud - INS informará el resultado final a la SSPD y a
las partes involucradas

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Conforme lo anterior es importante mencionar que el IRCA mensual de
septiembre de 2007 calculado por CONHYDRA con los datos del IRCAS
diarios presentado por la Seccional dio 18,09 siendo este porcentaje un nivel
de riesgo medio, y el de la empresa prestadora CONHYDRA S.A. EPS
presentó un resultado de 2,16 es decir sin riesgo, esto según se lee, en los
actos administrativos demandados, e igualmente se materializa técnicamente
en la Resolución 2115 de 2007, emanada de los Ministerios de la Protección Social
y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la que en su artículo 15 regula:

“ARTÍCULO 15º.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO.

Teniendo en cuenta los resultados del IRCA por muestra y del IRCA
mensual, se define la siguiente clasificación del nivel de riesgo del agua
suministrada para el consumo humano por la persona prestadora y se
señalan las acciones que debe realizar la autoridad sanitaria competente:
CUADRO Nº 7

Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el
IRCA mensual y acciones que deben adelantarse

Artículo en mención, que reseña técnicamente y bajo qué condiciones se puede
determinar expresamente que el agua es apta para su consumo, con base en las
mediciones organolépticas que se hagan de las muestras obtenidas.

En ese orden de ideas, nótese que existe una diferencia de valores en los
resultados mensuales del IRCA de septiembre reportados por la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia y por la empresa CONHYDRA S.A. EPS, razón
por la cual esta última, consideró que el Instituto Nacional de Salud -INS, debió
resolver la controversia presentada entre los IRCAs mensuales que calcularon la
entidad demandada y la empresa demandante, conforme lo dispone el inciso 4 del
artículo 1646 de la resolución mencionada.

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Procedimiento que no se realizó, y que, en consideración de la parte actora,
vulnera el debido proceso.

Si bien no se realizó el mencionado procedimiento de resolución de controversia,
ello se debió, a que la empresa CONHYDRA S.A. EPS no fue notificada, según
las declaraciones de los testigos, quienes depusieron:

(…)

Si bien los testigos, laboran para la entidad demandante, teniendo una relación de
tipo laboral no se evidencia que estos tuvieran un interés en las resultas del
proceso que hoy se estudia y por tanto su declaración no está viciada de falta de
objetividad y parcialidad, sin embargo, serán analizados con mayor rigor.

No obstante lo esgrimido por los testigos, el Instituto Nacional de Salud, tiene
establecido el procedimiento, requisitos y plazos para para solicitar la resolución
de controversias sobre los resultados del IRCA, el cual puede ser consultado en
su página web en el link
https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/Procedimiento%20
Resolucion%20Controversias_V01_26042018.pdf, en donde estipula los plazos
de solicitud, presentación y respuesta de solicitudes de aclaración de
discrepancias o resoluciones de controversias (anexo 3).

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Conforme lo anterior, se tiene; i) que el procedimiento de resolución de
controversia no opera de manera oficiosa, sino a petición de parte, ii) era
obligación de la empresa CONHYDRA S.A. EPS, previo a radicar la solicitud de
controversias, solicitar a la autoridad sanitaria departamental aclaración de
discrepancia sobre los resultados del IRCA, para lo cual contaba con un plazo de
5 días calendario del reporte de resultados del IRCA en el SIVICAP, por parte de
la Autoridad Sanitaria, lo que también permite deducir, que no era necesario la
notificación de los resultados de las muestras pues dicho reporte es público para
las entidades de servicios públicos domiciliarios, y iii) es requisito para solicitar la
resolución de controversias, el haber agotado el punto anterior, y radicar la
solicitud dentro de los 5 días calendario de recibir la comunicación de la respuesta
de aclaración de la discrepancia de la Autoridad Sanitaria.

Presupuestos que no cumplió la parte actora, por lo que no prospera, el argumento
expuesto por la misma en el recurso de apelación, en tanto no se configuró
vulneración alguna al debido proceso, pues era su carga el controvertir los
resultados ante la autoridad nacional (INS) lo que no hizo y por ello los resultados
sobre los qué actuó la entidad demandada Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios no violaron su debido proceso.

Por otro lado, dentro del presente proceso tampoco se demostró que los
mencionados resultados fueran inadecuados desde el punto de vista técnico,
como se puede concluir del análisis del dictamen pericial acá practicado el cual la
Sala trae a colación:

“4. CONCLUSIONES DE LA PRUEBA PERICIAL

4.1 TENDENCIA DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA
EVALUADOS

En relación a la tendencia de los parámetros de control de calidad de agua
la prueba pericial permite demostrar que el agua suministrada en el
Municipio de Turbo presenta CARACTERÍSTICAS ADMISIBLES sin riesgo
para el consumo humano en los parámetros pH, Nitritos, Sulfatos, cloruros
y color aparente. El comportamiento, a excepción del color aparente,
responde a una distribución normal en torno a los valores promedio de
concentración monitoreados por CONHYDRA durante el semestre 02 de
2007. Los parámetros de calidad de agua de las muestras de control y de
vigilancia que presentaron VALORES NO ADMISIBLES y por lo tanto
influyen en el cálculo del IRCA POR MUESTRA Y EL IRCA MENSUAL son
: cloro residual libre, coliformes totales, coliformes fecales, turbiedad,
alcalinidad, dureza, hierro total y aluminio. Los datos analizados presentan
datos desviados o outlayers que afectan los valores promedio y las
desviaciones estándar en la dureza total y en las características
microbiológicas de la red de distribución, estas últimas en las muestras 1 y
2 de coliformes de control y de vigilancia los días 19 de septiembre y en la
muestra 2 de control del 12 de diciembre. A excepción del color aparente,
los parámetros evaluados conjuntamente por CONHYDRA Y la DSSA
arrojan correlaciones lineales medias a altas, mostrando simetría o similitud
entre los resultados de las pruebas de control y de vigilancia. 4.2
TENDENCIA Y NIVEL DE RIESGO DEL IRCA POR MUESTRA Se corrigen
los valores de IRCA POR MUESTRA reportados por CONHYDRA Y LA
DSSA, obteniendo una tendencia predominante en más del 90& de las

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muestras al suministro DE AGUA SIN RIESGO en el rango IRCA DE 0% A
5% .

4.3 TENDENCIA Y NIVEL DE RIESGO DEL IRCA MENSUAL

Los resultados corregidos del IRCA MENSUAL para CONHYDRA Y LA
DSSA difieren entre sí de los reportados en la tabla 1, folio 11 de la
demanda. Los seis datos de IRCAS mensuales obtenidos de control a partir
de registros de CONHYDRA arrojan AGUA SIN RIESGO (IRCA DE 0% A
5%) suministrada entre Julio a Diciembre por el Acueducto del municipio de
Turbo, mientras que los IRCAS MENSUALES calculados a partir de la DSSA
arrojan que en los meses de Septiembre y Diciembre de 2007, el acueducto
suministra AGUA CON RIESGO MEDIO, considerando 4 muestras
mensuales tomadas por la autoridad sanitaria entre Julio y Noviembre y una
única muestra en el mes de Diciembre”

Por lo anterior, no existe ninguna de las causales aducidas para anular los actos
demandados, y se demostró el riesgo medio del agua suministrada concordante
con lo argumentado en los actos demandados, lo que da lugar a las sanciones
impuestas a la entidad demandante. De conformidad con lo inmediatamente
planteado, dispone la presente Sala de Decisión a CONFIRMAR la sentencia
objeto de censura»

39. Así las cosas, se advierte que el Tribunal negó la prosperidad del recurso de
alzada al considerar que: (i) no se vulneró el debido proceso, en tanto la actora no
acreditó haber agotado el procedimiento administrativo previsto en el enlace
electrónico que remite a la Resolución No. 0843 de 2018; (ii) el trámite contemplado
en el artículo 16 de la Resolución 2115 de 2007 para la resolución de controversias
sobre la toma de muestras no opera de manera automática, sino que requiere ser
promovido por el interesado para que el INS adopte la decisión correspondiente; (iii)
no era necesario comunicarle a la actora los resultados de las muestras practicadas
por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, dado que la información registrada
en el SIVICAP tiene carácter público, lo que permitía conocer su contenido; y (iv) la
prueba pericial practicada dentro del proceso acreditó que para el período objeto de
controversia, la actora suministró agua no apta para el consumo humano.

40. En ese orden, si bien le asiste razón a la actora en cuanto a que el a quo acudió
a una disposición que no resultaba aplicable al caso concreto, esto es la Resolución
No. 0843 de 2018, la cual no se encontraba vigente al momento de la expedición de
los actos enjuiciados, lo cierto es que dicha irregularidad no configura una nulidad
originada en la sentencia en los términos del numeral 5 del artículo 250 del CPACA,

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en tanto no tiene la entidad suficiente para afectar la validez de la decisión ni incide
de manera determinante en su sentido.

41. En efecto, como se vio en el punto 6.3.1. de esta providencia no toda
irregularidad en la motivación de la providencia tiene la entidad suficiente para
infirmarla en sede de revisión, sino únicamente aquellas que comportan un defecto
grave, sustancial e insanable que incida de manera concluyente en el sentido de la
decisión, sin que tal presupuesto se satisfaga en este asunto.

42. Por ende, lo que observa la Sala es que la decisión del Tribunal no se sustentó
de manera exclusiva en la Resolución No. 0843 de 2018, sino que también se apoyó
en la interpretación del artículo 16 de la Resolución 2115 de 2007, en virtud del cual
correspondía a la empresa prestadora promover el trámite de resolución de
controversias ante el Instituto Nacional de Salud sin que este operara de oficio, así
como en el carácter público de la información registrada en el SIVICAP, que permitía
a la actora conocer los resultados de las muestras y ejercer las actuaciones
pertinentes. Adicionalmente, el a quo valoró el material probatorio obrante en el
proceso, a partir del cual se concluyó que la actora no logró desvirtuar el suministro
de agua no apta para el consumo humano.

43. En consecuencia, aun si se prescinde de la referencia a la Resolución 0843 de
2018, que fue indebidamente aplicada, subsisten razones suficientes que respaldan
la decisión adoptada, de modo que el yerro advertido no tiene la virtualidad de afectar
su validez ni de modificar su sentido. En consecuencia, no se configura un defecto de
tal magnitud que permita concluir la existencia de una nulidad originada en la
sentencia ni una vulneración sustancial del debido proceso.

44. En consecuencia, el reparo no prospera.

6.5. Costas

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45. En atención a lo previsto en los artículos 18824 y 25525 del CPACA, así como el
artículo 365 del CGP26, en especial su numeral 8, la Sala considera que hay lugar a
imponer una condena en costas a la parte demandante y a favor de la SSPD, como
quiera que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión. Por lo tanto, se
dará aplicación al Acuerdo PSAA 16- 10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, y se impondrá a favor de la SSPD, por este
concepto y a cargo de la Conhydra S.A. E.S.P. la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente.

24 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.»
25 «Artículo 255. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.

Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del
artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la
sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones,
perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente
no existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se dará
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que
dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado
o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.
26 «Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además,
en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de
lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará
al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción».

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a Conhydra S.A. E.S.P. en favor de la SSPD,
en la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, según lo
explicado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, se ordena ARCHIVAR el proceso de la
referencia una vez esta providencia quede en firme.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley

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