Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2023-00017-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2023-00017-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-24-000-2023-00017-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032400020230001700 (5368-2023)
Demandante: Alirio Sedano Roldán
Demandados: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y otro
Temas: Concurso de méritos - Convocatoria 27
Decisión: Niega pretensiones
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el señor Alirio Sedano Roldán contra la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial [en delante DEAJ].
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137
del CPACA,1 el señor Alirio Sedano Roldán solicitó que se anule parcialmente el
Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, «por el cual se adopta el
Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para
aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades, Promoción 2020-2021», proferido por el Consejo Superior de la
Judicatura.
3. Específicamente, el accionante solicitó que se anule la palabra subrayada de
la expresión «funcionarios/as judiciales de carrera», contenida en el inciso 2,
numeral 3, Capítulo V, del mencionado acto.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
4. El demandante sostuvo que el acto acusado quebrantó los artículos 13, 29,
83, 84, 113, 150 y 152 de la Constitución Política; y 160 de la Ley 270 de 1996.
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
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Demandante: Alirio Sedano Roldán
5. Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:
i) El Consejo Superior de la Judicatura excedió su potestad reglamentaria y
desconoció el carácter público y abierto de los concursos, ya que la forma en que
estructuró la homologación o exclusión del curso de formación judicial,
«solamente permite que se tome la última calificación de servicio como sustitutiva
de evaluación para las dos (2) subfases, a los discentes que sean o hayan sido
funcionarios/as judiciales de carrera, esto es, solamente jueces y magistrados»,
pese a que el parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996 previó esa
posibilidad para cualquier funcionario de carrera.
ii) La expresión cuestionada vulneró el derecho a la igualdad al permitir que solo
los funcionarios judiciales de carrera puedan ser homologados y exonerados del
IX curso de formación judicial con la calificación de servicio, «mientras que a
los demás funcionarios de carrera que hayan realizado el curso concurso le
toman la calificación obtenida en el curso de formación judicial cursado», a
pesar de que el artículo 160 de la Ley 270 de 1996 utiliza de manera general el
término «funcionarios de carrera». Por lo tanto, se estableció una ventaja para
los servidores de la Rama Judicial, ya que a todos los funcionarios de carrera del
Estado que en el pasado hubieran superado el curso de formación judicial se les
debe permitir que su calificación de servicios sea tenida en cuenta para efectos
de las homologaciones y exclusiones de esa etapa en el nuevo certamen.
iii) El acuerdo demandado desconoció «el tratamiento igualitario sobre el que se
ha pronunciado la Corte Constitucional para el caso de Procuradores Judiciales,
servidores de la Contraloría y de la Rama Ejecutiva en carrera a quienes también
la Constitución Política denomina de manera genérica como funcionarios».
1.2. Contestación de la demanda
6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los
siguientes argumentos:
i) El Consejo Superior de la Judicatura no creó el término «funcionarios
judiciales» en el acuerdo demandado; por el contrario, el actor propone una
discusión lingüística que desconoce el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, en
tanto prevé que «tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las
Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales», por ende,
existe una relación armónica y coherente entre el acto demandado y el
ordenamiento superior.
ii) El demandante presenta un falso dilema a partir de una lectura
descontextualizada del artículo 160 de la Ley 270 de 1996.
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iii) Los funcionarios públicos que no ostenten la calidad de funcionarios
judiciales, en los términos del artículo 125 de la Ley 270 de 1996, no hacen parte
del régimen de carrera judicial, por ello, «no es dable la aplicación de las
calificaciones de servicios de otra clase de servidores como factor sustitutivo de
la evaluación del Curso de Formación Judicial Inicial, previsto por el Acuerdo
PCSJA19-11400, norma que tiene como destinatarios a los funcionarios en los
términos que la Ley 270 de 1996 acota; esto es, a magistrados de corporaciones
judiciales, jueces y fiscales»
iv) No es acertado sostener, como lo hace el actor, que los jueces y magistrados
están en una posición ventajosa porque pueden optar entre el puntaje que
obtuvieron en un curso de formación judicial anterior o la nota de su calificación
de servicios, según les sea más beneficioso; por el contrario, el acuerdo acusado
reguló en forma diferenciada dichas situaciones, así:
a) La homologación procede exclusivamente para los aspirantes que
nunca ocuparon un cargo de funcionario de carrera en la Rama Judicial y
aprobaron un curso de formación judicial anterior.
b) La exoneración se predica de los funcionarios judiciales de carrera cuya
última calificación de servicios fue superior a 80 puntos.
v) El accionante no demostró la alegada vulneración del derecho a la igualdad
y, en todo caso, los funcionarios judiciales y los funcionarios en general no son
grupos susceptibles de comparación, porque se encuentran en situaciones
distintas en atención a la singularidad y especificidad de sus funciones y al hecho
de que cada régimen encuentra su fundamento en criterios técnicos, operativos
y funcionales diferentes.
II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA
2.1. Admisión, acumulación procesal, medidas cautelares y sentencia
anticipada
7. Por auto del 26 de octubre de 2023, se admitió la demanda.
8. Mediante auto del 27 de agosto de 2024, se negó la solicitud de medida
cautelar presentada por el actor.
9. A través de auto del 3 de octubre de 2023, el despacho ponente evidenció la
posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del
artículo 182A del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) prescindir de las
audiencias inicial y de pruebas, previstas en los artículos 180 y 181 del CPACA; b)
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resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; c) fijar el litigio; d) correr traslado
a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y
concepto, respectivamente.
2.2. Alegatos de conclusión
10. La DEAJ reiteró los argumentos expuestos en las respectivas etapas del
proceso.
2.3. Ministerio Público
11. El agente del Ministerio Público no rindió concepto
12. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
3.1. Problema jurídico
13. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y su contestación, le
corresponde a la Sala determinar si el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de
septiembre de 2019, parcialmente demandado, quebrantó el ordenamiento superior,
conforme a los cargos de nulidad expuestos por el accionante.
3.2. Texto de lo acto demandado
14. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en
razón a su extensión y a que no fue demandado en su integridad. En consecuencia,
únicamente se citarán los apartes relevantes al sub lite, cuyo tenor es el siguiente:
ACUERDO PCSJA19-11400
19 de septiembre de 2019
“Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación
Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República
en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”
[…]
3. HOMOLOGACIONES Y/O EXONERACIONES DEL IX CURSO DE FORMACIÓN
JUDICIAL INICIAL
De conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la ley 270 de 1996, el acceso
por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de la previa
aprobación del Curso de Formación Judicial Inicial en los términos que señala la ley.
Por lo tanto, los discentes que sean o hayan sido funcionarios/as judiciales de
carrera, podrán solicitar la exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial y en
tal caso se tomará la última calificación de servicio como sustitutiva de evaluación
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para las dos (2) subfases, siempre que sea superior a 80 puntos. Así mismo, los
discentes que, sin haber ocupado un cargo de funcionario en carrera, hubiesen
cursado y aprobado un curso de formación judicial inicial como etapa de procesos de
selección o convocatorias anteriores, podrán solicitar la homologación y se tomará la
calificación obtenida en el curso de formación judicial inicial cursado como sustituta
de las dos (2) subfases, siempre que la calificación sea superior a 800 puntos. De
haber cursado y aprobado más de un curso de formación judicial inicial se tomará
como sustitutiva la mayor calificación obtenida.
Se delega en la Directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” la competencia
para tramitar y resolver las solicitudes de exoneración y homologación incluidos los
recursos contra los actos administrativos que las decidan, que sean presentados por
los discentes que hayan aprobado las fases I y II de la etapa de selección de la
convocatoria 27, de acuerdo con el listado que remita la Unidad de Administración de
Carrera Judicial. [Se resalta la expresión demandada].
3.3. Sistema especial de carrera judicial
15. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general,
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción
de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
16. El artículo 256 de la Constitución política, derogado parcialmente por el
artículo 17 del Acto Legislativo 2 de 2015, dispuso que al Consejo Superior de la
Judicatura le corresponde administrar la carrera judicial. Esta previsión fue replicada
en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996.
17. La Corte Constitucional ha indicado que la facultad del Consejo Superior de
la Judicatura para reglamentar la carrera judicial atañe a la denominada «potestad
reglamentaria de los órganos constitucionales» y se concreta en la expedición de
las normas de carácter general que sean necesarias para desarrollar el sentido de
la Ley 270 de 1996 y hacerla ejecutable.2 Al respecto, se ha sostenido lo siguiente:3
Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, es claro que (i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad
reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la facultad
de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla ejecutable,
en este caso la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la potestad en
cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales asignadas al Consejo
Superior, lo que implica que no puede “suplantar las atribuciones propias del
legislador”4.
2 Sentencias C-917 de 2002 y SU-553 de 2015.
3 Sentencia SU-539 de 2012.
4 Sentencia C-037 de 1996, mediante la cual la Corte revisó la constitucionalidad del proyecto de ley número 58
de 1994 (Senado) y 264 de 1995 (Cámara), hoy Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.
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7.8 De la anterior exposición se colige que las funciones de la Sala administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura son estrictamente administrativas y no pueden ser
otras que las predicables del manejo de los recursos económicos, fiscales y humanos
de la rama judicial; en ese sentido, a esa Sala le asiste la facultad de reglamentar
algunos aspectos del sistema especial de carrera de la rama judicial, siempre y
cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador, en los
términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Carta Política; y su actividad en
esta materia debe estar orientada a procurar la vinculación a la rama judicial de los
ciudadanos más idóneos, así como a garantizar las condiciones laborales más
propicias para el desempeño de las funciones propias de cada cargo.
18. Igualmente, sobre la aludida potestad reglamentaria las Sentencias C-350 de
1997 y C-917 de 2002 precisaron que es una «facultad normativa directa» y que
constituye una «potestad de regulación autónomamente conferida por la Carta», es
decir, una atribución constitucional especial, que le permite expedir reglamentos
autónomos en forma directa y permanente.5
19. A partir de lo anterior, el Consejo de Estado ha concluido que el Consejo
Superior de la Judicatura tiene una función de alta relevancia para el cumplimiento
de los fines estatales, pues debe dictar los reglamentos tendientes a disponer los
recursos humanos y físicos necesarios para que el servicio de la administración de
justicia se preste bajo altos estándares de eficiencia, moralidad, corrección e
idoneidad en aras de cumplir la misión institucional que se ha asignado a la Rama
Judicial, esto es, “hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades
consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener
la concordia nacional”6».
20. De acuerdo con lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura tiene
facultades para fijar las directrices que rigen los concursos de méritos, así como
establecer la estructura organizacional de los empleos de la Rama Judicial, asignar
sus funciones y precisar los requisitos para su ejercicio, todo ello con respeto de la
ley que rija la materia.
3.4. El caso concreto. Análisis de los cargos de nulidad
21. El accionante sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura excedió su
potestad reglamentaria y desconoció el carácter público y abierto de los concursos,
ya que la forma en que estructuró la homologación o exclusión del curso de
formación judicial, «solamente permite que se tome la última calificación de servicio
como sustitutiva de evaluación para las dos (2) subfases, a los discentes que sean
o hayan sido funcionarios/as judiciales de carrera, esto es, solamente jueces y
magistrados», pese a que el parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996 previó
5 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2023, radicado 11001-03-
25-000-2018-01625-00 (5406-2018).
6 Artículo 1 de la Ley 270 de 1996. Frente a las competencias del Consejo Superior de la Judicatura puede
consultarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de marzo de 2016,
radicado: 110010325000201500010600 (0238-2015).
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esa posibilidad para cualquier funcionario de carrera.
22. El artículo invocado por el demandante, con la redacción vigente para la
fecha de expedición del acto enjuiciado,7 disponía:
Artículo 160. Requisitos especiales para ocupar cargos en la carrera judicial.
Para el ejercicio de cargos de carrera en la Rama Judicial se requiere, además de los
requisitos exigidos en disposiciones generales, haber superado satisfactoriamente el
proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de
conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
El acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de la
previa aprobación del curso de formación judicial en los términos que señala la
presente ley.
Parágrafo. Los funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso de
formación judicial, no están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos
y, en este caso, se tomarán las respectivas calificaciones de servicio como factor
sustitutivo de evaluación.
[…].
23. Del anterior mandato se extraen dos conclusiones pertinentes para resolver
el presente debate, a saber: i) los «funcionarios de carrera» que acrediten haber
realizado el curso de formación judicial, no están obligados a repetirlo para obtener
ascensos; y ii) a dichos funcionarios se les toman las calificaciones de servicio como
factor sustitutivo de evaluación de esa etapa.
24. En concreto, el accionante reprochó que el acto acusado desconoció el tenor
literal del artículo 160 de la Ley 270 de 1996 y vulneró el derecho a la igualdad,
puesto que sólo les permitió a los funcionarios judiciales de carrera ser
homologados y exonerados del IX curso de formación judicial con la calificación
de servicio, «mientras que a los demás funcionarios de carrera que hayan realizado
el curso concurso le toman la calificación obtenida en el curso de formación
judicial cursado», a pesar de que el legislador utilizó de manera general el término
«funcionarios de carrera».
25. En tal sentido, el actor consideró que el acuerdo demandado estableció una
ventaja para los funcionarios judiciales, pues les impidió a los demás funcionarios
de carrera del Estado, que en el pasado hubieran superado el curso de formación
judicial, utilizar su calificación de servicios para efectos de las homologaciones y
exclusiones de esa etapa en el nuevo certamen. De manera que se desconoció «el
tratamiento igualitario sobre el que se ha pronunciado la Corte Constitucional para
el caso de Procuradores Judiciales, servidores de la Contraloría y de la Rama
Ejecutiva en carrera a quienes también la Constitución Política denomina de manera
genérica como funcionarios».
7 La norma fue modificada por la Ley 2430 de 2024.
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26. La Sala se aparta de los razonamientos del demandante, pues el artículo 160
de la Ley 270 de 1996 les permitió a los «funcionarios de carrera», que pretendieran
obtener un ascenso, abstenerse de repetir el curso de formación judicial cuando
habían realizado uno anterior; sin embargo, debe entenderse, como lo hizo el acto
demandado, que el legislador se refirió a funcionarios judiciales y no a cualquier
funcionario de carrera del Estado.
27. En efecto, la aludida norma debe leerse en forma contextualizada y
sistemática, esto es, teniendo en cuenta que la Ley 270 de 1996 es la ley estatutaria
de administración de justicia y fue dictada por el Congreso en consideración a que
«la justicia es un valor superior consagrado en la Constitución Política que debe
guiar la acción del Estado y está llamada a garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales, dentro del marco del Estado Social y Democrático de Derecho, y a
lograr la convivencia pacífica entre los colombianos, y que dada la trascendencia de
su misión debe generar responsabilidad de quienes están encargados de ejercerla».
28. A su turno, el referido artículo 160 está contenido en el Capítulo II de la Ley
270 de 1996 que reguló la carrera judicial, la cual tiene una naturaleza especial de
origen constitucional y se basa en el carácter profesional de sus servidores, en la
eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a
la función y en la consideración del mérito como fundamento principal para el
ingreso, permanencia y promoción en el servicio.8
29. Al respecto, mediante la Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional
realizó las siguientes precisiones en torno al sistema de carrera judicial:
i) Busca garantizar la eficiencia en las labores a cargo de la Rama Judicial y
ofrecer a los asociados las mismas oportunidades para acceder a los cargos
públicos, capacitarse, permanecer en ellos y ascender.
ii) Tiene como finalidad la realización de los principios de eficacia y eficiencia
en la función pública, así como promover la estabilidad en el empleo.
iii) Se encamina a conformar la administración de justicia por personas aptas
desde los puntos de vista de capacitación profesional e idoneidad moral, para
que la función se cumpla de acuerdo «con las finalidades perfectivas que el
interés general espera de los empleados que prestan sus servicios al Estado».
30. Igualmente, conforme al artículo 157 de la Ley 270 de 1996 la administración
de la carrera judicial se encamina a atraer y retener los servidores más idóneos, a
procurarles una justa remuneración, promover programas adecuados de bienestar
y salud ocupacional y capacitación continua para asegurar la calidad del servicio,
8 Artículo 256 de la Ley 270 de 1996.
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con la correspondiente exigencia de una «conducta intachable y un nivel
satisfactorio de rendimiento».
31. Por su parte, el artículo 158 ibidem especificó que son de carrera los cargos
de magistrados de los Tribunales, de los Consejos Seccionales de la Judicatura y
de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, los jueces, los fiscales y
demás cargos de empleados que por disposición expresa de la Ley no sean de libre
nombramiento y remoción o de período de la Rama Judicial.
32. En armonía con el anterior mandato, el artículo 125 de la Ley 270 de 1996
previó que «tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones
Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás
personas que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los
órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial».
33. Bajo esta línea de intelección, la Sala concluye que los «funcionarios de
carrera» que no están llamados a repetir el curso de formación judicial son los
funcionarios judiciales, conforme lo determinó el aparte acusado del Acuerdo
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019.
34. En efecto, no puede perderse de vista que la norma se encaminó a que los
funcionarios que pretendieran ascender no se vieran obligados a repetir el curso de
formación que habían realizado al momento de vincularse por primera vez como
funcionaros de la Rama Judicial, esto es, cuando ingresaron como jueces o
magistrados de una corporación judicial. Por lo tanto, la mencionada exclusión se
estableció en el marco de los ascensos al interior de la carrera judicial y no de otras
especiales, generales o específicas.
35. En ese sentido, la Sala no comparte el argumento del actor referente a que
otros servidores como los adscritos a la Procuraduría General de la Nación, entre
otras entidades, debían tener la posibilidad de convalidar sus calificaciones de
servicio a efectos de ser exonerados de la realización del IX Curso de Formación
Judicial reglamentado por el acto acusado. Es así como esta corporación ha
desestimado pretensiones análogas, al amparo de las siguientes consideraciones:9
[…] lo pretendido por la accionante es que los funcionarios de carrera judicial que
aspiran a un ascenso con su participación en el concurso de méritos, estén en la
misma situación de las personas que se desempeñan en carrera administrativa en
otras entidades del Estado, en este caso un órgano de control, y que aspiran al
ingreso por primera vez a la Rama Judicial en el cargo de funcionario judicial.
Para resolver debe indicarse que no le asiste razón a la accionante, pues lo que se
desprende del parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996 es que aquellos
funcionarios de carrera que acrediten la realización del curso de formación, no están
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2024, radicado 11001-03-
15-000-2023-04966-01.
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obligados a repetirlo para obtener un ascenso, por lo que es claro que se trata de
funcionarios de carrera judicial que buscan escalar jerárquicamente respecto del
cargo que ocupan en carrera, no para aspirantes que ostentan cargos de carrera
administrativa de otras entidades diferentes a la Rama Judicial y con funciones
disimiles, por lo que no se trataría de un ascenso, sino de un ingreso en un cargo de
funcionario de carrera de la Rama Judicial; no teniendo dicha norma la connotación o
lectura que la tutelante pretende darle.
Por otro lado, como se indicó arriba, el artículo 280 de la Carta Política señala que los
agentes del Ministerio Público gozan de las mismas calidades, categoría,
remuneración y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante
quienes ejerzan el cargo; pero no las mismas funciones, que es la circunstancia que
permite se tenga su calificación de servicios como sustituta de la calificación del curso
de formación judicial inicial, que tiene como objetivo el fortalecimiento de la Rama
Judicial y potenciar los conocimientos técnicos, comportamentales, administrativos y
de talento humano, entre otros, propios de la función judicial. Siendo así, los sujetos
entre los que se depreca igualdad resultan de naturaleza distinta constitucional y
legalmente.
Además, se tiene que los funcionarios judiciales de carrera que homologan el curso
de formación para obtener el ascenso, no se encuentran en iguales condiciones
fácticas que los otros aspirantes que están en carrera administrativa de entidades
diferentes a la de administración de justicia y pretenden ingresar por primera vez a un
cargo de funcionarios judiciales; pues a pesar de que la norma establece que para
exonerarse del curso se requiere haber aprobado el curso de formación judicial
anterior, circunstancia fáctica que comparte la demandante con los aspirantes
funcionarios de carrera judicial; lo cierto es que los primeros buscan un ascenso, por
lo que su evaluación de función judicial, es apta para sustituir la calificación del curso
de formación que entraña como objetivos la eficiente prestación del servicio público
de administración de justicia.
No sucede lo mismo con otros funcionarios de otras entidades del Estado que, aunque
se encuentren en carrera administrativa, desarrollan funciones diferentes a la de
impartir justicia, como en el caso del Ministerio Público, por lo que la calificación de
servicios de tales funciones no puede en manera alguna sustituir la calificación del
curso de formación judicial, ya que dicha calificación no evalúa esta función, sino
aquella propia del cargo desempeñado en carrera, no cumpliéndose así con los
objetivos primordiales del curso; a pesar de ello, las reglas del concurso permiten que
se sustituya la calificación del examen, pero con aquella obtenida en cursos de
formación judicial anteriores.
Finalmente, se estima que no existe trato discriminatorio entre los funcionarios
judiciales en carrera que, a través del concurso de méritos buscan un ascenso y, otros
empleados públicos en carrera administrativa de diversas dependencias estatales
que buscan ingresar por mérito como funcionarios judiciales; pues dada la importancia
constitucional que tiene la administración de justicia y la especialidad de esta función,
el legislador estatutario y el Consejo Superior de la Judicatura quiso garantizar que
los aspirantes a desempeñar cargos de funcionarios de carrera judicial, cuenten con
los elementos y aptitudes suficientes para su encargo, permitiendo el ascenso a
quienes ya los ostentan con experiencia judicial y, para quienes nunca han estado
vinculados a la Rama Judicial, realizar el curso de formación y aprobarlo para
garantizarle las herramientas idóneas para su eficiente desempeño; no constituyendo
un requisito discriminatorio, excluyente o injustificado con los aspirantes, sino
tendiente a enaltecer la función de administrar justicia con personal idóneo y con las
calidades necesarias para desempeñar tan especial función.
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Radicado: 11001032400020230001700 (5368-2023)
Demandante: Alirio Sedano Roldán
36. En esta oportunidad se acogen las anteriores consideraciones, pues una
lectura integral de la Ley 270 de 1996 conduce a concluir que la posibilidad de que
un funcionario de carrera no se vea obligado a repetir el curso de formación judicial
parte de la base de que dicho servidor pertenezca al sistema especial de carrera
judicial, esto es, se trate de un funcionario judicial, por cuanto:
i) El artículo 160 de la Ley 270 de 1996 la exclusión del curso de formación se
instituyó para quienes pretenden obtener un ascenso, es decir, que se refiere a
funcionarios de carrera judicial que buscan escalar jerárquicamente, lo cual sólo
es posible dentro de la misma carrera judicial, pues de lo contario se permitiría
un ascenso por parte de un servidor adscrito a otro régimen de carrera, con
funciones disímiles y diferente empleador, es decir, que no se trataría de un
ascenso, sino de un nuevo ingreso.
ii) La calificación de servicios de los funcionarios de la Rama Judicial fue
regulada de manera especial y diferenciada por la Ley 270 de 1996 y «tiene como
objetivo verificar que los servidores de la Rama Judicial mantengan en el
desempeño de sus funciones los niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que
justifican la permanencia en el cargo». 10 Igualmente, la evaluación mide los
criterios de calidad, eficiencia o rendimiento y organización del trabajo y
publicaciones.
iii) Las especiales funciones y responsabilidades a cargo de los funcionarios de
la Rama Judicial, así como la metodología de calificación son aspectos que
difieren sustancialmente respecto de los servidores adscritos a otras carreras,
por lo que no son sujetos comparables con miras a que estos últimos se
beneficien de la posibilidad de convalidad sus calificaciones de servicios como
sustitutivas del curso de formación judicial.
37. Finalmente, en cuanto a los precedentes jurisprudenciales invocados por el
actor, se observa que estos estudiaron casos con contornos fácticos y jurídicos
disímiles a los que ahora ocupan la atención de la Sala, por lo que no pueden
considerarse como derroteros orientadores de la presente decisión. En efecto,
dichas providencias analizaron asuntos en los que no se previó ninguna causal de
exclusión u homologación del curso de formación judicial 11 o se introdujo un
requisito de especialidad en contravía del artículo 160 de la Ley 270 de 1996.12
38. Así las cosas, los cargos de nulidad esgrimidos por el accionante contra el
acuerdo parcialmente enjuiciado no están llamados a prosperar.
10 Artículo 169 de la Ley 270 de 1996.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de octubre de 2007, radicado 11001-03-25-000-2005-
00035-00 (1165-2005).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 3 de junio de 2010, radicado 11001-03-25-
000-2009-00118-00 (1632-2009).
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3.6. Condena en costas
39. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
40. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra el
Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, «por el cual se adopta el
Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para
aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades, Promoción 2020-2021», proferido por el Consejo Superior de la
Judicatura, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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