Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-24-000-2023-00255-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2023-00255-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-24-000-2023-00255-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-24-000-2023-00255-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
6 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
RADICACIÓN: 11001-03-24-000-2023-00255-00 (70726)
DEMANDANTE: EDINSON DE ORO GUZMÁN
DEMANDADO: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL NULIDAD
Temas: BIENES BALDÍOS DE RESERVA DE LA NACIÓN – Conforme a lo previsto en los
artículos 44, 45, 46 y 107 de la Ley 110 de 1912 los Archipiélagos de Nuestra Señora del
Rosario y de San Bernardo tienen la naturaleza de bienes baldíos de reserva de la Nación
/ VICIOS DE FALSA MOTIVACIÓN, DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE
AUDIENCIA Y DEFENSA Y DESVIACIÓN DE PODER – Requisitos para su configuración.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Se pretende la anulación del Acuerdo 262 del 27 de febrero de 2023, al considerar
que fue expedido por la Agencia Nacional de Tierras -ANT- con falsa motivación,
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa y desviación de poder.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 19 de septiembre de 2023, el señor Edinson de Oro
Guzmán, actuando en causa propia, formuló demanda de nulidad a efectos de que
se invalide el Acuerdo 262 del 27 de febrero de 20231 expedido por la ANT y se
disponga que el Acuerdo 016 de 2019 es la normativa vigente para la administración
y contratación de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San
Bernardo, así (Samai, índice 2):
1
“Por medio del cual se establece el reglamento para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT),
administre los bienes baldíos de la Nación y reserva territorial del Estado, identificados como islas,
islotes y cayos de los mares de la Nación”.
Radicación: 11001-03-24-000-2023-00255-00 (70726)
Actor: Edinson de Oro Guzmán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Referencia: Medio de control de nulidad
[R]espetuosamente solicito al Honorable Consejo de Estado, declarar la nulidad
del Acuerdo 262 del 27 de febrero de 2023, proferido por el Concejo (sic) Directivo
de la Agencia Nacional de Tierras.
Así pues, al declarar la nulidad del acto administrativo acusado ósea (sic) el
Acuerdo 262 del 27 de febrero de 2023, solicitamos se sirva mantener vigente el
Acuerdo 016 de 2019, y se sirva aplicar a los parámetros de la Administración y
contratación de las Islas e Islotes de Colombia, incluido las Islas del Rosario y el
Archipiélago de San Bernardo.
Como sustento de sus pretensiones, el accionante señaló que el acto cuestionado
fijó unas reglas sobre islas, islotes y cayos de los mares de la Nación, sin tener en
cuenta la condición de poseedores y tenedores que venían ostentando algunos de
los habitantes de los archipiélagos ya mencionados. A raíz de esta situación,
consideró que el Acuerdo 262 del 27 de febrero de 2023 adolece de los vicios de
falsa motivación, desconocimiento del derecho de audiencia y defensa y desviación
de poder.
En relación con la falsa motivación, señaló que con el acto demandado se derogó
el Acuerdo 106 de 2019 -ANT- y esto implicó la modificación de las reglas sobre la
administración de los bienes baldíos localizados en los archipiélagos de Nuestra
Señora del Rosario y San Bernardo. De acuerdo con la demanda, esta actuación se
hizo con un interés subjetivo de “sacar de la ecuación” y no tomar en cuenta a los
ocupantes previos de esos territorios. Esto se adujo en los siguientes términos:
En primer lugar, basan su decisión de derogar el articulado del Acuerdo 106 de
2019, con el único y específico objetivo de sacar de la ecuación, a los ocupantes
previos de las Islas que conforman el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario
y Archipiélago de San Bernardo, un reglamento concreto, objetivo, detallado y
amplio en cuanto a las situaciones de hecho y derecho que aquejan las Islas en
mención, como lo era el establecido en el Acuerdo 106 de 2019, se deroga, para
expedir un acto administrativo escueto, cuya aplicación es de carácter subjetivo,
bajo la premisa de entrega en administración a las comunidades presentes en el
territorio insular (…).
El vicio que aquí interesa en el presente punto es el de falsa motivación, o
motivación incompleta, que toma relevancia cuando lo que se pretende de la
jurisdicción es una revisión de la legalidad de las razones para tomar una decisión
administrativa de derogar un acto administrativo que contiene no solo los
preceptos del nuevo acto administrativos, sino que resulta más amplio y concreto
en cada caso puntual de la reglamentación de la administración de los Baldíos
Islas e Islotes antes mencionados. La jurisprudencia de lo contencioso
administrativo no ha sido unánime al definir los supuestos para la configuración
de esta causal. Sin embargo, a partir de una interpretación sistemática e
integradora de la jurisprudencia del Consejo de Estado, es posible establecer que
“para que puedan servir de fundamento a un acto administrativo, los motivos de
2
Radicación: 11001-03-24-000-2023-00255-00 (70726)
Actor: Edinson de Oro Guzmán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Referencia: Medio de control de nulidad
hecho y de derecho a los que responde la autoridad deben ser verdaderos, reales
y legales”.
También se afirmó que el Acuerdo 262 del 27 de febrero de 2023 se expidió con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, puesto que en el
procedimiento para su formación no se permitió la intervención de los ocupantes,
contratantes y comodatarios de los predios localizados en las islas que conforman
los archipiélagos en mención, tal como lo exigían los artículos 14, 28 y 35 del Código
Contencioso Administrativo2.
Según se expresó en la demanda, con la regulación contenida en el acuerdo
demandado se afectó a los poseedores y tenedores de los predios localizados en
estas islas, a quienes previamente se les habían conferido unos derechos en el
artículo 4° del Acuerdo 106 de 2009, que fue derogado expresamente por el
Acuerdo 262 del 27 de febrero de 2023.
En lo atinente a la desviación de poder, únicamente se señaló que con el acto
demandado se alteraron los derechos de los ocupantes de las islas sin que
existieran razones objetivas para hacerlo3.
2. El trámite de única instancia
2.1. Mediante auto del 19 de febrero de 2024 se admitió la demanda (Samai, índice
20). Luego, en proveído del 25 de junio de 2024 se negó la suspensión provisional
del acto administrativo cuestionado (Samai, índice 54), decisión que quedó en firme
al no ser objeto de recurso alguno.
2.2. En su escrito de oposición a las pretensiones, la Agencia Nacional de Tierras
efectuó un recuento normativo y jurisprudencial encaminado a señalar que los
predios localizados en las islas, islotes y cayos de los mares de la Nación son bienes
baldíos que constituyen reserva territorial del Estado, por lo que la regulación sobre
su administración corresponde al ejercicio de las competencias previsto para la
ANT, en los artículos 4° del Decreto Ley 2363 de 2015 y 12 de la Ley 160 de 1994.
2
La aplicabilidad de estas disposiciones al caso concreto serán objeto de pronunciamiento páginas
más adelante, cuando se efectúe el análisis de los cargos de nulidad.
3
Así se señaló en la demanda: “De otro lado, el acto administrativo demandado, fueron expedidos
(sic) con desviación de poder, en razón que se alteró el derecho de los ocupantes previos de las
Islas e Islotes, sin que existieran razones realmente objetivas para hacerlo, con lo que de contera,
se desconoció el principio de confianza legitima de los ocupantes, y de ahí que se transgredieran los
derechos legítimos sobre la materia, lo anterior en apoyo de la jurisprudencia Constitucional”.
3
Radicación: 11001-03-24-000-2023-00255-00 (70726)
Actor: Edinson de Oro Guzmán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Referencia: Medio de control de nulidad
A partir de esa precisión, adujo que con el Acuerdo 262 del 27 de febrero de 2023
no se desconocen las meras expectativas que tienen los ocupantes arrendatarios
de los bienes baldíos, puesto que ellos han suscrito contratos con períodos de
máximo ocho años y en la nueva regulación se establece que pueden celebrar
nuevamente contratos, pero bajo el cumplimiento de los parámetros allí señalados.
Además, se indicó que con el acto demandado no se busca entregar en
administración dichos bienes, ni se afecta a las comunidades étnicamente
diferenciadas que detentan la propiedad colectiva sobre predios localizados en esas
islas. Esto se señaló en los siguientes términos:
De lo antes dicho, es evidente que el Acuerdo no pretende, ni es su objetivo,
desconocer las meras expectativas que tiene los ocupantes arrendatarios de los
bienes baldíos de las islas del Rosario, quienes han suscrito contratos de
arrendamiento por un periodo máximo de 8 años y una vez fenece este plazo
contractual, los arrendatarios deben restituir el bien inmueble, y si ellos aspiran a
un nuevo contrato de arrendamiento, se deben de ceñir a todo el proceso de
contratación establecido en el Acuerdo 262, proceso que es de obligatorio
cumplimiento por la ANT para poder dar en uso o aprovechamiento un bien baldío
de islas, islotes y cayos.
De la lectura del acuerdo, es evidente que no ambiciona, como lo indica el
accionante, la entrega en administración de los bienes baldíos que administra y
tiene en su propiedad la ANT a las comunidades presentes en el territorio insular.
Tal como se señala en su parágrafo segundo del artículo 1º, el Acuerdo exceptúa
de dicha regulación los predios titulados en favor de comunidades étnicas.
Además, el Acuerdo, instituye que todo contrato celebrado en virtud del él deberá
incluir medidas de acción afirmativa en favor de la comunidad del Consejo
Comunitario, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia
C-932 de 2007. De modo, que el Acuerdo 262 de 2023, no saca de la ecuación a
los actuales ocupantes de los bienes baldíos islas, islotes y cayos de los mares
de la Nación.
Finalmente, argumentó que no tenía la obligación de escuchar en audiencia a los
ocupantes de las Islas del Rosario, por cuanto el procedimiento administrativo no
estaba encaminado a la expedición de actos de contenido particular y porque tales
ocupantes no vieron afectado derecho alguno con la expedición del acto
demandado, así:
De igual manera, la ANT antes de dictar el Acuerdo, no ostenta por disposición
expresa el deber de comunicar, escuchar en audiencia a los ocupantes,
contratantes, comodatarios etc., por no estar en presencia de un procedimiento
administrativo, sino de una expedición de un acto administrativo propio de la
acción administrativa de la ANT, como es lo referente a la administración de islas,
islotes y cayos de los mares de la Nación, de modo que para la manifestación
unilateral de su voluntad de la ANT no se requería la participación activa previa de
los antes anotados para dictar el reglamento administrativo, aunado a que estos
ocupantes, contratantes, comodatarios, etc., no ostentan ningún derecho sobre
las islas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, y al no tener ningún
derecho mal se puede decir que con el Acuerdo 262 de 2023, se les alteró algún
derecho.
4
Radicación: 11001-03-24-000-2023-00255-00 (70726)
Actor: Edinson de Oro Guzmán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Referencia: Medio de control de nulidad
2.3. A través de auto del 10 de septiembre de 2024 se adecuó el trámite procesal
para dictar sentencia anticipada, al constatarse la concurrencia de las hipótesis del
numeral 1, literales b y c, del artículo 182A del CPACA (Samai, índice 59).
2.4. Mediante auto del 21 de octubre de 2024 se corrió traslado para alegar de
conclusión. En ese período las partes guardaron silencio.
El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se desestimaran las
pretensiones. En relación con la falsa motivación, adujo que los argumentos de la
demanda únicamente dan cuenta de una inconformidad que el actor tiene con la
nueva regulación, pero no se establecen verdaderos motivos de ilegalidad. Además,
que el acto demandado no altera, desconoce, restringe o termina las expectativas
o derechos que tiene los ocupantes arrendatarios de los bienes baldíos de las islas,
islotes y cayos de los mares de la Nación que hubieran suscrito contratos bajo la
normatividad anterior.
Frente al cargo de violación del derecho de audiencia y defensa se señaló que la
ANT no tenía la obligación de agotar una consulta previa antes de expedir el
acuerdo demandado, pues este únicamente se refiere a la adopción “de las
modalidades de contratación para apoyar la administración y para otorgar derechos
de aprovechamiento y uso sobre los predios baldíos que constituyen reserva
territorial del Estado identificados como islas, islotes y cayos de los mares de la
Nación”, y esto escapa de la exigencia de contar consulta previa.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El artículo 149 numeral 1 del CPACA establece que el Consejo de Estado es
competente para conocer, en única instancia, sobre la nulidad de los actos
administrativos proferidos por las autoridades del orden nacional. Y como la
Agencia Nacional de Tierras ostenta dicha naturaleza4, se entiende que esta
Corporación tiene competencia para el conocimiento del presente asunto.
4
Así se prevé en el artículo 1° del Decreto 2363 de 2015: “Artículo 1. Creación y Naturaleza Jurídica
de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Créase la Agencia Nacional de Tierras, ANT, como una
agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera,
adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima autoridad de las tierras de la
Nación en los temas de su competencia”.
5
Radicación: 11001-03-24-000-2023-00255-00 (70726)
Actor: Edinson de Oro Guzmán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Referencia: Medio de control de nulidad
Además, por tratarse de un asunto agrario en el que se cuestiona la legalidad de
un acto de contenido general mediante el cual establecieron reglas sobre la
administración de bienes baldíos de la Nación identificados como islas, islotes y
cayos de los mares de la Nación, el conflicto debe ser resuelto por la Sección
Tercera de la Corporación, conforme lo prevé el artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019 -Reglamento Interno-.
2. Ejercicio oportuno de la acción
Por tratarse de una demanda promovida en ejercicio del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA, en contra de un acto administrativo
que fija reglas generales sobre la administración de bienes baldíos -no es un acto
de adjudicación de baldíos-, el ejercicio del derecho de acción puede realizarse en
cualquier tiempo -art. 164 num. 1 lit. a) CPACA-.
3. Caso concreto
Corresponde a la Sala determinar si debe declararse la nulidad del Acuerdo 262 del
27 de febrero de 2023 -ANT-, por haberse expedido con falsa motivación, violación
del derecho de audiencia y defensa y desviación de poder.
A modo de cuestión preliminar, la Sala destaca que los territorios que conforman los
Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo corresponden a
bienes baldíos de reserva de la Nación, como lo ha reconocido previamente la
jurisprudencia de esta Corporación5, en aplicación de lo previsto en los artículos 44,
45, 46 y 107 de la Ley 110 de 1912, y de conformidad con la clarificación que de la
propiedad de dichos territorios se efectuó mediante las Resoluciones 4698 de 1984
y 4393 de 19866 expedidas por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -
INCORA-.
Esta precisión es relevante, pues a partir de ella se orienta la solución de los cargos
de nulidad formulados por el accionante, quien considera que el acto demandado
implicó el desconocimiento de situaciones jurídicas consolidadas de los habitantes
de dichos archipiélagos en relación con esos territorios, a pesar de que, por tratarse
de bienes baldíos pertenecientes a la Nación, no se encuentran en el patrimonio de
ningún particular.
5
Consejo de Estado Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero
de 2016, exp. 28.210, M.P. Hernán Andrade Rincón. Esta postura fue reiterada en la sentencia del
12 de octubre de 2017, exp. 33213A, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
6
Aportados como pruebas en la contestación de la demanda formulada por la Agencia Nacional de
Tierras.
6
Radicación: 11001-03-24-000-2023-00255-00 (70726)
Actor: Edinson de Oro Guzmán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Referencia: Medio de control de nulidad
Específicamente, el accionante señaló que el Acuerdo 262 de 2023 adolece de falsa
motivación porque fue expedido “con el único y específico objetivo de sacar de la
ecuación, a los ocupantes previos de las Islas que conforman el Archipiélago de
Nuestra Señora del Rosario y Archipiélago de San Bernardo” y porque con esta
nueva regulación se deroga el Acuerdo 106 de 2019, “para expedir un acto
administrativo escueto, cuya aplicación es de carácter subjetivo, bajo la premisa de
entrega en administración a las comunidades presentes en el territorio insular”.
Esta Subsección ha precisado que, por regla general7, los actos administrativos
deben contener las razones fácticas y jurídicas que lo motivan, y que tales
consideraciones pueden viciar de nulidad los actos cuando sean contrarias a la
realidad. También se ha sostenido que para la configuración del vicio de falsa
motivación se precisa: i) la existencia de un acto administrativo motivado; ii) la
divergencia entre los motivos fácticos y jurídicos reales y aquellos que se expresan
en el acto, y iii) la comprobación efectiva, mediante los medios probatorios
regulados legalmente, de que el acto administrativo contiene esa contradicción
entre los motivos expresados y los realmente perseguidos por la administración8.
Para el caso concreto, la Sala precisa que las consideraciones sobre los supuestos
motivos ocultos que tuvo la administración para expedir el acto demandado son
meras aseveraciones que carecen de respaldo probatorio, pues con la demanda no
se aportaron medios de convicción encaminados a demostrar que el acuerdo en
cuestión hubiera sido expedido con una fundamentación engañosa o bajo la
aducción de hechos no probados. Más concretamente, debe señalarse que con la
demanda únicamente se aportaron copias del Acuerdo 106 de 2019 y del Acuerdo
262 de 2023, pero ninguno de estos documentos es idóneo para demostrar la falsa
motivación aducida como fundamento de la pretensión de anulación.
Ahora bien, a partir de la lectura del contenido del acto administrativo tampoco se
desprende que exista un propósito de “sacar de la ecuación” a quienes previamente
habían celebrado contratos para la administración bajo uso remunerado o gratuito
de los bienes baldíos que conforman los Archipiélagos de Nuestra Señora del
Rosario y de San Bernardo, puesto que tal acto no se restringe a esa zona del país,
sino que fue expedido, en general, para regular aspectos relacionados con la
administración de los predios que conforman las islas, islotes y cayos de los mares
7
Hay casos en los que esto no es así, como por ejemplo los actos discrecionales no motivados
avalados por el ordenamiento jurídico.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección A, Sentencia del 17 de marzo de 2016,
radicación 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-12).
7
Radicación: 11001-03-24-000-2023-00255-00 (70726)
Actor: Edinson de Oro Guzmán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Referencia: Medio de control de nulidad
de la Nación y que tienen la naturaleza de bienes baldíos y reserva territorial del
Estado.
Además, ninguno de los preceptos normativos de dicho acuerdo excluye o hace
más gravosa la posibilidad de continuar con la celebración de contratos para apoyar
la administración y conservación de los predios baldíos por parte de los habitantes
de dichos territorios, en la medida que no establece un tratamiento discriminatorio,
ni crea requisitos adicionales para quienes venían ocupando esos bienes en
cumplimiento de contratos celebrados con anterioridad.
Específicamente, debe precisarse que tanto el Acuerdo 106 de 2019, como el
Acuerdo 262 de 2023, establecen condiciones generales para que cualquier
persona pueda celebrar con la autoridad de tierras contratos para apoyar la
administración y conservación de los baldíos. En ninguna de las dos regulaciones
se consagran reglas o requisitos especiales para acceder a dichos contratos, por lo
que del contenido de la segunda no puede derivarse que se esté “sacando de la
ecuación” a los habitantes de los terrenos en cuestión.
Y aunque en el artículo 4° del Acuerdo 106 de 2019 se establece que la ANT podrá
celebrar dichos contratos con habitantes de los territorios, esta disposición no
comporta un imperativo de obligatoria observancia para la administración, ni
establece un derecho de preferencia para la celebración de contratos, pues
únicamente corresponde a un criterio orientador para determinar con quién se
podrían celebrar dichos negocios jurídicos, encaminados a administrar y conservar
los bienes de la Nación.
En todo caso, debe recordarse que la regulación que se expida sobre la
administración de las islas, islotes y cayos de los mares de la Nación, no puede
tener el efecto jurídico de consolidar derechos patrimoniales para los ciudadanos,
en tanto los predios allí localizados tiene la naturaleza de bienes baldíos de reserva
de la Nación y, por ende, no se encuentran en el patrimonio de ningún particular
“sacado de la ecuación”.
En la demanda también se sostuvo que, debido a la supuesta vulneración de los
derechos de quienes habían celebrado contratos que permitían el uso de bienes
baldíos que conforman los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San
Bernardo, era necesario que en el procedimiento para la formación del ulterior
Acuerdo 262 del 27 de febrero de 2023, se citara a los afectados en los términos de
los artículos 14, 28 y 35 del Código Contencioso Administrativo. Y como esto no se
8
Radicación: 11001-03-24-000-2023-00255-00 (70726)
Actor: Edinson de Oro Guzmán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Referencia: Medio de control de nulidad
cumplió por la ANT, el acto cuestionado fue expedido con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa.
Como se explicó previamente, el acto administrativo demandado es de carácter
general y su ámbito de vigencia no se restringe a los archipiélagos en cuestión, pues
no regula específicamente situaciones concretas de esos territorios, sino que
establece reglas generales aplicables a todo el territorio nacional. De este modo, no
era exigible a la ANT contar con la anuencia o participación de las comunidades allí
asentadas como requisito para dotar de validez el acuerdo en cuestión.
Además, debe precisarse que las normas aducidas como violadas no son aplicables
al caso concreto, puesto que perdieron su vigencia desde el 2 de julio de 2012 9,
cuando comenzó a regir el CPACA y el CCA quedó derogado en su integridad. Y
aunque se analizara el cargo de nulidad a la luz de lo previsto en los artículos 37,
38, 42 y 73 del CPACA, que establecen igualmente la obligación que tienen las
autoridades de citar al procedimiento administrativo a las terceras personas que
resultaren afectadas con una decisión de fondo, lo cierto es que tampoco habría
lugar a declarar la prosperidad del cargo en cuestión, porque esas reglas son
aplicables únicamente a los procedimientos encaminados a la expedición de actos
de contenido particular.
En este punto, la Sala precisa que como el cargo de nulidad únicamente se fundó
en la supuesta inobservancia de las reglas sobre vinculación de terceros al
procedimiento administrativo -arts. 14, 28 y 35 del CCA-, no hay lugar a efectuar
pronunciamiento alguno sobre la no exigibilidad de la consulta previa señalada por
la ANT y por el Ministerio Público, en tanto ese debate escapa al objeto del presente
litigio, cuyo contorno está claramente delimitado por los fundamentos de la
pretensión de nulidad expresados en la demanda.
En lo tocante a la desviación de poder, la parte actora únicamente señaló que con
el acto demandado se alteraron los derechos de los ocupantes de las islas sin que
existieran razones objetivas para hacerlo.
Esta Corporación ha sostenido que la desviación de poder “tiene lugar cuando los
motivos que justifican el acto resultan ajenos a la ley. De allí que cuando se alega
esta causal de nulidad debe llevarse al Juez a la certeza incontrovertible de que los
motivos que tuvo la administración para proferir el acto enjuiciado no son aquellos
que le están expresamente permitidos por la ley, sino otros, de manera que el
9
Conforme a lo previsto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-.
9
Radicación: 11001-03-24-000-2023-00255-00 (70726)
Actor: Edinson de Oro Guzmán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Referencia: Medio de control de nulidad
resultado de la decisión que se ataca es diverso del que naturalmente hubiera
debido producirse si la decisión se hubiere proferido de acuerdo con los dictados
legales que la informan”10.
Como se observa, la viabilidad de este cargo radica en la convicción que los medios
de prueba obrantes en el plenario ofrezcan al juez sobre los motivos velados e
ilegales con que la administración actuó en la producción del acto demandado,
exigencia que no se satisface en el presente asunto, puesto que con los dos
documentos que se aportaron con la demanda -copia de los Acuerdos 262 de 2023
y 106 de 2019- no se demuestran esos motivos ajenos a la ley con que
supuestamente actuó la ANT en la expedición del acuerdo demandado.
En conclusión, la Sala denegará las pretensiones, en la medida en que no se
demostró que el Acuerdo 262 del 27 de febrero de 2023 hubiera sido expedido con
falsa motivación, desconocimiento del derecho de audiencia y defensa y desviación
de poder.
4. Condena en costas
Dado que en este asunto se ventila un interés público, consistente en el control
abstracto y objetivo de la legalidad de un acto administrativo de contenido general,
no procede la condena en costas, en virtud de lo establecido en el artículo 188 del
CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. En firme esta providencia, ARCHÍVESE la presente actuación.
10
Consejo de Estado, S. de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 22 de
enero de 2015, exp. 20080038201, C.P. María Claudia Rojas Lasso.
10
Radicación: 11001-03-24-000-2023-00255-00 (70726)
Actor: Edinson de Oro Guzmán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Referencia: Medio de control de nulidad
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.