Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-24-000-2024-00014-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-24-000-2024-00014-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-24-000-2024-00014-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 11001-03-24-000-2024-00014-00
Demandantes: Carlos Andrés Echeverry Restrepo y otros
Demandado: Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, como ministro delegatario de
funciones presidenciales – Decreto 2059 del 28 de noviembre de 2023
Temas: Ministro delegatario – delegación de funciones de jefe de Estado
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Surtidos los trámites correspondientes y sin que se advierta la presencia de vicio procesal
que impida abordar el fondo de este asunto, corresponde a la Sección Quinta del Consejo
de Estado dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad electoral de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. Los señores Carlos Andrés Echeverry Restrepo, Ángela María Moncayo Hurtado y
Daniel Zapata Molina, actuando en nombre propio, presentaron demanda con el propósito que
se declare la nulidad parcial del Decreto 2059 del 28 de noviembre de 2023, mediante el cual
se designó como ministro delegatario con funciones presidenciales al señor Guillermo Alfonso
Jaramillo Martínez.
2. En concreto, solicitaron que se dispusiera «la nulidad parcial del numeral tercero del
artículo primero del Decreto 2059 del 28 de noviembre de 2023, el cual contiene la
delegación de las funciones constitucionales descritas en los numerales 3, 4, 6 y 7 del
artículo 189 Superior».
1.2. Hechos
3. Fueron relatados por los demandantes como se expone a continuación:
4. El presidente de la República expidió el Decreto 2059 del 28 de noviembre de 2023, con
el que delegó funciones presidenciales al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo
Alfonso Jaramillo.
5. Lo anterior, con ocasión del viaje a la ciudad de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) con el
fin de asistir a la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.
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Demandante: Carlos Andrés Echeverry Restrepo y otros
Demandado: Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez
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6. El numeral 3 del artículo 1° del Decreto 2059 de 2023, estableció que al ministro de Salud
y Protección Social se le delegaban las atribuciones establecidas en el artículo 189 de la
Constitución Política con excepción de lo previsto en el numeral 21, razón por la cual se
entendía que fueron incluidas las de «los numerales 32, 43, 64 y 75».
1.3. Concepto de la violación
7. Los demandantes aseguraron que el acto administrativo cuestionado debe ser
declarado nulo, toda vez que con su expedición se incurrió en la infracción de las normas
en las que debería fundarse, porque las funciones establecidas en los numerales 3, 4, 6 y
7 del artículo 189 de la Constitución Política no pueden ser delegadas, al tratarse de
aquellas que ejerce el presidente como jefe de Estado, conforme lo ha considerado la Corte
Constitucional en las sentencias C-496 de 1998, C-272 de 1998 y C-430 de 2019.
1.4. Actuaciones procesales relevantes
8. Mediante auto del 14 de enero de 2025, se inadmitió la demanda. Con memorial del 29
de enero siguiente, los demandantes cumplieron con los requerimientos que se realizaron.
9. El 10 de abril de 2025, se adecuó el medio de control al de nulidad electoral, se admitió
la demanda y se ordenó notificar al señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, al
presidente de la República, al Ministerio Público y a la Agencia nacional de Defensa Jurídica
del Estado. Además, se advirtió a la autoridad que expidió el acto para que, en el término
para contestarla, allegara copia de los antecedentes administrativos del acto acusado.
10. Luego de los traslados correspondientes, intervinieron:
11. El presidente de la República, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones,
al considerar que el acto cuestionado no era ilegal.
12. Luego de exponer la naturaleza jurídica de la delegación, aseguró que el Consejo de
Estado6 de manera pacífica ha sostenido que el presidente de la República puede delegar
todas las funciones de naturaleza administrativa.
13. Agregó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-172 de 2006, precisó que la
función presidencial de sancionar leyes era delegable.
14. Describió las características del ministro delegatario, transcribió el artículo 196 de la
Constitución Política y aclaró que esta norma permite que el presidente delegue todas las
funciones establecidas en el artículo 189 de la Norma Superior.
1
«2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar
con otros Estados y entidades de derecho internacional traslados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso».
2
«3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República».
3
«4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado».
4
«6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio;
declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convertir y ratificar los
tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediatamente al Congreso».
5
«7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la
República».
6
El apoderado de la presidencia de la República realizó la siguiente cita «Ver al respecto: sentencia de 4 de noviembre de 1999,
Radicación 4818, C.P. Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero ponente: Camilo
Arciniegas Andrade, seis (6) de marzo de dos mil tres (2003), Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00066-01(6869)».
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15. Indicó que los demandantes partían de una «premisa falsa», comoquiera que en este
caso se debía aplicar la regla especial del ministro delegatario prevista en el artículo 196
de la Constitución Política y no la regla general de la delegación administrativa establecida
en la Ley 489 de 1998.
16. Advirtió que de aceptar la tesis de los demandantes «la figura del Ministro delegatario
perdería su objetivo principal», por cuanto se utiliza cuando el presidente de la República
se encuentra fuera del país e internamente se debe continuar garantizando el ejercicio de
las funciones de aquel.
17. En ese orden de ideas, solicitó que se negara lo requerido por los demandantes.
1.5. Actuaciones relevantes posteriores
18. La magistrada ponente, mediante auto del 26 de mayo de 2025, ordenó como medida
de saneamiento que se notificara el auto admisorio de la demanda al señor Guillermo
Alfonso Jaramillo al correo electrónico gjaramillon4@gmail.com, el cual fue suministrado
por la Secretaría General del Ministerio de Salud.
19. En el término del traslado, el señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, a través
de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda.
20. Se pronunció frente a los hechos y aseguró que los cargos formulados se sustentaban
en presupuestos fácticos, jurídicos y jurisprudenciales «equivocados», porque, de
conformidad con el artículo 196 de la Constitución Política, es posible que el presidente de
la República delegue las funciones que ejerce como jefe de Gobierno y de Estado, siempre
que se encuentre en territorio extranjero.
21. Indicó que Colombia adoptó un régimen presidencialista y es un «Estado unitario y con
cláusula social», razón por la cual existe un amplio margen de delegación de funciones para
garantizar las «intervenciones ágiles, coetáneas para resolver las apremiantes necesidades
sociales, climáticas, políticas e incluso de seguridad nacional».
22. Señaló que en la Constitución Política no se estableció alguna prohibición a la
delegación de funciones del presidente de la República y no es posible que otra autoridad
la imponga «so pretexto de la supuesta interpretación constitucional».
23. Además, formuló las siguientes excepciones:
Excepción Fundamento
«INEXISTENCIA DE RESTRICCIÓN La delegación de funciones respetó los artículos 189 y 196
CONSTITUCIONAL PARA DELEGAR LAS de la Constitución Política, y los argumentos de los
FUNCIONES QUE SOPORTAN EL MEDIO demandantes «resultan impertinentes».
DE CONTROL»
El Decreto 2059 de 2023 perdió vigencia y no se demandaron
los actos administrativos que se profirieron en virtud de la
delegación, razón por la cual es «inane el resultado de este
proceso».
«LEGALIDAD DE LOS ACTOS El Decreto 2059 de 2023 no transgredió alguna disposición
ADMINISTRATIVOS» del ordenamiento jurídico, está debidamente motivado y
goza de presunción de legalidad.
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«LA INNOMINADA» El juez puede declarar de oficio la excepción que advierta, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 282 de la Ley 1564 de
2012.
24. Así las cosas, pidió que no se accediera a la nulidad pretendida.
1.6. Auto que se pronuncia frente a las excepciones, decide sobre las pruebas, fija
el litigio y corre traslado para alegar de conclusión
25. El 22 de julio de 2025, la magistrada ponente de la presente decisión se abstuvo de
pronunciarse sobre las excepciones de mérito formuladas, decidió sobre las pruebas,
requirió nuevamente al presidente de la República para que remitiera los antecedentes
administrativos, ordenó correr traslado para alegar de conclusión y fijó el litigio.
1.7. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
26. Los demandantes y el presidente de la República no presentaron alegatos de
conclusión, y el señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y el Ministerio de Salud y
Protección social lo hicieron de manera extemporánea7.
27. La procuradora Séptima delegada ante el Consejo de Estado hizo un recuento de
las actuaciones procesales adelantadas y consideró que se debían desestimar las
pretensiones de la demanda, comoquiera que a través del medio de control de nulidad
electoral no se podía determinar si el acto administrativo era o no constitucional.
28. Sostuvo que los demandantes no identificaron alguna norma que hubiera sido
transgredida con ocasión de la expedición del Decreto 2059 de 2023 y se limitaron a hacer
referencia a sentencias de la Corte Constitucional que no contienen un «mandato vinculante
para los decretos mediante los cuales se designe ministros delegatarios».
29. Agregó que en los fallos C-496 de 1998, C-272 de 1998 y C-430 de 2019 no se
establecieron reglas de decisión relacionadas con las funciones presidenciales establecidas
en los numerales 3, 4, 6 y 7 del artículo 189 de la Constitución Política.
30. Consideró que la delegación realizada no constituye un vicio, toda vez que el
presidente de la República la realizó en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 196
de la Norma Superior y esa disposición «no impuso restricción alguna para conferir pro
tempore sus quehaceres».
31. Señaló que no era adecuado confundir la figura del ministro delegatario y la delegación
de funciones, por cuanto se trataba de instituciones distintas y que tenían su razón de ser
en presupuestos fácticos diferentes.
32. Sobre el particular, advirtió:
Esta distinción se hace patente en el derecho colombiano, pues, mientras el artículo 196 de la
Constitución permite que el ministro delegatario ejerza, sin distinción, las funciones
constitucionales propias del Presidente, el artículo 13 de la ley 489 de 1998 únicamente autoriza
transferir, mediante delegación administrativa, las actividades previstas en los numerales 13, 18,
7
Se pone de presente que el 29 de agosto de 2025 a las 11:54 a. m. el abogado Javier Mantilla en su calidad de apoderado del señor
Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y el Ministerio de Salud y Protección Social presentó el memorial que contenía sus alegatos de
conclusión; sin embargo, el término para tal fin corrió desde el 14 y hasta el 28 de agosto de 2025 a las 5:00 p. m. según el registro
obrante en el índice 54 del sistema de información SAMAI.
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20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 del artículo 189 superior. Esto significa que los requisitos
establecidos en la legislación para dicha delegación -referidos a las funciones cuyo ejercicio no
puede transferirse y al régimen de los actos expedidos por el delegado- no son aplicables a la
institución del ministro delegatario. Ello, porque además de que pueden conferírsele actividades
presidenciales que exceden la dirección de la administración pública, esta figura busca garantizar
que, mientras el primer mandatario se encuentre fuera del territorio nacional, uno de sus ministros
asuma parte de sus labores, asegurando la continuidad del poder ejecutivo en todas sus
manifestaciones durante su ausencia.
33. Puso de presente que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el
concepto del 18 de abril de 20238, consideró que las funciones establecidas en los
numerales 3 y 4 del artículo 189 de la Constitución Política las ejercía el presidente de la
República en su calidad de jefe de Gobierno por lo que «no existe una clasificación definitiva
de ellas», contrario a lo que estimaron los demandantes.
34. Así las cosas, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
35. De conformidad con lo establecido en el numeral 39 del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para
conocer y tramitar en única instancia el proceso de la referencia.
36. Al respecto, conviene precisar que, si bien el Decreto 2059 del 28 de noviembre de
2023 no se trata en estricto sentido de la elección del presidente de la República, lo cierto
es que es un acto administrativo a través del cual se inviste transitoriamente a un
funcionario de las atribuciones constitucionales del jefe de Gobierno, jefe de Estado y
primera autoridad administrativa.
37. Es decir, es una designación pro tempore mientras el presidente de la República se
encuentra fuera del país y, por ello, es a la Sección Quinta del Consejo de Estado la que
corresponde conocer del asunto de la referencia.
38. Sobre el particular, se pone de presente que la Sección Quinta del Consejo de Estado
en la sentencia del 11 de julio de 201110, al resolver una demanda de nulidad electoral que
se promovió contra la designación de un ministro delegatario, sostuvo:
«Los Decretos Presidenciales demandados se asumen bajo la condición jurídica de ostentar
la naturaleza de actos de designación del Ministro como Delegatario de funciones
presidenciales, y por lo tanto, pasibles de demandarse en acción de nulidad electoral o
contencioso electoral, proceso especial asignado a la Sección Quinta.
Este entendido, debido a que a partir de que se expiden dichos pronunciamientos de
investidura presidencial, el Ministro Delegatario actúa en el territorio de la República,
transitoriamente, mientras la permanencia del titular en el exterior, como Presidente de la
República con atribuciones de Jefe de Gobierno y primera autoridad administrativa.
8
Radicado 11001-03-06-000-2023-00073-00.
9
«3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar curil, según el caso, del Presidente (…)».
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 11 de julio de 2011, M.P. Susana Buitrago
Valencia, Rad. 11001-03-28-000-2010-00118-00.
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Así, se trata de impartir control judicial a un acto sui generis de índole político, que por expresa
disposición de la Carta Política le corresponde emitir al Presidente de la República, cuando se
traslada a territorio extranjero como Jefe de Estado.
El supremo juez contencioso administrativo cuando actúa como juez del acto de designación del
Ministro Delegatario, examina la legitimidad del acceso a la función pública presidencial en
la modalidad o situación constitucional de Ministro Delegatario, conoce y decide sobre una
materia que está vinculada con la preservación de la democracia.
Entonces, dada la connotación política especial que revisten los Decretos de designación
como Ministro Delegatario, no se asimilan a la que ostentan los actos administrativos que
de ordinario se profieren en ejercicio de la función administrativa general para delegar
funciones propias del empleado público.
(…) La Sala reitera que, en esencia se trata de un acto de designación de verdadera
investidura presidencial pro tempore, que va mucho más allá de la convencional figura de
la delegación administrativa.». (Negrita propia)
39. De conformidad con lo expuesto, se advierte que el acto que designa un ministro
delegatario asigna temporalmente funciones del presidente de la República y, por lo tanto,
debe ser controlado ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del medio de
control de nulidad electoral.
2.2. Cuestión previa
40. El apoderado del señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez aseguró que es «inane el
resultado de este proceso», por cuanto el Decreto 2059 de 2023 perdió vigencia por su
«carácter temporal definido» y el presidente de la República «reasumió las funciones que
había delegado».
41. La Sala advierte que el hecho de que el acto demandado no se encuentre produciendo
efectos jurídicos no implica que el juez no se pueda pronunciar sobre su legalidad.
42. Lo anterior, conforme a la sentencia de unificación de la Sección Quinta del Consejo de
Estado del 24 de mayo de 201811 en la que se establecieron las siguientes reglas:
La Sala unifica su postura en cuanto a:
i) Si el acto demandado no produjo efectos jurídicos opera la carencia de objeto por sustracción
de materia, caso en el cual el funcionario judicial deberá considerar terminar el proceso en su
etapa inicial, ya sea saneándolo o siguiendo las reglas de las excepciones previas previstas en
el artículo 180.6 incisos 3º y 4º y no esperar a dictar una sentencia inhibitoria.
ii) Si el acto acusado produjo efectos, el juez contencioso administrativo mantiene su
competencia para conocer de la legalidad y decidir si se desvirtúa o no la presunción de
legalidad que sirvió de sustento para producir los efectos jurídicos que se dieron cuando
el acto tuvo eficacia, estudio que corresponde hacerlo en la sentencia.
Como en el caso concreto, se demostró que el acto de elección del señor Ropaín produjo efectos
jurídicos no es procedente decretar la carencia de objeto por sustracción de materia. Además,
de acuerdo con los límites impuestos en la fijación del litigio, la pérdida de fuerza ejecutoria no
constituye causal de nulidad y en tal virtud procede confirmar la sentencia de primera instancia.
(Negrita propia)
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 24 de mayo de 2018, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 47001-23-33-000-2017-00191-02.
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43. En el trámite de la referencia se advierte que el Decreto 2059 del 28 de noviembre de
2023 produjo efectos, comoquiera que el ministro delegatario expidió actos administrativos
en virtud de esa designación12, es decir, se ejercieron las funciones que se trasladaron
temporalmente.
44. Así las cosas, hay lugar a pronunciarse sobre la legalidad del Decreto 2059 del 28 de
noviembre de 2023.
2.3. Acto demandado
45. El acto cuestionando corresponde al Decreto 2059 del 28 de noviembre de 2023,
mediante el cual se designó como ministro delegatario con funciones presidenciales al
señor Guillermo Alfonso Jaramillo.
46. En concreto, los demandantes solicitaron que se declarara «la nulidad parcial del
numeral tercero del artículo primero del Decreto 2059 del 28 de noviembre de 2023, el cual
contiene la delegación de las funciones constitucionales descritas en los numerales 3, 4, 6
y 7 del artículo 189 Superior».
2.4. Problema jurídico
47. La Sección Quinta del Consejo de Estado deberá resolver si «es parcialmente nulo el
acto mediante el cual fue designado como ministro delegatario el ministro Guillermo Alfonso
Jaramillo».
48. Para ello deberá establecer si:
•¿El presidente podía investir transitoriamente al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, como
delegatario de las funciones presidenciales establecidas en los numerales 3, 4, 6 y 7 del artículo
189 de la Constitución Política de 1991, por tratarse de atribuciones que se ejercen como jefe de
Estado?
49. Para resolver los cuestionamientos planteados se abordarán los siguientes temas (i) la
institución del ministro delegatario; (ii) las funciones del presidente de la República; y (iii) el
análisis del caso concreto.
2.5. La institución del ministro delegatario
50. El artículo 196 de la Constitución Política consagra lo siguiente:
El Presidente de la República, o quien haga sus veces, no podrá trasladarse a territorio extranjero
durante el ejercicio de su cargo, sin previo aviso al Senado o, en receso de éste, a la Corte
Suprema de Justicia.
La infracción de esta disposición implica abandono del cargo.
El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no
podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus
funciones, sin permiso previo del Senado.
12
Al respecto, el apoderado del señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez en la contestación de la demanda aseguró «Se precisa que
en efecto no existe ninguna utilidad práctica desde el punto de vista de los actos administrativos proferidos por virtud de la delegación,
en tanto ni en esta demanda ni en otras de las que se tenga conocimiento, se han demandado aquellos actos administrativos proferidos
en uso de la delegación enjuiciada».
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Cuando el Presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su
cargo, el Ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo
su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el Presidente le delegue,
tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de Jefe del Gobierno. El
Ministro Delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del Presidente.
(Negrita propia)
51. Conforme la norma constitucional transcrita, se advierte que el ministro delegatario
corresponde a una institución especial a la cual se acude cuando el presidente de la
República se traslada a territorio extranjero en ejercicio de su cargo.
52. Además, se determinó que se debe observar el orden de precedencia legal de los
ministros y se dispuso que el delegado debía ser del mismo partido político del presidente
de la República.
53. Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-802 de 200613 sostuvo:
Para que proceda este específico tipo de delegación presidencial conforme al Estatuto Superior
(Art. 196 C.P), se requiere que se cumplan los siguientes requisitos concurrentes, que
determinan la especificidad de este tipo de delegación:
a. Traslado. El Presidente de la República, debe trasladarse al exterior. En ese sentido, no es
suficiente su ausencia de la capital o su movilización dentro del territorio nacional. Se requiere,
para que se pueda realizar este tipo de delegación, que el Presidente de la República salga del
territorio colombiano.
b. Atribuciones. El traslado presidencial debe ser, en ejercicio de su cargo, lo que significa que
el viaje debe estar motivado en el ejercicio de funciones constitucionales o legales.
c. Delegatario. El ministro en quien se deleguen las funciones, debe ser necesariamente el que
corresponda según el orden de precedencia legal. Además, conforme con el artículo 202 de la
Constitución, por prohibición expresa de la carta, “el Vicepresidente no podrá asumir funciones
de ministro delegatario”.
d. Responsabilidad. El Ministro Delegatario realizará las funciones delegadas bajo su propia
responsabilidad.
e. Funciones delegadas. Dentro de las funciones que el Primer Mandatario puede delegar al
Ministro, se encuentran “tanto aquellas que le son propias, como las que ejerce en calidad de
jefe de gobierno”. Al respecto, la sentencia C-398 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), precisó que constitucionalmente no es admisible la delegación genérica de funciones
presidenciales en estos casos, por lo que el Primer Mandatario deberá necesariamente proceder
a hacer la delegación de funciones que corresponda en cada uno de los traslados que realice a
territorio extranjero. Dijo la sentencia, lo siguiente:
No es admisible, a la luz de la Constitución Política, una delegación genérica, ni en cuanto a
las ocasiones en que deba ausentarse el Presidente de su cargo, ni respecto de los asuntos
que puedan confiarse al Ministro Delegatario. Es necesario que por cada vez que el Jefe del
Estado abandone el territorio en la indicada condición, dicte un decreto de delegación y señale
en él de manera precisa y taxativa las funciones presidenciales que se delegan.
e. (sic) Condición política. El Ministro Delegatario debe pertenecer al mismo partido o al mismo
movimiento político del Presidente. (Negrita propia)
54. Además, en esa misma providencia, frente a la diferencia de la delegación de funciones
y la figura del ministro delegatario, se indicó:
13
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-802 del 27 de septiembre de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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La delegación de funciones del artículo 211 de la norma superior, difiere de la prevista en el
artículo 196 de la Constitución, - que resulta ser una regla constitucional especial respecto
de la delegación presidencial-, por varias razones fundadas en el propio Estatuto
Superior: (i) el artículo 211 exige regulación legal para la delegación de funciones presidenciales.
El artículo 196 de la Constitución, al no requerirla expresamente, permite que sea en principio la
propia Carta la que señale las condiciones en las que esta última delegación presidencial puede
realizarse. (ii) El artículo 196 superior tiene que ver concretamente con la delegación de
“funciones constitucionales” del Presidente de la República, incluyendo “aquellas funciones que
le son propias como las que ejerce como Jefe de Gobierno”. El artículo 211 de la Carta, permite
delegar las funciones presidenciales que expresamente determine la ley (Art. 13 de la ley 489 de
199814), salvo aquellas que por mandato constitucional, o por su naturaleza, no sean susceptibles
de delegación15. De allí que ciertas funciones presidenciales delegables en virtud del
artículo 196 superior, no lo sean bajo la previsión del artículo 211 de la Carta, dada la
especificidad de la primera delegación. (iii) Para la procedencia de la delegación del artículo
196 constitucional, se exigen circunstancias de modo, tiempo y lugar delimitadas por la Carta,
que no son requerimientos aplicables a las condiciones generales de delegación del artículo 211
de la Constitución. (iv) El carácter especial de la delegación prescrita en el artículo 196
constitucional puede observarse también de la específica denominación que se le atribuye
al funcionario en quien se delegan las atribuciones, - Ministro Delegatario-, nombre que
responde a la magnitud de la responsabilidad que asume el ministro al estar habilitado
para el ejercicio de las funciones presidenciales. Finalmente, (v) la delegación consagrada
en el artículo 196 de la Carta, consagra expresamente una prohibición en el artículo 202 superior,
que impide al Vicepresidente asumir las funciones de Ministro Delegatario.
Desde esta perspectiva, concluye la Corte que el artículo 196 de la Carta efectivamente
consagra una situación especial de delegación de funciones presidenciales, que no puede
confundirse con las condiciones generales establecidas por el artículo 211 de la
Constitución. De hecho, los artículos 196, 21116 y 209 de la Carta17 difieren entre sí, porque el
primero consagra un régimen eminentemente constitucional que establece unas
condiciones de delegación específicas en materia de funciones presidenciales, cuando se
dan las circunstancias de tiempo, modo y lugar previstas en la Carta. El segundo, fija el
régimen general de delegación de funciones administrativas, que deja al legislador la regulación
de tal delegación, siempre que la naturaleza de tales funciones lo permita (Ley 489 de 1998); y
finalmente, el último, determina el marco general que rige la función administrativa, que
naturalmente incluye a la delegación como un instrumento de gestión y organización en materia
de administración pública. (Negrita propia)
55. Así las cosas, se concluye que la institución del ministro delegatario tiene su génesis
en la Constitución Política, se deben cumplir todos los requisitos especiales establecidos
en el artículo 196 y no se puede confundir con la delegación de funciones dispuesta en el
artículo 211.
14
Ob. Cit. «La ley 489 de 1999, regula el artículo 211 de la Carta, autoriza la delegación de las funciones presidenciales contenidas
únicamente en los numerales 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 del artículo 189 de la C.P.».
15
Ob. Cit. «Al respecto es importante precisar que de acuerdo con la sentencia C-372 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño: “Hay
funciones cuyo ejercicio es indelegable, sea porque hay restricción expresa sobre la materia o porque la naturaleza de la función no
admite delegación. (…) ¨[R]esulta improcedente la delegación para el ejercicio de la actividad o la competencia de la integridad de la
investidura presidencial o cuando la delegación supone transferir aquellas atribuciones que atañen con el señalamiento de grandes
directrices, orientaciones y la fijación de políticas generales que corresponden como jefe superior de la entidad estatal, “pues lo que
realmente debe ser objeto de delegación, son las funciones de mera ejecución, instrumentales u operativas”.».
16
Ob. Cit. «Constitución política. Articulo 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los
ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes,
gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades
administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.
La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones
podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. La ley establecerá los recursos que se pueden
interponer contra los actos de los delegatarios».
17
Ob. Cit. « El artículo 209 de la Constitución reza lo siguiente: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante
la descentralización, la desconcentración y la delegación de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La Administración Pública en todos sus órdenes, tendrá un control interno que
se ejercerá en los términos que señale la ley.”».
9
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2.6. Las funciones que ejerce el presidente y su clasificación
56. El artículo 189 de la Constitución Política enlista veintiocho funciones que ejerce el
presidente de la República como «Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa».
57. Sin embargo, la norma constitucional no establece cuáles competencias ejerce en las
referidas tres calidades, razón por la cual habrá que analizarse cada una de cara a los
conceptos de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa.
58. La Corte Constitucional en la sentencia C-496 de 199818, respecto de las funciones del
presidente de la República y las calidades en las que actúa, consideró:
7. Los artículos 115 y 189 de la Constitución preceptúan que en el Presidente de la República
se reúnen las calidades de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa.
El mismo artículo 189 precisa distintas atribuciones del Presidente de la República. Sin embargo,
no determina en cuál calidad actúa para el cumplimiento de cada función. La tarea de
dilucidar qué atribuciones le corresponden a cada calidad habrá de cumplirse paulatinamente
por la jurisprudencia y la doctrina. Al respecto se puede avanzar que, de manera general, las
funciones de Jefe de Estado son aquéllas que denotan de manera clara la voluntad de la
Nación de conformar una unidad política propia, tales como las referidas a las relaciones
internacionales. A su vez, las funciones que desempeña en su calidad de Jefe de Gobierno
serían aquellas relacionadas con la fijación de políticas, de derroteros para la conducción
del país, mientras que las cumplidas como Suprema Autoridad Administrativa son las dirigidas
a mantener el funcionamiento normal de la administración pública. (Negrita propia)
59. Es importante aclarar que el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional en la
sentencia C-205 de 2005 reiteró los conceptos de jefe de Estado, jefe de Gobierno y
suprema autoridad administrativa19.
60. Conforme con lo expuesto, se concluye que las funciones del presidente de la
República previstas en el artículo 189 de la Constitución Política no se encuentran
clasificadas y es necesario analizar cada atribución para determinar si se ejerce en calidad
de jefe de Estado, jefe de Gobierno o suprema autoridad administrativa.
2.7. Caso concreto
61. Los señores Carlos Andrés Echeverry Restrepo, Ángela María Moncayo Hurtado y
Daniel Zapata Molina consideraron que el Decreto 2059 del 28 de noviembre de 2023 era
parcialmente nulo, comoquiera que se le delegaron al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo
18
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-496 del 15 de septiembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
19
La Corte Constitucional en la sentencia C-205 de 2005 sostuvo «La jurisprudencia constitucional ha determinado las implicaciones de
la desconcentración y la delegación respecto a las funciones que el artículo 189 de la Carta adscribe al Presidente de la República,
campo de usual aplicación de los citados mecanismos. Esta doctrina parte de establecer que las funciones constitucionales del
Presidente son ejercidas bajo una de las siguientes tres condiciones: (i) como Jefe de Estado, competencia relacionada con las
funciones “que denotan de manera clara la voluntad de la Nación de conformar una unidad política propia, tales como las referidas a las
relaciones internacionales”; (ii) como Jefe de Gobierno, relacionada con el ejercicio de las facultades que están dirigidas a la “fijación de
políticas, de derroteros para la conducción del país”; y (iii) como Suprema Autoridad Administrativa, condición que tiene que ver con el
ejercicio de aquellas labores tendientes a “mantener el funcionamiento normal de la administración pública”».
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las funciones establecidas en los numerales 320, 421, 622 y 723 del artículo 189 de la
Constitución Política.
62. Estructuraron el concepto de la violación y erigieron su tesis según la cual las funciones
que ejerce el presidente de la República como jefe de Estado no se pueden delegar, para
lo cual se refirió a los contenidos de las sentencias de la Corte Constitucional C-496 de
1998, C-272 de 1998 y C-430 de 2019.
63. Es decir, los demandantes consideraron que se desconocieron los artículos 189 y 196
de la Constitución Política, porque al ministro delegatario se le entregaron transitoriamente
algunas competencias que ejerce el presidente de la República en su calidad de jefe de
Estado y estas son indelegables24.
64. En otras palabras, las referidas normas superiores se transgredieron en tanto la
asignación de funciones al ministro delegatario, a través del Decreto 2059 del 28 de
noviembre de 2023, fue excesiva.
65. Al respecto, se advierte que no puede considerarse que los artículos 189 y 196 de la
Constitución Política se infringieron, comoquiera que esas normas constitucionales no
establecen alguna prohibición frente a las funciones que se pueden entregar
transitoriamente al ministro delegatario.
66. En efecto, las referidas disposiciones no imponen alguna limitación a la facultad del
presidente de la República para delegar sus funciones por un tiempo determinado cuando
se traslada a territorio extranjero.
67. Lo anterior, por cuanto el artículo 189 solo hace referencia a las funciones que ejerce
el primer mandatario y el 196 establece las calidades que debe reunir a quien se designe
como ministro delegatario.
68. Ahora bien, en relación con la sentencia C-496 de 1998 aseguraron que el máximo
tribunal de la jurisdicción constitucional sostuvo expresamente que «de acuerdo con la
jurisprudencia fijada por la Corte Constitucional, en su sentencia C-485 de 1993, las
funciones que le corresponden como jefe de Estado, no pueden ser objeto de delegación».
69. No obstante, se advierte que esa afirmación no corresponde con la realidad, por cuanto
quien realizó esa acotación fue el procurador general de la Nación. Obsérvese lo que se
indica textualmente en la providencia:
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
20
«3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República».
21
«4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado».
22
«6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio;
declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convertir y ratificar los
tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediatamente al Congreso».
23
«7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la
República».
24
Al respecto, en la demanda se aseguró «22) Para garantizar esas dos finalidades, el ordenamiento jurídico colombiano determina que
hay funciones indelegables, sea porque existe una restricción expresa sobre la materia o porque la naturaleza de la función no admite
su delegación (ver por ejemplo artículo 11 de la ley 489 de 1998), en el caso sub examine, resulta inconstitucional la delegación para el
ejercicio de una función, cuando este acto supone transferir atribuciones que le corresponden al presidente en su calidad de Jefe de
Estado, pues lo que puede ser objeto de delegación, son las funciones que ejerce como jefe de gobierno o máxima autoridad
administrativa, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional en pronunciamientos previamente citados».
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En primer lugar, el Procurador General de la Nación señala que si bien el demandante acusa el
artículo 257 del Decreto 663 de 1993, el texto que transcribe y ataca corresponde, en realidad,
al artículo 256 del mismo estatuto. Ello, sin embargo, no vicia la admisión de la demanda.
El artículo 189 de la Carta establece que el Presidente de la República es, al mismo tiempo, Jefe
de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa. De acuerdo con la
jurisprudencia fijada por la Corte Constitucional, en su sentencia C-485 de 1993, las
funciones que le corresponden como Jefe de Estado, no pueden ser objeto de delegación.
Sin embargo, las atribuciones que ejerce en su calidad de Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa sí son delegables, de acuerdo con el artículo 211 de la Constitución, como se
expresó en la sentencia C-315 de 1995. (Negrita propia).
70. Además, al revisar la sentencia detenidamente no se advierte que la Corte
Constitucional haya considerado que la delegación de las funciones de jefe de Estado
estuviera prohibida. Igualmente, se debe precisar que en la sentencia C-485 de 1993 se
abordó la desconcentración de funciones y no de la delegación25.
71. Frente a la sentencia C-272 de 1998 sostuvieron que la Corte Constitucional aseguró
que era «improcedente la delegación de atribuciones que comprometen la integridad del
Estado y la investidura del presidente, esto es, cuando se requiere una actuación directa
del presidente como garantía de unidad nacional», es decir, en su calidad de jefe de Estado.
72. Ahora, en la referida providencia, al estudiarse la exequibilidad del artículo 6826 de la
Ley 142 de 1994, se indicó, entre otras cosas:
16- En síntesis, la Carta no define de manera expresa cuáles funciones de las incluidas en el
artículo 189 de la Carta pueden ser delegadas o no sino que defiere a la ley la precisión de
las atribuciones presidenciales delegables. Por ende, se debe a entender que el principio
general es que la ley puede autorizar la delegación de cualquier función presidencial, sin que
esa posibilidad esté restringida a aquellas que el primer mandatario ejecuta como
suprema autoridad administrativa, razón por la cual esta Corte ha explícitamente reconocido
que también son susceptibles de delegación las funciones en su calidad de jefe de gobierno27.
Es entonces claro que la mayor parte de las funciones presidenciales pueden ser delegadas,
como efectivamente lo ha manifestado esta Corte en varias oportunidades; sin embargo, esta
misma Corporación ha considerado que excepcionalmente es improcedente la delegación,
cuando se trata de una atribución que compromete a tal punto la integralidad del Estado
y la investidura presidencial, que se requiere una actuación directa del Presidente como
garantía de unidad nacional. Así, en anterior oportunidad esta Corporación señaló:
“No obstante, con respecto a la firma de los acuerdos contemplada en el literal b) de la misma norma,
debe hacerse una distinción que para la Corte es determinante: al paso que los acuerdos intermedios
o instrumentales que se haga menester celebrar a lo largo del proceso de paz con miras a su
culminación pueden ser suscritos por los representantes del Gobierno sin que ello signifique
vulneración de la Carta Política, el acto de firma de los acuerdos definitivos, mediante el cual se
plasman con carácter vinculante los pactos que constituyan resultado final de los diálogos, está
reservado de manera exclusiva al Presidente de la República en su calidad de Jefe del Estado. Dada
la índole del compromiso que se contrae y sus repercusiones para el futuro de la colectividad, el
contenido del acuerdo de paz no puede quedar en manos de personas distintas a aquella que tiene a
su cargo la conducción del orden público (artículo 189, numeral 4 C.N.). Se trata de decisiones de alta
política reservadas, por tanto, al fuero presidencial y que, dada su naturaleza, no son delegables. La
figura prevista en el artículo 211 de la Carta no sería aplicable a ellas, en especial si se recuerda
25
En la sentencia C-496 de 1998 se aclaró «9. La imposibilidad de desconcentrar las funciones que se ejercen como Jefe de Estado fue
establecida en la sentencia C-485 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en la que se declaró contrario a la Carta la asignación de
competencias autónomas y permanentes, en materia internacional, a la Junta Directiva del Banco de la República. En dicha oportunidad
la Corte fue tajante al señalar:».
26
«Artículo 68. Delegación de funciones presidenciales a las comisiones. El Presidente de la República señalará las políticas generales
de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución
Política, y de los demás a los que se refiere esta Ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, si decide
delegarlas, en los términos de esta Ley.
Las normas de esta Ley que se refieren a las comisiones de regulación se aplicarán si el Presidente resuelve delegar la función aludida;
en caso contrario, el Presidente ejercerá las funciones que aquí se atribuyen a las comisiones».
27
Ob. Cit. «Ver sentencia C-315 de 1995».
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que, por mandato de la propia norma, la delegación exime de responsabilidad al delegante, mientras
que el ejercicio de las atribuciones de los estados de excepción compromete al Presidente de la
República (artículo 214-5 C.N.), precisamente por su gravedad y trascendencia. 28”
17- Como vemos no todas las funciones del presidente pueden ser delegadas, en razón a
la materia, la finalidad, las normas constitucionales involucradas y a los fundamentos
mismos del Estado de Derecho. Sin embargo, en la medida en que la regla general es la
delegación y la Constitución confiere una amplia libertad al Legislador en esta materia (CP art.
211), debe entenderse que la ley puede facultar la delegación de cualquier función presidencial,
salvo que existan razones imperiosas que muestren que en un caso específico se afecta
a tal punto el fuero presidencial, que la figura prevista en el artículo 211 superior no es
aplicable. (Negrita propia)
73. Es decir, el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional tampoco indicó
expresamente que está prohibido delegar las funciones que ejerce el presidente de la
República como jefe de Estado; sin embargo, se aclaró que se debe analizar en cada caso
si la atribución al ser entregada a otro funcionario de manera transitoria afecta el fuero o
investidura presidencial.
74. En otras palabras, hay que estudiar las atribuciones que a través del artículo 189 de la
Constitución Política se le asignaron al presidente de la República y determinar si su
delegación produce que se desnaturalicen.
75. Conviene precisar que esas consideraciones fueron planteadas en el marco del estudio
de constitucionalidad de una disposición legal a través de la cual se delegó una función del
presidente de la República a las comisiones de regulación de servicios públicos.
76. Lo anterior significa que ese traslado de atribuciones se realizó en ejercicio de la
facultad prevista en el artículo 211 de la Constitución Política y no bajo la institución
establecida en el artículo 196, esto es, ministro delegatario.
77. Así las cosas, se aclara que lo que consideró la Corte Constitucional en esa oportunidad
resulta aplicable a la delegación de una función a través de la ley y no al ministro
delegatario, comoquiera que esta última es una figura diferente con la que se busca evitar
un vacío de poder ante la ausencia del presidente de la República en el territorio nacional.
78. En ese sentido, cuando la delegación se establece en la ley es en virtud del artículo
211 de la Constitución Política y cuando se trata de la institución consagrada en el artículo
196 el delegatario asume las funciones única y exclusivamente hasta que el primer
mandatario regrese al país.
79. Por lo tanto, las razones en las que se sustenta el fallo C-272 de 1998 no resultan
aplicables a la controversia planteada por los señores Carlos Andrés Echeverry Restrepo,
Ángela María Moncayo Hurtado y Daniel Zapata Molina, por cuanto se insiste que no tienen
relación con el ministro delegatario, sino con delegación de funciones a través de la ley.
80. En relación con la sentencia C-430 de 2019 los demandantes sostuvieron que en esta
decisión se determinó cuáles funciones ejerce el presidente de la República en «su calidad
de Jefe de Estado».
28
Ob. Cit. «Sentencia C-241 de 1993. José Gregorio Hernández y Hernando Herrera Vergara».
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81. En la referida providencia, al resolver sobre la exequibilidad del artículo 1°29 de la Ley
1862 de 2017, se indicó, entre otras cosas, lo siguiente:
Por tales razones, el Comandante Supremo de las fuerzas armadas es el Presidente de la
República, a quien le corresponde dirigirlas y disponer de ellas para el cumplimiento de
sus funciones y las suyas propias como Jefe de Estado, entre ellas las de conservar en
todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado, dirigir las
operaciones de guerra cuando lo estime conveniente y proveer a la seguridad exterior de la
República, defender la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del
territorio; declarar la guerra con permiso del Senado, o sin tal autorización para repeler
una agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará
cuenta inmediata al Congreso30. (Negrita propia)
82. Lo anterior significa que para la Corte Constitucional algunas de las funciones que
ejerce el presidente de la República como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares
lo hace en calidad de jefe de Estado.
83. Sin embargo, se aclara que esas consideraciones se expusieron en el marco del estudio
de constitucionalidad de una norma que consagra un deber militar y no se realizó alguna
referencia a la delegación de funciones o a la institución del ministro delegatario.
84. Así las cosas, se advierte que de las sentencias de la Corte Constitucional sobre las
que los demandantes fundamentaron su concepto de violación no hacen referencia a una
prohibición del presidente de la República de encomendar transitoriamente al ministro
delegatario las funciones que se le asignaron en el artículo 189 de la Constitución Política.
85. Se observa que la relación jurisprudencial que se realizó es descontextualizada y no
tiene relación alguna con lo previsto en el artículo 196 de la Constitución Política que, se
insiste, es completamente distinto a la facultad de delegación establecida en el artículo 211.
86. Como se expuso en el marco teórico de esta providencia, el ministro delegatario es una
institución especial que permite al presidente de la República, cuando se traslade al
extranjero, encomendar sus funciones de manera transitoria y no puede confundirse con la
facultad general de delegación establecida en el artículo 211 de la Constitución Política.
87. Por lo tanto, las consideraciones que esbozó la Corte Constitucional en casos de
normas que establecieron delegaciones de funciones del presidente en virtud de lo
determinado en el artículo 211 de la Constitución Política no resultan aplicables a la
controversia que plantearon los demandantes.
88. Ahora bien, se pone de presente que la Sección Primera del Consejo de Estado en la
sentencia del 14 de febrero de 199031, al pronunciarse sobre una acción de nulidad que se
promovió contra el Decreto Ejecutivo 1685 de 1987 a través del cual se designó un ministro
delegatario y se le asignaron transitoriamente algunas funciones constitucionales, sostuvo:
El examen del cargo se hace a la luz de precepto constitucional pertinente. Según noticia del
propio actor, el establecimiento del Ministro Delegatario obedeció al hecho de que con el sistema
anterior al Acto Legislativo No. 1 de 1977, se presentaba el problema de la "dualidad de que
Colombia tenía en tales circunstancias (con los viajes del Presidente al Exterior) dos Presidentes,
29
«Artículo 1° Deber fundamental del militar, Es deber fundamental del militar por su honor, la disposición permanente para defender a
Colombia, incluso con la entrega de la propia vida cuando sea necesario, cumpliendo la Constitución Política, las leyes y los reglamentos,
respetando los preceptos, principios, valores y virtudes inherentes a la carrera militar».
30
Ob. Cit. «Artículo 189, numerales 3, 4, 5 y 6, de la Constitución».
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de febrero de 1990, M.P. Simón
Rodríguez Rodríguez, Rad. 722.
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uno viajando por el extranjero y el otro gobernando en Bogotá, lo cual restaba prestancia al titular
del poder ejecutivo que salía a representar al país en conferencias o visitas internacionales" (fl.
16). Sin entrar aún en el examen del precepto constitucional puede adelantarse que con este
precedente, el Ministro Delegatario suple la ausencia temporal del presidente, lo hace en
virtud del acto de delegación de aquél y para las precisas materias que le señala y actúa
dentro de la órbita que le corresponde al Presidente de la República, sin usurparle la
dignidad que el orden jurídico le atribuye a éste.
(…) Para la Sala es claro que la Constitución Nacional establece dos clases de delegación:
la mencionada del artículo 128 (que es atribución de funciones constitucionales) y la del
artículo 135 (que es la que el Presidente de la República puede efectuar en sus ministros para
llevar a cabo una especie de desconcentración).
No hay que olvidar que la institución de la delegación del 128 tuvo origen en la inconveniencia
de que fuera el Primer Designado quien supliera las ausencias temporales del Presidente de la
República. Mientras el delegado, según el artículo 128 C.N., es un reemplazo del Presidente
de la República, según el artículo 135 es un mero colaborador. Respecto de esta disposición el
Consejo de Estado se ha pronunciado acerca de materias que le están vedadas al funcionario
delegado.
En relación con el inciso 4º del artículo 128 de la Constitución Política se debe observar que no
se habla de ninguna limitación a la posibilidad de delegar funciones constitucionales. La
interpretación más confiable lleva a pensar que depende de la discrecionalidad del Presidente
de la República y de las necesidades del momento la determinación de las funciones
delegadas. El precepto en mención no señala restricción alguna a las facultades que por vía
de delegación puede ejercer el Ministro encargado mientras dura el viaje del Presidente
de la República al Exterior.
Para la Sala no son admisibles los argumentos que se relacionan con que el Ministro delegatario
(sic) no haya sido elegido por voto popular, sea un coronel retirado y pueda presidir el ascenso
de militares de superior jerarquía castrense a la suya propia, o dentro de las facultades de los
artículos 121 y 122 de la Constitución Política aparezca su firma, no como ministro de igual
jerarquía a los demás sino como encargado de la Presidencia para las facultades precisas
que se le asignaron por delegación. Sobre los fundamentos legales de que ciertas atribuciones
presidenciales son indelegables no aporta dato alguno la demanda. Las decisiones
jurisdiccionales a que alude vienen a ser intentos de hallar una limitación al ejercicio de las
facultades delegadas que como se ha explicado no encuentra el Consejo de Estado que
existe, Se observa del mismo modo que el precepto constitucional no remite a la ley
posibilidad de hacerlo como sí lo hace en el caso del artículo 135 ibídem, al señalar en el
inciso primero que "las funciones que pueden ser delegadas serán señaladas por la ley".
(Negrita fuera del texto).
89. En esta oportunidad, en síntesis, se consideró lo siguiente:
• La institución del ministro delegatario no usurpaba la dignidad del presidente de la
República, toda vez que la entrega de funciones era transitoria y su fundamento era el
traslado temporal del primer mandatario a territorio extranjero.
• La Constitución Política de 1886 estableció dos clases de delegación que no podían
confundirse. La del 128 que permitía que existiera un «remplazo» del presidente de la
República y la del 135 que permitía que el primer mandatario tuviera un «mero
colaborador».
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• El inciso cuarto32 del artículo 128 no impuso limitaciones al presidente de la República
para entregar momentáneamente sus funciones constitucionales al ministro delegatario
mientras se encuentra en el extranjero.
• El artículo 135 determinó que la delegación no es facultativa del primer mandatario,
por cuanto el traslado de atribuciones debe estar señalado por una ley.
90. Por esas razones se negaron las pretensiones de la demanda que estaban dirigidas a
que se declarara la nulidad del Decreto Ejecutivo 1685 de 1987.
91. Conviene precisar que el análisis de la Sección Primera del Consejo de Estado se
realizó en vigencia de la Constitución Política de 1886, razón por la cual conviene hacer
una comparación entre las disposiciones de esa norma y las de la Constitución Política de
1991.
92. Lo anterior, para determinar si las conclusiones a las que se llegó en 1990 resultan
aplicables a la controversia planteada en el trámite de la referencia. Obsérvese:
Institución Constitución Política de 1886 Constitución Política de 1991
Ministro Artículo 128. El Presidente de la Artículo 196. El Presidente de la República, o
delegatario República o quien haga sus veces no quien haga sus veces, no podrá trasladarse a
podrá trasladarse a territorio extranjero territorio extranjero durante el ejercicio de su
durante el ejercicio de su cargo, sin aviso cargo, sin previo aviso al Senado o, en receso
previo al Senado, en receso de éste, a la de éste, a la Corte Suprema de Justicia.
Corte Suprema de Justicia.
La infracción de esta disposición implica
La infracción de esta disposición implica abandono del cargo.
abandono del puesto.
El Presidente de la República, o quien haya
El Presidente de la República o quien ocupado la Presidencia a título de encargado,
haya ocupado la Presidencia a título de no podrá salir del país dentro del año siguiente
encargado, no podrá salir del país dentro a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus
del año siguiente a la fecha en que cesó funciones, sin permiso previo del Senado.
en el ejercicio de sus funciones, sin
permiso previo del Senado. Cuando el Presidente de la República se
traslade a territorio extranjero en ejercicio
Cuando el Presidente de la República de su cargo, el Ministro a quien
se traslade a territorio extranjero en corresponda, según el orden de
ejercicio del cargo, el Ministro a quien precedencia legal, ejercerá bajo su propia
corresponda, según el orden de responsabilidad las funciones
precedencia legal, ejercerá, bajo su constitucionales que el Presidente le
propia responsabilidad, las funciones delegue, tanto aquellas que le son propias
constitucionales que el Presidente le como las que ejerce en su calidad de Jefe
delegue. El Ministro delegatorio del Gobierno. El Ministro Delegatario
pertenecerá al mismo partido político pertenecerá al mismo partido o
del Presidente. (Negrita propia) movimiento político del Presidente.
(Negrita propia)
Delegación de Artículo 135. Los Ministros y los Jefes Artículo 211. La ley señalará las funciones
funciones del de Departamentos Administrativos, que el Presidente de la República podrá
como Jefes Superiores de la delegar en los ministros, directores de
presidente de la Administración, y los Gobernadores, departamentos administrativos,
República como agentes del Gobierno, pueden representantes legales de entidades
ejercer, bajo su propia descentralizadas, superintendentes,
responsabilidad, determinadas gobernadores, alcaldes y agencias del Estado
funciones de las que corresponden al que la misma ley determine. Igualmente,
Presidente de la República, como fijará las condiciones para que las autoridades
suprema autoridad administrativa, según administrativas puedan delegar en sus
lo disponga el Presidente. Las funciones subalternos o en otras autoridades.
que pueden ser delegadas serán
señaladas por la ley. La delegación exime de responsabilidad al
delegante, la cual corresponderá
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«Cuando el Presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio del cargo, el Ministro a quien corresponde según
el orden de precedencia legal, ejercerá, bajo su propia responsabilidad, las funciones constitucionales que el Presidente le delegue. El
Ministro Delegatario pertenecerá al mismo partido político del Presidente».
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Demandante: Carlos Andrés Echeverry Restrepo y otros
Demandado: Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez
Radicado: 11001-03-24-000-2024-00014-00
La delegación exime al Presidente de exclusivamente al delegatario, cuyos actos o
responsabilidad, la cual corresponderá resoluciones podrá siempre reformar o
exclusivamente al delegatario, cuyos revocar aquel, reasumiendo la
actos o resoluciones podrá siempre responsabilidad consiguiente.
reformar o revocar el Presidente,
reasumiendo la responsabilidad La ley establecerá los recursos que se pueden
consiguiente. (Negrita propia) interponer contra los actos de los
delegatarios. (Negrita propia)
93. De conformidad con lo expuesto, se advierte que el ministro delegatario y la delegación
de funciones del presidente de la República son dos instituciones jurídicas presentes en las
constituciones de 1886 y 1991.
94. Igualmente, se observa que las normas comparadas mantienen una redacción similar
y contienen los mismos mandatos.
95. Por lo tanto, la Sala estima que las consideraciones de la Sección Primera del Consejo
de Estado en la sentencia del 14 de febrero de 1990 resultan aplicables a la controversia
planteada en el trámite de la referencia.
96. Además, se observa que la diferenciación que se realizó en esa oportunidad entre las
instituciones del ministro delegatario y la delegación de funciones del presidente de la
República coincide con el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-
802 de 2006 y que se referenció en el marco teórico de esta providencia.
97. En ese sentido, se debe precisar que la limitación para delegar funciones se predica
exclusivamente de la facultad prevista en el artículo 211 de la Constitución Política y no de
la transmisión temporal de atribuciones dispuesta en el artículo 196.
98. Se insiste en que el ministro delegatario es una figura especial que se aplica cuando el
presidente de la República se traslada a territorio extranjero y se busca evitar un vacío de
poder, razón por la cual no puede asimilarse a la delegación de funciones a través de la ley
que es la que se predica del artículo 211 de la Constitución Política.
99. Así las cosas, se concluye que (i) no se infringieron los artículos 189 y 196 de la
Constitución Política; (ii) las sentencias C-496 de 1998, C-272 de 1998 y C-430 de 2019 no
establecen reglas de decisión que se refieran a la institución del ministro delegatario; y (iii)
la institución del ministro delegatario no tiene limitación frente a la delegación de funciones
del presidente de la República cuando se traslada a territorio extranjero.
100. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda contra el Decreto
2059 del 28 de noviembre de 2023, mediante cual se designó como ministro delegatario al
señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez.
2.8. Otras consideraciones
101. Se reconocerá personería al abogado Javier Mantilla Rojas como apoderado del
Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos y para los fines del poder obrante
en el expediente33.
33
El documento puede ser consultado en el índice 37 del sistema de información SAMAI del proceso 11001-03-24-000-2024-00014-00.
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Demandado: Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez
Radicado: 11001-03-24-000-2024-00014-00
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: RECONOCER personería al abogado Javier Mantilla Rojas, como apoderado
del Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos y para los fines del poder
obrante en el expediente.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda que presentaron los señores Carlos
Andrés Echeverry Restrepo, Ángela María Moncayo Hurtado y Daniel Zapata Molina contra
el Decreto 2059 del 28 de noviembre de 2023, de conformidad con los argumentos expuestos
en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes, conforme lo dispone el artículo 289
de la Ley 1437 de 2011.
CUARTO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081».
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