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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2024-00300-00

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2024-00300-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: INVALIDAR las siguientes expresiones contenidas en el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del 23 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B: «de suerte que los demandantes podrán continuar el usufructo de los vehículos con placas WEV558 y WEX056 durante máximo cinco (05) años más, esto es, hasta el año 2028, momento en el que fenecerá su inscripción como vehículos de servicio público sin derecho a reposición por otro vehículo de transporte público, únicamente podrá realizarse el cambio a uso particular, de cumplirse los requisitos previstos en la legislación vigente. La anterior anotación, deberá estar inscrita por la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD en el Registro Único Nacional de Tránsito para conocimiento de terceros», por las razones previstas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NO CONDENAR EN COSTAS, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. CUARTO: En firme esta providencia, se ordena DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2024-00300-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 24 000 2024 00300 00
Demandante: José Genaro López Salguero y Natividad Arango Perilla
Demandado: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C y Tribunal Administrativo
de Cundinamarca
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Resuelve recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara fundado

La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión formulado mediante
apoderado judicial por los señores José Genaro Salguero y Natividad Arango Perilla,
quienes invocaron la causal 5.a del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), en contra de la
sentencia del 23 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1.1.1. Los señores Claudia Patricia Torres Perdomo, José Genaro López y Natividad
Arango Perilla, a través de apoderado judicial, interpusieron demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, con el
fin de obtener la nulidad del Auto nro. 43254 de 2015, “Por medio del cual la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. da cumplimiento a la sentencia de segunda
instancia proferida por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá dentro de la Acción de
Tutela No. 2013-01497”.

En el capítulo atinente a las pretensiones se solicitó lo que se transcribe enseguida:

1. Se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN (auto) 43254 de 2015, dictado por la
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MOVILIDAD DE BOGOTA, por medio del cual se
revocó los ACTOS ADMINISTRATIVOS, que reconocieron el derecho de propiedad por
traspaso como compradores de buena fe sobre los siguientes vehículos:

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Radicado: 11001 03 24 000 2024 00300 00
Demandante: José Genaro López Salguero y otro
Demandados: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y otro

Se deja inhabilitado los registros automotores y se determina la devolución de placas,
tarjetas de operación y otros documentos de los rodantes enlistados en dicho auto,
teniendo en cuenta las consideraciones de orden fáctico y jurídico que se sustentarán en
la demanda.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del
derecho, ordénese la continuación de los efectos jurídicos generados en el acto
administrativo (AUTO) mediante el cual se admite la matrícula y el posterior traspaso
como segundos propietario, de los vehículos de placas WEV 558 Y WEX 056, automóvil
de servicio público color amarillo, de propiedad de mis prohijados y que fue revocado
mediante el acto 43254 de 2015 expedido por la SECRETARIA DE MOVILIDAD; es
decir que se les restablezca el derecho a la propiedad a mis representados, de los
rodantes ya señalados y se siga disfrutando la garantía que le otorga el goce, disfrute y
explotación de éstos vehículos de servicio público tipo taxi, suspendido y revocado por el
acto del cual se solicita la nulidad.

3. Que como consecuencia de la nulidad decretada, se solicita el pago de perjuicios
materiales causados a mis representados, CLAUDIA PATRICIA TORRES PERDOMO,
JOSE GENARO LÓPEZ SALGUERO Y NATIVIDAD ARAGÓN PERILLA, por y como
consecuencia del acto del cual se pide la nulidad que le retiró del servicio público,
ordenó la cancelación de matrícula, traspasos, el retiro del servicio público, la entrega de
documentos y placas de los rodantes de placas WEV 558 y WEX 056 Así:

LUCRO CESANTE: La suma de $6.000.000,oo, correspondiente al producido diario que
dejó de percibir mis representados, por no permitírsele operar el servicio público de su
carro desde el 27 de julio de 2015, fecha en que fue notificado el acto administrativo
43254 de 2015, y que se le ordenó a mis prohijados no prestar el servicio público y se
notificó la revocatoria de la matrícula y el traspaso realizado a mis poderdantes,
inhabilitó el registro, ordenó la devolución de tarjetas de operación, licencias de tránsito,
revocó todos los actos administrativos sobre los rodantes de placas WEV 558 y WEX
056, de propiedad de CLAUDIA PATRICIA TORRES PERDOMO, propietaria del primero
de los carros señalados anteriormente y JOSE GENARO LOPEZ SALGUERO Y
NATIVIDAD ARAGÓN PERILLA, propietarios del segundo rodante señalado
anteriormente, más las pérdidas que deba soportar a futuro por dicha medida, que se
calcularán en el momento oportuno, las cuales taso así:

4. Se condene a la entidad SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD a pagar daños
morales a mis poderdantes por la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes por cada uno de ellos, entendiendo el daño causado con el impacto de posible
pérdida de su patrimonio, generado en la salud y en las consecuencias emocionales que
traduce la notificación de un acto arbitrario y dañino como el expedido por la entidad de
MOVILIDAD DE BOGOTÁ, la angustia que han sufrido mis prohijados, al tener que
soportar el problema que se genera con las entidades Bancarias o financieras para
atender las cuotas y evitar embargos y situaciones que avasallen con el patrimonio de
éstas.

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Demandante: José Genaro López Salguero y otro
Demandados: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y otro

5. La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas líquidas
de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustarán dichas condenas a lo señalado
en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

6. Para cumplimiento de la sentencia, se ordenará la aplicación a los artículos 189 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.1

1.1.2. Como causales de nulidad formularon las siguientes: i) inoponibilidad del acto
respecto a los demandantes como terceros de buena fe; ii) violación de las normas en
que debía fundarse el acto; iii) falta de competencia para expedir la decisión; iv) falsa
motivación, y iiv) desviación de poder.

1.1.3. De la demanda identificada con el número de radicado 11001 33 34 004 2015
00407 04 conoció en primera instancia el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que, en sentencia del 30 de septiembre de 2021, resolvió:

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del Auto No. 43254 de 2015, proferido por
BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, en lo que se hace
referencia a los vehículos de placas WEV558 y WEX056, por haber sido expedido
irregularmente, conforme a lo expuesto.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a BOGOTÁ D.C. –
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, a restaurar en favor de los demandantes los
derechos de propiedad y circulación de los vehículos de placas WEV558 y WEX056,
contenidos en los actos administrativos de contenido particular y concreto revocados
irregularmente con ocasión del Auto No. 43254 de 2015, conforme a lo expuesto.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: DEVOLVER a la parte demandante el remanente que hubiese a su favor,
previa liquidación por concepto del depósito de expensas para atender los gastos
ordinarios del proceso.

SEXTO: Notificar la presente sentencia a las partes.

SÉPTIMO: Ejecutoriada la Sentencia, archívese el expediente, previas las anotaciones
de rigor.2

1.1.4. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, conoció el anotado proceso.

II. LA SENTENCIA OBJETO DEL RECURSO DE REVISIÓN

2.1. A través de sentencia del 23 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, modificó el numeral segundo de
la sentencia del 30 de septiembre de 2021, condenando a la Secretaría Distrital de
Movilidad de Bogotá a restaurar a los demandantes los derechos de propiedad y
circulación de los vehículos con placas WEV558 y WEX056, que podrían utilizarlos para

1 Visible a índice 27 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
2 Folios 19 y 20 de la sentencia de primera instancia en el proceso 11001 33 34 004 2015 00407 04.

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Demandante: José Genaro López Salguero y otro
Demandados: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y otro

prestar el servicio público de taxi hasta el año 2028. Además, indicó que solo se
permitirá el cambio a uso particular si se cumplen los requisitos previstos en el orden
jurídico. En lo demás, se confirmó la decisión.

La parte resolutiva de la anotada decisión se transcribe enseguida:

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la Sentencia del
30 de septiembre de 2021 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Bogotá D.C., el cual quedará así: “SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho,
CONDENAR a BOGOTÁ D.C.- SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, a restaurar
en favor de los demandantes los derechos de propiedad y circulación de los vehículos
de placas WEV558 y WEX056, contenidos en los actos administrativos de contenido
particular y concreto revocados irregularmente con ocasión del Auto No. 43254 de 2015,
de suerte que los demandantes podrán continuar el usufructo de los vehículos con
placas WEV558 y WEX056 durante máximo cinco (05) años más, esto es, hasta el año
2028, momento en el que fenecerá su inscripción como vehículos de servicio público sin
derecho a reposición por otro vehículo de transporte público, únicamente podrá
realizarse el cambio a uso particular, de cumplirse los requisitos previstos en la
legislación vigente.

La anterior anotación, deberá estar inscrita por la SECRETARÍA DISTRITAL DE
MOVILIDAD en el Registro Único Nacional de Tránsito para conocimiento de terceros.”

SEGUNDO.- CONFIRMAR en sus restantes la sentencia apelada, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. - ABSTENERSE DE CONDENAR en costas en esta instancia.

CUARTO. - Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de
origen.3

Para llegar a la anotada conclusión, presentó el marco jurídico de la revocatoria directa
de los actos administrativos, el derecho al debido proceso y a la defensa, así como la
cuestión de la falsa motivación.

Al analizar el caso en concreto, adujo que, con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, se buscaba la declaratoria de nulidad del auto nro. 43254
de 2015, mediante el cual la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá dejó sin efectos
los actos administrativos que otorgaron la matrícula a los vehículos con placas WEV558
y WEX056.

Asimismo, hizo un recuento de los antecedentes administrativos que dieron origen al
acto acusado, destacando los siguientes hechos:

i) El señor Moisés Borbón Novoa interpuso una acción de tutela contra la entidad
mencionada, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales ante la negativa
de reponer treinta y tres (33) cupos de taxi. El Juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá,
mediante sentencia del 30 de octubre de 2013, negó las pretensiones.

ii) El 16 de diciembre del mismo año, se radicó ante la Secretaría de Movilidad un
supuesto fallo de segunda instancia que revocaba la decisión del a quo y en su lugar
ordenaba tramitar la cancelación de matrículas y su reposición, sin necesidad de contar
con la tarjeta de operación, censo o cualquier otro requisito.

3 Ibidem.

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iii) En cumplimiento de la orden judicial, la entidad acusada emitió las matrículas
WEX056 y WEW558, en reposición de las placas SB4925 y SC7132, respectivamente.

iv) Posteriormente, el 31 de marzo de 2015, se recibió en la Secretaría de Movilidad el
oficio nro. 15-0386, aparentemente emitido por el Juzgado 10 Civil del Circuito de
Bogotá, en el que se solicitaba que informara los motivos por los cuales no se
repusieron los vehículos SA7427 y SB3061, a lo cual la autoridad dio cumplimiento.

v) Sin embargo, mediante Oficio nro. 774 del 8 de abril de 2015, el secretario del
referido Juzgado devolvió el escrito de la Secretaría de Movilidad, aclarando que el
oficio nro. 15-0386 era falso, ya que nunca fue expedido por ese Despacho; y, a su vez,
envió la copia del verdadero fallo de segunda instancia.

vi) Como consecuencia, se presentó una denuncia penal contra del señor Moisés
Borbón Novoa y, mediante auto nro. 43254 de 2015, la autoridad de tránsito dejó sin
efectos las actuaciones que surgieron del cumplimiento de la decisión judicial que
nunca profirió el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá.

Al descender al caso en concreto, mencionó que, de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la existencia de los actos administrativos se configuraba desde el
momento en que la autoridad manifiesta su voluntad. En consecuencia, los autos
mediante los cuales se dispuso a conceder la reposición de los vehículos de placas
SC7132 y SB4925 por los automotores WEV558 y WEX056, existían en la vida jurídica
y gozaban de presunción de legalidad. Lo mismo aplicaba para los de elaboración de la
tarjeta de operación, los cambios de empresa, expedición de certificados de tradición,
inscripciones de prenda, traspasos y transiciones en el censo.

Adujo que en el expediente se probó que los señores José Genaro López Salguero y
Natividad Aragón Perilla adquirieron el vehículo tipo taxi con placas WEV558, en virtud
del contrato de compraventa celebrado el 22 de febrero de 2014 con la señora Johanna
Catalina González Carrasco; ese mismo día fue vinculado a la empresa Celutax y el 29
de febrero de ese año, se expidió la licencia de tránsito nro. 10006946757, lo que
acreditó la propiedad en cabeza de las mencionadas personas. Igual situación ocurrió
con el taxi de placas WEX056, que fue adquirido por la señora Claudia Patricia Torres
Perdomo mediante compraventa del 16 de mayo de 2014 suscrita con el señor Jaime
González Arévalo.

Señaló que, aunque los accionantes no hubiesen realizado los registros iniciales de los
automotores ni los trámites relacionados con los censos efectuados con anterioridad a
su adquisición, los derechos les fueron transferidos válidamente con la compraventa y
el traspaso formalizado y oficializado ante las autoridades de tránsito distrital.

Expuso que, en el artículo décimo del acto acusado, se le reconoció a los demandantes
la condición de propietarios de los citados vehículos. Por lo tanto, el caso correspondía
a una revocatoria directa de los actos administrativas relacionadas con los vehículos
tipo taxi con placas WEV558 y WEX056, ya que, aunque la entidad sostiene que actuó
en cumplimiento de un fallo de tutela, en realidad revocó decisiones previamente
adoptadas con base en un presunto error inducido, afectando actos con efectos
particulares y concretos a favor de los demandantes.

Resaltó que, de acuerdo con el artículo 97 del CPACA, la administración contaba con 2
mecanismos para revocar decisiones que afectan el interés particular, que son: i) por
vía administrativa, con el consentimiento del titular del derecho, y ii) acudiendo ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin que el primero constituya requisito de
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procedibilidad para el segundo. En ese sentido, al no contar la Secretaría de Movilidad
de Bogotá con el consentimiento del titular, debió acudir al Juez Contencioso para
solicitar la suspensión temporal de los efectos del acto, lo cual no ocurrió. Por lo tanto,
el Auto nro. 43254 de 2015 se encontraba viciado.

Frente al restablecimiento del derecho pretendido, advirtió que la nulidad parcial del
citado acto implicaba que las decisiones administrativas revocadas irregularmente,
como son la matrícula y el traspaso de los vehículos WEV558 y WEX056, continuaran
vigentes, lo que generaría el restablecimiento del derecho de propiedad, goce, disfrute y
explotación de los vehículos que prestan el servicio público de taxi a favor de los
demandantes. Sin embargo, como el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Bogotá en auto del 27 de julio de 2018, que fue confirmado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 30 de septiembre de 2019, dispuso suspender los
efectos del acto administrativo nro. 43254 de 2015, se evidenciaba que durante cinco
(5) años los propietarios utilizaron los automotores, logrando recuperar la inversión en la
que incurrieron para adquirirlos.

Sobre los perjuicios materiales alegados, afirmó que los demandantes aportaron un
dictamen pericial rendido por el contador público Gustavo Gómez Moreno, en el que se
definió por lucro cesante el valor de doscientos trece millones ciento cuatro mil
ochocientos cincuenta y dos ($213.104.852). No obstante, los certificados que sirvieron
como fundamento para el estudio correspondían a los años 2019 y 2020, lo que resultó
incongruente con los periodos liquidados, pues el allí facturado corresponde al 5 de
octubre de 2015 y 17 de abril de 2018.

Indicó que no se había especificado si el promedio mensual dejado de devengar por los
demandantes correspondía a ganancias netas o si se tuvieron en cuenta los días en los
que los vehículos no podían prestar el servicio y los gastos anuales del mismo. Aunque
en la audiencia del 29 de abril de 2021, el perito afirmó que el valor de $2.700.000 era
neto, no detalló los costos descontados ni aportó evidencia concreta de las fuentes
consultadas, algunas de las cuales eran del 2019. En tal sentido, no correspondían al
plazo liquidado. Como consecuencia de ello, resolvió no tener en cuenta el dictamen
pericial.

Manifestó que se encontraba de acuerdo con el Juez de primera instancia, pues no era
procedente acceder a la tasación de perjuicios solicitada por los demandantes
basándose en estudios de Fenalco y la Andi, debido a que la legalidad de los actos y el
restablecimiento debían resolverse de conformidad con las pretensiones, argumentos y
pruebas presentadas oportunamente. Sin embargo, dichos documentos resultaban
sorpresivos para las autoridades acusadas, vulnerando así su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que no podían usarse para suplir la falta de pruebas del
demandante.

Ahora, sobre los perjuicios inmateriales, adujo que no se desplegó material probatorio
tendiente a acreditar el dolor, sufrimiento y/o la angustia padecida con el acto
impugnado. Por lo tanto, no le serían reconocidos.

Precisó que, aunque la entidad incurrió en una falencia procesal al expedir el auto
acusado, los actos relacionados con la reposición de los vehículos SC7132 y SB4925
por los WEX 056 y WEV 559 se originaron por errores inducidos por un tercero, quien,
en pleno conocimiento de su conducta irregular, transfirió la propiedad de los
automotores ocultando sus vicios. Por ello, se promovió una acción penal en la que los
demandantes pueden solicitar el reconocimiento de perjuicios que se derivan de dicha
circunstancia.
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Por último, dispuso modificar el fallo de primera instancia, con el propósito de precisar
que los actores podían continuar con el usufructo de los vehículos de placas WEX 056 y
WEV 559 durante 5 más, es decir, hasta el 2028, momento en el que su inscripción
como vehículo de servicio público finalizara, sin tener derecho a reposición; únicamente,
podrán cambiarlos a uso particular, si se cumplen con los requisitos previstos en la
norma vigente.

III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

3.1. Mediante escrito del 24 de octubre de 2024, los señores José Genaro López
Salguero y Natividad Arango Perilla, por intermedio de apoderado judicial, formularon
recurso extraordinario de revisión en el que invocaron la causal prevista en el numeral 5
del artículo 250 del CPACA.

3.2. Como pretensiones señalaron:

F. PETICION:

1. Con el debido respeto solicito al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, se
tenga presentado en tiempo y forma el presente RECURSO EXTRAORDIARIO DE
REVISION en contra de la SENTENCIA EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION PRIMERA SUBSECCION B.
MAGISTRADO PONENTE DR. MOISES RODRIGHO MAZABEL PINZON, SENTENCIA
DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, dentro del proceso 11001-33- 34-004-2015-00407-
04, DE CLAUDIA PATRICIA TORRES Y OTROS CONTRA SECRETARIA
DEMOVILIDAD DE BOGOTA.

2. Una vez agotado el procedimiento legal, se decrete la nulidad parcial de la
sentencia, y ordene al TRIBUNAL emita sentencia reconociendo los derechos plenos de
mis representados sin límite alguno, tal y como lo decidió el JUEZ 4 ADMINSTRATIVO
DE BOGOTA.

Manifestó que, si bien el fallo se enmarcó en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y se constató la violación de normas superiores, el
Tribunal introdujo de forma errónea argumentos propios de la acción de reparación
directa, al señalar la falta total de responsabilidad de la Secretaría de Movilidad de
Bogotá por la conducta de terceros que falsificaron una sentencia de tutela, lo cual
presuntamente rompió el nexo de causalidad. Por lo tanto, mezcló indebidamente 2
medios de control distintos.

Expuso que la entidad vulneró el artículo 97 del CPACA, por lo que la consecuencia
debió ser la nulidad de la decisión de la administración, tal como inicialmente lo señaló
el Tribunal. Sin embargo, este erró al considerar que la responsabilidad debía
compartirse con terceros que engañaron a la Secretaría, uniendo así elementos de la
jurisdicción Penal y la Contencioso Administrativa, pues ordenó que los demandantes
acudieran a la primera para reclamar sus perjuicios, desnaturalizando el medio de
control de nulidad y restablecimiento.

Asimismo, sostuvo que la sentencia carecía de motivación, ya que no se analizó
individualmente cada prueba, ni se valoró de manera integral el conjunto del material
probatorio para sustentar que los actores hubiesen incurrido en condutas delictivas
junto con los terceros con el fin de engañar a la entidad demandada. Por lo tanto, no se
le podían atribuir a los recurrentes las consecuencias de dichos comportamientos
ilícitos.
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Aseguró que el Tribunal, al abordar el restablecimiento del derecho en la sentencia
recurrida, incurrió en un exceso en sus funciones al considerar que los demandantes ya
habían recuperado su inversión con el uso de los vehículos desde el año 2018, y que la
entidad había sido engañada por un tercero. Indicó que con ello se introdujo de manera
indebida una causal de inexistencia parcial de responsabilidad que no había sido
planteada.

Manifestó que, a pesar de que fueron resueltas las excepciones de falta de jurisdicción,
y la del delito no es fuente de derecho, el Tribunal decide remitir la reclamación de los
perjuicios a la Jurisdicción Penal, lo cual va en contravía de la finalidad de lo
Contencioso Administrativo, que es la competente para resolver esa clase de
cuestionamientos.

3.3. En el acápite denominado “Hechos u omisiones que sirven de fundamento”4, se
narró el trámite judicial surtido en primera y segunda instancia, incluyendo un resumen
de las sentencias proferidas por el Juzgado y el Tribunal. Asimismo, informó que se
interpuso una acción de tutela contra el fallo del 23 de noviembre de 2023, la cual fue
declarada improcedente por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, debido a que
contaba con el recurso extraordinario de revisión.

Seguidamente, expuso que el fallo recurrido violó el principio de congruencia, al decidir
extrapetita y minuspetita. Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
desconoció la pretensión de restablecimiento que fue reconocida por el Juzgado 4
Administrativo de Bogotá, ya que se recortó la garantía que ostentaba para trabajar los
vehículos a 5 años.

Dijo que la Secretaría de movilidad nunca solicitó la revisión, modificación o anulación
de los actos que otorgaron las matrículas, tarjeta de operación, placas y la propiedad de
los vehículos, ni cuestionó su legalidad; tampoco desvirtuó la presunción de buena fe
invocada en la demanda, por lo que la autoridad judicial reconoció un derecho que no
se reclamó por la administración. Por lo tanto, al haber analizado dicho aspecto, que era
nuevo, se vulneró el derecho al debido proceso, al desconocerles a las partes la
oportunidad de cuestionar, probar y discutir los argumentos.

Expuso que en ningún momento se planteó como problema jurídico que la supuesta
irregularidad cometida por la Secretaría de Movilidad, derivada del engaño de un
tercero, fuese motivo suficiente para cuestionar los actos particulares y concretos que le
otorgaron a los actores la propiedad y demás prerrogativas sobre los vehículos. Por lo
tanto, al analizarse la legalidad de estos y con la imposición de una sanción más
gravosa que la del Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá excedió el marco procesal
establecido; más aún, cuando dicho asunto no fue expuesto en los recursos de
apelación presentados por los demandantes ni por la entidad acusada.

IV. CONTESTACIÓN

La Secretaría de Movilidad de Bogotá, guardó silencio durante el término concedido
para contestar la demanda.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

4 Ibidem.

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Demandante: José Genaro López Salguero y otro
Demandados: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y otro

El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado rindió informe argumentando lo
siguiente:

Manifestó que el recurso extraordinario de revisión interpuesto no cumplía con los
requisitos establecidos para su procedencia, ya que su propósito era realizar un control
de legalidad sobre la sentencia, como si fuese una tercera instancia, sin tener en cuenta
que en el presente caso operó el fenómeno de la cosa juzgada.

Resaltó que es clara la inconformidad de los recurrentes con la decisión que tomó el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sin embargo, el objeto del recurso es el de
permitir que se efectué un nuevo estudio del asunto, cuando el fallo fue afectado por
fenómenos externos que no fueron puestos de presente dentro del trámite del proceso
contencioso.

Aseguró que la autoridad judicial cuestionada motivó adecuadamente el fallo del 23 de
noviembre de 2023 y que la parte resolutiva guardó coherencia con lo solicitado en el
proceso. Asimismo, no advirtió omisión alguna en el pronunciamiento del juez respecto
de las razones de hecho o de derecho que sustentaron la decisión, por lo que resulta
evidente que lo que se pretende es reabrir el debate, sin que se cumplan los requisitos
exigidos por la causal quinta del artículo 250 del CPACA.

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Jurisdicción y competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo
previsto en los artículos 248, 249 y 250 numeral 5 del CPACA, esta Sala es competente
para conocer del asunto de la referencia.

6.2. Hechos

6.2.1. Los señores José Genaro López Salguero, Natividad Aragón Perilla y Claudia
Patricia Torres Perdomo presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del Auto nro. 43254 de 2015, “Por medio del cual la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. da cumplimiento a la sentencia de segunda
instancia proferida por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá dentro de la Acción de
Tutela No. 2013-01497”, expedido por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. El
conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá
bajo el radicado número 11001 33 34 004 2015 00407 04.

6.2.2. El 30 de septiembre de 2021, profirió sentencia declarando la nulidad parcial del
acto acusado y, a título de restablecimiento, ordenó que se restauraran los derechos de
propiedad y circulación de los vehículos de placas WEV558 y WEX056, que fueron
adquiridos por los demandantes.

6.2.3. La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá radicó recurso de apelación.

6.2.4. El 23 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, profirió sentencia de segunda instancia, mediante la
cual modificó la anterior decisión, en el sentido de que, a título de restablecimiento del
derecho, los actores podrían continuar usufructuando los citados vehículos por un
periodo máximo 5 años, es decir, hasta el año 2028, momento en el cual se extinguiría
la inscripción de estos, sin derecho a reposición por otro automotor.

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6.2.5. Los señores José Genaro López Salguero y Natividad Arango Perilla
interpusieron recurso extraordinario de revisión con sustento en la causal 5. a del artículo
250 del CPACA.

6.3. Planteamiento

Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala advierte que las
discrepancias entre las partes giran en torno a la configuración de la causal establecida
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

En efecto, para los demandantes, la providencia recurrida adolece de incongruencia
interna y externa por las siguientes razones: (i) se introdujeron de forma errónea
argumentos del medio de control de reparación directa, al señalar la falta de
responsabilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá por el hecho de un
tercero y al atribuir a los demandantes las consecuencias de las conductas delictivas
que, supuestamente, habrían ejecutado en conjunto con el anotado tercero; y (ii)
reprocharon que el juez de segunda instancia hubiese señalado que los vehículos
destinados al servicio público de taxi solo podrían operar por 5 años más, sin que en el
recurso de alzada contra la sentencia de primera instancia se hubiera controvertido que
los actos expedidos por la Secretaría de Movilidad fueron producto del error en que
dicha entidad fue inducida por un tercero, lo cual ocasionó la expedición de las
matrículas y permisos correspondientes.

6.4. El recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal que implica una
excepción a la cosa juzgada, pues constituye un medio de impugnación de las
sentencias que han producido plenos efectos jurídicos.

Ahora, como dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial
ejecutoriada, las decisiones que se producen con ocasión de su interposición son de
carácter excepcional, restrictivo, y están sometidas a las causales taxativamente
previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia 5; no
comporta entonces una nueva oportunidad procesal para reabrir el debate judicial, suplir
la omisión probatoria de las partes, corregir yerros en la interpretación o la aplicación
del derecho o en la valoración de las pruebas.

En tal sentido, el recurrente debe cumplir los requisitos para presentar la demanda
consagrados en el artículo 252 del CPACA, en los que, además de designar las partes y
su representante, el nombre y domicilio del recurrente y los hechos y omisiones que el
sirven de fundamento, deberá señalar con precisión la causal y exponer los motivos que
justifican su procedencia.6

6.5. Único cargo: “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación” (numeral 5 del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011).

6.5.1. Alcance de la causal invocada

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de 1993,

Rad. 1992-00037-00 (Rev).
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, Rad.

2012-00231-00 (Rev).
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Los presupuestos de configuración de la causal invocada son, de un lado, la existencia
de una nulidad que se origina en una sentencia ejecutoriada que puso fin al proceso, y
de otro, que contra dicha decisión no proceda recurso de apelación. Adicionalmente, la
jurisprudencia la ha entendido configurada cuando se evidencie vulneración del derecho
al debido proceso. El siguiente pronunciamiento recoge su alcance:

De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal necesita, de un
lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia y, del otro, que contra
ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a que el legislador no
determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha configurado una
“nulidad originada en la sentencia”, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la
que ha dotado de contenido esta disposición7.

Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones “originadas
en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con influencia en la
decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia
de la actuación”8.

En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto implica
corroborar que: i) el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que se materializó
con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) la anomalía es de tal magnitud que
configura un defecto insaneable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese
yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta9.

En cuanto a la segunda exigencia, esta Corporación ha señalado que son dos los grupos
de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de la sentencia10:
el primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal de nulidad del
proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia, y, el segundo, relativo a los
vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar en la vulneración del
artículo 29 Superior11.

El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal previstas en
el CPACA, en el Código de Procedimiento Civil (CPC) o en el Código General del
Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la sentencia. El segundo, a
la inobservancia de aspectos procesales de tal transcendencia que tengan impacto en la
garantía del debido proceso12, lo cual excluye la posibilidad de formular, por esta
vía, cuestionamientos que conciernan al contenido de la motivación, a la
valoración probatoria o a la forma de aplicación de una determinada norma.

7 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16. Sentencia del 5 de mayo de 2020. Radicado

11001031500020170251900.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 7 de octubre de 2019, Radicado

11001333103520080018001.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 14 de agosto de 2018,

Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°22. Sentencia
del 3 de diciembre de 2019, Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre de 2018, Radicado
11001032500020150099600.
10 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad.:

11001031500019980015701; Consejo de Estado, Sala Especial No. 26. Sentencia del 3 de febrero de
2015 Rad.: 11001031500020110163900; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22. Sentencia
del 2 de febrero de 2016, Rad.: 11001031500020150234200 y Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N°2. Sentencia del 1° de octubre de 2019, Rad.: 11001031500020130221600.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 16 de julio de 2007, Rad.:

11001031500020070065300. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No
110010315000201300702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión N° 10, Rad.: 11001031500020120023000.
12 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°15. Sentencia del 5 de noviembre de 2019. Radicado

11001031500020180141500.
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Así, según la jurisprudencia de esta Corporación13 y a modo enunciativo, una nulidad
originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de nulidad procesal
previstas en el CPACA o en el Código General del Proceso puede acaecer en los
siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que terminó por
desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y
antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando el fallo aparece firmado por menor o
mayor número de magistrados o cuando es adoptado con un número de votos diferente
al previsto en la ley; iii) cuando la sentencia carece totalmente de motivación; iv) cuando
el fallo viola el principio de non reformatio in pejus; v) cuando la sentencia condena a
quien no es parte dentro del proceso; vi) cuando el fallo se profiere con falta de
competencia o de jurisdicción; vii) cuando se dicta sentencia con pretermisión de las
instancias procesales previas; viii) cuando el demandado es condenado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la
invocada en ésta; o ix) cuando la sentencia carece de congruencia interna o externa.

La congruencia interna se refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte
motiva y la resolutiva de la sentencia, mientras que la externa propende porque la
decisión contenida en parte resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la
demanda y en su contestación14, es decir, que haya identidad jurídica entre lo resuelto y
las pretensiones y excepciones oportunamente presentadas, salvo por las competencias
oficiosas que la ley otorga al juzgador15. Lo anterior encuentra fundamento en el artículo
281 del CGP16 ꟷque reformó el artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por remisión normativa
del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que tienen
lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita cuando se
reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se concede por una causa
distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o infrapetita cuando no se resuelve
algún asunto debidamente planteado17. De fondo, la razón por la cual procede la nulidad
originada en la sentencia cuando se desconoce el principio de congruencia, es porque el
fallador excede su competencia, la que, como se ha dicho, está determinada por las

13 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de febrero de

2015, Rad.: 11001031500020090049400; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26.
Sentencia del 14 de agosto de 2018, Rad.: 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala Plena,
Sala Especial de Decisión N° 22. Sentencia del 3 de diciembre de 2019, Rad.:
11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 29 de
abril de 2015, Rad.: 20083531900; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
24 de octubre de 2019, Rad.: 11001032500020130023300; Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N°15, Sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.: 11001031500020180141500; Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 2019, Rad.:
11001032500020140032500; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22. Sentencia del 2 de
febrero de 2016, Rad.: 110010315000201502342; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 4.
Sentencia del 23 de julio de 2019, Rad.: 11001031500020180434500.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 1 de marzo de 2018. Radicado

11001-03-25-000-2013-00838-00.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radiado

11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).
16 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las

pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre
el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que
la ley permita considerarlo de oficio. (…)”.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto

de 2002. Radicado 760012324000199704345-01(12668).
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pretensiones y los fundamentos de la demanda, y por la contestación y las excepciones
propuestas18.

En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia de que
trata el numeral 5° del artículo 250 del CPACA impone acreditar, de un lado, que el
recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual no procede el recurso de
apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una nulidad procesal de las que
tratan las codificaciones procesales o a un defecto con implicaciones graves en la
garantía del debido proceso. (Negrillas de la Sala)

Como quedó expresado, también procede esta causal cuando la sentencia viola el
debido proceso constitucional, esto es, cuando se afecta el núcleo esencial del derecho
fundamental al debido proceso que está integrado por las siguientes garantías mínimas:
i) el principio de legalidad; ii) el principio del juez natural; iii) el derecho a la observancia
de las formas propias de cada juicio; iv) el principio de favorabilidad; v) el derecho a la
presunción de inocencia; vi) el derecho a la defensa; vii) derecho a la publicidad de las
actuaciones procesales y la no dilatación injustificada de las mismas; viii) el derecho a
presentar y controvertir pruebas; ix) el derecho a impugnar las providencias; x) el
principio de non reformatio in pejus; xi) el derecho a no declarar contra sí mismo o
contra su cónyuge, compañero permanente o ciertos parientes; xii) el principio de
independencia judicial; xiii) el derecho de acceso a la administración de justicia; así lo
ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación19:

En efecto, sobre la nulidad originada en la sentencia como causal de revisión, esta
corporación, en sentencia del 5 de abril de 201620, explicó que, igualmente, se ha
aceptado que pueden existir otros motivos no contemplados en los códigos procesales
como causales de nulidad, pero que surgen de la vulneración directa del artículo 29
Constitucional, evento en el cual corresponderá al juez determinar si el hecho que se
dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en comento,
circunstancia que se deriva de la exigencia de actuar como juez de constitucionalidad y
de convencionalidad en garantía de los derechos fundamentales de quienes intervienen
en un proceso judicial21.

(…)

Así lo entendió también la Sala Especial de Decisión Veintiséis (26) de esta Corporación,
al indicar que “… las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el estatuto
procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las que se
originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en
el artículo 29”22.

Es importante aclarar que en estos casos, el juez no está creando una causal diferente a
las legalmente reconocidas, en la medida en que la nulidad originada en el fallo se
deriva del desconocimiento de un mandato constitucional, en donde el operador judicial
es el encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente para invalidar

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia

de 13 de agosto de 2021. Radiado 11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).
19 Cfr radicado 2021-00012-00 del 6 de mayo de 2021; CP Rocío Araujo Oñate.
20 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad.

Radicación: 110010315000 2008 00320 00
21 La posición sostenida en la citada Ob.Cit. 26 fue ratificada por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sentencia del 8.05.2018, M.P. Alberto Yepes Barreiro
Rad. Rad. 1998-153-01 (REV), en la que se unificó el criterio sobre el alcance de la causal, precisando
que puede configurarse cuando se evidencia una violación del artículo 29 Constitucional – debido
proceso.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial No. 26., M.P. Olga Mélida

Valle de De la Hoz. Rad: 11001-03-15-000-2011-01639-00. En la citada Sala, se aprobaron otras dos
decisiones en igual sentido.
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el fallo de instancia, pues no toda irregularidad tiene la capacidad de afectar la
inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al proceso, sino únicamente aquellas
que tengan un carácter sustancial en la medida en que incidan en el sentido de la
decisión, por afectar el núcleo esencial o contenido constitucionalmente vinculante del
derecho al debido proceso.

En síntesis, para que prospere el recurso extraordinario de revisión se debe verificar 23:
(i) que no proceda recurso de apelación contra la sentencia objeto del recurso, (ii) que
el vicio se refleje en la sentencia misma o en circunstancias sobrevinientes con
influencia en la decisión, (iii) que se alegue y demuestre alguna de las causales
consagradas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil o 133 del Código
General del Proceso, dependiendo de cuál sea la norma aplicable al momento de
presentar el recurso extraordinario de revisión, o que se alegue y demuestre la
vulneración al debido proceso constitucional, consistente en que se haya proferido
sentencia con fundamento en una prueba obtenida con violación al debido proceso u
otro motivo que derive expresamente del artículo 29 de la Carta Política, y (iv) que la
anomalía sea de tal entidad que configure un defecto insaneable, al punto que de no
presentarse ese yerro, la decisión a adoptar hubiese sido distinta.

Adicionalmente, la Sección Primera del Consejo de Estado ha sido partidaria de
establecer que la configuración de la causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
también se deriva del incumplimiento al artículo 29 de la Carta Política, al respecto a
dicho lo siguiente:

Otro principio que merece destacarse es el de congruencia de la sentencia, según el
cual debe existir una correspondencia entre lo que se decide por el Juez y lo que
constituye la materia del litigio.

A propósito de este principio, la Jurisprudencia de la Sala ha mencionado: “ (…) El
pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino además,
a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien entabla la demanda, y en
tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo endilgado en el capítulo
del libelo que contenga el concepto de violación, constituye un límite que no puede
traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este campo la justicia es
rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las pautas fijadas en
el libelo incoativo del proceso.”24.

La congruencia de la sentencia está definida en el artículo 281 del CGP, de la siguiente
manera:

Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que
este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.

23 Consejo de Estado, Sala Veinte Especial de Decisión, sentencia del 25 de noviembre de 2024, número

de radicado 11001 03 15 000 2021 00147 00. CP: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
24 Sentencia de 5 de junio de 1997, Expediente nro. 4092, CP Manuel Santiago Urueta Ayola.

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Por otra parte, la sentencia deberá tener en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido incluso después de
haberse presentado la demanda y siempre que se alegue a más tardar en la etapa de
alegatos de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.

De acuerdo con el precepto en mención la sentencia no puede reconocer lo que no se
ha pedido (extra petita) ni tampoco más de lo solicitado (ultra petita), excepto en los
casos autorizados expresamente por el legislador, como en los asuntos de familia y de
protección de los derechos fundamentales.

En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, todo el proceso debe girar en torno a las
peticiones concretas que las partes formulan ante el Órgano Jurisdiccional, solicitando
del mismo una actuación en un sentido determinado. Así “la pretensión acota el
contenido del proceso, fija sus límites concretos, condiciona su tramitación y resultado y
delimita el ámbito en el que necesariamente ha de moverse el juzgador.25

(…)

La causal de revisión objeto de análisis, se configura «i) cuando se presenta alguno de
los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se
dictó el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión y ii) por
desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció
esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la
Corte Constitucional en la Sentencia C-739 de 2001, se desarrollaron por la
jurisprudencia a partir de lo dispuesto en las causales de nulidad previstas en el artículo
140 del C.P.C.»

Sin embargo, la Sala indicó que la «subregla jurisprudencial, así definida, deberá
aplicarse por parte de los jueces de esta Jurisdicción, con mesura, ponderación,
proporcionalidad y adecuación a cada caso».

Es importante destacar que para la prosperidad del recurso extraordinario de revisión, la
causal de nulidad originada en la sentencia debe ser examinada rigurosamente en cada
caso, a fin de establecer entre otros, «que se trate de situaciones originadas bien en la
misma sentencia recurrida o bien en hechos que sobrevinieron con posterioridad a ella y
que deben tener una influencia tal que la decisión a adoptar hubiera sido distinta; que no
se trate de causales que originen la nulidad del proceso, pues éstas deberían haberse
alegado en su curso y no con posterioridad a él.26

6.6. El análisis de la causal en el asunto

6.6.1. No se haya en controversia el hecho de que contra la sentencia recurrida no
proceden recursos, pues con ella se definió el juicio ordinario sobre la validez del acto
mediante el cual se revocaron las decisiones que reconocieron el derecho de propiedad
por traspaso de los vehículos tipo taxis identificados con matrícula WEV 558 y WEX
056, a los señores José Genaro López Salguero, Natividad Aragón Perilla y Claudia
Patricia Torres Perdomo, en su calidad de compradores de buena fe.

6.6.2. Lo que entonces es debatido, según quedó expuesto al plantear la controversia,
y corresponde a la Sala determinar, es si la providencia enjuiciada incurrió en

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de
radicación 25000-23-41-000-2013-00911-01, CP: María Elizabeth García González.

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de
radicación 08001 33 33 001 2013 00006 01, CP: Nubia Margoth Peña Garzón.
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incongruencia interna y externa, por lo que se procederá a analizar las inconformidades
de los accionantes.

6.6.3. En ese orden, es menester determinar en primer lugar si es cierto que en la
decisión enjuiciada se incorporaron de manera errónea argumentos propios del medio
de control de reparación directa, al señalar la falta de responsabilidad de la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá por un hecho de un tercero y al atribuir a los
demandantes las consecuencias de las conductas delictivas que, supuestamente,
habrían ejecutado en conjunto con el aludido tercero. En caso de que la respuesta a
ese interrogante sea afirmativa, se absolverá si a causa de ello la decisión objeto de
controversia es incongruente y por consiguiente deviene en nula.
Pues bien, con miras a resolver ese reparo, lo que se evidencia es que en la demanda
del proceso ordinario se indicaron las siguientes pretensiones:

DECLARACIONES Y CONDENAS.

1. Se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN (auto) 43254 de 2015, dictado por la
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MOVILIDAD DE BOGOTA, por medio del cual se
revocó los ACTOS ADMINISTRATIVOS, que reconocieron el derecho de propiedad por
traspaso como compradores de buena fe sobre los siguientes vehículos:

2. Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del
derecho, ordénese la continuación de los efectos jurídicos generados en el acto
administrativo (AUTO) mediante el cual se admite la matricula y el posterior traspaso
como segundos propietarios de los vehículos de placas WEV 558 Y WEX 056, automóvil
de servicio público Color Amarillo, de propiedad de mis prohijados y que fue revocado
mediante el acto 43254 de 2015 expedido por la SECRETARIA DE LA MOVILIDAD; es
decir que se les restablezca el derecho a la propiedad a mis representados, de los
rodantes ya señalados y se siga disfrutando la garantía que le otorga el goce, disfrute y
explotación de éstos vehículos de servicio público tipo taxi, suspendido y revocado por el
acto del cual se solicita nulidad.

3. Que como consecuencia de la nulidad decretada, se solicita el pago de perjuicios
materiales causados a mis representados, CLAUDIA PATRICIA TORRES PERDOMO,
JOSE GENARO LOPEZ SALGUERO Y NATIVIDAD ARAGON PERILLA, por y como
consecuencia del acto del cual se pide nulidad que le retiró del servicio público, ordenó
la cancelación de matrícula, traspasos, el retiro del servicio público, la entrega de
documentos y placas de los rodantes de placas WEV 558 y WEX 056 Así:

LUCRO CESANTE: La suma de $6.000.000,00, correspondiente al producido diario que
dejó de percibir mis representados, por no permitírsele operar en el servicio público su
carro desde el 27 DE Julio de 2015, fecha en que fue notificado el acto administrativo
43254 DE 2015, y que se le ordenó a mis prohijados no prestar el servicio público y se
notificó la revocatoria de la matricula y el traspaso realizado a mis poderdantes, inhabilitó

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el registro, ordenó la devolución de tarjetas de operación, licencias de tránsito, revocó
todos los actos administrativos sobre los rodantes de placas WEV 558 y WEX 056, de
propiedad de CLAUDIA PATRICIA TORRES PERDOMO, propietaria del primero de los
carros señalados anteriormente y JOSE GENARO LOPEZ SALGUERO Y NATIVIDAD
ARAGON PERILLA, propietarios del segundo rodante señalado anteriormente, más las
pérdidas que deba soportar a futuro por dicha medida, que se calcularán en el momento

4. Se condene a la entidad SECRETARIA DISTRITAL DE LA MOVILIDAD a pagar
daños morales a mi cliente por la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes por cada uno de ellos, entendiendo el daño causado con el impacto de posible
pérdida de su patrimonio, generado en la salud y en las consecuencias emocionales que
traduce la notificación de un acto arbitrario y dañino como el expedido por la entidad de
MOVLIDAD DE BOGOTA,, la angustia que han sufrido mis prohijados, al tener que
soportar el problema que se genera con las entidades Bancarias o financieras para
atender las cuotas y evitar embargos y situaciones que avasallen con el patrimonio de
éstas.

5. La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas líquidas
de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustarán dichas condenas a lo señalado
en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

6. Para cumplimiento de la sentencia, se ordenará la aplicación a los artículos 189 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.27

Ahora bien, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Bogotá declaró la nulidad parcial del Auto 43254 de 2015,
exclusivamente en lo que respecta a los vehículos identificados con placas WEV558 y
WEX056. A título de restablecimiento del derecho, condenó a la Secretaría Distrital de
Movilidad a reconocer a favor de los demandantes los derechos de propiedad sobre
dichos automotores y, adicionalmente, negó las pretensiones encaminadas a obtener la
reparación de perjuicios, al no encontrarse demostrados en el proceso. Sobre este
último punto explicó:

7. DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

27 Visible a folios 1 y 3 del Cuaderno del Tribunal.

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Los demandantes solicitaron que a título de restablecimiento del derecho se ordene la
continuación de los efectos jurídicos generados en el acto administrativo mediante el
cual se admite la matrícula y el posterior traspaso como propietarios de los vehículos de
placas WEV558 y WEX056, es decir, que se les restablezca el derecho a la propiedad y
el goce, disfrute y explotación de los vehículos de servicio público tipo taxi.

Sobre el particular cabe señalar que el efecto inmediato de la declaratoria de nulidad
parcial del Auto No. 43254 de 2015 es que los actos revocados irregularmente a través
de éste continúen en la vida jurídica.

7.1. De los perjuicios materiales

Los accionantes pidieron en la demanda la reparación de los perjuicios materiales por
concepto de lucro cesante, causados con ocasión de la expedición del Auto No. 43254
de 2015, a través del cual retiró del servicio y ordenó la cancelación de matrícula y
traspasos de los rodantes de placas WEV558 y WEX056.

Dicho perjuicio fue tasado en la suma de $24.000.000 por cada vehículo, fundamentado
en lo que presuntamente dejaron de percibir por impedírseles operar en el servicio
público de taxis, durante el lapso de 4 meses ($6.000.000 mensuales), transcurridos
desde el 27 de julio de 2015, fecha en que fue notificado el acto administrativo 43254 de
2015, hasta la presentación de la demanda.

Sea lo primero señalar que los demandantes no aportaron medio probatorio alguno que
indique los vehículos de placas WEV558 y WEX056 devengaban la cantidad de
$6.000.000, para el momento de la revocatoria de los actos administrativos realizada
irregularmente a través del Auto No. 43254 de 2015, razón por la que la tasación no está
debidamente soportada. Adicionalmente, el intervalo allí señalado no puede tenerse en
cuenta dado que el acto enjuiciado continuó produciendo los efectos adversos con
posterioridad a la demanda y los mismos cesaron solo hasta que fue suspendido a
través de la medida cautelar decretada por este Despacho por medio de auto de 27 de
julio de 2018, confirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia
de 30 de septiembre de 2019.

Ahora bien, en el expediente obra dictamen pericial rendido por el contador público
Gustavo Gómez Moreno, en el que determinó el valor de $213.104.852, por concepto de
lucro cesante.

Sobre el particular, cabe señalar que frente a la experticia han sido prolíficos los
pronunciamientos del Consejo de Estado, en los cuales se han precisado las reglas de
elaboración y valoración de esta prueba, dentro de las que se resaltan las siguientes:

(…)

Con base en lo anterior, esta providencia distingue entre aquello que constituye un error
grave y lo que es una fundamentación deficiente del dictamen. En el primer caso, el error
supone un concepto equivocado y da lugar a que los peritos que erraron en materia
grave sean reemplazados por otros.

En el segundo caso, la falta de fundamentación del dictamen no implica necesariamente
equivocación, pero da lugar a que dicho dictamen sea descalificado como plena prueba
en el fallo por falta de requisitos legales necesarios para ello. En ese orden, el dictamen
pericial debe cumplir con una serie de exigencias formales y sustanciales para efectos
que pueda tenerse como soporte con aptitud legal para sustentar los hechos que se
pretender probar con el mismo.

Descendiendo al asunto bajo examen, según lo señalado por el perito Gustavo Gómez
Moreno en la audiencia de pruebas de 29 de abril de 2021 y como se extrae del propio
dictamen, el lucro cesante se determinó con base en el periodo a indemnizar
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comprendido entre el 5 de octubre de 2015 y el 17 de abril de 2018, y con fundamento
en certificaciones suministradas por los demandantes e información consultada de
fuentes periodísticas como “El Tiempo” y “Publimetro”.

Verificados los documentos que se adjuntaron como insumos de la prueba pericial y las
pruebas obrantes en el expediente se encuentra en primer lugar que en la fecha de
finalización del periodo a indemnizar no está la fecha exacta en la que los automotores
de placas WEV558 y WEX056 pudieron volver a circular normalmente y prestar el
servicio público de taxi, con ocasión de la medida cautelar decretada.

Por otra parte, se encuentra que el dictamen se basó igualmente en certificaciones
expedidas el 4, 5, 6, 9 de diciembre de 201939 y 16 de enero de 202040 que indican que
(i) los vehículos de placas WEV558 y WEX056 estaban vinculados a la empresa Celutaxi
Aeropuerto S.A.S., devengando un promedio mensual de $2.700.000; y, (ii) otros 3
vehículos tipo taxi que laboraban en condiciones normales obtenían en promedio unos
ingresos mensuales que ascendían a $2.900.000.

No obstante, se advierte que dichas certificaciones hacen constar valores para los años
2019 y 2020, lo cual resulta incongruente con los periodos de tiempo liquidados en el
dictamen pericial, que según se anunció corresponden al lapso transcurrido entre el 5 de
octubre de 2015 y el 17 de abril de 2018. En efecto, en la audiencia de pruebas de 29 de
abril de 2021, el apoderado de la parte demandante indagó al perito para que informara
si el valor de $2.700.000 lo “tomó plano” o si verificó si sufrió alguna modificación año a
año, a lo cual el auxiliar de la justicia respondió que “lo tomó plano”, es decir que fue un
valor constante durante el tiempo de liquidación.

Adicionalmente, se encuentra que en la pericia no se especificó si el promedio mensual
dejado de devengar por los demandantes se refería a ganancias netas, esto es, fuera de
impuestos, combustible, gastos de mantenimiento, etc., o si para determinar tal valor se
tuvo en cuenta los días en que los vehículos no podían prestar el servicio por medidas
como el pico y placa o datos estadísticos en cuanto al tiempo al año que un vehículo
puede mantenerse inactivo y los gastos anuales que implica un automotor de servicio
público.

Si bien en la audiencia de pruebas de 29 de abril de 2021 el perito señaló que el valor de
$2.700.000 es neto, esto es, que corresponde al resultante luego de realizar los
descuentos de los respectivos gastos (mantenimiento, seguros, etc.), no indicó
detalladamente el valor de cada uno de ellos, ni aportó al expediente los soportes de las
fuentes que anunció haber tomado como referencia, como es el caso de las
publicaciones de los periódicos El Tiempo” y “Publimetro”, que además refirió haber sido
realizadas en 2019, el cual no se aviene al periodo de liquidación.

Además, conforme a las reglas de la experiencia y la sana crítica, es posible inferir que
lo percibido por la prestación del servicio público de taxi no puede ser igual para el año
2015 que para 2018, pues deben tenerse en consideración factores como el aumento o
depreciación del valor del dinero y, tampoco puede ser idéntico para todos los
demandantes, como quiera que cada uno debía tener condiciones particulares en cuanto
a la forma en que obtenían las ganancias de los vehículos, como por ejemplo, si
recurrían al arrendamiento o si lo manejaban directamente.

En ese orden de ideas, el dictamen pericial aportado al expediente está fundamentado
deficientemente y, en consecuencia, no puede ser tenido en cuenta como plena prueba
del lucro cesante pedido por los accionantes.

En este punto cabe traer a colación que la parte demandada propuso objeción del
dictamen pericial, cuya resolución se difirió a la presente sentencia. No obstante, dado
que se determinó que no se le otorgará valor probatorio a dicha prueba, este estrado
judicial se abstendrá de pronunciarse sobre la precitada objeción en la medida en que
resulta innecesario.
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De otra parte, es pertinente agregar que no se aportó prueba adicional que permita al
Despacho establecer con certeza por lo menos las ganancias que percibían los
demandantes para el momento de expedición del auto No. 43254 de 2015, para efectuar
su actualización y con ello determinar el lucro cesante consolidado que se generó en
favor de los demandantes, conforme a las fórmulas financieras establecidas por el
Consejo de Estado, de tal suerte que fuerza negar la indemnización solicitada por dicho
concepto.

El Despacho no pasa por alto que el apoderado de la parte demandante solicitó en los
alegatos de conclusión que los perjuicios se determinen de conformidad con los estudios
realizados por FENALCO y la ANDI, publicados en distintos medios periodísticos, o que
en su defecto se tasen en equidad.

Sobre el particular debe indicarse que, tanto la legalidad de los actos demandados,
como el respectivo restablecimiento, deben resolverse conforme a las pretensiones,
argumentos, cargos y pruebas presentados en las oportunidades legales para el efecto,
de tal manera que hayan sido sujetos a la contradicción de las partes. En ese sentido, el
fallador no puede tener en consideración aspectos que adicionen y/o modifiquen el
petitum de la demanda, contenidos en los alegatos de conclusión, como quiera que
resultaría lesivo de los derechos de contradicción, defensa y debido proceso de las
demás partes.

En ese orden de ideas, el Despacho considera improcedente resolver las solicitudes
presentadas por la parte actora en cuanto a la tasación de la indemnización material en
equidad o teniendo como base pruebas derivadas de artículos periodísticos, que por
demás no obran en el expediente, como quiera que fueron pretensiones y pruebas sobre
las que la Secretaría Distrital de Movilidad y el llamado en garantía no tuvieron
oportunidad de oponerse.

7.2. De los perjuicios inmateriales

Los señores José Genaro López Salguero, Natividad Aragón Perilla y Claudia Patricia
Torres Perdomo pidieron que se condene a la Secretaría Distrital de Movilidad a pagar
por concepto de daños morales la suma de 100 SMLMV para cada uno, por el impacto
emocional y en la salud causado por la posible pérdida de su patrimonio.

Al respecto debe indicarse que la parte actora no aportó prueba alguna con la cual se
evidencie el dolor, sufrimiento y/o la angustia padecida con ocasión de la expedición del
Auto No. 43254 de 2015 y los efectos producidos por éste.

Si bien el medio de control de nulidad y restablecimiento permite solicitar la
indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales causados con el acto
demandado, no solo basta con alegar la existencia del daño, sino que deben allegarse
los medios probatorios que permitan al fallador ordenar el pago. En palabras del Consejo
de Estado “no es suficiente que en la demanda y en desarrollo del proceso se afirme su
existencia, tampoco es suficiente probar la ilegalidad del acto demandado para deducir
la existencia del perjuicio; es necesario, se repite, que el mismo se acredite”.

En ese orden de ideas, se negará el reconocimiento de los perjuicios inmateriales por
concepto de daños morales solicitados por los demandantes28 (Subrayas de la Sala).

Inconforme con esa decisión, los accionantes impugnaron la citada sentencia,
solicitando el reconocimiento de los perjuicios que afirmaron haber sufrido con ocasión
de la expedición de los actos acusados. Sin embargo, dicha petición fue negada en

28 Ibidem.

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segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con base en el
análisis que se transcribe enseguida:

Ahora bien, respecto del restablecimiento del derecho pretendido, se tiene que el efecto
inmediato de la declaratoria de nulidad parcial del Auto No. 43254 de 2015 es que los
actos revocados irregularmente a través de éste continúen en la vida jurídica, esto es,
aquellos mediante los cuales se admitió la matrícula y el posterior traspaso como
propietarios de los vehículos de placas WEV558 y WEX056, es decir, que se les
restablece el derecho a la propiedad y el goce, disfrute y explotación de los vehículos de
servicio público tipo taxi; sin embargo, en el sub lite se tiene que a través de providencia
del 27 de julio de 2018 el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá
confirmada a través de auto del 30 de septiembre de 2019 por esta Corporación, se
dispuso suspender los efectos del acto administrativo Nº 43254 de 2015 en lo que atañe
a los vehículos de placas WEV558 y WEX056, lo que implica que durante cinco (05)
años sus propietarios han podido hacer uso de los mismos y recuperar la inversión en
que incurrieron para su obtención.

De otra parte, en torno a los perjuicios materiales alegados por la parte demandante, se
tiene que si bien la parte demandante aportó dictamen pericial rendido por el contador
público Gustavo Gómez Moreno, en el que determinó el valor de $213.104.852, por
concepto de lucro cesante; tal como lo advierte el juez de primera instancia, dicha
experticia se funda en certificaciones hacen constar valores para los años 2019 y 2020,
lo cual resulta incongruente con los periodos de tiempo liquidados en el dictamen
pericial, que según se anunció corresponden al lapso transcurrido entre el 5 de octubre
de 2015 y el 17 de abril de 2018.

Tampoco se precisó si en la pericia no se especificó si el promedio mensual dejado de
devengar por los demandantes se refería a ganancias netas, esto es, fuera de
impuestos, combustible, gastos de mantenimiento, etc., o si para determinar tal valor se
tuvo en cuenta los días en que los vehículos no podían prestar el servicio por medidas
como el pico y placa o datos estadísticos en cuanto al tiempo al año que un vehículo
puede mantenerse inactivo y los gastos anuales que implica un automotor de servicio
público; de modo que si bien en la audiencia de pruebas de 29 de abril de 2021 el perito
señaló que el valor de $2.700.000 es neto, esto es, que corresponde al resultante luego
de realizar los descuentos de los respectivos gastos (mantenimiento, seguros, etc.), no
indicó detalladamente el valor de cada uno de ellos, ni aportó al expediente los soportes
de las fuentes que anunció haber tomado como referencia, como es el caso de las
publicaciones de los periódicos “El Tiempo” y “Publimetro”, que además refirió haber
sido realizadas en 2019, el cual no se aviene al periodo de liquidación.

Así las cosas, el dictamen pericial aportado al expediente está fundamentado
deficientemente y, en consecuencia, no puede ser tenido en cuenta como prueba del
lucro cesante pedido por los accionantes.

Recuerda la Sala en tal medida, que la parte demandante tenía la carga probar la
certeza e imputabilidad del daño en virtud del principio onus prodandi, incumbit actori
previsto de forma expresa por el artículo 167 del Código General del Proceso en
acatamiento del cual, las partes disponen de un amplio catálogo de medios de prueba,
de modo que, contrario a lo estimado por ésta no es deber de la autoridad judicial suplir
la falencia en que la parte incurrió en la acreditación de los perjuicios que persigue.

Sumado a lo anterior, tal como lo expresó el juez de primera instancia, no es de recibo
acceder a lo solicitado por la parte demandante en torno a la tasación de los perjuicios
por ella requeridos con sustento en estudios realizados por FENALCO y la ANDI,
publicados en distintos medios periodísticos o en equidad en su defecto, pues tanto la
legalidad de los actos demandados, como el respectivo restablecimiento, deben
resolverse conforme a las pretensiones, argumentos, cargos y pruebas presentados en
las oportunidades legales para el efecto, de tal manera que hayan sido sujetos a la

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contradicción de las partes; siendo tales argumentos sorpresivos para la parte
demandada al no haberse planteado en la debida oportunidad procesal, por lo que no
puede pretermitirse sus derechos a la defensa y contradicción, para suplir una carencia
probatoria de la parte demandante.

En idéntico sentido acontece respecto de los alegados perjuicios inmateriales, respecto
de los cuales la parte demandante no desplegó labor probatoria alguna tendiente a
acreditar el dolor, sufrimiento y/o la angustia padecida con ocasión de la expedición del
Auto No. 43254 de 2015 aquí cuestionado.

En tal virtud, al no encontrarse probados los perjuicios materiales alegados por
los demandantes, en tanto no aportan pruebas que dan cuenta de los
fundamentos del lucro cesante alegado, ni los perjuicios inmateriales que se
aducen; considerándose además que los efectos del acto demandado cesaron en
virtud de la medida cautelar adoptada en el sub lite, por lo que los demandantes
han continuado usufructuando sus vehículos desde hace al menos cinco (05) años
no hay lugar a su reconocimiento.

Finalmente, estima la Sala pertinente precisar que si bien la entidad incurrió en
una falencia procesal en la expedición del acto demandado, no es menos cierto
que la expedición de los actos consiguientes a la reposición de los vehículos
SC7132 y SB4925 por los vehículos con placas WEV558 y WEX056 se dio ante la
inducción a error de un tercero que siendo conocedor de su actuar irregular,
dispuso transferir el dominio de los vehículos a terceros a sabiendas de los vicios
ocultos de los bienes; lo anterior, con el propósito de referir que respecto del
actuar irregular del tercero se promovió acción penal en la cual como víctimas
pueden las partes solicitar el reconocimiento de los perjuicios derivados del
actuar ilícito de aquel.

En consonancia, reconociendo el actuar irregular en que se fundaron los actos
mediante los cuales se dispuso la reposición de los vehículos WEX 056 y WEV 559
de propiedad de los demandantes y que como se indicó, éstos lo han
usufructuado desde el 2018 hasta la fecha, se dispondrá MODIFICAR la sentencia
apelada con el propósito de precisar que los demandantes podrán continuar el
usufructo de los vehículos con placas WEV558 y WEX056 máximo durante cinco
(05) años más, esto es, hasta el año 2028, momento en el que fenecerá su
inscripción como vehículos de servicio público sin derecho a reposición por otro
vehículo de transporte público, únicamente podrá realizarse el cambio a uso
particular, de cumplirse los requisitos previstos en la legislación vigente para tal
fin, anotación deberá estar inscrita por la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
en el Registro Único Nacional de Tránsito para conocimiento de terceros.29
(Subrayas y negrillas de la Sala).

Así las cosas, para la Sala resulta evidente que en la providencia cuestionada no se
efectuó un análisis propio del medio de control de reparación directa, como
erróneamente lo sostienen los demandantes al afirmar que se estudió un supuesto
eximente de responsabilidad en favor de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.
Lo que en realidad analizó el Tribunal fue la improcedencia de imponer una condena a
esa entidad, por cuanto los actores no acreditaron la existencia de un perjuicio material
o inmaterial derivado de la expedición del acto acusado.

Ahora bien, aunque también en el apartado transcrito se reconoció que la entidad
accionada incurrió en una falencia que comprometía la legalidad del acto demandado,
también se estableció que la reposición de los vehículos con placas WEV558 y
WEX056 obedeció a la conducta engañosa de un tercero, quien los transfirió a los

29 Ibidem.

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demandantes. En ese marco, se advirtió que, al no acreditarse los daños dentro del
proceso, los actores conservaban la posibilidad de reclamar la reparación de los
perjuicios en el trámite penal correspondiente, sin que ello suponga, en modo alguno,
una confusión entre los juicios propios de la Jurisdicción Penal y aquellos que
corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, una cosa son las pretensiones de restablecimiento del derecho y de
reparación del daño que los demandantes formularon dentro de este proceso, las
cuales no lograron acreditar, y otra distinta las acciones que pueden adelantar contra el
tercero que los indujo en error en el negocio de compraventa de los vehículos, pues las
primeras también son un medio para reparar el daño, solo que se deriva de la
declaratoria de ilegalidad del acto acusado. Así, lo que precisó el Tribunal fue que, al no
demostrarse los perjuicios en sede del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, subsiste la posibilidad de reclamarlos en el proceso penal correspondiente,
sin que ello implique confusión entre las competencias de dicha jurisdicción y las
propias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Finalmente, no se advierte que en la decisión cuestionada se hubiese señalado que los
demandantes participaron en la comisión de un ilícito junto con el tercero. Por el
contrario, se reconoció expresamente su condición de terceros de buena fe, con la
posibilidad de reclamar al comprador que los engañó la indemnización de los perjuicios
ocasionados por su conducta.

Por ende, como el cargo parte de un fundamento falso no prospera.

6.6.4. De otro lado, tendrá que verificarse si es incongruente la sentencia que a título
de restablecimiento del derecho dispuso que los vehículos destinados al servicio público
de taxi solo podrían operar por 5 años más, si se alega que dicho aspecto no fue
ventilado en el proceso por ninguna de las partes.

A efectos de dirimir ese interrogante, es pertinente traer a colación las pretensiones de
la demanda y las excepciones de fondo propuestas en la contestación de la demanda:

Pretensiones de la demanda:

1. Se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN (auto) 43254 de 2015, dictado por la
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MOVILIDAD DE BOGOTA, por medio del cual se
revocó los ACTOS ADMINISTRATIVOS, que reconocieron el derecho de propiedad por
traspaso como compradores de buena fe sobre los siguientes vehículos:

Se deja inhabilitado los registros automotores y se determina la devolución de placas,
tarjetas de operación y otros documentos de los rodantes enlistados en dicho auto,
teniendo en cuenta las consideraciones de orden fáctico y jurídico que se sustentarán en
la demanda.

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2. Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del
derecho, ordénese la continuación de los efectos jurídicos generados en el acto
administrativo (AUTO) mediante el cual se admite la matrícula y el posterior traspaso
como segundos propietario, de los vehículos de placas WEV 558 Y WEX 056, automóvil
de servicio público color amarillo, de propiedad de mis prohijados y que fue revocado
mediante el acto 43254 de 2015 expedido por la SECRETARIA DE MOVILIDAD; es
decir que se les restablezca el derecho a la propiedad a mis representados, de los
rodantes ya señalados y se siga disfrutando la garantía que le otorga el goce, disfrute y
explotación de éstos vehículos de servicio público tipo taxi, suspendido y revocado por el
acto del cual se solicita la nulidad.

3. Que como consecuencia de la nulidad decretada, se solicita el pago de perjuicios
materiales causados a mis representados, CLAUDIA PATRICIA TORRES PERDOMO,
JOSE GENARO LÓPEZ SALGUERO Y NATIVIDAD ARAGÓN PERILLA, por y como
consecuencia del acto del cual se pide la nulidad que le retiró del servicio público,
ordenó la cancelación de matrícula, traspasos, el retiro del servicio público, la entrega de
documentos y placas de los rodantes de placas WEV 558 y WEX 056 Así:

LUCRO CESANTE: La suma de $6.000.000,oo, correspondiente al producido diario que
dejó de percibir mis representados, por no permitírsele operar el servicio público de su
carro desde el 27 de julio de 2015, fecha en que fue notificado el acto administrativo
43254 de 2015, y que se le ordenó a mis prohijados no prestar el servicio público y se
notificó la revocatoria de la matrícula y el traspaso realizado a mis poderdantes,
inhabilitó el registro, ordenó la devolución de tarjetas de operación, licencias de tránsito,
revocó todos los actos administrativos sobre los rodantes de placas WEV 558 y WEX
056, de propiedad de CLAUDIA PATRICIA TORRES PERDOMO, propietaria del primero
de los carros señalados anteriormente y JOSE GENARO LOPEZ SALGUERO Y
NATIVIDAD ARAGÓN PERILLA, propietarios del segundo rodante señalado
anteriormente, más las pérdidas que deba soportar a futuro por dicha medida, que se
calcularán en el momento oportuno, las cuales taso así:

4. Se condene a la entidad SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD a pagar daños
morales a mis poderdantes por la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes por cada uno de ellos, entendiendo el daño causado con el impacto de posible
pérdida de su patrimonio, generado en la salud y en las consecuencias emocionales que
traduce la notificación de un acto arbitrario y dañino como el expedido por la entidad de
MOVILIDAD DE BOGOTÁ, la angustia que han sufrido mis prohijados, al tener que
soportar el problema que se genera con las entidades Bancarias o financieras para
atender las cuotas y evitar embargos y situaciones que avasallen con el patrimonio de
éstas.

5. La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas líquidas
de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustarán dichas condenas a lo señalado
en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

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6. Para cumplimiento de la sentencia, se ordenará la aplicación a los artículos 189 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.30

En el escrito de contestación se expusieron varios fundamentos de controversia 31, entre
ellos lo relacionado con que el auto nro. 43254 de 2015 había sido expedido en
cumplimiento de una orden judicial, ya que el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá
dejó sin efectos la sentencia que dio lugar a las matrículas iniciales de los vehículos
WEX-056 y WEV-558; por lo que tenía que dejar sin efectos la actuación que de
manera falaz y engañosa fueron logradas.

Asimismo, se mencionó que la controversia propuesta en el trámite ordinario debía ser
resuelta por la Jurisdicción Civil, ya que lo procedente era el saneamiento por evicción
que se encontraba regulado en el artículo 1894 del Código Civil, pues lo que se
requería era que la venta de los vehículos fuese saneada y en consecuencia, se
obtuviera la restitución del precio y el reconocimiento y pago de los perjuicios causado.
Además, la administración no tenía relación con lo pretendido por los demandantes.

Otro de los puntos que fue expuesto estaba relacionado con que “el delito no es fuente
de derecho”, adujo que no se podía solicitar la nulidad de un acto de cumplimiento que
dejó sin efectos una decisión de la administración que tuvo como fundamento un delito,
pues ello sería como actuar en contra de la entidad que fue víctima de un hecho ilícito.

Frente a los cargos formulados, señaló que no se había vulnerado el debido proceso
con la expedición del auto nro. 43254 de 2015, pues fue notificado a las partes, se
plasmó en el Registro Distrital Automotor y además, se surtió la totalidad del trámite
para su expedición, tal y como quedó demostrado en las pruebas aportadas.

Por último, afirmó que el acto acusado no se encontraba inmerso en ninguna de las
causales de nulidad que consagra el CPACA, por lo que goza de presunción de
legalidad.

A su vez, en el escrito de alzada, la Secretaría Distrital de Movilidad reiteró en esencia
los mismos argumentos expuestos en su escrito de contestación al libelo introductorio.

Al respecto se agregó lo que se transcribe enseguida:

Reiterando, en una actuación administrativa en donde lo que se quiere llegar es a
identificar la verdadera responsabilidad del afectado con la expedición del Auto 43245 de
2015, se deben valorar los fallos proferidos en sede judicial que resolvieron negar las
pretensiones de la acción de tutela interpuesta y que lo que indujo a errores a la
administración fue la presentación del fallo apócrifo presentado, por lo que no es dable al
Despacho acceder a las pretensiones esgrimidas dentro de la demanda, en
consecuencia se solicita respetuosamente revocar el fallo de primera instancia y no
conceder autorización para que los rodantes, objeto del presente litigio, recuperen
el derecho a prestar el servicio público, ya que como se demostró, la decisión que
llevó a conceder las tarjetas de operación, fue producto de un falso fallo de tutela
a favor de los hoy demandantes. (Subrayas y negrillas de la Sala).

Así, lo que advierte la Sala de la revisión de la contestación de la demanda y del
recurso de alzada, es que la Alcaldía de Bogotá señaló que las actuaciones de esa
entidad se originaron en el engaño del señor Moisés Borbón Novia, quien radicó un fallo
de tutela falsificado, en el que aparentemente se accedía a una acción de tutela por él
30 Visible a índice 27 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
31 Ibidem.

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instaurada y en el que, de manera fraudulenta, se ordenaba a la Secretaría Distrital de
Movilidad cancelar las matrículas y autorizar la reposición del vehículo.

En ese orden, advirtió que existía un eximente de responsabilidad ya que los
eventuales perjuicios que habrían sufrido los demandantes habrían sido ocasionados
por un tercero. Además, recalcó que el acto enjuiciado no se encontraba viciado de
ilegalidad, ya que no fue emitido con vulneración de normas superiores ni con falsa
motivación.

Nótese, entonces, que en la intervención de la mencionada Alcaldía no se abordó cuál
era el plazo máximo por el cual fueron concedidos los registros para la operación de los
vehículos de servicio público tipo taxi objeto de controversia. Mucho menos se discutió
si el citado registro vencía en un año concreto y, en consecuencia, si este debía
constituir el límite de una eventual sentencia estimatoria.

A pesar de ello, en la sentencia enjuiciada, el Tribunal limitó el derecho de usufructo de
los mencionados vehículos en los siguientes términos:

Finalmente, estima la Sala pertinente precisar que si bien la entidad incurrió en una
falencia procesal en la expedición del acto demandado, no es menos cierto que la
expedición de los actos consiguientes a la reposición de los vehículos SC7132 y SB4925
por los vehículos con placas WEV558 y WEX056 se dio ante la inducción a error de un
tercero que siendo conocedor de su actuar irregular, dispuso transferir el dominio de los
vehículos a terceros a sabiendas de los vicios ocultos de los bienes; lo anterior, con el
propósito de referir que respecto del actuar irregular del tercero se promovió acción
penal en la cual como víctimas pueden las partes solicitar el reconocimiento de los
perjuicios derivados del actuar ilícito de aquel.

En consonancia, reconociendo el actuar irregular en que se fundaron los actos mediante
los cuales se dispuso la reposición de los vehículos WEX 056 y WEV 559 de propiedad
de los demandantes y que como se indicó, éstos lo han usufructuado desde el 2018
hasta la fecha, se dispondrá MODIFICAR la sentencia apelada con el propósito de
precisar que los demandantes podrán continuar el usufructo de los vehículos con placas
WEV558 y WEX056 máximo durante cinco (05) años más, esto es, hasta el año
2028, momento en el que fenecerá su inscripción como vehículos de servicio
público sin derecho a reposición por otro vehículo de transporte público,
únicamente podrá realizarse el cambio a uso particular, de cumplirse los
requisitos previstos en la legislación vigente para tal fin, anotación deberá estar
inscrita por la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD en el Registro Único
Nacional de Tránsito para conocimiento de terceros.32 (Subrayas y negrillas la Sala).

De lo anterior se colige que, para el ad quem, la expedición de los actos de reposición
de los vehículos identificados con placas WEV558 y WEX056 obedeció a la inducción
en error de un tercero y, en esa medida, consideró necesario precisar los efectos del
restablecimiento del derecho reconocido en la sentencia de primera instancia. En tal
sentido, determinó que los demandantes podrían continuar con el usufructo de dichos
automotores en el servicio público hasta por 5 años más, transcurrido el cual, según
afirmó, fenecería su inscripción como vehículos de servicio público, sin derecho a nueva
reposición, salvo la posibilidad de conversión a uso particular si se satisfacen los
requisitos legales correspondientes.

No obstante, dicha decisión no respondió a la causa petendi ni el objeto del litigio
planteado por la parte actora, ni tampoco a alguna excepción formulada por el extremo
pasivo de la controversia. Se trata entonces de un elemento novedoso, incorporado

32 Ibidem.

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unilateralmente por el juez de segunda instancia, que no fue discutido durante el trámite
procesal y que modificó sustancialmente el alcance del restablecimiento del derecho
pedido en el libelo introductorio y les significó a los demandantes la limitación de los
derechos de propiedad de los accionantes.

Se suma a lo expuesto que la decisión del Tribunal careció de un fundamento normativo
o probatorio que respaldara la limitación de los actores en el ejercicio de los derechos
de dominio sobre los automotores, toda vez que simplemente afirmó que en el año 2028
fenecería la inscripción de los vehículos objeto de controversia para la prestación del
servicio público, pero sin ofrecer una explicación razonada sobre el origen de esa
conclusión.

Tal proceder configura, entonces, una incongruencia externa entre lo pedido por las
partes y lo finalmente resuelto en la sentencia, pues se impuso una restricción al
usufructo de los vehículos que no correspondía a ninguna de las pretensiones de la
demanda ni a las excepciones planteadas por la entidad accionada. De esta forma, el
proveído censurado terminó sorprendiendo a los demandantes con un pronunciamiento
ajeno al conflicto ventilado en el proceso ordinario que se traduce también en una clara
vulneración de su derecho al debido proceso, ya que no pudieron ejercer su derecho a
la defensa sobre dicho aspecto.

Por lo anterior, se declarará fundado el recurso extraordinario de revisión en lo que
respecta a la pretensión segunda de la demanda33 y en consecuencia, en aplicación de
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 255 del CPACA, se invalidarán las
siguientes expresiones contenidas en el numeral primero de la parte resolutiva de la
sentencia del 23 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primea, Subsección B:

de suerte que los demandantes podrán continuar el usufructo de los vehículos con
placas WEV558 y WEX056 durante máximo cinco (05) años más, esto es, hasta el año
2028, momento en el que fenecerá su inscripción como vehículos de servicio público sin
derecho a reposición por otro vehículo de transporte público, únicamente podrá
realizarse el cambio a uso particular, de cumplirse los requisitos previstos en la
legislación vigente. La anterior anotación, deberá estar inscrita por la SECRETARÍA
DISTRITAL DE MOVILIDAD en el Registro Único Nacional de Tránsito para
conocimiento de terceros.

6.7. Costas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 255 del CPACA34, en el presente caso no
hay lugar a la condena en costas, toda vez que dicha consecuencia solo resulta
procedente cuando se declara infundado el recurso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

33 “ «F. PETICION:

(…)
2.Una vez agotado el procedimiento legal, se decrete la nulidad parcial de la sentencia, y ordene al
TRIBUNAL emita sentencia reconociendo los derechos plenos de mis representados sin límite alguno, tal
y como lo decidió el JUEZ 4 ADMINSITRATIVO DE BOGOTA» (Subrayas de la Sala).
34
Artículo 255. Sentencia.
(…)
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.
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FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: INVALIDAR las siguientes expresiones contenidas en el numeral primero
de la parte resolutiva de la sentencia del 23 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B: «de suerte
que los demandantes podrán continuar el usufructo de los vehículos con placas
WEV558 y WEX056 durante máximo cinco (05) años más, esto es, hasta el año 2028,
momento en el que fenecerá su inscripción como vehículos de servicio público sin
derecho a reposición por otro vehículo de transporte público, únicamente podrá
realizarse el cambio a uso particular, de cumplirse los requisitos previstos en la
legislación vigente. La anterior anotación, deberá estar inscrita por la SECRETARÍA
DISTRITAL DE MOVILIDAD en el Registro Único Nacional de Tránsito para
conocimiento de terceros», por las razones previstas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NO CONDENAR EN COSTAS, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

CUARTO: En firme esta providencia, se ordena DEVOLVER al Tribunal de origen para
lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 22
de enero de 2026.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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