Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2010-00224-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2010-00224-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2010-00224-00
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
7 de septiembre de 2018
PROCESO DISCIPLINARIO - Servidor público del Banco Agrario de Colombia / CONDUCTA - Apropiación de dineros / DEBIDO PROCESO - Principio de imparcialidad / VIOLACION DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD - No se recaudó el suficiente material probatorio para endilgar responsabilidad al disciplinado / OMISION PROBATORIA - Aportan elementos de juicio que permiten determinar que pudo tratarse de un error involuntario y no de una conducta dolosa del accionante / FALSA MOTIVACION POR INDEBIDA VALORACION PROBATORIA - Configuración / PRESUNCION DE LEGALIDAD DEL ACTO DEMANDADO - Desvirtuada
En el caso bajo estudio, el demandante y el Ministerio Público consideran que se vulneró el principio de imparcialidad por parte de los funcionarios disciplinarios porque no se llamó a declarar a los señores Reyes y Forero, pues el primero fue quien entregó las consignaciones el 26 de junio de 2007 y la segunda diligenció los recibos de consignación que se ingresaron con fecha 10 de julio de 2007. Constata la Sala que efectivamente como lo alega la parte demandante y lo argumenta el Ministerio Público, los funcionarios disciplinarios trasgredieron lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 734 de 2002, en especial, el principio de imparcialidad al incumplir su deber de investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demostraban la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, así como los que tendían a demostrar su inexistencia o lo eximían de responsabilidad. Esta Sala logra concluir, en aplicación de las reglas de la sana crítica y, en particular, de los principios de identidad y no contradicción, lo siguiente: i) conforme a lo dicho por los testigos, las decisiones disciplinarias no desvirtuaron de manera suficiente la presunción de inocencia del demandante. Nunca se consideró ni se desvirtuó que lo sucedido pudo tratarse de un error involuntario de él, quien era el único cajero de la sucursal, que por esos días tenía que atender a más de 500 usuarios y en pocas oportunidades presentó inconsistencias en su labor; ii) al haberse entregado la copia y el recibo original de las consignaciones objeto de reproche a las usuarias, no era factible que el accionante se hubiese percatado de los dineros faltantes, además pudo no haberse entregado el dinero y por no tener esos originales de las consignaciones tampoco era dable percatarse de su error; iii) dentro del procedimiento administrativo disciplinario, no se determinó la razón por la cual una trabajadora y un contratista de la entidad bancaria tramitaban personalmente consignaciones de deudas de usuarios del banco, ya que la forma tan informal como se efectuaban, pudieron ser la causa del error del demandante; iv) los testigos son consistentes en afirmar que el actor era una persona responsable, respetuosa y honrada. En el presente caso las graves omisiones probatorias de las autoridades disciplinarias de la entidad demandada, al no recaudar las pruebas necesarias para determinar con certeza la responsabilidad del actor, en especial, al no decretar los testimonios de las usuarias bancarias y de los demás trabajadores y contratistas involucrados con las consignaciones objeto de reproche, y que fueron recibidos en esta instancia judicial, vulneraron el principio de inocencia del demandante y desconocieron el principio de in dubio pro reo, en especial, porque dichos testimonios aportan elementos de juicio que permiten determinar que pudo tratarse de un error involuntario y no de una conducta dolosa del accionante. Esta Sala considera que el cargo de falsa motivación por indebida valoración probatoria está llamado a prosperar, en razón a que en la investigación disciplinaria no existió suficiente material probatorio del cual pudiese razonablemente imputarse la responsabilidad disciplinaria al demandante.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION “B”
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUETER
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 11001-03-25-000-2010-00224-00(1819-10)
Actor: JULIAN ANCIZAR MEJIA ALVAREZ
Demandado: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. TEMA: SANCIÓN DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN. ACTUACION: SENTENCIA (ÚNICA INSTANCIA).
Agotado el trámite procesal de instancia y como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala se ocupa de dictar sentencia de mérito dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 La acción (ff. 55 a 66). El señor Julián Ancízar Mejía Álvarez, por conducto de apoderado, ocurre ante la jurisdicción contencioso-administrativa a incoar acción de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), contra el Banco Agrario de Colombia S.A., para que se acojan las pretensiones que en apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad, en lo que al actor concierne, de: i) la decisión de primera instancia de 11 de diciembre de 2008, proferida por la oficina de control disciplinario interno del Banco Agrario de Colombia, a través de la cual se sancionó disciplinariamente al demandante con destitución e inhabilidad general de 10 años; y ii) el acto administrativo de 16 de abril de 2009, expedido por la presidencia de la misma entidad bancaria, que confirmó la anterior determinación.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la entidad demandada: i) cancelar los registros y anotaciones en los que conste la sanción impuesta; ii) reconocer los emolumentos que dejó de percibir desde la suspensión provisional hasta el 24 de noviembre de 2008 (fecha hasta la cual, según el demandante, tenía prorrogado el contrato); y iii) al pago de intereses moratorios desde que quede en firme la sentencia hasta cuando se produzca el pago efectivo de la condena.
1.3 Hechos. Relata el demandante que fue vinculado mediante contrato de trabajo al Banco Agrario de Colombia S.A. desde el 25 de noviembre de 2005. Para la época de los hechos materia de la investigación disciplinaria, se desempeñaba como cajero de la oficina de Agua de Dios.
El 26 de junio de 2007, las clientes Jhoana Pedreros y Martha Yela Mogollón, titulares de un crédito con el Banco, a través del señor Alfonso Reyes Herrera, efectuaron los pagos de sus cuotas en la oficina de Agua de Dios, por un valor de $84.044 y $ 84.479, respectivamente.
Asegura que al finalizar junio de 2007, al realizarse el cierre de mes, se reflejó que las mencionadas señoras tenían pendientes el pago de sus créditos. Ante la visita ordenada por el director de la oficina, las deudoras manifestaron que habían cancelado las cuotas de julio de 2007, con la entrega del original y copia de los comprobantes del pago al señor Alfonso Reyes Herrera.
Por los anteriores hechos el demandante fue suspendido y luego destituido de su cargo.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. La parte demandante considera que los actos acusados son violatorios de los artículos 29 y 83 de la Constitución Política; 6, 9, 18, 19, 128, 129 y 142 de la Ley 734 de 2002; y 46 (numeral 1) del Código Sustantivo del Trabajo.
En procura de desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos acusados, además de lo expresado en los hechos de la demanda, expone los siguientes argumentos en los que fundamenta una falsa motivación: i) las decisiones disciplinarias acusadas se basaron en pruebas que no demostraron la responsabilidad del demandante; ii) las decisiones se hincaron en el informe del profesional de seguridad bancaria, señor Rafael Zúñiga Suárez, en desconocimiento del artículo 128 de la Ley 734 de 2002; iii) se trasgredió el artículo 141 ibidem, en cuanto a que el investigador no valoró las pruebas de manera conjunta y armónica, en especial, porque no se tuvieron en cuenta las declaraciones del demandante y no se llamó a declarar al señor Alfonso Reyes y la señora Adriana Esperanza; iii) se violaron los principios de imparcialidad y buena fe, en razón a que los actos que se demandan se cimientan en interpretaciones personales y subjetivas.
1.5 Contestación de la demanda. El apoderado del Banco Agrario de Colombia S.A. se opone a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.
Contesta cada uno de los argumentos del concepto de la violación de la demanda, así: i) no se desconoció el derecho fundamental al debido proceso del demandante, no solo porque en el procedimiento disciplinario se agotaron todas las etapas respectivas, sino que además el derecho de defensa técnica fue ejercido plenamente; ii) los principios de presunción de inocencia y buena fe fueron atendidos en el procedimiento disciplinario, ello en consideración a que el Banco desvirtuó la presunción de inocencia del accionante de manera motivada, evaluó los argumentos de la defensa a través de los elementos probatorios recaudados en el procedimiento disciplinario; iii) se efectuaron valoraciones conjuntas del material probatorio y en atención de las reglas de la sana crítica; iv) la sanción impuesta al demandante es proporcional, pues en virtud del artículo 18 de la Ley 734 de 2002, la conducta fue considerada como gravísima dolosa, y por ello, le correspondía la sanción impuesta; y v) por último, las normas del Código Sustantivo del Trabajo no le son aplicables a los trabajadores oficiales (ff.110-126).
1.6 Período probatorio. Mediante auto de 1º de marzo de 2012 (ff. 138-139), se abrió el proceso a pruebas, se tuvieron en cuenta los documentos allegados por las partes con la demanda y su contestación y se solicitó del Banco Agrario de Colombia S.A. copia auténtica del contrato de trabajo del actor.
1.7 Alegatos de conclusión. Con proveído de 8 de septiembre de 2017 (f. 330), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y recibir concepto del Ministerio Público.
1.7.1 Parte demandada. El apoderado del Banco Agrario de Colombia S.A. reiteró su solicitud de desestimar las pretensiones de la demanda e insiste en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
Asimismo, asevera: i) el procedimiento disciplinario adelantado por el Banco se sujetó a la normativa constitucional y legal con respeto del debido proceso del demandante; ii) no existe fundamento fáctico o jurídico para manifestar, como lo hace el demandante, que los actos demandados son una expresión de expedición irregular; iii) tampoco existe falsa motivación de las decisiones disciplinarias, toda vez que estas obedecen al análisis y valoración del acervo probatorio y a una conducta tipificada en el ordenamiento disciplinario.
1.7.2 Ministerio Público. La procuradora segunda delegada ante esta Corporación, quien funge como representante del Ministerio Público dentro del presente proceso, solicita se declare la nulidad de los actos acusados, porque «[…] en la versión libre el disciplinado planteó espontáneamente algunas posibilidades que pudieron ocurrir, lo cual era imperativo determinar por el ordenador disciplinario, no si lo evaluaba necesario, tenía el deber, la obligación de hacerlo; por tanto, debió llamarse a declarar a la cajera jefe y al sr Alfonso Reyes, que podrían haber confirmado o infirmado la versión del acto» (ff. 341-346).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1 Competencia. Conforme a la preceptiva de los numerales 1 y 13 del artículo 128 del CCA y lo dispuesto por la sección segunda del Consejo de Estado en autos de 4 de agosto de 2010 y 18 de mayo de 2011, este último complementario del primero, esta Colegiatura es competente para conocer en única instancia de las controversias como la presente, en las que se impugnan sanciones disciplinarias administrativas que impliquen retiro temporal o definitivo del servicio o suspensiones en el ejercicio del cargo, con o sin cuantía, siempre y cuando se trate de decisiones proferidas por autoridades nacionales.
2.2 Actos acusados.
Decisión de primera instancia de 11 de diciembre de 2008, proferida por la oficina de control disciplinario interno del Banco Agrario de Colombia, a través de la cual se sancionó disciplinariamente al demandante con destitución e inhabilidad general de 10 años.
Acto administrativo de 16 de abril de 2009, expedido por la presidencia del Banco Agrario de Colombia, que confirmó la anterior decisión.
2.3 Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si los actos acusados fueron expedidos con infracción de las normas citadas en la demanda y con violación del debido proceso, de conformidad con lo indicado en los antecedentes de esta providencia.
2.4 Pruebas relevantes. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación con el problema jurídico derivado de las causales de nulidad invocadas en la demanda:
Mediante auto de 24 de agosto de 2007, el coordinador disciplinario del Banco Agrario de Colombia decidió abrir investigación disciplinaria contra el demandante (ff. 10-11).
El 24 de noviembre de 2007, el presidente del Banco le comunicó al demandante la decisión de no prorrogar su contrato de trabajo que vencía el 24 de noviembre de 2007.
Con decisión de 3 de octubre de 2008, se formuló pliego de cargos contra el demandante, puesto que: «[…] el servidor público JULIAN ANCÍZAR MEJÍA ÁLVAREZ, el día 26 de junio de 2007, recibió dos recaudos de cartera de las clientes JHOANA PEDREROS y MARTHA CECILIA YELA, por valores de $84.044 y $84.479, respectivamente, les selló los recibos de pago, les colocó su chulo en señal de recibido y no aplicó dichos montos a la contabilidad de la Oficina, como se dijo y él lo reconoció en su versión, sin que ese día haya reportado sobrante alguno, lo que hizo que posteriormente dichas clientes entraran en mora ya que se reflejaban sus nombres en los listados de morosos, se les hiciera el cobro, pero que una vez fue requerido el funcionario implicado por su compañera de oficina, sobre las pruebas aludidas, éste procedió a elaborar otras consignaciones en esa fecha 10 de julio de 2007 e ingresar al sistema el dinero. Concluyéndose con lo anterior, por lo menos hasta ahora que el cajero MEJÍA ÁLVAREZ, se apropió de los dineros el día 27 de junio de 2007, producto del pago de las obligaciones y por los montos aludidos, comportamiento que encuadra en una injustificado incremento patrimonial en su favor» (sic para toda la cita).
La falta fue calificada como gravísima y tipificada en el inciso segundo numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que se le endilgó a título de dolo, toda vez que se consideró que el demandante conocía la ilicitud de su actuar y quiso su realización.
A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver cada uno de los cargos planteados en la demanda.
Caso concreto relativo al problema jurídico planteado. En lo que sigue la Sala estudiará los argumentos expuestos por la demanda, la contestación y el concepto del Ministerio Público, que serán agrupados en dos acápites, así: i) en primer lugar, se analizará si el procedimiento disciplinario desconoció el derecho fundamental al debido proceso, en especial en lo referente a los principios de imparcialidad, presunción de inocencia y buena fe; y ii) en segundo término, se verificará si los actos demandados son una expresión de falsa motivación, como lo afirma el accionante, por inexistencia de prueba que demuestre su responsabilidad y por la falta de valoración sistemática y conjunta del material probatorio.
Debido proceso y legalidad en materia disciplinaria. Frente a la cuestión de si los actos demandados violaron el debido proceso, debe señalarse que los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen dicha garantía como se explica a continuación.
Conforme a esta normativa, el debido proceso comprende un conjunto de principios materiales y formales de obligatorio acatamiento por parte de los funcionarios disciplinarios, en cuanto constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de nulidad de las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas, si se evidencia una violación del debido proceso.
La Corte Constitucional al respecto ha sostenido: «Las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por este alto Tribunal, son las siguientes: (i)ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso».
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha destacado los elementos constitutivos de la garantía del debido proceso en materia disciplinaria, entre otros: i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria; ii) el principio de publicidad; iii) el derecho de defensa y especialmente el de contradicción y controversia de la prueba; iv) el principio de la doble instancia; (v) la presunción de inocencia; vi) el principio de imparcialidad; vii) el principio de non bis in idem; viii) el principio de cosa juzgada; y ix) la prohibición de non reformatio in pejus.
Por otra parte, en el campo disciplinario, el principio de legalidad se encuentra consagrado en diversas disposiciones constitucionales: i) en los artículos 6° y 29 que establecen que los servidores públicos no pueden «ser juzgados sino conforme a las leyes preexistentes», y que «sólo son responsables por infringir la Constitución y la ley» (en su orden); ii) al disponer los artículos 122 y 123 que los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones se someterán a los comportamientos descritos en la Constitución, la ley y el reglamento y que, en todo caso, «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento»; y iii) en el artículo 124 que le asigna al legislador la potestad normativa para crear, modificar o derogar el régimen de responsabilidad al que se someten los servidores del Estado. Esta última norma dispone que: «la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva».
Adicionalmente, en el campo del derecho disciplinario la Corte Constitucional ha señalado que existen particularidades importantes en lo concerniente al alcance de este principio y en esa medida se ha admitido cierta flexibilidad, la cual no es absoluta, pues no puede ser ilimitada de tal forma que conduzca a la arbitrariedad de la administración en la imposición de sanciones, por lo cual se vulnera este principio «cuando se advierta vaguedad, generalidad e indeterminación en la actuación del legislador, en la identificación de la conducta o en la sanción a imponer, de manera que no permitan establecer con certeza las consecuencias de una conducta».
En conclusión, el principio de legalidad no puede analizarse de manera abstracta, sino que se manifiesta a su vez en tres principios: (i) reserva de ley, (ii) tipicidad y (iii) lex praevia.
De acuerdo con los parámetros jurisprudenciales expuestos, esta Corporación encuentra que las afirmaciones hechas por el demandante como violatorias del derecho fundamental al debido proceso tienen vocación de prosperidad, por las siguientes razones:
2.5.1.1 Principio de imparcialidad. Sobre el alcance e importancia de la imparcialidad en materia judicial se ha pronunciado en reiteradas oportunidades la Corte Constitucional, así en el auto A-188 de 2005 sostuvo:
4.- Dentro de los principios fundamentales que rigen los procedimientos judiciales se encuentra el principio de imparcialidad del juez. Las ideas que a lo largo de la tradición jurídica de la humanidad han sustentado este principio, hacen referencia primero, a la manera universalmente adoptada de resolver conflictos mediante la intervención de un tercero, ajeno al conflicto; y segundo, a la manera, también universalmente adoptada - aunque con algunas excepciones- de resolver conflictos de la manera ofrecida por el Estado mediante su función jurisdiccional; esto es, mediante la implementación de un proceso adelantado por un juez y con la potestad de hacer cumplir la solución que se impartió al conflicto.
5.- A partir de estos elementos fundamentales para el desarrollo de función jurisdiccional, surgen las distintas modalidades de protección de los principios que los inspiran. Dentro de éstos, está el principio de imparcialidad, que es presupuesto de la función de los jueces. Por esto, se establece la posibilidad de que se controvierta la imparcialidad de juez, mediante los impedimentos y las recusaciones, procurando que su función se ejerza adecuadamente. Esto es, se contempla la posibilidad jurídica de solicitar el apartamiento de un determinado juez en un determinado caso, si se dan ciertas circunstancias.
Por otra parte, la doctrina distingue entre la imparcialidad subjetiva y la imparcialidad objetiva. La primera exige que los asuntos sometidos al juzgador le sean ajenos, de manera tal que no tenga interés de ninguna clase ni directo o indirecto; mientras que la última hace referencia a que un eventual contacto anterior del juez con el caso sometido a su consideración, desde un punto de vista funcional y orgánico, excluya cualquier duda razonable sobre su imparcialidad.
En esa medida la imparcialidad subjetiva garantiza que el juzgador no haya tenido relaciones con las partes del proceso que afecten la formación de su parecer, y la objetiva atañe al objeto del proceso y asegura que el encargado de aplicar la ley no haya tenido un contacto previo con el asunto a decidir, para que carezca de prevenciones de ánimo.
Sobre la dimensión objetiva del principio de imparcialidad en las actuaciones administrativas sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia T-297 de 1997:
La imparcialidad de los órganos de la administración al pronunciar decisiones definitivas que afectan los derechos de las personas, en cuanto aplican el derecho al igual que los jueces, no obstante admitirse por la doctrina administrativa el interés de la administración en la solución del conflicto, según lo demanden los intereses públicos o sociales, comporta para aquéllos la asunción de una conducta recta, ausente de todo juicio previo o prevenido, acerca del sentido en que debe adoptarse la decisión.
El trato imparcial y por lo tanto ajeno a todo favoritismo, traduce del mismo modo, no solamente la garantía de independencia con que deben actuar dichos órganos, sino la observancia y vigencia del principio de igualdad, en el sentido de que debe darse un tratamiento igualitario a todas las personas que se encuentren dentro de una misma situación fáctica y jurídica.
Específicamente, en materia disciplinaria, el Código Disciplinario Único hace referencia al principio de imparcialidad como uno de los principios que rigen la actuación procesal en materia disciplinaria (artículo 94), y adicionalmente establece de manera expresa la imparcialidad del funcionario que adelanta la investigación disciplinaria en la búsqueda de la prueba (artículo 129), al señalar que «[e]l funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio».
En el caso bajo estudio, el demandante y el Ministerio Público consideran que se vulneró el principio de imparcialidad por parte de los funcionarios disciplinarios porque no se llamó a declarar a los señores Alfonso Reyes y Adriana Esperanza Forero, pues el primero fue quien entregó las consignaciones el 26 de junio de 2007 y la segunda diligenció los recibos de consignación que se ingresaron con fecha 10 de julio de 2007.
Estos testimonios se decretaron y practicaron por esta Sala junto con los de las señoras Gloría Solange Méndez y Martha Cecilia Yela.
La señora Gloria Solange Méndez Cruz, quien fue la funcionaria que diligenció las consignaciones objeto del reproche disciplinario, informa lo siguiente: «SI, yo las elaboré, yo manejaba cartera y elaboraba las consignaciones de pago de cuotas, pero no recuerdo si me las pidió elaborar el señor que cobraba cartera que era el señor ALFONSO REYES o fue JOHANA REYES HERRERA». Sobre la posible explicación acerca de lo sucedido manifestó: «Puede pasar o que el cliente haya entregado la plata o no la haya entregado la plata al cajero, si no la entregó el cajero no se da cuenta y ya si recibió el dinero y no las consignaciones aparecería un sobrante de dinero» (sic para toda la cita)
Por su parte, el señor Alfonso Reyes dijo: «El (sic) era el encargado de cobro de cartera pero no era funcionario del banco directamente, él entraba al banco por toda parte, tenía acceso a todo, era autorizado por el director de nombre RAFAEL ZUÑIGA».
La señora Adriana Esperanza Forero, sobre los hechos objeto de la sanción disciplinaria, expresó «Los pagos se acreditan con la copia del recibo de pago que debía llevar sello e inicial del cajero que recibía el dinero, nunca se entregaba al cliente el original porque se debía dejar en el archivo del Banco y con respecto a que si en mis visitas le observé a los clientes del banco originales y copias de pagos de cuotas de crédito, solamente en alguna ocasión observé a una señora de nombre Yohana Pedreros a quien inicialmente le hacía cobro telefónicamente porque aparecía vencida en la base de cartera y ella me aseguró que había cancelado su cuota dentro del plazo establecido y que tenía el recibo de pago en su poder por lo que me desplace hasta su lugar de trabajo, porque era relativamente cerca de la oficina del Banco para constatar que tuviera en su poder el recibo y ella me entregó originales y copias sellados y la inicial por el cajero aparentemente de la oficina de Agua de Dios», y agregó: «la señora Yohana Pedreros, me facilitó los recibos para constatar con el cajero de la oficina de Agua de Dios, si el sello estampado en los recibos y la inicial correspondían a él, el cajero señor Julián Ancízar Mejía Álvarez al observarlo me confirmó que si era el sello y la inicial de él, el me manifestó que no se acordaba era cuándo habían cancelado esa cuota, pero ante la angustia de las clientes porque era el pago de dos créditos que se encontraban a nombre de Yohana Pedreros y Martha Yela, pues se encontraban en mora para esa fecha, el cajero Julián Ancizar Mejía Álvarez, tomó la decisión de cancelar esas cuotas para no crearles inconvenientes a las clientas […]» (sic para toda la cita).
Una de las clientes involucradas en las consignaciones objeto de reproche disciplinario, señora Martha Cecilia Yela, informó que nunca tuvo problemas con sus créditos en el Banco, que le realizaba los pagos directamente al mismo demandante y que se enteró que lo habían echado de la entidad bancaria un día que se lo encontró en Girardot.
El señor Luis Alfonso Reyes, en su declaración, adujo que trabajó entre los años 2002 y 2008 como mensajero del Banco Agrario de Colombia, y en cinco o seis veces había hecho las consignaciones de la señora Yohana Pedreros, pero no recordaba si en alguna de esas ocasiones el demandante le había entregado el original y la copia de la consignación.
De lo anterior, constata la Sala que efectivamente como lo alega la parte demandante y lo argumenta el Ministerio Público, los funcionarios disciplinarios trasgredieron lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 734 de 2002, en especial, el principio de imparcialidad al incumplir su deber de investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demostraban la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, así como los que tendían a demostrar su inexistencia o lo eximían de responsabilidad.
No existe explicación razonable de que las autoridades disciplinarias hayan establecido la responsabilidad del demandante de haberse apropiado de unos dineros consignados por dos usuarias el 27 de junio de 2007, sin haber escuchado las declaraciones de estas y de los demás funcionarios y contratistas involucrados directamente en el asunto, de cuyas versiones, esta Sala logra concluir, en aplicación de las reglas de la sana crítica y, en particular, de los principios de identidad y no contradicción, lo siguiente: i) conforme a lo dicho por los testigos, las decisiones disciplinarias no desvirtuaron de manera suficiente la presunción de inocencia del demandante. Nunca se consideró ni se desvirtuó que lo sucedido pudo tratarse de un error involuntario de él, quien era el único cajero de la sucursal, que por esos días tenía que atender a más de 500 usuarios y en pocas oportunidades presentó inconsistencias en su labor; ii) al haberse entregado la copia y el recibo original de las consignaciones objeto de reproche a las usuarias, no era factible que el accionante se hubiese percatado de los dineros faltantes, además pudo no haberse entregado el dinero y por no tener esos originales de las consignaciones tampoco era dable percatarse de su error; iii) dentro del procedimiento administrativo disciplinario, no se determinó la razón por la cual una trabajadora (Gloria Solange Méndez) y un contratista de la entidad bancaria (Luis Alfonso Reyes) tramitaban personalmente consignaciones de deudas de usuarios del banco, ya que la forma tan informal como se efectuaban, pudieron ser la causa del error del demandante; iv) los testigos son consistentes en afirmar que el actor era una persona responsable, respetuosa y honrada.
2.5.1.2 Presunción de inocencia y buena fe. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, uno de los principios que expresan el criterio de legitimidad de las actuaciones públicas (administrativas y jurisdiccionales) es el de presunción de inocencia; principio que aplica en todas las actuaciones que se realizan en el ámbito sancionador del Estado.
Por lo tanto, tal como lo ha precisado la Corte Constitucional, quien adelante la actuación disciplinaria deberá conforme a las reglas del debido proceso, demostrar que la conducta de que se acusa a una persona i) comporta el carácter disciplinable; ii) su ocurrencia se encuentra efectivamente probada; y iii) su autoría y responsabilidad está en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Solo después de verificados esos presupuestos, la presunción de inocencia queda desvirtuada, como expresión de las garantías mínimas dentro de un Estado constitucional.
De igual modo, el aludido principio constituye una garantía constitucional frente al poder punitivo. Sin embargo, admite grados de rigor en su aplicación, pues si bien es cierto rige todo el ámbito sancionador, también lo es que este se halla compuesto por escenarios distintos que implican grados diferenciales de aplicación del principio, en relación con tres criterios básicos: i) el bien jurídico que pretende ampararse por medio del ámbito específico de sanción, ii) el sujeto pasivo de dicho poder punitivo y ligado a esto, iii) la sanción a que da lugar la responsabilidad. Esto es así, porque ningún principio es absoluto, de manera que su aplicación en un caso concreto admite la ponderación de los elementos que componen el ámbito de su aplicación.
De esta forma, no supone el mismo grado de rigor en la aplicación del principio de presunción de inocencia, el ámbito penal que el disciplinario, aunque deba ser tenido en cuenta en los dos, pues los bienes tutelados por el primero son de mayor relevancia social que los del segundo y, por consiguiente, la sanción y los derechos afectados por ella son también de importancia, lo que impone sobre el citado principio una cualificada exigencia en su aplicación concreta. Esto es lo que significa que los principios del derecho penal aplican en el disciplinario mutatus mutandi.
En este sentido, se encuentra que la primera instancia desvirtúa la presunción de inocencia del demandante, al tener por probados los siguientes hechos:
Los «[…] hechos concretos dan cuenta que las clientas JHOANA PEDREROS Y MARTHA CECILIA YELA MOGOLLÓN, titulares de dos obligaciones tramitadas con el Banco Agrario, quienes se acercaron a la agencia de Agua de Dios y efectuaron los pagos de sus cuotas, por $84.044 y 84.479, respectivamente, dineros que no fueron registrados en el aplicativo o en la contabilidad de la Oficina y además el cajero no reportó sobrante alguno el día del recaudo 26 de junio de 2007 […]».
Por lo anterior, «[…] se logró determinar que los comprobantes de pago aportados, tenían el sello y firma de recibo, por el cajero de la oficina Agua de Dios JULIÁN ANCÍZAR MEJÍA ALVAREZ, el día 26 de junio de 2007»
Sobre los hechos que la segunda instancia deriva la responsabilidad del disciplinado, en el respectivo acto administrativo se sostuvo:
La imputación efectuada al funcionario JULIÁN ANCÍZAR MEJÍA ÁLVAREZ, deriva principalmente de tres hechos que lo involucran con la apropiación injustificada de recursos.
El primero consiste en que el funcionario JULIÁN ANCÍZAR MEJÍA ÁLVAREZ, desempeñándose como Cajero principal de la Oficina de Agua de Dios, selló y firmó como recibidas de $84.044 y 84.479, correspondiente al pago de las obligaciones de las señoras JOHANA PEDREROS y MARTHA CECILIA YERA, omitiendo el registro de tales operaciones en el aplicativo.
[…]
El segundo hecho consiste en que dentro de la contabilidad del día 26 de junio de 2007, de la Oficina de Agua de Dios, no reposaban los comprobantes de las consignaciones efectuadas. […]
El tercer elemento que se debe tener en cuenta, consiste en que el día de los hechos no se reportaron sobrantes ni faltantes en caja o en bóveda (sic para toda la cita).
De los anteriores razonamientos resulta claro para esta Sala que la responsabilidad disciplinaria del demandante fue endilgada de manera objetiva, sobre la base de que los comprobantes de pago tenían su sello y firma, sin embargo, como se anotó en el acápite precedente, el ejercicio investigativo fue insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del actor.
Una de las hipótesis alegadas por el demandante en las instancias disciplinarias, fue que los faltantes de las consignaciones podrían derivarse de un error involuntario, por ello, para desvirtuar dicha suposición, era absolutamente indispensable que se investigaran las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se efectuaron aquellas.
La firma y sello de las consignaciones no son elementos probatorios suficientes para endilgar una responsabilidad de apropiación de dineros al demandante, ello lo que demuestra es un error en su tramitación. Al no constatar con las mismas usuarias y demás trabajadores involucrados en el hecho las causas de tal anomalía, las autoridades disciplinarias no lograron demostrar el nexo de causalidad entre la irregularidad y la apropiación endilgada al señor Mejía Álvarez.
Con las pruebas testimoniales practicadas en esta instancia administrativa se logró probar, por ejemplo, que las consignaciones, contrario a lo que estimaron los funcionarios disciplinarios, no las realizaron las usuarias sino una trabajadora y un contratista de la entidad bancaria, este hecho es relevante porque pudo ser la causa del error en la entrega del original de la consignación y la omisión de su registro en el sistema, debido a la informalidad con las que se hacían.
Por consiguiente, es necesario tener en cuenta que el principio de in dubio pro disciplinado, al igual que el de in dubio pro reo, emanan de la presunción de inocencia, pues esta implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado.
Como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la Administración, por lo que es su deber reunir todas las pruebas que considere pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado.
En consecuencia, en el presente caso las graves omisiones probatorias de las autoridades disciplinarias de la entidad demandada, al no recaudar las pruebas necesarias para determinar con certeza la responsabilidad del señor Mejía Álvarez, en especial, al no decretar los testimonios de las usuarias bancarias y de los demás trabajadores y contratistas involucrados con las consignaciones objeto de reproche, y que fueron recibidos en esta instancia judicial, vulneraron el principio de inocencia del demandante y desconocieron el principio de in dubio pro reo, en especial, porque dichos testimonios aportan elementos de juicio que permiten determinar que pudo tratarse de un error involuntario y no de una conducta dolosa del accionante.
2.5.2 Falsa motivación por error en la apreciación y valoración de la prueba. Conforme a los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 del 1984), que consagraban las acciones de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, los actos administrativos pueden ser impugnados, entre otras causales, por falsa motivación del acto.
Acorde con ello, el Consejo de Estado ha indicado que los motivos de un acto administrativo constituyen uno de sus fundamentos de legalidad, a tal punto que cuando se demuestra que estas razones que se expresan en el acto, como fuente del mismo, no son reales, no existen o están distorsionadas, se presenta un vicio que lo invalida, llamado falsa motivación.
Por ello, ha explicado que el vicio de nulidad es el que afecta el elemento causal de la decisión, relacionado con los antecedentes de hecho y derecho que facultan su expedición y, por lo tanto, el impugnador tiene la carga de demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad.
Según lo precedente, esta Corporación ha afirmado que la falsa motivación del acto ocurre cuando: i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o simuladas; iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen, y iv) razones que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión
Sobre la falsa motivación en materia disciplinaria, resulta pertinente anotar que si bien, con anterioridad, la jurisprudencia del Consejo de Estado había señalado que el control judicial de los procedimientos disciplinarios no se trata de una tercera instancia, en la cual se pudieran practicar pruebas que no fueron pedidas en el procedimiento administrativo y que sirvieron de sustento para la decisión, se impone la valoración de las practicadas, para desentrañar si se presentó un defecto fáctico que amerite la anulación de los actos sancionatorios, puesto que si dicho procedimiento se quebrantó el derecho de defensa o el debido proceso al encartado, aquel no tiene otro recurso distinto para demostrar tal vulneración.
De encontrar comprobada la errónea valoración probatoria, se demuestra una falsa motivación, en tanto la realidad probada contraviene los supuestos fácticos a los que hacen referencia los actos administrativo demandados, es decir, se desvirtúa su legalidad y se prueba la causal de nulidad, por falsa motivación o por la vulneración de los derechos fundamentales del disciplinado, tal como lo señaló el Consejo de Estado, en la sentencia de 3 de febrero de 2011, en los siguientes términos:
[… ] la relación entre el proceso disciplinario y el procedimiento contencioso administrativo, esto es, las cargas argumentativas del demandante en el enjuiciamiento contencioso administrativo y el papel del juez frente al proceso.
Partiendo de que el control del juez administrativo sobre el acto disciplinario es pleno, como ya lo ha resaltado la Sala, la especificidad del proceso disciplinario conduce a que la presunción de legalidad que se predica de todo acto administrativo, adquiera particular relevancia frente al acto sancionatorio disciplinario.
El juez de la legalidad del acto, debe verificar si la interpretación jurídica efectuada por el titular de la acción disciplinaria se enmarcó dentro de los parámetros hermenéuticos, o si excedió los límites de la actividad disciplinaria. No se trata de que el control de legalidad de ese acto administrativo de naturaleza especial sea un control restringido, pero siendo el procedimiento disciplinario un verdadero procedimiento, con etapas, partes, formulación de cargos, descargos, etapa probatoria, fallo, etc., el control judicial contencioso administrativo de ese acto definitivo no puede constituir una instancia más dentro de la actuación.
Esta tesis fue reiterada por esta sección, en sentencia de 5 de septiembre de 2012, al discurrir así:
[…]´
Corresponde entonces a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, entre otras cosas, verificar que la prueba recaudada en el tramite disciplinario se haya ajustado a las garantías constitucionales y legales, es decir, la acción de nulidad resulta ser un momento propicio para la exclusión de la prueba manifiestamente ilícita o producida con violación al debido proceso o de las garantías fundamentales, o sea, para aquella en cuya práctica se han trasgredido los principios básicos rectores de esa actividad imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa. Entonces, en línea de principio puede predicarse que el control que a la jurisdicción corresponde sobre los actos de la administración, cuando ésta se expresa en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba, salvo que en su decreto y práctica se hubiere violado flagrantemente el debido proceso, o que la apreciación que de esa pruebas haya hecho el órgano disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, es decir, reñida con el sentido común y alejada de toda razonabilidad. Por lo mismo, el control judicial del poder correccional que ejerce la Procuraduría General de la Nación, no puede ser el reclamo para que se haga una nueva lectura de la prueba que pretenda hacer más aguda y de mayor alcance, pues esa tarea corresponde a las instancias previstas en el C.D.U. y es en principio ajena a la actividad de la jurisdicción. En síntesis, debe distinguirse radicalmente la tarea del Juez Contencioso que no puede ser una tercera instancia del juicio disciplinario, y tal cosa se ha pretendido con la demanda contencioso administrativa de que hoy se ocupa la Corporación, demanda que por tanto está condenada al fracaso.
[…]
Sin embargo, desde la sentencia de 26 de marzo de 2014, el Consejo de Estado ha precisado el anterior criterio jurisprudencial respecto del control judicial ejercido por esta jurisdicción, sobre los actos y procedimientos administrativos disciplinarios en sede de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, en los siguientes términos:
Por mandato de la Constitución Política y la ley, el control judicial ejercido por la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los actos y procedimientos administrativos disciplinarios en sede de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho es un control integral y pleno, que se aplica a la luz de la Constitución y del sistema legal como un todo, en los aspectos tanto formales como materiales de las actuaciones y decisiones sujetas a revisión, y no se encuentra limitado ni por las pretensiones o alegaciones de las partes. Como se recalcará más adelante, el mandato constitucional de prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones de la administración de justicia (art. 228, C.P.), aunado a la prevalencia normativa absoluta de la Constitución Política en tanto norma de normas (art. 4, C.P.) y al postulado de primacía de los derechos fundamentales de la persona (art. 5, C.P.), obliga en forma imperativa a los Jueces de la República -incluyendo al Consejo de Estado y a la totalidad de la jurisdicción contencioso-administrativa- a dar una implementación práctica integral a los mandatos del constituyente, y al sistema jurídico-legal vigente como un todo, en cada caso individual que se someta a su conocimiento a través de los medios ordinarios de control que consagra el CPACA.
Al respecto, esta Colegiatura en la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016 de la sala plena sostuvo que «No es comparable, ni de lejos, el titular de la acción disciplinaria de naturaleza administrativa con el rango y la investidura de un juez de la República», providencia que igualmente marcó el afianzamiento de la pauta interpretativa de 2014 en el sentido de que el control ejercido por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo sobre los actos administrativos de naturaleza disciplinaria es de carácter integral, el cual comporta una revisión legal y constitucional, sin que alguna limitante restrinja la competencia del juez, entre otras razones, porque la presunción de legalidad del acto sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo y porque la interpretación normativa y la valoración probatoria efectuada en sede disciplinaria es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. El control integral a que alude el citado fallo se enuncia así:
[…] 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva […].
En este sentido, sobre la responsabilidad del accionante y el análisis probatorio que se limitó a un informe bancario que advierte sobre los dineros faltantes, la versión libre del demandante y el testimonio del jefe de la oficina de Agua de Dios, la primera instancia disciplinaria, determinó:
De lo anterior existe prueba de las primeras consignaciones las cuales tienen sello y firma de recibido del cajero JULIAN ANCÍZAR MEJÍA ÁLVAREZ, DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2007, copias que fueron entregadas por las clientes a la cajera ESPERANZA FORERO de la Oficina de Agua de Dios, al momento de realizarles los cobros; lo que se concluye que dichas clientes JHOANA PEDREROS y MARTHA CECILIA YELA, sí habían pagado en tiempo sus obligaciones, pero que dicho dinero no fue aplicado al sistema o a la contabilidad de la oficina, por lo que dicho funcionario MEJÍA ÁLVAREZ, se apropió de los valores de las consignaciones, por cuanto ese día y hora no reportó sobrante en caja alguno.
De lo anterior se concluye que el servidor público JULIAN ANCÍZAR MEJÍA ÁLVAREZ, el día 26 de junio de 2007, recibió dos recaudos de cartera de las clientes JHOANA PEDREROS y MARTHA CECILIA YELA, por valor de $84.0044 y $84.479, respectivamente, les selló los recibos de pago, les colocó su chulo en señal de recibo y no aplicó dichos montos a la contabilidad de la Oficina, como se dijo y el lo reconoció en su versión, sin que ese día haya reportado sobrante alguno, lo que hizo que posteriormente dichas clientes entraran en mora, ya que se reflejaban sus nombres en los listados de morosos, se les hiciera cobro, pero que una vez fue requerido el funcionario implicado por su compañera de oficina, sobre las pruebas aludidas, éste procedió a elaborar otras consignaciones en esa fecha 10 de julio de 2007 e ingresar al sistema el dinero. Concluyéndose con lo anterior, que el cajero MEJÍA ÁLVAREZ, se apropió de los dineros el día 27 de junio de 2007, producto del pago de las obligaciones y por los montos aludidos, comportamiento que encuadra en una injustificado incremento patrimonial en su favor (sic para toda la cita).
Por su parte, la segunda instancia disciplinaria analiza el mismo material probatorio recaudado por la primera, de la siguiente manera:
Esta instancia considera que lo que sucedió corresponde a una apropiación debidamente planeada, pues es la única explicación para que se hubieran presentado las tres circunstancias mencionadas al tiempo, ya que en el caso de que se hubiese recibido las sumas de dinero, la omisión del registro dentro del aplicativo, habría generado un sobrante en caja por $168523, y en el caso de no haberse recibido el dinero, como sostiene el disciplinado y su defensa, al ingresar las operaciones dentro del aplicativo, y sobre todo al ingresar los documentos contables respectivos, se hubiere generado un faltante en caja por el mismo valor.
Pero en ninguna medida es razonable creer que el día en que ocurrieron los hechos, el cajero sin recibir las sumas de dinero respectivas, hubiera suscrito y sellado los comprobantes de pago, olvidando a si (sic) mismo, desprender el soporte que debe reposar en el Banco.
[…] 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo (sic) es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva […].
Sobre este proceder de los funcionarios disciplinarios, se destaca que la jurisprudencia ha precisado que las deficiencias probatorias pueden generarse como consecuencia de: i) una omisión judicial, como puede cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa o puede ser por la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia probatoria; ii) o por vía de una acción positiva, que se da cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar, porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo se desconoce la Constitución, o por la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes al caso concreto, y (iii) defecto fáctico por desconocimiento de las reglas de la sana crítica.
En este sentido, las deficiencias probatorias del procedimiento consistentes en una insuficiencia probatoria por una falta de actividad de las autoridades disciplinarias en su decreto y práctica, en particular, al obviar decretar y practicar los testimonios de los trabajadores y contratistas del Banco y los clientes, involucrados en el hecho, los llevó a incurrir en tres errores que constituyen una falsa motivación de los actos demandados, consistentes en: i) asumir como no razonables explicaciones de la anomalía presentada con las consignaciones, y presumir hechos que no fueron suficientemente probados y descartados en el procedimiento por una deficiente labor probatoria, lo cual produjo una violación del principio de presunción de inocencia; ii) concluir la apropiación de dineros del demandante exclusivamente de las pruebas documentales que contenían las consignaciones con el sello y firma de este, obviando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que pudieron producirse, lo que implicó la imputación de una responsabilidad objetiva que está proscrita del ordenamiento sancionatorio colombiano; iii) de las premisas planteadas por los funcionarios disciplinarios, esto es, de la evidencia de los documentos que probaban la firma y el sello del demandante en las consignaciones, no se deduce lógica y necesariamente la conclusión de su apropiación por parte de este, en este caso, el demandado incurrió en una falacia por afirmación de consecuencia, al deducir la verdad de la consecuencia (la apropiación del dinero por el demandante) de la aseveración del antecedente (cuando las consignaciones tienen sello y firma de recibo y no se registran en el sistema ).
Por lo expuesto, esta Sala considera que el cargo de falsa motivación por indebida valoración probatoria está llamado a prosperar, en razón a que en la investigación disciplinaria no existió suficiente material probatorio del cual pudiese razonablemente imputarse la responsabilidad disciplinaria al demandante.
2.6 Restablecimiento del derecho. Por último, se encuentra que el accionante solicita a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la entidad demandada: i) cancelar los registros y anotaciones en los que conste la sanción impuesta; ii) reconocer los emolumentos que dejó de percibir desde la suspensión provisional hasta el 24 de noviembre de 2008 (fecha hasta la cual, según el demandante, tenía prorrogado el contrato); y iii) el pago de intereses moratorios desde el día que quede en firme la sentencia hasta cuando se produzca la cancelación efectiva de la condena.
2.6.1 Reintegro al cargo. No se ordenará por cuanto el demandante tenía contrato de trabajo a término fijo hasta el 24 de noviembre de 2007, de acuerdo con lo probado
En este sentido, es necesario hacer algunas precisiones sobre los extremos temporales del restablecimiento del derecho que se ordenará.
Sobre el inicio del restablecimiento del derecho que será ordenado, la Sala evidencia que mediante actos administrativos de 31 de octubre y 22 de noviembre de 2007, la entidad demandada dispuso la suspensión provisional del demandante en decisión de instancia y revisión, respectivamente, sin embargo, no reposa en el expediente la fecha de la comunicación, notificación y ejecución de dichas decisiones.
Por lo anterior, y en consideración a que conforme con el inciso segundo del artículo 157 de la Ley 734 de 2002, la decisión de suspensión provisional de primera instancia tiene efecto inmediato y la revisión de dicha decisión tiene efecto devolutivo, la Sala ordenará a título de restablecimiento del derecho únicamente el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el demandante, desde el momento que se hizo efectiva la suspensión provisional hasta el 24 de noviembre de 2007.
Sobre este particular, es necesario aclarar que aunque en sus peticiones el demandante solicita a título de restablecimiento del derecho que se le reconozca los emolumentos que dejó de percibir desde la suspensión provisional hasta el 24 de noviembre de 2008, lo cierto es que según las pruebas obrantes en el expediente, el contrato individual de trabajo solo se encontraba prorrogado hasta el 24 de noviembre de 2007.
Esta última conclusión es advertida en consideración a que la cláusula cuarta del contrato que reposa a folios 211 a 213, este tenía una duración de 6 meses; y se entendía prorrogado por el mismo lapso con el consentimiento expreso o tácito del Banco, es decir, que si se tiene en cuenta que el contrato inicio el 25 de noviembre de 2005, la última prórroga sería hasta el 24 de noviembre de 2007 y no hasta la fecha que pretende el demandante.
2.6.2. Pago de salarios y prestaciones. En consideración a que el artículo 85 de Código Contencioso Administrativo -aplicable al caso- distinguió el restablecimiento del derecho (sin fijar límite temporal) de la reparación del daño (entre ellos el moral, que no fue demostrado ni solicitado), a manera del primero, se condenará al Banco Agrario de Colombia S.A. a que reconozca y pague al demandante, en su condición de cajero, los salarios y prestaciones que pudo haber devengado en servicio activo desde el momento en que se hizo efectiva la suspensión provisional hasta el 24 de noviembre de 2007, fecha en la cual terminó su contrato de trabajo.
Las sumas que resulten a pagar a favor del accionante por la ejecución de esta sentencia serán indexadas, de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, a cuyo efecto se aplicará la siguiente fórmula:
R = Rh x índice final
índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, respecto de cada obligación, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas.
2.6.3 Eliminación de la anotación disciplinaria. El Banco Agrario de Colombia S.A. deberá eliminar de sus registros la anotación de la sanción disciplinaria impuesta al demandante, de conformidad con la motivación.
Por lo anterior, y en consideración a que el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, dispone que las sanciones disciplinarias son inscritas por la división de registro y control y correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, en atención a las comunicaciones que hacen los funcionarios disciplinarios de las entidades estatales, se ordenará al demandado informar a ese ente de control para que igualmente proceda a eliminar de sus registros la sanción.
Se negarán las restantes súplicas de la demanda.
2.7 Otros aspectos procesales.
2.7.1 Condena en costas. No se procederá a ello respecto de la parte vencida, dado que en el prisma del artículo 171 del CCA no se advierte, en síntesis, abuso en la actuación, en la medida en que, como lo ha sostenido esta Corporación, la oposición carece de temeridad porque quien la presentó le asiste un fundamento razonable. Tampoco se detecta una injustificada falta de colaboración o proceder con interés meramente dilatorio que conduzca a considerar que incurrió en una conducta reprochable que la obligue a correr con los gastos realizados por la otra parte para obtener un pronunciamiento judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1.º Declárase la nulidad de: i) la decisión de primera instancia de 11 de diciembre de 2008, proferida por la oficina de control disciplinario interno del Banco Agrario de Colombia S.A., a través de la cual se sancionó disciplinariamente al demandante con destitución e inhabilidad general de 10 años; y ii) del acto administrativo de 16 de abril de 2009, expedido por la presidencia del Banco Agrario de Colombia S.A., que confirmó la decisión de primera instancia, conforme a la motivación.
2.° Condénase al Banco Agrario de Colombia S.A. que a título de restablecimiento del derecho pague al demandante los correspondientes salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde el momento que se hizo efectiva su suspensión provisional hasta el 24 de noviembre de 2007.
3.º Ordénase al Banco Agrario de Colombia S.A. cancelar los registros y anotaciones en los que conste la sanción impuesta al demandante y envíe las comunicaciones a la Procuraduría General de la Nación para el mismo efecto.
4.º Niéganse las demás súplicas de la demanda.
5.° La demandada dará cumplimiento al presente fallo conforme a lo previsto en los artículos 176 y 178 del CCA.
6.º No condenar en costas a la entidad demandada.
7.º En firme esta providencia, archívense las diligencias, previas las constancias y anotaciones que sean menester.
Notifíquese y cúmplase.
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr. Pese a que el demandante afirma en la acción que el contrato estaba prorrogado hasta el 24 de noviembre de 2008, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato individual que reposa a folios 211 a 213, el mismo tenía una duración de 6 meses, contados a partir del 25 de noviembre de 2005, es decir, que la última prórroga sería hasta el 24 de noviembre de 2007. Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo, sección segunda, auto de 4 de agosto de 2010, radicación 2010-00163-00 (1203-10), magistrado ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, auto de 18 de mayo de 2011, radicación 2010-00020-00 (0145-10), magistrado ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Corte Constitucional, sentencia T-051 de 2016, magistrado ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional, sentencia T-1034 de 2006, magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. En igual sentido, las sentencias C-310 de 1997, magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz; C-555 de 2001, magistrado ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1102 de 2005, magistrado ponente: Jaime Araujo Rentería; y T-330 de 2007, magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño, entre otras. Corte Constitucional, sentencia C-818-2005, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencia T-1039 de 2006, magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto
Corte Constitucional, sentencia C-853 de 2005, magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño. Ver también las sentencias C-343 de 2006 y C-507 de 2006, magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. En materia disciplinaria, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha precisado que el señalamiento de los comportamientos reprochables disciplinariamente, así como las sanciones, los criterios para su fijación y los procedimientos para adelantar su imposición, corresponden a una materia que compete desarrollar de manera exclusiva a la ley, y a disposiciones con fuerza de ley. En aras de preservar el principio de reserva de ley, es para el legislador un imperativo constitucional fijar en la ley disciplinaria, como mínimo: (i) los presupuestos básicos de la conducta típica que será sancionada, (ii) las remisiones normativas o los elementos determinables cuando se haya previsto un tipo en blanco, (iii) los criterios por medio de los cuales se puede precisar con claridad y exactitud la conducta, (iv) las sanciones y las pautas mínimas que permitan su imposición y (v) los procedimientos que se adelanten para garantizar que su establecimiento se hará conforme a las exigencias mínimas del debido proceso
Adicionalmente, a las personas no se les puede aplicar una descripción de la conducta sancionada efectuada con posterioridad a la realización de la misma, porque ello desconocería el principio de lex praevia. Werner Goldschmidt, «La imparcialidad como principio básico del proceso», disponible en: HYPERLINK "http://www.academiadederecho.org" http://www.academiadederecho.org, consultado el 30 de agosto de 2018. Corte Constitucional, sentencia T-1034 de 2006, magistrado ponente: Humberto Sierra Porto. Ibidem. Corte Constitucional, sentencia T-969 de 2009, magistrada ponente: María Victoria Calle. Puede consultarse, entre otras, las sentencias C-244 de 1996, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz; y C-1156 de 2003, magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis. Ibidem, p.10. Ibidem. Corte Constitucional, sentencia C-244-1996, magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz. Ibidem
Consejo de Estado, sección primera, sentencia de 14 de abril de 2016, expediente 25000232400020080026501, magistrada ponente: María Claudia Rojas Lasso. Ibidem
Ibidem
Consejo de Estado, sentencia de 3 de febrero de 2011, expediente: 250002325000200402982-01 (1384-06). Además, de la sala plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 11 de diciembre 2012, expediente: 11001-03-25-000-2005-00012-00.
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia del 5 de septiembre de 2012, expediente: 11001 0325000 2010 00183 00 (1305-2010), magistrado ponente: Gustavo Eduardo Gómez. Consejo de Estado, sala plena, sección segunda, subsección A, sentencia del 26 de marzo de 2014, Radicación 263 de 2013, magistrado ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-2011), magistrado ponente: William Hernández Gómez (E).
En lógica formal, la afirmación del consecuente, también llamado error inverso, es una HYPERLINK "https://es.wikipedia.org/wiki/Falacia_formal" \o "Falacia formal" falacia que suele cometerse al suponer que sostenido el antecedente estamos autorizados a aseverar la consecuencia. La falacia por afirmación tiene la siguiente forma argumental: 1. Si A, entonces B; 2. B; 3. Entonces A. Por ejemplo: Si llueve la calle se moja, la calle está mojada, entonces llovió, aunque en este ejemplo todas las premisas pueden ser ciertas, la conclusión no necesariamente es cierta, porque la calle podría estar mojada porque alguien la mojó con una manguera.
En folios 19 a 62 del cuaderno de copias del procedimiento disciplinario constan los actos administrativos de suspensión provisional del demandante.
A folio 60 del cuaderno de copias de la actuación administrativa disciplinaria, reposa la carta enviada por el presidente del Banco Agrario de Colombia S.A. en el que se le comunica al demandante la decisión de no prorrogar su contrato de trabajo que venció el 24 de noviembre de 2007.
Teniendo en cuenta que conforme con el artículo 157 de la Ley 734 de 2002 «El auto que decreta la suspensión provisional será responsabilidad personal del funcionario competente y debe ser consultado sin perjuicio de su inmediato cumplimiento si se trata de decisión de primera instancia; en los procesos de única, procede el recurso de reposición» (destacado de la Sala)
La cláusula cuarta del contrato individual de trabajo dispone: «El presente contrato se celebra por el término fijo de SEIS (6) MESES contado (s) a partir de la fecha señalada en la cláusula primera. La prórroga del contrato deberá constar por escrito. Pero si extinguido el plazo estipulado EL TRABAJADOR continuare prestando sus servicios a BANAGRARIO, con su consentimiento, expreso o tácito, el contrato se considerará por ése sólo hecho prorrogado por un lapso de seis (6) meses».
ARTÍCULO 85. Modificado por el art. 15, Decreto Nacional 2304 de 1989 «Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente» (se destaca).
Sentencia del 18 de febrero de 1999; Radicación 10775, magistrado ponente:. Ricardo Hoyos Duque.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
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