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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2011-00046-00

Derecho de contradicción: no vulnerado al tener conocimiento del expediente disciplinario

Fecha
22 de marzo de 2018
Consejero ponente
César Palomino Cortés
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2011-00046-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Claudia Patricia Ruiz Eusse contra la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas. TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Luisa Fernanda Lozano Garzón identificada con cédula de ciudadanía 1.013.587.150 y portador de la tarjeta profesional 186.584 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en representación de la entidad demandada. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2011-00046-00

Consejero ponente: César Palomino Cortés

22 de marzo de 2018

PROCESO DISCIPLINARIO – Secretaria de Hacienda del municipio de La Virginia / CONDUCTA – Falsedad en documento público / FALTA GRAVÍSIMA – A título de dolo / ETAPA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA – Vencimiento de términos / INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS PROCESALES – No vulnero el debido proceso ni el derecho de defensa

[S]i bien es cierto que el establecimiento de los términos en el proceso sancionatorio constituye una garantía para el investigado con el fin de que su situación disciplinaria no esté vigente de manera indefinida, también lo es que en el presente asunto se advierte que a la actora no se le desconoció el derecho fundamental al debido proceso, pues el auto de cargos y las decisiones de primera y segunda instancia se allanaron al cumplimiento de las exigencias de los artículos 163 y 170 de la Ley 734 de 2002. Así entonces, para la Sala el incumplimiento de los términos procesales en las etapas de la actuación disciplinaria per se no limitan el ejercicio de dicha potestad, el cual tiene por objeto garantizar el adecuado funcionamiento de la administración, de conformidad con los principios y fines previstos en la Carta Política y la Ley, labor que fue desarrollada por la Procuraduría al momento de expedir los actos demandados, por lo que se considera que no se vio afectado el debido proceso ya que a la demandante le fue respetado el derecho a la defensa al ser debidamente notificada de las providencias emitidas, lo cual le permitió en su momento contestar el auto de cargos, solicitar pruebas y apelar las decisiones sobre las cuales recaía su inconformidad, cumpliéndose además con la garantía de la función pública establecía en el artículo 22 de la Ley 734 de 2002. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que, pese a que la Procuraduría Provincial de Pereira se excedió el término de la etapa de investigación, dicha circunstancia objetiva no conlleva la nulidad de la actuación disciplinaria, ni es causal que invalide los actos censurados, razón suficiente para no declarar probado el cargo.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 163 / LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 170

DERECHO DE CONTRADICCIÓN – No vulnerado al tener conocimiento del expediente disciplinario / TESTIMONIOS – Decretados en auto de apertura de la investigación disciplinaria

[P]ara la Sala el cargo por violación del derecho de contradicción no prospera, pues está acreditado que la parte actora tuvo a su disposición el expediente disciplinario, se le permitió presentar descargos de la conducta reprochada, controvertir las pruebas, se le expidieron las copias que solicitó para ejercer el derecho de defensa y contradicción, se le dio la oportunidad de interponer el recurso procedente contra la decisión de primera instancia, el cual fue resuelto por la Procuraduría Regional de Risaralda confirmando la responsabilidad disciplinaria y la sanción, además que siempre estuvo asistida de defensa técnica durante la actuación.

SUBSUNCION TIPICA DE LA CONDUCTA – Norma sancionatoria aplicable / TIPO EN BLANCO O ABIERTA - Remite a la ley penal para la configuración de la falta gravísima / ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL DELITO – Competencia del juez penal y no de la autoridad disciplinaria / ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN LA FALTA DISCIPLINARIA – Código disciplianrio único

Es así, que en el sub lite se le citó a la investigada como falta disciplinaria gravísima la contemplada en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, de “[r]ealizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se comete en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”. Esta disposición en blanco o abierto remite a la ley penal para la configuración de la falta gravísima, por esta razón en el caso concreto la Procuraduría Provincial de Pereira determinó con el acervo probatorio allegado al proceso que la demandante como secretaria de hacienda del municipio de La Virginia con el comportamiento reprochado describió de manera objetiva el tipo penal de falsedad ideológica en documento público, previsto en el artículo 286 de la Ley 599 de 2002, sin que fuese necesario realizar un análisis de los elementos que integran el delito, esto es tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, pues ello es competencia del juez penal y no de la autoridad disciplinaria cuyo análisis de los elementos que estructuran la falta disciplinaria se hace acorde con el Código Disciplinario Único

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00046-00(0171-11)

Actor: CLAUDIA PATRICIA RUIZ EUSSE

Demandado: NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Decreto 01
de 1984
Tema : Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad
general de 12 años y 6 meses- Ley 734 de 2002

La Sala decide en única instancia sobre las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Claudia Patricia Ruiz Eusse contra la Nación- Procuraduría General de la Nación.

ANTECEDENTES

La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, la señora Claudia Patricia Ruiz Eusse, por conducto de apoderado, pide las siguientes declaraciones y condenas:

Que se declare la nulidad de los actos administrativos del 31 de mayo de 2005, proferido por la Procuraduría Provincial de Pereira, mediante el cual sancionó a la actora con destitución e inhabilidad general de 12 años y 6 meses para ejercer cargos públicos; y el del 30 de agosto de 2005, dictado por la Procuraduría Regional de Risaralda, que confirmó la anterior decisión.

Como consecuencia de la nulidad de los actos referidos, y a título de restablecimiento del derecho la demandante solicitó que se condene a la Procuraduría General de la Nación a pagarle los perjuicios materiales de lucro cesante por los dineros dejados de percibir desde la fecha de ejecución de la decisión de destitución e inhabilidad general.

Igualmente, pidió que se condene a la Procuraduría General de la Nación a pagar los perjuicios morales por el daño sufrido, el dolor, la angustia, la imposibilidad de ejercer su profesión y desempeñar cargos públicos, circunstancias que afectan su dignidad y autoestimad, por lo que se le debe pagar el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La actora en escrito separado solicitó la suspensión provisional de los actos administrativos de primera y segunda instancia proferidos por las Procuradurías Provincial de Pereira y la Regional de Risaralda, respectivamente.

Los hechos que fundamentan las pretensiones son los siguientes:

El 22 de mayo de 2002 la actora se posesionó como secretaria de hacienda del municipio de La Virginia, Risaralda y permaneció en el cargo hasta el 16 de julio de 2003, devengando un salario de $1.476.442.

El 13 de junio de 2003 la Procuraduría Provincial de Pereira inició investigación disciplinaria en contra de la demandante por el hecho de haber presentado el 31 de diciembre de 2002 a la Contraloría General de Risaralda la misma información contable del tercer trimestre de ese año, lo que presuntamente puede constituir una falsedad en documento público.

El 28 de septiembre de 2004 la Procuraduría Provincial de Pereira formuló pliego de cargos a la actora por haber incurrido en la falta gravísima de acuerdo con el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al adecuarse su comportamiento en el delito de falsedad ideológica en documento público.

El 31 de mayo de 2005 la Procuraduría Provincial de Pereira expidió el acto de primera instancia sancionado a la actora con destitución e inhabilidad general por el término de 12 años y 6 meses para ejercer cargos públicos.

El 30 de agosto de 2005, la Procuraduría Regional de Risaralda al resolver el recurso de apelación confirmó la decisión de primera instancia.

Normas y concepto de violación

La parte actora citó como normas violadas las siguientes:

De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 6, 25, 29 y 209.
De la Ley 734 de 2002, artículos 6, 9, 13, 48 numeral 1, 50, 140 y 156.
De la Ley 599 de y 286.2000, artículos 9, 10, 11, 12 y 286
Del Decreto 01 de 1984, artículos 84 y 85, 135 a 139 y 206.

La demandante sostuvo que los actos administrativos atacados son nulos porque están afectados por las causales contenidas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, “relativas a la violación de la regla de derecho de fondo y de expedición irregular”.

Afirmó la parte actora que se le sancionó por una conducta que no se configura en falta de acuerdo con el material probatorio traído al proceso, por lo que la decisión cuestionada es prueba de la extralimitación del ejercicio de cargo.

Señaló la actora que la Procuraduría le desconoció el debido proceso al no tener en cuenta las formas propias de la acción disciplinaria y al realizar un juicio valorativo contrario a la realidad de los hechos y a las disposiciones citadas como infringidas, conforme lo siguiente.

Resaltó que el cumplimiento de los términos procesales es una de las garantías del disciplinado, teniendo derecho a que la situación se le resuelva de forma pronta, por ello el legislador en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002 estableció que la etapa de la investigación solo puede durar 6 meses contados a partir del auto de apertura, y que en su caso se profirió auto de apertura de investigación el 13 de junio de 2003 y tan solo hasta el 28 de septiembre de 2004 se formularon los cargos, superándose ampliamente el término referido.

Indicó que la Procuraduría Provincial de Pereira vulneró el principio de presunción de inocencia cuando determinó previamente a la decisión de primera instancia que la actora era responsable disciplinariamente, al sostener: “(…) Por lo tanto con la conducta endilgada incurrió en la falta descrita en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que indica: (…)”.

Agregó la actora que la Procuraduría Provincial en el afán de sancionarla no hizo un análisis razonable y confiable sobre la queja puesta en su conocimiento, reiterando que desde el auto de cargos determinó su responsabilidad, por lo que se desconoció el artículo 9 de la Ley 734 de 2002.

Expresó que el incumplimiento de la presunción de inocencia lleva implícito la responsabilidad objetiva proscrita de nuestro ordenamiento disciplinario, en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002.

Manifestó que la Procuraduría Provincial de Pereira desconoció el derecho de contradicción al llevar a cabo la recepción de testimonios sin que estas pruebas hubiesen sido decretadas por auto y notificadas a la demandante, por lo que no tuvieron oportunidad de intervenir en la audiencia, ello ocurrió con los testigos Ludivia Montoya Cadavid y Guillermo Buitrago.

Explicó la actora que el comportamiento que le fue reprochado en el auto de cargos no se subsume en el tipo de falsedad ideológica y por lo mismo no incurre en la conducta prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por lo que hay ausencia de adecuación típica de la conducta.

Es así que no concurren los elementos del tipo penal, pues respecto de la tipicidad, i) el sujeto activo sería la contadora municipal, quien tiene la función de rendir el informe contable con corte a 31 de diciembre de 2002 según el manual de funciones; ii) no existió antijuridicidad al no presentarse daño al bien jurídico tutelado, “toda vez que el documento estaba elaborado en forma tal que no tenía la potencialidad de causar daño alguno, como se dijo atrás éste fue elaborado con el único propósito de cumplir con un término de presentación, conociéndose de que estaba atrasado en un trimestre que de hecho era evidente y notable”, para obtener un incentivo de acuerdo con los numerales 79.3 y 79.4 del artículo 79 de la Ley 715 de 2001; y iii) la actora no pretendió la realización de una conducta ilícita, al no estar dentro de su esfera funcional hacer los informes contables y “[e]l haber suscrito un informe que contenía una información atrasada se puede calificar de negligente, pero no dolosa y como el delito imputado únicamente permite la modalidad dolosa, no es posible su autoría”, por lo que hay ausencia de culpabilidad.

Trámite procesal

Con providencia del 4 de marzo de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda declaró la nulidad del auto del 23 de noviembre de 2009, mediante el cual esa Corporación admitió el recurso de apelación contra la sentencia del 24 de agosto de ese año, y dispuso remitir el expediente al Consejo de Estado, al tener en cuenta lo señalado por la Sección Segunda, Subsección B del Órgano de Cierre Administrativo.

Mediante auto del 7 de mayo de 2010, este Despacho resolvió declarar la incompetencia para conocer del proceso, en razón a que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho tenía cuantía y, de acuerdo con el artículo 133 del C.C.A, corresponde al Tribunal Administrativo de Risaralda.

A través del auto del 7 de octubre de 2010, el Tribunal Contenciosa Administrativo de Risaralda dispuso remitir el proceso al Consejo de Estado por tratarse de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra sanciones administrativas disciplinarias que originan un retiro definitivo de la entidad, en atención a lo dispuesto por esta Corporación en auto del 4 de agosto de 2010.

Con auto del 29 de septiembre de 2011, el Despacho que sustancia declaró la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda proferida el 23 de agosto de 2006 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Risaralda, dejando a salvo las pruebas válidamente practicadas.

Mediante auto del 1 de marzo de 2012, el Despacho sustanciador admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora Claudia Patricia Ruiz Eusse contra la Nación- Procuraduría General de la Nación y negó la suspensión provisional.

A través del auto del 7 de febrero de 2013, se abrió el periodo probatorio, disponiendo tener en cuenta los documentos acompañados por las partes y reitera que las pruebas practicadas conservan su validez.

3. Contestación de la demanda

La Procuraduría General de la Nación, a través de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando que los actos acusados se expidieron en acatamiento de la Constitución Política y la ley, y que la sanción fue producto de la investigación disciplinaria en la cual se observó el debido proceso y se garantizaron los derechos de defensa y contradicción de la investigada.

Indicó que la jurisdicción contenciosa administrativa no puede convertir la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en una tercera instancia realizando una valoración de las pruebas, las cuales ya fueron analizadas en el proceso disciplinario.

Reiteró que las procuradurías en primera y segunda instancia cumplieron a cabalidad las garantías sustanciales y procesales, pues actuaron conforme al principio de legalidad, respetando el derecho a la defensa de la actora al estar asistida de apoderado, el cual pidió pruebas y se valoraron en conjunto conforme a las reglas de la sana critica, observando tanto lo favorable como lo desfavorable y de esa manera tuvieron la certeza de la responsabilidad de la disciplinada.

Expresó que los argumentos que expuso en la demanda fueron los mismos que rebatió en el recurso de apelación en sede administrativa y que éstos fueron resueltos por la Procuraduría Regional de Risaralda, por lo cual insiste que la parte actora pretende es una tercera instancia.

Afirmó que la jurisprudencia ha dejado en claro como el desbordamiento del término de las etapas procesales no afecta la actuación procesal ni se constituye en una causal de nulidad, pues conduce es a la iniciación de las respectivas acciones disciplinarias en contra del servidor que tenía a cargo el expediente.

Propuso como excepciones, i) la caducidad de la acción, atendiendo que el término de 4 meses previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, “comienza a correr desde el mismo día en que el acto es notificado, lo que significa que no excluye para efecto del cómputo, el día en que el acto notificado, comunicado, publicado o ejecutado, como lo expresa claramente la norma en comento, la que de otra parte, no requería interpretación de ninguna naturaleza para determinar ese momento” y ii) genérica o innominada, en el evento de que se presente en el proceso.

Alegatos de conclusión

El Despacho sustanciador, con auto del 24 de septiembre de 2013, corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

La parte demandante

El apoderado de la demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda, señalando que los actos administrativos acusados están viciados de nulidad por desconocimiento al debido proceso al no observar los términos procesales, ni respetar el derecho de contradicción, omitir el principio de presunción de inocencia y las normas en que debía fundarse, por ausencia de los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad del delito de falsedad ideológica.

4.2 Parte demandada

La Procuraduría General de la Nación presentó el escrito de alegatos iterando los fundamentos que esgrimió en la contestación de la demanda, afirmando que el proceso disciplinario es autónomo frente al penal siendo independientes sus responsabilidades.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado sostiene que se deben negar las pretensiones de la demanda, en razón a que en la actuación disciplinaria se cumplieron las exigencias legales, pues se determinó la identidad y la condición laboral de la investigada, los hechos reprochados, se citaron las normas infringidas, se hizo la relación de las pruebas que soportaron el cargo imputado, se calificó el grado de culpabilidad, el deber funcional desconocido y se le concedió el derecho para pedir, controvertir pruebas, presentar descargos y recurrir los actos administrativos a través de su defensa técnica.

El Ministerio Público trascribió parte de la decisión de primera instancia y se refirió a algunos argumentos que se expusieron en el acto administrativo de segunda instancia respecto de las inconformidades que planteó la demandante en el recurso de apelación, para llegar a la conclusión de que no existen elementos de juicio que excluyan de responsabilidad a la actora, y que por el contrario, se encuentra probada la conducta endilgada y el quebrantamiento del deber funcional como secretaria de hacienda del municipio de La Virginia.

Indicó que los motivos de inconformidad que esgrimió la actora en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho son los mismos que invocó en los descargos, alegatos de conclusión y recurso de apelación en sede administrativa, por esta razón no se puede hacer de nuevo un análisis como si se tratara de una tercera instancia.

Agregó que la atipicidad en materia disciplinaria no comprende el examen de la comisión de un delito, solo se circunscribe a la descripción objetiva de la conducta contenida en el Código Penal, sin analizar los elementos propios del delito, por ello al operador disciplinario le resulta irrelevante que el disciplinado sea condenado penalmente.

Expresó frente a la violación de los términos procesales que si bien se superó el plazo en la etapa de la investigación, la sanción se le impuso a la actora dentro del tiempo de los 5 años que contempla la Ley 734 de 2002, por lo cual
no se desconoció el debido proceso.

II. CONSIDERACIONES
Competencia

El presente proceso que se rige por el Decreto 01 de 1984, es competencia en única instancia del Consejo de Estado, pues esta Corporación ha precisado que le corresponde privativamente conocer de los asuntos en los cuales se controvierte una sanción disciplinaria administrativa consistente en la destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos, expedida por una autoridad nacional, como lo es la Procuraduría General de la Nación.

De las excepciones propuestas

2.1. De la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

El apoderado de la Procuraduría General de la Nación propuso la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar que trascurrieron más de 4 meses desde la notificación del acto administrativo de segunda instancia y la presentación de la demanda.

Respecto de la figura procesal de la caducidad, esta Corporación ha precisado que es: “el fenómeno jurídico en virtud del cual el administrado pierde la facultad de accionar ante la jurisdicción por no haber ejercido su derecho dentro del término que señala la ley. Ello ocurre cuando el término concedido por el legislador para formular una demanda vence sin que se haya hecho ejercicio del derecho de acción. Dicho término está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, invariable, para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar o no hacerlo en aras de la seguridad jurídica”.

Sobre la oportunidad para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo estableció que “caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. (…)”.

Para la Sala se encuentra acreditado en el sub judice que a la actora se le notificó el acto administrativo de segunda instancia proferido por la Procuraduría Regional de Risaralda a través de su apoderada, el día 15 de septiembre de 2005, según constancia secretarial obrante en el plenario, y que la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho se presentó el 23 de noviembre de 2005 ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda.

De lo anterior puede concluirse que esta excepción no está llamada a prosperar, toda vez que en el presente caso el término de caducidad empezó a correr a partir del 16 de septiembre de 2005 y que por ende, los 4 meses fenecían el 16 de enero de 2006, lo cual significa que la demanda se presentó dentro de la oportunidad prevista en la norma antes citada.

2.2. Innominada o genérica

La Procuraduría General de la Nación planteó la excepción innominada o genérica, sin embargo, la Sala al revisar el proceso, no advierte la configuración de excepción alguna para decretarla de oficio.

Control Judicial

Previo a estudiar los cargos de la demanda, la Sala se pronuncia sobre lo aducido por la Procuraduría General de la Nación en cuanto a que la jurisdicción contenciosa administrativa no se erige en una tercera instancia para revisar las decisiones atacadas y para hacer una nueva valoración de las pruebas ya que éstas fueron debatidas en sede administrativa.

El Consejo de Estado se ha manifestado en repetidas oportunidades sobre el control judicial que ejerce respecto a las decisiones, pruebas y demás actuaciones que se presentan en desarrollo del proceso administrativo sancionatorio y actualmente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 9 de agosto de 2016 consideró el alcance de aquél, así:

“En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, es integral.

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y Ia ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva”.

Conforme a esta línea jurisprudencial, la Sala deduce que tiene plena competencia para realizar un examen integral de los argumentos expuestos en la demanda.

Problema jurídico

Teniendo en cuenta el concepto de violación expuesto por la parte actora, la Sala determinará si los actos administrativos de primera y segunda instancia proferidos por la Procuraduría General de la Nación, mediante los cuales sancionó disciplinariamente a la demandante con destitución e inhabilidad general de 12 años y 6 meses en calidad de secretaria de hacienda del municipio de La Virginia, por presentar a la Contraloría General del Departamento de Risaralda un informe contable y financiero con corte al 31 de diciembre de 2002 con datos no reales, ya que correspondían a los presentados en el tercer trimestre de dicho año, son nulos por desconocimiento de los derechos al debido proceso y a la defensa.

La parte demandante fundamenta que se presentó en la expedición de los actos administrativos sancionatorios una vulneración a sus derechos al debido proceso y a la defensa, al señalar que: i) no se observaron los términos procesales; ii) se desconoció el principio de presunción de inocencia; iii) se practicaron pruebas sin estar ordenadas ni notificadas y iv) no hubo una adecuación típica de la conducta al no encuadrarse en el tipo penal de falsedad ideológica.

La Sala con el fin de resolver el problema jurídico planteado seguirá el siguiente esquema: 4.1 Actuación disciplinaria; y 4.2 Caso concreto.

Actuación disciplinaria

La Sala encuentra que mediante auto de cargos del 28 de septiembre de 2004 la Procuraduría Provincial de Pereira le formuló la siguiente conducta a la señora Claudia Patricia Ruiz Eusse, en la condición de secretaria de hacienda del municipio de La Virginia:

“HABER PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL FORMATO CGN-96-001, DENOMINADO CATÁLAGO DE CUENTAS, COMO INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL MUNICIPIO DE LA VIRIGINIA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2002, DATOS NO REALES, PUESTO QUE ÉSTOS CORRESPONDÍAN A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2002, QUE HABÍA SIDO PRESENTADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2002”.

La Procuraduría Provincial de Pereira el 31 de mayo de 2005 decidió en primera instancia sancionar con destitución e inhabilidad general de 12 años y 6 meses a la señora Claudia Patricia Ruiz Eusse por la conducta endilgada, al encontrarla responsable de la falta gravísima contenida en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, la cual le fue calificada a título de dolo.

La segunda instancia la resolvió la Procuraduría Regional de Risaralda el 30 de agosto de 2005, confirmando la decisión anterior, al encontrar probado que la disciplinada previo acuerdo con la contadora municipal decidieron presentar la información contable y financiera a la Contraloría General del Departamento de Risaralda pretendiendo inducir en error a dicho organismo de control al aducir que se trataba de un informe con cierre al 30 de diciembre de 2002, cuando los datos consignados correspondían al tercer trimestre con corte al 30 de septiembre de ese año.

3.2 Caso concreto

En el asunto sub examine se calificó la conducta de la señora Claudia Patricia Ruiz Eusse como falta gravísima, al incurrir en la descripción objetiva del delito de falsedad ideológica en documento público, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia del artículo 286 del Código Penal –Ley 599 de 2000-.

La parte actora inconforme con los actos administrativos demandados estima que están viciados de nulidad por: i) desconocimiento al debido proceso al no observar los términos procesales; ii) vulneración al derecho de contradicción al escuchar a los testigos Ludivia Montoya Cadavid y Guillermo Buitrago sin auto que las decretara; iii) omisión al principio de presunción de inocencia; y iv) ausencia de tipicidad, al no encuadrar su conducta en el tipo penal de falsedad ideológica en documento público, ya que no concurren los elementos que integran aquél, esto es, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad.

Vencimiento de los términos en la etapa de investigación disciplinaria

Indica la parte actora que la Procuraduría superó los términos en la etapa de la investigación disciplinaria, que prevé el artículo 156 de la Ley 734 de 2002, pues el auto de apertura se profirió el 13 de junio de 2003 y los cargos se le formularon el 28 de septiembre de 2004.

Sobre este aspecto, precisa la Sala que en la actuación disciplinaria está acreditado que la Procuraduría Provincial de Pereira el 13 de junio de 2003 dispuso la apertura de la investigación disciplinaria en contra de la actora y dos servidores más y el 28 de septiembre de 2004 le profirió el auto de cargos.

Señala la Sala que el artículo 156 de la Ley 734 de 2002 (antes de ser modificado por el artículo 52 de la Ley 1474 de 2011) disponía en los incisos primero y segundo que:

“El término de la investigación disciplinaria será de seis meses, contados a partir de la decisión de apertura.

En los procesos que se adelanten por las faltas descritas en el artículo 48, numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de este código, la investigación disciplinaria no se podrá exceder de doce meses. Este término podrá aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más inculpados”. (Negrillas fuera del texto).

Se encuentra probado entonces que en el sub lite el término de la etapa de investigación no era de 6 meses sino de 10, ya que se trataba de tres inculpados; además, con auto del 16 de diciembre de 2003 la Procuradora Provincial de Pereira suspendió el término de la investigación desde el 19 de diciembre del mismo año hasta el 13 de enero de 2004 por el periodo de vacaciones, con lo cual el plazo de la etapa de investigación vencía el 18 de mayo de mismo año, evidenciándose en consecuencia que se excedieron los tiempos que preveía el legislador para esta fase de la actuación disciplinaria.

No obstante, respecto del vencimiento de términos en la etapa de investigación en la Ley 734 de 2002, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sido reiterativa en indicar que los actos administrativos definitivos producto de la actuación disciplinaria no son anulables pese a que se supere del plazo del artículo 156 ibidem, al sostener:

“(…) A su vez, el artículo 156 ibídem dispone que el término de la investigación disciplinaria será de doce meses, contados a partir de la decisión de apertura. Sin embargo, el hecho de que se haya superado el término previsto en la ley, por sí mismo no conlleva la vulneración de las garantías del investigado, ni afecta de nulidad la actuación. Tampoco conduce a la afirmación de que la Procuraduría General de la Nación incurrió automáticamente en una afectación grave de las garantías constitucionales y que, como consecuencia de ésta, toda la actuación efectuada carezca de validez, pues solo vulneraría los derechos del disciplinado y sus garantías constitucionales de índole procesal, cuando con posterioridad al vencimiento de ese límite temporal se practiquen pruebas y se desarrollen actuaciones adicionales sin la debida justificación o se vulnere el término de prescripción”.

En el presente asunto, la Sala determina que la Procuraduría Provincial de Pereira en el auto apertura de investigación comisionó al personero del municipio de La Virginia para realizar las pruebas referidas en esa providencia y las que surgieran como consecuencia de la investigación, y posteriormente con auto del 13 de junio la de 2003 asignó a la abogada asesora de esa procuraduría para que adelantara la actuación probatoria, quien recaudó dentro del término de los 10 meses un abundante acervo probatorio que le permitió al Órgano de Control formular el respectivo pliego de cargos y culminar en forma normal el proceso disciplinario dentro del término legal de los 5 años.

En este orden de ideas, si bien es cierto que el establecimiento de los términos en el proceso sancionatorio constituye una garantía para el investigado con el fin de que su situación disciplinaria no esté vigente de manera indefinida, también lo es que en el presente asunto se advierte que a la actora no se le desconoció el derecho fundamental al debido proceso, pues el auto de cargos y las decisiones de primera y segunda instancia se allanaron al cumplimiento de las exigencias de los artículos 163 y 170 de la Ley 734 de 2002.

Así entonces, para la Sala el incumplimiento de los términos procesales en las etapas de la actuación disciplinaria per se no limitan el ejercicio de dicha potestad, el cual tiene por objeto garantizar el adecuado funcionamiento de la administración, de conformidad con los principios y fines previstos en la Carta Política y la Ley, labor que fue desarrollada por la Procuraduría al momento de expedir los actos demandados, por lo que se considera que no se vio afectado el debido proceso ya que a la demandante le fue respetado el derecho a la defensa al ser debidamente notificada de las providencias emitidas, lo cual le permitió en su momento contestar el auto de cargos, solicitar pruebas y apelar las decisiones sobre las cuales recaía su inconformidad, cumpliéndose además con la garantía de la función pública establecía en el artículo 22 de la Ley 734 de 2002.

Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que, pese a que la Procuraduría Provincial de Pereira se excedió el término de la etapa de investigación, dicha circunstancia objetiva no conlleva la nulidad de la actuación disciplinaria, ni es causal que invalide los actos censurados, razón suficiente para no declarar probado el cargo.

Derecho de contradicción

Sostiene la parte demandante que se le vulneró el derecho de contradicción al practicarse los testimonios de Ludivia Montoya Cadavid y Guillermo Buitrago sin auto que los decretara.

Sobre este cargo determina la Sala que en la actuación disciplinaria la Procuraduría Provincial de Pereira dispuso en el auto de apertura de investigación del 13 de junio de 2003, que se practicaran las pruebas que se desprendieran de las declaraciones de los investigados y demás documentos aportados y con auto del 6 de agosto de 2003 ese despacho comisionó a la asesora adscrita a esa dependencia para que adelantara la investigación, quien escuchó en versión libre a los implicados y posteriormente a través de las citaciones de fechas 11 y 14 de noviembre de 2003 convocó a los señores Ludivia Montoya Cadavid y Guillermo Buitrago López para llevar acabo la diligencia de declaración el día 25 del mismo mes y año, declaraciones que se efectuaron en esa fecha sin la presencia de la actora ni de su abogada.

Sentado lo anterior, destaca la Sala que el derecho de contradicción se encuentra previsto en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política y se debe observar tanto en las actuaciones judiciales como en las administrativas. En el Código Disciplinario Único en los numerales 1 y 4 del artículo 90 y 92, respectivamente, se prevé que el investigado como sujeto procesal tiene derecho a solicitar o aportar pruebas y a controvertirlas, e intervenir en la práctica.

Conforme a lo anterior, si bien en la actuación disciplinaria la comisionada practicó las diligencias de recepción de las declaraciones sin la previa expedición de un auto, ello no constituye violación al derecho de contradicción de la actora, como se pasa a demostrar.

Según el artículo 153 de la Ley 734 de 2002, la finalidad de la investigación disciplinaria es verificar la ocurrencia de la conducta y si es constitutiva de falta disciplinaria, es decir que las pruebas que se practiquen en esta etapa teleológicamente buscan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el comportamiento presuntamente irregular.

En el auto de apertura de la investigación se estableció que podían practicarse las pruebas que se desprendieran de las expresamente ordenadas en dicha providencia, es así que de las versiones libres rendidas por la actora y el alcalde del municipio de La Virginia se hizo necesario citar a los testigos Ludivia Montoya Cadavid y Guillermo Buitrago López.

La actora y su apoderada tenían facultad de revisar el expediente y advertir la comunicación que se les efectuó a estos últimos por parte de la comisionada, máxime cuando a partir de septiembre de 2003 se acopiaron las versiones libres de los implicados y se continuó con la realización de las diligencias testimoniales, además en el transcurso de la actuación disciplinaria pudieron controvertir tales declaraciones sin estaban inconformes con éstas.

Frente a estas declaraciones itera la Sala que en el auto de apertura de investigación disciplinaria claramente se indicó que además de las pruebas decretadas podrían practicarse las que se desprendieran de las versiones de los investigados, en ese sentido la comisionada practicó las diligencias de éstos y posteriormente consideró necesario escuchar los testimonios de los señores Ludivia Montoya Cadavid y Guillermo Buitrago López a modo de esclarecer los motivos determinantes de la investigación, declaraciones que reafirmaban los hechos denunciados sin variar la conducta por la cual se le formularon los cargos a la actora.

Es así, que en el pliego de cargos que se le formuló a la actora no se citaron como pruebas para soportar el comportamiento endilgado los testimonios de los señores Ludivia Montoya Cadavid y Guillermo Buitrago López, como se puede observar en el auto (folio 277 del cuaderno 1 anexo 2).

En este orden ideas, para la Sala el cargo por violación del derecho de contradicción no prospera, pues está acreditado que la parte actora tuvo a su disposición el expediente disciplinario, se le permitió presentar descargos de la conducta reprochada, controvertir las pruebas, se le expidieron las copias que solicitó para ejercer el derecho de defensa y contradicción, se le dio la oportunidad de interponer el recurso procedente contra la decisión de primera instancia, el cual fue resuelto por la Procuraduría Regional de Risaralda confirmando la responsabilidad disciplinaria y la sanción, además que siempre estuvo asistida de defensa técnica durante la actuación.

Principio de presunción de inocencia

La parte actora expresa que la Procuraduría Provincial de Pereira le vulneró el principio de presunción de inocencia cuando determinó previamente a la decisión de primera instancia que era responsable disciplinariamente, al sostener: “(…) Por lo tanto con la conducta endilgada incurrió en la falta descrita en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (…)”, por lo que en consecuencia se le responsabilizó de forma objetivamente.

De acuerdo a lo expuesto, la Sala indica que la presunción de inocencia se establece en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política, según el cual toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Así mismo, el legislador en materia disciplinaria prevé este principio en el artículo 9 de la Ley 734 de 2002 al indicar que “[a] quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla”.

En el proceso disciplinario que adelantó la Procuraduría General de la Nación contra la señora Claudia Patricia Ruiz Eusse y otros se siguió el procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002 y en el auto del 28 de septiembre de 2004 por medio del cual se le formularon los cargos a la disciplinada se le citaron como “normas presuntamente violadas” entre otras el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, y si bien posteriormente se le señaló lo que la parte actora sostiene, esto es, “[p]or lo tanto con la conducta endilgada incurrió en la falta descrita en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002”, esta expresión aislada no permite tener como desconocido el principio de presunción de inocencia de la investigada, pues arrenglon seguido la Procuraduría Provincial de Pereira le manifestó, “[c]on la conducta investigada posiblemente se incurrió en los tipos penales (…)”.

Así entonces, el principio de inocencia se debe garantizar durante el desarrolla la actuación disciplinaria, y en el sub lite está acreditado que a la investigada se le escuchó en versión libre, se le permitió presentar descargos, pedir pruebas y ejercer el derecho de contradicción sobre éstas, es decir el trato dado a la actora en la acción administrativa fue el de un sujeto procesal, sin evidenciar la Sala que se le responsabilizó de manera objetiva, por el contrario quedó probado en el proceso que la demandante desarrolló a título de dolo la conducta reprochada, y solo fue declarada responsable disciplinariamente en las decisiones de primera y segunda instancia, una vez la Procuraduría valoró el acervo probatorio de acuerdo con las reglas de la sana crítica y analizó los argumentos de descargos que condujeron a la certeza de la existencia de la falta gravísima reprochada y su responsabilidad.

En consecuencia, determina la Sala que a la actora se le garantizó su derecho a la presunción de inocencia, sin embargo, éste se desvirtuó por la Procuraduría Provincial de Pereira en primera instancia y la Regional de Risaralda al demostrar que la implicada incurrió en la falta gravísima contenida en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al describir objetivamente el tipo penal de falsedad ideológica en documento público, sancionándola de la forma como quedó establecido en los actos demandados, por lo que este cargo tampoco prospera.

Ausencia de tipicidad de la conducta reprochada

Afirma la señora Claudia Patricia Ruiz Eusse que la conducta reprochada no se subsume en el tipo penal de falsedad ideológica al no concurrir los elementos de éste, a saber: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, en consecuencia, no desconoció el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Con el fin de resolver este cargo, la Sala precisa que a la demandante se le reprochó la conducta de haber presentado a la Contraloría General del Departamento de Risaralda información financiera y contable que no correspondía a la del tercer trimestre de la vigencia 2002, por ende, señalaron que posiblemente había realizado objetivamente la descripción típica de un delito sancionable a título de dolo, siendo éste el de falsedad ideológica en documento público.

Sobre la tipicidad de la conducta, la Procuraduría Provincial de Pereira en la decisión de primera instancia del 31 de mayo de 2005, indicó:

“En el caso de estudio es clara la realización de la conducta por parte de las servidoras públicas; dado que los informes fueron elaborados por la señora LUZ ESPERANZA ARBOLEDA CANO, Contador del Municipio de La Virginia, con la aprobación de la señora CLAUDIA PATRICIA RUIZ EUSSE, Secretaria de Hacienda, fueron firmados por ambas, además del señor Alcalde, y remitidos por las funcionarias a la Contraloría General del Departamento; en ejercicio de sus funciones.

El contenido de los informes no es cierto, puesto que se consignó la información contable y financiera del municipio que se tenía con corte a 30 de septiembre de 2002: y se indicó al organismo de control que estos correspondían a la realidad contable y financiera del municipio a 31 de diciembre de 2002. (…)

Resulta de lo discurrido que, se encuentra objetivamente probado el encuadramiento de la conducta desplegada por las señoras CLAUDIA PATRICIA RUIZ EUSSE y LUZ ESPERANZA ARBOLEDA CANO en el delito de falsedad ideológica en documento público; y además realizado con dolo, pues las disciplinadas eran conscientes de que la información presentada a 31 de diciembre de 2002, era la que correspondía a 30 de septiembre del mismo año, conducta constitutiva de falta gravísima a la luz de lo preceptuado en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002”.

Determinados los supuestos fácticos que dieron origen a la sanción disciplinaria y las consideraciones que tuvo la Procuraduría Provincial de Pereira para encuadrar o adecuar la conducta de la secretaria de hacienda en falta disciplinaria gravísima, esta Corporación se ha pronunciado respecto de la subsunción típica de la conducta en materia disciplinaria, así:

“En materia disciplinaria, el proceso de subsunción típica de la conducta del procesado tiene ciertas especificidades que le diferencian del proceso de subsunción típica que realizan los jueces penales. Según ha explicado la Corte Constitucional, en virtud de la admisibilidad del uso, en el ámbito disciplinario, de tipos abiertos y conceptos jurídicos indeterminados, el fallador disciplinario cuenta con un margen más amplio para realizar el proceso de subsunción típica - margen que se activa, se infiere necesariamente, cuando se está ante un tipo abierto o un concepto indeterminado, y que consiste esencialmente en que la autoridad disciplinaria puede -y debe- acudir a una interpretación sistemática de las normas invocadas para efectos de realizar la adecuación típica. En palabras de la Corte Constitucional, esta diferencia entre el derecho penal y el derecho disciplinario “se deriva de la admisión de los tipos en blanco o abiertos y de los conceptos jurídicos indeterminados en materia disciplinaria, [y] hace referencia a la amplitud hermenéutica con que cuenta el operador disciplinario al momento de interpretar y aplicar la norma disciplinaria. // Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha admitido que el investigador disciplinario dispone de un campo más amplio para determinar si la conducta investigada se subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes. En este mismo sentido, esta Corte ha señalado en múltiples oportunidades que en materia disciplinaria el fallador goza de una mayor amplitud para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas reprochables, pues por lo general la descripción de las faltas disciplinarias debe ser objeto de complementación o determinación a partir de la lectura sistemática de un conjunto de normas jurídicas que desarrollan deberes, mandatos y prohibiciones”.

Conforme al precedente jurisprudencial, en materia disciplinaria la adecuación o tipicidad de las conductas constitutivas de falta se encuentra reguladas en tipos en blanco o abierto, por lo que el operador administrativo en ejercicio de la subsunción típica debe acudir a las disposiciones que resulten aplicables respecto de la conducta investigada.

Es así, que en el sub lite se le citó a la investigada como falta disciplinaria gravísima la contemplada en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, de “[r]ealizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se comete en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.

Esta disposición en blanco o abierto remite a la ley penal para la configuración de la falta gravísima, por esta razón en el caso concreto la Procuraduría Provincial de Pereira determinó con el acervo probatorio allegado al proceso que la demandante como secretaria de hacienda del municipio de La Virginia con el comportamiento reprochado describió de manera objetiva el tipo penal de falsedad ideológica en documento público, previsto en el artículo 286 de la Ley 599 de 2002, sin que fuese necesario realizar un análisis de los elementos que integran el delito, esto es tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, pues ello es competencia del juez penal y no de la autoridad disciplinaria cuyo análisis de los elementos que estructuran la falta disciplinaria se hace acorde con el Código Disciplinario Único, de ahí que este cargo no prospere.

DECISIÓN

La Sala negará la nulidad de los actos administrativos demandados proferidos por la Procuraduría General de la Nación, mediante los cuales se sancionó a la actora con destitución e inhabilidad general por el término de 12 años y 6 mes.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Claudia Patricia Ruiz Eusse contra la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Luisa Fernanda Lozano Garzón identificada con cédula de ciudadanía 1.013.587.150 y portador de la tarjeta profesional 186.584 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en representación de la entidad demandada.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Relatoria JORM
Por auto de 18 de mayo de 2011, N.I. 0145-2010. C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado, la Sección Segunda del Consejo de Estado, consolidó la línea jurisprudencial sobre competencia en materia disciplinaria, determinando que acorde con las providencias del 12 de octubre de 2006, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, número interno 799-2006; 27 de marzo de 2009, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1985-2006; y 4 de agosto de 2010, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1203-2010, esta Corporación en única instancia no solo conocía de las sanciones disciplinarias administrativas de destitución, sino también las de suspensión en el ejercicio del cargo, siempre y cuando las sanciones provengan de autoridades del orden nacional.
Folios 52 al 92 del cuaderno 1
Folios 1 al 31 del cuaderno 3 suspensión provisional
Folios 54 al 58 del cuaderno 1
Folios 59 al 88 del cuaderno 1
Sentencia del 7 de marzo de 2013, Consejero ponente Alfonso Vargas Rincón, radicado 66001233100020050012602- (001-2009)
Folios 263 al 266 del cuaderno principal
Folios 271 al 278 del cuaderno principal
Folios 283 al 287 del cuaderno principal
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, proceso con radicado 11001-03-25-000-2010-00163-00 y número interno 1203-10
Folios 291 al 296 del cuaderno principal
Folios 300 y 306 del cuaderno principal
Folios 551 y 552 del cuaderno principal
Folios 530 al 549 del cuaderno principal
Folio 554 del cuaderno principal
Folios 569 al 585 del cuaderno principal
Folios 555 al 568 del cuaderno principal
Folios 589 al 598 del cuaderno principal
Por auto de 18 de mayo de 2011, N.I. 0145-2010. C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado, la Sección Segunda del Consejo de Estado, consolidó la línea jurisprudencial sobre competencia en materia disciplinaria, determinando que acorde con las providencias del 12 de octubre de 2006, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, número interno 799-2006; 27 de marzo de 2009, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1985-2006; y 4 de agosto de 2010, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1203-2010, esta Corporación en única instancia no solo conocía de las sanciones disciplinarias administrativas de destitución, sino también las de suspensión en el ejercicio del cargo, siempre y cuando las sanciones provengan de autoridades del orden nacional.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P. Hernán Andrade Rincón, proceso con radicado 23001-23-31-000-1998-09155-01 y número interno 21093, sentencia del 23 de junio de 2011 donde se cita el Auto de 3 de agosto de 2006. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Radicación número: 52001-23-31-000-2005-01660-01(32537).
Folio 97 del cuaderno principal 1
Folio 92 vuelto del cuaderno principal 1
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E) Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014).- Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00902-00(2746-12) Actor: Víctor Virgilio Valle Tapia Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. William Hernández Gómez (e), proceso con radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 y número interno 1210-11
Folio 273 del cuaderno 1 anexo 2
Folios 344 al 365 del cuaderno 1 anexo 2
Folios 392 al 418 del cuaderno 1 anexo 2
“Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

1.    Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como  HYPERLINK "https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/C%C3%B3digo_Penal_L-599-00.htm" \l "A101" \o "CODIGO PENAL - Catálogo de delitos." delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.

“Artículo 286. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente a la verdad incurrirá en prisión (…)”
Folios 56 al 59 del cuaderno 2 anexo1
Folios 263 al 284 del cuaderno 1 anexo2
<Inciso 2o. modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011_pr001.html" \l "52" 52 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos que se adelanten por faltas gravísimas, la investigación disciplinaria no podrá exceder de dieciocho meses. Este término podrá aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más inculpados.
Folio 212 del cuaderno 1 anexo 2
Sentencia del 27 de abril de 2015, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente Alfonso María Vargas Rincón, radicación 11001-03-25-000-2012-00399-00(1510-12). En este mismo sentido, ver las sentencias del 27 de febrero de 2014,Sección Segunda, Subsección B, Consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez, radicado 11001-03-25-000-2012-00888-00 (2728-2012) y 27 de julio de 2017,Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, radicado11001-03-25-000-2012-00090-00(0366-12) .
Folio 108 del cuaderno 2 anexo 1
“El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones (…)”
Folio 57 del cuaderno 2 anexo 1
Folio 10 del cuaderno 2 anexo 1
Folios 159 y 161 del cuaderno 2 anexo 1
Folios 162 al 164 y 171al 173 del cuaderno 2 anexo 1
Folio 115 del cuaderno 2 anexo 1
Folio 124 del cuaderno 2 anexo 1
Folio 263 al 284 del cuaderno 1 anexo 2
Folio 275 del cuaderno 1 anexo 2
Folios 352 al 355 del cuaderno 1 anexo 2
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 26 de marzo de 2014, radicado interno 0263/2013, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN.

“En cuanto a los tipos abiertos “alude a aquellas infracciones disciplinarias que, ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los servidores públicos”. Así mismo, afirma que “la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina, pues, por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición, y de la norma que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria”. Sentencia C-030/12 Magistrado  Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

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