Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2011-00146-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2011-00146-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2011-00146-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001-03-25-000-2011-00146-00 (0492-2011)
Demandante: Ana Gilma Mahecha Gutiérrez
Demandada: Procuraduría General de la Nación
Tema: Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación
sancionatoria disciplinaria. Nulidad de los actos administrativos
por infracción de las normas en que deben fundarse y por
violación al debido proceso. NIEGA PRETENSIONES.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por la señora Ana Gilma Mahecha
Gutiérrez en contra de la Procuraduría General de la Nación.
ANTECEDENTES
1. La señora Ana Gilma Mahecha Gutiérrez instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
85 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria del 4 de diciembre de
2008, expedida por el Procurador General de la Nación, mediante la cual fue
sancionada con destitución e inhabilidad general por el término de diecisiete (17)
años; y de la decisión mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, expedida
el 3 de marzo de 2009, que fijó de manera definitiva el correctivo de inhabilidad
general en dieciséis (16) años.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene la desanotación
de la sanción de los registros de la entidad demandada, su reintegro al cargo que
desempeñaba en carrera administrativa y el pago de (i) los salarios y prestaciones
sociales que dejó de percibir desde el 30 de mayo de 2008, cuando fue suspendida
provisionalmente; (ii) los perjuicios por daño moral y daño a la vida en relación, en
cuantía de 25 SMLMV cada concepto; y (iii) los perjuicios por daño moral para su
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madre, su hija y su compañero permanente, en cuantía de 25 SMLMV cada uno;
con la debida indexación.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera1:
5. Que el 22 de noviembre de 2007 funcionarios de la Unidad de Asesoría
Técnica, Científica y de Policía Judicial de la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales pusieron en conocimiento una queja anónima en la que al parecer se
relataba que servidores de la Procuraduría Delegada para las Entidades
Territoriales se dedicaban a solicitar dinero, contratos y favores a alcaldes y
gobernadores, a cambio de favorecerlos con las actuaciones preventivas y
disciplinarias a cargo de esa dependencia.
6. Que el 30 de noviembre de 2007 el director de la Unidad Nacional de
Investigaciones Especiales ordenó la apertura de una indagación preliminar. En dos
providencias de la misma fecha, el procurador general de la Nación autorizó a dicha
Unidad para que interceptara los abonados telefónicos suministrados por el quejoso
y aquellos de la entidad a través de los cuales, al parecer, se estarían adelantando
los trámites irregulares; actuaciones que se desplegaron con fundamento en lo
dispuesto por la Ley 600 de 2000 y por la Directiva 06 de 2005.
7. Como resultado de lo anterior, el 29 de mayo de 2008 se ordenó la apertura
de una investigación disciplinaria en contra de ella y de otros funcionarios y se
dispuso su suspensión provisional. En auto del 15 de octubre de 2008 se formuló
pliego de cargos, en el cual se endilgaron faltas disciplinarias gravísimas con
fundamento en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, pues, según la demandada,
junto con otras funcionarias de la entidad, integraba una organización indebida,
conformada con la finalidad de afectar la función pública, lo que, se dijo, resultaba
constitutivo de concierto para delinquir. Además, se imputó asesoramiento ilegal,
constreñimiento, concusión, intervención indebida en política e incremento
patrimonial injustificado (artículo 48.3 inciso 2); conductas que se calificaron como
dolosas.
8. Que fue sancionada el 4 de diciembre de 2008, en los términos ya relatados;
correctivo que se modificó al resolver el recurso de reposición, por auto calendado
del 3 de marzo de 2009, en el que se omitió el pronunciamiento respecto de una
solicitud de nulidad.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Constitución Política: artículos 15, 29 y el Acto Legislativo 03 de 2002; Ley
600 de 2000: artículos 293 y 301; Ley 734 de 2002: artículos 4, 6, 8, 128, 129, 138,
140, 142 y 175.
1 Según el escrito de la demanda (folios 653 a 695 del cuaderno principal 1) y su reforma (folios 1209 a 1259
del cuaderno principal 2).
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10. Considera que en la expedición de los actos demandados se lesionó el
debido proceso, porque el operador disciplinario fundó la práctica de las pruebas en
la Ley 600 de 2000, estatuto que no estaba vigente; además, se rechazó in limine
una solicitud de nulidad que se presentó en el trámite del recurso de reposición, se
efectuó una requisa no autorizada al interior de su cartera, de la que se extrajeron
una carta escrita por su esposo y una agenda personal y fue sancionada con base
en pruebas ilegalmente producidas y allegadas al expediente.
11. Agregó que los actos desconocieron la ley y las normas en que debían
fundarse, para lo cual reiteró que no era posible fundar la práctica de las pruebas
en una normativa derogada; pues en razón de la vigencia de la Ley 906 de 2004 no
era posible acudir a la Ley 600 de 2000, pese al contenido de la Directiva 006 del 8
de abril de 2005. Lo anterior, porque la Ley 906, en su artículo 530, reguló la
gradualidad de su vigencia y, para los años 2007 y 2008, ya aquella regía en el
Distrito de Bogotá.
12. Que la Directiva 006 de 2005 dispuso de forma arbitraria la vigencia ultractiva
de la Ley 600 de 2000 respecto de las actuaciones ocurridas con posterioridad al 1
de enero de 2005 (fecha en la cual habría empezado a regir la Ley 906 de 2004 en
Bogotá); decisión que resultó lesiva de los derechos y garantías fundamentales y
que, por tanto, se debe inaplicar. Que esto repercute sobre la licitud de los medios
de prueba recaudados, porque aquellas que se practicaron al amparo de la Ley 600
de 2000, esto es, las interceptaciones telefónicas, realizadas en virtud de lo
ordenado en el auto del 30 de noviembre de 2007, devienen en ilegales y, por tanto,
inexistentes en los términos del artículo 140 de la Ley 734 de 2002.
13. Que los actos también desconocieron las disposiciones legales y
constitucionales porque se ejercieron atribuciones de policía judicial sin autorización
legal ni delegación del Procurador General de la Nación, pues en la actuación
reposan 3 autos del 30 de noviembre de 2007; de manera que solo entonces los
funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales estaban
facultados para la práctica de las pruebas; no obstante, en un claro abuso de sus
funciones, en el informe del 22 del mismo mes y año tales servidores informaron
haber adelantado «labores de inteligencia», con lo que vulneraron el derecho a la
intimidad como consecuencia de la intromisión ilegal en las bases de datos de la
policía judicial.
14. Señaló que en el procedimiento sancionatorio se practicaron registros sin
autorización legal y que lesionaron el derecho a la intimidad personal, porque el 30
de mayo de 2008 los funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales se «tomaron por asalto» las oficinas de la Procuraduría Delegada para
las Entidades Territoriales y uno de ellos, de forma abusiva, requisó su cartera, tomó
de ella dos agendas y una carta personal; documentos que luego se emplearon para
imputar una falta disciplinaria relacionada con el incremento patrimonial injustificado
y cuya legalidad quiso manipular el funcionario al afirmar que había encontrado tales
elementos en el sótano de la entidad.
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15. Que, sobre el incremento patrimonial injustificado, la autoridad disciplinaria
se limitó a realizar conjeturas con base en los documentos extraídos de su bolso,
pero no se acreditó dicho ilícito con ningún medio de prueba adicional; además de
que, en este punto, se incurrió en incongruencia entre el pliego de cargos y la
decisión disciplinaria, porque en el acto sancionatorio se adicionaron aspectos
fácticos que no se contemplaron en la calificación provisional, relacionados con la
ocultación de información sobre sus ingresos a la DIAN.
16. Que, además, se desconoció el derecho de audiencia y de defensa, porque
se practicaron pruebas sin su presencia. En la etapa de investigación disciplinaria
solo se reconoció personería a su apoderada el 9 de julio de 2008, pese a que se
allegó el poder el 1 del mismo mes y año; lo que impidió el ejercicio de contradicción
de los testimonios practicados los días 7, 8 y 9 de julio de ese año. Las
declaraciones solicitadas en etapa de descargos se evacuaron en 3 días, lo que
implicó que muchas comunicaciones no llegaron a las direcciones de destino y, en
consecuencia, se dejaron de oír testimonios que resultaban fundamentales para el
esclarecimiento de los hechos.
17. Que en el trámite del recurso de reposición en contra de la decisión
sancionatoria, el procurador general decretó de oficio la práctica de pruebas
testimoniales, pero no se libraron comunicaciones a varios declarantes. Estas
actuaciones resultaron lesivas del principio de investigación integral e imparcialidad
en la práctica probatoria.
18. Señaló que se desconoció el principio de presunción de inocencia, porque,
previa adopción de la decisión de fondo, el procurador general de la Nación informó
a la opinión pública que sancionaría a los disciplinados, en una entrevista que brindó
a Noticias RCN el 18 de noviembre de 2008; pese a ello, en el trámite se rechazó
una solicitud de recusación que realizaron los investigados.
ACTUACIONES PROCESALES
19. La demanda se admitió el 9 de diciembre de 20112. La demandada se opuso
a las pretensiones, por considerar que no se estructuran los presupuestos legales
ni fácticos necesarios para su prosperidad, pues los actos demandados se
expidieron previo análisis riguroso de las faltas disciplinarias imputadas en el pliego
de cargos, conforme al material probatorio recaudado y las exculpaciones de la
investigada; luego de lo cual se encontró mérito suficiente para sancionar.
20. Se ratificó en los argumentos expuestos en el escrito de contestación
radicado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca3, del cual destacó que el
recaudo probatorio con arreglo a la normativa de la Ley 600 de 2000 se ajustó a
derecho; de manera que mal haría en imputarse alguna irregularidad respecto de la
2 Véanse folios 909-910 del cuaderno principal 2. El conocimiento del proceso correspondió, por reparto, al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En dicha Corporación se admitió por auto del 20 de noviembre de
2009 (véase folio 716 del cuaderno principal 1). No obstante, en providencia del 11 de octubre de 2010 se
declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio, tras advertir que, con fundamento en la tesis
jurisprudencial entonces vigente, cuando los actos sancionatorios implicaban la destitución la competencia era
del Consejo de Estado, tuviera o no cuantía el proceso (véanse folios 902 a 905 del cuaderno principal 2).
3 Véanse folios 766 a 786 del cuaderno principal 2.
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celeridad en la práctica de los medios de prueba y que las razones por las que se
considera que los actos deben declararse nulos no son más que meras conjeturas.
21. Que la autoridad no incurrió en ninguna de las causales de nulidad invocadas,
pues la actuación disciplinaria se sujetó a las ritualidades procesales respectivas;
las pruebas que solicitó la investigada se decretaron y practicaron, con arreglo a las
garantías de publicidad y contradicción. En ese orden, lo que pretende la
demandante es convertir al juez de lo contencioso administrativo en una tercera
instancia disciplinaria y obtener con ello una nueva valoración de los medios de
prueba.
22. Agregó que en el trámite sancionatorio se encontró la certeza necesaria para
sancionar, sin que obrara prueba que condujera a afirmar lo contrario o a excluir de
responsabilidad a la demandante. Esto, sin dejar de lado que los argumentos
expuestos en sede de reposición disciplinaria son los mismos que integran el
concepto de violación de la demanda y que, por tanto, ya fueron objeto de
pronunciamiento por la autoridad competente.
23. Propuso como excepciones la falta de debida representación, la caducidad,
el indebido agotamiento del requisito de procedibilidad y la legalidad de los actos
administrativos, respecto de quienes, además de la señora Mahecha Gutiérrez,
integraban el extremo activo del proceso4.
24. La reforma a la demanda se admitió por auto del 27 de febrero de 20175. En
esta ocasión, la demandada precisó que los argumentos incluidos en el escrito
modificatorio se referían exclusivamente a lo ocurrido con la señora Adriana Botero,
respecto de quien se declaró la caducidad; agregó que, en todo caso, es necesario
tener presente que el control integral que ejerce la jurisdicción de lo contencioso
administrativo sobre los actos que imponen sanciones disciplinarias no puede dejar
de lado la existencia de un procedimiento con reglas propias y con un funcionario
competente para su trámite y que el examen que se realiza en sede jurisdiccional
es de validez y no de corrección.
25. Reiteró que la carga de demostrar que los actos se encuentran viciados de
nulidad es de la demandante y que esta no se encuentra satisfecha; que tampoco
se demostró la causación de perjuicios y que, por tanto, lo procedente sería negar
sus pretensiones6.
26. Por auto del 4 de mayo de 2018 se abrió el proceso a pruebas7, se accedió
al decreto de medios documentales (con excepción del auto de archivo de la
actuación adelantada en contra de la señora Flor Ángela Alfonso y el informe
4 Véanse folios 1032 a 1046 del cuaderno principal 2.
5 Véanse folios 1263 a 1266 del cuaderno principal 2. La reforma se inadmitió por auto del 18 de marzo de 2016,
por considerar que los múltiples escritos hasta entonces presentados (por lo menos 3 hasta ese momento)
llevaban a que no existiera claridad respecto de la demanda y su modificación, por lo que la parte debía
integrarlos en un solo escrito; además, como se pretendía adicionar sujetos al extremo activo, se debía aportar
el respectivo acto de ejecución de las sanciones y la constancia de haber agotado el requisito de procedibilidad
(véanse folios 1077 a 1082 del cuaderno principal 2). La reforma a la demanda se admitió solo respecto de la
señora Ana Gilma Mahecha Gutiérrez, pues respecto de quienes pretendían integrar el extremo demandante
ya había operado la caducidad (folios 1263 a 1266 del cuaderno principal 2).
6 Véanse folios 1272 a 1283 del cuaderno principal 2.
7 Véanse folios 1285 a 1288 del cuaderno principal 2.
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respecto de la vigencia de la Ley 600 de 2000) y testimoniales solicitados por la
demandante y la demandada. En providencia del 24 de febrero de 2022 se corrió
traslado para alegar de conclusión8; decisión respecto de la cual la demandante
solicitó la nulidad9, al considerar que no se habían practicado la totalidad de pruebas
decretadas en el auto del 4 de mayo de 2018.
27. En providencia del 22 de septiembre de 202210 se declaró la nulidad del auto
que corrió traslado para alegar de conclusión y se dispuso continuar con el recaudo
probatorio documental y testimonial11. Por auto del 6 de mayo de 2024 se limitó la
recepción de testimonios, tras considerar que con los hasta entonces practicados
se contaba con suficiente esclarecimiento de los hechos materia de prueba12.
28. En contra de dicha decisión la demandante interpuso recurso de reposición13,
que se declaró improcedente el 11 de diciembre de 2024; providencia en la que,
además se declaró cerrado el periodo probatorio14. La demandante interpuso
recurso de súplica15, que se resolvió por auto del 23 de abril de 202516. Finalmente,
por auto del 7 de julio de 2025 se corrió traslado a las partes por el término de diez
(10) días para la presentación por escrito de sus alegatos de conclusión y se indicó
que en la misma oportunidad el agente del Ministerio Público podía presentar
concepto17.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
29. La demandante18 alegó de conclusión. Manifestó que de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado (caso Piedad Esneda Córdoba vs
Procuraduría General de la Nación) y de la Corte Constitucional (Sentencia C-392
de 2000) los informes de policía judicial no constituyen medio de prueba. Que, en
su caso, devienen en ilegales porque fueron ordenados y producidos al amparo de
la Ley 600 de 2000, norma que no se encontraba vigente para entonces.
30. Que los informes de policía judicial que se incorporaron a la actuación,
producto de las interceptaciones telefónicas, las imágenes forenses de los
computadores, la aprehensión de documentos y las versiones recibidas por los
funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, se produjeron
por terceros, sin que se decretaran los testimonios de quienes los elaboraron, de
manera que no pueden tenerse como prueba de los comportamientos por los cuales
fue sancionada, en la medida en que no pasan de ser simples conjeturas y, en los
términos jurisprudenciales citados, es claro que la responsabilidad disciplinaria no
puede fundarse en ellos.
8
Véase índice 00100 de SAMAI y constancia en el folio 1318 del cuaderno principal 2.
9 Véase índice 00111 de SAMAI.
10 Véase índice 00124 de SAMAI y constancia en el folio 1323 del cuaderno principal 2. .
11 La audiencia en la cual se practicaron las pruebas testimoniales se celebró el 21 de octubre de 2022 (véase
índice 00142 de SAMAI) y el 28 del mismo mes y año (véase índice 00153 de SAMAI).
12 Véase índice 00165 de SAMAI y constancia en el folio 1346 del cuaderno principal 2.
13 Véase índice 00179 de SAMAI.
14 Véase índice 00188 de SAMAI y constancia en el folio 1352 del cuaderno principal 2.
15 Véase índice 00193 de SAMAI.
16 Véanse índice 00198 de SAMAI y folios 1354 a 1357 del cuaderno principal 2.
17 Véase índice 00206 de SAMAI.
18 Véase índice 00213 de SAMAI.
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31. Agregó que la Procuraduría General de la Nación informó que las salas de
interceptación fueron suspendidas en el año 2009 y no volvieron a entrar en
funcionamiento, lo que da cuenta de la irregularidad de las interceptaciones que se
realizaron.
32. Dijo que el desempeño de funciones jurisdiccionales por parte de la
Procuraduría General de la Nación fue declarado inexequible en la Sentencia C-030
de 2023, pues las actuaciones de dicha entidad son administrativas y, con
fundamento en ello, se puede concluir que desde 1991 «(…) nunca fue
constitucionalmente admisible que el Procurador General (sic) de la Nación ejerza
su función disciplinaria con la mixtura de la función jurisdiccional para el despliegue
de actividades de policía judicial, amén que además las delegaba en funcionarios
de otras dependencias (…)», lo que impone aplicar el principio pro homine y declarar
la nulidad de la sanción disciplinaria.
33. Que la ratificación de la totalidad de las faltas que le fueron imputadas se
fundó en la valoración de las interceptaciones allegadas a la actuación; como se
trata de pruebas inexistentes, no tenían el mérito para proferir la sanción. Esto, sin
dejar de lado, que la decisión del 5 de octubre de 2008 solo se limitó a transcribir lo
que se dijo al formular el pliego de cargos y no valoró las pruebas testimoniales que
permitían desvirtuar las conductas por las que finalmente fue sancionada.
34. Señaló que no se acreditó que se hubiese incurrido en falsedad en
documento privado, porque Sandra Velásquez, de quien se supone se suplantó la
firma de un memorial que se radicaría en la entidad, manifestó en su declaración
juramentada que había autorizado dicha actuación y, por tanto, la autoridad
disciplinaria desconoció la presunción de inocencia. Que, en torno al presunto
incremento patrimonial injustificado, además de las interceptaciones ilegales, la
única prueba que tenía la demandada consistía en la revisión de unos documentos
recuperados en el sótano de la entidad, los que (i) se recopilaron en la actividad de
policía judicial y, por tanto, no se podían valorar y (ii) no contaban con respaldo
adicional que diera cuenta de que en efecto pertenecían a ella, como una prueba
grafológica, por ejemplo.
35. Que, en suma, solo el informe de policía judicial fue el sustento de la decisión
sancionatoria, de manera que la demandada no contó con elementos para
desvirtuar su presunción de inocencia; sumado a lo cual los testimonios practicados
en el proceso contencioso contradijeron las conclusiones plasmadas en los actos
demandados y, además, dieron cuenta de la afectación psicológica que le
produjeron los actos sancionatorios. Esto, sin dejar de lado que inclusive la Fiscalía
General de la Nación archivó la investigación penal por los mismos hechos, al no
encontrar mérito para adelantar un proceso penal.
36. La demandada19, reiteró que la demanda no cumple con los presupuestos
necesarios para desvirtuar la presunción de legalidad de la sanción disciplinaria,
pues las inconformidades que allí se exponen respecto de la valoración probatoria
19 Véase índice 00214 de SAMAI.
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se refieren a discrepancias interpretativas y valorativas que nada dicen sobre la
validez de los actos. Dijo que el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley
600 de 2000 estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2007, mientras que las
conductas investigadas lo fueron desde el 30 de noviembre de ese año y, en esa
medida, la actividad probatoria se desplegó al amparo de la normativa vigente; esto,
sin dejar de lado que las disposiciones de la Ley 906 de 2004, «(…) en buena parte
y para los efectos que nos ocupan es incompatible con el proceso disciplinario, toda
vez que supone un proceso acusatorio donde rige la inmediación y la concentración
de la prueba, pues sólo (sic) se tiene en cuanta (sic) la que es practicada en judicio
de manera oral y con contradicción (…)».
37. Agregó que, en cuanto al término para agotar el periodo probatorio en la
actuación disciplinaria, cabe tener en cuenta que nada obliga a la administración a
tomarse la totalidad del término máximo que prevé la ley y que a la demandante no
se le lesionó el debido proceso, pues las actividades de policía judicial se
desplegaron en los términos del artículo 277 constitucional y 148 de la Ley 734 de
2002; que estas inclusive persisten en el artículo 200 de la Ley 1952 de 2009, cuya
legalidad ha sido analizada en varias ocasiones por el Consejo de Estado (radicados
11001031500020100073700 y 11001032500020140040000 (1270-2014)).
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
38. La procuradora delegada de Intervención 7, Segunda ante el Consejo de
Estado presentó concepto en el cual solicitó negar las pretensiones20.
39. Se refirió al debido proceso en materia disciplinaria, en especial, al alcance
del artículo 21 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época de los hechos, que se
refería a la integración normativa del régimen sancionatorio con otras disposiciones
ante la ausencia de escenarios que no contenía, según el cual, debía aplicarse,
entre otros, lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal. También relacionó
el artículo 130 del mismo estatuto, antes de la modificación introducida por la Ley
1474 de 2011, según el cual los medios de prueba se debían practicar conforme a
las normas del Código de Procedimiento Penal.
40. Que en la Directiva 006 del 8 de abril de 2005 de la Procuraduría General de
la Nación, se impartieron instrucciones respecto de la aplicación de la Ley 600 de
2000, tras considerar que la Ley 906 de 2004 desarrollaba un sistema procesal
acusatorio que resultaba incompatible con el sistema mixto consagrado en la Ley
734 de 2002; por lo cual definió que «[l]a remisión normativa a que hace alusión el
artículo 21 de la Ley 734 de 2002, cuando se trate de la aplicación por vacíos
legislativos del Código de Procedimiento Penal, es a la Ley 600 de 2000».
41. Que, en el caso objeto de análisis, el Procurador General de la Nación, en
uso de las facultades contenidas en los artículos 277 constitucional y 148 del Código
Disciplinario Único, ordenó la interceptación de comunicaciones telefónicas, lo que
no resultaba contrario a la ritualidad procesal, según lo antes dicho. Inclusive, la Ley
1474 de 2011, al modificar el artículo 130 de la Ley 734 de 2002, precisó que los
20 Véanse índices 00211 y 00212 de SAMAI.
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medios de prueba debían practicarse de acuerdo «con las reglas previstas en la Ley
600 de 2000»; parámetro que se mantuvo en el estatuto disciplinario posterior
(artículo 116 de la Ley 1952 de 2019).
42. Concluyó que los actos demandados cumplieron con las exigencias de
tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad y se fundaron en pruebas legalmente
producidas y debidamente valoradas.
43. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Cuestión previa
44. En el escrito de alegatos de conclusión la demandante solicitó que, de
manera oficiosa, se incorporara al proceso la decisión de archivo proferida por la
Fiscalía General de la Nación, por su posible repercusión en el trámite de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho.
45. Baste con decir que, para la Sala, no se cumple con el presupuesto del
segundo inciso del artículo 169 del Decreto 01 de 1984, pues, agotado el periodo
probatorio conforme quedó expuesto en los apartes previos de esta providencia, no
se advierte la necesidad de esclarecer puntos oscuros o dudosos de la controversia.
46. Aclarado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si en la expedición de
los actos demandados se incurrió en infracción de las normas constitucionales y
legales en que debían fundarse o si se lesionó el debido proceso, en cuanto al
recaudo y valoración probatoria, en virtud de los medios de prueba que permitieron
a la autoridad ratificar los cargos que formuló a la señora Ana Gilma Mahecha
Gutiérrez.
47. Con tal propósito, la sentencia se referirá al marco jurisprudencial aplicable
al análisis de la actuación sancionatoria disciplinaria, a las causales de nulidad
invocadas y abordará el caso concreto.
Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación disciplinaria
48. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.
49. De ahí que la respectiva actuación esté regida por normas y procedimientos
propios, en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la
defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido pacífica la
posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional de esta
clase de actos, tal como pasa a exponerse.
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50. Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del
juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba
el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias21.
51. Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en
que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el
concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental
de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo
que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»22.
52. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»23, y se indicó además que:
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial» respecto
de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de
cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley,
de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que
lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino
también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.
53. En ese orden, y como el examen de legalidad de la actividad administrativa
disciplinaria no es un juicio de corrección sino de validez, el estudio integral de los
actos disciplinarios cuestionados en esta controversia se hará dentro del marco
planteado en la sentencia previamente comentada.
21 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes
Moreno.
22 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.
2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
23 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.
1210-11. C.P. William Hernández Gómez.
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Causales de nulidad de los actos administrativos
54. Los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados
nulos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción, desde
luego, parte del cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su
expedición, relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la
que versa, la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el
cumplimiento de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas
que regulen la materia de que trate.
55. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, cuando se advierte que i) se ha
expedido con infracción de las normas en que debería fundarse; ii) por un
funcionario sin competencia; iii) en forma irregular; iv) con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, v) mediante falsa motivación o vi) con desviación
de las atribuciones propias de quien lo profirió24. Adicionalmente, por vía
jurisprudencial se ha desarrollado la tesis según la cual la nulidad de un acto
también puede perseguirse por desconocimiento del debido proceso, concretado en
los defectos formales y sustanciales que inciden en su formación.
56. De las enlistadas, interesan al caso concreto el desconocimiento de normas
superiores y la violación al debido proceso, pues la demandante señaló que en la
práctica probatoria se aplicaron disposiciones que se encontraban derogadas, que
se ejercieron funciones constitucionalmente inadmisibles por parte de la autoridad
disciplinaria, que los testimonios se recibieron de forma irregular y que, en suma,
los medios de prueba incorporados en virtud de las atribuciones de policía judicial
devenían en ilegales, lo que significa que la decisión de sancionarla se tomó sin que
estuviera clara su responsabilidad.
Nulidad del acto administrativo por infracción de las normas superiores en
que debe fundarse
57. También denominada nulidad por violación del ordenamiento superior o de la
regla de derecho de fondo que se exigía para sustentar el acto, se relaciona con los
aspectos que, en términos generales, deben validarse en un acto administrativo
frente a cada elemento que lo compone: las reglas de competencia, de
procedimiento, los componentes de la motivación y el debido proceso, concretado
en el derecho de audiencia y de defensa25.
24 Estas causales se desarrollan en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011, que regulan los medios de
control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho. En vigencia del Decreto 01 de 1984, los artículos
84 y 85 regulaban las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho. La primera, «[p]rocederá
no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando
hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió»; la segunda, para que «[t]oda persona que
se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del
acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma
acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que
pagó indebidamente».
25 Al respecto, Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2020.
Radicado 52001233300020150004501 (3779-2017). C.P. William Hernández Gómez.
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58. En un sentido más estricto, esta causal de nulidad se ha entendido por esta
Corporación como la contravención directa de la norma que serviría como
fundamento al acto administrativo, lo que puede ocurrir por falta de aplicación,
aplicación indebida o interpretación errónea.
59. Lo primero, es decir, la falta de aplicación, puede suceder porque la autoridad
administrativa ignore la existencia de la norma o, a pesar de conocerla, no la aplique
a la solución del caso o crea, de manera errónea, que la norma no es aplicable al
asunto que examina.
60. La aplicación indebida puede configurase cuando la autoridad hace valer
disposiciones que no son pertinentes para resolver el asunto objeto de decisión; lo
que a su vez puede ocurrir porque i) hubo un error al seleccionar la norma por
inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta consagra, y/o ii) porque no
se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la
hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
61. En cuanto a la interpretación errónea se ha precisado que ocurre cuando las
disposiciones que se aplican son en efecto las que regulan el asunto que se debe
decidir, pero la autoridad las entiende de manera equivocada y, con esa
interpretación, las aplica. En otras palabras, es lo que ocurre cuando se asigna a
una disposición un sentido o alcance que no le corresponde26.
Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso
62. El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.
63. En virtud de lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad por
desconocimiento de esta garantía, se examinan elementos formales y sustanciales
en la formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra
el artículo 29 constitucional.
64. Su respeto tiene que ver entonces, con la concreción de por lo menos estos
elementos: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se adelante por el
competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los interesados; (iii) que
estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan dilaciones
injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y controvertir
pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida forma y
que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas27; b) en
sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad siempre
que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado se
26 Cfr. Ibíd. También Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de marzo de 2012. Radicado
25000232700020049227102 (16660). C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
27 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-
02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
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presuma inocente.
65. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del
derecho al debido proceso28 puede predicarse tanto de las providencias judiciales
como de los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución29.
66. En todos los supuestos de desconocimiento del debido proceso subyace la
aplicación de los principios estructurales de la actividad sancionatoria, en especial,
el in dubio pro disciplinado, que materializa la idea según la cual toda duda que surja
en la actuación disciplinaria debe resolverse en favor del servidor implicado; lo que,
a su vez, es consecuencia de que la carga probatoria en los procedimientos de esta
naturaleza le corresponda al Estado.
67. En especial, el defecto fáctico –que se configura cuando se valora una prueba
de manera irracional o caprichosa, se analizan medios de prueba que se debieron
omitir o se desconocen las reglas de la sana crítica30– puede llevar al operador
disciplinario a la expedición de actos administrativos sin el cumplimiento del
presupuesto procedimental para la imposición de una sanción: la certeza, más allá
de toda duda razonable, de la existencia de la falta disciplinaria y de la
responsabilidad del investigado.
68. Lo anterior se encuentra directamente relacionado con la presunción de
inocencia, arista del derecho al debido proceso según la cual «[t]oda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable»31 y de
la que hace eco la normativa disciplinaria aplicable al demandante, pues el artículo
28 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la
sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
29 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076
de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
30 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
31 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En relación con la
presunción de inocencia, señaló: «[s]ignifica que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente,
partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el
que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad».
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9 de la Ley 734 de 2002 dispone que «[a] quien se atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado
cuando no haya modo de eliminarla», en tanto el artículo 142 de la Ley 734 de 2002
señala que «[n]o se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso
prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la
responsabilidad del investigado».
69. En otras palabras: en materia sancionatoria disciplinaria la presunción de
inocencia tiene influencia directa en la carga de la prueba e impacta el principio in
dubio pro disciplinado, pues corresponde a quien ostenta el poder punitivo
encaminar su despliegue probatorio a desvirtuar la presunción y si, examinadas las
pruebas existen dudas sobre la responsabilidad, la decisión solo puede ser
absolutoria32.
Caso concreto
70. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria, la Sala destaca que:
• Mediante informe del 22 de noviembre de 2007 funcionarios de la Unidad de Asesoría
Técnico Científica y de Policía Judicial de la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales informaron que el 19 del mismo mes y año se recibió información telefónica
de un ciudadano que manifestó que varios servidores de la Procuraduría Delegada para
las Entidades Territoriales, que se desplazaban por el país, solicitaban dinero, contratos
y favores a alcaldes y gobernadores a cambio de favorecerlos con las actuaciones
preventivas y disciplinarias a cargo de dicha dependencia.
Agregaron que, por la importancia de lo relatado, adelantaron labores de inteligencia
con el fin de conocer las actividades que se desplegaban en dicha dependencia. Se
encontró que gran parte de su labor se desarrollaba a través de visitas preventivas y
que el volumen de traslado para actuaciones disciplinarias era muy reducido; que se
cuestionaba su proactividad respecto de la verificación del manejo de regalías y
recursos territoriales; y que se determinó que dos de los abonados suministrados por el
quejoso figuraban en la base de datos de la Policía Judicial a nombre de la Federación
Nacional de Arroceros, mientras que los demás no tenían reporte de usuario33.
• Con fundamento en lo anterior, por auto del 30 de noviembre de 2007 el procurador
general de la Nación delegó al director nacional de Investigaciones Especiales como
funcionario especial para que adelantara la actuación disciplinaria que correspondiera
hasta su culminación, con facultades para subcomisionar a los funcionarios para la
práctica de pruebas e investido de las potestades para decidir sobre la suspensión
32 Sobre el alcance de la presunción de inocencia, cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289-2012. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto: «La presunción de inocencia ‘se constituye en regla básica sobre la carga de la
prueba’ de acuerdo con la cual ‘corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una
persona es responsable de un delito (…) lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La
actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la
presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para
su producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica.
Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que
conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe
demostrarle su culpabilidad’».
33 Véase folio 1 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
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provisional de los funcionarios y sin perjuicio de las facultades de policía judicial34. Ese
mismo día, el servidor comisionado ordenó la apertura de una indagación preliminar en
contra de funcionarios por identificar35.
• Por auto del 29 de mayo de 2008 se abrió investigación disciplinaria en contra de la
señora Ana Gilma Mahecha Gutiérrez y otros funcionarios de la Procuraduría Delegada
para las Entidades Territoriales.
En esta decisión se indicó que, con fundamento en las facultades de policía judicial que
el artículo 277 constitucional confiere al procurador general de la Nación y de las
atribuciones jurisdiccionales de los artículos 116 de la Constitución y 148 de la Ley 734
de 2002, dicho funcionario, mediante auto reservado, ordenó la interceptación de
algunos abonados telefónicos asignados a la Procuraduría Delegada y de aquellos que
fueron suministrados por el quejoso y que solo se logró la intervención de uno, cuyo
titular registrado era la Federación Nacional de Arroceros36.
Que en dicho abonado se identificaron comunicaciones sostenidas por la señora Ana
Gilma Mahecha Gutiérrez, funcionaria de la Procuraduría Delegada para las Entidades
Territoriales, quien tenía a su cargo actividades de acompañamiento y seguimiento en
la distribución de regalías en el año 2007 a los departamentos de Casanare y La Guajira
y, según el contenido de aquellas, esta servidora, en compañía de otras dos, habrían
empleado sus cargos y funciones para generar un acuerdo irregular en el trámite de los
asuntos bajo su responsabilidad.
De manera preliminar, se dio cuenta de varias comunicaciones que tuvieron lugar entre
el 21 de enero y el 18 de febrero de 2008. También se destacó que el 21 de mayo de
ese año se adelantó una visita especial en las dependencias de la Procuraduría
Delegada para las Entidades Territoriales y que el 27 de ese mes y año los funcionarios
de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales detectaron el retiro de
voluminosa documentación del sitio en el cual funcionaba dicha dependencia hacia el
sótano de la entidad, por lo cual se efectuó su aprehensión y, bajo cadena de custodia,
la llevaron a la bodega de evidencia.
Que, además, se solicitaron las grabaciones de video de los pisos 1 y 10 de la
Procuraduría y se estableció que la señora Ana Gilma Mahecha, ayudada por otros dos
funcionarios, retiró de la dependencia varias cajas, las cuales se recuperaron del
sótano, lo que evidenciaba que se trató de maniobras orientadas a obstruir el trámite
disciplinario, lo que justificó la adopción de la medida de suspensión provisional37.
• El 15 de octubre de 2008 se evaluó la investigación disciplinaria. En esa decisión se
formularon los siguientes cargos a la señora Mahecha Gutiérrez:
❖ Del artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 421 de la Ley
599 de 2000, a título de dolo, probable asesoramiento ilegal: (i) al señor William Pérez
Espinel, exgobernador de Casanare; (ii) como determinadora sobre el ingeniero Gustavo
Quintero Quintero, a la señora Flor Ángela Alonso Montaña, gerente de la Empresa de
34 Véanse folios 2 y 3 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
35 Véanse folios 4-5 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
36 El 12 de agosto de 2008 (véase folio 928 del cuaderno 5 del expediente disciplinario), por solicitud de la
apoderada de la señora Ana Gilma Mahecha Gutiérrez se incorporaron a la actuación dos autos calendados del
30 de noviembre de 2007, mediante los cuales el Procurador General de la Nación autorizó al Director Nacional
de Investigaciones Especiales para interceptar dos abonados telefónicos fijos de la entidad, con 5 extensiones
y 8 números celulares (véanse folios 9302-931 y 932-933 del cuaderno 5 del expediente disciplinario).
37 Véanse folios 87 a 119 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
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Radicado: 11001-03-25-000-2011-00146-00 (0492-2011)
Aguas de Yopal; (iii) a las señoras Lilian Fernanda Salcedo Restrepo y Flor Ángela
Alfonso Montaña, la primera, alcaldesa de Yopal; (iv) A William Pérez Espinel, en la
modalidad de gestión, para que el referido pudiera ingresar al Establecimiento
Penitenciario La Picota; (v) para favorecer a terceros con el acceso a información de la
que no podían tener conocimiento porque no eran sujetos procesales; (vi) a Sandra
Arabella Velásquez Salcedo, representante a la Cámara, en el trámite de su defensa;
(vii) en calidad de determinadora sobre la funcionaria Adriana Botero Giraldo, al señor
Gustavo Alberto Salcedo Figueroa.
❖ Del artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 289 de la Ley
599 de 2000, a título de dolo, falsedad en documento privado, porque, presuntamente,
junto con otra servidora, usó los elementos puestos a su disposición para el empleo de
sus funciones, para elaborar, suscribir y entregar un documento privado ante la
Procuraduría Auxiliar Disciplinaria y así obtener copia de actuaciones reservadas.
❖ Del artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 404 de la Ley
599 de 2000, a título de dolo, concusión, pues al parecer: (i) constriñó, indujo y solicitó al
señor William Pérez Espinel y a la señora Flor Ángela Alfonso Montaño, dar y prometer
a la funcionaria y a terceros utilidades indebidas, como vinculación de amigos y familiares
propios y de su esposo (sic) en cargos de la administración municipal de Yopal; (ii)
probablemente constriñó, indujo y solicitó dinero al particular Ernesto Camilo Fidel
Dagovett Daza; (iii) al parecer constriñó, indujo y solicitó al exalcalde del municipio de
Uribia (La Guajira), a dar y prometer dinero a la funcionaria.
❖ Del artículo 48.40 de la Ley 734 de 2002, a título de dolo, porque probablemente utilizó
su cargo para presionar a particulares para que respaldaran una causa o campaña
política.
❖ Del artículo 48.3 inciso 2 de la Ley 734 de 2002, posible incremento patrimonial
injustificado, en cifras que superaban ampliamente los valores obtenidos como
consecuencia de su actividad laboral, a título de dolo.
❖ Del artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 340 de la Ley
599 de 2000, a título de dolo, posible concierto para delinquir38.
• El 4 de diciembre de 2008 el procurador general de la Nación expidió la decisión
disciplinaria de única instancia. En esta oportunidad, se rechazó por extemporáneo el
recurso de reposición interpuesto por la apoderada de la demandante respecto de la
decisión de negar la declaratoria de nulidad de la actuación y se resolvió el interpuesto
por la defensa de otras investigadas sobre la misma cuestión.
Agotado el punto relacionado con la declaratoria de nulidad de la actuación, respecto
de los cargos formulados, encontró acreditada la responsabilidad de la demandante con
fundamento, entre otros, en las pruebas documentales que se recaudaron de los
equipos de los funcionarios investigados en las diligencias adelantadas por los
servidores de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, en las
comunicaciones interceptadas que se trasliteraron e incorporaron al trámite y en el
contenido de los testimonios recaudados. Tras considerar que se encontró la incursión
de la funcionaria en 14 faltas disciplinarias de naturaleza gravísima dolosa, se impuso
como correctivo disciplinario la destitución y se fijó la inhabilidad general en diecisiete
años39.
• La decisión fue modificada al resolver el recurso de reposición, por auto del 3 de marzo
de 2009. En esta ocasión, se resolvió además la recusación formulada en contra de
quien para la época del trámite disciplinario fungía como procurador general de la
Nación, pues los investigados sostuvieron que el referido funcionario concedió una
38 Véanse folios 995 a 1044 del cuaderno 5 del expediente disciplinario.
39 Véanse folios 217 a 302 del cuaderno 14 del expediente disciplinario.
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entrevista al medio RCN en la cual afirmó que sancionaría a quienes investigaba. Esta
se declaró infundada, porque de sus manifestaciones no se advertía ninguna «decisión
anticipada» sobre el asunto; por el contrario, advirtió que el resultado de la actuación
disciplinaria se debía someter a la observancia plena de las exigencias contenidas en
la Ley 734 de 2002.
También se refirió a las solicitudes de nulidad que se presentaron junto con el escrito
de reposición. Se dijo que, si bien tenían ánimo dilatorio, en la medida en que con los
mismos argumentos se había realizado igual solicitud en instancias anteriores, lo cierto
es que no se advertía su configuración, ni respecto de la competencia del procurador
general de la Nación, ni en relación con la ritualidad para el recaudo probatorio.
En punto al recurso de reposición interpuesto por la defensa de la señora Mahecha
Gutiérrez, se dijo que sus argumentos no la exoneraban de responsabilidad e inclusive
encontró problemáticas sus afirmaciones relacionadas con la extracción abusiva de
elementos personales por parte de los funcionarios de la Dirección de Investigaciones
Especiales, pues, como se acreditó en el expediente, los documentos valorados fueron
aprehendidos en la diligencia llevada a cabo en los sótanos de la entidad.
No obstante, y tras valorar los medios probatorios recaudados en la actuación, sumados
a los que se practicaron en sede de reposición, se repuso la decisión respecto del
posible asesoramiento ilegal para favorecer a terceros con el acceso a información de
la que no podían tener conocimiento porque no eran sujetos procesales (numeral 9.1.6
de la decisión sancionatoria); lo que justificó la reducción del correctivo de inhabilidad
general, que se fijó de forma definitiva en 16 años40.
71. La demandante no elevó reproches relacionados con los elementos
estructurales de la responsabilidad disciplinaria. De sus intervenciones no se
advierten inconformidades dirigidas a la adecuación típica de los comportamientos,
a la afectación del deber funcional o al juicio de culpabilidad.
72. Las razones por las que considera que los actos deben anularse se ubican
en el plano de los medios de prueba: en perspectiva procedimental, se refiere a las
ritualidades para el decreto y práctica de aquellos con fundamento en los cuales se
abrió la investigación disciplinaria, que, a su juicio, no podían valorarse como tales
porque para su recaudo se acudió a la normativa de la Ley 600 de 2000 y se ejerció
una función que posteriormente fue declarada inexequible.
73. En perspectiva sustancial, cuestionó el término para agotar el periodo
probatorio luego de formulado el pliego de cargos, se refirió a la imposibilidad de
ejercer el derecho de contradicción de algunos medios de prueba practicados en
etapa de investigación disciplinaria y cuestionó el alcance probatorio de los
denominados «informes de policía».
74. Como cuestiones transversales, manifestó en el concepto de violación que
existieron pruebas obtenidas con violación del derecho a la intimidad, en especial,
a través de una requisa «abusiva» de su bolso, aunque en sede de alegatos de
conclusión plasmó dudas sobre la autoría, propiedad y procedencia de tales
documentos; también señaló que la autoridad disciplinaria negó una solicitud de
40 Véanse folios 139 a 171 del cuaderno 18 del expediente disciplinario.
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recusación y que rechazó in limine una solicitud de nulidad; ambas formuladas al
interponer el recurso de reposición en contra de la decisión sancionatoria y, en punto
al cargo relacionado con incremento patrimonial injustificado, dijo que los actos
demandados incurrieron en incongruencia respecto del pliego de cargos, al incluir
elementos fácticos no delimitados allí y que se ratificó dicho tipo disciplinario con
base en meras conjeturas.
75. Respecto de los argumentos relacionados con la forma como se decretaron
y practicaron las pruebas que se derivaron de la autorización a la Dirección Nacional
de Investigaciones Especiales para realizar algunas interceptaciones, es necesario
precisar que el momento procedimental en que ello tuvo lugar fue el de indagación
preliminar.
76. Esto es importante, porque buena parte de los argumentos de la demandante
se dirigen a dar cuenta de que tales diligencias se llevaron a cabo «a espaldas» de
los implicados disciplinariamente; con lo que se deja de lado que el informe del 22
de septiembre de 2007 dio lugar a que se abriera una indagación preliminar en
contra de funcionarios por identificar, como quedó consignado en los párrafos
previos. Ello ocurrió el 30 de noviembre de 2007, fecha en la que el procurador
general de la Nación autorizó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales
la interceptación de abonados telefónicos de la entidad41 y de los números celulares
que suministró el quejoso42.
77. En ambos actos se indicó que de conformidad con lo previsto en los artículos
293 y 301 de la Ley 600 de 2000, «(…) aplicable por remisión, y en armonía con la
Directiva 6 de 2005 proferida por este Despacho, esta providencia es RESERVADA
y a la actuación disciplinaria se incorporarán, únicamente, las transcripciones de las
comunicaciones que tengan interés para la investigación» (negrillas en el texto
original).
78. Lo primero que cabe destacar es que la autorización para el despliegue de
tales actuaciones se realizó en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 116 y
227 constitucionales y 148 de la Ley 734 de 2002. El primero dispone, en el inciso
cinco, la posibilidad de que la ley atribuya funciones jurisdiccionales de manera
excepcional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. El
segundo, se refiere a las funciones del procurador general de la Nación y prevé, en
el inciso segundo, que para su cumplimiento dicho servidor «tendrá atribuciones de
policía judicial». Por su parte, el referido artículo 148 del Código Disciplinario Único
se ocupa de la regulación de las atribuciones de policía judicial, en los siguientes
términos:
«De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 277 de la
Constitución Política, para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría
General de la Nación tiene atribuciones de policía judicial. En desarrollo de esta
facultad, el Procurador General y el Director Nacional de Investigaciones
Especiales podrán proferir las decisiones correspondientes.
El Procurador General de la Nación podrá delegar en cualquier funcionario de
41 Véanse folios 930-931 del cuaderno 5 del expediente disciplinario.
42 Véanse folios 932-933 del cuaderno 5 del expediente disciplinario.
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la Procuraduría, en casos especiales, el ejercicio de atribuciones de policía
judicial, así como la facultad de interponer las acciones que considere
necesarias. Quien hubiere sido delegado podrá proferir las decisiones que se
requieran para el aseguramiento y la práctica de pruebas dentro del proceso
disciplinario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política,
para efecto del ejercicio de las funciones de Policía Judicial establecidas en el
inciso final del artículo 277, el Procurador General de la Nación tendrá
atribuciones jurisdiccionales, en desarrollo de las cuales podrá dictar las
providencias necesarias para el aseguramiento y práctica de pruebas en el
trámite procesal» (subrayas de la Sala).
79. De manera que la lectura armónica de las referidas disposiciones da cuenta
de que existe una materia específica y concreta respecto de la cual la Ley 734 de
2002 asignó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación;
además de facultarla para desplegar actividades de policía judicial. No se trata del
mismo evento estudiado en la Sentencia C-030 de 202343 y, en ese sentido, la
demandante incurre en una confusión.
80. En la referida providencia, la Corte Constitucional analizó la atribución de
funciones jurisdiccionales contenida en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley
2094 de 2021, que la normativa le otorgaba a la autoridad disciplinaria para «(…) la
vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones
públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones
disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las
demás establecidas en la ley», esto es, para el ejercicio de la potestad sancionatoria
respecto de un grupo concreto de servidores públicos: aquellos elegidos por voto
popular.
81. Precisamente, parte de los argumentos para declarar la inexequibilidad de
dichas funciones, tuvo que ver con que la Constitución Política permite su atribución
legal de manera excepcional y en materias precisas44 (como aquella de la que es
objeto el artículo 148 de la Ley 734 de 2002); pero la actividad de la Procuraduría
General de la Nación, en tanto autoridad que ejerce la potestad disciplinaria, es de
naturaleza administrativa y no jurisdiccional.
82. Lo anterior, sin dejar de lado que la constitucionalidad de los artículos 96,
136, 148 y 149 de la Ley 734 de 2002, que, en conjunto, regulan el ejercicio de las
43 Corte Constitucional. Sentencia C-030 de 2023. M.P. José Fernando Reyes Cuartas y Juan Carlos Cortés
González.
44 Cfr. Sentencia C-030 de 2023: «365. La Corte verificó la vulneración del artículo 116 de la Constitución,
porque la asignación de funciones jurisdiccionales a la PGN no cumplió con los presupuestos fijados por la
Constitución. Se precisó que dicho otorgamiento i) debe ser excepcional; ii) debe estar contenido en una norma
con fuerza material de ley; iii) las materias sobre las que se ejercen esas funciones deben ser precisas, esto es,
deben estar definidas de manera clara y de acuerdo con un «ámbito material» delimitado y iv) no se pueden
asignar funciones jurisdiccionales a autoridades que ejercen funciones administrativas para la investigación y
juzgamiento de delitos».
366. No obstante, las normas analizadas implicaron la habilitación amplia, general, exclusiva y extensa de la
PGN como órgano investido de jurisdicción para el ejercicio de la acción disciplinaria y la imposición de
sanciones, inclusive las de destitución, suspensión e inhabilidad contra servidores públicos de elección popular,
en ejercicio del cargo. En bloque, se redefinió la naturaleza de una función, que no estaba en cabeza de la
Rama Judicial, sin que implicara su fortalecimiento ni descongestión. En consecuencia, se declaró la
inexequibilidad de las expresiones “jurisdiccionales” y “jurisdiccional” de los artículos 1, 54, 73 y 74 de la Ley
2094 de 2021».
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atribuciones de policía judicial por parte de la Procuraduría General de la Nación,
no ha sido objeto de cuestionamientos, ni encuentra la Sala que existan elementos
de juicio que den cuenta de razones para aplicar una excepción en ese sentido.
83. Ahora, en cuanto a la ritualidad para la práctica probatoria que se ordenó en
ejercicio de tales facultades, es necesario destacar que en los autos mediante los
cuales se autorizó la interceptación de los abonados fijos y móviles, se indicó que
dichas providencias tenían la calidad de reservadas en los términos de los artículos
293 y 301 de la Ley 600 de 2000, que disponen:
«Articulo 293. Providencias reservadas. Las providencias motivadas mediante
las cuales se disponga el allanamiento y el registro, la retención de
correspondencia postal o telegráfica o la interceptación de comunicaciones
telefónicas, no se darán a conocer a las partes mientras el funcionario considere
que ello puede interferir en el desarrollo de la respectiva diligencia. Contra
dichas providencias no procede recurso alguno».
«Articulo 301. Interceptación de comunicaciones. El funcionario judicial podrá
ordenar, con el único objeto de buscar pruebas judiciales, que se intercepten
mediante grabación magnetofónica las comunicaciones telefónicas,
radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético, que se
hagan o reciban y que se agreguen al expediente las grabaciones que tengan
interés para los fines del proceso. En este sentido, las entidades encargadas de
la operación técnica de la respectiva interceptación, tienen la obligación de
realizar la misma dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la orden.
Cuando se trate de interceptación durante la etapa de la investigación la
decisión debe ser remitida dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
Dirección Nacional de Fiscalías.
En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen
en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva.
Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor.
El funcionario dispondrá la práctica de las pruebas necesarias para identificar a
las personas entre quienes se hubiere realizado la comunicación telefónica
llevada al proceso en grabación.
Tales grabaciones se trasladaran al expediente, por medio de escrito certificado
por el respectivo funcionario».
84. El reproche de la demandante tiene que ver con que, para la fecha en que se
autorizaron las interceptaciones, la normativa vigente en materia procesal penal era
la contenida en la Ley 906 de 2004, porque el artículo 530 de dicho estatuto previó,
sobre su implementación gradual, que empezaría a regir en el distrito de Bogotá a
partir del 1 de enero de 200545.
85. Respecto del cambio del régimen procesal penal y sus implicaciones en las
actuaciones disciplinarias, el procurador general de la Nación expidió la Directiva
45 Ley 906 de 2004. «Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el
sistema se aplicará a partir del 1o. de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y
Pereira. Una segunda etapa a partir del 1o. de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga,
Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal. (…)».
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006 del 8 de abril de 200546, en la cual se indicó que la Ley 906 de 2004 desarrollaba
un sistema procesal acusatorio que resultaba incompatible con el mixto consagrado
por la Ley 734 de 2002, por lo que, en virtud de la integración normativa prevista en
el artículo 21 del Código Disciplinario Único, no era posible su aplicación.
86. Agregó que la Ley 906 de 2004 no se aplicaba en todo el territorio nacional;
mientras que la Ley 600 de 2000 era la «norma general en materia de procedimiento
penal en tanto se aplica en todo el territorio nacional (…)». En virtud de lo anterior,
se definió que «[l]a remisión a que hace alusión el artículo 21 de la Ley 734 de 2002,
cuando se trate de la aplicación por vacíos legislativos del Código de Procedimiento
Penal, es a la Ley 600 de 2000».
87. En la misma Directiva se advirtió que la vigencia gradual de la Ley 906 de
2004 culminaba en el año 2008 y que, en lo que al régimen disciplinario se refería,
la aplicación de las disposiciones procedimentales a la luz del principio de
integración normativa no se encontraba vinculada con la época de ocurrencia de los
hechos, sino con la vigencia de la normativa.
88. La Sala no encuentra que de esta discusión se derive un vicio con el alcance
para afectar la legalidad de los actos demandados, por dos razones: (i) la actuación
del procurador general de la Nación se desplegó en los términos previstos en la ley
y bajo los parámetros definidos por la autoridad disciplinaria y (ii) aun cuando la
aplicación de lo previsto en la Ley 600 de 2000 representase una irregularidad
procedimental, lo cierto es que no implicó la afectación de garantías sustanciales.
89. La imposibilidad de aplicar en materia probatoria lo dispuesto por la Ley 906
de 2004 se fundó en que bajo esta se desarrollaba un sistema completamente
acusatorio. Esto no es un asunto menor, porque a instancias de la actuación judicial
de naturaleza penal ello significa que la prueba solo tendría tal calidad al someterse
al ejercicio de contradicción. Antes de ello, su alcance sería el de un elemento
material probatorio, lo que se evidencia en los cambios que introdujo el nuevo
estatuto procedimental respecto de la autoridad competente para ordenar
interceptación de comunicaciones (asunto que ocupa a la Sala) y el sometimiento
de estas a un control de legalidad posterior, en audiencia de carácter reservado
(155, 235 y 237 de la Ley 906).
90. Visto lo anterior, para la Sala es claro que, con todo, el cambio de estatuto
procesal penal no supuso la desaparición de la posibilidad de interceptar
comunicaciones; inclusive, dicha actuación siguió sometida a la reserva. Tampoco
puede dejarse de lado que, en lo que a la actuación disciplinaria se refiere, la
aplicación de la normativa probatoria penal supone la existencia de un vacío
normativo en lo que al régimen sancionatorio de los servidores públicos se refiere.
En esa medida, la orden y práctica de las interceptaciones en el caso concreto, bajo
los ritos de la Ley 600 de 2000, estuvo precedida de la expedición de una directiva
presumida de legalidad.
46 Consultada en: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21740. Fecha de
visualización: 15/05/2026.
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91. Si, como lo propone la demandante, dicha Directiva debiera inaplicarse
porque deviene en un ejercicio excesivo de la potestad reglamentaria, tampoco se
viciaría la actividad probatoria, pues lo cierto es que los resultados de las diligencias
de interceptación y, en general, de las actividades que se desplegaron en ejercicio
de las actuaciones de policía judicial se sometieron al principio de publicidad propio
del trámite disciplinario y, en consecuencia, la disciplinada tuvo conocimiento de los
mismos desde el momento en que fue vinculada al procedimiento en condición de
investigada, pudo controvertirlos y aportar las pruebas que, en el marco del ejercicio
del derecho a la defensa, podían llevar a que su contenido se desvirtuara.
92. Ahora bien, en cuanto al resultado de tales actividades probatorias, cabe
destacar que los servidores comisionados de la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales plasmaron sus actuaciones en informes, actas de visita
y actas de declaración juramentada; medios que, en conjunto, no tienen el alcance
de los informes de inteligencia, en los términos en que los interpretó la demandante,
con fundamento en la sentencia proferida por esta Corporación en el radicado 1210-
201147.
93. En aquella providencia, se analizó el mérito probatorio de los informes de
investigador de campo y de las versiones suministradas por informantes y se
concluyó, con fundamento en la Sentencia C-392 de 200048, que estos carecían de
valor probatorio por tratarse de actuaciones extraprocesales no controvertidas por
las personas a las cuales se podían oponer dentro del proceso. Se agregó que, en
pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha reafirmado la
carencia de valor probatorio de tales documentos, porque «(…) al provenir de
terceros, pueden inducir apreciaciones o conjeturas, que no son consideradas como
pruebas legalmente recaudadas».
94. Las razones para determinar que ni los informes de inteligencia ni las
versiones de los informantes tienen mérito probatorio devienen, fundamentalmente,
de la imposibilidad de someterlos al ejercicio de contradicción, pues, antes que
medios de prueba, se trata de insumos con fundamento en los cuales la autoridad
despliega las actuaciones encaminadas a determinar si asiste responsabilidad a
quien se acusa de incurrir en un comportamiento irregular.
95. En el caso que se analiza, tal no era el mérito de las diligencias adelantadas
en cumplimiento de las órdenes y autorizaciones impartidas en los autos reservados
del 30 de noviembre de 2007. Una cosa es que, por su naturaleza, tuvieran la
calidad de reservados; otra es que tal condición los despojara de su mérito
probatorio. Como se dijo en líneas previas, una vez la señora Mahecha Gutiérrez
fue vinculada a la actuación en calidad de investigada, tuvo acceso a las distintas
diligencias practicadas en el marco de la indagación preliminar, incluidas aquellas
47 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 9 de agosto de 2016. Exp.
11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-2011). C.P. William Hernández Gómez (E). Demandante: Piedad
Esneda Córdoba Ruiz.
48 M.P. Antonio Barrera Carbonell. En aquella oportunidad, la Corte analizó la exequibilidad del artículo 50 de la
Ley 504 de 1999, que agregó un inciso al artículo 313 del Código de Procedimiento Penal entonces vigente,
según el cual «[e]n ningún caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes
tendrán valor probatorio en el proceso». La Corte determinó que dicha disposición se ajustaba a la constitución,
porque aquellas eran actuaciones extraprocesales no controvertidas por las personas a las cuales se podían
oponer dentro del proceso.
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que se derivaron de las actividades de policía judicial.
96. Otra cosa es que, a insumos como el informe del 22 de noviembre de 2007
o a la misma versión del quejoso anónimo se les hubiese otorgado el estatus de
medios de prueba. Pero ello no fue así, pues el referido documento, en el cual los
funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales relataron haber
desplegado labores de inteligencia ante la queja de quien manifestó que al parecer
servidores de la Procuraduría Delegada para las Entidades Territoriales habrían
incurrido en irregularidades, no fue valorado como prueba por la demandada, sino
que constituyó el insumo base para iniciar la actuación disciplinaria, en los términos
del artículo 69 de la Ley 734 de 200249.
97. De manera que, en cuanto al ejercicio de las atribuciones de policía judicial,
a la normativa procedimental aplicada y al alcance de los medios recaudados en
indagación preliminar, la Sala no advierte que de allí se derive un vicio con el
alcance para enervar la presunción de legalidad de los actos demandados.
98. En perspectiva sustancial, la demandante sustentó la lesión del debido
proceso y de la normativa en que debía fundarse la actuación en (i) la imposibilidad
de ejercer el derecho de contradicción respecto de las declaraciones recibidas en
etapa de investigación disciplinaria, (ii) el corto lapso para agotar la práctica de
pruebas testimoniales y (iii) la ausencia de práctica de testimonios que fueron
decretados.
99. Sobre la primera cuestión, la Sala encuentra que, abierta la investigación
disciplinaria, la señora Mahecha Gutiérrez solicitó copia de la actuación el 4 de junio
de 200850, cuya expedición se autorizó en auto del 5 del mismo mes y año51. Luego,
el 6 de junio del mismo año la demandante otorgó poder al abogado Iván Rafael
Acosta Guillén52, a quien se le reconoció personería en providencia de 10 de junio
de 200853. Mediante oficio del 13 de junio de 2008 se informó a la investigada y a
su defensor que el 19 del mismo mes y año se realizaría la diligencia de verificación
de los documentos incautados y la entrega de los expedientes a cargo de la
funcionaria en las instalaciones de la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales54.
100. De forma posterior, en oficio del 24 de junio de 2008 se comunicaron a la
investigada las diligencias que se adelantarían, consistentes en visitas especiales y
49 Ley 734 de 2002. «Artículo 69. Oficiosidad y preferencia. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de
oficio, o por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja
formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que cumpla con los
requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992. La
Procuraduría General de la Nación, previa decisión motivada del funcionario competente, de oficio o a petición
del disciplinado, cuando este invoque debidamente sustentada la violación del debido proceso, podrá asumir la
investigación disciplinaria iniciada por otro organismo, caso en el cual este la suspenderá y la pondrá a su
disposición, dejando constancia de ello en el expediente, previa información al jefe de la entidad. Una vez
avocado el conocimiento por parte de la Procuraduría, esta agotará el trámite de la actuación hasta la decisión
final.
(…)».
50 Véase folio 144 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
51 Véase folio 143 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
52 Véase folio 223 del cuaderno 2 del expediente disciplinario.
53 Véase folio 222 del cuaderno 2 del expediente disciplinario.
54 Véanse folio 244 y 246 del cuaderno 2 del expediente disciplinario.
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la recepción de declaraciones juramentadas55, programadas para evacuarse entre
el 26 de junio y el 3 de julio de 2008. En ese sentido, para la fecha en que se
agotaron las diligencias testimoniales ordenadas en el auto de apertura de
investigación disciplinaria, el apoderado de la señora Mahecha Gutiérrez ya contaba
con personería reconocida.
101. Otra cosa es que el 1 de julio de 2008 la investigada hubiese radicado un
nuevo poder ante la entidad56. A este se le dio trámite el 9 del mismo mes y año57.
Precisada la forma en que concurrieron los apoderados a la actuación disciplinaria,
cabe destacar que si bien el nuevo escrito fue radicado en la fecha para la cual se
habían programado unas declaraciones juramentadas, lo cierto es que la entonces
apoderada bien habría podido (i) acudir a las diligencias y, en el marco de su
práctica, solicitar que se le reconociera personería; o (ii) de manera posterior
requerir la ampliación de las mismas que, dicho sea de paso, estuvieron a
disposición de los sujetos procesales y pudieron ser controvertidas.
102. No significa lo anterior que se estén trasladando cargas en materia probatoria
a la investigada; sino de precisar que la adecuada defensa técnica implica también
un ejercicio proactivo y que el marco de presunción de inocencia que irradia la
actuación disciplinaria no exime a los sujetos procesales (máxime si están
representados por apoderados debidamente constituidos) de adelantar las
actuaciones que consideren pertinentes para debida garantía de sus intereses.
103. Con todo, no puede dejarse de lado que los medios recaudados en la etapa
de investigación disciplinaria bien podían ser controvertidos en las fases
subsiguientes y, en ese sentido, solicitar su ampliación, tacharlos y, en general,
cuestionar su peso probatorio al presentar descargos, al alegar de conclusión o al
interponer recursos. Esto es fundamental, porque la contradicción de la prueba es,
en definitiva, la garantía que permite encontrar satisfecho el debido proceso en
perspectiva sustancial aun cuando en lo formal se hubiese incurrido en alguna
irregularidad.
104. En lo que tiene que ver con las pruebas ordenadas en la etapa de descargos
y a instancias del trámite del recurso de reposición, la demandante cuestiona el
corto lapso para su práctica, lo que a su juicio, implicó que muchas comunicaciones
no llegaran a sus destinatarios y, en consecuencia, se dejaran de escuchar
declaraciones que resultaban fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.
105. El 22 de octubre de 2008 se notificó a la apoderada de la demandante la
decisión de formular pliego de cargos58. En escritos del 6 de noviembre del mismo
año, la defensa de la señora Mahecha Gutiérrez solicitó (i) la nulidad de lo actuado59
y (ii) la práctica de pruebas60, ante lo cual se expidió el auto del 14 de noviembre de
200861, en el cual la demandada negó las solicitudes de nulidad formuladas por
55 Véanse folios 509-510 del cuaderno 3 del expediente disciplinario.
56 Véase folio 898 del cuaderno 3 del expediente disciplinario.
57 Véase folio 897 del cuaderno 3 del expediente disciplinario.
58 Véase folio 1084 del cuaderno 5 del expediente disciplinario.
59 Véanse folios 1192 a 1225 del cuaderno 6 del expediente disciplinario.
60 Véanse folios 1226 s 1281 del cuaderno 6 del expediente disciplinario.
61 Véanse folios 1367 a 1397 del cuaderno 6 del expediente disciplinario.
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quienes representaban a los distintos investigados y ordenó la práctica de sendas
pruebas testimoniales. Luego, en comunicación del mismo día (fecha en la que
también se libraron las respectivas citaciones) se indicó a la investigada62 y a su
defensora63 que las distintas declaraciones juramentadas (39 en total) se recibirían
entre el 18 y el 20 de noviembre de 2008.
106. Cinco declarantes se excusaron de asistir64, mientras que la dirección de dos
no pudo ser ubicada65. Por su parte, entre el 18 y (el) 20 de noviembre se
escucharon alrededor de veintiocho declaraciones juramentadas; todas solicitadas
por la defensa de los investigados66. En el trámite del recurso de reposición, por
auto del 6 de febrero de 200967 se ordenó la práctica de pruebas testimoniales,
cuyas diligencias tuvieron lugar entre el 17 y el 26 del mismo mes y año68.
107. De manera que, tanto al proferir la decisión de primera instancia como al
desatar el recurso de reposición, la demandada contaba con abundante prueba
testimonial; que de su valoración no se siguiera la existencia de razones para
exonerar de responsabilidad a la demandante no torna a este medio probatorio en
indebidamente practicado o analizado.
108. Además, no puede olvidarse que la normativa disciplinaria no exige una tarifa
legal en lo que a los medios de prueba se refiere. De conformidad con el artículo
142, para la imposición de la sanción, la autoridad debe contar con pruebas que
conduzcan a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del
investigado; las que, en los términos del artículo 141 del mismo estatuto, deben
apreciarse de manera conjunta, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
109. Lo anterior, sin dejar de lado que la demandante se refirió a que se omitieron
testimonios que resultaban fundamentales para esclarecer los hechos, pero sin
precisar cuáles ni en qué sentido podrían haber conducido a una decisión
sustancialmente diferente. Esta precisión es importante porque si bien la tesis
vigente en materia de control de las actuaciones disciplinarias implica el análisis
integral del trámite adelantado, ello no significa que el juez de lo contencioso
administrativo asuma el rol de tercera instancia. Su juicio sobre la legalidad de los
actos está guiado por las garantías propias del debido proceso y se estructura a
partir de los fundamentos fácticos y jurídicos que integran el concepto de violación.
110. En ese sentido, los cargos de nulidad relacionados con la práctica de las
pruebas testimoniales no están llamados a prosperar.
111. Respecto de las situaciones que, de manera transversal, se relataron como
constitutivas de vicios en la expedición de los actos, la Sala advierte que tanto la
recusación formulada como la solicitud de nulidad se atendieron por la demandada
62 Véanse folios 29 a 32 del cuaderno 8 del expediente disciplinario.
63 Véanse folios 33 a 36 del cuaderno 8 del expediente disciplinario.
64 Véanse folios 47 a 51 del cuaderno 8 del expediente disciplinario.
65 Véanse folios 106-107, 110-111, 114-115 y 116 del cuaderno 8 del expediente disciplinario
66 Las declaraciones juramentadas reposan en su totalidad en el cuaderno 9 del expediente disciplinario.
67 Véanse folios 1 a 4 del cuaderno 17 del expediente disciplinario.
68 Las declaraciones reposan en los folios 56 a 165 y 186 a 192 del cuaderno 17 y 43 a 66 y a 103 del cuaderno
18 del expediente disciplinario.
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al pronunciarse sobre el recurso de reposición; otra cosa es que la decisión
adoptada diste de lo pretendido por la señora Mahecha Gutiérrez; cuestión que no
basta para concluir que los actos deban anularse.
112. En relación con la recusación formulada, esta se atendió en el auto del 3 de
marzo de 2009, en el cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la
decisión sancionatoria. Como antecedente fáctico se relató que, en términos de las
investigadas, quien fungió como procurador general de la Nación durante el trámite
de la actuación que culminó con el auto del 4 de diciembre de 2008, manifestó su
opinión sobre el asunto materia de la actuación y que, con ello, habría incurrido en
la causal de impedimento del artículo 84.4. de la Ley 734 de 2002. Esto, porque en
un entrevista que concedió ante el medio RCN el 18 de noviembre de 2008 se refirió
al asunto objeto de la actuación sancionatoria.
113. La solicitud de recusación se declaró infundada tras considerar:
«Del contenido de la entrevista surge evidente que se relaciona el asunto con
el proceso adelantado en cuanto a su impacto y afectación, no así respecto a
las particulares características del asunto, así es cauto el Procurador MAYA
VILLAZON en aclarar que estas personas están siendo investigadas y que el
despacho tomará las decisiones del caso en el marco de los procedimientos
regulados por el Código Disciplinario y, agrega, que por razones de
procedimiento se esta (sic) satisfaciendo el derecho de defensa de todos los
funcionarios antes de tomar las determinaciones que correspondan, con lo que
deja de definir la opinión o decisión que se tomara (sic) sobre el tema.
(…)
Conforme a lo anterior, se considerar y así se declarará INFUNDADA la
recusación propuesta, toda vez que el doctor MAYA VILLAZON a través de la
entrevista radical no expuso de manera anticipada su decisión en el asunto, por
el contrario advirtió que las resueltas (sic) del proceso estarían precedidas de
la observancia plena de las existencias contenidas en el Código Único
Disciplinario y que el asunto se encontraba en investigación (…)»69 (subrayas
de la Sala).
114. La Sala encuentra que el anterior análisis se realizó en perspectiva del
contenido y alcance de la causal de impedimento/recusación propuesta y que, en
efecto, del contenido de la pluricitada entrevista no se puede extraer una opinión
sobre la investigación disciplinaria que para entonces se encontraba en trámite. De
manera que no se advierte irregularidad alguna respecto de esta cuestión incidental.
115. Y, en cuanto a la solicitud de nulidad, en el auto del 3 de marzo de 2009 se
dijo que, en los términos del artículo 146 de la Ley 734 de 2002, las nulidades podían
formularse antes de proferirse la decisión definitiva, «(…) es decir, hasta antes del
fallo de primera o única instancia, así que las nulidades propuestas junto con el
recurso de reposición del fallo son a todas luces extemporáneas, por cuando el fallo
de única instancia se integral al recurso de reposición jurídicamente hablando».
116. No obstante, encontró que los planteamientos de las solicitudes de nulidad
ya se habían propuesto y resuelto antes de expedir la decisión del 4 de diciembre
69 Véanse folios 155 a 158 del cuaderno 18 del expediente disciplinario.
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de 2008 y que, en ese sentido, devenían en reiteraciones, por lo cual se remitió a lo
dicho en las etapas previas70, sin que ello represente una lesión del derecho
fundamental al debido proceso, pues lo cierto es que los distintos argumentos de la
demandante fueron atendidos en su totalidad y, si se rechazó in limine la solicitud
de nulidad que se refirió a la aplicación de los ritos de la Ley 600 de 2000 en la
práctica de pruebas, ello obedeció a que sobre esta la autoridad ya se habría
pronunciado en el auto del 14 de noviembre de 200871.
117. Ahora bien, llama la atención de la Sala el reproche relacionado con la
violación del derecho a la intimidad en la práctica de las diligencias probatorias.
Concretamente, la demandante se refirió a lo ocurrido el 27 de mayo de 2008,
procedimiento en el cual participaron funcionarios de la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales. Sobre ello cabe destacar que, al resolver el recurso de
reposición, la demandada se pronunció respecto de este relato y destacó su falta
de correspondencia con lo que en realidad ocurrió.
118. En efecto, según consta en el expediente disciplinario, el 27 de mayo de 2008
dos funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, en
cumplimiento de lo ordenado el 30 de noviembre de 2007, se trasladaron al sótano
de la Procuraduría General de la Nación y allí encontraron a un trabajador de la
empresa Fibras Nacionales, a quien una persona de la cafetería le encomendó la
tarea de bajar unas cajas y bolsas desde el piso 10 de la entidad.
«De la diligencia adelantada se realiza filmación y se describen algunos de los
documentos hallados confirmando que estos corresponden a funcionarios que
laboran en la Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales,
en total se encontraron seis cajas de cartón de diferente tamaño y una bolsa de
basura color negro introducida en un costal, este material se reviso (sic), en el
mismo sitio de la diligencia, mientras el contenido de la bolsa negra se reviso
(sic) en el segundo sótano gran parte de ese contenido era basura pero en el
fondo de dicha bolsa se encontraron sobres de Manila (sic) con más
documentos que pueden resultar de interés (…)»72.
119. De tales documentos se extrajeron aquellos con los que luego se formularía
a la demandante el cargo por incremento patrimonial injustificado y cuya pertenencia
a la señora Mahecha Gutiérrez se definió con fundamento en:
70 Los argumentos de nulidad de las demandante, efectivamente planteados desde el momento en que presentó
el escrito de descargos, se relacionaban con (i) que se adelantó en procedimiento de única instancia sin que
este se encontrara reglado, (ii) que las pruebas practicadas con sustento en la Ley 600 de 2000 eran ilegales;
(iii) que no se dio trámite a un derecho de petición que formuló en el marco de las diligencias probatorias; (iv)
que no se le notificó el auto que resolvió sobre la práctica de pruebas; (v) que las decisiones interlocutorias se
notificaron por estado y no por edicto y (vi) que tuvo que pagar el valor de las copias para conocer los
pronunciamientos del Procurador. Al respecto, se reiteró que (i) que el trámite siguió la ritualidad y se sometió
a la competencia prevista en la Ley 734 de 2002; (ii) que en auto del 14 de noviembre de 2008 se resolvió sobre
los argumentos relacionados con la ritualidad de la Ley 600 de 2000; (iii) que en las distintas diligencias se
atendió el derecho de petición que formulado, por lo que la actuación de la defensa resultaba claramente
dilatoria; (iv) que la ausencia de notificación no impedía la práctica de pruebas, pues así lo dispone el artículo
91 de la Ley 734 de 2002, a condición de que, una vez conocidas por el implicado, deban ser ampliadas o
reiteradas; (v) que es la misma Ley 734 de 2002 la que define cómo se notifican las distintas decisiones y (vi)
que el artículo 10 del Código Disciplinario Único dispone al gratuidad de la actuación, salvo en lo que a la
expedición de copias por solicitud de los sujetos procesales se refiere, como en efecto ocurrió (véanse folios
158 a 161 del cuaderno 18 del expediente disciplinario).
71 Véanse folios 1367 a 1397 del cuaderno 6 del expediente disciplinario.
72 Véanse folios 18-19 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
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• La declaración juramentada de la señora Enaida Carrillo Ríos, quien relató que prestaba
servicios generales en los pisos 9 y 10 de la Procuraduría General y que el 23 de mayo
de 2008 la funcionaria Gilma Mahecha la llamó a su oficina y, en presencia de una
compañera de nombre Mariela, «(…) nos dijo que le hiciéramos el favor de sacar ese
reciclaje, mi respuesta fue que nosotras no podíamos hacer esa clase de fuerza por
recomendación de riesgos profesionales y por órdenes de nuestra jefe ya que eran
varias cajas y bolsas con bastante contendido que pesaban mucho (…)».
Agregó que le recomendó a la señora Mahecha sacar las cajas hacia el shut y, mientras
esperaba el ascensor, «(…) alcance (sic) a observar que efectivamente la doctora
GILMA sacaba en las sillas de la oficina las cajas y bolsas que nos habría solicitado que
le retiraran de su oficina (…) y el día martes 27 de mayo al iniciar mis actividades en el
piso 10 observé que las cajas y bolsas permanecían en el lugar que le había señalado
a la doctora (…)»73.
• La declaración juramentada del señor Leonel Absneyder Marín Acevedo, quien se
encargaba de vaciar el shut y que el 27 de mayo de 2008 bajó al sótano las cajas y
bolsas a las que hizo referencia la señora Carrillo Ríos. Que le preguntó a su compañera
si había más material para bajar, ante lo cual «(…) me llevo (sic) a donde una doctora
bajita, como gordita si la veo la puedo reconocer; la señora del aseo me dijo que hablara
con ella, esta doctora me dijo que había un material de reciclaje para sacar pero que si
podía pasar en media horita (…) que lo bajara pero que no lo fuera a botar por que ella
bajaba a revisarlo por que no se había revisado muy bien (…)»74.
• La información suministrada el 28 de mayo de 2008 por el jefe de división de seguridad
de la Procuraduría General de la Nación, quien aportó el archivo de video de las
cámaras de seguridad del piso 10, recepción y sótano de la entidad y unas fotografías,
provenientes del Circuito Cerrado de Televisión, en las que aparecía el 23 de mayo de
2008 una funcionaria, luego identificada como Ana Gilma Mahecha Gutiérrez, en
compañía de alguien más, mientras trasladaba cajas y documentos en sus manos y en
una silla de rodachines y luego, el 27 del mismo mes y año, en el sótano de la entidad75.
• Un oficio del 28 de mayo de 2008, cuyo contenido fue valorado en la decisión
disciplinaria de única instancia, en el cual la señora Ana Gilma Mahecha Gutiérrez,
entonces profesional universitaria grado 17 de la Procuraduría Delegada para las
Entidades Territoriales, solicitó la devolución de los documentos en cuestión76.
120. De manera que la propiedad de los documentos hallados en el sótano de la
entidad no se definió con base en conjeturas, ni estos fueron sustraídos de forma
irregular, como lo manifestó la demandante en su primera versión de lo ocurrido.
Inclusive, resulta más llamativo este punto si se tiene en cuenta que, al presentar
sus alegatos de conclusión, la señora Mahecha Gutiérrez varió su versión inicial y,
en su lugar, cuestionó la autoría, propiedad y procedencia de los documentos que
fueron aprehendidos en el sótano de la entidad.
121. Recuérdese que varios de los archivos asegurados permitieron a la autoridad
disciplinaria acreditar que la señora Mahecha Gutiérrez habría incurrido en
73 Véanse folios 22 a 24 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
74 Véanse folios 25 a 27 del cuaderno1 del expediente disciplinario.
75 Véanse folios 32 a 71 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
76 Véase folio 21 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
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incremento patrimonial injustificado y que la referida reprochó esta conclusión,
inicialmente, bajo el argumento de que se habría incurrido en lesión de garantías
constitucionales fundamentales; pero, de forma posterior, con la tesis según la cual
simplemente se trató de documentos que fueron encontrados en el sótano, pero de
los que se desconocía su propietario.
122. La advertida contradicción en que incurrió la demandante, que también fue
objeto de pronunciamiento en los actos sancionatorios, sumada a la ausencia de
medios de prueba adicionales que den cuenta de actuaciones contrarias a derecho
en el trámite de aseguramiento de los documentos, llevan a la Sala a determinar
que en lo que a ese aspecto se refiere, las decisiones cuestionadas no se
encuentran viciadas.
123. Tampoco se encuentran vicios relacionados con la alegada falta de
congruencia entre el contenido del pliego de cargos y la decisión sancionatoria, en
lo que al cargo por incremento patrimonial injustificado se refiere. Al respecto, se
advierte que en el análisis preliminar de dicho tipo disciplinario, la demandada
destacó que como indicio del posible incremento patrimonial injustificado, se debía
considerar que al parecer la señora Mahecha Gutiérrez había omitido «(…) su
obligación legal y constitucional de suscribir la declaración de bienes y rentas para
los años 2006 y 2007, con lo que se considera pretendió eludir e control de la
administración y la solicitud de justificación de su patrimonio y actividades»77.
124. Lo anterior, se reiteró al definir la responsabilidad de la demandante, en los
siguientes términos:
«En el decurso de la presente actuación, en efecto se ha acreditado la actividad
de rentista de capital que ejerce la funcionaria que sin embargo no es objeto de
reporte ante las autoridades tributarias y ella se ha guardado de mencionar en
sus reportes obligatorios de declaración de bienes y renta que se exigen al tenor
de la Ley 190 de 1995, lo que indicaría que por lo menos hasta el año 2005,
fecha de la última declaración obrante a folio 732 del cuaderno anexo 3 no
producen reporte de ingresos por tal concepto, ni sus ingresos totales valoradas
(sic) para este año en $29.600.000 por ingreso laboral permiten presentir el
incremento y manejo desmesurado de los mismos.
De otro lado, unido a los hechos relacionados en precedencia se tiene que hasta
el momento la funcionaria continua (sic) incursa en falta disciplinaria, y en franco
incumplimiento del deber previsto en el artículo 34, numeral 23 de la Ley 734
de 2002 que le exige “Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a
la Procuraduría General de la Nación o a la personería, cuando estos lo
requieran, la procedencia del incremento patrimonial obtenido durante el
ejercicio del cargo, función o servicio”, porque si bien ha pretendido demostrar
como actividad permanente el préstamo de dinero a interés, no existe ninguna
prueba que demuestre el origen y la proporción de los recursos así
manejados»78.
125. Es decir que, en este punto, la decisión disciplinaria realizó dos valoraciones:
una en la que ratificó que las declaraciones de bienes y rentas de la funcionaria no
daban cuenta de los ingresos que sirvieron de base para imputar el incremento
77 Véase folio 1037 (reverso) de cuaderno 5 del expediente disciplinario.
78 Véase folio 297 del cuaderno 14 del expediente disciplinario.
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patrimonial injustificado; y otra en la que se valoraron los argumentos de la
disciplinada y se encontró que no bastaban para exonerarla de responsabilidad,
porque, además de que no habría cumplido con el deber del artículo 34.23 de la
normativa disciplinaria, lo que era objeto de cuestionamiento no era su ejercicio
como rentista de capital, sino la procedencia de los recursos que incrementaron de
forma no justificada su patrimonio.
126. No puede dejarse de lado que la imputación derivada de dicha falta
disciplinaria tiene como correlato el deber de los servidores públicos de explicar a
las autoridades que se enlistan en el artículo 34.23 el origen del incremento de sus
patrimonios cuando son requeridos por ellas79. Así lo expresó la autoridad
demandada y, en las distintas intervenciones de la señora Mahecha Gutiérrez a lo
largo de la actuación, la Sala no encuentra ningún elemento dirigido a brindar las
explicaciones requeridas; no como una forma de invertir la carga probatoria que, en
definitiva, corresponde a la autoridad disciplinaria, sino como el cumplimiento de un
deber de orden legal cuya inobservancia, sumada a los demás medios de prueba
llevó, en su caso, a ratificar el cargo formulado.
127. Precisamente, la ratificación de la responsabilidad disciplinaria en lo que a
dicho cargo se refirió, no provino de «meras conjeturas» como lo sostiene la
demandante, sino de la valoración de documentos que fueron encontrados en las
cajas recuperadas del sótano de la entidad por parte de los funcionarios de la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, sumada al análisis del contenido
de las comunicaciones interceptadas y de las declaraciones de bienes y rentas de
la investigada. Fue su estudio conjunto el que permitió determinar que, llegado el
momento de proferir la decisión, existían suficientes elementos para desvirtuar la
presunción de inocencia que hasta entonces cobijaba a la señora Mahecha
Gutiérrez; máxime que su deber en cuanto servidora pública, de brindar las
explicaciones pertinentes, continuaba en estado incumplido.
128. Finalmente, en su escrito de alegatos de conclusión, la señora Mahecha
Gutiérrez se refirió la falta endilgada por falsedad en documento privado, respecto
de la cual manifestó que la señora Sandra Velásquez, en su declaración
juramentada, manifestó que autorizó la firma de un memorial que se debía radicar
ante la Procuraduría General de la Nación.
129. Cabe destacar que este punto no hizo parte del concepto de violación de la
demanda y, en ese sentido, sobre la legalidad de esta cuestión no pudo
pronunciarse la entidad demandada. En efecto, los reproches de la señora Mahecha
Gutiérrez se enfocaron, como ya se analizó, en cuestiones procedimentales y
probatorias transversales a la actuación disciplinaria. Ello, sumado a que la Sala no
advirtió irregularidades sustanciales en el estudio integral del procedimiento
sancionatorio, basta para determinar que dicho cuestionamiento no tiene vocación
de prosperidad.
79 Ley 734 de 2002. «Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: (…) 23. Explicar inmediata y
satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la Nación o a la personería, cuando estos lo
requieran, la procedencia del incremento patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o servicio.
(…)».
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130. En suma, la Sala no encuentra que en la expedición de las decisiones
disciplinarias del 4 de diciembre de 2008 y 3 de marzo de 2009 se hubiese lesionado
el debido proceso o que estas se hubiesen expedido con infracción de las normas
en que debían fundarse. En consecuencia, lo procedente es negar las pretensiones.
De la condena en costas
131. De conformidad con el artículo 171 del Decreto 01 de 1984, «[e]n todos los
procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la
conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el
proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil»; lo
que significa que dicho estatuto procesal imponía al juez de lo contencioso
administrativo el deber de analizar el comportamiento de las partes para determinar
la procedencia o no de imponer condena en costas; esto es, la decisión sobre este
punto se sustenta en un juicio subjetivo.
132. En aplicación del criterio enunciado, no se observa una carencia de
fundamentación por parte de la demandante, ni el despliegue de actuaciones
temerarias o de mala fe; que den lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la
parte vencida manifestó en sus escritos argumentos razonables en defensa jurídica
de sus intereses80.
133. En consecuencia, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Ana
Gilma Mahecha Gutiérrez en contra de la Procuraduría General de la Nación.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. RECONCER personería al abogado Carlos Felipe Manuel Remolina Botia,
identificado con la cédula de ciudadanía nro. 7.166.818 y portador de la tarjeta
profesional nro. 113.852 del C.S. de la J. para representar los intereses de la
Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00216
de SAMAI.
Cuarto. ACEPTAR la renuncia al poder presentada por el abogado Carlos Felipe
Manuel Remolina Botia, en los términos del memorial visible en el índice 00217 de
SAMAI.
80 Criterio que se aplicó, por ejemplo en: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del
25 de mayo de 2017. Exp. 11001-03-25-000-2012-00049-00 (0217-2012). C.P. William Hernández Gómez
(sentencia proferida al amparo del Decreto 01 de 1984).
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Quinto. Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente, previas las
anotaciones pertinentes en SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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