Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2011-00164-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Conducta: agente de la policía nacional adscrito a la SIJIN de Neiva
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2011-00164-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2011-00164-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
27 de septiembre de 2018
CONDUCTA - Agente de la policía nacional adscrito a la SIJIN de Neiva / CONDUCTA - Desaparición forzada de un ciudadano bajo su custodia / CONDUCTA VIOLATORIA DE DERECHOS HUMANOS - Es viable aplicar la Ley general / APLICACION DE LA Ley 200 de 1995 - No vulnera el debido proceso / VINCULACION A LA INDAGACION PRELIMINAR - Fue posible hasta tanto se verificó la identidad de las personas que cometieron la conducta endilgada / DEBIDO PROCESO - No vulnerado / VALORACION PROBATORIA - Suficientes para llevar a la convicción del juez disciplinario de que la conducta sí se cometió / PRESUNCION DE LEGALIDAD - No desvirtuada
La Sala estima que era jurídicamente viable que, tratándose de una vulneración de derechos humanos, como en este caso, los hechos relacionados con la desaparición del señor Rojas, la Procuraduría General de la Nación, aplicara la ley general -Ley 200 de 1995- que sí contemplaba, de manera autónoma, la falta aludida. La Sala estima que no se puede entender desconocida la garantía del debido proceso por el hecho de que la norma no era preexistente al hecho que se le imputó al demandante, pues, como bien se señaló en líneas anteriores, la conducta desplegada por este sí se enmarcaba tanto en tipos disciplinarios previstos en la norma especial, como en la ley general que regía antes del año 1993, pero dado el carácter de continuado de la conducta, bien se podía tipificar en la establecida en la Ley 200 de 1995, pues al entrar en vigencia esta disposición, el actuar reprochable disciplinariamente aún se mantenía ejecutando por parte del actor, y ello permitía acudir a lo que esta preveía al respecto, en cuanto la consagraba como falta autónoma, y porque, en forma específica, contenía la descripción de la conducta desplegada por este. También consideró desconocido el principio de legalidad, por el hecho de que fue enterado de la investigación disciplinaria 9 años después de que inició el trámite y en cuanto no tuvo acceso a la etapa de indagación preliminar. Al no haber estado identificado e individualizado el servidor público a quien se le endilgaba la falta disciplinaria, para la época de la apertura de la indagación preliminar, es razonable que no se hubiera producido la notificación al respecto, pues solo hasta el auto de apertura formal de la investigación disciplinaria del 3 de febrero de 1998, la Procuraduría Provincial de Neiva decidió que la actuación se dirigía en contra del demandante y otro, y fue hasta ese momento que ordenó darles aviso sobre tal decisión, formular cargos y escucharlos en descargos y ese fue el motivo por el cual tan solo hasta la comunicación del 9 de febrero de 1998, se le dio a conocer sobre el inicio de la investigación en su contra. No se violaron los derechos de defensa y contradicción invocados por el demandante, pues, en el curso de la investigación, se garantizó el pleno ejercicio de estos, se resolvieron todas sus solicitudes, se le permitió presentar descargos, se decretaron las pruebas requeridas, pudo controvertir las obrantes en el proceso y, en suma, se respetaron todas las garantías de que trata el debido proceso disciplinario. Además, en lo que respecta a la violación del derecho a estar asistido por un apoderado, la Sala considera que ese argumento carece de sustento fáctico, pues, el recurso de apelación contra la decisión sancionatoria de primera instancia fue interpuesto a través de un profesional del derecho a quien se le reconoció personería según el poder conferido por el demandante. Las presuntas falencias en materia probatoria no se configuraron, y si bien algunas de las pruebas ordenadas no pudieron ser practicadas, tal circunstancia estuvo plenamente justificada por parte de la autoridad encargada de recaudarlas. En todo caso, las que se recaudaron y valoraron, tuvieron como finalidad verificar la ocurrencia de los hechos y circunstancias tanto favorables como desfavorables al investigado y, en suma, fueron suficientes para llevar a la convicción del juez disciplinario de que la conducta sí se cometió y de la autoría por parte del demandante, es decir, que se cumplieron los presupuestos para emitir una decisión sancionatoria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 200 de 1995.
En torno a lo anterior, es necesario precisar, entonces, que las decisiones disciplinarias no fueron sustentadas en meras suposiciones por parte de la Procuraduría, sino en un análisis juicioso y detallado del material probatorio recaudado y, aunque la investigación y valoración partió de la queja formulada por parte de la madre del desaparecido, esta tan solo fue tenida en cuenta como queja que narró los hechos que dieron origen al trámite, mas no constituyó la prueba determinante para tomar la decisión en el sentido en que se hizo, como tampoco lo constituyó, el hecho de que la Registraduría Nacional del Estado Civil hubiera certificado que el señor Rojas no volvió a ejercer su derecho al voto a partir del año 1993, prueba que si bien fue valorada por la entidad, tan solo vino a reconfirmar el hecho de la ausencia de este y que sumada con el resto del caudal probatorio, permitió que la autoridad disciplinaria llegara a las conclusiones ya citadas. El actor no logró desvirtuar la legalidad de los actos censurados, pues no se comprobó que estos hubieran estado afectados por violación de sus derechos al debido proceso y la defensa, ni que hubieran incurrido en ninguna de las presuntas irregularidades por él invocadas, por las razones expuestas y analizadas previamente.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION "A"
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00164-00(0577-11)
Actor: JORGE ELIECER BRAVO TELLEZ
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL Y PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Se decide la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó Jorge Eliecer Bravo Téllez contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación.
ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el señor Jorge Eliecer Bravo Téllez, por conducto de apoderado, formuló demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en orden a que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias proferidas el 14 de marzo de 2003 y el 12 de febrero de 2004 por el procurador delegado para los derechos humanos y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, a través de las cuales se le declaró responsable disciplinariamente, se le sancionó con destitución de su cargo y se confirmó tal decisión, respectivamente, y el artículo 1 de la Resolución 00805 del 19 de abril de 2004, expedida por el director general de la Policía Nacional, por la cual se ejecutó esa sanción.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó ordenar su reintegro a la Policía Nacional en el grado de subintendente o en otro de categoría superior, con funciones y requisitos afines, con sede en la ciudad de Bogotá; reconocer y pagar la totalidad de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos legales y extralegales, así como los reajustes causados entre la fecha en que se produjo su retiro y aquella en que sea efectivamente reintegrado; declarar que sean reconocidos a satisfacción los requisitos necesarios para ascenso, acreditados al 1 de septiembre de 2003; reconocer el equivalente a mil gramos oro por los daños morales causados; declarar que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio; disponer el ajuste de la condena; cumplir la sentencia, reconocer intereses comerciales y moratorios, y condenar en costas a la entidad demandada de acuerdo con los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
Ingresó al curso para prestar su labor en la Policía Nacional el 18 de marzo de 1992; el 1 de enero de 1993, se declaró su aptitud y en esa fecha tomó posesión del cargo de agente; más adelante fue trasladado a la Seccional de Policía Judicial e Investigación -Sijin- del departamento de Policía Huila, con sede en Neiva.
El 21 de abril de 1993, el señor Gabino Rivera Saavedra formuló una denuncia porque estaba siendo objeto de extorsión en el municipio de Campoalegre, Huila; por tal razón se planeó un operativo con el propósito de detener al delincuente, en el momento en que se estuviera entregando la suma de dinero exigida.
Para el desarrollo del operativo, el jefe de la Sijin del Departamento de Policía del Huila emitió la orden de trabajo 0257 del 13 de abril de 1993 y el cabo segundo José Ariel Marín Marín adoptó las medidas necesarias para ejecutarlo, se distribuyó a varios miembros de la institución en el sector del cementerio del municipio de Campoalegre, Huila, para detener al delincuente; en su caso, participó y apoyó el procedimiento como conductor del cabo segundo citado.
En desarrollo del operativo, no debía separarse del vehículo; sin embargo, el comandante del procedimiento le ordenó intervenir toda vez que el extorsionista, al verse sorprendido, accionó su arma de fuego. En el cruce de disparos, el infractor de la ley resultó herido y, pese a ello, se levantó y lo persiguió -al actor-, tal como lo narró el testigo Henry Zapata Ruiz. En la fecha y hora de los hechos, 1:00 a.m. en el centro del municipio había poca iluminación y ello dificultaba la visibilidad.
El señor José Armando Rojas -extorsionista-, laboraba en el Palacio de Justicia del municipio de Campoalegre, como celador, y utilizó su arma de dotación durante los hechos, como lo señaló el representante legal de la empresa de vigilancia privada y el supervisor de esta; tenía la condición de reservista, pues portaba libreta militar de primera clase, por ende, tenía instrucción en manejo de armas, técnicas de camuflaje, entre otras destrezas, las cuales empleó al momento de ser capturado en flagrancia.
Una vez detenido el extorsionista, el comandante del operativo le dio la orden -al actor- de ir por el vehículo que había quedado cuadras atrás; al reunirse nuevamente, el comandante junto con el detenido fueron trasladados en la parte de atrás del vehículo, el primero custodiando al segundo, mientras que él -el demandante- conducía hacia la ciudad de Neiva a fin de que le prestaran el servicio médico al detenido, pues en el municipio de Campoalegre no tenían las condiciones para prestar este servicio.
Durante el trayecto, alrededor del sector Hielo Foca, del río la Ceiba, disminuyó la velocidad del vehículo, porque la vía presentaba huecos y hundimientos, situación que fue aprovechada por el detenido para lanzarse del vehículo y emprender la huida; por ello tuvo que detener el automotor en la mitad del puente del río para acompañar a su comandante a recapturarlo; este procedimiento se hizo en compañía de los agentes Luis Eduardo Jaramillo Alzate, José Eli Campos Trujillo, Uriel Santos Dussan, Oiden Medina Lozada y José Rolando Ortega Zambrano; los hechos ocurrieron en una zona desprovista de iluminación, llena de maleza, en medio de la oscuridad de la noche y no lograron recapturarlo.
El comandante de la operación, cabo segundo Marín Marín, libró oficio el 21 de abril de 1993 con destino a la Secretaría Común de la Unidad Previa y Permanente de Neiva, en el que puso en conocimiento los hechos relativos a la fuga y dejó a disposición el arma de fuego que portaba al momento de la ejecución de la extorsión de que era objeto el señor Gabino Rivera Saavedra; en similares términos rindió informe ante el jefe de la Sijin del Huila, a través de oficio del 5 de mayo de 1993.
Todo el operativo estuvo a cargo y bajo la responsabilidad del cabo segundo Marín Marín, quien tenía el grado de suboficial y contaba con experiencia desde el 22 de junio de 1990; por lo tanto, acató sus órdenes y su función -la del actor- se limitó a conducir el vehículo y prestar apoyo en las medidas adoptadas e instrucciones impartidas por el comandante de la operación.
Recapitulando, precisó que el extorsionista deliberadamente abandonó su puesto de servicio de celador del palacio de justicia de Campoalegre, para ir a su habitación, cambiarse de ropa y acudir al lugar indicado por el señor Gabino Rivera Saavedra -sujeto pasivo de la extorsión-; que fue capturado en flagrancia y, pese a la herida que se le propinó, aprovechó el descuido del custodio para huir. Producto de esos hechos fue condenado a seis años de prisión y ante su ausencia, la pena no se ha hecho efectiva.
Durante la actuación disciplinaria, el comandante de la operación también fue investigado; sin embargo, respecto de él se declaró la prescripción de la acción pues se encontraba retirado del servicio; mientras que, en su caso, fue sancionado con destitución y ello afectó sus derechos al trabajo y al mínimo vital.
En lo que respecta a la actuación disciplinaria, indicó que surgió como consecuencia de la queja radicada el 5 de mayo de 1993 ante la Procuraduría Provincial de Garzón por la madre del extorsionista, una vez conoció de su desaparición; esa dependencia dispuso la práctica de pruebas y confirió comisión, para ese efecto, a la Personería de Pitalito.
Por auto del 1 de septiembre la Procuraduría del departamento del Huila ordenó la práctica de nuevas pruebas y para ello comisionó a la Personería de Campoalegre; cumplidas tales actuaciones, la Procuraduría Provincial de Neiva, Huila, a través del auto del 27 de enero de 1998, inició investigación preliminar para averiguar la presunta desaparición; sin embargo, la actuación se remitió por competencia a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, a través de oficio del 4 de marzo de 1998 y está continuó el trámite.
La aludida procuraduría, a través del auto del 25 de agosto de 1998, decidió iniciar indagación preliminar por la presunta desaparición forzada del señor José Armando Rojas; sin embargo, en esa fecha emitió auto a través del cual revocó la decisión anterior, comoquiera que esa etapa ya se había surtido por parte de la Procuraduría Provincial de Neiva.
Entre agosto de 1998 y julio de 1999 no se le informó acerca de la investigación disciplinaria para que ejerciera sus derechos de contradicción y defensa, pese a que los documentos obrantes en el trámite daban cuenta de su ubicación; en particular, en el oficio del 17 de marzo de 1998, el jefe de la Unidad de Recursos Humanos del Departamento de Policía de Huila, allegó los extractos de hoja de vida en los que constaba información del lugar en donde podía ser ubicado.
La decisión que revocó el auto del 25 de agosto de 1998, que había dispuesto la apertura de la indagación preliminar, se comunicó a través de oficio del 15 de febrero de 1999; sin embargo, en ella no se informó acerca del proceso que se estaba adelantando en su contra, por lo que no tuvo manera de enterarse de la actuación que tramitaba la Procuraduría.
En auto del 16 de abril de 1999, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos dispuso la práctica de pruebas y ordenó recibir versión libre del otro investigado, pero, en su caso, no se le permitió conocer y controvertir las pruebas, pues solo hasta el 29 de septiembre de 1999 se le notificó el auto de cargos y, a partir de ahí, fue enterado de la existencia del proceso en su contra, es decir, más de un año después de que la delegada tuviera a cargo la investigación, por ello, no pudo ejercer, en forma oportuna, el derecho de defensa.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 53 de la Constitución Política; y 2 y 35 del Código Contencioso Administrativo.
Al desarrollar el concepto de violación, invocó las causales de anulación de los actos administrativos, de transgresión de la Constitución y la ley y expedición irregular de los actos censurados, los cuales sustentó en lo siguiente:
Su superior olvidó los fines esenciales del Estado, pues con el presunto objeto de mostrar eficiencia en su gestión y responsabilidad de mando, dejó de lado que sus actuaciones se debían someter a los mandatos constitucionales.
Violación del derecho a la igualdad, pues en el trámite disciplinario se cercenó su derecho al trabajo, se afectó su equilibrio emocional y económico, así como el de su familia, toda vez que se debió garantizar su estabilidad laboral por ser un servidor público que atendía las exigencias normativas y las condiciones de eficiencia.
Vulneración de los principios de igualdad, favorabilidad y congruencia, que impedían formular cargos «anfibiológicos» y exigían realizar debidamente la notificación y valorar adecuadamente los indicios o pruebas allegadas en contra del investigado, pues, lo contrario, podría afectar su buen nombre y prestigio.
Desconocimiento del objeto de las actuaciones administrativas, cuyo propósito consiste en hacer efectivos los derechos e intereses de los administrados, para lo cual se debe procurar que las decisiones sean motivadas y, en caso de que con ellas se afecten derechos particulares, se les debe dar la oportunidad de expresar sus opiniones, pedir pruebas e informes y notificarlos de acuerdo con la ley.
Para la época en que ocurrieron los hechos, estaban en rigor la Ley 25 de 1974 y el Decreto 3404 de 1983, mientras que cuando se formularon los cargos ya había entrado en vigencia la Ley 200 de 1995, de modo que el procedimiento a aplicar era el contenido en los artículos 76 y 176 de esta, pero como era miembro de la Fuerza Pública, se debieron acoger las sentencias C-280, C-286 y C-341 de 1996 de la Corte Constitucional, y, en consecuencia, fundarse en las normas de sus propios reglamentos de disciplina; por lo tanto, la falta debió subsumirse en el Decreto 100 de 1989 que no consagraba la desaparición forzada. Siendo así, como la falta se tipificó en el artículo 25, literal b), de la Ley 200 de 1995, con ello desconoció su régimen especial y se incurrió en violación del principio de favorabilidad.
Agregó que al citar el artículo 40 de la Ley 200 de 1995 como norma infringida, sin precisar cuál de sus deberes fue desconocido por el actor, se vulneró su derecho de defensa, pues no supo ante cuál de ellos debía ejercer ese derecho.
Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 21 de abril de 1993 y la autoridad competente recibió la queja el 5 de mayo de ese año; sin embargo, el régimen que utilizó para sancionarlo se expidió casi 10 años después y de él solo se tomaron los aspectos lesivos a sus intereses; además, se le violó el derecho a estar asistido por un apoderado y no se le dio oportunidad para presentar alegatos; tan solo se le permitió conocer el trámite disciplinario 9 años después y ejercer su derecho de defensa con una norma posterior a la vigente al momento de ocurrir los hechos. Esa tardanza también vulneró el principio de legalidad, pues la administración esperó a que existiera una norma que tipificara la conducta, para imponer la sanción, lo que desconoce la garantía de preexistencia de las normas.
La Ley 200 de 1995, establecía que aun cuando un funcionario fuera separado de su cargo, el proceso continuaría siempre que no se hubiera configurado la prescripción de la acción disciplinaria; sin embargo, la Procuraduría aplicó tal prerrogativa a favor del cabo segundo José Ariel Marín Marín, comandante del operativo, aduciendo que este se había retirado del servicio, mientras que, en su caso, la investigación se prolongó por más de 10 años, sin consideración a que el artículo 106 del Decreto 100 de 1989 preveía 3 años para la ocurrencia del fenómeno extintivo y la Ley 25 de 1974 establecía 5 años con ese fin, contados a partir del último acto que configuró la falta; de ese modo, se desconoció la postura de la Corte Constitucional, según la cual nadie puede ser sujeto de investigación indefinidamente. Tal circunstancia también vulneró la Ley 734 de 2002, que prevé 12 años como término máximo para las faltas que se cometan en contra de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
El cargo por expedición irregular del acto se hizo consistir en la violación del debido proceso por inaplicación del principio de favorabilidad, por las razones ya expuestas; además, porque se le debió permitir presentar alegatos de conclusión antes de emitir el fallo de primera instancia, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 92 a 98 de la Ley 734 de 2002.
Agregó que para el 21 de abril de 1993 la desaparición forzada no estaba instituida como falta disciplinaria y, por tal razón, no era una conducta de carácter continuado; tal connotación tan solo se adoptó en la Convención Interamericana de Derechos Humanos el 9 de junio de 1994; por lo tanto, para la fecha de los hechos era una conducta instantánea y en aplicación del principio de favorabilidad, se debió declarar la prescripción al cabo de 5 años de su comisión.
Adujo que la abogada comisionada no practicó algunas pruebas decretadas, como inspecciones judiciales y análisis topográficos del lugar en que se escapó el custodiado; además, entre las practicadas están, por ejemplo, la expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil que informa que el extorsionista que se dio a la fuga no volvió a ejercer el derecho al voto y la versión rendida por su madre, que dan cuenta de su desaparición, las cuales, en sentir del actor, no demuestran la conducta endilgada, pues lo que pudo impedir que acudiera a ejercer el derecho al voto fue, precisamente, que estaba expuesto a pena de prisión por la extorsión, y el nexo de consanguinidad con su madre, le impedía a esta acudir ante las autoridades a informar en caso de que se hijo hubiera reaparecido; por lo tanto, la sanción estuvo sustentada en indicios y suposiciones.
Señaló que en el auto de pruebas también se dispuso la visita, por parte de la funcionaria comisionada, a las instalaciones de la Brigada o Batallón, pero esta no se practicó; en su lugar, libró oficios que bien pudieron remitirse desde la ciudad de Bogotá, de manera que tal omisión atentó contra la ecuanimidad en el recaudo de la prueba. Tampoco se obtuvo una certificación solicitada por el actor, ni se ofició a los organismos de inteligencia para establecer si en sus archivos figuraba el ciudadano José Armando Rujas (sic), con el alias de El pancho o Pancho, como miembro de algún grupo al margen de la ley, tampoco se recaudaron las versiones de los señores Gabino Rivera Saavedra y Martha Cecilia Medina de Suaza, quienes ni si quiera fueron buscados para recibir su versión.
Aseguró que tales falencias probatorias ocurrieron por la inercia de la funcionaria de la Procuraduría departamental del Huila y repercutieron en violación de su derecho de defensa, en cuanto impidieron que la investigación fuera integral; además, el funcionario disciplinante, en lugar de corroborar si se habían recaudado la totalidad de pruebas, emitió decisión de primera instancia.
Indicó que se desconoció su derecho a la igualdad en relación con la decisión extintiva que se adoptó frente al otro investigado, pues, insistió que respecto del otro disciplinado se declaró la prescripción de la acción disciplinaria y en su caso no ocurrió igual; y reiteró que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al hecho que se le imputa, como lo consagra el artículo 29 constitucional, garantía que también resultó vulnerada.
Sostuvo que no es cierto que se hubiera configurado el cargo de desaparición forzada que se le imputó, pues aunque el señor José Armando Rojas fue aprehendido, no fue ocultado, ni las autoridades desconocieron su aprehensión, pues lo que ocurrió en realidad fue que este huyó para no ser procesado por el ilícito de extorsión por el que fue capturado en flagrancia; agregó que carece de lógica que los policías hubieran ocultado al extorsionista, cuando la mayoría de la población de Campoalegre presenció su aprehensión, de modo que es fácil concluir que la pena por extorsión, dictada en contra del desaparecido, es la que motiva su ocultamiento de las autoridades.
Consideró que se debió valorar que el extorsionado continuó recibiendo amenazas con posterioridad al suceso, hecho corroborado con la declaración rendida por su empleada y ello impidió configurar la desaparición; incluso, el citador del juzgado que impuso la pena al desaparecido también fue objeto de amenazas y presión para que sustrajera el proceso penal por extorsión, lo que lleva a concluir que estas provenían de él, quien era el único interesado en el extravío de tales diligencias; sin embargo, el juzgador disciplinario no desarrolló la tesis de huida del extorsionista pese a que habían indicios que hacían probable esa versión.
Agregó que su comportamiento siempre estuvo ajustado a la ley y con él no se vislumbra siquiera un indicio de responsabilidad en la conducta; de modo que ante tal circunstancia, es evidente que se violó el artículo 118 de la Ley 200 de 1995, pues no habían pruebas que condujeran a la certeza de la falta ni su responsabilidad en la comisión y por ello debió aplicarse el principio de presunción de inocencia o el de resolución de la duda en favor del investigado.
Resaltó que el fallador de segunda instancia desconoció que el elemento subjetivo del dolo en la comisión de la conducta se debió exponer desde el pliego de cargos y como se omitió ese aspecto, debió declarar la nulidad conforme a lo solicitado por el disciplinado, pues ello le impidió defenderse del reproche formulado.
Alegó la falta de correspondencia entre la sanción y las conductas tipificadas, pues la ley que regía el trámite disciplinario era la 200 de 1995, vigente al momento en que se emitió el auto de cargos, en la que se contemplan los requisitos formales y sustanciales de esa providencia, en particular, la realización de una síntesis de la prueba trasladada, la descripción de la conducta violatoria, señalando por separado las pruebas en que se fundan cada una de las conductas reprochadas, la indicación de las normas infringidas, así como el título de culpabilidad que se imputa; sin embargo, tales requisitos no se cumplieron en su caso, pues, insistió en que una de las conductas reprochadas consistió en la violación del artículo 40, sin precisar cuál de los deberes allí previstos fue desatendido.
Como soporte de la violación del derecho de defensa insistió en la falta de notificación del auto de apertura de indagación preliminar pese a que el artículo 80 de la Ley 200 de 1995 ordena que debe ser comunicado al disciplinado y reiteró que aunque el proceso inició en el año 1993 y a través de auto de 5 de mayo de ese año, se dispuso la práctica de pruebas, tan solo hasta el 27 de octubre de 1997 se informó el lugar en que podía ser ubicado y solo hasta el auto del 27 de enero de 1998 se dispuso escucharlo en versión libre, hecho que también vulneró el principio de contradicción, al impedirle estar presente en la práctica de las pruebas, lo que las hace nulas, según el artículo 29 constitucional.
Indicó que se incurrió en «anfibiología» en el pliego de cargos, pues estos se debieron endilgar en forma individual respecto de cada disciplinado, teniendo en cuenta su participación y función dentro del operativo, toda vez que cada uno de ellos intervino de manera diferente en el procedimiento de la captura. Además, como el auto en que se formulan es la columna vertebral del proceso disciplinario, pues, permite a los investigados ejercer, de manera integral, su derecho de defensa, en él se debió expresar el título de culpabilidad en que se le imputaba la conducta, lo que no se hizo, pero en la decisión sancionatoria le fue imputada a título de dolo, situación que repercutió en violación de sus garantías constitucionales y legales y, en especial, de los principios orientadores de la Ley 200 de 1995.
En lo que atañe a la prueba testimonial recaudada, señaló que la responsabilidad disciplinaria que se le endilgó se sustentó en las declaraciones rendidas por los señores Ezequiel Rojas y Henry Zapata Ruiz, que son coincidentes en que la herida sufrida por el señor José Armando Rojas, fue en el abdomen y le impedía correr para evadir la persecución del demandante, del comandante del operativo y los 5 policías que apoyaron la operación; sin embargo, en el expediente no hay prueba de que la herida hubiera sido abdominal y, en todo caso, las declaraciones son imprecisas y carentes de coherencia respecto de la manera como ocurrió la persecución y de los hechos que la rodearon, máxime cuando los testigos estaban distantes del lugar y no tenían visibilidad clara, ante la poca luz que había, por la hora en que se desarrollaron los hechos -1:00 a.m.-
Agregó que su presencia en el lugar de los hechos obedecía al cumplimiento de una orden de trabajo tendiente a impedir que se consumara una extorsión y que la lesión del perpetrador de ese ilícito dio lugar a trasladarlo a la ciudad de Neiva, con el propósito de que fuera atendido; por lo tanto, las inferencias de que este fue maniatado por parte de los policiales, no tienen soporte, máxime cuando estos, dada su función, disponen de esposas y no cuerdas o cordeles para trasladar al capturado en flagrancia.
Sostuvo que la inferencia de que la desaparición fue producto de una retaliación por parte de los policías por haber corrido peligro durante el operativo, carece de sustento y la decisión sancionatoria no se puede emitir con base en suposiciones, sino con respaldo del material probatorio; además, el funcionario debió considerar que, precisamente, la labor policial conlleva exponer a diario su vida, para prevenir el delito y combatir la delincuencia, por lo que no se pudo hacer una inferencia de tal magnitud.
Finalmente, planteó que se omitió valorar otros factores que pudieron facilitar la huida del señor Rojas, tales como la irregularidad del terreno, la maleza, la oscuridad, que reforzaban la tesis de su escape y que permitían llegar a una conclusión diferente a la sancionatoria plasmada en los actos acusados.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La Procuraduría General de la Nación
El ente de control demandado, por intermedio de su apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda para lo cual expuso como argumentos de defensa los siguientes:
Al revisar la actuación disciplinaria se puede observar que la Procuraduría Delegada Disciplinaria para los Derechos Humanos, a través del auto de 3 de septiembre de 2001 subsanó las irregularidades en que se había incurrido en el auto de formulación de cargos inicialmente emitido, razón por la cual la norma que rige tanto la parte procedimental como la sustantiva es la Ley 200 de 1995.
En el fallo disciplinario de segunda instancia se hizo un análisis detallado de las nulidades planteadas por el demandante y de las conductas atribuidas a este; asimismo, se resolvió el planteamiento relacionado con la falta de notificación del auto de cargos y, en general, sobre todos los planteamientos que hoy son materia de disputa ante la jurisdicción.
En lo que respecta a la presunta afectación del derecho a la igualdad en materia de prescripción, indicó que la decisión que en ese sentido se adoptó frente al otro disciplinado se justificó en que se trató de una conducta continuada; por lo tanto, al momento en que este dejó de prestar sus servicios en la institución policial, no siguió ejerciendo funciones como servidor público y por ello cesó la realización de los actos que constituían la falta, es decir, que su última conducta continuada la desarrolló el día en que se desvinculó de la institución y como entre esa fecha y el fallo de primera instancia transcurrió un tiempo superior al establecido en la ley, era procedente declarar la extinción de la acción disciplinaria frente a este y no así respecto del actor, quien se mantuvo en ejercicio de la función pública.
Adicionalmente, en el curso de la investigación disciplinaria se atendieron las reglas de legitimación, representación, notificaciones, términos para pruebas, competencias, recursos y demás garantías del debido proceso al accionante, se tuvieron en cuenta sus opiniones, se le permitió presentar y solicitar pruebas y, se respetaron los términos y etapas procesales. Finalmente, solicitó declarar probadas las excepciones de ineptitud formal de la demanda, porque en el libelo se omitió comparar las normas que se invocaron como vulneradas con los actos censurados, e indebido agotamiento de la vía gubernativa porque varios de planteamientos de la demanda no se debatieron en sede administrativa.
1.2.2. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
La institución policial, por intermedio de su apoderada, contestó la demanda, y en su escrito también se opuso a la prosperidad de las pretensiones; como fundamento de su oposición indicó que los actos censurados gozan de presunción de legalidad pues fueron expedidos de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
Además, planteó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los actos acusados fueron aquellos a través de los cuales se declaró disciplinariamente responsable al demandante y estos fueron expedidos por la Procuraduría y aunque se acusa el acto de ejecución, proferido por esa institución, su función tan solo fue ejecutora y por ello no debe endilgarse responsabilidad.
1.3. Alegatos de conclusión
1.3.1. La Policía Nacional
La entidad demandada descorrió el término para alegar y en su escrito solicitó denegar las pretensiones de la demanda y reiteró el planteamiento de la contestación de la demanda; como petición subsidiaria, requirió emitir un pronunciamiento inhibitorio en relación con el acto de ejecución.
1.3.2. La Procuraduría General de la Nación
El ente de control demandado descorrió el término para alegar y en su escrito solicitó denegar las pretensiones de la demanda; indicó que la investigación se adelantaba por hechos relativos a una desaparición forzada y la Corte Constitucional ha considerado que cuando se trata de una infracción de lesa humanidad, que trasciende las funciones del servidor público, era viable aplicar el régimen general del Código Único Disciplinario, que fue el que rigió tanto lo sustancial como lo procedimental del trámite censurado.
Adicionalmente, señaló que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, que no fue desvirtuada, pues, se pudo corroborar que se respetaron todas las garantías procesales, las decisiones fueron el producto de un estudio minucioso, y estuvieron suficientemente motivadas con las razones que dieron lugar a imponer la sanción; además, en el líbelo no se invocó ninguna de las causales que dan lugar a declarar la anulación de los actos administrativos.
1.3.2. El señor Jorge Eliecer Bravo Téllez
El demandante presentó extemporáneamente el memorial que contiene sus alegatos.
1.4. Concepto del Ministerio Público
La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó denegar las pretensiones de la demanda y, para tal efecto, pidió tener en cuenta que el demandante se desempeñaba como servidor público en calidad de miembro de la Sijin del departamento del Huila y, por ello, se debía someter al régimen disciplinario previsto para este tipo de servidores.
Aseguró que al examinar el expediente se pudo verificar que tanto el trámite disciplinario, como el contenido de las decisiones de primera y segunda instancia cumplieron las exigencias legales, que se le concedieron todas las garantías procesales al actor, entre las cuales están las de presentar descargos, solicitar y aportar pruebas y se le brindó el derecho a tener una defensa técnica.
Indicó que pese a que en el auto de cargos no se determinó el grado de culpabilidad, este era evidente debido al tipo de conducta que se le endilgaba, esto es, la desaparición forzada, respecto de la cual no cabía duda de que se atribuía a título de dolo y, si bien pudo existir una falta técnica en la redacción de estos, ello no es óbice para que se desvirtúe la legalidad de los actos censurados, máxime cuando se trata de una conducta de lesa humanidad que afectó derechos personales y fundamentales de la víctima.
Finalmente, en lo que respecta a la aplicación diferencial de la prescripción para uno y otro disciplinados, aseguró que aunque el trámite se llevó bajo una sola cuerda procesal, ello no exigía dar un trato idéntico, pues para el otro disciplinado, el conteo del término prescriptivo empezó en el momento en que se produjo su retiro del servicio, porque a partir de ahí cesó su condición de servidor público y, por ende, también cesaron los actos continuados que se le reprochaban como miembro de la institución, situación que no ocurrió con el actor, quien permaneció activo en la entidad y por ello su conducta sí mantuvo el carácter de continuada.
La Sala decide, previas las siguientes
2. CONSIDERACIONES
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si con la expedición de los actos censurados, la entidad demandada incurrió en: i) violación de la Constitución y la ley y ii) expedición irregular de los actos administrativos que sancionaron disciplinariamente al señor Jorge Eliecer Bravo Téllez.
2.2. Marco normativo
El régimen de responsabilidad de los servidores públicos está delimitado por lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política, según el cual «los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones».
El artículo 125, inciso 4, constitucional establece que el retiro del servicio en los órganos y entidades del Estado se produce por «calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley».
Entre tanto, el artículo 2 constitucional prevé que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, derechos y libertades y entre los derechos que deben estar protegidos, el artículo 12 ibidem señala que «nadie será sometido a desaparición forzada», mientras que el artículo 28 consagra el derecho a ser libre y, en caso de detención, esta última norma consagra que la persona en quien recaiga esta medida debe ser «puesta a disposición del juez competente».
Ahora bien, el artículo 218 de la Constitución Política prevé que «La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil […] cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz».
Por otro lado, el Decreto 100 de 1989, para el año de 1993, contenía el reglamento de disciplina para la Policía Nacional, que enunciaba, entre los comportamientos que constituían mala conducta, sancionables con retiro de la institución, los siguientes «ejecutar actos que atenten contra los derechos y las garantías de los ciudadanos, cuando de la acción se deriven graves perjuicios para sus titulares o para el prestigio de la institución», «extralimitarse en el uso de sus atribuciones», «mostrar negligencia, descuido o falta de cooperación en el cumplimiento de las disposiciones».
Entre tanto, la Ley 200 de 1995, en sus artículos 39, numeral 17, y 40, preveían, entre otras conductas disciplinariamente reprochables, las de «causar daño a la integridad de las personas […] como consecuencia del exceso en el uso de las armas, de la fuerza o de los demás medios coercitivos legalmente autorizados» y «la violación de las prohibiciones, el abuso de los derechos o el incumplimiento de los deberes contemplados en la Constitución Política».
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 200 de 1995, se señalan como destinatarios de la ley disciplinaria, entre otros, a los miembros de la Fuerza Pública y en el artículo 175 ibídem, se dispone que en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los miembros de la Fuerza Pública, se aplican las normas sustantivas contenidas en sus respectivos estatutos disciplinarios, pero el procedimiento establecido en esa ley; tal disposición, a voces de la Corte Constitucional tiene justificación en «la índole de las funciones que están llamados a ejecutar, las que no se identifican con las de ningún otro organismo estatal».
En lo que respecta a los principios que orientan la ley disciplinaria, la Ley 200 de 1995 consagra los de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, favorabilidad, aplicación inmediata de la ley, igualdad, entre otros; ahora bien, en cuanto al procedimiento, el artículo 75 ibídem señala que la actuación procesal debe estar sujeta a los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción.
En garantía del principio de contradicción, el investigado tiene derecho a conocer las diligencias tanto de la indagación preliminar, como de la investigación disciplinaria, y puede controvertir pruebas o solicitar las que estime pertinentes. Además, en materia probatoria, con el propósito de lograr la búsqueda de la verdad material, la ley consagra que la autoridad disciplinaria debe «investigar tanto los hechos y circunstancias favorables como los desfavorables a los intereses del disciplinado», para tal efecto, puede hacer uso de cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos. En todo caso, para su valoración, el funcionario debe hacer una apreciación integral de todos los medios probatorios recaudados, atendiendo para ese efecto, las reglas de la sana crítica.
Ahora bien, en lo que atañe a la contradicción de la prueba, el artículo 130 de la Ley 200 de 1995 precisa que la oportunidad con que cuenta el investigado para tal efecto es «a partir del momento de la notificación del auto que ordena la investigación disciplinaria». En todo caso, se declarará la inexistencia de la prueba que haya sido «recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o en forma tal que afecte los derechos del disciplinado» y tan solo habrá lugar a emitir un fallo sancionatorio «cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado».
Dentro de las etapas propias del proceso disciplinario está la de indagación preliminar, que procede «en caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria», cuya finalidad consiste en «verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar o individualizar al servidor público que haya intervenido en ella» y durante su desarrollo, el funcionario competente debe hacer uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y «[puede] oír en exposición espontánea al servidor público».
En materia del pliego de cargos, el artículo 92 de la Ley 200 de 1995 prescribe que debe contener: i) sinopsis indicando el origen y los hechos objeto de la investigación; ii) síntesis de la prueba recaudada; iii) individualización del posible autor, indicando el cargo, empleo y entidad en que labora, así como la época aproximada de los hechos; iv) determinación de la norma que describe el derecho, deber, prohibición, inhabilidad o incompatibilidad que se hubiese desconocido; v) descripción de la conducta violatoria de la norma, mencionando por separado la prueba en que se fundamenta cada uno de los cargos; vi) indicación de la norma infringida; vii) determinación provisional de la naturaleza de la falta, de lo cual se debe hacer un análisis por separado, cuando son varios los implicados.
Además, la ley disciplinaria establece las causales por las cuales se puede declarar nulo el proceso disciplinario y, entre ellas, señala i) la incompetencia del funcionario para fallar, ii) la violación del derecho de defensa, iii) la ostensible vaguedad o ambigüedad de los cargos y la imprecisión de las normas en que se fundamenten; y iv) la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
También se ha de señalar que el artículo 34 de la Ley 200 de 1995 establece que la acción disciplinaria prescribe al cabo de 5 años y que, en caso de faltas instantáneas, ese término empieza a correr desde el día de su consumación, mientras que en relación con faltas de carácter permanente o continuado, desde la realización del último acto.
Finalmente, se precisa que la falta disciplinariamente reprochable por la que fue investigado y sancionado el demandante, fue aquella contemplada en el artículo 25, numeral 5, literal b), de la Ley 200 de 1995, que es del siguiente tenor literal:
Artículo 25. Faltas gravísimas. Se consideran faltas gravísimas:
(…)
5. Sin perjuicio de lo regulado en el numeral 2o., de este artículo, constituye falta gravísima:
(…)
b. La conducta del servidor público o del particular que ejerza función pública que prive a una persona de su libertad, ordenando, ejecutando o admitiendo, a pesar de su poder decisorio, acciones que tengan por resultado o tiendan a su desaparición.
Artículo 38. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, la incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses.
Valga aclarar que en el auto de cargos también se le endilgó la violación del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, que consagra los deberes de los servidores públicos; sin embargo, no se precisó a cuál de ellos, en forma específica, se refería y, en todo caso, la sanción, básicamente se fundó en el desconocimiento del artículo 25, numeral 5, literal b) arriba transcrito, en concordancia con normas constitucionales e internacionales relacionadas con la protección de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos, así como el derecho a no ser sometido a desaparición forzada.
También es imprescindible precisar que el artículo 3 de la Convención Interamericana cobre Desaparición Forzada de Personas, estableció que ese delito es «considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima» y el artículo 7º ibídem establece que «la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción», salvo en casos en que la aplicación de las normas fundamentales impida la imprescriptibilidad, caso en el cual se deberá sancionar con la pena más alta prevista en el ordenamiento respectivo.
Asimismo, el artículo 9 idem, establece que «los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común» y que «los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares».
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:
2.3.1. Sobre la relación laboral del demandante
El 29 de marzo de 2004, el analista de la Dirección Central de la Policía Judicial Dijin, expidió el extracto de hoja de vida del señor Jorge Eliecer Bravo Téllez en el que consta que ingresó como agente alumno el 18 de mayo de 1992, fue dado de alta como agente profesional de la institución el 1 de enero de 1993 e ingresó al nivel ejecutivo el 1 de junio de 1994; en ese extracto se reportan 22 felicitaciones y 2 menciones honoríficas.
El 19 de abril de 2004, mediante Resolución 00805 el director general de la Policía Nacional lo retiró del servicio por destitución, como consecuencia de las decisiones sancionatorias proferidas por la Procuraduría General de la Nación. El acto fue notificado en esa fecha.
2.3.2. En relación con la actuación disciplinaria
El 5 de mayo de 1993, la señora Bellamir Rojas se presentó ante la Procuraduría Provincial de Garzón, Huila, con el fin de informar la desaparición de su hijo José Armando Rojas, quien se desempeñaba como vigilante en el Palacio de Justicia de Campoalegre. En esa fecha, la procuradora ordenó oficiar a los centros penitenciarios de Neiva, Garzón, Pitalito y a los Comandos de Policía de Campoalegre y Garzón, con el fin de que informaran si ese ciudadano fue retenido o se puso a disposición de alguna autoridad, pues desapareció del municipio de Campoalegre con el arma de dotación de la empresa de vigilancia; ordenó al personero de Pitalito, recibir las declaraciones de los señores Jorge y Javier Sánchez para que manifestaran lo que conocieran sobre esos hechos y remitió el trámite a la Procuraduría Departamental de Huila por competencia.
El 5 de mayo de 1993, la procuradora provincial de Garzón ofició a las cárceles de Neiva y Pitalito, al personero de Pitalito, al Centro de Rehabilitación las Mercedes y a los comandantes de Policía de Campoalegre y Garzón, para que informaran si tenían conocimiento del paradero del señor José Armando Rojas.
El 6 de mayo de 1993, mediante Oficio 0640/HDGAR el comandante de Policía de Garzón informó a la procuradora provincial que no halló ningún antecedente de aprehensión o que se haya dejado a disposición de autoridad alguna al ciudadano José Armando Rojas.
El 7 de mayo de 1993, mediante Oficio 0053/DICAM/578 el comandante del Segundo Distrito de la Policía del Huila informó a la procuradora provincial que en ningún momento se retuvo al señor José Armando Rojas ni se tuvo procedimiento policial en contra de él.
El 10 de mayo de 1993, el personero municipal de Pitalito avocó conocimiento de la comisión impartida mediante auto de 5 de mayo de 1993.
El 10 de mayo de 1993, el director del Centro de Rehabilitación las Mercedes, informó a la procuradora provincial que una vez revisados los libros radicadores en los que se lleva el control de ingreso del personal, no aparece el señor José Armando Rojas.
El 12 de mayo de 1993, los señores Javier Sánchez Muñoz y Jorge Enrique Sánchez Rodríguez rindieron declaración ante el personero municipal de Pitalito y sobre los hechos materia de la investigación, expresaron:
Javier Sánchez Muñoz
[…] PREGUNTADO: Dígale al despacho si usted conoce al Señor JOSÉ ARMANDO ROJAS […] CONTESTÓ: Lo conozco hace dos meses, porque es un empleado de la Empresa de Seguridad Orisonte Ltda (sic), a la cual hago parte en cuestión de supervisión, del mismo. PREGUNTADO: Sabe usted o tuvo conocimiento sobre el desaparecimiento de dicho señor, […] CONTESTÓ: Se supo del desaparecimiento en un día el cual estaba en servicio en el Palacio Judicial de Campoalegre Huila, siendo aproximadamente la una y cuarto de la mañana, el señor ARMANDO ROJAS, dejó su servicio sin ninguna protección, ni cuidado alguno, procediendo a su apartamento, y pasando a despojarse de su uniforme de dotación personal y vistiéndose de civil, se retiró con el arma de la Empresa de Vigilancia, a un lugar desconocido, sin hasta el momento saber de su procedencia, esto se supo por información del vigilante particular de la entidad TELECOM, de Campoalegre, confirmando la versión la propietaria de la casa, donde él vivía, como también el capitán encargado del Puesto de Policía de Campoalegre […]. (Se resalta).
Jorge Enrique Sánchez Rodríguez
[…] PREGUNTADO: Dígale al Despacho qué cargo desempeña usted en la empresa SEGURIDAD DE VIGILANCIA PRIVADA HORIZONTE LTDA? CONTESTÓ: Soy el representante legal y propietario de la misma […] PREGUNTADO: Dígale al Despacho si el señor JOSÉ ARMANDO ROJAS era empleado de la referida empresa […] CONTESTÓ: Él si era empleado de la empresa Horizonte LTDA, y sus documentos estaban al día, según lo manifestado por el Señor Jefe de personal […] PREGUNTADO: Dígale al Despacho si usted tuvo conocimiento del desaparecimiento de dicho señor […] CONTESTÓ: De desaparecimiento no tengo conocimiento como sucedió, pero lo que si se es que el día 20 de abril al amanecer al 21 de abril entre las 01 y 02 de la mañana, este señor abandonó el servicio, del edificio del Palacio de Justica de Campoalegre, llevándose con él el revolver de dotación y la munición que estaba bajo su cuidado y responsabilidad, hasta la presente no ha aparecido ni a cobrar su sueldo ni a entregar el arma. Tengo conocimiento de que este Señor y según por las mismas radios de que estaba extorsionando a una persona de campoalegre, no sé a quién y que el día en que él se evadió de puesto fue con el propósito o fin tal vez de recibir el dinero de su extorsión […]. (Negrilla de la Sala).
El 21 de mayo de 1993, mediante oficio dirigido a la procuradora provincial de Garzón, el personero de Pitalito informó el cumplimiento de la comisión ordenada.
El 29 de agosto de 1997, el secretario ad-hoc de la Procuraduría Departamental del Huila expidió constancia secretarial en la que indicó que la anterior documentación se encontró archivada en el folder de desaparecidos del año 1993, sin que aparezca trámite alguno.
El 1 de septiembre de 1997, la procuradora departamental del Huila ordenó practicar visita especial al despacho judicial que conoció de la denuncia penal por la presunta muerte y/o desaparición del señor José Armando Rojas. Para el efecto, comisionó al personero de Campoalegre a quien se le impuso el deber de practicar las pruebas que estimó pertinentes.
El 4 de septiembre de 1997, la secretaria de la Personería de Campoalegre dejó constancia de haber recibido las diligencias adelantadas por la presunta muerte y/o desaparición del señor José Armando Rojas.
El 22 de septiembre de 1997, el personero de Campoalegre, solicitó al fiscal coordinador de ese municipio, en calidad de préstamo, el proceso que adelantó sobre la posible desaparición del señor José Armando Rojas.
El 26 de septiembre de 1997, el personero de Campoalegre solicitó a la Procuraduría Departamental del Huila prorrogar el término de la comisión encomendada mediante auto de 1 de septiembre de 1997.
El 21 de octubre de 1997, mediante Oficio 290/97 el personero de Campoalegre, le solicitó al jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Policía Departamental del Huila que por su conducto se ordenara a los agentes Oiden Medina Losada, José Ely Campo Trujillo, Uriel Santos Dussan y Humberto García comparecer a esa personería. Asimismo, requirió información sobre el paradero de los uniformados José Ariel Marín Marín, Jorge Eliecer Bravo Téllez, Luis Eduardo Jaramillo Alzate y José Orlando Ortega Zambrano.
El 27 de octubre de 1997, mediante Oficio 3830/DPH-UREHU la jefe de la Unidad de Recursos Humanos del Departamento de Policía Huila respondió la anterior solicitud y le informó que el patrullero Jorge Eliecer Bravo Téllez, para esa fecha laboraba en la Policía Metropolitana de Santiago de Cali; respecto del capitán José Ariel Marín Marín y los suboficiales Luis Eduardo Jaramillo Alzate y José Orlando Ortega Zambrano informó que estaban retirados de la institución desde 1997 y 1995, respectivamente.
Los días 29 de octubre, 12 y 18 de noviembre de 1997, los señores Uriel Santos Dussan, Odien Medina Losada, José Hely Campos Trujillo y Gabino Rivera Saavedra rindieron declaraciones ante la Personería de Campoalegre, en las que expresaron lo siguiente:
Uriel Santos Dussan
[…] PREGUNTADO: Diga al Despacho si usted conoció o conoce al señor JOSÉ ARMANDO ROJAS […] CONTESTÓ: No Yo no sé cuál es ese señor. PREGUNTADO: Diga al Despacho si usted conoce al señor GAVINO RIVERA SAAVEDRA. CONTESTÓ: No no sé quién es ese señor. PREGUNTADO: Diga al Despacho en sus labores del Agente del Orden, por los años 1993 participó en algún operativo en el Municipio de Campoalegre. CONTESTÓ: Hice parte de la patrulla, más no del operativo […] Pasada la media noche si escuché unas detonaciones. PREGUNDADO: Diga al Despacho si usted vio si al (sic) presunto sindicado del delito de extorsión fue herido o conducido a un carro o alguna moto en la que estaba participando en dicho operativo. CONTESTO. No me consta nada ya que me encontraba muy lejos del lugar donde ocurrieron los hechos. PREGUNTADO: Al momento de darse la orden de desplazarsen (sic) hasta la ciudad de Neiva, en que (sic) se desplazó usted hacia dicho lugar como también si conoció que se hizo alguna retención en dicho operativo. CONTESTO. Yo me movilicé en una motocicleta para la ciudad de Neiva, en el puente de rioloro (sic) se encontraba en (sic) comandante del operativo, el cual me manifestó que habían retenido a un individuo en el operativo y que a llegar a donde se encontraban el tipo se les había tirado del carro y había corrido por la rivera del rio del oro ya que ese lugar es espeso en vegetación y muy oscuro de noche y ayudamos a buscar al tipo y al no encontrarlo nos retiramos. […] PREGUNTADO: A que distancia venían ustedes en la moto referente al carro donde iba el jefe del operativo. CONTESTO. No se (sic) por que (sic) ellos venían en carro y nosotros en moto no se qué distancia nos hubieran cogido de ventaja. (Resalta la Sala).
Oiden Medina Losada
[…] En lo relacionado al caso de extorsión, me encontraba laborando en ese tiempo en la Sijín del Departamento del Huila donde el señor GAVINO colocó en conocimiento al señor Jefe de la Sijín el caso de una extorsión presentada en este Municipio, que se iba a llevar a cabo posteriormente, se recibieron las instrucciones específicas de dicho caso para así llevar a cabo el procedimiento, en si no recuerdo el día de la extorsión en que nos dirigimos a este Municipio con el señor Cabo Marín, y un grupo de agentes para hacer lo correspondiente […] el personal que nos encontrábamos para realizar el caso, se dividió en patrullas motorizadas en todo el trayecto más o menos a la media noche todos portando radios de comunicación se escucharon unos disparos y al reportarnos con el señor suboficial nos manifestó por el radio de comunicación que él ya tenía capturado al extorsionista y nos informó momentos después que él iba rumbo hacia Neiva ya que se encontraba el extorsionista con unas heridas leves, […] en el trayecto de camino, el señor suboficial nos manifestó por radio que necesitaba apoyo, ya que llegando hacia la Hostería Matamundo junto al puente rioloro (sic) dicho individuo se había lanzado o tirado del vehículo y había emprendido la huida por las riveras del Rio las Ceibas, en momento de la llegada observamos que el vehículo se encontraba parqueado sobre el puente, de ahí lo llamamos y bajamos hasta la zona verde y nos manifestó que el tipo se le había fugado, registramos el área pero no fue posible localizarlo ya que se encontraba en horas de la madrugada y a plena oscuridad […]. (Negrilla de la Sala).
José Hely Campos Trujillo
[…] PREGUNTADO: Diga al Despacho si usted participó en el operativo efectuado en el Municipio de Campoalegre en donde el señor GAVINO RIVERA SAAVEDRA presentó una denuncia ante la Sijín del Huila, donde posiblemente estaba siendo objeto de una extorsión por algunos ciudadanos residentes en la localidad. CONTESTÓ: En el año de 1993, creo que en los primeros meses del año nos citaron a una comisión siendo miembro de la Sijín a un caso en Campoalegre, no me recuerdo exactamente la fecha donde veníamos al mando del Cabo MARÍN, miembro de la Sijín en ese entonces, nos movilizábamos en motos varios miembros de dicha Institución, nos distribuyó de un puente hasta un cementerio y nos informó que por ahí se iba a cumplir un operativo de extorsión […] PREGUNTADO: Diga al Despacho si dentro del operativo hubo algún detenido. CONTESTÓ: Pasada la media noche aproximadamente, reportó el cabo Marín que él tenía un retenido que al parecer era el individuo que estaba haciendo una extorsión, que nos desplazáramos hacia Neiva porque él ya iba adelante con el retenido […]. PREGUNTADO. Diga al Despacho el porque supuestamente el carro en donde se desplazaba el Jefe del Operativo no salieron en tiempos iguales con las motos que participaban en dicho operativo. CONTESTO. Porque la orden era esperar hasta que él ordenara la movilización de las patrullas. […] (Negrilla fuera de texto).
Gabino Rivera Saavedra
[…] PREGUNTADO: Diga al despacho si por el año 1993 usted presenta una denuncia ante la dijín del Huila, en donde usted denunciaba que estaba ciendo (sic) sometido a una extorsión. CONTESTÓ: Si es cierto. […] PREGUNTADO: Diga al despacho si la dijin montó un operativo en el municipio de Campoalegre […] CONTESTÓ: Si montaron un operativo pero no recuerdo la fecha, Yo llevaba supuestamente el dinero que tenía que entregar atendí la señal que me había dado la persona por teléfono eran tres silvidos (sic) tenía que dejar la maleta en la mitad de la calle yo la deje y me fui para la casa transcurrido aproximadamente cinco (5) minutos después y se olleron (sic) unos disparos y no volví a saber nada […]. (Se resalta).
El 12 de noviembre de 1997, el señor Henry Zapata Ruiz se hizo presente ante la personería de Campoalegre; sin embargo, al ser interrogado sobre los hechos materia de la investigación disciplinaria se abstuvo de manifestarse en torno a ellos aduciendo que fue objeto de amenazas en contra de su vida, y que en días previos a esa declaración recibió un mensaje anónimo con la inscripción «si hablas te mueres». Una vez la autoridad le recordó que la omisión de declarar podría constituir falta disciplinaria, insistió que primaba su derecho a la vida y por ello, solicitó tener como ciertos los hechos que declaró ante la Fiscalía que conoció el caso, pues esa declaración la hizo bajo la gravedad de juramento.
El 25 de noviembre y 16 de diciembre de 1997, el personero de Campoalegre le solicitó al juez primero promiscuo municipal de ese municipio copia auténtica de la declaración rendida por el señor Henry Zapata Ruiz, quien se negó a declarar ante la Personería por estar amenazado de muerte y de los señores Jorge Eliecer Bravo Téllez, José Ariel Marín Marín, Luis Eduardo Jaramillo Alzate, José Ronaldo Ortega Sambrano y Ezequiel Hermosa.
El 28 de noviembre y 18 de diciembre de 1997, mediante Oficios 4324 y 4529, respectivamente, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Campoalegre remitió a la Personería copia autentica de las declaraciones rendidas por los señores Henry Zapata Ruiz, José Ariel Marín Marín, Jorge Eliecer Bravo Téllez, Luis Eduardo Jaramillo Álzate, José Hely Campos Trujillo, José Rolando Ortega Zambrano y Ezequiel Hermosa. El primero de ellos expuso:
Siendo aproximadamente la una de la madrugada de hoy, cuando me encontraba durmiendo en mi domicilio, sentí unos impactos de arma de fuego, De inmediato me levanté y fui hasta la puerta que da a la calle y sentí que alguien me llamaba. Entonces abrí el postijo (sic) de la puerta y pudo (sic) observar que ARMANDO ROJAS, el celador de acá del Juzgado, quien vestía de civil iba perseguido por dos sujetos. Uno de ellos portaba una subametralladora y el otro un revólver; no puedo precisar el calibre o las marcas de esas armas, y el que disparaba era el del revólver contra el celador, quien les llevaba aproximadamente unos ocho metros de distancia, donde cayó el celador de espaldas al parecer herido por las muestras de sangre que quedaron allí por el producto de los dos impactos […] el celador se paró y sosteniéndose de la parte del vientre con unas de sus manos arrancó detrás del de la metralleta, no me di cuenta si le disparó o no porque en ese momento el otro sujeto que se encontraba en el otro costado de la esquina, el de revólver y a quien observé que cargó nuevamente el arma y guardó las vainillas en el bolsillo de la camisa salió en carrera detrás del celador […] (Se resalta).
De la declaración rendida por el comandante del operativo, sargento segundo José Ariel Marín Marín, en relación con los hechos del cruce de fuego, la detención y presunta huida del extorsionista, se extracta lo siguiente:
Él fue lesionado en un costado, en el hombro con revólver porque yo llevaba un revólver y una metra, pero como la metra se me travó (sic) me tocó utilizar el revólver. La herida era en el hombro derecho, un solo impacto le observé en ese momento y no era grave la lesión. Quiero aclarar que solamente fui yo el que le disparé porque el hecho se presentó en el lugar o cerca de donde yo me encontraba […] Él se fugó entrando a Neiva, más exactamente en el puente de hielo foca, se nos tiró del carro y se tiró a la cañada que hay en este mismo puente no pudiéndose lograr la recaptura. Él iba en la parte de atrás, yo también iba en la parte de atrás y adelante el conductor que conducía el vehículo, el Agente Bravo. […] Como este señor corrió hasta ese sector de Telecom e iba herido como dije en el hombro derecho, al verse allí ya sin cartuchos en el arma allá se tiró al suelo y yo le quité el revólver, lo alce y lo conduje hasta un muro o poste de luz a esperar que llegara el vehículo ya que éste cuando se encontraba ahí en Telecom llamaba a un tal Gabriel y le decía que sacara el revólver […] (Negrilla de la Sala).
Las declaraciones rendidas por los agentes Luis Eduardo Jaramillo Alzate, José Hely Campos Trujillo y José Rolando Ortega Zambrano, son congruentes en que su participación dentro del operativo en que sería capturado el extorsionista fue ubicarse en diferentes lugares del municipio y que, un rato después de escuchar los disparos, fueron informados vía radio teléfono que se desplazarían a la ciudad de Neiva, tanto el comandante del operativo, como el actor, quien conducía el vehículo, y el capturado, y que al llegar al puente entrando a Neiva, encontraron la camioneta con las puertas abiertas y el sargento que dirigía el operativo les informó que el extorsionista se había lanzado del vehículo; motivo por el cual, en conjunto, estuvieron buscándolo sin resultados positivos.
Entre tanto, en la declaración del señor Ezequiel Hermosa -rendida ante el juzgado promiscuo antes citado-, quien se desempeñaba como celador de Telecom, expuso lo siguiente:
[…] el 21 de abril, en las primera (sic) horas, a eso de la una de la mañana yo me encontraba trabajando pues estaba de turno […] y a la hora indicada, estando yo en el segundo piso de las oficinas de Telecom, me encontraba escuchando radio a esa hora cuando oí que me llamaban a gritos por mi nombre, entonces yo bajé y me asomé cautelosamente cuando vi al señor Armando que lo llevaban en rastras dos hombres y al parecer iba herido, entonces yo subí corriendo al segundo piso y llamé a la Policía, cuando yo estaba llamando […] los dos tiros sonaron ahí enseguida de Telecom […] al pie de la puerta de Telecom había un poquito de sangre. Luego frente al Colegio si había harta sangre ahí al pie del andén, sobre el pavimento […] No, pues se veía sangre por aquí (El declarante con la mano derecha se toca la parte izquierda del abdomen) […] PREGUNTADO: Desde el momento en que vio que se llevaban a rastras a José Armando, hasta cuando Ud. escuchó las dos detonaciones de arma de fuego, qué tiempo transcurrió? CONTESTO: Eso fue en menos de un minuto, yo me asomé vi que lo arrastraban y en el momento en que estaba llamando fue cuando escuché dos tiros. (Negrilla de la Sala).
El 26 de diciembre de 1997, el personero de Campoalegre rindió el informe evaluativo 003/97 a través del cual concluyó que los agentes José Ariel Marín Marín y Jorge Eliecer Bravo Téllez pudieron haber incurrido en la falta disciplinaria de los artículos 38 y 25, numeral 5, literales a) y b) de la Ley 200 de 1995; por lo tanto, consideró que se debía abrir investigación por las presuntas normas infringidas, relacionadas con la presunta muerte o desaparición del señor José Armando Rojas; por tal motivo, a través de Oficio P.M.C. 008/98 del 13 de enero de 1998, remitió a la Procuraduría Departamental del Huila, las diligencias adelantadas por esa personería.
El 27 de enero de 1998, el procurador provincial de Neiva comisionó a la profesional universitaria para que adelantara la investigación preliminar; en el auto ordenó informar al inculpado sobre el inicio de la indagación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 de la Ley 200 de 1995; producto de tal comisión, en informe emitido el 2 de febrero de 1998 esta funcionaria conceptuó que se debía abrir investigación disciplinaria en contra del actor y del señor José Ariel Marín Marín; y el 3 de febrero de 1998, la Procuraduría Provincial de Neiva abrió la investigación disciplinaria.
El 9 de febrero de 1998, mediante Oficios 432 y 433 el Secretario de la Procuraduría Provincial de Neiva libró comunicación al señor José Ariel Marín Marín y al demandante acerca de la apertura de la investigación disciplinaria iniciada en su contra, en ella les solicitó confirmar o suministrar la dirección con el fin de garantizarles el derecho de defensa en futuras actuaciones. En esa fecha también le comunicó a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación y al comandante del Departamento de Policía Huila sobre la apertura de esa investigación y a esta última le advirtió que se abstuviera de tramitar una por iguales hechos y que, en el evento de que haberla adelantado, remitiera las diligencias respectivas; asimismo, le solicitó a la oficina de recursos humanos del Departamento de Policía Huila, información sobre los implicados.
El 4 de febrero de 1998, la profesional universitaria de la Procuraduría General de la Nación asistió al Juzgado Primero Promiscuo municipal de Campoalegre, con el objeto de practicar visita especial al proceso penal por extorsión seguido en contra de José Armando Rojas, según consta en el acta que se levantó producto de esa diligencia; sin embargo, no se pudo llevar a cabo porque el expediente fue puesto a disposición del Consejo Seccional de la Judicatura de Neiva, a causa de las amenazas que afirmó haber recibido el citador, para que sacara el proceso del juzgado.
El 4 de marzo de 1998, el procurador provincial de Neiva remitió por competencia la investigación disciplinaria adelantada en contra de los señores José Ariel Marín Marín y Jorge Eliecer Bravo Téllez a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos.
El 10 de marzo de 1998, el jefe del Grupo Desarrollo Humano de la Dirección de Policía Judicial remitió el extracto de hoja de vida del demandante, en la que consta su dirección, con destino al jefe de la Unidad Recursos Humanos del Departamento de Policía Neiva.
El 8 de junio de 1998, la profesional universitaria comisionada, rindió informe ante la procuradora departamental, en el cual se refirió al cumplimiento de la comisión conferida; indicó que no fue posible recibir la versión libre del señor José Ariel Marín Marín porque la dirección indicada no correspondía a ese municipio y por ello se solicitó a la Personería de Pitalito, hacer lo propio; agregó que no pudo cumplir la comisión en torno al segundo punto, porque los vecinos a las oficinas de Telecom no fueron testigos de los hechos narrados y, en torno al último punto, indicó que al acudir al juzgado pudo constatar que el señor Armando Rojas fue condenado por el delito de extorsión y adjuntó las copias de las piezas procesales que consideró importantes para el trámite disciplinario.
El 18 de enero de 1999, el procurador delegado para los derechos humanos expidió auto mediante el cual revocó la decisión del 25 de agosto de 1998 emitida por esa delegada, a través de la cual se había dispuesto dar apertura a la investigación preliminar; la razón de esa decisión consistió en que esa etapa ya la había surtido por la Procuraduría Provincial de Neiva. Para comunicar ese auto al demandante, se libró el oficio 00263 del 15 de febrero de 1999.
El 16 de abril de 1999, el procurador delegado para los derechos humanos, expidió auto de pruebas con el fin perfeccionar la etapa de investigación disciplinaria, y para su práctica comisionó al procurador departamental del Huila. En ese auto se ordenó escuchar en versión libre al señor José Ariel Marín Marín.
El 4 de junio de 1999, la funcionaria adscrita a la Procuraduría Departamental del Huila, realizó visita especial al proceso penal por extorsión seguido en contra del señor José Armando Rojas y en el acta respectiva dejó constancia de que el 15 de enero de 1999 se le dictó sentencia condenatoria por el delito ya citado y, como consecuencia, se le condenó a 6 años de prisión.
El 21 de julio de 1999, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos le formuló el siguiente cargo al señor Jorge Eliecer Bravo Téllez:
El Despacho, estima que contra usted, en su calidad de Agente de la Policía Nacional y adscrito a la SIJÍN-NEIVA pesan serios indicios de responsabilidad en la desaparición forzada del señor JOSÉ ARMANDO ROJAS, de quien hasta la fecha no se tiene noticias de su paradero. Ya que se presume que de acuerdo a las Reglas de Experiencia y a las pruebas que obran en el investigativo, verbigracia los testimonios, principalmente de los señores Henry Zapata Ruiz y Ezequiel Hermosa, que, el ofendido quedando lesionado, herido, desarmado, maniatado y custodiado, no pudo, el día 21 de abril de 1993, emprender la huida arrojándose del vehículo que usted conducía lentamente, por la vía que del Municipio de Campo Alegre (Huila) conduce a Neiva, y, correr por una cañada burlando todas las medidas preventivas que el señor CS JOSÉ ARIEL MARÍN MARÍN por su profesionalismo y experiencia en estos asuntos, debió tomar con esta clase de individuo que minutos antes había puesto dificultad para ser capturado […].
(Dentro de la normatividad infringida, señaló los artículos 2, 11 y 12 de la Constitución política, 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En cuanto a la aplicación de las Leyes 200 y 201 de 1995, indicó que esta procede, por tratarse de una conducta que desborda la conducta estrictamente militar, por ser una desaparición forzada, y para ello invocó la sentencia C-620 de 1998).
Los comportamientos anteriormente consignados presuntamente desplegados por los miembros de la POLICÍA NACIONAL, SIJÍN, NEIVA, que se relacionaron con anterioridad, deben ser calificados provisionalmente como faltas gravísimas, de conformidad con lo normado en la Ley 200 del 28 de julio de 1995. Este comportamiento en especial la DESAPARICIÓN FORZADA ha sido catalogada por la Corte Constitucional como delito de “Suma Gravedad” y por ende de concretarse la responsabilidad en cabeza de servidores del Estado les será aplicable la máxima sanción contemplada en los estatutos disciplinarios. Cabe destacar que si bien los hechos iniciaron en vigencia de la Ley 4 DE 1990 y Ley 25 de 1974, solo hasta la fecha se profiere auto de cargos, imperioso resulta dar aplicación a lo normado en el artículo 176 del Código Disciplinario Único, en cuanto a procedimiento se refiere […]
El 29 de septiembre de 1999, se notificó personalmente al señor Jorge Eliecer Bravo Téllez del auto de cargos y este solicitó copia de las diligencias, el 30 de ese mes y año, la cual fue autorizada en esa fecha.
El 13 de octubre de 1999, el señor Jorge Eliecer Bravo Téllez presentó memorial de descargos ante la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos; en ella, se pronunció en torno a los que le fueron endilgados y solicitó las pruebas que consideró necesarias para su defensa. Adicionalmente, el 10 de noviembre de 1999, el actor, formuló una solicitud ante el procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, en la que requería que se librara oficio a los organismos de inteligencia del Estado para establecer si el algún grupo al margen de la ley militaba José Armando Rojas con el alias El Pancho o Pancho.
El 3 de septiembre de 2001, el procurador delegado adicionó el auto de cargos de 21 de julio de 1999, por considerar que no se señalaron concretamente las normas disciplinarias que efectivamente desconocieron los uniformados, esto es, las previstas en los artículos 25, literal b, 38 y 40 de la Ley 200 de 1995; e indicó las normas constitucionales e internacionales ya aludidas en el auto materia de adición. Tal decisión fue notificada personalmente al demandante el 20 de septiembre de 2001, quien se pronunció sobre ellos el 3 de octubre de 2001 reiterando los argumentos del memorial inicialmente presentado y solicitó la práctica de pruebas.
El 4 de febrero de 2002, el procurador delegado decretó las pruebas solicitadas por los investigados en los memoriales de descargos y el 19 de junio de 2002, comisionó al procurador departamental del Huila para que practicara algunas de ellas.
El 12 de septiembre de 2002, la profesional universitaria de la Procuraduría Regional Huila informó que no fue posible cumplir la comisión en lo que respecta a las visitas especiales, comoquiera que las entidades debían consultar sus archivos muertos, por tratarse de hechos ocurridos en el año 1993 y por ello solicitó la información a través de oficios.
El 14 de marzo de 2003, el procurador delegado para la defensa de los derechos humanos profirió decisión de primera instancia mediante la cual declaró responsable disciplinariamente al señor Jorge Eliecer Bravo Téllez y lo sancionó con destitución en el ejercicio de cargo, por las siguientes razones:
[…] Así mismo carece de veracidad o mala justificación el argumento del implicado, cuando pretende hacer creer que el señor Rojas se fugó, pues debe tenerse en cuenta el estado de salud en que se encontraba. La lógica nos indica que una persona que pierde sangre disminuye su capacidad física, lo que resta la posibilidad de que emprenda una fuga. Además, no debe olvidarse que debía superar la custodia que ejercía el comandante del operativo. Este estado de salud del ofendido está demostrado por el Instituto de medicina legal, con la prueba técnica, de análisis de la sangre encontrada y con los diferentes testimonios, que afirman que el señor Rojas al caerse dejó algunos rezagos de sangre.
[…]
También yerra el implicado, al sostener que el señor Rojas se fugó aprovechando que el vehículo disminuyó la marcha por el deterioro de la malla vial. Es cierto que había algún deterioro de la malla vial, pero como se ha afirmado, era imposible que una persona de aproximadamente 1:70 de estatura, (ver la cédula) herido y maniatado, pudiera irse intempestivamente por la puerta trasera del vehículo que era estrecha (como se puede apreciar en las fotos de un vehículo similar aportado por el señor Bravo Téllez que obra a folios 287 y ss), sin que el señor Suboficial que custodiaba, presuntamente de gran experiencia, le impida el paso.
Ahora bien, teniendo en cuenta los elementos necesarios para que se configure la conducta de desaparición forzada y los fundamentos probatorios esbozados podemos afirmar que en el caso materia de estudio, se configura la conducta de desaparición forzada, es decir, se presenta la privación o retención del señor Rojas por parte de los servidores públicos CS José Ariel Marín Marín y el Ag Jorge Bravo Telles (sic), seguido del ocultamiento del mismo negándoles a los familiares y conocidos su paradero desde el 21 de abril de 1993 hasta la fecha; produciendo una verdadera ofensa no solo a los familiares del señor Rojas sino a la misma familia humana y además vulnerando los derechos fundamentales de la dignidad, autonomía, libertad, debido proceso entre otros de la persona desaparecida.
[…]
Aunado a lo anterior, desde un marco eminentemente formal-legal la conducta endilgada al agente Bravo Telles (sic) no es solo típica, al hallarse descrita en el esquema del artículo 25, literal b, de la Ley 200 de 1995, sino que es antijurídica, pues contraría al orden jurídico, regulador del régimen disciplinario de los servidores públicos.
Ahora en cuanto a la culpabilidad del señor Agente Jorge Eliecer Bravo Telles (sic), se deduce claramente del abundante acervo probatorio recaudado, el animus, es decir la intencionalidad inequívoca del agente para cometer la conducta que demanda el tipo disciplinario de desaparición forzada.
El 7 de abril de 2003, se notificó personalmente al señor Jorge Eliecer Bravo Téllez de la decisión anterior a través de la cual fue declarado responsable disciplinariamente y este interpuso recurso de apelación, a través de escrito radicado el 21 de abril de 2003.
El 7 de noviembre de 2003, se allegó al trámite disciplinario el oficio suscrito por el coordinador del Grupo Inteligencia Interior de la Procuraduría General de la Nación, a través del cual informó que en los inventarios estratégicos de los grupos irregulares que delinquen en el país no figura el nombre de José Armando Rojas, alias el Pancho o Pancho.
El 12 de diciembre de 2003, los delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil certificaron que el ciudadano José Armando Rojas no ha ejercido el derecho al voto desde el año 1993.
El 12 de febrero de 2004, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación profirió decisión de segunda instancia confirmando la sanción disciplinaria impuesta al señor Jorge Eliecer Bravo Téllez, con base en los siguientes argumentos:
[…]
Alega el recurrente que para la época en que se desarrollaron los hechos la desaparición forzada no estaba considerada como una conducta permanente ni constituía falta disciplinaria y, por ende, no se le podía aplicar la Ley 200 de 1995, aunado al hecho de que era una conducta instantánea y por tal motivo se encontraría prescrita
[…]
Lo anterior para significar, contrario a lo afirmado por el recurrente, que la desaparición forzada de personas, con fecha anterior al 21 de abril de 1993 (época a la que se contrae el inicio de la conducta imputada), ha sido objeto de reproche tanto disciplinario como penal, independientemente de cuáles hayan sido los parámetros normativos de tipicidad tenidos en cuenta por las legislaciones internas para sancionar ese tipo de conducta.
[…]
Así las cosas, teniendo en cuenta que al disciplinado se le formularon los cargos mediante auto de 21 de julio de 1999, el cual fue adicionado el 3 de septiembre de 2001, fechas para las cuales el desaparecido se mantenía en dicha condición, no existe irregularidad alguna en cuanto habérsele señalado como normas infringidas aquellas de la Ley 200 de 1995 a que hace alusión el auto de cargos, como tampoco la hay frente a la no declaratoria de la prescripción de la acción disciplinaria, pues dicho fenómeno no se ha presentado en el caso que nos ocupa, en relación con la conducta imputada al disciplinado, pues de prosperar ésta, la ha venido cometiendo como servidor público hasta la fecha y, por ende, es disciplinable.
En cuanto a que en el auto de cargos no se indicó el grado de culpabilidad, esto es, si la falta fue cometida a título de culpa o dolo, la Sala Disciplinaria considera que sobre ello no existe duda alguna, pues si bien es cierto, en dicho auto el a-quo no indicó de manera expresa el dolo como el grado de culpabilidad, también lo es que éste se infiere, en la medida que el elemento intencional de la conducta se concluye de la redacción del cargo, cuando se parte de la afirmación mediante la cual no se da credibilidad a la huida de la víctima luego de ser capturada y reducida a la fuerza para ser trasladada a la ciudad de Neiva, conclusión que se toma de las pruebas testimoniales y documentales en las cuales se apoya.
[…]
De otra parte, es claro que el disciplinado desde el momento mismo en que tuvo conocimiento de la investigación disciplinaria que cursaba en su contra, contó con todas las herramientas para poder controvertir las diligencias que se habían adelantado en la fase de indagación preliminar, pudiendo solicitar, inclusive, la ampliación de las mismas.
[…]
Frente a la responsabilidad del disciplinado en la desaparición del señor JOSÉ ARMANDO ROJAS y conforme con lo considerado por el a-quo en el fallo de primera instancia, el recurrente cuestiona la credibilidad que se le ha dado a los testigos EZEQUIEL ROJAS (sic) y HENRY ZAPATA RUÍZ, pues de sus dichos según él, no puede inferirse que el desaparecido haya recibido una herida en su abdomen y que por tal hecho le era imposible movilizarse por su propia cuenta.
Sobre el particular, es necesario aclarar que de los testimonios rendidos por EZEQUIEL HERMOSA (no ROJAS como equivocadamente lo refiere el recurrente) y HENRY ZAPATA RUÍZ, parecería inferirse que el señor JOSÉ ARMANDO ROJAS hubiera recibido una herida en el estómago, pues se le observó sangre en dicho lugar, además que se agarraba el vientre (folios 38 y 52). Sin embargo, ello es tan solo una posibilidad muy cercana a la realidad, pues se carecen de elementos idóneos probatorios que demuestren en el grado certeza que la herida con arma de fuego estuviera localizada en el vientre del hoy desparecido, máxime cuando en contra de dicha posibilidad surge la versión de los policiales que aseguraron que la herida que le propinaron, hizo impacto en uno de sus hombros. Lo cierto es que en el cruce de disparos, JOSÉ ARMANDO ROJAS resultó herido, afirmación que encuentra respaldo no solo en el dicho de los testigos antes mencionados, sino también en el de los mismos policiales.
[…]
Señala el recurrente que no se ha tenido en cuenta que el extorsionado, señor GABINO, con posterioridad a la presunta desaparición de JOSÉ ARMANDO ROJAS, continuó recibiendo amenazas, lo que obliga a pensar que éste siguió con sus fechorías. Al respecto, es claro que GABINO RIVERA en su ampliación de denuncia del 30 de abril de 1993, mencionó que al día siguiente al operativo policial en que se capturó a quien extorsionaba, un miembro de la SIJÍN le informó que “el tipo” se les había volado, agregando en su declaración que había seguido recibiendo llamadas amenazantes, pero sin precisar de parte de quien (folio 191).
[…]
En cuanto a la sanción, ésta será confirmada pues se encuentra acorde a la regulación legal contenida en el artículo 32 de la Ley 200 de 1995.
El 18 de febrero de 2004, el demandante fue notificado personalmente de la decisión anterior y el 19 de abril de 2004, el director general de la Policía Nacional expidió la Resolución 00805, por la cual lo retiró del servicio a causa de las decisiones disciplinarias que anteceden.
3. Caso concreto
3.1. Asunto previo
El control de legalidad de actos de carácter sancionatorio como los proferidos en el marco de una actuación disciplinaria, conlleva, entre otras cosas, el estudio encaminado a verificar que dentro del trámite correspondiente se hubieran observado las garantías constitucionales que le asisten al sujeto disciplinado y, en general, comporta un control judicial integral. Así lo sostuvo recientemente la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de unificación:
«b) EI control judicial integral de la decisión disciplinaria criterios de unificación-. El control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales.
(…)
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»
En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta controversia se hará dentro del marco planteado en la sentencia previamente trascrita. Determinado ese aspecto, la Sala se dispone a analizar los cargos propuestos en contra de los actos acusados.
3.2. La violación de la Constitución y la ley
El cargo por violación de la ley se sustentó en diferentes argumentos que serán desarrollados así:
El actor alega que se debieron aplicar las normas propias de disciplina que rigen a los miembros de la Fuerza Pública, al tenor de lo establecido en las sentencias C-280, C-286 y C-341 de 1996 de la Corte Constitucional y no la Ley 200 de 1995, que, además, fue expedida con posterioridad a la ocurrencia de los hechos.
Al respecto se debe señalar que si bien es cierto, las aludidas sentencias se refieren al criterio de especialidad, en lo que respecta a la aplicación de la ley disciplinaria a los miembros de la Fuerza Pública, también lo es que, cuando se trata de faltas que van más allá del servicio que prestan quienes hacen parte de ella, la Corte Constitucional ha considerado que es posible aplicar normas de carácter general sobre la materia, en cuanto el actuar reprochado trasciende el marco funcional de ese personal. Así, en sentencia C-620 de 1998, consideró:
Sin embargo, los regímenes especiales disciplinarios sólo pueden comprender las regulaciones íntimamente vinculadas con su objeto específico. Para la Corte es claro que, en el caso bajo examen, conductas que trasciendan la función propiamente militar o policiva, por carecer de relación directa con el servicio, no podrán quedar cobijadas dentro de las indicadas regulaciones, lo cual se predica, entre otros casos, de las conductas que violan los derechos humanos. Tales comportamientos quedan, entonces, sometidos a la normatividad ordinaria, penal o disciplinaria. (Se resalta).
Con fundamento en lo anterior, la Sala estima que era jurídicamente viable que, tratándose de una vulneración de derechos humanos, como en este caso, los hechos relacionados con la desaparición del señor José Armando Rojas, la Procuraduría General de la Nación, aplicara la ley general -Ley 200 de 1995- que sí contemplaba, de manera autónoma, la falta aludida.
No obstante lo anterior, es importante destacar que no es cierto, como lo intenta hacer notar el demandante, que esa falta no fuera disciplinariamente reprochable bajo las normas anteriores a la Ley 200 de 1995 y, en particular, las aplicables a los miembros de la Policía Nacional, pues, según el recuento normativo realizado en el acápite precedente, es evidente que la ley de disciplina que cobijaba a ese personal sí consagraba como causal de mala conducta aquella orientada a ejecutar actos que atenten contra los derechos y las garantías de los ciudadanos, que les generen graves perjuicios a estos y entre los derechos garantizados, están los contemplados en la Constitución Política y aquellos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, previstos en tratados y convenios internacionales, que garantizan las libertades personales.
En efecto, el artículo 2 de la Constitución Política de 1991, prevé que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en el territorio colombiano, deber que se predica, en especial, de los miembros de la Policía Nacional, comoquiera que su fin primordial consiste en mantener las condiciones necesarias para que aquellas puedan gozar de sus derechos y libertades, entre los cuales, precisamente, están los de la vida y la libertad, además de la garantía consagrada en el artículo 12 ibídem según la cual nadie será sometido a desaparición forzada; de manera que la conducta sí se tipificaba como falta, aunque para el año 1993 se enmarcaba en otros tipos disciplinarios.
Sin embargo, con el advenimiento de la Ley 200 de 1995 y ante la existencia de un tipo disciplinario autónomo que regía para el momento en que se formularon los cargos -21 de julio de 1999-, la Procuraduría General de la Nación bien podía tipificar la conducta del investigado en la falta consagrada en esa disposición, máxime cuando el comportamiento que se reprochaba era de carácter continuado, es decir, que los actos que lo configuran no se perfeccionaron y agotaron en el año 1993, sino que se mantuvieron y permanecen en el tiempo, hasta tanto aparezca la persona que fue sometida a esa circunstancia reprochable.
En torno a ese particular, esto es, el carácter continuado de la conducta, la Sala debe señalar que ese fue otro reproche formulado por el demandante en contra de los actos acusados, pues, en su sentir, la conducta tan solo adquirió ese carácter cuando a través de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas del año 1994, se le dio esa connotación; no obstante, la Sala se aparta de esa interpretación y, en su lugar, acoge íntegramente el planteamiento que al respecto hizo la Procuraduría General de la Nación, según la cual «el término desaparición forzada lleva incita la permanencia, en cuanto que proviene de una privación de la libertad», pues es evidente que la situación de desaparecimiento de quien ha sido objeto de esta conducta, tan solo cesa en el momento en que la persona aparezca viva o muerta, de lo contrario, el hecho se mantiene en el tiempo y, en consecuencia, la falta también permanece y se sigue materializando en forma continuada.
De tal manera que el hecho de que hasta el año 1994, a través del instrumento internacional, se tratara sobre el carácter de continuado de la conducta, en nada desvirtúa que el comportamiento cuestionable, de por sí, se considera realizado en forma sistemática y permanente, hasta cuando aparezca la víctima.
En todo caso, es necesario insistir que la garantía de no ser sometido a desaparición forzada es de raigambre constitucional y hace parte del ordenamiento interno, en forma específica, desde el año de 1991, esto es, con anterioridad al inicio de los hechos que dieron origen a la investigación y la circunstancia de que estos se hubieran mantenido en el tiempo y que estuvieran vigentes al momento de la entrada en vigencia de la Ley 200 de 1995 e, incluso, con posterioridad, permitían que la Procuraduría acudiera a esta disposición para enmarcar la conducta en el tipo disciplinario que, en forma precisa y específica, se consagró en esta norma.
Otro reproche que planteó el demandante en contra de las decisiones censuradas, consistió en que en el auto de formulación de cargos se invocó como norma violada el artículo 40 de la Ley 200 de 1995, sin precisar cuál de los deberes allí consagrados fue quebrantado con su actuar, situación que vulneró su derecho de defensa, pues no supo de qué manera ejercerlo frente a ese cargo.
Al revisar el pliego de cargos, emitido por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos el 21 de julio de 1999, se observa que, en efecto, al formularlos, se invocó el artículo 40 de la Ley 200 de 1995, pero no se indicó cuál de los 28 deberes allí consagrados fue desatendido con la conducta reprochada al accionante; no obstante, en el auto correspondiente también se le endilgó la falta gravísima establecida en el artículo 25, numeral 5, literal b), consistente en realizar actos tendientes a la privación de la libertad de una persona, que tengan por objeto su desaparición, norma que se transcribió en el auto y se concordó con las disposiciones constitucionales e internacionales pertinentes, que también fueron transcritas.
Lo anterior para señalar que si bien es cierto hubo una falencia por parte del ente disciplinante, en lo que respecta a la invocación precisa del deber funcional que se decía desconocido por parte del señor Bravo Téllez, también lo es que la conducta reprochada fue plenamente identificada y la exposición que al respecto se hizo en el auto respectivo permitía que este ejerciera plenamente su derecho de defensa, pues, en concreto, el proceder que se le estaba reprochando se circunscribía a los actos que desarrolló, tendientes a la desaparición de que fue objeto el señor José Armando Rojas, conducta delimitada en la falta consagrada en el artículo 25, numeral 5, literal b, de esa normativa.
Valga aclarar, en todo caso, que al tenor de lo dispuesto en artículo 131, numeral 3, de la Ley 200 de 1995 constituye causal de nulidad del proceso disciplinario la ostensible vaguedad o ambigüedad de los cargos y la imprecisión de las normas en que se fundamentan y, en este caso, tal circunstancia no se configuró, pues aún a pesar de la imprecisión en el deber funcional que se atribuía como desconocido, el cargo estaba debidamente sustentado en la falta que sí se identificó plenamente, consagrada en el artículo 25 ya citado, el cual, se repite, fue transcrito en el auto respectivo, lo que impide considerar que hubo vaguedad en su formulación y fue contra esa conducta que este ejerció el derecho de defensa.
Adicionalmente, es importante precisar que en las decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia, la falta por la que, en últimas, fue sancionado el demandante fue aquella consagrada en el pluricitado artículo 25, numeral 5, literal b, lo que quiere decir que, en todo caso, el desconocimiento del deber funcional que se omitió precisar en el pliego de cargos, no fue el soporte de la decisión sancionatoria.
De manera que, como en este caso, los derechos al debido proceso y a la defensa con el auto de formulación de cargos sí fueron garantizados al actor pues se identificó claramente la conducta que se le atribuía, la falta que se consideraba desconocida con su conducta, y se citó la norma que contenía la aludida falta, con lo que se debe concluir que la omisión en la enunciación del deber incumplido no da lugar a invalidar los actos demandados.
El demandante también invocó la violación del principio de legalidad, en cuanto la investigación se desarrolló con una norma posterior a los hechos investigados; no obstante, la Sala considera que este ya estuvo suficientemente documentado con los argumentos previamente señalados, según los cuales no se trató de una conducta de ejecución instantánea que se hubiera agotado en vigencia de las normas anteriores a la Ley 200 de 1995, sino de una que tan solo cesa hasta el momento en que la víctima aparezca y, por ende, era plenamente aplicable la aludida ley, que entró a regir cuando la conducta aún se estaba desarrollando.
Así las cosas, la Sala estima que no se puede entender desconocida la garantía del debido proceso por el hecho de que la norma no era preexistente al hecho que se le imputó al demandante, pues, como bien se señaló en líneas anteriores, la conducta desplegada por este sí se enmarcaba tanto en tipos disciplinarios previstos en la norma especial, como en la ley general que regía antes del año 1993, pero dado el carácter de continuado de la conducta, bien se podía tipificar en la establecida en la Ley 200 de 1995, pues al entrar en vigencia esta disposición, el actuar reprochable disciplinariamente aún se mantenía ejecutando por parte del actor, y ello permitía acudir a lo que esta preveía al respecto, en cuanto la consagraba como falta autónoma, y porque, en forma específica, contenía la descripción de la conducta desplegada por este.
También consideró desconocido el principio de legalidad, por el hecho de que fue enterado de la investigación disciplinaria 9 años después de que inició el trámite y en cuanto no tuvo acceso a la etapa de indagación preliminar.
A fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala observa que en la actuación disciplinaria allegada, se puede verificar que producto de la queja formulada el 5 de mayo de 1993 por la señora Bellamir Rojas ante la Procuraduría de Garzón, se iniciaron diferentes actuaciones tendientes a indagar por los hechos relacionados con el desaparecimiento del señor José Armando Rojas; sin embargo, solo hasta el auto del 27 de enero de 1998 -5 años después-, emitido por el procurador provincial de Neiva, se decidió iniciar la indagación preliminar, pues las distintas averiguaciones, permitieron concluir que, al parecer, habrían irregularidades que pudieron dar lugar a la desaparición y violación de los derechos individuales del señor José Armando Rojas.
No obstante, en el auto que abrió esa indagación, no se dispuso la notificación de ningún funcionario, en particular, pues el propósito de esta consistía en establecer los hechos que motivaron la queja y pese a que en el numeral 2 de esa decisión se ordenó informar al inculpado sobre el inicio de ese trámite, debe tenerse en cuenta que, precisamente, el objeto de esa etapa consistía en «verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar o individualizar al servidor público que haya intervenido en ella».
De manera que al no haber estado identificado e individualizado el servidor público a quien se le endilgaba la falta disciplinaria, para la época de la apertura de la indagación preliminar, es razonable que no se hubiera producido la notificación al respecto, pues solo hasta el auto de apertura formal de la investigación disciplinaria del 3 de febrero de 1998, la Procuraduría Provincial de Neiva decidió que la actuación se dirigía en contra del demandante y otro, y fue hasta ese momento que ordenó darles aviso sobre tal decisión, formular cargos y escucharlos en descargos y ese fue el motivo por el cual tan solo hasta la comunicación del 9 de febrero de 1998, se le dio a conocer sobre el inicio de la investigación en su contra.
Ahora bien, es necesario indicar que el oficio a que se aludió previamente es tan solo una comunicación, que fue dirigida al demandante y que se remitió al Comando del Departamento de Policía Neiva, pero no obra constancia de su recibo por parte de este y que solo a través de oficio del 18 de marzo de 1998, se pusieron en conocimiento del investigador disciplinario los documentos en que constaba la dirección del señor Bravo Téllez, sin que aparezca documento que acredite que con posterioridad a ello, se le hubiera notificado tal decisión.
En todo caso, es importante señalar que aunque la Ley 200 de 1995 no consagraba la obligatoriedad de notificar de manera personal al inculpado, del auto de apertura de la investigación, sino que tan solo disponía que en ese auto se debía impartir la orden de «dar aviso al disciplinado», la Corte Constitucional en sentencia C-555 de 2001, declaró exequible el inciso segundo del artículo 80 de la Ley 200 de 1995 en el entendido de que la comunicación a que allí se alude, bien de la indagación preliminar o de la investigación disciplinaria al investigado, se refiere no solo a una comunicación, sino a la notificación, bajo cualquiera de las modalidades establecidas en esa normativa, dentro de las cuales está la conducta concluyente y, en el caso bajo análisis, esa fue la manera como se debe entender surtida la notificación de tales decisiones.
En efecto, la notificación por conducta concluyente se produce cuando no se ha realizado la notificación personal, o cuando esta se ha producido de manera irregular, y se entiende «satisfecha para todos los efectos, si el procesado no reclama y actúa en diligencias posteriores o interpone los recursos contra ellos»; precisamente, cuando el señor Bravo Téllez intervino en el proceso, con posterioridad a tales decisiones, al producirse la notificación personal del pliego de cargos el 13 de octubre de 1999, su gestión ulterior estuvo orientada a solicitar copias de la actuación con el objeto de ejercer su derecho de defensa y a presentar descargos, en cuyo memorial no planteó oposición a la manera en que tuvo conocimiento de la actuación ni interpuso recursos contra tales decisiones; de manera que se debe entender satisfecha la notificación en los términos del artículo 89 de la Ley 200 de 1995.
Ahora bien, el hecho de que el conocimiento de la investigación por parte del actor hubiera ocurrido bien en el año 1998, con el oficio que comunicó la decisión del 15 de febrero de 1998 o en 1999, con la notificación del pliego de cargos, en manera alguna, quebranta sus derechos de defensa y contradicción, pues, se repite, las gestiones realizadas, en principio, por la Procuraduría Provincial, consistieron en dar con el paradero del desaparecido, de manera que la razón de esa tardanza tiene sustento en el hecho de que solo hasta el año 1998 se tomó la decisión de iniciar la actuación disciplinaria, pues fue hasta ese momento cuando se consideró que los hechos investigados podían constituir un comportamiento irregular por parte de los servidores públicos que presuntamente habían participado en los hechos en que se produjo la desaparición.
Ahora bien, los derechos de defensa y contradicción en materia disciplinaria no solo se materializan con la notificación de las decisiones de apertura de indagación preliminar e investigación disciplinaria, que, como ya se anotó, fue surtida por conducta concluyente, sino con el hecho de permitirle al investigado presentar descargos, controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y solicitar la práctica de aquellas que considere indispensables para su defensa, impugnar las decisiones y designar apoderado, los cuales fueron garantizados en la actuación objeto de censura, como bien se señaló en el acápite anterior.
Lo anterior lleva a afirmar que no se violaron los derechos de defensa y contradicción invocados por el demandante, pues, en el curso de la investigación, se garantizó el pleno ejercicio de estos, se resolvieron todas sus solicitudes, se le permitió presentar descargos, se decretaron las pruebas requeridas, pudo controvertir las obrantes en el proceso y, en suma, se respetaron todas las garantías de que trata el debido proceso disciplinario.
Además, en lo que respecta a la violación del derecho a estar asistido por un apoderado, la Sala considera que ese argumento carece de sustento fáctico, pues, el recurso de apelación contra la decisión sancionatoria de primera instancia fue interpuesto a través de un profesional del derecho a quien se le reconoció personería según el poder conferido por el demandante, de modo que si con anterioridad a esa actuación, el actor no hizo uso de esa facultad, no es un hecho atribuible a la autoridad disciplinaria, comoquiera que dentro de los derechos establecidos en el artículo 73, literal e) de la Ley 200 de 1995, está la potestad de designar un defensor y, en el caso analizado, el señor Bravo Téllez optó por ejercer directamente su defensa, durante la mayor parte del trámite.
También es importante señalar que la violación de tales derechos tampoco se materializó por el hecho de que no se le hubiera permitido presentar alegatos al demandante, según lo planteó en la demanda, pues, el trámite disciplinario de que trata el título III del capítulo VIII de la Ley 200 de 1995, no consagra una etapa procesal con ese propósito, de manera que si la ley no contiene tal previsión, mal podría alegarse violación del debido proceso por la omisión al respecto.
Ahora bien, en lo que respecta a la presunta violación del derecho a la igualdad, en relación con el otro disciplinado, en torno a la decisión de declarar la prescripción de la acción disciplinaria en su favor y no así en relación con el demandante, se debe señalar que la Corte Constitucional ha delimitado unos presupuestos necesarios a efecto de establecer si ese derecho ha sido vulnerado, así:
En primer lugar, el carácter relacional del derecho a la igualdad supone una comparación entre sujetos, situaciones y medidas. Por ello, el uso del juicio o test implica la identificación de tres presupuestos principalmente, a saber: (i) los sujetos a comparar;(ii) el bien, beneficio o ventaja respecto del cual se da el tratamiento desigual; y (iii) el criterio relevante que da lugar al trato diferenciado. Ha sido sostenido por la jurisprudencia constitucional, que el juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis, distribuidas de la siguiente manera: (i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, esto es, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución. (La cursiva es propia del texto transcrito).
Al realizar el juicio de igualdad, en el caso planteado, se observa que no se cumple el primer presupuesto que consiste en que se compare a sujetos de la misma naturaleza, pues, aunque en principio la investigación sí se inició en contra de dos miembros de la Policía Nacional -el demandante y el señor José Ariel Marín Marín-, al aplicar la decisión prescriptiva en contra de este último, no tenían idéntica condición, pues el señor Marín Marín ya no era miembro activo sino retirado del servicio. Bajo esa óptica, no es viable hacer el juicio de igualdad, pues no se trata de dos situaciones idénticas que pudieran estar sujetas a comparación y, por ende, no es viable predicar la violación de ese derecho.
No obstante, en torno a la falta de aplicación del fenómeno prescriptivo en favor del demandante, la Sala considera que la razón que justifica esa decisión consiste, precisamente, en que la falta por la que fue investigado y sancionado, parte de una conducta de carácter permanente y continuado, que se mantuvo ejecutando durante todo el curso de la investigación, razón que hacía improcedente la extinción de la acción disciplinaria, en cuanto el término que el artículo 34 de la Ley 200 de 1995 establece para ese efecto, empieza a contarse a partir de la realización del último acto, cuando se trata de faltas de carácter continuado, y, se repite, en el caso bajo análisis, estas tan solo cesarían en el momento en que la víctima hubiera aparecido, lo que no ocurrió.
Así las cosas, es forzoso concluir que el fenómeno extintivo no tuvo lugar y, por ello no era viable aplicarlo en favor del investigado.
Adicionalmente, debe señalarse que el demandante no concretó el argumento según el cual su superior fue quien se olvidó del cumplimiento de los fines esenciales del Estado, con el fin de mostrar eficiencia en su gestión y de que en las actuaciones de este debía someterse a los mandatos constitucionales, de manera que la mención que al respecto hizo, no constituye un argumento que dé lugar a la anulación de las decisiones censuradas, máxime cuando, finalmente, lo que se analiza en esta controversia son las conductas por las que fue investigado y sancionado el demandante y el trámite imprimido a la actuación disciplinaria respecto de este y no en relación con el actuar de otro servidor contra el que se digirió al trámite.
Por último, debe señalarse que como se pudo constatar a lo largo de las decisiones disciplinarias, cuyos apartes pertinentes se transcribieron en el acápite anterior, en el auto de formulación de cargos y en el que lo adicionó, tales decisiones estuvieron suficientemente motivadas y fueron congruentes con los hechos que le sirvieron de sustento, las faltas atribuidas y aquellas por las que se impuso la sanción, motivo por el cual no se demostró la falta de motivación que se alegó en la demanda, circunstancias que impiden declarar probado el cargo propuesto.
3.3. La expedición irregular de los actos sancionatorios
En primer lugar, la Sala estima necesario señalar que el cargo de que trata este acápite, en su mayoría, se sustentó en los planteamientos ya desarrollados en líneas anteriores; por lo que en torno a esos aspectos, deberá estarse a las consideraciones que anteceden.
Ahora bien, dentro de los planteamientos adicionales que se invocaron, están el de la omisión en que incurrió la abogada comisionada por dejar de practicar algunas pruebas, tales como inspecciones judiciales y análisis topográficos del terreno en donde, según el actor, se produjo la huida del señor José Armando Rojas; al respecto, ha de señalarse que tal como se indicó en el acápite de pruebas de esta providencia, en informe rendido el 8 de junio de 1998, la funcionaria comisionada señaló que no pudo recibir declaraciones de vecinos de Telecom, porque estos no fueron testigos de los hechos ocurridos en el año 1993; además, el 4 de febrero de 2008 dejó constancia de que no pudo realizar la visita especial al proceso penal seguido en contra del señor José Armando Rojas, porque el proceso se había puesto a disposición del Consejo Seccional de la Judicatura, para cambio de radicación.
De igual manera, en el informe rendido el 12 de septiembre de 2002, indicó que no fue posible realizar las visitas especiales ordenadas, porque las entidades debían consultar sus archivos muertos, comoquiera que se trataba de hechos ocurridos en el año 1993 y esa fue la justificación que motivó que la información fuera solicitada a través de oficios.
Lo anterior quiere decir que cada una de las razones que impidieron la práctica de algunas pruebas materia de la comisión, estuvieron debidamente justificadas por parte de la funcionaria, lo que impide concluir que fue negligencia la causa que impidió su práctica en los términos ordenados por el funcionario instructor del trámite; no obstante, ello no se traduce en que no se hubiera logrado el recaudo de las pruebas, pues, con posterioridad, se allegaron copias de las piezas procesales del trámite penal adelantado en contra del señor Jorge Armando Rojas, en el cual se le declaró responsable penalmente por la comisión del delito de extorsión; asimismo, se adjuntaron copias de los planos del municipio de Campoalegre, particularmente en donde ocurrieron los hechos del año 1993; lo que significa, que tales pruebas sí se allegaron y se valoraron por parte de la autoridad disciplinaria.
En lo que respecta a la omisión de la práctica de la prueba orientada a establecer si alias Pancho o El Pacho figuraba dentro de las bases de datos de los miembros de las organizaciones al margen de la ley, que, en criterio del actor, fue una prueba que no se recaudó; la Sala debe señalar que es una afirmación carente de soporte fáctico, comoquiera que tal como se indicó en el acápite que antecede, sí se solicitó una prueba en tal sentido, que fue allegada por parte del Grupo de Inteligencia Interior de la Procuraduría General de la Nación, a través de oficio del 7 de noviembre de 2003, y que fue tenida en cuenta por parte del juzgador disciplinario de segunda instancia para emitir su decisión, lo que impide comprobar la falencia aducida por el señor Bravo Téllez.
En cuanto a la omisión de práctica de la prueba testimonial de los señores Gabino Rivera Saavedra y Martha Cecilia Medina de Suaza, no es cierta la afirmación del demandante en cuanto señala que la autoridad disciplinaria no realizó ninguna gestión para su recaudo, pues, como se puede observar en el auto de 4 de febrero de 2002 la prueba sí fue decretada; sin embargo, la imposibilidad de su práctica surgió ante el desconocimiento de su domicilio, lo que impidió su localización, tal como lo informó la funcionaria comisionada a través de oficio 670 P.U. del 12 de septiembre de 2002.
Así las cosas, las presuntas falencias en materia probatoria no se configuraron, y si bien algunas de las pruebas ordenadas no pudieron ser practicadas, tal circunstancia estuvo plenamente justificada por parte de la autoridad encargada de recaudarlas. En todo caso, las que se recaudaron y valoraron, tuvieron como finalidad verificar la ocurrencia de los hechos y circunstancias tanto favorables como desfavorables al investigado y, en suma, fueron suficientes para llevar a la convicción del juez disciplinario de que la conducta sí se cometió y de la autoría por parte del demandante, es decir, que se cumplieron los presupuestos para emitir una decisión sancionatoria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 200 de 1995.
En torno a lo anterior, es necesario precisar, entonces, que las decisiones disciplinarias no fueron sustentadas en meras suposiciones por parte de la Procuraduría, sino en un análisis juicioso y detallado del material probatorio recaudado y, aunque la investigación y valoración partió de la queja formulada por parte de la madre del desaparecido, esta tan solo fue tenida en cuenta como queja que narró los hechos que dieron origen al trámite, mas no constituyó la prueba determinante para tomar la decisión en el sentido en que se hizo, como tampoco lo constituyó, el hecho de que la Registraduría Nacional del Estado Civil hubiera certificado que el señor José Armando Rojas no volvió a ejercer su derecho al voto a partir del año 1993, prueba que si bien fue valorada por la entidad, tan solo vino a reconfirmar el hecho de la ausencia de este y que sumada con el resto del caudal probatorio, permitió que la autoridad disciplinaria llegara a las conclusiones ya citadas.
Finalmente, la Sala coincide con las conclusiones a que se arribó en los actos acusados, relacionadas con la falta de credibilidad del argumento que invocó el actor, en torno a la presunta fuga por parte del señor José Armando Rojas, pues las pruebas demuestran que las circunstancias en que ocurrieron los hechos en la noche del 21 de abril de 1993, impedían que el detenido hubiera emprendido la fuga o que, por lo menos, hubiera tenido éxito en ella.
En efecto, como bien lo señalaron los testigos e, incluso, los dos investigados, el señor Rojas fue herido durante el operativo de su captura, e independiente de que la herida se hubiera provocado en el área abdominal como se afirma en dos de las declaraciones recaudadas, o en el hombro derecho, como lo aseguran los investigados, con los rastros de sangre que quedaron en zonas aledañas al lugar de los hechos se puede concluir que perdió mucha sangre, es decir, que no se trataba de una herida leve, como lo pretende el demandante. Siendo así, y al estar custodiado por el sargento segundo que dirigía el operativo, y quien tiene la debida instrucción para trasladar a quien ha sido aprehendido en la comisión de un ilícito, no es creíble la versión de la fuga.
Adicional a lo anterior, debe señalarse que, como bien se observa en las fotos del vehículo que se aportaron al proceso, la puerta trasera del automotor en que fue transportado el señor Rojas es supremamente estrecha, lo que hacía improbable que un hombre de 1.70 de estatura, que debió estar esposado, pues estaba siendo trasladado en calidad de detenido por haber participado en la comisión de un ilícito, y que iba acompañado en la parte trasera del vehículo por un miembro de la institución policial, tuviera una habilidad mayor que su custodio, tanto para lanzarse del vehículo en movimiento, como para emprender la huida y rebasarlo a tal punto de perderse en la zona, sin que los policiales lograran su recaptura.
Lo anterior, sumado a los testimonios que dan cuenta del sonido de los disparos posteriores al momento en que el detenido ya estaba herido y de las condiciones en que este fue subido a la camioneta, esto es «a rastras». Sorprende además, el hecho de que siendo un operativo en el que participaron varios policiales, la mayoría de estos, con excepción del demandante y de quien lo comandaba, tan solo fueron informados de que el detenido estaba siendo trasladado a la ciudad de Neiva, cuando estos dos ya habían adelantado camino y, en particular, cuando se produjo la presunta fuga, situación cuestionable, pues, desde el momento de la aprehensión debieron estar custodiados por los policías que se desplazaban en motocicleta o, por lo menos, por algunos de ellos.
Todas las anteriores circunstancias, junto con el caudal probatorio ya aludido, tan solo podría llevar a la conclusión a la que arribó el juzgador disciplinario y es que, el demandante, quien participó en calidad de conductor del vehículo en que fue trasladado el detenido, tuvo participación en su desaparición y, por ende, se demostró la ocurrencia de la falta disciplinaria y la participación del actor, en los hechos que dieron lugar a ella, lo que impedía aplicar, en su favor, el principio de presunción de inocencia o resolver la duda en su beneficio, pues la Procuraduría no estuvo ante la encrucijada de una duda, sino que, por el contrario, tuvo claridad en torno a la ocurrencia de la conducta y la comisión por parte del actor.
Finalmente, en lo que respecta a la irregularidad advertida en torno a la omisión en que se incurrió en el pliego de cargos, de informar el elemento subjetivo en que se imputaba la conducta, la Sala observa que, en efecto, en el auto de formulación de cargos se omitió señalar ese aspecto; no obstante, se describió en forma clara cuál era el comportamiento que se le endilgaba, de donde se podía concluir fácilmente, que la imputación se hacía a título de dolo, en cuanto se advertía el carácter intencional que se predicaba del actuar disciplinariamente reprochable que se le estaba atribuyendo. Así se señaló:
El Despacho, estima que contra usted, en su calidad de Agente de la Policía Nacional y adscrito a la SIJIN-NEIVA pesan serios indicios de responsabilidad en la desaparición forzada del señor JOSÉ ARMANDO ROJAS.
[…]
Los comportamientos anteriormente consignados presuntamente desplegados por los miembros de la POLICIA NACIONAL, SIJIN, NEIVA, que se relacionaron con anterioridad, deben ser calificados provisionalmente como faltas gravísimas, de conformidad con lo normado en la Ley 200 del 28 de julio de 1995. Este comportamientos (sic) en especial la DESAPARICIÓN FORZADA ha sido catalogada por la Corte Constitucional como delito de “Suma Gravedad” y por ende de concretarse la responsabilidad en cabeza de servidores del Estadio les será aplicable la máxima sanción […]
Así las cosas, pese a la omisión del título de imputación en el pliego de cargos, la Sala considera que la conducta endilgada estaba concretamente determinada y del actuar reprochable se derivaba el ánimo con que se habría cometido la falta, es decir, con dolo, pues, no de otra manera podría configurarse una falta como la de participar en una desaparición forzada; en todo caso, esta Sección ha sido consistente en la tesis de que no cualquier irregularidad procesal que surja dentro del trámite disciplinario conlleva la anulación de los actos que definan un proceso de esa naturaleza, pues, lo que realmente se ha de verificar es que se hayan garantizado los derechos del investigado, en particular, el debido proceso y la defensa. Así se sostuvo en la providencia cuyo aparte se cita a continuación:
La jurisprudencia de esta corporación, ha explicado que no toda irregularidad que pueda darse dentro del trámite disciplinario constituye una violación al debido proceso, ni conlleva a la nulidad de los actos administrativos sancionatorios. Para que esta genere tal efecto, debe ser de tal trascendencia que de haber sido diferente hubiese podido cambiar la decisión.
Con fundamento en lo anterior, se debe concluir que como las actuaciones desplegadas por parte de la Procuraduría General de la Nación durante el curso del proceso disciplinario seguido en contra del demandante, garantizaron su participación permitiéndole ejercer su derecho de defensa y contradicción, decretando y practicando las pruebas por él solicitadas, permitiéndole interponer recursos y nulidades, y resolviendo los que formuló, mal puede considerarse que se incurrió en violación del debido proceso que tenga la relevancia suficiente para desvirtuar la legalidad de las decisiones censuradas, máxime cuando a través de ellas se impuso una sanción por la comisión de una conducta que vulneró derechos fundamentales de la víctima, asociada a un delito que la Corte Constitucional ha considerado como de Lesa Humanidad.
Es importante señalar que el hecho de que el extorsionado hubiera continuado recibiendo amenazas con posterioridad al suceso del año 1993 y que el citador del juzgado promiscuo en que se adelantaba el proceso por extorsión, también hubiera recibido amenazas, no son circunstancias que demuestren, como lo pretende el demandante, que estas provinieran del señor José Armando Rojas, máxime cuando las pruebas recaudadas, permiten concluir, sin lugar a equívocos, que después de la madrugada del 21 de abril de ese año, este no volvió a aparecer.
Como consecuencia de lo anterior, se infiere que el actor no logró desvirtuar la legalidad de los actos censurados, pues no se comprobó que estos hubieran estado afectados por violación de sus derechos al debido proceso y la defensa, ni que hubieran incurrido en ninguna de las presuntas irregularidades por él invocadas, por las razones expuestas y analizadas previamente.
4. Conclusión
Con los anteriores planteamientos se concluye que el demandante no logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados y, por ende, es dable despachar desfavorables las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Denegar las pretensiones de la demanda formulada por el señor Jorge Eliecer Bravo Téllez, en contra de la Procuraduría General de la Nación y la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones que anteceden.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Impedido
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
ACLARACION DE VOTO / PRACTICA DE PRUEBAS / MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO
[A]dicionalmente a las pruebas practicadas en la investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación y en el presente proceso contra el disciplinado, debió mediar la sentencia del proceso penal que se adelantó por el delito de desaparición tal como se relacionó en los hechos probados respecto a la denuncia penal radicada con anterioridad al proceso disciplinario (…) Inclusive, debió verificarse si se surtió el proceso de familia que declarara judicialmente la muerte presunta por desaparecimiento del señor Rojas; a pesar que se concluyó tanto por el ente disciplinario como en la sentencia objeto de aclaración, que el mismo fue víctima de desaparición forzada.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION "A"
ACLARACION DE VOTO DEL DR. WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ
Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00164-00(0577-11)
Actor: JORGE ELIECER BRAVO TELLEZ
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL Y PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Respetuosamente, en este escrito, consigno las razones de mi aclaración de voto respecto de la sentencia del 27 de septiembre de 2018, proferida por la subsección A de la sección segunda, que denegó las pretensiones de la demanda contra los actos disciplinarios por medio de los cuales se sancionó con destitución en el ejercicio de cargo al señor Jorge Eliecer Bravo Téllez en calidad de suboficial de la Policía Nacional.
En el caso bajo estudio la falta por la cual se investigó y declaró responsable disciplinariamente al demandante radicó en haber incurrido en el tipo penal de desaparición forzada del cual fue víctima el señor José Armando Rojas, quien se desempeñaba como vigilante en el Palacio de Justicia de Campoalegre y, desapareció en un operativo realizado para su captura por el delito de extorsión, en el que participó el disciplinado.
Se concluyó por la sala que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados por cuanto no se demostró que estos hubieran estado afectados por violación de sus derechos al debido proceso y la defensa, ni que hubieran incurrido en ninguna de las presuntas irregularidades por él invocadas.
Precisamente, al desarrollarse en la providencia el estudio sobre el cargo denominado «violación de la ley» porque según el demanda se debieron aplicar las normas propias de disciplina que rigen a los miembros de la Fuerza Pública, se afirmó por la subsección que «[…] era jurídicamente viable que, tratándose de una vulneración de derechos humanos, como en este caso, los hechos relacionados con la desaparición forzada a que fue expuesto el señor José Armando Rojas, la Procuraduría General de la Nación, aplicara la ley general -Ley 200 de 1995- que sí contemplaba, de manera autónoma, la falta aludida […]» (subraya fuera del texto original).
No obstante, frente a este punto considero era pertinente que adicionalmente a las pruebas practicadas en la investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación y en el presente proceso contra el disciplinado, debió mediar la sentencia del proceso penal que se adelantó por el delito de desaparición tal como se relacionó en los hechos probados respecto a la denuncia penal radicada con anterioridad al proceso disciplinario: «[…] El 1 de septiembre de 1997, la procuradora departamental del Huila ordenó practicar visita especial al despacho judicial que conoció de la denuncia penal por la presunta muerte y/o desaparición del señor José Armando Rojas […]» (subraya fuera del texto original). Inclusive, debió verificarse si se surtió el proceso de familia que declarara judicialmente la muerte presunta por desaparecimiento del señor Rojas; a pesar que se concluyó tanto por el ente disciplinario como en la sentencia objeto de aclaración, que el mismo fue víctima de desaparición forzada.
Los anteriores, eran elementos probatorios relevantes y provenientes de las autoridades judiciales competentes, para ratificar la comisión del delito por el cual se sancionó disciplinariamente al demandante; lo cual obedece al control judicial integral que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo respecto a los actos administrativos sancionatorios proferidos por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva; según sentencia de unificación proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado.
Estas son las principales razones de mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Estado
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr. Es igual al término que consagra la Ley 200 de 1995 para la prescripción. Requiriendo que el oficial instructor del Batallón Tenerife certificara si un herido, que es reservista de primera clase, podría usar técnicas de camuflaje y mimetización, de acuerdo a la instrucción obtenida en las Fuerzas Armadas, en terrenos irregulares y de difícil acceso, sin iluminación, en zona aledaña a una quebrada y con el fin de huir. Mediante memorial de folios 408 a 420. Folios 428 a 431. Folios 312 a 321. Folios 447 a 460. El memorial obra en folios 616 a 651 y la constancia de extemporaneidad aparece en folio 663. Folios 652 a 662. Negrilla de la Sala. Negrilla fuera de texto. Artículo 121, numeral 38, del Decreto 100 de 1989. Artículo 111, numeral 4, del Decreto 100 de 1989. Artículo 115, numeral 2, del Decreto 100 de 1989. Corte Constitucional, sentencia C-310 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Según lo previsto en el artículo 80 de la Ley 200 de 1995. Artículo 77, numeral 6, de la Ley 200 de 1995. Según lo prevé el artículo 120 de la Ley 200 de 1995. Artículo 122 de la Ley 200 de 1995. Artículo 128 de la Ley 200 de 1995. Artículo 118 de la Ley 200 de 1995. Artículo 140 de la Ley 200 de 1995. Artículo 131 de la Ley 200 de 1995. Del 9 de junio de 1994. Folio 7 cuaderno 1. Folios 4 y 6 cuaderno 1. Folio 1B cuaderno 2. Folio 2 cuaderno 2. Folios 3 a 9 cuaderno 2. Folio 17 cuaderno 2. Folio 18 cuaderno 2. Folio 10 cuaderno 2. Folio 19 cuaderno 2. Folios 11 y 11A cuaderno 2. Folio 13 cuaderno 2. Folio 20 cuaderno 2. Folio 22 cuaderno 2. Folio 23 cuaderno 2. Folio 24 cuaderno 2. Folio 25 cuaderno 2. Folio 27 cuaderno 2. Folio 28 cuaderno 2. Folios 29 a 32 y 35 cuaderno 2. Folios 33 y 34. Comillas propias del texto. Folios 36 y 42 cuaderno 2. Folios 38 a 39 y 43 a 54 cuaderno 2. La declaración fue rendida el 21 de abril de 1993. Folios 44 a 46 cuaderno 2. Folios 52 y 53 cuaderno 2. Folios 55 a 57 cuaderno 2. Folio 58 cuaderno 2. Folio 60 cuaderno 2. Folios 61 y 62 cuaderno 2. Folios 63 a 64 cuaderno 2. Folios 71 y 72 cuaderno 2. Folio 73 cuaderno 2. Folios 67 y 68 cuaderno 2. Folios 69 y 70 cuaderno 2. Folios 78 y 79 cuaderno 2. Folio 90 cuaderno 2. Folio 105 cuaderno 2. Folios 259 y 260 cuaderno 2. Folios 110 a 113 cuaderno 2. Folio 115 cuaderno 2. Folios 117 a 260 cuaderno 2. Folio 149 cuaderno 2. Folios 261 a 272 cuaderno 2. Folio 277 cuaderno 2. Folio 278 cuaderno 2. Folio 280 cuaderno 2. Folios 280 a 288 cuaderno 2. Folios 325 a 328 cuaderno 2. Folio 331 cuaderno 2. Folio 332 cuaderno 2. Folios 344 a 348 cuaderno 2. Folios 351 y 352 cuaderno 2. Folio 387 cuaderno 2. Folios 390 a 418 cuaderno2. Folio 422 cuaderno 2. Folios 424 a 438 cuaderno 2. Folio 459 cuaderno 2. Folio 477 cuaderno 2. Folios 488 a 503 cuaderno 2. Folios 511 cuaderno 2. Folio 139 cuaderno 3. Sentencia proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez (E), referencia: 110010325000201 100316 00 Núm. interno: 1210-11, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz. Decreto 100 de 1989. Sancionable con separación absoluta del cargo, de conformidad con el artículo 95 del Decreto 100 de 1989. Artículo 121, numeral 38, del Decreto 100 de 1989. Entre ellos, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 7 prevé: «1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.-/ 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.-/ 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.-/ 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.-/ 5.
Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.-/ 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.»
Cuya existencia es anterior al inicio de la conducta reprochada al demandante. Folios 261 a 272 cuaderno 2. Folios 261 a 272 cuaderno 2. Folio 1B del cuaderno 2. Folio 60 cuaderno 2. Artículo 139 de la Ley 200 de 1995. Folios 63 a 64 cuaderno 2. Según se ordenó en los numerales 4 a 6 de ese auto. Folio 72 cuaderno 2. Folio 97 cuaderno 2. Artículo 144, numeral 5 de la Ley 200 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. El inciso segundo al que se hace mención, señala: «Por tanto, iniciada la indagación preliminar o la investigación disciplinaria se comunicará al interesado para que ejerza sus derechos de contradicción y defensa».
«Artículo 89.- Cuando no se haya hecho notificación personal, o se haya notificado irregularmente el auto o el fallo emitido en un proceso disciplinario, la exigencia legal se entiende satisfecha para todos los efectos, si el procesado no reclama y actúa en diligencias posteriores o interpone los recursos contra ellos». Folio 277 cuaderno 2. Mediante oficio del 30 de septiembre de 1999 (folio 278). Folios 280 a 288 cuaderno 2. Folio 115 cuaderno 2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 200 de 1995. Según lo dispuesto en los artículos 73 y 80 de la Ley 200 de 1995. Se ordenó expedir las copias solicitas por el actor (fls. 279, 423 y 489 cuaderno 2); presentó el memorial de descargos en el cual solicitó la práctica de pruebas (fls. 280 a 288 cuaderno 2), asimismo, presentó memorial de descargos en torno a la adición del pliego inicialmente formulado (fl. 332 cuaderno 2); se decretaron las pruebas solicitadas, a través del auto del 4 de febrero de 2002 (fls. 344 a 348 cuaderno 2); el demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión sancionatoria de primera instancia (fls. 424 a 438 cuaderno 2), lo que hizo por conducto de apoderado, a quien se le reconoció personería (fl. 449 cuaderno 2) y se resolvieron las nulidades planteadas en el recurso de apelación (fls. 488 a 503 cuaderno 2). Al presentar descargos tanto del pliego inicial como de su adición. Corte Constitucional, Sentencia C-006 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Cita propia del texto transcrito: «Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 2004 (Manuel José Cepeda Espinosa; AV Rodrigo Escobar Gil), criterio reiterado en la sentencia C-793de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-335 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otras». Cita propia del texto transcrito «Corte Constitucional, Sentencias C-093 de 2001 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-673 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; AV Jaime Araújo Rentería); C-862 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y reiterada entre otras en la sentencia Corte Constitucional C-015 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo).
En estos casos, la Corte estudio la constitucionalidad de los preceptos demandados y revisó el test de igualdad aplicado en cada caso, al respecto la Corte determinó que a juicio del test de igualdad y en muchos casos, el trato discriminatorio se encuentra justificado y no vulnera el derecho a la igualdad siempre y cuando sea realizado conforme a las disposiciones dispuestas en la jurisprudencia constitucional y la constitución». Cita propia del texto transcrito «Corte Constitucional, Sentencia C-659 de 2016 (MP Aquiles Arrieta Gómez (e); AV Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En este caso, la Corte analizó la constitucionalidad del parágrafo 10 de la Ley 48 de 1993 basándose en la aplicación del juicio integrado de igualdad, por consiguiente reiteró que el mismo, “está constituido por tres elementos, que consisten en: (i) determinar cuál es el criterio de comparación o tertium comparationis; (ii) definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) establecer si el tratamiento distinto está constitucionalmente justificado, es decir, si las situaciones objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato diferente o deben ser tratadas de un modo similar”».
«Artículo 34. Términos de la prescripción de la acción y de la sanción. La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y, desde la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuado». Lo relativo a la omisión de conceder la oportunidad para presentar alegatos, la falta de aplicación del principio de favorabilidad en lo que respecta a la prescripción de la acción disciplinaria, la presunta violación del derecho a la igualdad, en relación con el tratamiento dado al otro disciplinado en relación con la extinción de la acción, la inexistencia de norma que le diera el carácter de continuado a la falta para el año de 1993 y sobre la preexistencia de las leyes a la fecha de la comisión de la conducta. Folios 259 y 260 cuaderno 2. Folios 78 y 79 cuaderno 2. Folio 387 cuaderno 2. Folio 149 cuaderno 2. Folios 382 a 384. Folio 459 cuaderno 2. En folio 10 de la decisión disciplinaria de segunda instancia, al referirse a la falencia en el recaudó de esa prueba se indicó que ese hecho no había tenido ocurrencia «como se advierten la información obrante a folios 460 a 464 y 477, según la cual en los organismos de inteligencia del Estado (DAS, Policía Nacional y Ejército Nacional), no aparece ningún registro relacionado con JOSE ARMANDO ROJAS, presuntamente alias “El Pancho o Pancho”» (folio 497 cuaderno 2). Folios 344 a 348 cuaderno 2. Folio 387 cuaderno 2. Citadas en el acápite correspondiente de esta providencia. Se precisa que las fotografías no corresponden exactamente al vehículo en que ocurrieron los hechos, pero sí se trata de uno con iguales características, que fue debidamente identificado por el actor (folios 289 a 292 cuaderno 2). De fecha 21 de julio de 1999, adicionado el 3 de septiembre de 2001 (fls. 261 a 272 y 325 a 328 cuaderno 2). Sentencia de 10 de noviembre de 2016, consejero ponente: William Hernández Gómez, radicación: 11001-03-25-000-2011-00529-00(2043-11), que, a su turno cita las siguientes providencias: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández. Bogotá D.C. 10 de marzo de 2016. Radicación: 11001-03-25-000-2011-00615-00(2368-11). Actor: Jhon Jairo Restrepo Aguirre. Demando: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. Ver también la sentencia, del mismo consejero ponente proferida el 25 de febrero de 2016. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00148-00(0639-12). Actor: Jhon Edwin Tenjo Gutiérrez. Demandado: Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
Así mismo sentencia del 4 de febrero de 2016 de la Subsección B con radicado 11001-03-25-000-2012-00146-00(0627-12), consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. Corte Constitucional, Sentencia C-620/11, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Según el representante legal de la empresa de vigilancia en la que laboraba, este no volvió a entregar el arma de dotación, ni a cobrar el sueldo, según el vigilante de Telecom, tampoco lo volvió a ver desde esa noche; no volvió a ejercer el derecho al voto; no se ha logrado su captura para que responda por el ilícito de extorsión por el que fue sancionado. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, consejero ponente: William Hernández Gómez, Bogotá, D. C., sentencia del 9 de agosto de 2016, Número de referencia: 110010325000201100316 00, Número interno: 1210-11, Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz.
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